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Ley 2/2011, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía

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Art. 1ObjetoEn el marco de la normativa europea y la básica estatal, la Ley tiene por objeto: a) ordenar y controlar las denominaciones de calidad andaluzas y los consejos reguladores; b) garantizar la calidad, el origen en su caso y la conformidad de los productos, protegiendo a agentes, operadores y consumidores con información correcta y completa; c) fomentar y promover la calidad; d) fijar obligaciones de calidad de agentes y profesionales; e) regular los organismos de evaluación de la conformidad; f) regular inspección, control, lucha contra el fraude y sanciones.
Art. 2Ámbito de aplicaciónLa Ley se aplica a todas las actuaciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera que se realicen en el territorio de Andalucía. No desplaza la normativa de seguridad alimentaria ni las normas específicas de disciplina de mercado y de defensa de las personas consumidoras, que se aplican sin perjuicio de ella.
Art. 3DefinicionesDefine los conceptos clave. Calidad comercial: características objetivas distintas de las de seguridad alimentaria. Calidad diferenciada: requisitos de normas y pliegos adicionales a la calidad comercial obligatoria. Quedan fuera del producto agroalimentario, entre otros, semillas, plantas antes de la cosecha, medicamentos, cosméticos, tabaco y fitosanitarios. Bebida espirituosa: grado mínimo de 15 % vol. Auditoría: examen sistemático, independiente y documentado. Las MERCAS no son operadores si no almacenan, manipulan o transforman.
Art. 4Promoción y fomento de la calidadObjetivos de promoción: incentivar el uso de denominaciones de calidad, promover los productos andaluces y las buenas prácticas, preservar el patrimonio de productos, propiciar actuaciones conjuntas, integrar la promoción en otras políticas, articular iniciativas públicas y privadas, clarificar denominaciones de venta y desarrollar la producción ecológica. La Junta puede financiar campañas, que deberán atenerse a algún criterio: alimentación mediterránea, recomendar el consumo o difundir la calidad en el mercado interior y exterior.
Art. 5Concepto y ámbitoAseguramiento de la calidad comercial es el conjunto organizado y planificado de actividades para obtener confianza adecuada en que se cumplen los requisitos de calidad comercial. Corresponde a los operadores asegurar que sus productos, materias y elementos cumplen la legislación de calidad y evaluación de la conformidad, y los gastos de control y certificación van a su cargo. El título se aplica a todas las etapas de producción, transformación y distribución y excluye lo regulado por la seguridad alimentaria.
Art. 6Obligaciones de los operadores agroalimentarios y pesquerosLos operadores deben implantar un sistema de gestión de la calidad comercial; quedan exceptuados los de productos primarios que no vendan directamente al consumidor final o estén en una denominación de calidad. El sistema incluye, como mínimo, instalaciones y procesos, trazabilidad, reclamaciones y retirada, etiquetado, registro, documentos de acompañamiento y plan de control. Los documentos de acompañamiento se conservan cinco años. Además, deben estar inscritos, comunicar fraudes y productos no conformes, permitir inspecciones y tener autocontrol eficaz.
Art. 7Regímenes de calidadRegímenes de calidad diferenciada: DOP, IGP, IGBE, IGPVA, términos de calidad facultativos, términos tradicionales de vinos, ETG y producción ecológica, todos amparados por reglamentos de la Unión Europea y su desarrollo. La Comunidad Autónoma puede crear por reglamento otros términos de calidad facultativos, entre ellos la «Producción Integrada». Cada mención o producto acogido debe tener una normativa específica, aprobada por la persona titular de la Consejería competente en materia agraria y pesquera.
Art. 8ProtecciónLa protección de DOP, IGP, IGBE, IGPVA y términos tradicionales de vinos abarca el nombre geográfico y todas las fases, de la producción a la comercialización. Las marcas usadas en productos con nombre protegido no pueden usarse, ni por sus titulares, en el mismo producto no amparado, salvo autorización de la persona titular de la Consejería, previo informe del consejo regulador. «Certificado» se reserva a productos con verificación de conformidad. En ecológica e integrada, «BIO» y «ECO» solo para productos obtenidos conforme a su normativa.
