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A1.1100 · Grupo II · Derecho administrativo

Tema 70 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y desarrollo rural y denominaciones de calidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen jurídico.

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Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: art. 48. Ver la norma

  1. Artículo 48. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural y denominaciones de calidad

    Exclusiva: agricultura, ganadería y desarrollo rural (48.1); pesca marítima y recreativa en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, almadraba, pesca con artes menores, buceo profesional y titulaciones de recreo (48.2). Exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y los artículos 38, 131 y 149.1 CE (48.3): sectores agrario, ganadero, agroalimentario y pesquero. Compartida: planificación del sector pesquero y puertos pesqueros (48.4). Gestión de tierras públicas estatales (48.5).

Ley 3/2026, de Montes de Andalucía

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto

    La ley establece el régimen jurídico de la organización, el uso y la administración de los montes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hace en el marco de la legislación básica estatal, que sigue siendo aplicable y a la que la ley andaluza se ajusta.

  2. Artículo 2. Principios inspiradores

    La ley es el marco de la política forestal andaluza, articulada en torno a los compromisos internacionales de España, las directrices de la Unión Europea, la Estrategia y el Plan Forestal Español y el Plan Forestal Andaluz. Principios: organizar los espacios forestales sin menoscabar a las generaciones venideras; el monte como motor de desarrollo social, económico y cultural; los ecosistemas forestales como espacios esenciales de conservación; y eficiencia en los recursos públicos, con la ciudadanía como aliada de la gestión sostenible.

  3. Artículo 3. Ámbito de aplicación

    La ley se aplica a todos los montes de Andalucía; también a los terrenos mixtos agrosilvopastorales y adehesados en sus aspectos forestales, sin perjuicio de su normativa agropecuaria. Los montes en espacios naturales protegidos se rigen por esta ley y su legislación específica; las vías pecuarias, por su legislación y por esta ley en lo no contrario. Las plantaciones intensivas de turno inferior a veinte años sobre superficies agrícolas legítimas quedan sujetas durante el turno; acabado, el titular elige uso agrícola o forestal, salvo en montes públicos o dominio público.

  4. Artículo 4. Concepto de monte

    Monte es todo terreno rústico con especies forestales, naturales o plantadas, que cumple funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. También lo son: yermos, roquedos y arenales; construcciones al servicio del monte; antiguos terrenos agrícolas sin uso agrícola oficial en veinte años, con una hectárea o colindantes con montes; enclaves forestales en terreno agrícola de una hectárea o más; y terrenos adscritos al uso forestal. No lo son: usos agrícolas, enclaves de menos de una hectárea, suelo urbano, cultivos ornamentales y viveros forestales.

  5. Artículo 5. Definiciones

    Recoge las definiciones de la ley, de la a) a la ae). Entre las más examinables: aprovechamientos a turno corto (turno inferior a veinte años); aprovechamientos de menor cuantía (menos de diez metros cúbicos de madera, veinte estéreos de leñas o diez quintales castellanos de corcho); monte comunal (dominio público, aprovechamiento del común de los vecinos); monte vecinal en mano común (privado, origen germánico, sin cuotas); monte de socios (privado, origen romano, cuotas transmisibles); y titulación forestal universitaria.

  6. Artículo 6. Objetivos generales

    Diez objetivos generales: proteger los montes mediante gestión sostenible, fomento a la propiedad privada y defensa del patrimonio público; función social y uso múltiple del monte; desarrollo del sector forestal como fuente de empleo y fijación de población rural; adaptación al cambio climático y papel de sumideros de carbono; prevención de incendios; conservación y restauración de ecosistemas; consolidación del régimen de los montes públicos; valores culturales y etnológicos; simplificación administrativa y cooperación; y colaboración público-privada.

  7. Artículo 7. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía

    La Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la normativa básica estatal, ejerce las potestades y funciones de esta ley a través de la Consejería competente en materia forestal. Esta vela por el cumplimiento de la ley mediante potestades de autorización, control, supervisión, intervención administrativa, fomento y policía para garantizar una gestión forestal sostenible.

  8. Artículo 8. Competencias de la Administración local

    Las entidades locales ejercen las competencias forestales previstas en su legislación especial, en la básica estatal y en la autonómica de montes, incluida la gestión de los montes catalogados de utilidad pública de su titularidad. Para gestionar sus montes pueden suscribir convenios de cooperación con la Administración forestal autonómica.

  9. Artículo 9. Órganos consultivos y de participación

    Se crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, órgano colegiado de participación administrativa (artículo 20 de la Ley 9/2007), con funciones consultivas, de asesoramiento y de participación en materia forestal, geodiversidad, biodiversidad, caza y pesca continental, adscrito a la Consejería competente en materia de montes. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente. En cada provincia habrá comités especializados forestales, determinados en el seno del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.

  10. Artículo 10. Montes públicos y montes privados

    Por su titularidad, los montes son públicos o privados. Públicos: los del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades locales y otras entidades de derecho público. Privados: los de personas físicas o jurídicas de derecho privado, individualmente o en copropiedad, incluidos los montes vecinales en mano común y los de socios, sin perjuicio de su legislación especial.

  11. Artículo 11. Montes públicos. Dominio público forestal y montes patrimoniales

    Por su naturaleza jurídica, los montes públicos son demaniales o patrimoniales. Integran el dominio público forestal: los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública; los comunales mientras su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos; y los afectados a un uso o servicio público, o implícita o tácitamente afectados según la normativa de patrimonio. Son patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

  12. Artículo 12. Registro de Montes Públicos de Andalucía

    El Registro de Montes Públicos de Andalucía es un inventario administrativo de todos los montes públicos andaluces, demaniales y patrimoniales, en secciones separadas. La inclusión o exclusión se inicia de oficio o a instancia de parte, oída la entidad titular; la resuelve la Consejería forestal y surte efecto con su publicación en el BOJA. La inclusión supone presunción posesoria a favor del titular. Sus montes son suelo rústico especialmente protegido y su expropiación exige declaración expresa de interés general prevalente del Consejo de Gobierno.

  13. Artículo 13. Catálogo de Montes de Utilidad Pública

    El Consejo de Gobierno puede declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo los montes públicos de los supuestos de la legislación básica y los que se fijen reglamentariamente; todos los montes de la Comunidad Autónoma quedan catalogados al entrar en vigor la ley. La Consejería traslada las inscripciones al órgano estatal. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, autoriza exclusiones o permutas de partes no significativas, y excepcionalmente por interés público prevalente. Los excluidos siguen en el Registro salvo doble exclusión.

  14. Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demaniales

    Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no soportan tributos que graven su titularidad, conforme a la legislación básica estatal. Si de un expediente pudiera derivarse una demanialidad distinta e incompatible con la forestal, se aplica el régimen de interés general prevalente del artículo anterior. Si la otra demanialidad es compatible, cualquiera de las dos Administraciones puede instar un expediente de mutación demanial o de concurrencia.

  15. Artículo 15. Desafectación de montes demaniales

    La desafectación total o parcial de montes demaniales procede cuando desaparecen las causas de la afectación y exige siempre acuerdo expreso del Consejo de Gobierno. En los catalogados, puede acordar en un mismo acto la exclusión del Catálogo y la desafectación. La de los demás montes demaniales la tramita su Administración titular con informe favorable de la Consejería forestal. La desafectación de terrenos forestales autonómicos se traslada al órgano de patrimonio para actualizar el Inventario General de Bienes y Derechos.

  16. Artículo 16. Efectos jurídicos de la inclusión de los montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública

    La declaración de utilidad pública de un monte, previa a su inscripción en el Catálogo, es acto expreso de afectación demanial. La inscripción no prejuzga la propiedad, pero presume la posesión a favor de la entidad a la que el catálogo atribuye el monte. Las inscripciones o declaraciones de demanialidad de terrenos forestales autonómicos se trasladan al órgano de patrimonio para el Inventario General de Bienes y Derechos. La Administración titular o gestora inscribe los montes catalogados y sus derechos en el Registro de la Propiedad.

  17. Artículo 17. Segregación de fincas parcialmente afectadas al dominio público forestal

    Cuando una finca registral pública de régimen patrimonial se afecta parcialmente al dominio público forestal, la Administración titular debe segregar la parte demanial de la patrimonial mediante certificación administrativa, que es título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de su posible inclusión en el Catálogo. En estos expedientes se aplica la legislación de catastro inmobiliario.

  18. Artículo 18. Características jurídicas de los montes patrimoniales de las Administraciones públicas incluidos en el Registro de Montes Públicos de Andalucía

    Los montes patrimoniales públicos incluidos en el Registro de Montes Públicos tienen tres rasgos: usucapión solo por posesión pública, pacífica, no interrumpida y en concepto de dueño durante treinta años (la interrumpen los aprovechamientos forestales, los expedientes sancionadores o cualquier acto posesorio de la Administración); enajenación por permuta o por ley o disposición legal específica, con informe preceptivo y vinculante de la Administración forestal y medidas compensatorias si se pierde superficie; e hipoteca solo sobre los aprovechamientos forestales.

  19. Artículo 19. Régimen de usos de los montes públicos

    Los montes públicos se gestionan atendiendo a la erosión, los incendios, la renovación de ecosistemas y la sanidad forestal. La Consejería colabora en montes de otras Administraciones mediante convenio de diez años como máximo, prorrogable por igual periodo. Usos comunes respetuosos y sin ánimo de lucro pueden ser públicos; el aprovechamiento especial requiere autorización con informe favorable forestal; el uso privativo, concesión con informe favorable de compatibilidad. Concesiones: diez años máximo, prorrogables hasta setenta y cinco, sin renovación automática.

  20. Artículo 20. Investigación y recuperación posesoria de los montes públicos

    Los titulares de montes públicos investigan los terrenos que presuman suyos, pueden recabar datos e informes y, con la Consejería forestal, fijar provisionalmente límites, cabida y linderos, además de recuperar la posesión. Los demaniales pueden recuperarse de oficio en cualquier momento, sin interdictos ni procedimientos especiales. En los patrimoniales, la recuperación administrativa exige notificar el inicio antes de un año desde el día siguiente a la usurpación; después, hay que acudir a la jurisdicción civil.

  21. Artículo 21. Deslinde de montes públicos

    El deslinde identifica y delimita los montes públicos, demaniales y patrimoniales. Corresponde a la Administración propietaria, con informe preceptivo previo de la Consejería forestal; esta puede deslindar montes catalogados ajenos por convenio. Se hace de oficio o a instancia de parte, sobre todo o parte del monte. El deslinde firme delimita el monte y declara su estado posesorio, salvo juicio declarativo de propiedad. Recursos: contencioso por competencia o procedimiento; civil si se discute dominio, posesión u otro derecho real. Firme, se amojona.

  22. Artículo 22. Asientos registrales de montes privados

    Toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte, de una finca colindante con monte público o situada en un término municipal con montes demaniales exige el previo informe favorable de los titulares de esos montes. Si se trata de montes catalogados de utilidad pública, también el de la Consejería competente en materia forestal.

  23. Artículo 23. Gestión de los montes privados

    Los montes privados se gestionan como disponga su titular, respetando la legislación específica y el Código Civil, y puede contratarse su gestión con personas públicas o privadas. Se ajustan al instrumento de ordenación forestal si existe; si no, cualquier uso, aprovechamiento o actuación sigue el procedimiento de la ley. Deben respetar los criterios del artículo 19.1. La Consejería forestal puede colaborar en su gestión, incluidos los vecinales en mano común y los de socios, mediante convenio.

  24. Artículo 24. Declaración de montes protectores

    A solicitud de sus titulares, la Consejería forestal puede declarar protectores los montes privados que cumplan la legislación básica estatal, que rige su declaración y registro. Los gestionan sus propietarios, con instrumento de ordenación forestal obligatorio. La Consejería establecerá incentivos que reconozcan sus servicios ambientales y compensen las limitaciones derivadas de su carácter protector.

  25. Artículo 25. Derecho de adquisición preferente. Tanteo y retracto

    Las Administraciones propietarias de montes pueden ejercer el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) en las transmisiones onerosas de montes enclavados o colindantes con montes públicos, de montes protectores y de montes de más de 400 hectáreas, en las condiciones de la legislación forestal estatal. En fincas mixtas agrícola-forestales, la superficie forestal debe superar a la agrícola y, en todo caso, las 400 hectáreas.

  26. Artículo 26. Otros medios de adquisición de montes por las Administraciones públicas

    Para cumplir los fines de la ley, las Administraciones públicas pueden adquirir la propiedad u otros derechos personales o reales sobre montes por expropiación, compraventa, permuta, donación, herencia, legado o cualquier otro medio admitido en derecho, considerando en el procedimiento el posible interés público concurrente.

  27. Artículo 27. Límite a la segregación de montes

    Las parcelas de monte de menos de veinte hectáreas son indivisibles, salvo por causa no imputable a la propiedad. Las de veinte hectáreas o más pueden dividirse si ninguna parcela resultante baja de diez hectáreas, salvo que la segregada se incorpore a un monte colindante que alcance tras ello al menos diez hectáreas. Los planes de ordenación de los recursos forestales pueden fijar superficies distintas, pero nunca inferiores a estos límites.

  28. Artículo 50. Instrumentos estratégicos de planificación forestal

    Andalucía tiene dos instrumentos estratégicos de planificación forestal: el Plan Forestal Andaluz y los planes de ordenación de los recursos forestales. Ambos tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio, de acuerdo con la legislación sobre la materia.

  29. Artículo 51. Plan Forestal Andaluz

    El Plan Forestal Andaluz es el instrumento fundamental de la planificación forestal andaluza, dentro de los parámetros del Plan Forestal Español. Su cumplimiento se evalúa al menos cada diez años. Lo elabora la Consejería competente en materia forestal, con proceso participativo y de consulta e informe del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad. Lo aprueba por decreto el Consejo de Gobierno, que da conocimiento al Parlamento; se publica en el BOJA y en la sección de Transparencia.

  30. Artículo 52. Planes de ordenación de los recursos forestales

    Los planes de ordenación de los recursos forestales desarrollan y ejecutan la ley y el Plan Forestal Andaluz; su contenido es obligatorio y ejecutivo en las materias de la legislación de montes. Su ámbito son territorios forestales homogéneos y pueden adaptarse a comarcalizaciones. Caben planes especiales por la relevancia socioeconómica de ciertos productos o servicios. Su cartografía se integra en el SIG-Forestal. Los aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería forestal y se publican en el BOJA y en Transparencia.

  31. Artículo 53. Planificación forestal en los espacios naturales protegidos

    La parte forestal de los planes de ordenación de los recursos naturales de los espacios naturales protegidos (u otros planes equivalentes) y sus revisiones necesitan informe favorable del órgano competente en materia forestal. El plan de ordenación de los recursos naturales, máximo instrumento de planificación del espacio protegido, recogerá en su parte forestal las previsiones de los planes de ordenación de los recursos forestales del mismo territorio, que deben integrar los objetivos del espacio.

