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Ley 10/2007, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía

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Art. 1ObjetoLa Ley 10/2007 tiene cinco objetos: a) ordenar, en el marco de la normativa de la Unión Europea y del Estado, la protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía y sus indicaciones y designaciones; b) fomentar la calidad de los vinos andaluces, especialmente de los v.c.p.r.d.; c) regular la información y promoción que pueda hacer la Junta; d) regular los órganos de gestión y de control; e) establecer el régimen sancionador.
Art. 2DefinicionesDefine trece conceptos; entre ellos, operadores (quienes intervienen profesionalmente en el sector vitivinícola, de la uva a la comercialización); organismos independientes de control (autorizados por la Consejería competente en agricultura y acreditados en la UNE-EN 45011; si contratan inspección, el organismo de inspección se acredita en la ISO 17020); parcela (tierra continua con un solo agricultor y un solo cultivo); y vino (fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca o de mosto). La Consejería elaborará, a petición y propuesta del sector, el catálogo de los vinos de Andalucía.
Art. 3Información y promociónFija siete objetivos en información y promoción del vino (incentivar los distintivos de calidad y origen, promocionar los vinos andaluces, fomentar la crianza respetuosa con el medio ambiente, entre otros). La Junta podrá financiar campañas del vino, los mostos de uva y los derivados del vino. Las campañas con fondos públicos autonómicos deben, entre otros criterios, recomendar el consumo moderado y responsable. Las asociaciones profesionales y empresariales podrán participar de las ayudas de promoción.
Art. 4Aumento artificial de la graduación alcohólicaLa Consejería competente en agricultura podrá autorizar el aumento artificial de la graduación alcohólica natural de la uva, de los mostos y del vino nuevo aún en fermentación cuando concurran condiciones meteorológicas desfavorables, conforme al artículo 10.2 de la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino. En el marco de la normativa comunitaria, se prohíbe añadir sacarosa y otros azúcares no procedentes de uva de vinificación para aumentar la graduación natural de mostos y vinos.
Art. 5Principios generalesEl sistema de protección del origen y la calidad se basa en cinco principios: asegurar la calidad y mantener la diversidad de los vinos; dar a los operadores condiciones de competencia leal; garantizar la veracidad y demostrabilidad de la información del etiquetado; permitir la progresión de los vinos por niveles con requisitos crecientes, de modo que cada nivel exija más que el inmediatamente inferior; y contar con un sistema de control.
Art. 6Niveles del sistemaLos vinos elaborados en Andalucía pueden acogerse a estos niveles: a) vinos de mesa (vinos de mesa, y vinos de mesa con derecho a la mención «vino de la tierra»); b) v.c.p.r.d., con cuatro niveles: vinos de calidad con indicación geográfica, con denominación de origen, con denominación de origen calificada y vinos de pagos. Son niveles de protección del origen el «vino de la tierra» y los cuatro v.c.p.r.d. Los operadores eligen el nivel, siempre que sus vinos cumplan los requisitos de ese nivel.
Art. 7Normativa específica para cada nivelCada nivel de protección tendrá una regulación general. Para proteger el nombre geográfico de un «vino de la tierra» o de un v.c.p.r.d. hace falta una normativa específica con un pliego de condiciones de, al menos, siete elementos: productos, zona, variedades de vid, técnica de cultivo y rendimientos máximos, elaboración y envejecimiento, características fisicoquímicas y organolépticas, y mínimos de control. Las características deben diferenciar la calidad obligatoria y los parámetros deben ser verificables.
Art. 8Caracterización de cada nivel de protecciónLas zonas de producción, elaboración y envejecimiento de cada nivel de protección deben estar claramente delimitadas con criterios geográficos y, en su caso, antrópicos. Cada nivel debe tener variedades de vid asignadas y, en su caso, rendimientos máximos. Además, deben definirse las características de los vinos amparados por cada nivel.
Art. 9Superposición de nivelesUna misma parcela puede dar uva para vinos de uno o de varios niveles de protección si la uva y el vino cumplen los requisitos de cada nivel elegido, incluidos los rendimientos máximos por hectárea. Si una parcela excede en un diez por ciento los rendimientos máximos de un nivel, toda su producción debe destinarse a vino de otro nivel cuyos rendimientos máximos permitidos sean superiores a la producción de esa parcela.
