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Ley 3/2026, de Montes de Andalucía

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Art. 1ObjetoLa ley establece el régimen jurídico de la organización, el uso y la administración de los montes en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo hace en el marco de la legislación básica estatal, que sigue siendo aplicable y a la que la ley andaluza se ajusta.
Art. 2Principios inspiradoresLa ley es el marco de la política forestal andaluza, articulada en torno a los compromisos internacionales de España, las directrices de la Unión Europea, la Estrategia y el Plan Forestal Español y el Plan Forestal Andaluz. Principios: organizar los espacios forestales sin menoscabar a las generaciones venideras; el monte como motor de desarrollo social, económico y cultural; los ecosistemas forestales como espacios esenciales de conservación; y eficiencia en los recursos públicos, con la ciudadanía como aliada de la gestión sostenible.
Art. 3Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica a todos los montes de Andalucía; también a los terrenos mixtos agrosilvopastorales y adehesados en sus aspectos forestales, sin perjuicio de su normativa agropecuaria. Los montes en espacios naturales protegidos se rigen por esta ley y su legislación específica; las vías pecuarias, por su legislación y por esta ley en lo no contrario. Las plantaciones intensivas de turno inferior a veinte años sobre superficies agrícolas legítimas quedan sujetas durante el turno; acabado, el titular elige uso agrícola o forestal, salvo en montes públicos o dominio público.
Art. 4Concepto de monteMonte es todo terreno rústico con especies forestales, naturales o plantadas, que cumple funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas. También lo son: yermos, roquedos y arenales; construcciones al servicio del monte; antiguos terrenos agrícolas sin uso agrícola oficial en veinte años, con una hectárea o colindantes con montes; enclaves forestales en terreno agrícola de una hectárea o más; y terrenos adscritos al uso forestal. No lo son: usos agrícolas, enclaves de menos de una hectárea, suelo urbano, cultivos ornamentales y viveros forestales.
Art. 5DefinicionesRecoge las definiciones de la ley, de la a) a la ae). Entre las más examinables: aprovechamientos a turno corto (turno inferior a veinte años); aprovechamientos de menor cuantía (menos de diez metros cúbicos de madera, veinte estéreos de leñas o diez quintales castellanos de corcho); monte comunal (dominio público, aprovechamiento del común de los vecinos); monte vecinal en mano común (privado, origen germánico, sin cuotas); monte de socios (privado, origen romano, cuotas transmisibles); y titulación forestal universitaria.
Art. 6Objetivos generalesDiez objetivos generales: proteger los montes mediante gestión sostenible, fomento a la propiedad privada y defensa del patrimonio público; función social y uso múltiple del monte; desarrollo del sector forestal como fuente de empleo y fijación de población rural; adaptación al cambio climático y papel de sumideros de carbono; prevención de incendios; conservación y restauración de ecosistemas; consolidación del régimen de los montes públicos; valores culturales y etnológicos; simplificación administrativa y cooperación; y colaboración público-privada.
Art. 7Competencias de la Comunidad Autónoma de AndalucíaLa Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la normativa básica estatal, ejerce las potestades y funciones de esta ley a través de la Consejería competente en materia forestal. Esta vela por el cumplimiento de la ley mediante potestades de autorización, control, supervisión, intervención administrativa, fomento y policía para garantizar una gestión forestal sostenible.
Art. 8Competencias de la Administración localLas entidades locales ejercen las competencias forestales previstas en su legislación especial, en la básica estatal y en la autonómica de montes, incluida la gestión de los montes catalogados de utilidad pública de su titularidad. Para gestionar sus montes pueden suscribir convenios de cooperación con la Administración forestal autonómica.
Art. 9Órganos consultivos y de participaciónSe crea el Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, órgano colegiado de participación administrativa (artículo 20 de la Ley 9/2007), con funciones consultivas, de asesoramiento y de participación en materia forestal, geodiversidad, biodiversidad, caza y pesca continental, adscrito a la Consejería competente en materia de montes. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente. En cada provincia habrá comités especializados forestales, determinados en el seno del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad.
Art. 10Montes públicos y montes privadosPor su titularidad, los montes son públicos o privados. Públicos: los del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, las entidades locales y otras entidades de derecho público. Privados: los de personas físicas o jurídicas de derecho privado, individualmente o en copropiedad, incluidos los montes vecinales en mano común y los de socios, sin perjuicio de su legislación especial.
Art. 11Montes públicos. Dominio público forestal y montes patrimonialesPor su naturaleza jurídica, los montes públicos son demaniales o patrimoniales. Integran el dominio público forestal: los incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública; los comunales mientras su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos; y los afectados a un uso o servicio público, o implícita o tácitamente afectados según la normativa de patrimonio. Son patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.