  32. Artículo 54. Gestión forestal sostenible

    Los montes se gestionan bajo los principios de integralidad y sostenibilidad, considerando juntos vegetación, fauna y medio físico, para un aprovechamiento ordenado que conserve y mejore el medio natural y atienda necesidades actuales y futuras. La gestión se adapta a cada monte o grupo de montes. La gestión sostenible amplía los objetivos clásicos (persistencia, rendimiento sostenido y máximo de utilidades) con suelo, patrimonio cultural, fijación de carbono, calidad del aire y el agua y diversidad biológica y paisajística.

  33. Artículo 55. Instrumentos de ordenación forestal

    Los instrumentos de ordenación forestal son documentos técnicos que organizan en el tiempo y el espacio el uso racional de los recursos a escala de monte o unidad de gestión: proyectos de ordenación de montes y planes técnicos; además caben modelos tipo de gestión con adhesión. Deben tenerlos todos los montes públicos y los protectores. Los aprueba la Administración forestal autonómica en un plazo máximo de seis meses, y su elaboración la dirigen, supervisan y suscriben profesionales con titulación forestal universitaria.

  34. Artículo 56. Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

    Las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de Andalucía contienen las directrices básicas comunes para ordenar y gestionar de forma sostenible los montes, adaptadas a la realidad social y económica andaluza y al monte mediterráneo. Se aprueban por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia forestal y regulan estructura, contenidos mínimos y vigencia de los instrumentos de ordenación forestal, y la tramitación de sus solicitudes.

  35. Artículo 57. Certificación forestal

    La Administración forestal promoverá sistemas de certificación forestal reconocidos nacional e internacionalmente, voluntarios, transparentes y no discriminatorios. En la contratación pública, la Junta podrá valorar positivamente productos de montes certificados y promoverá madera, corcho y otros productos en la construcción pública, con el objetivo estratégico de incorporarlos en edificación pública de nueva planta y rehabilitaciones integrales. También hará campañas de fomento entre la industria y la ciudadanía.

  36. Artículo 58. Comercialización de productos forestales

    El comercio de madera y derivados en Andalucía debe cumplir la normativa europea y nacional sobre materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Los órganos de contratación de la Junta exigirán acreditar la legalidad y la no deforestación del aprovechamiento de la madera en origen, en cualquiera de sus procedimientos. Estos requisitos pueden extenderse a otros productos forestales y acreditarse con certificación forestal u otros medios válidos en derecho.

  37. Artículo 59. Disposiciones generales

    Son aprovechamientos forestales los maderables y leñosos (con la biomasa), corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas melíferas, aromáticas y medicinales, resina y demás productos y servicios con valor de mercado, incluidos los servicios ambientales del artículo 75. La caza queda fuera del capítulo y se rige por la normativa cinegética. La titularidad del monte es siempre propietaria de sus recursos. El titular de un aprovechamiento maderable, leñoso o corchero comercializado comunica cantidad y precio a la Consejería en un mes desde su finalización.

  38. Artículo 60. Aprovechamientos forestales en montes públicos

    Los aprovechamientos de montes públicos se consideran bienes patrimoniales a efectos de su enajenación, sea cual sea la naturaleza jurídica del monte, y sus titulares pueden enajenarlos según la legislación patrimonial, las cláusulas que establezca la Consejería forestal y los instrumentos de ordenación. Supletoriamente rige la normativa de contratos del sector público. Como contraprestación caben mejoras en el monte, con aprobación de la entidad titular. En contratos de mejora, los productos generados pueden quedar para el adjudicatario.

  39. Artículo 61. Planes anuales de aprovechamientos forestales en montes públicos

    Los planes anuales de aprovechamientos forestales en montes públicos son documentos públicos técnico-facultativos con todos los recursos aprovechables de esos montes, referidos a cada provincia y con criterio de uso racional y sostenibilidad. Los aprueba la Consejería competente en materia forestal y se publican en la Rediam antes de finalizar el año anterior al de su vigencia. En montes públicos no gestionados por la Consejería, el plan no exime de autorización o declaración responsable.

  40. Artículo 62. Aprovechamientos forestales en montes privados o públicos no gestionados por la Administración forestal

    En montes no gestionados por la Administración forestal, los aprovechamientos maderables, leñosos, de corcho y de piña con instrumento de ordenación aprobado (o plan de ordenación de los recursos forestales que lo prescriba) no requieren autorización si son coherentes con la planificación, pero sí comunicación previa. Fuera de la planificación, madera, leña y corcho requieren autorización previa, salvo turno corto, domésticos de menor cuantía o comunales (declaración responsable); la piña, declaración responsable. Las autorizaciones valen un año salvo otro plazo.

  41. Artículo 63. Concepto de uso del monte

    A efectos de la ley, uso del monte es cualquier actividad o utilización del monte como espacio o soporte físico que no implique la pérdida permanente de la cubierta vegetal y sea compatible con su condición forestal, además de las actividades directamente relacionadas con la gestión forestal.

  42. Artículo 64. Uso selvícola

    El uso selvícola es el conjunto de actuaciones sobre los sistemas forestales dirigido a favorecer su evolución y desarrollo, que puede suministrar productos o servicios y mejora su respuesta ante perturbaciones. Debe hacerse conforme a las técnicas y conocimientos forestales, considerando los valores ecológicos, paisajísticos y sociales de la vegetación, con especial atención a la conservación del suelo y a la defensa del medio natural. Su tramitación administrativa se desarrollará reglamentariamente.

  43. Artículo 65. Uso silvopastoral

    Uso silvopastoral es el conjunto de técnicas y costumbres culturales de manejo de la ganadería extensiva en los montes, más allá del aprovechamiento de los pastos. La Administración autonómica lo fomentará para mejorar la bioeconomía, favorecer el arraigo rural, conservar las razas ganaderas autóctonas, proteger el patrimonio cultural, mantener y mejorar los ecosistemas forestales y defenderlos de incendios y otros desequilibrios.

  44. Artículo 66. Uso cinegético

    El uso cinegético es el conjunto de actuaciones, actividades y costumbres tradicionales y culturales de manejo y aprovechamiento de especies cinegéticas en los montes. Su regulación queda sometida a la legislación cinegética. La Junta podrá fomentarlo para mejorar la economía y el arraigo rural, conservar y regenerar los montes, controlar enfermedades de la fauna silvestre y prevenir incendios forestales y otros desequilibrios ecológicos.

  45. Artículo 67. Uso público

    Uso público del monte es el conjunto de actividades recreativas, sociales, turísticas, deportivas, educativas o culturales que se realizan en los montes para disfrutar y conocer su patrimonio y mejorar la salud. Se hará preferentemente en equipamientos diseñados y acondicionados a tal fin. La Consejería forestal fomentará su compatibilidad con los demás usos, en particular del ecoturismo. Los montes con oferta destacable de equipamientos y servicios podrán integrarse en la Red Muestra.

  46. Artículo 68. Acceso a los montes públicos

    Se accede a los montes públicos por caminos forestales, pistas, senderos y veredas dispuestos al efecto, sin que eso presuponga su dominio público. Los vehículos a motor fuera de la red de carreteras y caminos públicos se limitan a servidumbres de paso, gestión silvopastoral y cinegética y vigilancia y extinción de incendios; excepcionalmente y de forma motivada, la Consejería forestal puede autorizar el tránsito abierto motorizado. Las Consejerías forestal y de protección civil pueden limitar el tránsito, y la forestal regula acceso, uso y aparcamiento.

  47. Artículo 69. Objeto y administración del fondo de mejoras de montes catalogados

    El fondo de mejoras reúne los ingresos que aportan las entidades titulares de montes catalogados por aprovechamientos y por ocupaciones, servidumbres, usos y otras actividades con valor de mercado, más la totalidad de los pagos por daños y perjuicios fijados por resolución firme en procedimientos sancionadores por infracciones en esos montes. Financia la gestión forestal y su certificación y proyectos de conservación y mejora. Lo administra en general la Consejería, salvo transferencia a entidades locales que lo soliciten y habiliten cuenta bancaria.

  48. Artículo 70. Ingresos en el fondo de mejoras

    Las entidades titulares de montes catalogados destinan al fondo de mejoras un mínimo del 15 % de los ingresos por todos los rendimientos económicos del monte, ampliable reglamentariamente. Si se declara un evento catastrófico (incendio, plaga, vendaval u otros), el mínimo sube al 30 % de los ingresos de los aprovechamientos extraordinarios derivados del siniestro. En los montes catalogados de la Junta de Andalucía se ingresa el cien por cien de los ingresos.

  49. Artículo 71. Planes anuales de mejoras

    Las actuaciones del fondo de mejoras se planifican y ejecutan mediante planes anuales de mejoras, documentos técnico-facultativos suscritos por profesionales con titulación forestal universitaria. Puede elaborarlos la entidad que administre el fondo (oída, en su caso, la titular) o la entidad titular o gestora del monte, comunicándolo antes a la Administración forestal. Inspección, control y coordinación corresponden a la Consejería. Deben ajustarse al instrumento de ordenación vigente; si no existe, los aprueba la Consejería. Son obligatorios.

  50. Artículo 72. Servicios ambientales de los montes

    Son servicios ambientales: a) conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, biodiversidad, geodiversidad y paisaje; b) fijación de carbono como sumidero; c) creación y conservación del suelo frente a la erosión y la desertificación; d) regulación hídrica, recarga de acuíferos y calidad de las aguas; e) diversidad genética de las especies forestales; f) diversificación y belleza del paisaje; g) valor histórico, etnográfico y cultural; h) valor científico.

  51. Artículo 73. Estudio y cuantificación de los servicios ambientales de los montes

    La Consejería competente en materia forestal estudiará y desarrollará metodologías para mejorar el conocimiento y la cuantificación de los servicios ambientales de los montes andaluces. Definirá instrumentos y metodologías de cálculo y desarrollará medidas e incentivos públicos para que montes públicos y privados se usen en actuaciones que mantengan y mejoren esos servicios, entre otras mediante prevención, mitigación o corrección de impactos, mecanismos de compensación o responsabilidad social.

  52. Artículo 74. Selvicultura para la optimización de los servicios ambientales de los montes

    Se promoverán tratamientos selvícolas de mejora de los ecosistemas forestales para evitar la pérdida del carbono almacenado y para que la vegetación forestal siga ejerciendo sus funciones hidrológico-protectoras y de mantenimiento de los hábitats para la biodiversidad y el paisaje.

  53. Artículo 75. Servicios ambientales de los montes con consideración de aprovechamiento forestal

    Son aprovechamiento forestal los servicios ambientales resultantes de un proyecto obligatorio de prevención, mitigación o corrección de impactos y los que tengan valor de mercado y se aprovechen con ánimo de lucro. En esos casos, las entidades públicas titulares de montes pueden suscribir contratos de cesión a terceros, que pueden incluir las acciones para generar o promover esos servicios y durar como máximo el turno de las especies objeto de los mismos.

  54. Artículo 76. Colaboración público-privada para la conservación y mejora de los servicios ambientales de los montes

    Si el servicio ambiental no es aprovechamiento por resultar de un promotor sin ánimo de lucro (mecanismo voluntario de mitigación, responsabilidad social o custodia del territorio), su efecto positivo podrá reconocerse y difundirse a efectos informativos o divulgativos. Los derivados de un mecanismo obligatorio de compensación pueden reconocerse como proyectos de absorción de emisiones (artículo 37 de la Ley 8/2018). La Consejería pondrá terrenos forestales públicos a disposición de terceros mediante convenio.

  55. Artículo 77. La gestión forestal como herramienta para la mitigación del cambio climático

    Los tratamientos selvícolas y las actuaciones activas de repoblación forestal, incluidas las de restauración de zonas incendiadas, podrán ser reconocidos como proyectos de absorción de emisiones a efectos de lo dispuesto en la normativa de cambio climático.

  56. Artículo 94. Competencias

    La prevención de incendios forestales corresponde a la Consejería competente en materia forestal, salvo lo atribuido a la de protección civil y emergencias: planificación preventiva comarcal y regional; mantenimiento del Inventario de Infraestructuras Preventivas y obras y servicios en ellas; y, en montes privados, obras y servicios en infraestructuras preventivas previstas en convenio. La forestal además aprueba y supervisa los planes de prevención de montes privados y públicos sin convenio y lleva la selvicultura preventiva en montes de la Junta y con convenio.

  57. Artículo 95. Competencias de las entidades locales

    A los municipios y otras entidades locales les corresponde, en los montes de su titularidad, dentro de sus ámbitos competenciales y siempre que no exista convenio de cooperación con la Administración forestal, elaborar y proponer la planificación preventiva de incendios y adoptar las medidas de prevención que les correspondan.

  58. Artículo 96. Cooperación entre Administraciones públicas

    Las Administraciones públicas de Andalucía cooperarán entre sí y colaborarán con la Administración del Estado y con la de otras comunidades autónomas en las tareas de prevención contra incendios forestales, en los términos de esta ley, de los planes aprobados con arreglo a ella y de la demás normativa aplicable.

  59. Artículo 97. Colaboración de particulares y entidades

    La Consejería competente en materia forestal podrá suscribir convenios con personas particulares o con entidades interesadas en colaborar en la prevención de los incendios forestales. Es una facultad de la Consejería forestal, que se ejerce mediante convenio.

  60. Artículo 98. Instrumentos de planificación

    Los instrumentos de planificación en prevención de incendios forestales son: a escala regional, los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales; a escala comarcal, los planes que se establezcan reglamentariamente; y a escala de monte o grupo de montes, los instrumentos de ordenación forestal y los planes de prevención de incendios forestales.

  61. Artículo 99. Planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales

    Los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales planifican a escala regional la prevención en los montes y abarcan todas las actuaciones en Andalucía; su contenido mínimo, elaboración y aprobación se desarrollarán reglamentariamente. Los elabora la Consejería de protección civil y emergencias en colaboración con la forestal, con información pública, y su aprobación se publica en el BOJA y en Transparencia. Velan por la compatibilidad de las actividades forestales de las cadenas de valor industriales.

  62. Artículo 100. Instrumentos de ordenación forestal y planes de prevención de incendios forestales

    Aprobar un instrumento de ordenación forestal aprueba también sus medidas de prevención de incendios. Sin instrumento, la prevención se hace con planes de prevención: los redactan y ejecutan los propietarios y titulares de derechos de uso y disfrute en montes de hasta 400 hectáreas, y profesionales con titulación forestal universitaria en el resto. Los aprueba la Consejería forestal. Pueden hacerse en común entre colindantes, se revisan cada diez años y su ejecución se acredita cada cinco años con certificado de un profesional forestal.

