Tema 71 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 57. Medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad

Sin perjuicio del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre montes, vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales, fauna y flora silvestres, prevención ambiental y caza y pesca fluvial y lacustre. Es compartida sobre planificación ambiental, recursos naturales, contaminación, vertidos, residuos, gases de efecto invernadero y fiscalidad ecológica. La Comisión Bilateral Junta de Andalucía-Estado informa preceptivamente sobre espacios naturales de protección estatal. Puede establecer un servicio meteorológico propio.

Artículo 195. Conservación de la biodiversidad

Los poderes públicos orientarán sus políticas a la protección del medio ambiente, a la conservación de la biodiversidad y a la conservación de la riqueza y variedad paisajística de Andalucía. Lo harán para el disfrute de todos los andaluces y andaluzas y su legado a las generaciones venideras. Retén el sujeto (los poderes públicos), los tres objetos (medio ambiente, biodiversidad, riqueza y variedad paisajística) y los dos destinos (disfrute y legado).

Artículo 196. Uso sostenible de los recursos naturales

Los poderes públicos promoverán el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos naturales garantizando su capacidad de renovación, y la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera. Asimismo, la Comunidad Autónoma promocionará la educación ambiental en el conjunto de la población.

Artículo 197. Producción y desarrollo sostenible

En el marco de sus competencias, los poderes públicos de Andalucía orientarán sus políticas especialmente a la agricultura ecológica, el turismo sostenible, la protección del litoral y la red de espacios naturales protegidos, y al fomento de una tecnología eficiente y limpia. Impulsarán políticas e instrumentos para hacer compatible la actividad económica con la óptima calidad ambiental. Protegerán el ciclo integral del agua y promoverán su uso sostenible, eficiente y responsable de acuerdo con el interés general.

Artículo 198. Residuos

Corresponde a la Junta de Andalucía la planificación, supervisión y control de la gestión de los residuos urbanos e industriales. Además, se adoptarán los medios necesarios para asegurar tanto el cumplimiento de las normas como de las medidas para la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos. Retén las tres funciones (planificación, supervisión, control), los dos tipos de residuos (urbanos e industriales) y las tres medidas (reducción, reciclaje, reutilización).

Artículo 199. Desarrollo tecnológico y biotecnológico

Los poderes públicos de Andalucía fomentarán el desarrollo tecnológico y biotecnológico, así como la investigación y el empleo de recursos autóctonos orientados a procurar la mayor autonomía en materia agroalimentaria. El control de estas actividades corresponderá a la Junta de Andalucía, en el marco del artículo 149.1.15.ª de la Constitución, de acuerdo con los principios de precaución, seguridad y calidad alimentaria.

Artículo 200. Prevención de incendios forestales y lucha contra la desertificación

Los poderes públicos pondrán en marcha mecanismos adecuados de lucha contra tres fenómenos en Andalucía: la desertificación, la deforestación y la erosión. Además, realizarán planes de prevención de incendios forestales y de extinción, así como la recuperación medioambiental de las zonas afectadas.

Artículo 201. Protección ante la contaminación

Los poderes públicos de Andalucía promoverán políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación y la fijación de estándares y niveles de protección. Estas políticas se dirigirán, especialmente en el medio urbano, a la protección frente a la contaminación acústica y al control de la calidad del agua, del aire y del suelo.

Artículo 202. Desarrollo rural

Los poderes públicos de Andalucía promoverán estrategias integrales de desarrollo rural. Lo harán con un objetivo conjunto doble: fijar la población del mundo rural y mejorar su calidad de vida. Esas estrategias se dirigen a constituir las bases necesarias para propiciar un desarrollo sostenible.

Artículo 203. Uso eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte

Apartado 1: los poderes públicos de Andalucía velarán por un uso eficiente y sostenible del suelo, a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanizadas insostenibles. Apartado 2: la Comunidad Autónoma de Andalucía potenciará el desarrollo del transporte público colectivo, especialmente aquel más eficiente y menos contaminante.

Artículo 204. Utilización racional de los recursos energéticos

Los poderes públicos de Andalucía pondrán en marcha estrategias dirigidas a evitar el cambio climático. Para ello: potenciarán las energías renovables y limpias, y llevarán a cabo políticas que favorezcan tres cosas: la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro.

Artículo 205. Protección de los animales

El artículo 205 dispone que los poderes públicos velarán por la protección de los animales, en particular por aquellas especies en peligro de extinción. Añade que el Parlamento de Andalucía regulará por ley dicha protección. Datos que retener: el sujeto que vela (los poderes públicos), el verbo «velarán», la mención «en particular» de las especies en peligro de extinción y el órgano que la regulará por ley (el Parlamento de Andalucía).

Artículo 206. Incentivos y medidas fiscales

Para conseguir los objetivos del Título VII, la Junta de Andalucía desarrollará políticas propias e incentivos a particulares adecuados a esa finalidad. Además, una ley del Parlamento de Andalucía regulará medidas de fiscalidad ecológica, preventivas, correctoras y compensatorias del daño ambiental, en el marco de la Ley Orgánica a que se refiere el artículo 157.3 de la Constitución Española.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La ley establece el régimen jurídico de la prevención y protección ambiental en el territorio de Andalucía. Busca un elevado nivel de protección, conservación y mejora del medio ambiente y de la salud de las personas mediante los instrumentos ambientales y disposiciones que ella misma regula, sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado según la legislación básica estatal.

Artículo 2. Finalidades

Ocho finalidades (a-h): alto nivel de protección de personas y medio ambiente (prevenir, minimizar, controlar y corregir la contaminación y usar eficientemente recursos y materias primas); desarrollo sostenible y circular; criterios de sostenibilidad en las decisiones de implantación; prevenir impactos y corregir y compensar efectos adversos; acceso a la información y participación; eficiencia y transparencia en la instrucción; corresponsabilidad público-privada; colaboración y coordinación administrativa integrando autorización y evaluación de impacto.