Art. 12Registro de Montes Públicos de AndalucíaEl Registro de Montes Públicos de Andalucía es un inventario administrativo de todos los montes públicos andaluces, demaniales y patrimoniales, en secciones separadas. La inclusión o exclusión se inicia de oficio o a instancia de parte, oída la entidad titular; la resuelve la Consejería forestal y surte efecto con su publicación en el BOJA. La inclusión supone presunción posesoria a favor del titular. Sus montes son suelo rústico especialmente protegido y su expropiación exige declaración expresa de interés general prevalente del Consejo de Gobierno.
Art. 13Catálogo de Montes de Utilidad PúblicaEl Consejo de Gobierno puede declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo los montes públicos de los supuestos de la legislación básica y los que se fijen reglamentariamente; todos los montes de la Comunidad Autónoma quedan catalogados al entrar en vigor la ley. La Consejería traslada las inscripciones al órgano estatal. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería, autoriza exclusiones o permutas de partes no significativas, y excepcionalmente por interés público prevalente. Los excluidos siguen en el Registro salvo doble exclusión.
Art. 14Régimen jurídico de los montes demanialesLos montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no soportan tributos que graven su titularidad, conforme a la legislación básica estatal. Si de un expediente pudiera derivarse una demanialidad distinta e incompatible con la forestal, se aplica el régimen de interés general prevalente del artículo anterior. Si la otra demanialidad es compatible, cualquiera de las dos Administraciones puede instar un expediente de mutación demanial o de concurrencia.
Art. 15Desafectación de montes demanialesLa desafectación total o parcial de montes demaniales procede cuando desaparecen las causas de la afectación y exige siempre acuerdo expreso del Consejo de Gobierno. En los catalogados, puede acordar en un mismo acto la exclusión del Catálogo y la desafectación. La de los demás montes demaniales la tramita su Administración titular con informe favorable de la Consejería forestal. La desafectación de terrenos forestales autonómicos se traslada al órgano de patrimonio para actualizar el Inventario General de Bienes y Derechos.
Art. 16Efectos jurídicos de la inclusión de los montes en el Catálogo de Montes de Utilidad PúblicaLa declaración de utilidad pública de un monte, previa a su inscripción en el Catálogo, es acto expreso de afectación demanial. La inscripción no prejuzga la propiedad, pero presume la posesión a favor de la entidad a la que el catálogo atribuye el monte. Las inscripciones o declaraciones de demanialidad de terrenos forestales autonómicos se trasladan al órgano de patrimonio para el Inventario General de Bienes y Derechos. La Administración titular o gestora inscribe los montes catalogados y sus derechos en el Registro de la Propiedad.
Art. 17Segregación de fincas parcialmente afectadas al dominio público forestalCuando una finca registral pública de régimen patrimonial se afecta parcialmente al dominio público forestal, la Administración titular debe segregar la parte demanial de la patrimonial mediante certificación administrativa, que es título suficiente para inscribirla en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de su posible inclusión en el Catálogo. En estos expedientes se aplica la legislación de catastro inmobiliario.
Art. 18Características jurídicas de los montes patrimoniales de las Administraciones públicas incluidos en el Registro de Montes Públicos de AndalucíaLos montes patrimoniales públicos incluidos en el Registro de Montes Públicos tienen tres rasgos: usucapión solo por posesión pública, pacífica, no interrumpida y en concepto de dueño durante treinta años (la interrumpen los aprovechamientos forestales, los expedientes sancionadores o cualquier acto posesorio de la Administración); enajenación por permuta o por ley o disposición legal específica, con informe preceptivo y vinculante de la Administración forestal y medidas compensatorias si se pierde superficie; e hipoteca solo sobre los aprovechamientos forestales.
Art. 19Régimen de usos de los montes públicosLos montes públicos se gestionan atendiendo a la erosión, los incendios, la renovación de ecosistemas y la sanidad forestal. La Consejería colabora en montes de otras Administraciones mediante convenio de diez años como máximo, prorrogable por igual periodo. Usos comunes respetuosos y sin ánimo de lucro pueden ser públicos; el aprovechamiento especial requiere autorización con informe favorable forestal; el uso privativo, concesión con informe favorable de compatibilidad. Concesiones: diez años máximo, prorrogables hasta setenta y cinco, sin renovación automática.
Art. 20Investigación y recuperación posesoria de los montes públicosLos titulares de montes públicos investigan los terrenos que presuman suyos, pueden recabar datos e informes y, con la Consejería forestal, fijar provisionalmente límites, cabida y linderos, además de recuperar la posesión. Los demaniales pueden recuperarse de oficio en cualquier momento, sin interdictos ni procedimientos especiales. En los patrimoniales, la recuperación administrativa exige notificar el inicio antes de un año desde el día siguiente a la usurpación; después, hay que acudir a la jurisdicción civil.