  63. Artículo 101. Inventario de Infraestructuras Preventivas contra Incendios Forestales de los Montes Públicos de Andalucía

    Se crea el Inventario de Infraestructuras Preventivas contra Incendios Forestales de los Montes Públicos de Andalucía: líneas cortafuegos, fajas auxiliares, áreas cortafuegos, puntos estratégicos de gestión y áreas de actuación singularizada con cambios en los modelos de combustible. Sus infraestructuras se declaran de interés de la Comunidad Autónoma, y aprobar sus proyectos implica la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación a efectos expropiatorios.

  64. Artículo 102. Deberes relativos a la prevención de incendios

    Los propietarios y titulares de derechos de uso y disfrute de terrenos forestales, públicos o privados, hacen su gestión preventiva mediante el instrumento de ordenación cuando lo tienen, que debe incluir la estimación del riesgo de incendio y las medidas para evitarlo o minimizar sus efectos. Sin instrumento, ejecutan lo previsto en los planes de prevención y, en su caso, en los planes anuales. Deben permitir en sus terrenos las infraestructuras del Inventario. Todo plan, proyecto, uso o aprovechamiento con manejo de vegetación incluirá medidas de prevención.

  65. Artículo 103. Actuación subsidiaria

    Si se incumplen las obligaciones del capítulo de prevención de incendios, la Consejería competente en materia forestal podrá actuar subsidiariamente con cargo al obligado, previo apercibimiento, sin perjuicio de adoptar medidas preventivas e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan.

  66. Artículo 129. Régimen jurídico del ejercicio de la potestad sancionadora

    La potestad sancionadora en materia de montes se ejerce conforme a las reglas de la legislación básica de montes, de la de régimen jurídico del sector público y de la del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

  67. Artículo 130. Competencias y funciones de policía forestal

    La Consejería competente en materia forestal ejerce las funciones de policía, custodia, vigilancia e inspección para el cumplimiento de la normativa forestal. La policía administrativa forestal, por atribución legal o por delegación, la desempeña personal funcionario que tenga reconocida la condición de agente de la autoridad.

  68. Artículo 131. Tipificación de las infracciones

    El artículo tipifica las infracciones forestales, de la letra a) a la s). Entre ellas: cambio de uso forestal sin autorización (infracción continuada o permanente), ocupación de montes públicos, cortas o quemas de ejemplares, aprovechamientos sin autorización o declaración, pistas no previstas o no autorizadas por el órgano forestal, pastoreo donde esté prohibido, circulación motorizada fuera de caminos, vertidos, incumplir los deberes de vigilancia y conservación, falsedades en declaraciones, obstruir la inspección y no informar a la Administración.

  69. Artículo 132. Clasificación de las infracciones

    Muy graves: letras a) a p) (salvo c) con daños de 1.000.000 € o más o reparación de más de diez años; c) si impide fijar los lindes; h) si la obra pasa de 500 m en zona arbolada o con pendiente media superior al 20 %. Graves: a) a p) (salvo c) con daños desde 10.000 € e inferiores a 1.000.000 €, o reparación de más de seis meses sin exceder diez años; c) si no impide identificar los límites; h) en el resto; y q). Leves: a) a p) sin daños, con daños inferiores a 10.000 € o reparación de hasta seis meses; r) y s).

  70. Artículo 133. Medidas cautelares

    La Consejería competente en materia forestal o sus agentes de la autoridad, en particular los agentes medioambientales, pueden adoptar medidas provisionales, incluidos el decomiso y la paralización de la actividad presuntamente infractora, para evitar la continuidad del daño. Al iniciarse el procedimiento, la Consejería debe confirmarlas, modificarlas o levantarlas, y puede imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final.

  71. Artículo 134. Responsables de las infracciones

    Responden de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en ellas: quien realiza directamente la actividad o quien la ordena, si quien la realiza tiene con ella relación contractual o de hecho y se demuestra su dependencia. Si no puede determinarse el grado de participación de cada interviniente, la responsabilidad es solidaria, con derecho a repercutir a los demás. Los responsables deben reparar e indemnizar los daños causados.

  72. Artículo 135. Prescripción de las infracciones

    Las infracciones prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres las graves y al año las leves. El plazo corre desde la comisión, desde que finalizó la conducta en la infracción continuada o desde que se eliminó la situación ilícita en la permanente. Lo interrumpe la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado, y se reanuda si está paralizado un mes por causa no imputable al presunto responsable. La restauración por daños a un monte demanial es imprescriptible.

  73. Artículo 136. Responsabilidad penal

    Si la infracción puede ser delito, se comunica al órgano jurisdiccional competente y se suspende el procedimiento sancionador hasta sentencia o resolución firme. La sanción penal excluye la administrativa cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si no se aprecia delito, el órgano competente continúa el procedimiento teniendo en cuenta los hechos declarados probados por la resolución judicial firme.

  74. Artículo 137. Cuantía de las sanciones

    Las sanciones siguen la legislación básica estatal de montes: leves, de 100 a 1.000 euros; graves, de 1.001 a 100.000 euros; muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros, salvo que el importe de la madera indebidamente comercializada o el doble del coste de reposición del daño supere 1.000.000 de euros, en cuyo caso la sanción equivale al importe mayor.

  75. Artículo 138. Potestad sancionadora

    Imponen las sanciones: la persona titular del órgano periférico de la Consejería forestal, las leves y graves; la persona titular de la dirección general forestal, las muy graves de hasta 300.000 euros; la persona titular de la Consejería, las muy graves de más de 300.000 y hasta 600.000 euros; y el Consejo de Gobierno, las muy graves de más de 600.000 euros. El plazo de resolución expresa y notificación es de doce meses.

  76. Artículo 139. Proporcionalidad

    Dentro de los límites legales, el importe de la sanción se fija según las circunstancias que atenúan o agravan: repercusión y reversibilidad del daño, beneficio ilícito, grado de participación, intencionalidad, actuaciones reparadoras, concurrencia o encubrimiento de infracciones, falta de controles o precauciones y negativa u obstrucción a la Administración. La reincidencia sube la infracción al grupo de gravedad inmediatamente superior; la hay si no han pasado cinco años desde otra sanción firme en vía administrativa por infracción análoga.

  77. Artículo 140. Reducción de la sanción

    La cuantía de la sanción puede reducirse hasta un máximo del cincuenta por ciento si la persona infractora corrige la situación creada por la infracción en el plazo señalado en el requerimiento, sin perjuicio de la legislación básica del procedimiento administrativo común.

  78. Artículo 141. Reparación del daño e indemnización

    Además de las sanciones, la persona infractora debe reparar el daño en la forma fijada por el órgano sancionador; la obligación es imprescriptible si el daño afecta al dominio público forestal. La reparación busca restaurar la situación previa, y lo no reparable se indemniza con los perjuicios. Si el beneficio económico supera la sanción máxima, cabe exigir una indemnización de hasta el doble de ese beneficio, que en montes de utilidad pública va al fondo de mejoras. Daños y plazo se fijan con criterio técnico motivado.

  79. Artículo 142. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria

    Si la persona infractora no repara o indemniza en el plazo del requerimiento, la Administración instructora puede imponer multas coercitivas o acordar la ejecución subsidiaria. Las multas coercitivas se reiteran por lapsos suficientes para cumplir y cada una no puede superar el 20 por ciento de la multa fijada por la infracción. La ejecución subsidiaria es a costa de la persona infractora, y en ella tienen carácter prioritario los fondos de mejoras de montes catalogados.

  80. Artículo 143. Decomiso

    La Administración forestal acordará, como sanción accesoria en infracciones muy graves y graves, el decomiso de los productos forestales ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados; si procede devolverlos, puede sustituirse por su importe. No son sanción el embargo y depósito acordados por inspectores o agentes medioambientales, ni las obligaciones de reparar e indemnizar los daños. El procedimiento y destino de los bienes decomisados se regularán reglamentariamente.

  81. Artículo 144. Prescripción de las sanciones

    Las sanciones por infracciones muy graves prescriben a los cinco años; las de graves, a los dos años, y las de leves, al año. El plazo cuenta desde el día siguiente a la firmeza de la resolución sancionadora; si se desestima presuntamente el recurso de alzada o de reposición, desde el día siguiente al fin del plazo para resolverlo. Lo interrumpe el inicio del procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado, y vuelve a correr si está paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

  82. Artículo 145. Registro regional de infractores en materia de montes

    La Consejería competente en materia forestal creará un Registro regional de infractores de la Ley de Montes de Andalucía, donde se inscriben las personas físicas y jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por infracciones graves y muy graves. La inscripción inhabilita para concurrir a licitaciones, convenios, acuerdos u otras figuras contractuales o patrimoniales de la Junta y sus agencias, organismos y entidades; se extiende a las empresas vinculadas y a la condición de entidad selvícola de colaboración.

Ley 2/2011, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía

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  1. Artículo 1. Objeto

    En el marco de la normativa europea y la básica estatal, la Ley tiene por objeto: a) ordenar y controlar las denominaciones de calidad andaluzas y los consejos reguladores; b) garantizar la calidad, el origen en su caso y la conformidad de los productos, protegiendo a agentes, operadores y consumidores con información correcta y completa; c) fomentar y promover la calidad; d) fijar obligaciones de calidad de agentes y profesionales; e) regular los organismos de evaluación de la conformidad; f) regular inspección, control, lucha contra el fraude y sanciones.

  2. Artículo 2. Ámbito de aplicación

    La Ley se aplica a todas las actuaciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera que se realicen en el territorio de Andalucía. No desplaza la normativa de seguridad alimentaria ni las normas específicas de disciplina de mercado y de defensa de las personas consumidoras, que se aplican sin perjuicio de ella.

  3. Artículo 3. Definiciones

    Define los conceptos clave. Calidad comercial: características objetivas distintas de las de seguridad alimentaria. Calidad diferenciada: requisitos de normas y pliegos adicionales a la calidad comercial obligatoria. Quedan fuera del producto agroalimentario, entre otros, semillas, plantas antes de la cosecha, medicamentos, cosméticos, tabaco y fitosanitarios. Bebida espirituosa: grado mínimo de 15 % vol. Auditoría: examen sistemático, independiente y documentado. Las MERCAS no son operadores si no almacenan, manipulan o transforman.

  4. Artículo 4. Promoción y fomento de la calidad

    Objetivos de promoción: incentivar el uso de denominaciones de calidad, promover los productos andaluces y las buenas prácticas, preservar el patrimonio de productos, propiciar actuaciones conjuntas, integrar la promoción en otras políticas, articular iniciativas públicas y privadas, clarificar denominaciones de venta y desarrollar la producción ecológica. La Junta puede financiar campañas, que deberán atenerse a algún criterio: alimentación mediterránea, recomendar el consumo o difundir la calidad en el mercado interior y exterior.

  5. Artículo 5. Concepto y ámbito

    Aseguramiento de la calidad comercial es el conjunto organizado y planificado de actividades para obtener confianza adecuada en que se cumplen los requisitos de calidad comercial. Corresponde a los operadores asegurar que sus productos, materias y elementos cumplen la legislación de calidad y evaluación de la conformidad, y los gastos de control y certificación van a su cargo. El título se aplica a todas las etapas de producción, transformación y distribución y excluye lo regulado por la seguridad alimentaria.

  6. Artículo 6. Obligaciones de los operadores agroalimentarios y pesqueros

    Los operadores deben implantar un sistema de gestión de la calidad comercial; quedan exceptuados los de productos primarios que no vendan directamente al consumidor final o estén en una denominación de calidad. El sistema incluye, como mínimo, instalaciones y procesos, trazabilidad, reclamaciones y retirada, etiquetado, registro, documentos de acompañamiento y plan de control. Los documentos de acompañamiento se conservan cinco años. Además, deben estar inscritos, comunicar fraudes y productos no conformes, permitir inspecciones y tener autocontrol eficaz.

  7. Artículo 7. Regímenes de calidad

    Regímenes de calidad diferenciada: DOP, IGP, IGBE, IGPVA, términos de calidad facultativos, términos tradicionales de vinos, ETG y producción ecológica, todos amparados por reglamentos de la Unión Europea y su desarrollo. La Comunidad Autónoma puede crear por reglamento otros términos de calidad facultativos, entre ellos la «Producción Integrada». Cada mención o producto acogido debe tener una normativa específica, aprobada por la persona titular de la Consejería competente en materia agraria y pesquera.

  8. Artículo 8. Protección

    La protección de DOP, IGP, IGBE, IGPVA y términos tradicionales de vinos abarca el nombre geográfico y todas las fases, de la producción a la comercialización. Las marcas usadas en productos con nombre protegido no pueden usarse, ni por sus titulares, en el mismo producto no amparado, salvo autorización de la persona titular de la Consejería, previo informe del consejo regulador. «Certificado» se reserva a productos con verificación de conformidad. En ecológica e integrada, «BIO» y «ECO» solo para productos obtenidos conforme a su normativa.

  9. Artículo 9. Solicitud de reconocimiento y registro de DOP, IGP, IGBE y ETG

    Pueden solicitar el registro comunitario de DOP, IGP, IGBE y ETG las agrupaciones de productores o transformadores interesados en el mismo producto, sea cual sea su forma jurídica. Para DOP, IGP e IGBE deben acreditar vinculación profesional, económica y territorial. La solicitud se dirige a la Consejería competente, que la valora y, en su caso, la remite al ministerio para su traslado a la Comisión Europea; presentada allí, cabe protección provisional autonómica. Para DOP, IGP, IGBE o IGPVA se presenta además una propuesta de reglamento del Consejo Regulador.

  10. Artículo 10. Titularidad, uso y gestión de los nombres geográficos protegidos

    Los nombres geográficos protegidos de DOP, IGP e IGBE son bienes de dominio público: no pueden apropiarse, venderse, enajenarse ni gravarse. Su titularidad es de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprendan exclusivamente su territorio. Su uso y gestión se rigen por la Ley, su desarrollo y la normativa básica estatal y comunitaria. No puede negarse su uso a quien lo solicite y cumpla los requisitos, salvo sanción de pérdida temporal o definitiva del uso u otra causa de la normativa de la denominación.

  11. Artículo 11. Marcas de calidad de titularidad pública

    Las marcas de calidad de productos agroalimentarios y pesqueros que la Junta de Andalucía cree por reglamento y registre son marcas de calidad de titularidad pública. La Junta tiene el derecho exclusivo de uso y puede autorizar su uso a terceros en los términos que fije el reglamento.

  12. Artículo 12. Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de competencias

    Gestiona cada DOP, IGP e IGBE un consejo regulador en el que están representados los productores o elaboradores inscritos. Queda autorizado al publicarse su reglamento en BOJA. Es corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar, y puede relacionarse con asociaciones, fundaciones, sociedades y Administraciones. Actúa con carácter general en Derecho Privado, salvo cuando ejerce potestades públicas (Derecho Administrativo). Sus competencias se limitan a su zona, sus inscritos y sus productos protegidos.