Art. 9Solicitud de reconocimiento y registro de DOP, IGP, IGBE y ETGPueden solicitar el registro comunitario de DOP, IGP, IGBE y ETG las agrupaciones de productores o transformadores interesados en el mismo producto, sea cual sea su forma jurídica. Para DOP, IGP e IGBE deben acreditar vinculación profesional, económica y territorial. La solicitud se dirige a la Consejería competente, que la valora y, en su caso, la remite al ministerio para su traslado a la Comisión Europea; presentada allí, cabe protección provisional autonómica. Para DOP, IGP, IGBE o IGPVA se presenta además una propuesta de reglamento del Consejo Regulador.
Art. 10Titularidad, uso y gestión de los nombres geográficos protegidosLos nombres geográficos protegidos de DOP, IGP e IGBE son bienes de dominio público: no pueden apropiarse, venderse, enajenarse ni gravarse. Su titularidad es de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprendan exclusivamente su territorio. Su uso y gestión se rigen por la Ley, su desarrollo y la normativa básica estatal y comunitaria. No puede negarse su uso a quien lo solicite y cumpla los requisitos, salvo sanción de pérdida temporal o definitiva del uso u otra causa de la normativa de la denominación.
Art. 11Marcas de calidad de titularidad públicaLas marcas de calidad de productos agroalimentarios y pesqueros que la Junta de Andalucía cree por reglamento y registre son marcas de calidad de titularidad pública. La Junta tiene el derecho exclusivo de uso y puede autorizar su uso a terceros en los términos que fije el reglamento.
Art. 12Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de competenciasGestiona cada DOP, IGP e IGBE un consejo regulador en el que están representados los productores o elaboradores inscritos. Queda autorizado al publicarse su reglamento en BOJA. Es corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de obrar, y puede relacionarse con asociaciones, fundaciones, sociedades y Administraciones. Actúa con carácter general en Derecho Privado, salvo cuando ejerce potestades públicas (Derecho Administrativo). Sus competencias se limitan a su zona, sus inscritos y sus productos protegidos.
Art. 13Fines y funcionesFines de los consejos reguladores: representación, defensa, garantía, formación, I+D+i de mercados y promoción de los productos y de la denominación. Sus funciones mínimas incluyen: proponer cambios del reglamento y del pliego, elegir el sistema de control, orientar la producción, denunciar usos incorrectos, fijar rendimientos, gestionar registros, cuotas y presupuesto, expedir certificados de origen, retirar la certificación previo informe vinculante, organizar sus elecciones, entre otras. Sus decisiones de las letras e), g) y j) y de control pueden impugnarse ante la Consejería competente.
Art. 14OrganizaciónLa organización de los consejos reguladores se desarrollará por reglamento con estos principios: autonomía de gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento democrático y representatividad de los intereses económicos y sectoriales, con especial atención a los minoritarios. Debe haber paridad en la representación de los intereses concurrentes, y pueden fijarse mayorías cualificadas para adoptar acuerdos.
Art. 15Estructura de los consejos reguladoresÓrganos del consejo regulador: presidencia, pleno, secretaría general, comisión específica (si gestiona más de una denominación y lo prevé el reglamento) y otros reglamentarios. El pleno, órgano colegiado de gobierno y administración, lo forman la Presidencia y las vocalías, elegidas por sufragio de los inscritos, con paridad y voto de igual valor. La presidencia tiene voto de calidad y la representación legal. La secretaría general la designa el pleno a propuesta de la presidencia. La Consejería designa un funcionario con voz y sin voto.
Art. 16Autorización, suspensión y revocaciónLa persona titular de la Consejería autoriza los consejos reguladores antes de que actúen. La Consejería puede suspender su actividad si no cumplen sus fines o funciones, por transgresiones graves o reiteradas o por imposibilidad de funcionamiento normal; la suspensión dura como máximo seis meses y la Consejería asume las funciones imprescindibles. Si persisten las causas, en un mes se disuelven sus órganos y se convocan elecciones; si no hay elecciones o persisten las causas seis meses tras el nuevo pleno, se revoca la autorización.