Art. 21Deslinde de montes públicosEl deslinde identifica y delimita los montes públicos, demaniales y patrimoniales. Corresponde a la Administración propietaria, con informe preceptivo previo de la Consejería forestal; esta puede deslindar montes catalogados ajenos por convenio. Se hace de oficio o a instancia de parte, sobre todo o parte del monte. El deslinde firme delimita el monte y declara su estado posesorio, salvo juicio declarativo de propiedad. Recursos: contencioso por competencia o procedimiento; civil si se discute dominio, posesión u otro derecho real. Firme, se amojona.
Art. 22Asientos registrales de montes privadosToda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte, de una finca colindante con monte público o situada en un término municipal con montes demaniales exige el previo informe favorable de los titulares de esos montes. Si se trata de montes catalogados de utilidad pública, también el de la Consejería competente en materia forestal.
Art. 23Gestión de los montes privadosLos montes privados se gestionan como disponga su titular, respetando la legislación específica y el Código Civil, y puede contratarse su gestión con personas públicas o privadas. Se ajustan al instrumento de ordenación forestal si existe; si no, cualquier uso, aprovechamiento o actuación sigue el procedimiento de la ley. Deben respetar los criterios del artículo 19.1. La Consejería forestal puede colaborar en su gestión, incluidos los vecinales en mano común y los de socios, mediante convenio.
Art. 24Declaración de montes protectoresA solicitud de sus titulares, la Consejería forestal puede declarar protectores los montes privados que cumplan la legislación básica estatal, que rige su declaración y registro. Los gestionan sus propietarios, con instrumento de ordenación forestal obligatorio. La Consejería establecerá incentivos que reconozcan sus servicios ambientales y compensen las limitaciones derivadas de su carácter protector.
Art. 25Derecho de adquisición preferente. Tanteo y retractoLas Administraciones propietarias de montes pueden ejercer el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) en las transmisiones onerosas de montes enclavados o colindantes con montes públicos, de montes protectores y de montes de más de 400 hectáreas, en las condiciones de la legislación forestal estatal. En fincas mixtas agrícola-forestales, la superficie forestal debe superar a la agrícola y, en todo caso, las 400 hectáreas.
Art. 26Otros medios de adquisición de montes por las Administraciones públicasPara cumplir los fines de la ley, las Administraciones públicas pueden adquirir la propiedad u otros derechos personales o reales sobre montes por expropiación, compraventa, permuta, donación, herencia, legado o cualquier otro medio admitido en derecho, considerando en el procedimiento el posible interés público concurrente.
Art. 27Límite a la segregación de montesLas parcelas de monte de menos de veinte hectáreas son indivisibles, salvo por causa no imputable a la propiedad. Las de veinte hectáreas o más pueden dividirse si ninguna parcela resultante baja de diez hectáreas, salvo que la segregada se incorpore a un monte colindante que alcance tras ello al menos diez hectáreas. Los planes de ordenación de los recursos forestales pueden fijar superficies distintas, pero nunca inferiores a estos límites.
Art. 50Instrumentos estratégicos de planificación forestalAndalucía tiene dos instrumentos estratégicos de planificación forestal: el Plan Forestal Andaluz y los planes de ordenación de los recursos forestales. Ambos tienen la consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio, de acuerdo con la legislación sobre la materia.
Art. 51Plan Forestal AndaluzEl Plan Forestal Andaluz es el instrumento fundamental de la planificación forestal andaluza, dentro de los parámetros del Plan Forestal Español. Su cumplimiento se evalúa al menos cada diez años. Lo elabora la Consejería competente en materia forestal, con proceso participativo y de consulta e informe del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad. Lo aprueba por decreto el Consejo de Gobierno, que da conocimiento al Parlamento; se publica en el BOJA y en la sección de Transparencia.
Art. 52Planes de ordenación de los recursos forestalesLos planes de ordenación de los recursos forestales desarrollan y ejecutan la ley y el Plan Forestal Andaluz; su contenido es obligatorio y ejecutivo en las materias de la legislación de montes. Su ámbito son territorios forestales homogéneos y pueden adaptarse a comarcalizaciones. Caben planes especiales por la relevancia socioeconómica de ciertos productos o servicios. Su cartografía se integra en el SIG-Forestal. Los aprueba el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería forestal y se publican en el BOJA y en Transparencia.
Art. 53Planificación forestal en los espacios naturales protegidosLa parte forestal de los planes de ordenación de los recursos naturales de los espacios naturales protegidos (u otros planes equivalentes) y sus revisiones necesitan informe favorable del órgano competente en materia forestal. El plan de ordenación de los recursos naturales, máximo instrumento de planificación del espacio protegido, recogerá en su parte forestal las previsiones de los planes de ordenación de los recursos forestales del mismo territorio, que deben integrar los objetivos del espacio.