  13. Artículo 13. Fines y funciones

    Fines de los consejos reguladores: representación, defensa, garantía, formación, I+D+i de mercados y promoción de los productos y de la denominación. Sus funciones mínimas incluyen: proponer cambios del reglamento y del pliego, elegir el sistema de control, orientar la producción, denunciar usos incorrectos, fijar rendimientos, gestionar registros, cuotas y presupuesto, expedir certificados de origen, retirar la certificación previo informe vinculante, organizar sus elecciones, entre otras. Sus decisiones de las letras e), g) y j) y de control pueden impugnarse ante la Consejería competente.

  14. Artículo 14. Organización

    La organización de los consejos reguladores se desarrollará por reglamento con estos principios: autonomía de gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento democrático y representatividad de los intereses económicos y sectoriales, con especial atención a los minoritarios. Debe haber paridad en la representación de los intereses concurrentes, y pueden fijarse mayorías cualificadas para adoptar acuerdos.

  15. Artículo 15. Estructura de los consejos reguladores

    Órganos del consejo regulador: presidencia, pleno, secretaría general, comisión específica (si gestiona más de una denominación y lo prevé el reglamento) y otros reglamentarios. El pleno, órgano colegiado de gobierno y administración, lo forman la Presidencia y las vocalías, elegidas por sufragio de los inscritos, con paridad y voto de igual valor. La presidencia tiene voto de calidad y la representación legal. La secretaría general la designa el pleno a propuesta de la presidencia. La Consejería designa un funcionario con voz y sin voto.

  16. Artículo 16. Autorización, suspensión y revocación

    La persona titular de la Consejería autoriza los consejos reguladores antes de que actúen. La Consejería puede suspender su actividad si no cumplen sus fines o funciones, por transgresiones graves o reiteradas o por imposibilidad de funcionamiento normal; la suspensión dura como máximo seis meses y la Consejería asume las funciones imprescindibles. Si persisten las causas, en un mes se disuelven sus órganos y se convocan elecciones; si no hay elecciones o persisten las causas seis meses tras el nuevo pleno, se revoca la autorización.

  17. Artículo 17. Gestión de más de una denominación de calidad

    Un mismo consejo regulador puede gestionar dos o más DOP, IGP e IGBE, incluidas las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía. Es una posibilidad, no una obligación.

  18. Artículo 18. Deber de colaboración

    La Consejería competente y los consejos reguladores deben colaborar en: fomentar el uso voluntario de las denominaciones de calidad entre productores, transformadores y comercializadores; defender los nombres geográficos protegidos; favorecer la colaboración entre operadores para ampliar el mercado de calidad diferenciada; promover esos productos; y preservar y revalorizar el patrimonio agroalimentario y pesquero andaluz. La Junta facilitará a los consejos la información que pidan, respetando la protección de datos.

  19. Artículo 19. Tutela de los consejos reguladores

    La Consejería competente en materia agraria y pesquera ejerce la tutela sobre los consejos reguladores. Para ello puede realizar, a través de sus órganos, las actuaciones de control e inspección que estime convenientes. Los consejos deben facilitarle la información que pida en plazo, y la Consejería auditará, al menos bienalmente, las funciones de verificación del pliego de condiciones ejercidas por el órgano de control de la denominación.

  20. Artículo 20. Financiación de los consejos reguladores

    Recursos de los consejos reguladores: su patrimonio y sus productos, rentas y ventas; subvenciones, legados y donativos; indemnizaciones por daños a la denominación; cuotas y derechos por prestación de servicios; y cualquier otro ingreso. El consejo fija en su reglamento cuotas de pertenencia y derechos por servicios en las condiciones autorizadas por la Consejería. En caso de impago, son exigibles por la vía de apremio conforme a la autorización y a la normativa específica.

  21. Artículo 21. Organismos de evaluación de la conformidad

    A los efectos de esta ley son organismos de evaluación de la conformidad cuatro: los órganos de control de las DOP, IGP e IGBE; los organismos independientes de control; los organismos independientes de inspección, y los laboratorios de control.

  22. Artículo 22. Autorización, inscripción, suspensión, revocación y cancelación

    Los organismos de evaluación de la conformidad que hagan control oficial en el marco del Reglamento (UE) 2017/625 necesitan autorización previa; los que no actúen en ese marco presentan declaración responsable. Un reglamento fijará las medidas tras la evaluación de la Administración (art. 25): suspensión temporal, revocación o cancelación de la inscripción. El organismo no podrá operar en Andalucía y entregará al operador su expediente completo; el operador mantiene su certificación en el nuevo organismo que elija, salvo que el organismo nacional de acreditación disponga lo contrario.

  23. Artículo 23. Obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad y de las entidades colaboradoras

    Los organismos de evaluación de la conformidad deben, entre otras cosas: controlar el cumplimiento de normas y pliegos, estar inscritos en los registros, comunicar a la Consejería, garantizar imparcialidad, tener seguro, permitir auditorías de la Administración, comunicar a los operadores su suspensión o revocación y denegar solicitudes de clientes suspendidos en otro organismo. Los laboratorios asumen solo las letras a), b), c), d), e), g) y h), más participar en pruebas y hacer muestras caracterizadas. La entidad colaboradora audita a los organismos e informa a la Administración.

  24. Artículo 24. Laboratorios de control

    Los laboratorios deben tener medios técnicos y personal cualificado; solo en casos excepcionales pueden subcontratar análisis, siempre previa información al cliente. Si los resultados inciden en el comercio, deben demostrar independencia de ambas partes. Puede haber niveles de reconocimiento. En certificación y control mide un laboratorio independiente del organismo de control y, en DOP, IGP e IGBE, también uno de la denominación separado del órgano de gestión y control. La consejería puede verificar su capacidad técnica y deben guardar confidencialidad a su clientela.

  25. Artículo 25. Evaluación de la Administración

    El proceso por el que la Administración evalúa a los organismos de evaluación de la conformidad se establecerá reglamentariamente. Esa evaluación la realiza personal de la Consejería competente en materia agraria y pesquera debidamente acreditado.

  26. Artículo 26. Controles oficiales

    Es control oficial de la calidad el que hacen los servicios de la Junta, los órganos de control de DOP, IGP, IGBE e IGPVA con delegación y los organismos independientes de control con funciones delegadas. La consejería los organiza contra el fraude en todas las etapas. En calidad diferenciada alcanza a los envasados en el punto de venta; en calidad comercial puede extenderse excepcionalmente a otras etapas, previa comunicación al órgano competente. Se hacen generalmente sin previo aviso y verifican seis aspectos (calidad, etiquetado, lealtad, operadores, denominaciones y obligaciones).

  27. Artículo 27. Personal que realiza control oficial

    El personal que realiza control oficial debe estar debidamente acreditado y levanta informes de control con todas las actuaciones y observaciones. Puede recabar de los operadores que controle cuantos documentos considere necesarios, de acuerdo con el objetivo perseguido en sus actuaciones, que en todo caso tendrán carácter confidencial. Está obligado al sigilo profesional y a cumplir la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos; su incumplimiento se sanciona según la normativa aplicable.

  28. Artículo 28. Actuaciones del personal inspector de la calidad

    La inspección de la calidad controla la calidad y la conformidad del etiquetado y la publicidad, con al menos ocho actuaciones. La realizan personas funcionarias habilitadas como inspectores de la calidad, con consideración de autoridad, que pueden pedir colaboración incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sus actas tienen valor probatorio y los hechos se presumen ciertos salvo prueba en contrario. Los servicios de inspección pueden pedir información a otras Administraciones.

  29. Artículo 29. Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria

    La consejería competente en materia agraria y pesquera elabora y aprueba el Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria, con la estructura y organización del control. Contiene al menos nueve apartados: objetivos, programación, delegación de tareas de control, prioridades, recursos, organización de controles, sistemas por sectores, formación y auditorías. La programación es anual, según un análisis de riesgos que fija la frecuencia de las visitas. También caben inspecciones por estrategias de fomento de la calidad, denuncia o sospecha, iniciativa del inspector u otros motivos.

  30. Artículo 30. Toma de muestras

    En los controles oficiales de la calidad, las muestras se toman con los métodos de normas o protocolos internacionalmente reconocidos y, si no los hay, con un método adecuado al objeto perseguido según el ámbito material. Se deja a salvo el artículo 15 del Real Decreto 1945/1983, su desarrollo o la norma que lo sustituya.

  31. Artículo 31. Análisis de las muestras

    Las muestras tomadas en los controles oficiales se analizan en los laboratorios agroalimentarios que la Consejería competente en materia agraria y pesquera haya designado para participar en el control oficial, según lo que disponga el reglamento, y de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2017/625.

  32. Artículo 32. Sistemas de control

    La norma específica de cada denominación de calidad fija cómo se elige su sistema de control, que en todo caso estará separado de su gestión. La consejería puede hacer los controles que considere convenientes a operadores, órganos de control y organismos independientes, y verificar la competencia del organismo de evaluación. El Plan de control oficial del artículo 29 incluirá los sistemas de control de las denominaciones, con el organismo en que se delega, garantías, tareas delegadas y norma de delegación.

  33. Artículo 33. Control de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas

    En DOP, IGP, IGBE e IGPVA, la verificación del pliego de condiciones antes de comercializar debe ser imparcial, objetiva y técnicamente competente, y puede hacerla: un órgano de control propio acreditado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17065; un organismo independiente de control; un órgano de control creado por varios consejos reguladores, o el de otro consejo regulador (estos dos, con requisitos de organismo independiente). Elegida una opción, todos los operadores se acogen a ella, salvo que, por superposición de denominaciones, la Consejería establezca la compatibilidad previa audiencia.

  34. Artículo 34. Control de las ETG, de la indicación producción ecológica y de la producción integrada

    El control de las ETG y de la producción ecológica lo hacen organismos independientes de control acreditados en la norma ISO/IEC 17065 en quienes se delegan funciones de control oficial; el de la producción integrada, organismos independientes de control acreditados en esa norma. Cada operador solo puede tener, para cada alcance, un único organismo independiente de control.

  35. Artículo 35. Elección del organismo independiente de control o de inspección

    Eligen el organismo independiente de control o de inspección los propios operadores sometidos a control en cuatro casos: DOP, IGP e IGBE que hayan optado por el sistema del artículo 33.1 c), especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica y producción integrada. El organismo elegido debe comunicarlo a la consejería y, en su caso, al consejo regulador.

  36. Artículo 36. Cambio de organismo independiente de control o de inspección

    Los operadores pueden cambiar de organismo independiente de control o de inspección siempre que no tengan abierto ningún proceso derivado de incumplimientos con el anterior organismo para el alcance solicitado. Esta regla se aplica sin perjuicio de la regulación específica de cada alcance.

  37. Artículo 37. Control subsidiario

    Excepcionalmente, si el órgano de control o el organismo independiente no pueden actuar, o nadie ha pedido la delegación de control oficial para un alcance, la Consejería puede delegar en un organismo acreditado para la misma categoría de producto o, en su defecto, para un alcance agroalimentario. Las DOP e IGP con protección nacional transitoria se controlan igual. Si la delegación no es viable, controla la Consejería.

  38. Artículo 38. Actuaciones previas

    Antes de iniciar el procedimiento sancionador, el personal inspector de calidad puede realizar actuaciones previas para determinar, con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen iniciarlo. Es una facultad del inspector, no una obligación.

  39. Artículo 39. Medidas cautelares

    La inspección puede adoptar, por acuerdo motivado, medidas cautelares proporcionadas y por el tiempo estrictamente necesario (inmovilización, paralización de vehículos, retirada, suspensiones…). Las adoptadas por el inspector deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los quince días siguientes; si no, quedan sin efecto. Puede suspenderse cautelarmente a un organismo de evaluación. No caben si causan perjuicios de difícil o imposible reparación, y pueden alzarse o modificarse durante el procedimiento.

  40. Artículo 40. Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar

    Si el órgano competente confirma la inmovilización cautelar, en el acuerdo de inicio da al titular quince días para optar entre: regularizar y adaptar el producto, regularizar y adaptar su etiquetado, destinarlo a usos no agroalimentarios, entregarlo a entidades benéficas sin riesgo para la salud, reenviarlo a origen con fianza suficiente, o destruirlo o depositarlo hasta la resolución. Los gastos son del titular. Si no opta, decide subsidiariamente el órgano competente, que puede también resolver con urgencia sobre el destino.

  41. Artículo 41. Clasificación de las infracciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera

    Los incumplimientos de esta ley y de las demás disposiciones de la materia son infracciones administrativas. La potestad sancionadora corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y, dentro de ella, a cada consejería en su ámbito. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. No es sanción la denegación del uso del nombre geográfico ni su suspensión temporal por retirada de la certificación por el organismo de evaluación de la conformidad.

  42. Artículo 42. Infracciones leves

    Son infracciones leves, entre otras: no presentar o exhibir el certificado de inscripción; no tener sistema de reclamaciones; errores en declaraciones o etiquetado que no afecten a datos obligatorios ni a la naturaleza del producto; no anotar en registros en quince días si puede justificarse con otra documentación; diferencias que no superen el doble de la tolerancia; incumplimientos meramente formales; no comunicar a la consejería acuerdos con organismos de control de terceros países, y el impago de cuotas obligatorias de los Consejos Reguladores.

  43. Artículo 43. Infracciones graves

    El artículo enumera las infracciones graves: ejercer sin autorización; no comunicar en quince días a la consejería la comercialización de productos no conformes; no tener sistemas de control interno, de calidad o de trazabilidad; etiquetado engañoso; no anotar en registros pasados quince días; errores que afecten a datos obligatorios o a la naturaleza del producto; fraude y falsificación; negarse a dar información a la inspección; incumplir medidas cautelares; varios incumplimientos de los organismos de evaluación de la conformidad, y reincidir en una infracción leve dentro de tres años.

  44. Artículo 44. Infracciones muy graves

    Son infracciones muy graves: falsificar documentos y etiquetas de DOP, IGP, IGBE, ETG y otras marcas de calidad; desprestigiar las denominaciones; infracciones graves concurrentes con otras sanitarias o que extiendan el fraude a terceros; suministrar sustancias no permitidas a industrias; negarse absolutamente a la inspección; coaccionar o agredir a inspectores y controladores; interferir en el órgano de control; disponer de mercancías intervenidas violando precintos o sacándolas de las instalaciones, y reincidir en una infracción grave dentro de tres años.

  45. Artículo 45. Responsabilidad por las infracciones

    Responden las personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes que participen en la infracción. En instalaciones del fabricante responde el titular de la actividad. En productos envasados en distribuidores responde quien figura en el etiquetado, salvo falsificación o mala conservación por el tenedor, y en ciertos casos elaboradores, comercializadores o envasadores. A granel o sin etiqueta responde quien tenga el producto. Los directivos de una persona jurídica responden subsidiariamente. Si participan varias personas, la responsabilidad es solidaria, y es independiente de la civil o penal.