Art. 17Gestión de más de una denominación de calidadUn mismo consejo regulador puede gestionar dos o más DOP, IGP e IGBE, incluidas las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadas de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía. Es una posibilidad, no una obligación.
Art. 18Deber de colaboraciónLa Consejería competente y los consejos reguladores deben colaborar en: fomentar el uso voluntario de las denominaciones de calidad entre productores, transformadores y comercializadores; defender los nombres geográficos protegidos; favorecer la colaboración entre operadores para ampliar el mercado de calidad diferenciada; promover esos productos; y preservar y revalorizar el patrimonio agroalimentario y pesquero andaluz. La Junta facilitará a los consejos la información que pidan, respetando la protección de datos.
Art. 19Tutela de los consejos reguladoresLa Consejería competente en materia agraria y pesquera ejerce la tutela sobre los consejos reguladores. Para ello puede realizar, a través de sus órganos, las actuaciones de control e inspección que estime convenientes. Los consejos deben facilitarle la información que pida en plazo, y la Consejería auditará, al menos bienalmente, las funciones de verificación del pliego de condiciones ejercidas por el órgano de control de la denominación.
Art. 20Financiación de los consejos reguladoresRecursos de los consejos reguladores: su patrimonio y sus productos, rentas y ventas; subvenciones, legados y donativos; indemnizaciones por daños a la denominación; cuotas y derechos por prestación de servicios; y cualquier otro ingreso. El consejo fija en su reglamento cuotas de pertenencia y derechos por servicios en las condiciones autorizadas por la Consejería. En caso de impago, son exigibles por la vía de apremio conforme a la autorización y a la normativa específica.
Art. 21Organismos de evaluación de la conformidadA los efectos de esta ley son organismos de evaluación de la conformidad cuatro: los órganos de control de las DOP, IGP e IGBE; los organismos independientes de control; los organismos independientes de inspección, y los laboratorios de control.
Art. 22Autorización, inscripción, suspensión, revocación y cancelaciónLos organismos de evaluación de la conformidad que hagan control oficial en el marco del Reglamento (UE) 2017/625 necesitan autorización previa; los que no actúen en ese marco presentan declaración responsable. Un reglamento fijará las medidas tras la evaluación de la Administración (art. 25): suspensión temporal, revocación o cancelación de la inscripción. El organismo no podrá operar en Andalucía y entregará al operador su expediente completo; el operador mantiene su certificación en el nuevo organismo que elija, salvo que el organismo nacional de acreditación disponga lo contrario.
Art. 23Obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad y de las entidades colaboradorasLos organismos de evaluación de la conformidad deben, entre otras cosas: controlar el cumplimiento de normas y pliegos, estar inscritos en los registros, comunicar a la Consejería, garantizar imparcialidad, tener seguro, permitir auditorías de la Administración, comunicar a los operadores su suspensión o revocación y denegar solicitudes de clientes suspendidos en otro organismo. Los laboratorios asumen solo las letras a), b), c), d), e), g) y h), más participar en pruebas y hacer muestras caracterizadas. La entidad colaboradora audita a los organismos e informa a la Administración.
Art. 24Laboratorios de controlLos laboratorios deben tener medios técnicos y personal cualificado; solo en casos excepcionales pueden subcontratar análisis, siempre previa información al cliente. Si los resultados inciden en el comercio, deben demostrar independencia de ambas partes. Puede haber niveles de reconocimiento. En certificación y control mide un laboratorio independiente del organismo de control y, en DOP, IGP e IGBE, también uno de la denominación separado del órgano de gestión y control. La consejería puede verificar su capacidad técnica y deben guardar confidencialidad a su clientela.
Art. 25Evaluación de la AdministraciónEl proceso por el que la Administración evalúa a los organismos de evaluación de la conformidad se establecerá reglamentariamente. Esa evaluación la realiza personal de la Consejería competente en materia agraria y pesquera debidamente acreditado.