Art. 54Gestión forestal sostenibleLos montes se gestionan bajo los principios de integralidad y sostenibilidad, considerando juntos vegetación, fauna y medio físico, para un aprovechamiento ordenado que conserve y mejore el medio natural y atienda necesidades actuales y futuras. La gestión se adapta a cada monte o grupo de montes. La gestión sostenible amplía los objetivos clásicos (persistencia, rendimiento sostenido y máximo de utilidades) con suelo, patrimonio cultural, fijación de carbono, calidad del aire y el agua y diversidad biológica y paisajística.
Art. 55Instrumentos de ordenación forestalLos instrumentos de ordenación forestal son documentos técnicos que organizan en el tiempo y el espacio el uso racional de los recursos a escala de monte o unidad de gestión: proyectos de ordenación de montes y planes técnicos; además caben modelos tipo de gestión con adhesión. Deben tenerlos todos los montes públicos y los protectores. Los aprueba la Administración forestal autonómica en un plazo máximo de seis meses, y su elaboración la dirigen, supervisan y suscriben profesionales con titulación forestal universitaria.
Art. 56Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma de AndalucíaLas Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes de Andalucía contienen las directrices básicas comunes para ordenar y gestionar de forma sostenible los montes, adaptadas a la realidad social y económica andaluza y al monte mediterráneo. Se aprueban por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia forestal y regulan estructura, contenidos mínimos y vigencia de los instrumentos de ordenación forestal, y la tramitación de sus solicitudes.
Art. 57Certificación forestalLa Administración forestal promoverá sistemas de certificación forestal reconocidos nacional e internacionalmente, voluntarios, transparentes y no discriminatorios. En la contratación pública, la Junta podrá valorar positivamente productos de montes certificados y promoverá madera, corcho y otros productos en la construcción pública, con el objetivo estratégico de incorporarlos en edificación pública de nueva planta y rehabilitaciones integrales. También hará campañas de fomento entre la industria y la ciudadanía.
Art. 58Comercialización de productos forestalesEl comercio de madera y derivados en Andalucía debe cumplir la normativa europea y nacional sobre materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. Los órganos de contratación de la Junta exigirán acreditar la legalidad y la no deforestación del aprovechamiento de la madera en origen, en cualquiera de sus procedimientos. Estos requisitos pueden extenderse a otros productos forestales y acreditarse con certificación forestal u otros medios válidos en derecho.
Art. 59Disposiciones generalesSon aprovechamientos forestales los maderables y leñosos (con la biomasa), corcho, pastos, caza, frutos, hongos, plantas melíferas, aromáticas y medicinales, resina y demás productos y servicios con valor de mercado, incluidos los servicios ambientales del artículo 75. La caza queda fuera del capítulo y se rige por la normativa cinegética. La titularidad del monte es siempre propietaria de sus recursos. El titular de un aprovechamiento maderable, leñoso o corchero comercializado comunica cantidad y precio a la Consejería en un mes desde su finalización.
Art. 60Aprovechamientos forestales en montes públicosLos aprovechamientos de montes públicos se consideran bienes patrimoniales a efectos de su enajenación, sea cual sea la naturaleza jurídica del monte, y sus titulares pueden enajenarlos según la legislación patrimonial, las cláusulas que establezca la Consejería forestal y los instrumentos de ordenación. Supletoriamente rige la normativa de contratos del sector público. Como contraprestación caben mejoras en el monte, con aprobación de la entidad titular. En contratos de mejora, los productos generados pueden quedar para el adjudicatario.
Art. 61Planes anuales de aprovechamientos forestales en montes públicosLos planes anuales de aprovechamientos forestales en montes públicos son documentos públicos técnico-facultativos con todos los recursos aprovechables de esos montes, referidos a cada provincia y con criterio de uso racional y sostenibilidad. Los aprueba la Consejería competente en materia forestal y se publican en la Rediam antes de finalizar el año anterior al de su vigencia. En montes públicos no gestionados por la Consejería, el plan no exime de autorización o declaración responsable.
Art. 62Aprovechamientos forestales en montes privados o públicos no gestionados por la Administración forestalEn montes no gestionados por la Administración forestal, los aprovechamientos maderables, leñosos, de corcho y de piña con instrumento de ordenación aprobado (o plan de ordenación de los recursos forestales que lo prescriba) no requieren autorización si son coherentes con la planificación, pero sí comunicación previa. Fuera de la planificación, madera, leña y corcho requieren autorización previa, salvo turno corto, domésticos de menor cuantía o comunales (declaración responsable); la piña, declaración responsable. Las autorizaciones valen un año salvo otro plazo.