  46. Artículo 46. Sanciones

    Leves: apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros. Graves: de 4.001 a 150.000 euros, ampliable hasta el 5 % de las ventas del producto. Muy graves: de 150.001 a 3.000.000 de euros, ampliable hasta el 10 %. En graves y muy graves caben accesorias (clausura hasta cinco años, suspensión de organismos hasta diez años o definitiva, retirada de autorización, pérdida de ayudas…). Suspensión del uso de la denominación: hasta tres años (grave) o cinco (muy grave). En producción ecológica se prohíbe la referencia al método de seis a dieciocho meses (grave) o de dieciocho a treinta y seis (muy grave).

  47. Artículo 47. Multas coercitivas

    Si el infractor no cumple, o cumple de forma incompleta, las obligaciones no pecuniarias impuestas como sanción, pueden imponérsele multas coercitivas para forzar su cumplimiento íntegro. Se imponen cada tres meses hasta el cumplimiento total, cada una de ellas por un importe máximo de 3.000 euros, y son independientes y compatibles con las multas impuestas como sanción.

  48. Artículo 48. Graduación de las sanciones

    Para fijar la sanción concreta se valoran: intencionalidad o negligencia; reiteración (varias infracciones sancionadas en el mismo procedimiento); naturaleza de los perjuicios; reincidencia en tres años declarada por resolución firme, si no sirvió para calificar; volumen de ventas y posición de la empresa; reconocimiento y subsanación antes de la resolución; valor de las mercancías; falta de controles; incumplimiento de advertencias, y beneficio ilícito. La sanción puede minorarse motivadamente y nunca será inferior al beneficio ilícito cuantificado.

  49. Artículo 49. Prescripción de infracciones y sanciones

    Las infracciones prescriben a los seis años si son muy graves, a los cuatro si son graves y a los dos si son leves, contados desde que se cometen. Las sanciones prescriben en los mismos plazos que sus infracciones, contados desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución que las impone.

  50. Artículo 50. Inicio e instrucción del procedimiento sancionador

    El procedimiento sancionador se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. Incoa e instruye la consejería competente en materia agraria y pesquera, tanto si el infractor está inscrito en registros de denominaciones como si no lo está y se ubica en Andalucía. Se informa a los consejos reguladores de incoaciones y sanciones de sus inscritos; estos deben denunciar los incumplimientos que conozcan. Si la infracción es de otra comunidad autónoma, se le comunica.

  51. Artículo 51. Resolución de procedimientos sancionadores

    La competencia para resolver los procedimientos sancionadores se fijará por reglamento. El plazo máximo para resolver y notificar es de un año desde la incoación. Las sanciones firmes por infracciones muy graves o por reincidencia en graves pueden hacerse públicas, en los términos que fije el reglamento, cuando ello contribuya al conocimiento público del fraude producido.

Ley 5/2011, del Olivar de Andalucía

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  1. Artículo 1. Objeto

    La Ley del Olivar de Andalucía tiene por objeto establecer el marco normativo para tres cosas: el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos.

  2. Artículo 2. Ámbito de aplicación

    La Ley se aplica a nueve ámbitos: territorios de olivar; producción de aceituna; transformación de aceite; aceituna de mesa; biomasa y derivados; comercialización; consumidores; cadena de valor; y conocimiento e innovación. «Territorio de olivar» es el espacio donde el olivar es determinante para la economía, el empleo o el mantenimiento de la población rural, o predominante en el paisaje y relevante para la biodiversidad y el patrimonio natural. Su delimitación forma parte del Plan Director del Olivar, que vincula a los titulares de todos los olivos y olivares de ese espacio.

  3. Artículo 3. Fines

    La Ley enumera quince fines (letras a a ñ): eficiencia, modernización y competitividad; desarrollo de zonas olivareras y empleo de calidad; sostenibilidad ambiental; calidad del aceite y la aceituna de mesa; I+D+i y formación; tecnología productiva; valor añadido en la comercialización; uso eficiente del agua y la energía y renovables, en particular la biomasa; promoción de la calidad y del consumo; uso racional de subproductos; paisaje y patrimonio; vertebración interprofesional; equilibrio de la cadena de valor; coordinación entre administraciones; y protección de los consumidores finales.

  4. Artículo 4. Principios

    Siete principios inspiran la Ley: cultivo racional y sostenible del olivar como recurso agrícola fundamental y soporte del medio rural; interés compartido público-privado; mantenimiento de las rentas en el medio rural olivarero, con apoyos públicos asimétricos en su caso; adaptación al progreso técnico; interés histórico-cultural y social; mantenimiento de la calidad en cultivo, transformación y comercialización; e interés social del cultivo.

  5. Artículo 5. Concepto y naturaleza

    El Plan Director del Olivar es el instrumento para conseguir los fines de la Ley. Lo elabora la consejería competente en agricultura y lo aprueba el Consejo de Gobierno por decreto, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar; en su elaboración se oye a las organizaciones más representativas del sector. Tiene la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio según la Ley 1/1994, cuyos artículos 17 (contenido) y 18 (tramitación) se le aplican, además del contenido del artículo 6 de esta Ley.

  6. Artículo 6. Contenido

    El Plan Director incluirá como mínimo: la delimitación de los territorios de olivar; la tipología del olivar tradicional; la caracterización de explotaciones, territorios y sector oleícola; el diagnóstico desde las perspectivas económica, social, ambiental y cultural; y la evaluación de externalidades positivas y negativas. Definirá además, al menos, doce estrategias: mejora del olivar tradicional, productividad, patrimonio, olivar en zonas con desventajas, biodiversidad y paisaje, cambio climático, buenas prácticas, coordinación público-privada, vertebración, cadena de valor, I+D+i y calidad.

  7. Artículo 7. Duración

    El Plan Director del Olivar tiene una vigencia de seis años. Caben revisiones intermedias cuando la consejería competente en agricultura lo considere necesario, por sí o a petición de las organizaciones representativas, por circunstancias que modifiquen la situación del sector y previo informe del Consejo Andaluz del Olivar.

  8. Artículo 8. Contratos territoriales de zona rural

    La consejería competente en agricultura podrá suscribir, de forma voluntaria para ambas partes, con un conjunto de titulares de explotaciones de olivar de una zona determinada, los contratos territoriales de zona rural del artículo 16 de la Ley 45/2007, para orientar las actuaciones futuras que integren las funciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales de la zona. Su régimen básico podrá desarrollarse por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la consejería y previo informe del Consejo Andaluz del Olivar.

  9. Artículo 9. Contratos territoriales de explotación

    Los contratos territoriales de explotación son instrumentos por los que la Administración y los particulares, dentro de los fines del Plan Director, orientan las actuaciones en las explotaciones hacia más eficiencia, competitividad, sostenibilidad y calidad, con medidas innovadoras. En el contrato se definen los compromisos del titular y de la Administración y la naturaleza y modalidades de las ayudas y demás contrapartidas. Su régimen jurídico podrá establecerse por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar.

  10. Artículo 10. Control de los compromisos adquiridos

    Firmar los contratos territoriales de los artículos 8 y 9 habilita a la Administración para inspeccionar y controlar su desarrollo y para dirigir instrucciones y mandatos sobre su cumplimiento. El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas da lugar a la resolución del contrato y a la restitución de las ayudas percibidas, en los términos de los decretos de los artículos 8.2 y 9.3, y, en su caso, a la imposición de las sanciones que correspondan.

  11. Artículo 11. Sistema de información y apoyo a la toma de decisiones

    La consejería competente en agricultura creará, mantendrá y pondrá a disposición pública un sistema accesible de información sobre los territorios de olivar y los sectores productor, transformador, comercializador y consumidor, con indicadores de calidad, sostenibilidad y eficiencia, para orientar las decisiones públicas y privadas. Todos los agentes de los sectores olivícola y oleícola colaborarán y aportarán la información que la Administración autonómica requiera, sin perjuicio de la legislación de protección de datos.

  12. Artículo 12. Creación y funciones

    Se crea el Consejo Andaluz del Olivar, adscrito a la consejería competente en agricultura, como órgano asesor en el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos. Sus funciones fundamentales son asesorar a las administraciones públicas e informar el Plan Director y sus modificaciones.

  13. Artículo 13. Composición y funcionamiento

    El Consejo Andaluz del Olivar lo forman, al menos, veinte personas designadas por el titular de la consejería competente en agricultura, en representación de administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales, organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas y otras entidades del sector, y especialistas de reconocido prestigio. Tenderá a una representación equilibrada de mujeres y hombres. Lo preside el titular de la consejería. Su organización y funcionamiento se fijan reglamentariamente, atendiendo a la representatividad de las organizaciones.

  14. Artículo 14. Ayudas agrarias para el mantenimiento de la renta del olivar

    La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y sin perjuicio de la legislación comunitaria y estatal aplicable, reequilibrará las ayudas de las administraciones públicas al cultivo del olivar para mantener las rentas que este produce.

  15. Artículo 15. Olivar tradicional

    Para evitar el abandono de territorios y sistemas productivos sensibles, la Junta promoverá el mantenimiento, la modernización y la reestructuración del olivar tradicional para mejorar su productividad. Olivar tradicional es el cultivado con técnicas agronómicas tradicionales en Andalucía, en secano y regadío, sea cual sea su situación fisiográfica, la agrología del terreno y la variedad. El Plan Director del Olivar determinará su tipología.

  16. Artículo 16. Olivar con desventajas naturales

    La Junta de Andalucía prestará atención preferente a los olivares tradicionales en zonas con desventajas naturales para que sus explotaciones sean rentables, promoviendo la diversificación económica para mantener el cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y social y evitar la desertificación de los territorios.

  17. Artículo 17. Explotación prioritaria y explotación territorial

    En los supuestos enunciados en los artículos 14 a 16 de la Ley tienen preferencia dos tipos de explotaciones: las prioritarias definidas en la Ley 19/1995 e inscritas en el registro autonómico de explotaciones prioritarias, y las territoriales determinadas en la Ley 45/2007.

  18. Artículo 18. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres

    Las medidas de la Ley y del Plan Director deberán respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los territorios del olivar. Además, podrán contemplarse medidas de acción positiva a favor de las mujeres en esos territorios para superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo.

  19. Artículo 19. Reestructuración del cultivo del olivar

    La consejería competente en agricultura incentivará la mejora de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas mediante su adaptación a la recolección mecanizada, la puesta o modernización del regadío u otras actuaciones estructurales, en los términos del Plan Director. También facilitará que las explotaciones alcancen una dimensión y gestión más eficientes, según los criterios del Plan Director y del desarrollo reglamentario de la Ley.

  20. Artículo 20. Multifuncionalidad y diversificación

    La Junta de Andalucía promoverá actividades complementarias en las explotaciones agrícolas y en las industrias del sector del olivar para que aumente la renta de procedencia no agraria de los olivicultores.

  21. Artículo 21. Apoyo a las explotaciones calificadas como ecológicas o de producción integrada y a la mejora de la gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar

    Las medidas especiales de apoyo se aplicarán prioritariamente a los titulares de explotaciones olivareras ecológicas o de producción integrada. Habrá medidas especiales para conservar la naturaleza (biodiversidad y paisaje) y gestionar mejor los recursos naturales. En los territorios de olivar, en especial los de la Red Natura 2000, se adoptarán medidas para: gestión sostenible del agua y el suelo; corregir externalidades negativas; remunerar bienes no comercializables y externalidades positivas; acoger fauna y flora no competidora; cambio climático; y educación ambiental.

  22. Artículo 22. Olivar en regadío

    La Junta de Andalucía fomentará el riego en el olivar para aumentar sus producciones y la renta de los olivicultores, dentro de lo previsto en los planes hidrológicos de cuenca, y para favorecer su sostenibilidad, la cohesión territorial y su valor añadido en creación de empleo y riqueza.

  23. Artículo 23. Uso eficiente del agua

    En el marco de la Ley de Aguas y de los planes hidrológicos de cuenca, la Administración autonómica, a través de sus órganos competentes, apoyará exclusivamente las nuevas puestas en riego y la modernización de las existentes que busquen un uso eficaz y eficiente de los recursos hídricos y/o energéticos.

  24. Artículo 24. Concesiones de agua para el olivar

    Para determinar la preferencia en el otorgamiento de nuevas concesiones de agua destinadas a la puesta o modernización de regadíos del artículo 19, se tendrán en cuenta el ahorro de recursos hídricos y la reutilización de agua depurada, conforme a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

  25. Artículo 25. Eficiencia energética y energías renovables

    Se fomentarán el ahorro y la eficiencia energética en las explotaciones olivareras y en la industria de transformación. Se promoverán medidas para el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, la producción de energía a partir de la biomasa y la producción y uso de energías renovables, atendiendo en particular a la eficiencia de los ciclos de los recursos en las explotaciones.

  26. Artículo 26. Generación y fomento de la calidad del empleo en los territorios de olivar y en el sector oleícola

    Para impulsar la creación, la calidad y la sostenibilidad del empleo en las explotaciones y territorios de olivar y en todo el sector oleícola, la Junta de Andalucía desarrollará medidas de fomento de políticas activas que mejoren las condiciones del empleo, con especial atención a la formación de los trabajadores.

  27. Artículo 27. Investigación, desarrollo, innovación y formación

    La Junta, dentro de la política general de planes y programas de investigación de sus órganos y de los institutos y agencias públicas de investigación, fortalecerá líneas específicas de I+D+i, formación y transferencia para el olivar y sus productos. El Plan Director del Olivar contendrá esas líneas e implementará líneas preferentes sobre: calidad de los productos, reducción de costes, control de patologías, impacto ambiental de las industrias, biotecnología, beneficios para la salud del aceite y la aceituna de mesa y su papel en la dieta mediterránea, mecanización y multifuncionalidad.

  28. Artículo 28. Nuevas tecnologías

    La Junta de Andalucía promoverá la aplicación de nuevas tecnologías de producción y recolección en el cultivo del olivar, de transformación en el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa, y de aprovechamiento de los productos secundarios derivados del cultivo y de la industria transformadora.

  29. Artículo 29. Colaboración y coordinación

    Para impulsar las medidas de los artículos 27 y 28, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica, conforme a la Ley 1/2003 que lo creó, fomentará relaciones y coordinación en programas de investigación y transferencia de tecnología con entidades públicas y privadas y establecerá mecanismos de colaboración con el sector olivarero, de acuerdo con el programa sectorial de investigación y formación agroalimentaria y pesquera aprobado por el Instituto y vigente en cada momento.

  30. Artículo 30. Industrialización de los productos del olivar

    En sus programas de industrialización agroalimentaria y de fomento de las nuevas tecnologías, la Junta de Andalucía incluirá ayudas específicas para: la mejora tecnológica de almazaras e industria entamadora, también la que reduzca su repercusión ambiental; la diversificación productiva, la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental de estas industrias; y el aprovechamiento de los subproductos y la reducción y valorización de los residuos.