Artículo 3. Principios

Enumera diecinueve principios (de la letra a) a la r), contando la ñ)) que inspiran la ley y guían la política ambiental de la Junta en fomento, evaluación, prevención y control. Entre ellos: acción preventiva (en la fuente de origen y en el diseño), enfoque integrado (actividades industriales de alto potencial contaminante), cautela, restauración, quien contamina paga, autosuficiencia, proximidad y jerarquía en residuos, no regresión, agilidad, coordinación con lealtad institucional y justicia ambiental y territorial.

Artículo 4. Definiciones

Recoge 34 definiciones propias, que se suman a las de la normativa básica estatal. Destacan: autorización ambiental integrada, unificada y unificada simplificada (resoluciones de la Consejería), licencia ambiental (del ayuntamiento), inspección ambiental, plan de inspección (marco, plurianual) frente a programa (ejecutivo, anual), personas interesadas (entidades sin ánimo de lucro con al menos dos años constituidas) y unidad técnica fija (más de sesenta días en una misma ubicación en un intervalo de dos años).

Artículo 5. Protección de datos, secreto industrial y comercial y confidencialidad de la información aportada

La ley se aplica respetando el secreto industrial y comercial y la protección de datos. Las Administraciones respetan la confidencialidad de lo aportado por promotor, titular o explotador, atendiendo al interés público. El interesado indica qué información considera confidencial y lo justifica; decide la Administración ambiental ponderando la participación pública. Si deniega la confidencialidad, resolución motivada con recursos. Los datos confidenciales se presentan aparte y no van a información pública ni a consultas.

Artículo 6. Coordinación y cooperación interadministrativa

Las Administraciones actúan según los principios de lealtad institucional, coordinación, cooperación y colaboración. En el trámite de consultas se ponderan todos los intereses públicos, en especial los de otras Administraciones, y se prestan asistencia. El órgano ambiental autonómico convoca reuniones periódicas con las Administraciones afectadas que deban informar, con metodologías ágiles; la asistencia es obligatoria para los órganos de la Junta que no hayan emitido su informe en consultas.

Artículo 7. Administración electrónica

El uso de servicios electrónicos por las Administraciones públicas andaluzas al aplicar esta ley se somete plenamente a los derechos de las personas en sus relaciones electrónicas con la Administración, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, a la disposición adicional tercera del Decreto-ley 26/2021 y a la disposición adicional tercera de la Ley 3/2023, de 30 de marzo.

Artículo 8. Entidades colaboradoras

Entidades colaboradoras: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cooperan en verificación y control sin ejercer potestades públicas. Adquieren la condición al inscribirse en el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental; las registra la Consejería. Actúan a petición de titulares o promotores, por exigencia normativa o a instancia de la Consejería o de los ayuntamientos. Siete ámbitos posibles y sujeción al control, seguimiento e inspección de la Consejería; deben ser imparciales e independientes.

Artículo 9. Colegios profesionales de Andalucía

La Consejería competente en medio ambiente, conforme al artículo 6 de la Ley 10/2003 de Colegios Profesionales de Andalucía, y también los ayuntamientos andaluces, pueden formalizar encomiendas de gestión y convenios con los colegios profesionales para tareas materiales o técnicas de verificación de las actividades de la ley, siempre que no impliquen ejercicio de potestades públicas.

Artículo 10. Planificación estratégica en materia de medio ambiente

La Consejería de medio ambiente elabora una estrategia marco de medio ambiente, instrumento de planificación de referencia que integra las principales líneas estratégicas ambientales. Se elabora con coordinación, colaboración y cooperación administrativa y atendiendo al territorio, el cambio climático, el acceso ciudadano y el desarrollo socioeconómico. La aprueba el Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente e información pública. Fija su vigencia y seguimiento y se desarrolla mediante planes sectoriales.

Artículo 11. Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía

Se crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, órgano colegiado de consulta y participación adscrito a la Consejería de medio ambiente. Funciones: informar preceptivamente anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos ambientales (salvo los que informe el órgano forestal y de biodiversidad); conocer planes y programas ambientales autonómicos (la estrategia marco requiere su informe favorable); emitir informes y propuestas; recabar información; proponer medidas de empleo y educación ambiental; participar en la planificación.

Artículo 12. Composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía

Preside el Consejo Asesor la persona titular de la Consejería de medio ambiente; la vicepresidencia, la de la Viceconsejería. Los miembros los nombra la persona titular de la Consejería; participan los agentes económicos y sociales más representativos y las entidades locales. Su regulación será reglamentaria: informes no vinculantes y al menos dos reuniones ordinarias al año. Representación equilibrada de mujeres y hombres. El reglamento se aprueba en un año máximo desde la entrada en vigor de la ley.

Artículo 13. Garantías en materia de información ambiental

Las Administraciones públicas andaluzas garantizan una información ambiental de calidad mediante seis actuaciones: informar de los derechos de acceso y sus vías; poner a disposición la información solicitada con agilidad y asistencia del personal; estructurar y actualizar la información ambiental; difundirla del modo más amplio y avanzado, con transparencia, accesibilidad y reutilización; campañas específicas ante hechos excepcionales; y promover la Directiva (UE) 2019/1024 y la Ley 37/2007 sobre reutilización.

Artículo 14. La Red de Información Ambiental de Andalucía

La Red de Información Ambiental de Andalucía integra toda la información ambiental generada en la comunidad para la gestión, investigación, difusión, educación ambiental y toma de decisiones. Es un sistema permanente de acceso público sobre el estado y la calidad del medio ambiente. La organiza y gestiona la Consejería de medio ambiente, que aprueba sus normas y criterios y puede suscribir instrumentos de colaboración. Se difunde en el Portal de la Junta y su régimen se desarrolla reglamentariamente.

