Ley 2/2011, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía
Artículo 22. Autorización, inscripción, suspensión, revocación y cancelación
En pocas palabras
Los organismos de evaluación de la conformidad que hagan control oficial en el marco del Reglamento (UE) 2017/625 necesitan autorización previa; los que no actúen en ese marco presentan declaración responsable. Un reglamento fijará las medidas tras la evaluación de la Administración (art. 25): suspensión temporal, revocación o cancelación de la inscripción. El organismo no podrá operar en Andalucía y entregará al operador su expediente completo; el operador mantiene su certificación en el nuevo organismo que elija, salvo que el organismo nacional de acreditación disponga lo contrario.
Explicación sencilla
Distingue dos regímenes de acceso según el organismo actúe o no en control oficial (autorización previa o declaración responsable) y protege al operador cuando su organismo pierde la inscripción: conserva la certificación en el nuevo organismo que elija.
Regla mnemotécnica
Control oficial = autorización previa; sin control oficial = declaración responsable.
Trampa típica de examen
Creer que todo organismo de evaluación de la conformidad necesita autorización previa: los que no actúan en el marco del Reglamento (UE) 2017/625 solo presentan una declaración responsable.
Texto del artículo 22 de la Ley 2/2011 (LCAPA)
1. Los organismos de evaluación de la conformidad que realicen control oficial, en el marco del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 999/2001, (CE) núm. 396/2005, (CE) núm. 1069/2009, (CE) núm. 1107/2009, (UE) núm. 1151/2012, (UE) núm. 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) núm. 1/2005 y (CE) núm. 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/ CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 854/2004 y (CE) núm. 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo, deberán contar con una autorización previa al inicio de actividad, la cual se realizará conforme a un procedimiento que se desarrollará reglamentariamente. 2. Los organismos de evaluación de la conformidad que no actúen en el marco establecido por el Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo, deberán presentar una declaración responsable. 3. Reglamentariamente, se desarrollarán las medidas a aplicar como consecuencia de la evaluación de la Administración prevista en el artículo 25, que podrán implicar la suspensión temporal, la revocación o la cancelación de la inscripción del organismo de evaluación de la conformidad y que éste no pueda operar, desde ese momento, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que deba entregar al operador su expediente completo. Los operadores afectados mantendrán su certificación en el nuevo organismo de evaluación de la conformidad que elijan, salvo que el organismo nacional de acreditación disponga lo contrario.
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