  31. Artículo 31. Calidad y autenticidad de los productos del olivar

    La Junta fomentará la certificación de calidad de las industrias olivareras y sus productos y las iniciativas que refuercen trazabilidad, garantías e información al consumidor, con las DOP e IGP como instrumento preferente. El etiquetado, además de las menciones preceptivas, informará de los sistemas de producción especial seguidos; podrá incluir otras informaciones (propiedades, recolección, extracción, origen, cosecha, variedades) con registro que asegure su exactitud. Se promoverán envases no rellenables o monodosis en hostelería y restauración.

  32. Artículo 32. Promoción y comercialización

    La Junta fomentará: la orientación al mercado, la concentración de la oferta, la mejora de la cadena de valor y de la información de los sistemas productivos, de transformación y comercialización; el consumo de aceite de oliva y aceituna de mesa como parte de la dieta mediterránea; su comercialización en el mercado nacional e internacional; la información a los consumidores sobre cultivo, sistemas productivos y propiedades; y la contratación y formación de personal técnico cualificado en las entidades asociativas agrarias, en especial en puestos gerenciales.

  33. Artículo 33. El Plan Director como instrumento de coordinación de las acciones colectivas

    La coordinación e integración de las acciones de todos los actores de los territorios de olivar, y en particular de quienes participan activamente en la cadena de valor del olivar y sus productos, se instrumentará a través del Plan Director del Olivar.

  34. Artículo 34. Acción colectiva

    La Junta de Andalucía fomentará la cooperación y asociación de los agentes del sistema productivo y comercial que forman la cadena de valor del aceite de oliva y la aceituna de mesa. También fomentará la integración de las cooperativas de primer grado en estructuras de mayor dimensión que mejoren su posición en los mercados y se unan para comercializar sus productos.

  35. Artículo 35. Cooperación en el sector productor

    En el sector productor, la Junta fomentará: la gestión en común de explotaciones de olivar para mejorar su rentabilidad, mediante la unión temporal y voluntaria de sus titulares; las asociaciones de productores y empresas de servicios que apoyen a los titulares con una gestión integral y sostenible; y las figuras asociativas con dimensión adecuada para gestionar colectivamente los productos secundarios del cultivo y de la industria, para nuevos usos que complementen la renta.

  36. Artículo 36. Cooperación en el sector transformador-comercializador

    En el ámbito de las industrias del olivar, la Junta fomentará: la asociación e integración de las industrias de pequeña dimensión para aumentar su rentabilidad y eficiencia productivas; las alianzas estratégicas entre operadores orientadas a las demandas futuras del mercado; y las figuras asociativas o empresas de servicios que gestionen de forma integral subproductos y residuos de las industrias olivareras, en especial las que aporten valor añadido mediante su aprovechamiento.

  37. Artículo 37. Cooperación empresarial

    La Junta de Andalucía apoyará la integración del sector olivarero mediante las distintas modalidades de entidades asociativas vigentes, de producción y de comercialización. Fomentará también las fusiones, integraciones y absorciones entre cooperativas de primer grado, la constitución de cooperativas de segundo y ulterior grado y todo tipo de empresas que favorezcan la concentración de la oferta.

  38. Artículo 38. La cadena de valor y la relación con los territorios

    La Junta de Andalucía favorecerá que agentes, operadores, asociaciones y organizaciones del sector adopten iniciativas para mejorar el funcionamiento de la cadena de valor y su relación con los territorios de olivar, y acuerdos y relaciones contractuales entre los sectores productor, transformador, comercializador y consumidor.

  39. Artículo 39. El olivar y el patrimonio natural e histórico

    En los términos de las Leyes 42/2007 y 14/2007, la Junta tendrá en cuenta la singularidad del olivar y sus productos como patrimonio natural y cultural para: proteger olivos y olivares singulares o excepcionales (edad, monumentalidad, producción excepcional, relevancia cultural o histórica); apoyar el patrimonio arqueológico, industrial y etnológico; informar y educar; impulsar planes culturales; divulgar la calidad y efectos saludables; e identificar paisajes olivareros relevantes con señalización. Se resaltarán el turismo y la artesanía.

Ley 10/2007, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía

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  1. Artículo 1. Objeto

    La Ley 10/2007 tiene cinco objetos: a) ordenar, en el marco de la normativa de la Unión Europea y del Estado, la protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía y sus indicaciones y designaciones; b) fomentar la calidad de los vinos andaluces, especialmente de los v.c.p.r.d.; c) regular la información y promoción que pueda hacer la Junta; d) regular los órganos de gestión y de control; e) establecer el régimen sancionador.

  2. Artículo 2. Definiciones

    Define trece conceptos; entre ellos, operadores (quienes intervienen profesionalmente en el sector vitivinícola, de la uva a la comercialización); organismos independientes de control (autorizados por la Consejería competente en agricultura y acreditados en la UNE-EN 45011; si contratan inspección, el organismo de inspección se acredita en la ISO 17020); parcela (tierra continua con un solo agricultor y un solo cultivo); y vino (fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca o de mosto). La Consejería elaborará, a petición y propuesta del sector, el catálogo de los vinos de Andalucía.

  3. Artículo 3. Información y promoción

    Fija siete objetivos en información y promoción del vino (incentivar los distintivos de calidad y origen, promocionar los vinos andaluces, fomentar la crianza respetuosa con el medio ambiente, entre otros). La Junta podrá financiar campañas del vino, los mostos de uva y los derivados del vino. Las campañas con fondos públicos autonómicos deben, entre otros criterios, recomendar el consumo moderado y responsable. Las asociaciones profesionales y empresariales podrán participar de las ayudas de promoción.

  4. Artículo 4. Aumento artificial de la graduación alcohólica

    La Consejería competente en agricultura podrá autorizar el aumento artificial de la graduación alcohólica natural de la uva, de los mostos y del vino nuevo aún en fermentación cuando concurran condiciones meteorológicas desfavorables, conforme al artículo 10.2 de la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino. En el marco de la normativa comunitaria, se prohíbe añadir sacarosa y otros azúcares no procedentes de uva de vinificación para aumentar la graduación natural de mostos y vinos.

  5. Artículo 5. Principios generales

    El sistema de protección del origen y la calidad se basa en cinco principios: asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos; dar a los operadores condiciones de competencia leal; garantizar la veracidad y demostrabilidad de la información del etiquetado; permitir la progresión de los vinos por niveles con requisitos crecientes, de modo que cada nivel exija más que el inmediatamente inferior; y contar con un sistema de control.

  6. Artículo 6. Niveles del sistema

    Los vinos elaborados en Andalucía pueden acogerse a estos niveles: a) vinos de mesa (vinos de mesa, y vinos de mesa con derecho a la mención «vino de la tierra»); b) v.c.p.r.d., con cuatro niveles: vinos de calidad con indicación geográfica, con denominación de origen, con denominación de origen calificada y vinos de pagos. Son niveles de protección del origen el «vino de la tierra» y los cuatro v.c.p.r.d. Los operadores eligen el nivel, siempre que sus vinos cumplan los requisitos de ese nivel.

  7. Artículo 7. Normativa específica para cada nivel

    Cada nivel de protección tendrá una regulación general. Para proteger el nombre geográfico de un «vino de la tierra» o de un v.c.p.r.d. hace falta una normativa específica con un pliego de condiciones de, al menos, siete elementos: productos, zona, variedades de vid, técnica de cultivo y rendimientos máximos, elaboración y envejecimiento, características fisicoquímicas y organolépticas, y mínimos de control. Las características deben diferenciar la calidad obligatoria y los parámetros deben ser verificables.

  8. Artículo 8. Caracterización de cada nivel de protección

    Las zonas de producción, elaboración y envejecimiento de cada nivel de protección deben estar claramente delimitadas con criterios geográficos y, en su caso, antrópicos. Cada nivel debe tener variedades de vid asignadas y, en su caso, rendimientos máximos. Además, deben definirse las características de los vinos amparados por cada nivel.

  9. Artículo 9. Superposición de niveles

    Una misma parcela puede dar uva para vinos de uno o de varios niveles de protección si la uva y el vino cumplen los requisitos de cada nivel elegido, incluidos los rendimientos máximos por hectárea. Si una parcela excede en un diez por ciento los rendimientos máximos de un nivel, toda su producción debe destinarse a vino de otro nivel cuyos rendimientos máximos permitidos sean superiores a la producción de esa parcela.

  10. Artículo 10. Titularidad, uso y gestión de los bienes protegidos

    Los nombres geográficos protegidos, en especial las denominaciones de origen, son bienes de dominio público: no pueden apropiarse individualmente, venderse, enajenarse ni gravarse. Su titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprendan exclusivamente territorio andaluz. Su uso y gestión se rigen por esta ley, la Ley 24/2003 y normas concordantes. No puede negarse su uso a quien lo solicite y cumpla los requisitos del nivel, salvo sanción de pérdida temporal o definitiva del uso u otra causa legal estatal o autonómica.

  11. Artículo 11. Protección

    Los nombres geográficos de cada nivel no pueden designar otros productos vitivinícolas, salvo lo amparado por la normativa comunitaria. La protección abarca desde la producción a todas las fases de comercialización. No pueden usarse en vinos que no cumplan el nivel aunque se traduzcan o lleven «tipo», «estilo» o «imitación», ni aunque indiquen el verdadero origen. Las marcas que aludan a nombres protegidos solo valen para vinos con derecho a ellos; usar en otros vinos las de vinos protegidos requiere autorización del titular de la consejería competente en materia agraria y pesquera.

  12. Artículo 12. Vinos de mesa con derecho a la mención «vino de la tierra»

    El vino de mesa puede usar la mención «vino de la tierra» con una indicación geográfica si: su territorio se ha delimitado según condiciones ambientales y de cultivo; se expresan indicación y área geográfica, variedades, tipos de vino, grado alcohólico volumétrico natural mínimo y características organolépticas; se obtiene íntegramente de las variedades del pliego; y procede al menos en un 85 % del territorio cuyo nombre lleva. Sus operadores se someten a un sistema de control y comunican sus datos a la Consejería.

  13. Artículo 13. Vinos de calidad producidos en regiones determinadas

    Los v.c.p.r.d. andaluces pertenecen a uno de los niveles de la letra b) del artículo 6.1. Sus nombres son necesariamente geográficos, salvo excepcionales denominaciones tradicionales no geográficas. La Consejería competente en agricultura los reconoce; la comunicación a la Unión Europea corresponde en todo caso a la Administración General del Estado. La Consejería fijará cuándo suspender o revocar un v.c.p.r.d. ante incumplimientos graves, reiterados y generalizados. Los operadores inscriben viñedos y bodegas en el órgano de gestión y se someten a control.

  14. Artículo 14. Vinos de calidad con indicación geográfica

    Vino de calidad con indicación geográfica es el producido y elaborado en una zona, comarca, localidad o lugar determinado con uvas de allí, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en la producción de la uva, la elaboración o el envejecimiento. Se identifica con la mención «vino de calidad de» seguida del nombre del lugar. Cuenta con un órgano de gestión y se somete a un sistema de control.

  15. Artículo 15. Vinos con denominación de origen

    Denominación de origen es el nombre de un lugar reconocido administrativamente para vinos elaborados allí con uvas de allí, de elevado prestigio comercial, cuya calidad se deba fundamental o exclusivamente al medio geográfico y a factores naturales y humanos, y con un sistema de control cuantitativo y cualitativo. Exige haber sido reconocido antes como vino de calidad con indicación geográfica con al menos cinco años de antelación. Solo incluye terrenos de especial aptitud para la vid y lo gestiona un Consejo Regulador.

  16. Artículo 16. Vinos con denominación de origen calificada

    La denominación de origen calificada exige, además de lo propio de la denominación de origen: que hayan pasado al menos diez años desde su reconocimiento como denominación de origen; comercializar solo embotellado desde bodegas inscritas en la zona; un sistema de control con control físico-químico y organoléptico por lotes; bodegas inscritas independientes y separadas al menos por una vía pública de las no inscritas, a las que solo entre uva, mosto o vino inscritos; y delimitación cartográfica, por término municipal, de los terrenos aptos. La gestiona un Consejo Regulador.

  17. Artículo 17. Vinos de pagos

    Pago es el paraje rural con suelo y microclima propios y nombre vinculado de forma tradicional y notoria al viñedo; su extensión no puede igualar ni superar la de ninguno de sus términos municipales. Hay vinculación notoria si el nombre se usa en el mercado al menos cinco años. Lo elaboran y embotellan los titulares de los viñedos o, excepcionalmente, bodegas próximas situadas en sus términos o en los colindantes. Toda la uva debe proceder del pago, el vino se elabora por separado y, si está dentro de una DO o DOCa, lo gestiona el órgano de esta.

  18. Artículo 18. Órganos de gestión

    Cada vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, DO calificada y, en su caso, vino de pago lo gestiona un órgano de gestión donde están representados, promoviendo la presencia de la mujer, los titulares de viñedos y bodegas inscritos. Puede ser de naturaleza pública o privada, pero siempre con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Se rige por esta ley, la Ley 24/2003, sus normas de desarrollo, la norma específica de cada v.c.p.r.d. y sus reglamentos de régimen interior o estatutos.

  19. Artículo 19. Gestión de dos o más vinos

    Un mismo órgano de gestión puede gestionar dos o más vinos de calidad con indicación geográfica, denominaciones de origen, denominaciones de origen calificadas y vinos de pago. La condición es que ese órgano cumpla los requisitos exigidos con carácter general para los órganos del nivel máximo de protección que gestione.

  20. Artículo 20. Estructura y funcionamiento

    La estructura y funcionamiento de los órganos de gestión se desarrollarán por reglamento, con dos principios básicos: sin ánimo de lucro y representatividad de los intereses del v.c.p.r.d., con atención a los minoritarios y paridad entre intereses. El reglamento podrá fijar mayorías cualificadas. El órgano de gestión establecerá cuotas de pertenencia y derechos por servicios en las condiciones que fije la Consejería. Si no se pagan, las de los Consejos Reguladores podrán exigirse por la vía de apremio.

  21. Artículo 21. Fines y funciones de los órganos de gestión

    Fines: representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción. Funciones mínimas, entre otras: proponer el reglamento con el pliego, promocionar, velar por el prestigio y denunciar incumplimientos, fijar por campaña rendimientos y límites, calificar añadas, llevar registros, gestionar cuotas, y expedir certificados de origen o retirar la certificación, estas dos previo informe vinculante del órgano u organismo de control. Lo decidido en las letras d), f) y h) es impugnable ante la Consejería.

  22. Artículo 22. Autorización

    Los órganos de gestión deben ser autorizados por la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura antes de iniciar su actividad; el procedimiento se fijará reglamentariamente. Deben comunicar a la Consejería su composición, sus modificaciones y el nombramiento o cese de la persona titular de la Secretaría. La Consejería vela por el cumplimiento de la ley en su funcionamiento.

  23. Artículo 23. Órganos de gestión de los vinos de calidad con indicación geográfica y de los vinos de pago

    En los vinos de calidad con indicación geográfica y en los vinos de pago, el órgano de gestión es de naturaleza privada y adopta la forma jurídica que decidan los operadores, siempre que cumpla los requisitos generales de los órganos de gestión. Excepción: si el vino de pago pasa a formar parte de una denominación de origen o denominación de origen calificada, lo gestiona el mismo órgano de gestión de esa denominación.