Artículo 15. Informe sobre el estado del medio ambiente

La Consejería de medio ambiente elabora y publica cada año un informe completo sobre el estado del medio ambiente en Andalucía, en lenguaje no técnico y divulgativo, con datos sobre especies y hábitats amenazados, calidad ambiental, suelos y erosión y evolución de usos y ocupación del suelo. Las Administraciones y entes públicos andaluces le facilitan los datos. Se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 16. Participación pública en asuntos con incidencia medioambiental

La participación pública en asuntos ambientales se ejerce según el artículo 3 de la Ley 27/2006, más las medidas de esta ley. La Junta garantiza la participación real y efectiva, publicando telemáticamente los expedientes en exposición pública y poniendo a disposición los que se pidan de forma fundada. En planes, programas y disposiciones ambientales, vela por el acceso a la Red de Información Ambiental y la participación en el seguimiento. En audiencia e información pública, la documentación se publica en formato digital y accesible.

Artículo 17. Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental y prevención ambiental

En línea con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 21/2013, se creará un Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental de la Junta, para garantizar la participación de quienes deban ser consultados. La inscripción es voluntaria y a solicitud; no estar inscrito nunca puede excluir a nadie como interesado. Su organización se desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Artículo 18. Ecoinnovación, investigación y desarrollo en materia de medio ambiente

La Junta impulsará la ecoinnovación, la investigación y el desarrollo tecnológico sobre el medio ambiente, en el marco de los planes aprobados. En particular, procurará: mejoras tecnológicas que racionalicen el uso de recursos y reduzcan impactos; mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental; fomentar la economía circular; y propiciar nuevos yacimientos de empleo verde de calidad.

Artículo 19. Formación, educación y sensibilización ambiental para la sostenibilidad

La Junta promoverá la educación y sensibilización para la sostenibilidad difundiendo conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades, con las medidas del artículo 73 de la Ley 3/2023. Atenderá especialmente a la formación en ámbitos educativos, profesionales, empresariales y población general; a campañas de sensibilización; y a orientar a los consumidores sobre productos más eficientes y menos contaminantes. La Consejería podrá elaborar programas de educación ambiental, en coordinación con otras Administraciones.

Artículo 20. Objeto de la evaluación ambiental

Los planes, programas y proyectos con posibles efectos significativos sobre el medio ambiente se someten a evaluación ambiental, previa a su aprobación o autorización (o a que la declaración responsable o comunicación surta efectos), considerando el cambio climático. Es instrumental respecto de esos procedimientos y de las autorizaciones ambientales integrada, unificada y unificada simplificada. Sin evaluación, los actos carecen de validez. Los proyectos ya ejecutados sin evaluación pueden evaluarse, pero sin subsanar el defecto procedimental.

Artículo 21. Finalidad

La evaluación ambiental persigue cuatro finalidades: integrar los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de planes, programas y proyectos; analizar y seleccionar las alternativas ambientalmente viables; establecer medidas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos; y fijar las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir la ley.

Artículo 22. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica

Evaluación ambiental estratégica ordinaria: planes y programas (y modificaciones) de la Administración autonómica o local exigidos por norma o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno, cuando enmarquen proyectos sometidos a evaluación de impacto en los sectores listados o afecten a Red Natura 2000; también los del apartado 2 cuando lo decida el órgano ambiental o lo pida el promotor, y los instrumentos urbanísticos del artículo 45.2 y 45.3. Simplificada: modificaciones menores, zonas municipales de reducida extensión, otros planes marco e instrumentos del 45.4.

Artículo 23. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental

Evaluación de impacto ordinaria: proyectos del anejo 1 del texto refundido de prevención y control integrados de la contaminación y sus modificaciones sustanciales; los del anexo I de la Ley 21/2013 (también si fraccionados alcanzan sus umbrales); los del apartado 2 si lo decide el órgano ambiental o lo pide el promotor; y modificaciones que por sí solas alcancen el anexo I. Simplificada: anexo II, proyectos que afecten a Red Natura 2000, ciertas modificaciones con efectos adversos, fraccionados del anexo II y proyectos de ensayo de hasta dos años.

Artículo 24. Competencias

El órgano de la Consejería de medio ambiente que se fije reglamentariamente actúa como órgano ambiental (Ley 21/2013 y esta ley) para planes, programas y proyectos en Andalucía que aprueben la Junta, sus organismos o la Administración local, o sometidos a declaración responsable o comunicación ante ellas. Ese órgano ejerce además, en la instrucción de las autorizaciones ambientales integrada, unificada y unificada simplificada, funciones del órgano sustantivo, salvo en los casos de los artículos 67.4 y 79.4.

Artículo 25. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluibles

No van a evaluación estratégica los planes cuyo único objeto sea la defensa nacional o la protección civil en emergencias, ni los financieros o presupuestarios. El órgano sustantivo puede excluir caso por caso de evaluación de impacto proyectos de defensa o emergencia civil. En la Administración autonómica, el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, puede excluir excepcionalmente un proyecto por acuerdo motivado, que se publica en el BOJA y se comunica a la Comisión Europea. La exclusión no exime de Red Natura 2000 ni de otras autorizaciones.

Artículo 26. Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental

La evaluación estratégica de un plan no excluye la de impacto de los proyectos derivados, que solo analizará lo no considerado antes si la declaración o el informe ambiental estratégico están vigentes. El órgano ambiental puede incorporar motivadamente trámites de la evaluación estratégica a otras evaluaciones si no ha pasado el plazo del plan o, en su defecto, cuatro años desde la publicación de la declaración y no han cambiado las circunstancias. Ambas evaluaciones pueden tramitarse simultáneamente.

Artículo 27. Capacidad técnica y responsabilidad de la autoría de los estudios y documentos ambientales

La persona promotora garantiza que los documentos de evaluación ambiental (documento inicial estratégico, estudio y documento ambiental estratégico; documento inicial, estudio de impacto y documento ambiental) los hacen profesionales con capacidad técnica suficiente, con calidad y exhaustividad. Deben identificar su autoría con titulación y, en su caso, profesión regulada, fecha de conclusión y firma. La autoría responde de su contenido y fiabilidad, salvo los datos recibidos de la Administración de forma fehaciente.

