Artículo 29. Resolución y vigencia de la autorización
En pocas palabras
La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina resuelve la autorización en un plazo máximo de seis meses desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para tramitarla; sin resolución expresa notificada, la solicitud puede entenderse desestimada (artículo 24 de la Ley 39/2015). La autorización sigue vigente mientras se cumplan las condiciones de su otorgamiento y no concurran causas de revocación o extinción, y no exime de obtener otras licencias, permisos, concesiones o autorizaciones exigibles.
Explicación sencilla
Cierra el procedimiento de autorización: plazo para resolver, sentido negativo del silencio, vigencia indefinida condicionada y advertencia de que esta autorización no sustituye a las que exijan otras normativas.
Regla mnemotécnica
Seis meses para resolver; si no hay respuesta, silencio negativo. Vigencia: mientras se cumplan las condiciones.
Trampa típica de examen
Pensar que el silencio es positivo; transcurridos seis meses sin resolución expresa notificada, la solicitud puede entenderse desestimada.
Texto del artículo 29 del Decreto 145/2018 (DCOP)
1. La Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina dictará la resolución de autorización en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud de autorización podrá entenderse desestimada de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 2. Las autorizaciones de primera venta mantendrán su vigencia en tanto se cumplan las condiciones de su otorgamiento y no se incurra en las causas de revocación y extinción. 3. Las autorizaciones otorgadas por la Dirección General competente en materia de pesca y acuicultura marina no eximen a las personas titulares de las mismas de la obligación de obtener cuantas licencias, trámites, permisos, concesiones o autorizaciones sean exigibles en virtud de otras normativas de aplicación.
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