  24. Artículo 24. Órganos de gestión de los vinos con denominación de origen y vinos con denominación de origen calificada

    En los vinos con denominación de origen y con denominación de origen calificada, los órganos de gestión son corporaciones de derecho público a las que se atribuye la gestión del vino. Con carácter general se rigen por el derecho privado, salvo cuando ejercen potestades públicas, en cuyo caso se sujetan al derecho público-administrativo. El término «Consejo Regulador» queda reservado a los órganos de gestión de estas denominaciones.

  25. Artículo 25. Configuración de los Consejos Reguladores

    Los órganos del Consejo Regulador son el Pleno y la Presidencia, más los que fije el reglamento, y cuenta con una Secretaría General. El Pleno lo forman vocalías elegidas por sufragio entre los inscritos, con paridad entre elaboradores y productores y voto de igual valor. La Presidencia tiene voto de calidad, representa legalmente al Consejo y preside habitualmente sus órganos. La Consejería designa una persona representante, funcionaria, con voz pero sin voto, que le informa de los temas tratados.

  26. Artículo 26. Sistema de control

    La norma específica de cada vino establece su sistema de control, que siempre ha de estar separado de la gestión. Además, la Consejería competente en agricultura puede hacer en todo caso los controles complementarios que considere convenientes, tanto a los operadores como a los órganos de control u organismos independientes de control. La denegación del uso del nombre geográfico o su suspensión temporal no tienen la consideración de sanción.

  27. Artículo 27. Control de los vinos de mesa con derecho a la mención «vinos de la tierra»

    El control de los vinos de mesa con derecho a la mención «vinos de la tierra» lo llevan a cabo organismos independientes de control, tal como los define el artículo 2 de la ley. Es decir, el control de este nivel se encomienda a ese tipo de organismo, y no a un órgano de control propio del vino.

  28. Artículo 28. Control de las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas

    En DO y DOCa, la verificación del pliego antes de comercializar debe garantizar imparcialidad, objetividad y competencia técnica, y puede hacerla: un órgano de control propio acreditado en la ISO/IEC 17065; un organismo independiente de control; un órgano creado por varios consejos reguladores; o el de otro consejo regulador. Elegida una opción, todos los operadores se acogen a ella, aunque con superposición de niveles la Consejería puede compatibilizarlas. Sus órganos de control pueden controlar otros niveles si los autoriza la Consejería.

  29. Artículo 29. Control de los restantes vinos de calidad producidos en región determinada (v.c.p.r.d.)

    En los vinos de calidad con indicación geográfica, el control lo efectúa un organismo independiente de control. En los vinos de pagos y vinos de pagos calificados, también un organismo independiente de control; pero si el vino de pago pasa a formar parte de una denominación de origen o denominación de origen calificada, se somete al sistema de control de los vinos de la denominación en la que esté ubicado.

  30. Artículo 30. Elección del organismo independiente de control

    En las denominaciones que hayan optado por el sistema de control del apartado 1 c) del artículo 28, la elección del organismo independiente de control o de inspección corresponde al operador u operadora que deba ser controlado. El organismo elegido debe comunicarlo a la consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su caso, al consejo regulador.

  31. Artículo 31. Autorización de los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes de inspección en su caso

    El procedimiento de autorización de los órganos de control, organismos independientes de control y, en su caso, organismos independientes de inspección se establecerá reglamentariamente. Si a alguno de ellos se le retira la autorización, debe trasladar a las nuevas entidades a las que se acojan los operadores, cuando estos lo comuniquen, toda la información necesaria sobre los controles realizados a cada uno.

  32. Artículo 32. Inscripción de los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes de inspección

    Una vez autorizados, los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes de inspección se inscriben de oficio en el Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros de Andalucía. Los autorizados por otras Comunidades Autónomas que quieran operar en Andalucía deben solicitar su inscripción en ese registro.

  33. Artículo 33. Control subsidiario de la Administración

    Si el órgano u organismo de control o de inspección no puede actuar, la Consejería competente en agricultura puede designar provisionalmente otro organismo autorizado o, en su defecto, hacer ella el control subsidiariamente. Los gastos del control los pagan en todo caso los operadores. Si controla la Consejería, actúa según los Reales Decretos 50/1993 y 1397/1995 o normas que los sustituyan. Los laboratorios agroalimentarios de la Junta validarán, excepcional y subsidiariamente, los procedimientos técnicos que no puedan hacer los laboratorios de control.

  34. Artículo 34. Evaluación de la Administración

    La evaluación busca asegurar que los productos certificados lo estén por organismos técnicamente competentes. La Consejería competente en agricultura sigue, verifica y evalúa la sistemática de calidad de esos organismos (normas EN 45011 o ISO 17020) mediante un programa de auditorías que comprueba la adecuación del sistema de calidad, su implantación y la competencia técnica. Son organismos de evaluación de la conformidad los órganos de control de DO y DOCa, los organismos independientes de control y de inspección y los laboratorios de control.

  35. Artículo 35. Solicitudes

    Las personas viticultoras y elaboradoras de vinos, sus agrupaciones o asociaciones, que quieran el reconocimiento de un nivel de protección del origen (los del apartado 2 del artículo 6) deben solicitarlo ante la Consejería competente en materia de agricultura. Han de acreditar su vinculación profesional, económica y territorial con los vinos, por ser viticultoras o elaboradoras que ejercen su actividad en el área geográfica afectada.

  36. Artículo 36. Documentación aneja a la solicitud

    La solicitud se acompaña de un estudio con, al menos: sobre el nombre, la justificación de su precisión y relación con la zona, y la certificación del Registro Mercantil Central y de la Oficina Española de Patentes y Marcas de que no hay derechos previos; sobre los vinos, la zona, las variedades y técnicas de cultivo, las características, la elaboración y, para los v.c.p.r.d., la presentación, comercialización y notoriedad. También debe proponerse un órgano de gestión para su autorización por el titular de la Consejería.

  37. Artículo 37. Tramitación

    Verificada la solicitud y asegurada la audiencia de los operadores afectados, la persona titular de la Consejería competente en agricultura reconoce el nivel de protección y, en su caso, el órgano de gestión. Plazo máximo para resolver y notificar: un año desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente; sin notificación, puede entenderse desestimada. La resolución fija al menos zona, variedades, tipos de vinos, sistemas de cultivo, elaboración y crianza y coeficientes máximos de producción y transformación.

  38. Artículo 38. Reconocimiento

    El reconocimiento queda condicionado a que los solicitantes presenten, en un máximo de seis meses desde la notificación de la resolución, una propuesta de reglamento del vino con el pliego de condiciones, para su aprobación por la Consejería. Si no la presentan en plazo, cualquier otro operador interesado puede iniciar de nuevo el procedimiento. A los cinco años del reconocimiento, la Consejería comprobará que la gestión y el control cumplen satisfactoriamente la normativa; si no es así, declarará la extinción del reconocimiento tras el procedimiento oportuno.

  39. Artículo 39. Obligaciones de las personas interesadas

    Personas físicas o jurídicas, asociaciones y entidades deben cumplir esta ley y la normativa vitivinícola concordante, y conservar al menos cuatro años, en condiciones que permitan comprobarla, la documentación de las obligaciones del apartado 2. A requerimiento de los órganos competentes o de la inspección deben: suministrar información sobre instalaciones, productos, servicios o sistemas de producción; exhibir la documentación de sus transacciones; facilitar copias; permitir tomas de muestras, controles o ensayos; y consentir las visitas de inspección dando toda clase de facilidades.

  40. Artículo 40. Inspección

    Los inspectores de la Consejería competente en agricultura son agentes de la autoridad en el control vitivinícola y pueden pedir apoyo a cualquier autoridad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los inspectores o veedores de los órganos u organismos de control tienen la consideración de inspectores públicos, salvo las atribuciones de agente de la autoridad. Todos pueden acceder directamente a viñedos, locales y documentación de las empresas, con carácter confidencial. Los inspectores deben guardar estricto secreto profesional.

  41. Artículo 41. Medidas cautelares

    La inspección puede adoptar medidas cautelares proporcionadas, con acta motivada y durante el tiempo estrictamente necesario: inmovilización, paralización de vehículos, retirada del mercado, suspensiones y, para operadores acogidos a un nivel, suspensión del uso de la denominación. El órgano competente para incoar las confirma, modifica o levanta en no más de 15 días; quedan sin efecto si el acuerdo de iniciación no se pronuncia sobre ellas. Cabe suspender órganos de control y, hasta seis meses, órganos de gestión, con comisión gestora.

  42. Artículo 42. Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar

    Si se confirma la inmovilización cautelar, el acuerdo de inicio da al responsable o titular 15 días para optar entre: regularizar los productos con prácticas autorizadas; regularizar su designación o etiquetado; destinarlos a usos no alimentarios; reenviarlos al origen previa fianza; o destruirlos o mantenerlos en depósito. Los gastos son a su cargo. Antes de la confirmación puede pedir al órgano las opciones disponibles. Si no opta, el acuerdo de incoación decide subsidiariamente el destino.

  43. Artículo 43. Régimen sancionador

    Los incumplimientos de esta ley y demás disposiciones vigentes en la materia son infracciones administrativas, sancionadas conforme a la normativa en vigor. La titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en esta ley corresponde a la Consejería competente en materia de agricultura. Las infracciones son las acciones u omisiones tipificadas en la ley y se clasifican en leves, graves y muy graves.

  44. Artículo 44. Infracciones leves

    Son leves, entre otras: no presentar sin causa los libros-registro o documentos requeridos por la inspección; inexactitudes de hasta el quince por ciento de la cantidad real; no actualizar los libros si no ha pasado más de un mes desde el primer asiento no reflejado; declarar fuera de plazo; aplicar mal prácticas autorizadas sin riesgo para la salud; e incumplimientos meramente formales. Para operadores acogidos a un nivel, también inexactitudes en sus registros que no superen el cinco por ciento, entre otras.

  45. Artículo 45. Infracciones graves

    Son graves, entre otras: inexactitudes superiores al quince por ciento; no actualizar los libros pasado más de un mes; datos falsos en solicitudes de ayudas; prácticas no autorizadas sin riesgo para la salud; obstaculizar la inspección; y trasladar sin autorización mercancías intervenidas sin violar precintos ni sacarlas de las instalaciones. Para operadores acogidos a un nivel, entre otras, impagar cuotas o descuadrar existencias en bodega más allá del dos por ciento (uno por ciento en DO calificadas). Tipifica también las de órganos de control y de gestión.

  46. Artículo 46. Infracciones muy graves

    Son muy graves, entre otras: prácticas no autorizadas con riesgo para la salud; falsificar productos si no es delito; negarse a la inspección; manipular o trasladar mercancías intervenidas violando precintos o sacándolas de las instalaciones; presionar a los inspectores; y reincidir en infracción grave (más de una de la misma naturaleza en tres años, declarada por resolución firme). En los v.c.p.r.d., usar indebidamente nombres o menciones protegidas, aunque lleven «tipo» o «imitación». Tipifica también las de órganos de control y Consejos Reguladores.

  47. Artículo 47. Responsabilidad por las infracciones

    En productos envasados responden las firmas de la etiqueta y, solidariamente, el elaborador, fabricante o envasador no identificado que conocía la infracción y consintió; con etiquetas falsas, quien comercializa a sabiendas. En granel o sin etiqueta responde el tenedor, salvo que se identifique a uno anterior. De las infracciones de personas jurídicas responden subsidiariamente sus administradores o titulares, y el personal técnico por lo ligado a su actividad. La responsabilidad administrativa es independiente de la civil o penal, sin doble sanción.

  48. Artículo 48. Sanciones

    Leves: apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros. Graves: de 3.001 a 50.000 euros, ampliable al cinco por ciento de las ventas del producto. Muy graves: de 50.001 a 800.000 euros, ampliable al diez por ciento; si las cometen órganos de gestión o de control, cabe retirar la autorización. Accesorias: pérdida del uso del nombre hasta tres años (graves) o hasta cinco o definitiva (muy graves) y, en graves o muy graves, decomiso, clausura hasta cinco años, suspensión de órganos de control hasta diez años o inhabilitación.

  49. Artículo 49. Medidas complementarias

    La autoridad que resuelva acordará el destino de lo intervenido cautelarmente, que debe destruirse si su uso o consumo supone peligro para la salud pública. Los gastos del destino alternativo, la destrucción o el decomiso son del infractor, incluida la indemnización al propietario no infractor. Si el infractor no cumple, o cumple de forma incompleta, una sanción accesoria, caben multas coercitivas cada tres meses, de no más de 3.000 euros cada una, compatibles con las multas sancionadoras.

  50. Artículo 50. Graduación de las sanciones

    Para graduar la sanción se valoran: intencionalidad o negligencia; reiteración (varias infracciones en el mismo procedimiento); perjuicios a la salud o intereses de los consumidores, precios, consumo o prestigio del v.c.p.r.d.; reincidencia (más de una de la misma naturaleza en tres años, con resolución firme); volumen de ventas y posición de la empresa; reconocimiento y subsanación previos; y superficie o valor afectados. Puede minorarse motivadamente, y nunca será inferior al beneficio ilícito determinado.

  51. Artículo 51. Prescripción de las infracciones y sanciones

    Las infracciones prescriben así: las muy graves, a los seis años; las graves, a los cuatro años; y las leves, a los dos años. Las sanciones siguen la misma escala: las impuestas por infracciones muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por infracciones graves a los cuatro años y las impuestas por infracciones leves a los dos años.

  52. Artículo 52. Inicio e instrucción del procedimiento sancionador

    El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, conforme a la Ley 30/1992. La Consejería competente en agricultura incoa e instruye el expediente tanto si el infractor está inscrito en algún registro de operadores de los niveles de protección como si no lo está y se ubica en Andalucía. Si las infracciones se cometen fuera de Andalucía, la Consejería las comunicará a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se hayan cometido.

  53. Artículo 53. Resolución de procedimientos sancionadores

    Resuelven los procedimientos sancionadores de esta ley: la persona titular de la Delegación provincial competente en agricultura, las infracciones leves; la persona titular de la Dirección General competente en calidad agroalimentaria, las graves; y la persona titular de la Consejería competente en agricultura, las muy graves. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa es de diez meses.

Decreto 145/2018, por el que se regula la comercialización en origen de los productos pesqueros en Andalucía

En este tema: arts. 1–31. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

    El decreto regula en Andalucía la comercialización en origen de los productos pesqueros profesionales de origen marino: pesca extractiva, marisqueo, acuicultura y algas y argazos o arribazones. Abarca todas o alguna de estas actividades: desembarco o introducción en Andalucía sin primera venta, transporte hasta el mercado de origen, primera puesta en el mercado y venta, y expedición a destino. Son mercados en origen las lonjas, los centros de expedición asociados a lonja y los establecimientos autorizados. Excluye las capturas de buques de países extracomunitarios.