Artículo 28. Disposiciones generales

La evaluación ambiental estratégica ordinaria se tramita según la sección 1.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013 y la simplificada según su sección 2.ª, con las particularidades de las secciones 2.ª y 3.ª, respectivamente, del capítulo II del título II de esta ley. Si el órgano sustantivo es a la vez promotor, hace lo que corresponde al promotor. El órgano sustantivo informa al ambiental de incidencias relevantes, en especial archivo o caducidad del procedimiento sustantivo.

Artículo 29. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria

La evaluación estratégica ordinaria tiene seis trámites: solicitud de inicio, consultas previas y alcance, estudio ambiental estratégico, información pública y consultas, análisis técnico y declaración ambiental estratégica. Plazos: tres meses para consultas y documento de alcance desde la solicitud; quince meses para el estudio, la información pública y las consultas desde la notificación del alcance (veinticuatro en instrumentos urbanísticos); cuatro meses para análisis técnico y declaración desde el expediente completo.

Artículo 30. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria

En el procedimiento sustantivo, la promotora presenta ante el órgano sustantivo la solicitud de inicio con el borrador del plan y un documento inicial estratégico (objetivos, alcance y alternativas, desarrollo previsible, impactos, cambio climático e incidencia en planes concurrentes). Si falta algo, requerimiento de diez días hábiles. El sustantivo lo remite al ambiental, que en veinte días hábiles admite o inadmite (inviabilidad manifiesta, calidad insuficiente o precedente desfavorable análogo), con audiencia previa de diez días hábiles.

Artículo 31. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico

Admitida la solicitud, el órgano ambiental consulta a Administraciones afectadas e interesados, que tienen treinta días hábiles. Sin respuesta, se sigue si hay elementos de juicio suficientes y lo tardío no se considera; si faltan, requiere al superior jerárquico, que en diez días hábiles ordena emitir el informe en otros diez, suspendiéndose el plazo del artículo 29.2. La promotora puede reclamar por la vía del artículo 29.1 de la Ley 29/1998. Luego se elabora el documento de alcance y se publica.

Artículo 32. Estudio ambiental estratégico

Con el documento de alcance, la promotora elabora el estudio ambiental estratégico, que identifica, describe y evalúa los efectos significativos del plan y alternativas razonables técnica y ambientalmente viables. Forma parte integrante del plan y contiene como mínimo lo del anexo IV de la Ley 21/2013, un informe de viabilidad económica de alternativas y medidas y lo necesario para su calidad; en urbanismo, lo del anexo II de esta ley. Puede aprovechar información de otros planes de cualquier Administración.

Artículo 33. Versión inicial del plan o programa e información pública

La promotora elabora la versión inicial del plan teniendo en cuenta el estudio ambiental estratégico y presenta ambos ante el órgano sustantivo. Este los somete a información pública, previo anuncio en el BOJA y, en su caso, en el Portal de la Junta o sede de la entidad local, durante al menos cuarenta y cinco días hábiles. Puede hacerla la promotora si le corresponde la tramitación. Se incluye un resumen no técnico y se procura la máxima difusión.

Artículo 34. Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas

A la vez que la información pública, el órgano sustantivo somete la versión inicial del plan, con el estudio ambiental estratégico y su resumen no técnico, a consulta de las Administraciones afectadas e interesados ya consultados según el artículo 31. Puede hacerlo la promotora si le corresponde la tramitación. La consulta puede ser electrónica o por otros medios que la acrediten. Disponen de un plazo mínimo de treinta días hábiles para informes y alegaciones.

Artículo 35. Propuesta final de plan o programa

Tras considerar las alegaciones de la información pública y de las consultas, incluidas, en su caso, las transfronterizas del capítulo III del título II de la Ley 21/2013, la persona promotora modifica, si es preciso, el estudio ambiental estratégico y elabora la propuesta final del plan o programa. Los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos de los artículos 33 y 34 no se tienen en cuenta.

Artículo 36. Análisis técnico del expediente

El órgano sustantivo remite al ambiental el expediente completo (propuesta final, estudio, resultado de información pública y consultas, documento resumen y, en urbanismo, acreditación de no caducidad). El ambiental hace el análisis técnico, considerando el cambio climático. Si la información pública o consultas son defectuosas, requiere subsanar en tres meses máximo; si falta información, la pide a la promotora: en ambos casos se suspende el plazo y, pasados tres meses sin respuesta suficiente, termina el procedimiento. Informes ausentes: superior jerárquico, 10 + 10 días hábiles.

Artículo 37. Declaración ambiental estratégica

El órgano ambiental formula la declaración ambiental estratégica en cuatro meses desde la recepción del expediente completo. Es un informe preceptivo y determinante que resume el procedimiento y fija las determinaciones, medidas o condiciones finales que deben incorporarse al plan. Se publica en el BOJA en diez días hábiles desde su formulación, además de en el Portal de la Junta. No cabe recurso contra ella, salvo los que procedan contra la aprobación del plan. Su falta en plazo nunca equivale a evaluación favorable.

Artículo 38. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa

La promotora incorpora el contenido de la declaración ambiental estratégica al plan y lo somete a adopción o aprobación del órgano sustantivo. En diez días hábiles desde la aprobación, el órgano sustantivo remite al BOJA la resolución con la dirección electrónica del texto íntegro, un extracto (integración de aspectos ambientales, consideración del estudio, consultas y declaración, y razones de la alternativa elegida) y las medidas de seguimiento. En instrumentos de ordenación territorial y urbanística, el plazo es de dos meses.

Artículo 39. Vigencia de la declaración ambiental estratégica

La declaración ambiental estratégica pierde su vigencia si, publicada en el BOJA, el plan no se aprueba en dos años; habría que empezar de nuevo salvo prórroga. La promotora puede pedirla antes de que venza el plazo, lo que lo suspende. Sin cambios sustanciales, el órgano ambiental puede prorrogar dos años más. Resuelve en seis meses, tras informe de las Administraciones afectadas (dos meses, ampliables uno). Si no notifica en seis meses, la prórroga se entiende estimada.