Art. 26Controles oficialesEs control oficial de la calidad el que hacen los servicios de la Junta, los órganos de control de DOP, IGP, IGBE e IGPVA con delegación y los organismos independientes de control con funciones delegadas. La consejería los organiza contra el fraude en todas las etapas. En calidad diferenciada alcanza a los envasados en el punto de venta; en calidad comercial puede extenderse excepcionalmente a otras etapas, previa comunicación al órgano competente. Se hacen generalmente sin previo aviso y verifican seis aspectos (calidad, etiquetado, lealtad, operadores, denominaciones y obligaciones).
Art. 27Personal que realiza control oficialEl personal que realiza control oficial debe estar debidamente acreditado y levanta informes de control con todas las actuaciones y observaciones. Puede recabar de los operadores que controle cuantos documentos considere necesarios, de acuerdo con el objetivo perseguido en sus actuaciones, que en todo caso tendrán carácter confidencial. Está obligado al sigilo profesional y a cumplir la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos; su incumplimiento se sanciona según la normativa aplicable.
Art. 28Actuaciones del personal inspector de la calidadLa inspección de la calidad controla la calidad y la conformidad del etiquetado y la publicidad, con al menos ocho actuaciones. La realizan personas funcionarias habilitadas como inspectores de la calidad, con consideración de autoridad, que pueden pedir colaboración incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sus actas tienen valor probatorio y los hechos se presumen ciertos salvo prueba en contrario. Los servicios de inspección pueden pedir información a otras Administraciones.
Art. 29Plan de control oficial de la calidad agroalimentariaLa consejería competente en materia agraria y pesquera elabora y aprueba el Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria, con la estructura y organización del control. Contiene al menos nueve apartados: objetivos, programación, delegación de tareas de control, prioridades, recursos, organización de controles, sistemas por sectores, formación y auditorías. La programación es anual, según un análisis de riesgos que fija la frecuencia de las visitas. También caben inspecciones por estrategias de fomento de la calidad, denuncia o sospecha, iniciativa del inspector u otros motivos.
Art. 30Toma de muestrasEn los controles oficiales de la calidad, las muestras se toman con los métodos de normas o protocolos internacionalmente reconocidos y, si no los hay, con un método adecuado al objeto perseguido según el ámbito material. Se deja a salvo el artículo 15 del Real Decreto 1945/1983, su desarrollo o la norma que lo sustituya.
Art. 31Análisis de las muestrasLas muestras tomadas en los controles oficiales se analizan en los laboratorios agroalimentarios que la Consejería competente en materia agraria y pesquera haya designado para participar en el control oficial, según lo que disponga el reglamento, y de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2017/625.
Art. 32Sistemas de controlLa norma específica de cada denominación de calidad fija cómo se elige su sistema de control, que en todo caso estará separado de su gestión. La consejería puede hacer los controles que considere convenientes a operadores, órganos de control y organismos independientes, y verificar la competencia del organismo de evaluación. El Plan de control oficial del artículo 29 incluirá los sistemas de control de las denominaciones, con el organismo en que se delega, garantías, tareas delegadas y norma de delegación.
Art. 33Control de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones geográficas de bebidas espirituosasEn DOP, IGP, IGBE e IGPVA, la verificación del pliego de condiciones antes de comercializar debe ser imparcial, objetiva y técnicamente competente, y puede hacerla: un órgano de control propio acreditado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17065; un organismo independiente de control; un órgano de control creado por varios consejos reguladores, o el de otro consejo regulador (estos dos, con requisitos de organismo independiente). Elegida una opción, todos los operadores se acogen a ella, salvo que, por superposición de denominaciones, la Consejería establezca la compatibilidad previa audiencia.
Art. 34Control de las ETG, de la indicación producción ecológica y de la producción integradaEl control de las ETG y de la producción ecológica lo hacen organismos independientes de control acreditados en la norma ISO/IEC 17065 en quienes se delegan funciones de control oficial; el de la producción integrada, organismos independientes de control acreditados en esa norma. Cada operador solo puede tener, para cada alcance, un único organismo independiente de control.