Art. 10Titularidad, uso y gestión de los bienes protegidosLos nombres geográficos protegidos, en especial las denominaciones de origen, son bienes de dominio público: no pueden apropiarse individualmente, venderse, enajenarse ni gravarse. Su titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprendan exclusivamente territorio andaluz. Su uso y gestión se rigen por esta ley, la Ley 24/2003 y normas concordantes. No puede negarse su uso a quien lo solicite y cumpla los requisitos del nivel, salvo sanción de pérdida temporal o definitiva del uso u otra causa legal estatal o autonómica.
Art. 11ProtecciónLos nombres geográficos de cada nivel no pueden designar otros productos vitivinícolas, salvo lo amparado por la normativa comunitaria. La protección abarca desde la producción a todas las fases de comercialización. No pueden usarse en vinos que no cumplan el nivel aunque se traduzcan o lleven «tipo», «estilo» o «imitación», ni aunque indiquen el verdadero origen. Las marcas que aludan a nombres protegidos solo valen para vinos con derecho a ellos; usar en otros vinos las de vinos protegidos requiere autorización del titular de la consejería competente en materia agraria y pesquera.
Art. 12Vinos de mesa con derecho a la mención «vino de la tierra»El vino de mesa puede usar la mención «vino de la tierra» con una indicación geográfica si: su territorio se ha delimitado según condiciones ambientales y de cultivo; se expresan indicación y área geográfica, variedades, tipos de vino, grado alcohólico volumétrico natural mínimo y características organolépticas; se obtiene íntegramente de las variedades del pliego; y procede al menos en un 85 % del territorio cuyo nombre lleva. Sus operadores se someten a un sistema de control y comunican sus datos a la Consejería.
Art. 13Vinos de calidad producidos en regiones determinadasLos v.c.p.r.d. andaluces pertenecen a uno de los niveles de la letra b) del artículo 6.1. Sus nombres son necesariamente geográficos, salvo excepcionales denominaciones tradicionales no geográficas. La Consejería competente en agricultura los reconoce; la comunicación a la Unión Europea corresponde en todo caso a la Administración General del Estado. La Consejería fijará cuándo suspender o revocar un v.c.p.r.d. ante incumplimientos graves, reiterados y generalizados. Los operadores inscriben viñedos y bodegas en el órgano de gestión y se someten a control.
Art. 14Vinos de calidad con indicación geográficaVino de calidad con indicación geográfica es el producido y elaborado en una zona, comarca, localidad o lugar determinado con uvas de allí, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en la producción de la uva, la elaboración o el envejecimiento. Se identifica con la mención «vino de calidad de» seguida del nombre del lugar. Cuenta con un órgano de gestión y se somete a un sistema de control.
Art. 15Vinos con denominación de origenDenominación de origen es el nombre de un lugar reconocido administrativamente para vinos elaborados allí con uvas de allí, de elevado prestigio comercial, cuya calidad se deba fundamental o exclusivamente al medio geográfico y a factores naturales y humanos, y con un sistema de control cuantitativo y cualitativo. Exige haber sido reconocido antes como vino de calidad con indicación geográfica con al menos cinco años de antelación. Solo incluye terrenos de especial aptitud para la vid y lo gestiona un Consejo Regulador.
Art. 16Vinos con denominación de origen calificadaLa denominación de origen calificada exige, además de lo propio de la denominación de origen: que hayan pasado al menos diez años desde su reconocimiento como denominación de origen; comercializar solo embotellado desde bodegas inscritas en la zona; un sistema de control con control físico-químico y organoléptico por lotes; bodegas inscritas independientes y separadas al menos por una vía pública de las no inscritas, a las que solo entre uva, mosto o vino inscritos; y delimitación cartográfica, por término municipal, de los terrenos aptos. La gestiona un Consejo Regulador.
Art. 17Vinos de pagosPago es el paraje rural con suelo y microclima propios y nombre vinculado de forma tradicional y notoria al viñedo; su extensión no puede igualar ni superar la de ninguno de sus términos municipales. Hay vinculación notoria si el nombre se usa en el mercado al menos cinco años. Lo elaboran y embotellan los titulares de los viñedos o, excepcionalmente, bodegas próximas situadas en sus términos o en los colindantes. Toda la uva debe proceder del pago, el vino se elabora por separado y, si está dentro de una DO o DOCa, lo gestiona el órgano de esta.
