Ley 10/2007, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía
Artículo 52. Inicio e instrucción del procedimiento sancionador
En pocas palabras
El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, por orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, conforme a la Ley 30/1992. La Consejería competente en agricultura incoa e instruye el expediente tanto si el infractor está inscrito en algún registro de operadores de los niveles de protección como si no lo está y se ubica en Andalucía. Si las infracciones se cometen fuera de Andalucía, la Consejería las comunicará a la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se hayan cometido.
Explicación sencilla
Concreta cómo arranca el procedimiento sancionador y quién lo tramita: siempre de oficio y siempre la Consejería, esté o no el infractor inscrito en los registros de los niveles de protección. Para hechos cometidos fuera, solo prevé comunicarlos a la otra Comunidad.
Regla mnemotécnica
Inicio siempre de oficio (aunque haya denuncia). Incoa e instruye la Consejería, inscrito o no. Fuera de Andalucía → se avisa a la otra Comunidad.
Trampa típica de examen
Creer que la denuncia inicia por sí misma el procedimiento: el procedimiento se inicia de oficio, y la denuncia es solo una de las vías que lo motivan.
Texto del artículo 52 de la Ley 10/2007
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. En todo caso, tanto si la persona infractora está inscrita en alguno de los registros de operadores de los distintos niveles de protección, como si las infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta ley por personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el supuesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, será la Consejería competente en materia de agricultura la encargada de incoar e instruir el expediente. 3. En el caso de infracciones cometidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería competente en materia de agricultura comunicará a la Comunidad Autónoma correspondiente las supuestas infracciones de que tenga conocimiento que se hayan cometido en el territorio de esta última.
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