Ley 3/2026, de Montes de Andalucía

Artículo 100. Instrumentos de ordenación forestal y planes de prevención de incendios forestales

En pocas palabras

Aprobar un instrumento de ordenación forestal aprueba también sus medidas de prevención de incendios. Sin instrumento, la prevención se hace con planes de prevención: los redactan y ejecutan los propietarios y titulares de derechos de uso y disfrute en montes de hasta 400 hectáreas, y profesionales con titulación forestal universitaria en el resto. Los aprueba la Consejería forestal. Pueden hacerse en común entre colindantes, se revisan cada diez años y su ejecución se acredita cada cinco años con certificado de un profesional forestal.

Explicación sencilla

Concreta la prevención de incendios a escala de monte: cuándo basta el instrumento de ordenación, quién redacta y aprueba el plan de prevención, su revisión y la acreditación periódica de los trabajos.

Regla mnemotécnica

Plan de prevención: 400 ha o menos → lo redacta el propietario; más → profesional forestal. Revisión cada 10 años, acreditación cada 5.

Trampa típica de examen

Confundir las periodicidades: los planes de prevención se revisan cada diez años, mientras que la ejecución de los trabajos se acredita con carácter quinquenal.

Texto del artículo 100 de la Ley 3/2026, de Montes de Andalucía

1. La aprobación de los instrumentos de ordenación forestal implicará la aprobación de las medidas de prevención de incendios para la superficie del monte incluida en el mismo, que tendrán, al menos, la vigencia establecida en el plan especial del instrumento de ordenación proyectado, debiendo ser revisadas una vez transcurrido dicho período. 2. En defecto de instrumentos de ordenación forestal, la prevención de incendios a escala de monte se realizará mediante los planes de prevención de incendios forestales, cuya redacción y ejecución, revisión y actualización corresponde a las personas propietarias y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales, tanto públicos como privados, para montes que no superen las 400 hectáreas de superficie, y a profesionales con titulación forestal universitaria para el resto de casos. 3. Reglamentariamente se establecerá su contenido que, en todo caso, deberá incluir las características y distribución de la vegetación, el riesgo de incendios, las actuaciones y tratamientos selvícolas preventivos previstos y, en su caso, la construcción de infraestructuras de apoyo a la extinción. 4. Su aprobación corresponde a la Consejería competente en materia forestal, en el marco de la planificación regional y comarcal elaborada por la Consejería competente en materia de protección civil y emergencias. 5. Las personas propietarias y titulares de derechos reales o personales de uso y disfrute de terrenos o explotaciones forestales colindantes podrán agruparse para la elaboración de planes de prevención de incendios forestales de forma conjunta. 6. En función de las condiciones que se establezcan reglamentariamente, la vigencia de los planes de prevención podrá ser indefinida, debiendo ser revisados, en cualquier caso, cada diez años. 7. Con carácter quinquenal, deberá acreditarse ante la Consejería competente en materia forestal la ejecución de los trabajos de prevención de incendios forestales previstos en este artículo mediante certificado suscrito por un profesional con titulación forestal universitaria. 8. Reglamentariamente podrá establecerse una superficie mínima por debajo de la cual no será necesario contar con un plan de prevención de incendios forestales, en función de la ubicación del monte, de la estructura de la vegetación existente o de cualquier otra circunstancia que se determine.

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