Artículo 40. Modificación de la declaración ambiental estratégica

La declaración ambiental estratégica de un plan aprobado puede modificarse si circunstancias posteriores, o anteriores no valoradas, la hacen incorrecta. Se inicia de oficio (iniciativa propia, petición razonada del órgano sustantivo o denuncia) o a solicitud de la promotora. Ante petición o denuncia, el órgano ambiental se pronuncia sobre el inicio en veinte días hábiles; también puede inadmitir la solicitud en veinte días hábiles. Consultas de treinta días hábiles mínimo y resolución en dos meses, determinante y no recurrible, publicada en el BOJA en diez días hábiles.

Artículo 41. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada

En el procedimiento sustantivo, la promotora presenta ante el órgano sustantivo la solicitud de evaluación estratégica simplificada con el borrador del plan y un documento ambiental estratégico de once contenidos mínimos (objetivos, alternativas, situación ambiental previa, efectos y su cuantificación, motivación del procedimiento simplificado, medidas, cambio climático, seguimiento). Falta de documentos: diez días hábiles. El órgano ambiental admite o inadmite en veinte días hábiles (inviabilidad manifiesta o calidad insuficiente), con audiencia previa de diez días hábiles.

Artículo 42. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas

En la evaluación estratégica simplificada, el órgano ambiental consulta a las Administraciones afectadas e interesados con el documento ambiental estratégico y el borrador del plan. Deben pronunciarse en veinte días hábiles como máximo; sin respuesta, se continúa si hay elementos de juicio suficientes y lo tardío no se tiene en cuenta. Si faltan, requiere al superior jerárquico, que en diez días hábiles ordena emitir el informe en otros diez, con suspensión del plazo. La promotora puede reclamar por el artículo 29.1 de la Ley 29/1998.

Artículo 43. Informe ambiental estratégico

El órgano ambiental formula el informe ambiental estratégico en tres meses desde la solicitud. Con las consultas y el anexo V de la Ley 21/2013, decide si el plan va a evaluación ordinaria (y elabora el documento de alcance sin nuevas consultas) o no tiene efectos significativos. Se publica en el BOJA en diez días hábiles. Si no hay efectos significativos, pierde vigencia si el plan no se aprueba en cuatro años; prórroga de dos años, resuelta en tres meses con silencio estimatorio. No es recurrible y su falta nunca equivale a evaluación favorable.

Artículo 44. Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa

Aprobado un plan sometido a evaluación estratégica simplificada, el órgano sustantivo remite al BOJA en diez días hábiles la resolución de aprobación con la dirección electrónica donde estará el texto íntegro y una referencia al BOJA en que se publicó el informe ambiental estratégico. En los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, el plazo es de dos meses desde la adopción o aprobación.

Artículo 45. Evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística

Los instrumentos de ordenación urbanística se evalúan según los artículos 29 a 44. Ordinaria: instrumentos generales, planes de ordenación urbana, planes parciales y ciertos planes especiales, con sus revisiones, y sus modificaciones si enmarcan proyectos sometidos a evaluación de impacto o afectan a Red Natura 2000. Simplificada: modificaciones menores, planes de reforma interior, estudios de ordenación y otros planes especiales. Sin evaluación: estudios de detalle, instrumentos complementarios y otros, con pronunciamiento del órgano ambiental en dos meses cuando proceda.

Artículo 46. Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los informes ambientales estratégicos

Los órganos sustantivos de los planes del artículo 22 hacen el seguimiento de sus efectos ambientales para detectar a tiempo efectos adversos no previstos. La promotora les remite un informe de seguimiento con un listado de comprobación de las medidas del programa de vigilancia; el órgano sustantivo publica ambos en el Portal de la Junta. El órgano ambiental participa y puede recabar información. La declaración o el informe pueden atribuirle parte del seguimiento a propuesta del sustantivo y con su acuerdo expreso. Se pueden usar mecanismos ya existentes.

Artículo 47. Disposiciones generales

La evaluación de impacto ambiental de proyectos se rige por la normativa básica estatal, con las particularidades de esta ley y de su desarrollo reglamentario. Su procedimiento se integra, en todo caso, en los de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.

Artículo 48. Procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria y de evaluación de impacto ambiental simplificada

La evaluación de impacto ordinaria y la simplificada se tramitan según las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo II del título II de la Ley 21/2013 y las particularidades de esta ley. La declaración de impacto ambiental concluye sobre los efectos significativos y fija condiciones y medidas, incluyendo la evaluación del impacto en la salud si procede. El informe de impacto ambiental puede concluir que el proyecto va a ordinaria, que no tiene efectos adversos significativos o que no hay elementos para resolver. Ambos se publican en el BOJA en diez días hábiles.

Artículo 49. Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental

Las condiciones de la declaración de impacto ambiental pueden modificarse por nueva normativa que incida sustancialmente, por mejores técnicas disponibles que hagan imposibles o innecesarias las condiciones, o si el seguimiento revela medidas insuficientes, innecesarias o ineficaces. Se sigue el artículo 44 de la Ley 21/2013 y se hace modificando el instrumento de prevención en que se integra. Consultas de treinta días hábiles máximo; se resuelve todo en un mismo acto en treinta días hábiles desde los informes, con publicación en el BOJA.

Artículo 50. Vigencia de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto ambiental

La vigencia de la declaración y del informe de impacto sigue los artículos 43 y 47 de la Ley 21/2013 con particularidades; si caducan, cae el instrumento de prevención. La declaración caduca si la ejecución no comienza en cuatro años desde su publicación en el BOJA (inicio material de obras o montaje; en carreteras, redacción del proyecto de un tramo); se suspende por procedimiento judicial. Prórroga de dos años, resuelta en tres meses tras informe de 30 + 15 días hábiles; el silencio es desestimatorio. El informe de impacto caduca si no se autoriza el proyecto en cuatro años.

Artículo 51. Objeto

El título III de la ley regula los instrumentos de prevención ambiental aplicables en el territorio andaluz. Su finalidad es evitar o corregir los posibles efectos adversos que determinadas actuaciones puedan generar sobre el medio ambiente. Los instrumentos concretos se enumeran en el artículo siguiente.