Art. 63Concepto de uso del monteA efectos de la ley, uso del monte es cualquier actividad o utilización del monte como espacio o soporte físico que no implique la pérdida permanente de la cubierta vegetal y sea compatible con su condición forestal, además de las actividades directamente relacionadas con la gestión forestal.
Art. 64Uso selvícolaEl uso selvícola es el conjunto de actuaciones sobre los sistemas forestales dirigido a favorecer su evolución y desarrollo, que puede suministrar productos o servicios y mejora su respuesta ante perturbaciones. Debe hacerse conforme a las técnicas y conocimientos forestales, considerando los valores ecológicos, paisajísticos y sociales de la vegetación, con especial atención a la conservación del suelo y a la defensa del medio natural. Su tramitación administrativa se desarrollará reglamentariamente.
Art. 65Uso silvopastoralUso silvopastoral es el conjunto de técnicas y costumbres culturales de manejo de la ganadería extensiva en los montes, más allá del aprovechamiento de los pastos. La Administración autonómica lo fomentará para mejorar la bioeconomía, favorecer el arraigo rural, conservar las razas ganaderas autóctonas, proteger el patrimonio cultural, mantener y mejorar los ecosistemas forestales y defenderlos de incendios y otros desequilibrios.
Art. 66Uso cinegéticoEl uso cinegético es el conjunto de actuaciones, actividades y costumbres tradicionales y culturales de manejo y aprovechamiento de especies cinegéticas en los montes. Su regulación queda sometida a la legislación cinegética. La Junta podrá fomentarlo para mejorar la economía y el arraigo rural, conservar y regenerar los montes, controlar enfermedades de la fauna silvestre y prevenir incendios forestales y otros desequilibrios ecológicos.
Art. 67Uso públicoUso público del monte es el conjunto de actividades recreativas, sociales, turísticas, deportivas, educativas o culturales que se realizan en los montes para disfrutar y conocer su patrimonio y mejorar la salud. Se hará preferentemente en equipamientos diseñados y acondicionados a tal fin. La Consejería forestal fomentará su compatibilidad con los demás usos, en particular del ecoturismo. Los montes con oferta destacable de equipamientos y servicios podrán integrarse en la Red Muestra.
Art. 68Acceso a los montes públicosSe accede a los montes públicos por caminos forestales, pistas, senderos y veredas dispuestos al efecto, sin que eso presuponga su dominio público. Los vehículos a motor fuera de la red de carreteras y caminos públicos se limitan a servidumbres de paso, gestión silvopastoral y cinegética y vigilancia y extinción de incendios; excepcionalmente y de forma motivada, la Consejería forestal puede autorizar el tránsito abierto motorizado. Las Consejerías forestal y de protección civil pueden limitar el tránsito, y la forestal regula acceso, uso y aparcamiento.
Art. 69Objeto y administración del fondo de mejoras de montes catalogadosEl fondo de mejoras reúne los ingresos que aportan las entidades titulares de montes catalogados por aprovechamientos y por ocupaciones, servidumbres, usos y otras actividades con valor de mercado, más la totalidad de los pagos por daños y perjuicios fijados por resolución firme en procedimientos sancionadores por infracciones en esos montes. Financia la gestión forestal y su certificación y proyectos de conservación y mejora. Lo administra en general la Consejería, salvo transferencia a entidades locales que lo soliciten y habiliten cuenta bancaria.
Art. 70Ingresos en el fondo de mejorasLas entidades titulares de montes catalogados destinan al fondo de mejoras un mínimo del 15 % de los ingresos por todos los rendimientos económicos del monte, ampliable reglamentariamente. Si se declara un evento catastrófico (incendio, plaga, vendaval u otros), el mínimo sube al 30 % de los ingresos de los aprovechamientos extraordinarios derivados del siniestro. En los montes catalogados de la Junta de Andalucía se ingresa el cien por cien de los ingresos.
Art. 71Planes anuales de mejorasLas actuaciones del fondo de mejoras se planifican y ejecutan mediante planes anuales de mejoras, documentos técnico-facultativos suscritos por profesionales con titulación forestal universitaria. Puede elaborarlos la entidad que administre el fondo (oída, en su caso, la titular) o la entidad titular o gestora del monte, comunicándolo antes a la Administración forestal. Inspección, control y coordinación corresponden a la Consejería. Deben ajustarse al instrumento de ordenación vigente; si no existe, los aprueba la Consejería. Son obligatorios.
Art. 72Servicios ambientales de los montesSon servicios ambientales: a) conservación, restauración y mejora del patrimonio natural, biodiversidad, geodiversidad y paisaje; b) fijación de carbono como sumidero; c) creación y conservación del suelo frente a la erosión y la desertificación; d) regulación hídrica, recarga de acuíferos y calidad de las aguas; e) diversidad genética de las especies forestales; f) diversificación y belleza del paisaje; g) valor histórico, etnográfico y cultural; h) valor científico.