Art. 18Órganos de gestiónCada vino de calidad con indicación geográfica, denominación de origen, DO calificada y, en su caso, vino de pago lo gestiona un órgano de gestión donde están representados, promoviendo la presencia de la mujer, los titulares de viñedos y bodegas inscritos. Puede ser de naturaleza pública o privada, pero siempre con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Se rige por esta ley, la Ley 24/2003, sus normas de desarrollo, la norma específica de cada v.c.p.r.d. y sus reglamentos de régimen interior o estatutos.
Art. 19Gestión de dos o más vinosUn mismo órgano de gestión puede gestionar dos o más vinos de calidad con indicación geográfica, denominaciones de origen, denominaciones de origen calificadas y vinos de pago. La condición es que ese órgano cumpla los requisitos exigidos con carácter general para los órganos del nivel máximo de protección que gestione.
Art. 20Estructura y funcionamientoLa estructura y funcionamiento de los órganos de gestión se desarrollarán por reglamento, con dos principios básicos: sin ánimo de lucro y representatividad de los intereses del v.c.p.r.d., con atención a los minoritarios y paridad entre intereses. El reglamento podrá fijar mayorías cualificadas. El órgano de gestión establecerá cuotas de pertenencia y derechos por servicios en las condiciones que fije la Consejería. Si no se pagan, las de los Consejos Reguladores podrán exigirse por la vía de apremio.
Art. 21Fines y funciones de los órganos de gestiónFines: representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo e innovación de mercados y promoción. Funciones mínimas, entre otras: proponer el reglamento con el pliego, promocionar, velar por el prestigio y denunciar incumplimientos, fijar por campaña rendimientos y límites, calificar añadas, llevar registros, gestionar cuotas, y expedir certificados de origen o retirar la certificación, estas dos previo informe vinculante del órgano u organismo de control. Lo decidido en las letras d), f) y h) es impugnable ante la Consejería.
Art. 22AutorizaciónLos órganos de gestión deben ser autorizados por la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura antes de iniciar su actividad; el procedimiento se fijará reglamentariamente. Deben comunicar a la Consejería su composición, sus modificaciones y el nombramiento o cese de la persona titular de la Secretaría. La Consejería vela por el cumplimiento de la ley en su funcionamiento.
Art. 23Órganos de gestión de los vinos de calidad con indicación geográfica y de los vinos de pagoEn los vinos de calidad con indicación geográfica y en los vinos de pago, el órgano de gestión es de naturaleza privada y adopta la forma jurídica que decidan los operadores, siempre que cumpla los requisitos generales de los órganos de gestión. Excepción: si el vino de pago pasa a formar parte de una denominación de origen o denominación de origen calificada, lo gestiona el mismo órgano de gestión de esa denominación.
Art. 24Órganos de gestión de los vinos con denominación de origen y vinos con denominación de origen calificadaEn los vinos con denominación de origen y con denominación de origen calificada, los órganos de gestión son corporaciones de derecho público a las que se atribuye la gestión del vino. Con carácter general se rigen por el derecho privado, salvo cuando ejercen potestades públicas, en cuyo caso se sujetan al derecho público-administrativo. El término «Consejo Regulador» queda reservado a los órganos de gestión de estas denominaciones.
Art. 25Configuración de los Consejos ReguladoresLos órganos del Consejo Regulador son el Pleno y la Presidencia, más los que fije el reglamento, y cuenta con una Secretaría General. El Pleno lo forman vocalías elegidas por sufragio entre los inscritos, con paridad entre elaboradores y productores y voto de igual valor. La Presidencia tiene voto de calidad, representa legalmente al Consejo y preside habitualmente sus órganos. La Consejería designa una persona representante, funcionaria, con voz pero sin voto, que le informa de los temas tratados.
Art. 26Sistema de controlLa norma específica de cada vino establece su sistema de control, que siempre ha de estar separado de la gestión. Además, la Consejería competente en agricultura puede hacer en todo caso los controles complementarios que considere convenientes, tanto a los operadores como a los órganos de control u organismos independientes de control. La denegación del uso del nombre geográfico o su suspensión temporal no tienen la consideración de sanción.