  2. Artículo 2. Definiciones

    Además de las definiciones del Real Decreto 418/2015, el decreto define: persona productora (titular de la licencia para la actividad extractiva, en cinco supuestos); centro de expedición asociado a lonja (dentro del recinto portuario, vinculado a la lonja del mismo puerto, para primera venta de moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos); establecimiento autorizado; centro de producción (cultivo de especies marinas) y persona titular, autorizada por la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina.

  3. Artículo 3. Lugares para el desembarque de los productos pesqueros

    El desembarque de la pesca extractiva y del marisqueo desde embarcación debe hacerse en puertos con lonja, donde se pesa el producto y se cumplimentan, emiten y transmiten electrónicamente los documentos de la comercialización en origen. En puertos o instalaciones marítimas sin lonja solo cabe desembarcar con autorización conforme al artículo 63.1 de la Ley 1/2002; en ese caso el pesaje corresponde a quienes realicen el desembarque.

  4. Artículo 4. Lugares autorizados para efectuar primera venta

    Lugares de primera venta: pesca extractiva marítima viva, fresca y refrigerada, solo en lonjas; marisqueo desde embarcación, en lonjas o centros de expedición asociados a lonja; marisqueo a pie o en inmersión, en lonja, centro de expedición asociado o establecimiento autorizado; almadraba y productos congelados o estabilizados (art. 30.d del Reglamento UE 1379/2013), en lonja o establecimiento autorizado; acuicultura y algas y argazos o arribazones, en lonja, centros de producción, centro de expedición asociado o establecimiento autorizado.

  5. Artículo 5. Requisitos de las lonjas, centros de expedición asociados a lonja, establecimientos autorizados para la primera venta y centros de producción

    Las lonjas, los centros de expedición asociados a lonja, los establecimientos autorizados y los centros de producción deben cumplir dos requisitos: disponer de equipos informáticos suficientes y adecuados para obtener y transmitir electrónicamente la información del decreto, tanto a la Administración competente como a los operadores; y disponer de sistemas de pesaje verificados y aprobados por la Administración competente para pesar los productos que deban cumplimentar nota de venta conforme al artículo 11.

  6. Artículo 6. Obligaciones de las personas titulares de lonjas, centros de expedición asociados a lonja, establecimientos autorizados y centros de producción

    Los titulares de lonjas, centros de expedición asociados, establecimientos autorizados y centros de producción deben: garantizar la legislación pesquera (tallas, vedas, cierres, cuotas, especies prohibidas); pesar al desembarque o descarga lo que lleve nota de venta; identificar el establecimiento con rótulo visible; publicar horarios y comunicarlos a la Dirección General competente; emitir y transmitir los documentos del capítulo IV; entregar al comprador, tras la primera venta, albarán o factura y la trazabilidad; identificar los productos y facilitar la inspección.

  7. Artículo 7. Titularidad de las lonjas y centros de expedición asociados a lonja

    Las lonjas y los centros de expedición asociados a lonja los gestionan las organizaciones representativas del sector pesquero extractivo o, en su defecto, otras entidades públicas o privadas. La Autoridad Portuaria competente otorga el título habilitante para ocuparlos conforme a la legislación aplicable. Si la Autoridad Portuaria opta por la gestión y explotación directa, debe cumplir las obligaciones que el decreto impone a las personas titulares para el control de la comercialización en origen.

  8. Artículo 8. Registro de compradores

    Los titulares de lonjas y centros de expedición asociados llevan un registro propio y actualizado de compradores: personas físicas o jurídicas con los requisitos legales y, si no pagan al contado, con avales o fianzas. Contiene como mínimo nombre o denominación, NIF/CIF, domicilio, teléfono, correo electrónico y persona de contacto. La baja es a solicitud del comprador o por el titular si deja de cumplir los requisitos. En la primera quincena del año se remite la relación a la Dirección General competente, y durante el año, altas y bajas.

  9. Artículo 9. Modalidades de transacción en la primera venta en lonja y centros de expedición asociados a lonja

    La primera venta en lonja o centro de expedición asociado se hace por cualquier método admitido en Derecho, incluida la subasta o el contrato, y los productos pasan obligatoriamente por allí para pesaje y control. Los contratos son escritos y recogen como mínimo partes, especie, precio y duración o plazo (salvo ejecución instantánea). El titular los registra, lo indica en la nota de venta y los comunica a la Dirección General competente y a la Autoridad Portuaria en quince días desde su formalización. Caben subastas electrónicas, presenciales o no.

  10. Artículo 10. Segundas ventas

    Dentro de los recintos de las lonjas y de los centros de expedición asociados a lonja, y respecto de los productos pesqueros que deban llevar nota de venta, se prohíben las segundas subastas o ventas de lotes ya adjudicados o vendidos. No se consideran segundas ventas las que resulten de una transacción previa fallida.

  11. Artículo 11. Nota de venta

    Hay nota de venta en la primera venta de: a) pesca extractiva marítima y marisqueo vivos, frescos o refrigerados; b) pesca extractiva marítima congelada, ultracongelada, transformada o estabilizada a bordo o en tierra según el artículo 30.d) del Reglamento (UE) 1379/2013. No es necesaria en la acuicultura ni en las algas y argazos o arribazones. Responden de cumplimentarla, emitirla y transmitirla electrónicamente los titulares de lonjas, centros de expedición asociados y establecimientos autorizados; su formato lo fija la Dirección General competente.

  12. Artículo 12. Declaración de recogida

    Si productos con nota de venta se almacenan en vivo o estabilizados para venta ulterior, la lonja, centro de expedición o establecimiento autorizado emite una declaración de recogida y la entrega a la persona productora. No hace falta si se venden en la venta programada inmediatamente posterior y consta la propiedad de los lotes. Si se almacenan fuera del recinto portuario, se identifica el vehículo; la declaración vale para volver a la lonja emisora, y para vender en otro sitio hace falta documento de transporte. La nota de venta citará la declaración.

  13. Artículo 13. Documento de transporte

    Los productos con nota de venta que se lleven a vender a un lugar distinto del puerto de desembarque van con documento de transporte, salvo traslados dentro de una zona portuaria con propiedad acreditada. Lo cumplimenta y entrega al transportista el titular de la lonja de desembarque; pero lo hace el transportista, o el productor que se lo entrega, si se desembarca sin lonja, fuera de horario con traslado, en almadraba o en marisqueo a pie o en inmersión. El transportista responde de que coincida con la carga; sin él no hay venta.

  14. Artículo 14. Documento de trazabilidad para la primera venta de productos de la acuicultura producción de algas y recogida de argazos o arribazones

    En la primera venta de productos de la acuicultura o de algas y argazos o arribazones, la persona titular de la lonja, del centro de expedición asociado, del establecimiento autorizado o del centro de producción cumplimenta un documento de trazabilidad. Debe transmitirlo de forma electrónica al siguiente operador y tenerlo a disposición de las Administraciones Públicas. La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina determina su formato y contenido.

  15. Artículo 15. Resumen mensual de primeras ventas de productos de la acuicultura, algas y argazos o arribazones

    La persona titular de la lonja, del centro de expedición asociado, del establecimiento autorizado o del centro de producción remite, cuando proceda, un resumen mensual de las ventas de productos de la acuicultura y de algas y argazos o arribazones. Se transmite electrónicamente a la Dirección General competente en la primera quincena del mes siguiente, con: identificación del establecimiento; denominación comercial, nombre científico y código Alfa-3 FAO de cada especie; cantidades en kilogramos netos; y precio medio por kilogramo en euros sin impuestos.

  16. Artículo 16. Datos de producción de almadrabas

    Las personas titulares de la autorización para pescar con almadraba remiten a la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina, en la primera quincena del mes siguiente al que finalice la campaña y conforme al artículo 17, su producción desglosada por especies, con el volumen en kilogramos destinado a: primera venta en lonja, primera venta en establecimientos autorizados, piscinas de engorde de atún y exportación directa desde el pesquero de almadraba.

  17. Artículo 17. Sistema de Información para la cumplimentación, emisión y transmisión electrónica de los documentos vinculados a la comercialización en origen

    La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina establece un Sistema de Información para cumplimentar, emitir y transmitir electrónicamente notas de venta, declaraciones de recogida, documentos de transporte, de registro y de trazabilidad, resúmenes mensuales y datos de almadrabas. Lonjas y centros de expedición lo usan también para compradores y contratos. Está disponible, entre otros medios, en el portal web de la Junta; los documentos quedan a disposición de la Autoridad Portuaria. Remitir mal, tarde o no remitir puede dar lugar a sanción.

  18. Artículo 18. Información de trazabilidad

    Los productos expedidos en primera venta van acompañados de la información de trazabilidad del artículo 58.5 del Reglamento (CE) 1224/2009, disponible en todas las fases desde la captura, recolección o cosecha hasta la venta al por menor. Se transmite mediante un medio de identificación (código, código de barras, circuito integrado o sistema de marcado similar), legible y que permita acceder siempre a la información completa. Se fija al envase o envases del lote; si la especie no se comercializa envasada por su tamaño, se fija al producto.

  19. Artículo 19. Etiquetas expedidas en las lonjas andaluzas

    Sin perjuicio de las normas de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios aplicables a los productos pesqueros, las etiquetas que expidan las lonjas y los centros de expedición asociados a lonja pueden incluir, cuando proceda, la denominación de los caladeros andaluces que enumera el artículo, como el «Golfo de Cádiz» o el Estrecho de Gibraltar.

  20. Artículo 20. Documentos de transporte de los productos pesqueros

    Antes de la primera venta, el transporte de productos que deban llevar nota de venta va acompañado del documento de transporte o de la declaración de recogida; para la acuicultura y las algas y argazos o arribazones se aplica el artículo 8.4 del Real Decreto 418/2015. Después de la primera venta, el transporte va acompañado de factura, albarán o documento que acredite la transacción, con al menos la información del artículo 11.1.b) de ese real decreto. El transportista debe disponer de los documentos que correspondan, en papel o en formato electrónico.

  21. Artículo 21. Expedición y documento de registro

    Conforme al Reglamento (CE) 853/2004, los moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos que deban trasladarse desde la zona de producción hasta un centro de expedición o de transformación antes de su venta al por menor irán acompañados del documento de registro, que debe cumplimentar la persona productora.

  22. Artículo 22. Traslado de los productos a centros de expedición, transformación o depuración

    Si los moluscos y demás productos vivos llegan a una lonja para su primera venta sin pasar antes por un centro de expedición, el comprador debe remitir los lotes a un centro de expedición, de transformación o de depuración, y responde de ese traslado. Si la depuración de bivalvos es obligatoria, se hace antes de llevarlos al centro de expedición. La lonja emite y transmite un nuevo documento de registro con la información del inicial y las cantidades actualizadas tras la venta, y lo entrega al comprador. La obligación de traslado consta en la documentación y en las etiquetas.

  23. Artículo 23. Productos procedentes de un centro de expedición

    Cuando moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos procedan de un centro de expedición conforme al Reglamento (CE) 853/2004 y se presenten a primera venta en lonja, deben llegar convenientemente envasados y etiquetados por el centro de expedición de procedencia y acompañados de la información del documento de registro. En ese caso no se puede alterar el contenido de los envases y debe mantenerse la etiqueta del centro de expedición.

  24. Artículo 24. Productos procedentes del marisqueo a pie o en inmersión

    Si moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos del marisqueo a pie o en inmersión se trasladan desde la zona de producción hasta una lonja, un centro de expedición asociado o un establecimiento autorizado, el documento de transporte incluirá además las indicaciones del documento de registro del Reglamento (CE) 853/2004, conforme al artículo 13.4. Este documento de transporte y registro se cumplimenta y transmite por medios electrónicos según el artículo 17.

  25. Artículo 25. Productos procedentes de la acuicultura

    Para los moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos procedentes de la acuicultura que deban cumplir el Reglamento (CE) 853/2004, la primera venta puede producirse antes o después de la expedición o transformación, o de la depuración en su caso. No hay, por tanto, un orden fijo entre la primera venta y esos procesos.

  26. Artículo 26. Autorización a lonjas, centros de expedición asociados a lonja y establecimientos autorizados

    Conforme al artículo 64 de la Ley 1/2002 y al artículo 2.2.d) del Real Decreto 418/2015, las lonjas, los centros de expedición asociados a lonja y otros establecimientos que vayan a realizar la primera venta de productos pesqueros deben disponer de una autorización otorgada por la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina.

  27. Artículo 27. Solicitud y documentación

    La solicitud sigue el modelo del anexo y se presenta preferentemente en el registro de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente de la provincia del establecimiento, sin perjuicio de los registros del artículo 16.4 de la Ley 39/2015 y del artículo 82 de la Ley 9/2007. Se aporta: NIF y representación; personalidad jurídica, en su caso; titularidad del inmueble (en recinto portuario basta declaración responsable de tener la concesión o autorización portuaria); declaración de equipos y pesaje; y declaración de inscripción en el Registro General Sanitario.

  28. Artículo 28. Instrucción y propuesta de resolución

    La Delegación Territorial o Provincial examina la documentación y comprueba, cuando proceda, el título de ocupación y explotación del inmueble portuario otorgado por la Autoridad Portuaria, el título para cultivos marinos y la inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios. Si hay defectos, requiere la subsanación en 10 días, advirtiendo de que, si no se hace, se tendrá por desistida a la persona interesada, previa resolución. Después eleva la propuesta de resolución a la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina.

  29. Artículo 29. Resolución y vigencia de la autorización

    La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina resuelve la autorización en un plazo máximo de seis meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para tramitarla; sin resolución expresa notificada, la solicitud puede entenderse desestimada (artículo 24 de la Ley 39/2015). La autorización sigue vigente mientras se cumplan las condiciones de su otorgamiento y no concurran causas de revocación o extinción, y no exime de obtener otras licencias, permisos, concesiones o autorizaciones exigibles.

  30. Artículo 30. Revocación y extinción de la autorización

    La Dirección General competente revoca la autorización, mediante procedimiento, por: incumplir las condiciones de la resolución; incumplir las obligaciones de comercialización en origen del decreto; cesar en la primera venta doce meses consecutivos sin causa justificada (cese = no remitir los documentos que acreditan la primera venta); o incumplir la normativa de ordenación pesquera y comercialización según los preceptos citados de la Ley 3/2001. La declara extinguida por renuncia expresa del titular, pérdida de la titularidad del establecimiento o cancelación en el Registro General Sanitario.

  31. Artículo 31. Infracciones y sanciones

    El incumplimiento de las obligaciones del decreto se sanciona conforme a tres bloques normativos: el capítulo V del título XI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, sobre infracciones y sanciones en ordenación del sector pesquero y comercialización de productos de la pesca; la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado; y la Ley 12/2013, de 2 de agosto.

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