Art. 73Estudio y cuantificación de los servicios ambientales de los montesLa Consejería competente en materia forestal estudiará y desarrollará metodologías para mejorar el conocimiento y la cuantificación de los servicios ambientales de los montes andaluces. Definirá instrumentos y metodologías de cálculo y desarrollará medidas e incentivos públicos para que montes públicos y privados se usen en actuaciones que mantengan y mejoren esos servicios, entre otras mediante prevención, mitigación o corrección de impactos, mecanismos de compensación o responsabilidad social.
Art. 74Selvicultura para la optimización de los servicios ambientales de los montesSe promoverán tratamientos selvícolas de mejora de los ecosistemas forestales para evitar la pérdida del carbono almacenado y para que la vegetación forestal siga ejerciendo sus funciones hidrológico-protectoras y de mantenimiento de los hábitats para la biodiversidad y el paisaje.
Art. 75Servicios ambientales de los montes con consideración de aprovechamiento forestalSon aprovechamiento forestal los servicios ambientales resultantes de un proyecto obligatorio de prevención, mitigación o corrección de impactos y los que tengan valor de mercado y se aprovechen con ánimo de lucro. En esos casos, las entidades públicas titulares de montes pueden suscribir contratos de cesión a terceros, que pueden incluir las acciones para generar o promover esos servicios y durar como máximo el turno de las especies objeto de los mismos.
Art. 76Colaboración público-privada para la conservación y mejora de los servicios ambientales de los montesSi el servicio ambiental no es aprovechamiento por resultar de un promotor sin ánimo de lucro (mecanismo voluntario de mitigación, responsabilidad social o custodia del territorio), su efecto positivo podrá reconocerse y difundirse a efectos informativos o divulgativos. Los derivados de un mecanismo obligatorio de compensación pueden reconocerse como proyectos de absorción de emisiones (artículo 37 de la Ley 8/2018). La Consejería pondrá terrenos forestales públicos a disposición de terceros mediante convenio.
Art. 77La gestión forestal como herramienta para la mitigación del cambio climáticoLos tratamientos selvícolas y las actuaciones activas de repoblación forestal, incluidas las de restauración de zonas incendiadas, podrán ser reconocidos como proyectos de absorción de emisiones a efectos de lo dispuesto en la normativa de cambio climático.
Art. 94CompetenciasLa prevención de incendios forestales corresponde a la Consejería competente en materia forestal, salvo lo atribuido a la de protección civil y emergencias: planificación preventiva comarcal y regional; mantenimiento del Inventario de Infraestructuras Preventivas y obras y servicios en ellas; y, en montes privados, obras y servicios en infraestructuras preventivas previstas en convenio. La forestal además aprueba y supervisa los planes de prevención de montes privados y públicos sin convenio y lleva la selvicultura preventiva en montes de la Junta y con convenio.
Art. 95Competencias de las entidades localesA los municipios y otras entidades locales les corresponde, en los montes de su titularidad, dentro de sus ámbitos competenciales y siempre que no exista convenio de cooperación con la Administración forestal, elaborar y proponer la planificación preventiva de incendios y adoptar las medidas de prevención que les correspondan.
Art. 96Cooperación entre Administraciones públicasLas Administraciones públicas de Andalucía cooperarán entre sí y colaborarán con la Administración del Estado y con la de otras comunidades autónomas en las tareas de prevención contra incendios forestales, en los términos de esta ley, de los planes aprobados con arreglo a ella y de la demás normativa aplicable.
Art. 97Colaboración de particulares y entidadesLa Consejería competente en materia forestal podrá suscribir convenios con personas particulares o con entidades interesadas en colaborar en la prevención de los incendios forestales. Es una facultad de la Consejería forestal, que se ejerce mediante convenio.
Art. 98Instrumentos de planificaciónLos instrumentos de planificación en prevención de incendios forestales son: a escala regional, los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales; a escala comarcal, los planes que se establezcan reglamentariamente; y a escala de monte o grupo de montes, los instrumentos de ordenación forestal y los planes de prevención de incendios forestales.
Art. 99Planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestalesLos planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales planifican a escala regional la prevención en los montes y abarcan todas las actuaciones en Andalucía; su contenido mínimo, elaboración y aprobación se desarrollarán reglamentariamente. Los elabora la Consejería de protección civil y emergencias en colaboración con la forestal, con información pública, y su aprobación se publica en el BOJA y en Transparencia. Velan por la compatibilidad de las actividades forestales de las cadenas de valor industriales.