Artículo 52. Instrumentos de prevención ambiental

Cinco instrumentos de prevención ambiental: autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada, licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales. La integrada y la unificada incluyen la declaración de impacto ambiental de la evaluación ordinaria; la unificada simplificada incorpora el informe de impacto ambiental. Si evalúa el Estado, sus condiciones se incorporan a la integrada. La integrada, la unificada y la licencia se someten a evaluación de impacto en la salud si procede según la Ley 16/2011.

Artículo 53. Concurrencia de los instrumentos de prevención ambiental con la evaluación de impacto ambiental de competencia autonómica y con otros instrumentos administrativos

Las autorizaciones integrada, unificada y unificada simplificada se tramitan coordinadas con la evaluación de impacto; el titular equivale al promotor de la Ley 21/2013. Pedir la unificada en vez de la simplificada implica pedir evaluación ordinaria. Consultas previas y documento de alcance son conjuntos; la solicitud de autorización lleva implícita la de evaluación; consultas e información pública son únicas. La declaración o el informe de impacto se publican antes de la audiencia, y la propuesta de resolución los incluye. Sin resolución previa no hay licencia ni autorización sustantiva.

Artículo 54. Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención ambiental

El Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención ambiental está adscrito a la Consejería de medio ambiente, que inscribe las resoluciones de los procedimientos del título. Los ayuntamientos le remiten las resoluciones de los procedimientos de prevención que tramiten y, en su caso, las declaraciones responsables de los efectos ambientales presentadas ante ellos, en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la resolución o desde la presentación de la declaración.

Artículo 55. Impulso y tramitación de urgencia

Por interés público, el órgano que instruye las autorizaciones integrada, unificada y unificada simplificada puede acordar motivadamente la tramitación de urgencia (artículo 33 de la Ley 39/2015): los plazos se reducen a la mitad, salvo los de solicitudes y recursos; el acuerdo no es recurrible. Se sigue el orden riguroso de incoación, salvo orden motivada del titular del centro directivo. Urgencia y preferencia pueden acumularse, pero prevalecen los proyectos de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta.

Artículo 56. Verificación documental

Para agilizar, antes de presentar la solicitud de un instrumento de prevención puede obtenerse un informe de verificación documental emitido por colegios profesionales o entidades colaboradoras en calidad ambiental. Revisa y valida proyectos, estudio de impacto y demás documentación. La solicitud que lo acompañe se admite a trámite, sin perjuicio de requerimientos de subsanación posteriores. Es voluntario: su falta no altera el orden de despacho de los expedientes.

Artículo 57. Objeto y ámbito de aplicación

Requiere autorización ambiental integrada la explotación de instalaciones, públicas o privadas, que desarrollen actividades del anejo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. A criterio del órgano competente puede incluir otras actividades que se desarrollen en el mismo emplazamiento, guarden relación técnica con la del anejo I y puedan repercutir en las emisiones y la contaminación. Quedan exceptuadas las instalaciones para investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos, sin perjuicio de los artículos 67 y 79.

Artículo 58. Finalidad

La autorización ambiental integrada persigue tres fines: evitar o, si no es posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo mediante un sistema de prevención y control integrados, para una elevada protección del medio ambiente; usar de forma eficiente la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros recursos, e integrar en una resolución única los pronunciamientos y autorizaciones del artículo 11.1.b) del texto refundido y la declaración de impacto ambiental autonómica o el condicionado de la estatal.

Artículo 59. Competencias

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: tramitar y resolver la autorización ambiental integrada, sus modificaciones y demás actuaciones; vigilar y controlar el cumplimiento de sus condiciones y de la declaración de impacto ambiental integrada en ella, así como la inspección y la potestad sancionadora en su ámbito, y recopilar los datos de emisiones y residuos que notifican periódicamente los titulares y trasladarlos a la Administración General del Estado para los inventarios.

Artículo 60. Consultas previas

Antes de iniciar el procedimiento, el titular puede pedir al órgano ambiental un documento de alcance sobre la información que debe acompañar a la solicitud; se elabora en un máximo de dos meses desde la recepción. La petición va a la Consejería de medio ambiente con un documento inicial de proyecto. Las Administraciones e interesados consultados tienen veinte días hábiles; si falta un informe relevante se requiere al superior jerárquico (diez más diez días hábiles). El documento de alcance vale dos años desde su notificación.

Artículo 61. Procedimiento

La autorización ambiental integrada sigue el procedimiento del texto refundido estatal, coordinado con la evaluación de impacto ambiental. La solicitud, con el estudio de impacto ambiental, va a la Consejería de medio ambiente. Hay información pública única de al menos treinta días hábiles, anunciada en el BOJA y en el Portal de la Junta. Los informes se emiten en treinta días hábiles; el del organismo de cuenca sobre vertidos, preceptivo y vinculante, en cuatro meses. Tras audiencia de diez días hábiles se resuelve en seis meses; el silencio es desestimatorio.

Artículo 62. Contenido y revisión de la autorización

La autorización ambiental integrada incluye las medidas de protección del medio ambiente con un plan de seguimiento y vigilancia de emisiones y del medio receptor, la declaración de impacto ambiental y las condiciones de las demás autorizaciones integradas. Puede exigir comprobación previa al inicio de la actividad. Cabe además revisión de oficio por circunstancias sobrevenidas, por requerimiento vinculante de la Administración hidráulica autonómica o por inclusión de la zona en un espacio protegido. El titular puede pedirla si reduce emisiones, vertidos o residuos por buenas prácticas.

Artículo 63. Modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integrada

La modificación de una instalación con autorización ambiental integrada puede ser sustancial o no sustancial. Es sustancial si concurre algún criterio de la normativa estatal o si exige modificar una autorización integrada que requiera información pública. La sustancial lleva procedimiento simplificado y evaluación ordinaria. La no sustancial sin evaluación simplificada se comunica y puede ejecutarse si el órgano no se opone en un mes; si requiere evaluación simplificada (recursos naturales, Red Natura 2000, patrimonio cultural), se resuelve en tres meses y el silencio es desestimatorio.