Art. 27Control de los vinos de mesa con derecho a la mención «vinos de la tierra»El control de los vinos de mesa con derecho a la mención «vinos de la tierra» lo llevan a cabo organismos independientes de control, tal como los define el artículo 2 de la ley. Es decir, el control de este nivel se encomienda a ese tipo de organismo, y no a un órgano de control propio del vino.
Art. 28Control de las denominaciones de origen y denominaciones de origen calificadasEn DO y DOCa, la verificación del pliego antes de comercializar debe garantizar imparcialidad, objetividad y competencia técnica, y puede hacerla: un órgano de control propio acreditado en la ISO/IEC 17065; un organismo independiente de control; un órgano creado por varios consejos reguladores; o el de otro consejo regulador. Elegida una opción, todos los operadores se acogen a ella, aunque con superposición de niveles la Consejería puede compatibilizarlas. Sus órganos de control pueden controlar otros niveles si los autoriza la Consejería.
Art. 29Control de los restantes vinos de calidad producidos en región determinada (v.c.p.r.d.)En los vinos de calidad con indicación geográfica, el control lo efectúa un organismo independiente de control. En los vinos de pagos y vinos de pagos calificados, también un organismo independiente de control; pero si el vino de pago pasa a formar parte de una denominación de origen o denominación de origen calificada, se somete al sistema de control de los vinos de la denominación en la que esté ubicado.
Art. 30Elección del organismo independiente de controlEn las denominaciones que hayan optado por el sistema de control del apartado 1 c) del artículo 28, la elección del organismo independiente de control o de inspección corresponde al operador u operadora que deba ser controlado. El organismo elegido debe comunicarlo a la consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su caso, al consejo regulador.
Art. 31Autorización de los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes de inspección en su casoEl procedimiento de autorización de los órganos de control, organismos independientes de control y, en su caso, organismos independientes de inspección se establecerá reglamentariamente. Si a alguno de ellos se le retira la autorización, debe trasladar a las nuevas entidades a las que se acojan los operadores, cuando estos lo comuniquen, toda la información necesaria sobre los controles realizados a cada uno.
Art. 32Inscripción de los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes de inspecciónUna vez autorizados, los órganos de control, organismos independientes de control y organismos independientes de inspección se inscriben de oficio en el Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros de Andalucía. Los autorizados por otras Comunidades Autónomas que quieran operar en Andalucía deben solicitar su inscripción en ese registro.
Art. 33Control subsidiario de la AdministraciónSi el órgano u organismo de control o de inspección no puede actuar, la Consejería competente en agricultura puede designar provisionalmente otro organismo autorizado o, en su defecto, hacer ella el control subsidiariamente. Los gastos del control los pagan en todo caso los operadores. Si controla la Consejería, actúa según los Reales Decretos 50/1993 y 1397/1995 o normas que los sustituyan. Los laboratorios agroalimentarios de la Junta validarán, excepcional y subsidiariamente, los procedimientos técnicos que no puedan hacer los laboratorios de control.
Art. 34Evaluación de la AdministraciónLa evaluación busca asegurar que los productos certificados lo estén por organismos técnicamente competentes. La Consejería competente en agricultura sigue, verifica y evalúa la sistemática de calidad de esos organismos (normas EN 45011 o ISO 17020) mediante un programa de auditorías que comprueba la adecuación del sistema de calidad, su implantación y la competencia técnica. Son organismos de evaluación de la conformidad los órganos de control de DO y DOCa, los organismos independientes de control y de inspección y los laboratorios de control.
Art. 35SolicitudesLas personas viticultoras y elaboradoras de vinos, sus agrupaciones o asociaciones, que quieran el reconocimiento de un nivel de protección del origen (los del apartado 2 del artículo 6) deben solicitarlo ante la Consejería competente en materia de agricultura. Han de acreditar su vinculación profesional, económica y territorial con los vinos, por ser viticultoras o elaboradoras que ejercen su actividad en el área geográfica afectada.
Art. 36Documentación aneja a la solicitudLa solicitud se acompaña de un estudio con, al menos: sobre el nombre, la justificación de su precisión y relación con la zona, y la certificación del Registro Mercantil Central y de la Oficina Española de Patentes y Marcas de que no hay derechos previos; sobre los vinos, la zona, las variedades y técnicas de cultivo, las características, la elaboración y, para los v.c.p.r.d., la presentación, comercialización y notoriedad. También debe proponerse un órgano de gestión para su autorización por el titular de la Consejería.