Art. 100Instrumentos de ordenación forestal y planes de prevención de incendios forestalesAprobar un instrumento de ordenación forestal aprueba también sus medidas de prevención de incendios. Sin instrumento, la prevención se hace con planes de prevención: los redactan y ejecutan los propietarios y titulares de derechos de uso y disfrute en montes de hasta 400 hectáreas, y profesionales con titulación forestal universitaria en el resto. Los aprueba la Consejería forestal. Pueden hacerse en común entre colindantes, se revisan cada diez años y su ejecución se acredita cada cinco años con certificado de un profesional forestal.
Art. 101Inventario de Infraestructuras Preventivas contra Incendios Forestales de los Montes Públicos de AndalucíaSe crea el Inventario de Infraestructuras Preventivas contra Incendios Forestales de los Montes Públicos de Andalucía: líneas cortafuegos, fajas auxiliares, áreas cortafuegos, puntos estratégicos de gestión y áreas de actuación singularizada con cambios en los modelos de combustible. Sus infraestructuras se declaran de interés de la Comunidad Autónoma, y aprobar sus proyectos implica la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación a efectos expropiatorios.
Art. 102Deberes relativos a la prevención de incendiosLos propietarios y titulares de derechos de uso y disfrute de terrenos forestales, públicos o privados, hacen su gestión preventiva mediante el instrumento de ordenación cuando lo tienen, que debe incluir la estimación del riesgo de incendio y las medidas para evitarlo o minimizar sus efectos. Sin instrumento, ejecutan lo previsto en los planes de prevención y, en su caso, en los planes anuales. Deben permitir en sus terrenos las infraestructuras del Inventario. Todo plan, proyecto, uso o aprovechamiento con manejo de vegetación incluirá medidas de prevención.
Art. 103Actuación subsidiariaSi se incumplen las obligaciones del capítulo de prevención de incendios, la Consejería competente en materia forestal podrá actuar subsidiariamente con cargo al obligado, previo apercibimiento, sin perjuicio de adoptar medidas preventivas e imponer, en su caso, las sanciones que correspondan.
Art. 129Régimen jurídico del ejercicio de la potestad sancionadoraLa potestad sancionadora en materia de montes se ejerce conforme a las reglas de la legislación básica de montes, de la de régimen jurídico del sector público y de la del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.
Art. 130Competencias y funciones de policía forestalLa Consejería competente en materia forestal ejerce las funciones de policía, custodia, vigilancia e inspección para el cumplimiento de la normativa forestal. La policía administrativa forestal, por atribución legal o por delegación, la desempeña personal funcionario que tenga reconocida la condición de agente de la autoridad.
Art. 131Tipificación de las infraccionesEl artículo tipifica las infracciones forestales, de la letra a) a la s). Entre ellas: cambio de uso forestal sin autorización (infracción continuada o permanente), ocupación de montes públicos, cortas o quemas de ejemplares, aprovechamientos sin autorización o declaración, pistas no previstas o no autorizadas por el órgano forestal, pastoreo donde esté prohibido, circulación motorizada fuera de caminos, vertidos, incumplir los deberes de vigilancia y conservación, falsedades en declaraciones, obstruir la inspección y no informar a la Administración.
Art. 132Clasificación de las infraccionesMuy graves: letras a) a p) (salvo c) con daños de 1.000.000 € o más o reparación de más de diez años; c) si impide fijar los lindes; h) si la obra pasa de 500 m en zona arbolada o con pendiente media superior al 20 %. Graves: a) a p) (salvo c) con daños desde 10.000 € e inferiores a 1.000.000 €, o reparación de más de seis meses sin exceder diez años; c) si no impide identificar los límites; h) en el resto; y q). Leves: a) a p) sin daños, con daños inferiores a 10.000 € o reparación de hasta seis meses; r) y s).
Art. 133Medidas cautelaresLa Consejería competente en materia forestal o sus agentes de la autoridad, en particular los agentes medioambientales, pueden adoptar medidas provisionales, incluidos el decomiso y la paralización de la actividad presuntamente infractora, para evitar la continuidad del daño. Al iniciarse el procedimiento, la Consejería debe confirmarlas, modificarlas o levantarlas, y puede imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final.
Art. 134Responsables de las infraccionesResponden de las infracciones las personas físicas o jurídicas que incurran en ellas: quien realiza directamente la actividad o quien la ordena, si quien la realiza tiene con ella relación contractual o de hecho y se demuestra su dependencia. Si no puede determinarse el grado de participación de cada interviniente, la responsabilidad es solidaria, con derecho a repercutir a los demás. Los responsables deben reparar e indemnizar los daños causados.