Artículo 64. Vigencia de la autorización ambiental integrada

La autorización ambiental integrada pierde su vigencia si la actividad no se inicia en cinco años desde la notificación de la resolución de otorgamiento, salvo que la autorización fije otro plazo; después hay que pedir una nueva. A solicitud del titular, el órgano ambiental puede prorrogarla si no han cambiado sustancialmente los elementos esenciales y la declaración de impacto ambiental sigue vigente; el nuevo plazo no puede exceder de cinco años. Si en seis meses no se resuelve la prórroga, se entiende desestimada.

Artículo 65. Comprobación e inicio de la actividad

La comprobación previa del artículo 62 la puede hacer directamente la Consejería competente en materia de medio ambiente o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, sin perjuicio de las comprobaciones de la Consejería de aguas. Otorgada la autorización, el titular tiene cinco años para iniciar la actividad, salvo otro plazo en la autorización. No puede iniciarla sin presentar a la Consejería de medio ambiente una declaración responsable con la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones. Iniciada la actividad, la Consejería realiza una visita de inspección.

Artículo 66. Cese temporal de la actividad y cierre de la instalación

El artículo no establece un régimen propio para el cese temporal de la actividad y el cierre de la instalación sometida a autorización ambiental integrada: remite a la normativa básica estatal, en concreto al artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a su normativa de desarrollo, que es la que regula ambos supuestos.

Artículo 67. Objeto y ámbito de aplicación

Requieren autorización ambiental unificada: las actuaciones públicas o privadas con proyectos del anexo I de la Ley 21/2013, incluidas las fraccionadas que alcancen sus umbrales por acumulación (salvo las sometidas a autorización ambiental integrada); ciertas actuaciones de la unificada simplificada (si lo decide el órgano, lo pide el titular o su modificación alcanza esos umbrales) y las instalaciones de I+D usadas más de dos años. No la necesitan las excluidas de evaluación ni las de evaluación estatal. Las de la Junta o de utilidad e interés general se resuelven por informe vinculante.

Artículo 68. Finalidad

La autorización ambiental unificada busca evitar o, si no es posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y cualquier otro impacto ambiental de determinadas actuaciones. Además integra en una única resolución la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones y pronunciamientos ambientales de la Consejería competente en materia de medio ambiente y de sus entidades de derecho público dependientes que sean necesarios antes de implantar y poner en marcha la actuación.

Artículo 69. Competencias

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente tramitar y resolver la autorización ambiental unificada, sus modificaciones y demás actuaciones relacionadas, así como vigilar y controlar el cumplimiento de sus condiciones y de la declaración de impacto ambiental integrada, la inspección y la potestad sancionadora. Todo ello sin perjuicio de las competencias del órgano sustantivo sobre la autorización o aprobación de la actuación o el control de las sometidas a comunicación o declaración responsable, y de otros órganos en su ámbito.

Artículo 70. Consultas previas

Antes del procedimiento de autorización ambiental unificada, el titular o promotor puede pedir un documento de alcance, que el órgano ambiental elabora en un máximo de dos meses. La solicitud va a la Consejería de medio ambiente con el documento inicial del proyecto (titular, características, cartografía, alternativas y diagnóstico). Los consultados tienen veinte días hábiles; si falta un informe relevante se requiere al superior jerárquico (diez más diez días hábiles). El documento vale dos años desde su notificación. En los casos del artículo 82.7.a) no se repiten las consultas.

Artículo 71. Procedimiento

La solicitud de autorización ambiental unificada va a la Consejería de medio ambiente con proyecto técnico, informe municipal de compatibilidad urbanística (emitido en un mes) y estudio de impacto ambiental, entre otros documentos. En veinte días hábiles puede inadmitirse por inviabilidad, estudio deficiente o proyecto análogo ya rechazado. Hay información pública de al menos treinta días hábiles; los informes, en treinta días hábiles. Tras audiencia de diez días hábiles, se resuelve en seis meses (ampliables a ocho); el silencio es desestimatorio.

Artículo 72. Supuesto de finalización del procedimiento junto con la formulación de la declaración de impacto ambiental

Si durante la tramitación se ve que la actuación no necesita ninguna de las autorizaciones sectoriales que se integran en la autorización ambiental unificada, esta se resuelve en el mismo acto en que se formula la declaración de impacto ambiental. En ese caso no hay que elaborar dictamen ambiental, ni dar trámite de audiencia, ni emitir propuesta de resolución (apartados 6 y 7 del artículo 71), y esa circunstancia debe constar expresamente en la fundamentación jurídica de la resolución.

Artículo 73. Contenido y revisión de la autorización

La autorización ambiental unificada fija las condiciones de la actuación e incluye la declaración de impacto ambiental y las condiciones de las autorizaciones integradas. Puede exigir comprobación previa. Cabe revisión de oficio por causas tasadas (el titular alega en treinta días hábiles) o a instancia del titular. Se resuelve en tres meses: silencio estimatorio si la pide el titular, caducidad si es de oficio. No da derecho a indemnización.

Artículo 74. Modificación de una actuación sometida a autorización ambiental unificada

La modificación de una actuación con autorización ambiental unificada es sustancial si requiere evaluación ordinaria, si exige modificar o incluir una autorización sectorial con información pública, o si supone mayor incidencia con efectos significativos: incremento significativo de emisiones, vertidos, residuos o uso de recursos naturales, afección a la Red Natura 2000 o afección significativa al patrimonio cultural. También lo es la suma de modificaciones sucesivas con esos efectos. La no sustancial se comunica y puede ejecutarse si en un mes el órgano no se opone por resolución motivada.

Artículo 75. Procedimiento de modificación sustancial de autorización ambiental unificada

La modificación sustancial que exige evaluación ordinaria (artículo 74.2) se tramita como una autorización ambiental unificada, solo para lo afectado: proyecto básico, estudio de impacto ambiental e informe urbanístico, entre otros; información pública de treinta días hábiles desde el anuncio en el BOJA y resolución en cuatro meses. Las de los apartados 3, 4 o 5 del artículo 74 siguen el procedimiento simplificado, con documento ambiental, información pública solo en el caso del 74.3 y resolución en cuatro meses desde la solicitud. En ambos el silencio es desestimatorio.