Art. 35Elección del organismo independiente de control o de inspecciónEligen el organismo independiente de control o de inspección los propios operadores sometidos a control en cuatro casos: DOP, IGP e IGBE que hayan optado por el sistema del artículo 33.1 c), especialidades tradicionales garantizadas, producción ecológica y producción integrada. El organismo elegido debe comunicarlo a la consejería y, en su caso, al consejo regulador.
Art. 36Cambio de organismo independiente de control o de inspecciónLos operadores pueden cambiar de organismo independiente de control o de inspección siempre que no tengan abierto ningún proceso derivado de incumplimientos con el anterior organismo para el alcance solicitado. Esta regla se aplica sin perjuicio de la regulación específica de cada alcance.
Art. 37Control subsidiarioExcepcionalmente, si el órgano de control o el organismo independiente no pueden actuar, o nadie ha pedido la delegación de control oficial para un alcance, la Consejería puede delegar en un organismo acreditado para la misma categoría de producto o, en su defecto, para un alcance agroalimentario. Las DOP e IGP con protección nacional transitoria se controlan igual. Si la delegación no es viable, controla la Consejería.
Art. 38Actuaciones previasAntes de iniciar el procedimiento sancionador, el personal inspector de calidad puede realizar actuaciones previas para determinar, con carácter preliminar, si concurren circunstancias que justifiquen iniciarlo. Es una facultad del inspector, no una obligación.
Art. 39Medidas cautelaresLa inspección puede adoptar, por acuerdo motivado, medidas cautelares proporcionadas y por el tiempo estrictamente necesario (inmovilización, paralización de vehículos, retirada, suspensiones…). Las adoptadas por el inspector deben confirmarse, modificarse o levantarse en el acuerdo de iniciación, dentro de los quince días siguientes; si no, quedan sin efecto. Puede suspenderse cautelarmente a un organismo de evaluación. No caben si causan perjuicios de difícil o imposible reparación, y pueden alzarse o modificarse durante el procedimiento.
Art. 40Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelarSi el órgano competente confirma la inmovilización cautelar, en el acuerdo de inicio da al titular quince días para optar entre: regularizar y adaptar el producto, regularizar y adaptar su etiquetado, destinarlo a usos no agroalimentarios, entregarlo a entidades benéficas sin riesgo para la salud, reenviarlo a origen con fianza suficiente, o destruirlo o depositarlo hasta la resolución. Los gastos son del titular. Si no opta, decide subsidiariamente el órgano competente, que puede también resolver con urgencia sobre el destino.
Art. 41Clasificación de las infracciones en materia de calidad agroalimentaria y pesqueraLos incumplimientos de esta ley y de las demás disposiciones de la materia son infracciones administrativas. La potestad sancionadora corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y, dentro de ella, a cada consejería en su ámbito. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. No es sanción la denegación del uso del nombre geográfico ni su suspensión temporal por retirada de la certificación por el organismo de evaluación de la conformidad.
Art. 42Infracciones levesSon infracciones leves, entre otras: no presentar o exhibir el certificado de inscripción; no tener sistema de reclamaciones; errores en declaraciones o etiquetado que no afecten a datos obligatorios ni a la naturaleza del producto; no anotar en registros en quince días si puede justificarse con otra documentación; diferencias que no superen el doble de la tolerancia; incumplimientos meramente formales; no comunicar a la consejería acuerdos con organismos de control de terceros países, y el impago de cuotas obligatorias de los Consejos Reguladores.
Art. 43Infracciones gravesEl artículo enumera las infracciones graves: ejercer sin autorización; no comunicar en quince días a la consejería la comercialización de productos no conformes; no tener sistemas de control interno, de calidad o de trazabilidad; etiquetado engañoso; no anotar en registros pasados quince días; errores que afecten a datos obligatorios o a la naturaleza del producto; fraude y falsificación; negarse a dar información a la inspección; incumplir medidas cautelares; varios incumplimientos de los organismos de evaluación de la conformidad, y reincidir en una infracción leve dentro de tres años.