Art. 135Prescripción de las infraccionesLas infracciones prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres las graves y al año las leves. El plazo corre desde la comisión, desde que finalizó la conducta en la infracción continuada o desde que se eliminó la situación ilícita en la permanente. Lo interrumpe la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado, y se reanuda si está paralizado un mes por causa no imputable al presunto responsable. La restauración por daños a un monte demanial es imprescriptible.
Art. 136Responsabilidad penalSi la infracción puede ser delito, se comunica al órgano jurisdiccional competente y se suspende el procedimiento sancionador hasta sentencia o resolución firme. La sanción penal excluye la administrativa cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si no se aprecia delito, el órgano competente continúa el procedimiento teniendo en cuenta los hechos declarados probados por la resolución judicial firme.
Art. 137Cuantía de las sancionesLas sanciones siguen la legislación básica estatal de montes: leves, de 100 a 1.000 euros; graves, de 1.001 a 100.000 euros; muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros, salvo que el importe de la madera indebidamente comercializada o el doble del coste de reposición del daño supere 1.000.000 de euros, en cuyo caso la sanción equivale al importe mayor.
Art. 138Potestad sancionadoraImponen las sanciones: la persona titular del órgano periférico de la Consejería forestal, las leves y graves; la persona titular de la dirección general forestal, las muy graves de hasta 300.000 euros; la persona titular de la Consejería, las muy graves de más de 300.000 y hasta 600.000 euros; y el Consejo de Gobierno, las muy graves de más de 600.000 euros. El plazo de resolución expresa y notificación es de doce meses.
Art. 139ProporcionalidadDentro de los límites legales, el importe de la sanción se fija según las circunstancias que atenúan o agravan: repercusión y reversibilidad del daño, beneficio ilícito, grado de participación, intencionalidad, actuaciones reparadoras, concurrencia o encubrimiento de infracciones, falta de controles o precauciones y negativa u obstrucción a la Administración. La reincidencia sube la infracción al grupo de gravedad inmediatamente superior; la hay si no han pasado cinco años desde otra sanción firme en vía administrativa por infracción análoga.
Art. 140Reducción de la sanciónLa cuantía de la sanción puede reducirse hasta un máximo del cincuenta por ciento si la persona infractora corrige la situación creada por la infracción en el plazo señalado en el requerimiento, sin perjuicio de la legislación básica del procedimiento administrativo común.
Art. 141Reparación del daño e indemnizaciónAdemás de las sanciones, la persona infractora debe reparar el daño en la forma fijada por el órgano sancionador; la obligación es imprescriptible si el daño afecta al dominio público forestal. La reparación busca restaurar la situación previa, y lo no reparable se indemniza con los perjuicios. Si el beneficio económico supera la sanción máxima, cabe exigir una indemnización de hasta el doble de ese beneficio, que en montes de utilidad pública va al fondo de mejoras. Daños y plazo se fijan con criterio técnico motivado.
Art. 142Multas coercitivas y ejecución subsidiariaSi la persona infractora no repara o indemniza en el plazo del requerimiento, la Administración instructora puede imponer multas coercitivas o acordar la ejecución subsidiaria. Las multas coercitivas se reiteran por lapsos suficientes para cumplir y cada una no puede superar el 20 por ciento de la multa fijada por la infracción. La ejecución subsidiaria es a costa de la persona infractora, y en ella tienen carácter prioritario los fondos de mejoras de montes catalogados.
Art. 143DecomisoLa Administración forestal acordará, como sanción accesoria en infracciones muy graves y graves, el decomiso de los productos forestales ilegalmente obtenidos y de los medios utilizados; si procede devolverlos, puede sustituirse por su importe. No son sanción el embargo y depósito acordados por inspectores o agentes medioambientales, ni las obligaciones de reparar e indemnizar los daños. El procedimiento y destino de los bienes decomisados se regularán reglamentariamente.
Art. 144Prescripción de las sancionesLas sanciones por infracciones muy graves prescriben a los cinco años; las de graves, a los dos años, y las de leves, al año. El plazo cuenta desde el día siguiente a la firmeza de la resolución sancionadora; si se desestima presuntamente el recurso de alzada o de reposición, desde el día siguiente al fin del plazo para resolverlo. Lo interrumpe el inicio del procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado, y vuelve a correr si está paralizado más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.
Art. 145Registro regional de infractores en materia de montesLa Consejería competente en materia forestal creará un Registro regional de infractores de la Ley de Montes de Andalucía, donde se inscriben las personas físicas y jurídicas sancionadas por resolución administrativa firme por infracciones graves y muy graves. La inscripción inhabilita para concurrir a licitaciones, convenios, acuerdos u otras figuras contractuales o patrimoniales de la Junta y sus agencias, organismos y entidades; se extiende a las empresas vinculadas y a la condición de entidad selvícola de colaboración.