Art. 37TramitaciónVerificada la solicitud y asegurada la audiencia de los operadores afectados, la persona titular de la Consejería competente en agricultura reconoce el nivel de protección y, en su caso, el órgano de gestión. Plazo máximo para resolver y notificar: un año desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano competente; sin notificación, puede entenderse desestimada. La resolución fija al menos zona, variedades, tipos de vinos, sistemas de cultivo, elaboración y crianza y coeficientes máximos de producción y transformación.
Art. 38ReconocimientoEl reconocimiento queda condicionado a que los solicitantes presenten, en un máximo de seis meses desde la notificación de la resolución, una propuesta de reglamento del vino con el pliego de condiciones, para su aprobación por la Consejería. Si no la presentan en plazo, cualquier otro operador interesado puede iniciar de nuevo el procedimiento. A los cinco años del reconocimiento, la Consejería comprobará que la gestión y el control cumplen satisfactoriamente la normativa; si no es así, declarará la extinción del reconocimiento tras el procedimiento oportuno.
Art. 39Obligaciones de las personas interesadasPersonas físicas o jurídicas, asociaciones y entidades deben cumplir esta ley y la normativa vitivinícola concordante, y conservar al menos cuatro años, en condiciones que permitan comprobarla, la documentación de las obligaciones del apartado 2. A requerimiento de los órganos competentes o de la inspección deben: suministrar información sobre instalaciones, productos, servicios o sistemas de producción; exhibir la documentación de sus transacciones; facilitar copias; permitir tomas de muestras, controles o ensayos; y consentir las visitas de inspección dando toda clase de facilidades.
Art. 40InspecciónLos inspectores de la Consejería competente en agricultura son agentes de la autoridad en el control vitivinícola y pueden pedir apoyo a cualquier autoridad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los inspectores o veedores de los órganos u organismos de control tienen la consideración de inspectores públicos, salvo las atribuciones de agente de la autoridad. Todos pueden acceder directamente a viñedos, locales y documentación de las empresas, con carácter confidencial. Los inspectores deben guardar estricto secreto profesional.
Art. 41Medidas cautelaresLa inspección puede adoptar medidas cautelares proporcionadas, con acta motivada y durante el tiempo estrictamente necesario: inmovilización, paralización de vehículos, retirada del mercado, suspensiones y, para operadores acogidos a un nivel, suspensión del uso de la denominación. El órgano competente para incoar las confirma, modifica o levanta en no más de 15 días; quedan sin efecto si el acuerdo de iniciación no se pronuncia sobre ellas. Cabe suspender órganos de control y, hasta seis meses, órganos de gestión, con comisión gestora.
Art. 42Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelarSi se confirma la inmovilización cautelar, el acuerdo de inicio da al responsable o titular 15 días para optar entre: regularizar los productos con prácticas autorizadas; regularizar su designación o etiquetado; destinarlos a usos no alimentarios; reenviarlos al origen previa fianza; o destruirlos o mantenerlos en depósito. Los gastos son a su cargo. Antes de la confirmación puede pedir al órgano las opciones disponibles. Si no opta, el acuerdo de incoación decide subsidiariamente el destino.
Art. 43Régimen sancionadorLos incumplimientos de esta ley y demás disposiciones vigentes en la materia son infracciones administrativas, sancionadas conforme a la normativa en vigor. La titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en esta ley corresponde a la Consejería competente en materia de agricultura. Las infracciones son las acciones u omisiones tipificadas en la ley y se clasifican en leves, graves y muy graves.
Art. 44Infracciones levesSon leves, entre otras: no presentar sin causa los libros-registro o documentos requeridos por la inspección; inexactitudes de hasta el quince por ciento de la cantidad real; no actualizar los libros si no ha pasado más de un mes desde el primer asiento no reflejado; declarar fuera de plazo; aplicar mal prácticas autorizadas sin riesgo para la salud; e incumplimientos meramente formales. Para operadores acogidos a un nivel, también inexactitudes en sus registros que no superen el cinco por ciento, entre otras.