Art. 44Infracciones muy gravesSon infracciones muy graves: falsificar documentos y etiquetas de DOP, IGP, IGBE, ETG y otras marcas de calidad; desprestigiar las denominaciones; infracciones graves concurrentes con otras sanitarias o que extiendan el fraude a terceros; suministrar sustancias no permitidas a industrias; negarse absolutamente a la inspección; coaccionar o agredir a inspectores y controladores; interferir en el órgano de control; disponer de mercancías intervenidas violando precintos o sacándolas de las instalaciones, y reincidir en una infracción grave dentro de tres años.
Art. 45Responsabilidad por las infraccionesResponden las personas físicas, jurídicas y comunidades de bienes que participen en la infracción. En instalaciones del fabricante responde el titular de la actividad. En productos envasados en distribuidores responde quien figura en el etiquetado, salvo falsificación o mala conservación por el tenedor, y en ciertos casos elaboradores, comercializadores o envasadores. A granel o sin etiqueta responde quien tenga el producto. Los directivos de una persona jurídica responden subsidiariamente. Si participan varias personas, la responsabilidad es solidaria, y es independiente de la civil o penal.
Art. 46SancionesLeves: apercibimiento o multa de hasta 4.000 euros. Graves: de 4.001 a 150.000 euros, ampliable hasta el 5 % de las ventas del producto. Muy graves: de 150.001 a 3.000.000 de euros, ampliable hasta el 10 %. En graves y muy graves caben accesorias (clausura hasta cinco años, suspensión de organismos hasta diez años o definitiva, retirada de autorización, pérdida de ayudas…). Suspensión del uso de la denominación: hasta tres años (grave) o cinco (muy grave). En producción ecológica se prohíbe la referencia al método de seis a dieciocho meses (grave) o de dieciocho a treinta y seis (muy grave).
Art. 47Multas coercitivasSi el infractor no cumple, o cumple de forma incompleta, las obligaciones no pecuniarias impuestas como sanción, pueden imponérsele multas coercitivas para forzar su cumplimiento íntegro. Se imponen cada tres meses hasta el cumplimiento total, cada una de ellas por un importe máximo de 3.000 euros, y son independientes y compatibles con las multas impuestas como sanción.
Art. 48Graduación de las sancionesPara fijar la sanción concreta se valoran: intencionalidad o negligencia; reiteración (varias infracciones sancionadas en el mismo procedimiento); naturaleza de los perjuicios; reincidencia en tres años declarada por resolución firme, si no sirvió para calificar; volumen de ventas y posición de la empresa; reconocimiento y subsanación antes de la resolución; valor de las mercancías; falta de controles; incumplimiento de advertencias, y beneficio ilícito. La sanción puede minorarse motivadamente y nunca será inferior al beneficio ilícito cuantificado.
Art. 49Prescripción de infracciones y sancionesLas infracciones prescriben a los seis años si son muy graves, a los cuatro si son graves y a los dos si son leves, contados desde que se cometen. Las sanciones prescriben en los mismos plazos que sus infracciones, contados desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución que las impone.
Art. 50Inicio e instrucción del procedimiento sancionadorEl procedimiento sancionador se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. Incoa e instruye la consejería competente en materia agraria y pesquera, tanto si el infractor está inscrito en registros de denominaciones como si no lo está y se ubica en Andalucía. Se informa a los consejos reguladores de incoaciones y sanciones de sus inscritos; estos deben denunciar los incumplimientos que conozcan. Si la infracción es de otra comunidad autónoma, se le comunica.
Art. 51Resolución de procedimientos sancionadoresLa competencia para resolver los procedimientos sancionadores se fijará por reglamento. El plazo máximo para resolver y notificar es de un año desde la incoación. Las sanciones firmes por infracciones muy graves o por reincidencia en graves pueden hacerse públicas, en los términos que fije el reglamento, cuando ello contribuya al conocimiento público del fraude producido.