Art. 45Infracciones gravesSon graves, entre otras: inexactitudes superiores al quince por ciento; no actualizar los libros pasado más de un mes; datos falsos en solicitudes de ayudas; prácticas no autorizadas sin riesgo para la salud; obstaculizar la inspección; y trasladar sin autorización mercancías intervenidas sin violar precintos ni sacarlas de las instalaciones. Para operadores acogidos a un nivel, entre otras, impagar cuotas o descuadrar existencias en bodega más allá del dos por ciento (uno por ciento en DO calificadas). Tipifica también las de órganos de control y de gestión.
Art. 46Infracciones muy gravesSon muy graves, entre otras: prácticas no autorizadas con riesgo para la salud; falsificar productos si no es delito; negarse a la inspección; manipular o trasladar mercancías intervenidas violando precintos o sacándolas de las instalaciones; presionar a los inspectores; y reincidir en infracción grave (más de una de la misma naturaleza en tres años, declarada por resolución firme). En los v.c.p.r.d., usar indebidamente nombres o menciones protegidas, aunque lleven «tipo» o «imitación». Tipifica también las de órganos de control y Consejos Reguladores.
Art. 47Responsabilidad por las infraccionesEn productos envasados responden las firmas de la etiqueta y, solidariamente, el elaborador, fabricante o envasador no identificado que conocía la infracción y consintió; con etiquetas falsas, quien comercializa a sabiendas. En granel o sin etiqueta responde el tenedor, salvo que se identifique a uno anterior. De las infracciones de personas jurídicas responden subsidiariamente sus administradores o titulares, y el personal técnico por lo ligado a su actividad. La responsabilidad administrativa es independiente de la civil o penal, sin doble sanción.
Art. 48SancionesLeves: apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros. Graves: de 3.001 a 50.000 euros, ampliable al cinco por ciento de las ventas del producto. Muy graves: de 50.001 a 800.000 euros, ampliable al diez por ciento; si las cometen órganos de gestión o de control, cabe retirar la autorización. Accesorias: pérdida del uso del nombre hasta tres años (graves) o hasta cinco o definitiva (muy graves) y, en graves o muy graves, decomiso, clausura hasta cinco años, suspensión de órganos de control hasta diez años o inhabilitación.
Art. 49Medidas complementariasLa autoridad que resuelva acordará el destino de lo intervenido cautelarmente, que debe destruirse si su uso o consumo supone peligro para la salud pública. Los gastos del destino alternativo, la destrucción o el decomiso son del infractor, incluida la indemnización al propietario no infractor. Si el infractor no cumple, o cumple de forma incompleta, una sanción accesoria, caben multas coercitivas cada tres meses, de no más de 3.000 euros cada una, compatibles con las multas sancionadoras.
Art. 50Graduación de las sancionesPara graduar la sanción se valoran: intencionalidad o negligencia; reiteración (varias infracciones en el mismo procedimiento); perjuicios a la salud o intereses de los consumidores, precios, consumo o prestigio del v.c.p.r.d.; reincidencia (más de una de la misma naturaleza en tres años, con resolución firme); volumen de ventas y posición de la empresa; reconocimiento y subsanación previos; y superficie o valor afectados. Puede minorarse motivadamente, y nunca será inferior al beneficio ilícito determinado.
Art. 51Prescripción de las infracciones y sancionesLas infracciones prescriben así: las muy graves, a los seis años; las graves, a los cuatro años; y las leves, a los dos años. Las sanciones siguen la misma escala: las impuestas por infracciones muy graves prescriben a los seis años, las impuestas por infracciones graves a los cuatro años y las impuestas por infracciones leves a los dos años.
Art. 52Inicio e instrucción del procedimiento sancionadorEl procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, conforme a la Ley 30/1992. La Consejería competente en agricultura incoa e instruye el expediente tanto si el infractor está inscrito en algún registro de operadores de los niveles de protección como si no lo está y se ubica en Andalucía. Si las infracciones se cometen fuera de Andalucía, la Consejería las comunicará a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se hayan cometido.
Art. 53Resolución de procedimientos sancionadoresResuelven los procedimientos sancionadores de esta ley: la persona titular de la Delegación provincial competente en agricultura, las infracciones leves; la persona titular de la Dirección General competente en calidad agroalimentaria, las graves; y la persona titular de la Consejería competente en agricultura, las muy graves. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa es de diez meses.