Artículo 76. Vigencia de la autorización ambiental unificada

La autorización ambiental unificada pierde su vigencia si la actividad no se inicia en cinco años desde la notificación de la resolución de otorgamiento, salvo otro plazo en la autorización; después hay que pedir una nueva. A solicitud del titular puede prorrogarse si no hay cambios sustanciales en los elementos esenciales y la declaración de impacto ambiental sigue vigente, por un nuevo plazo de cinco años como máximo. Si en seis meses no se resuelve la prórroga, se entiende desestimada. No rige para infraestructuras viarias autorizadas para un estudio informativo.

Artículo 77. Comprobación e inicio de la actividad

La comprobación previa del artículo 73 la puede realizar la Consejería competente en materia de medio ambiente o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, sin perjuicio de las comprobaciones de la Consejería de aguas. Otorgada la autorización, el titular tiene cinco años para iniciar la actividad, salvo otro plazo fijado en ella. En todo caso, no puede iniciarse sin declaración responsable dirigida a la Consejería de medio ambiente con la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones. Iniciada la actividad, la Consejería podrá realizar una visita de inspección.

Artículo 78. Cese de la actividad

Quien tenga autorización ambiental unificada debe comunicar al órgano ambiental el cese definitivo de su actividad con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista. El órgano ambiental dicta y notifica resolución en un máximo de dos meses, fijando las condiciones ambientales del desmantelamiento de las instalaciones. Si no la dicta y notifica en ese plazo, el titular o promotor puede iniciar los trabajos de desmantelamiento.

Artículo 79. Objeto y ámbito de aplicación

Requieren autorización ambiental unificada simplificada: las actuaciones con proyectos del anexo II de la Ley 21/2013, incluidas las fraccionadas que alcancen sus umbrales; las no incluidas en los anexos I ni II que puedan afectar apreciablemente a la Red Natura 2000; las modificaciones sustanciales de las primeras (salvo las del 67.1.c), y las instalaciones para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos usadas no más de dos años. Quedan fuera las excluidas de evaluación y las de evaluación estatal. Las de la Junta o de utilidad e interés general se resuelven por informe vinculante.

Artículo 80. Finalidad

La autorización ambiental unificada simplificada tiene tres fines: evitar o, si no es posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otros impactos ambientales; integrar el informe de impacto ambiental que determina si la actuación podría tener efectos significativos, y, si no los tiene adversos significativos, recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales previos de la Consejería de medio ambiente y de sus entidades de derecho público dependientes.

Artículo 81. Competencias

Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente tramitar y resolver la autorización ambiental unificada simplificada, sus modificaciones y demás actuaciones, y vigilar y controlar el cumplimiento de sus condiciones y del informe de impacto ambiental integrado, con la inspección y la potestad sancionadora. Ello sin perjuicio de las competencias del órgano sustantivo sobre la autorización o aprobación de la actuación o el control de las sometidas a comunicación o declaración responsable, y de otros órganos en su ámbito.

Artículo 82. Procedimiento

La solicitud de autorización ambiental unificada simplificada va a la Consejería de medio ambiente con proyecto técnico, informe urbanístico municipal y documento ambiental, entre otros. En veinte días hábiles puede inadmitirse por inviabilidad manifiesta o documento ambiental deficiente. Se consulta al órgano sustantivo, a las Administraciones afectadas y a los interesados (veinte días hábiles). Tras dictamen y audiencia, el órgano ambiental resuelve: pasar a autorización unificada, otorgar la simplificada o archivar. La Consejería resuelve en cinco meses; el silencio es desestimatorio.

Artículo 83. Supuesto de finalización del procedimiento junto con la formulación del informe de impacto ambiental

Si durante la tramitación se ve que la actuación no necesita ninguna de las autorizaciones sectoriales que se integran en la autorización ambiental unificada simplificada, esta se resuelve en el mismo acto en que se formula el informe de impacto ambiental. Entonces no hace falta dictamen ambiental, trámite de audiencia ni propuesta de resolución (apartados 5 y 6 del artículo 82), y esa circunstancia debe figurar expresamente en la fundamentación jurídica de la resolución.

Artículo 84. Contenido y revisión de la autorización

La autorización ambiental unificada simplificada incluye el informe de impacto ambiental y, en el caso del artículo 82.7.b), las condiciones de la actuación, las de las autorizaciones integradas y puede exigir comprobación previa. Cabe revisión de oficio por causas tasadas, con treinta días hábiles de alegaciones, o a instancia del titular. Se resuelve en tres meses: silencio estimatorio si la pide el titular, caducidad si es de oficio. Sin indemnización.

Artículo 85. Modificación de una actuación sometida a autorización ambiental unificada simplificada

La modificación de una actuación con autorización ambiental unificada simplificada es sustancial si alcanza por sí sola los umbrales del anexo II de la Ley 21/2013 o si supone mayor incidencia con efectos significativos: incremento significativo de emisiones, vertidos, residuos o recursos naturales usados, o afección a la Red Natura 2000 o al patrimonio cultural; también si las modificaciones sucesivas suman esos efectos. La sustancial no puede ejecutarse sin nueva autorización, tramitada por el artículo 82. La no sustancial se comunica y, sin oposición en un mes, puede hacerse.

Artículo 86. Vigencia de la autorización ambiental unificada simplificada

En el supuesto del artículo 82.7.b), la autorización ambiental unificada simplificada pierde su vigencia si la actividad no se inicia en cinco años desde la notificación del otorgamiento, salvo otro plazo fijado en ella. A petición del titular puede prorrogarse si no hay cambios sustanciales en los elementos esenciales y el informe de impacto ambiental sigue vigente, por un máximo de cinco años. Si en seis meses no se resuelve la prórroga, se entiende desestimada. No se aplica a infraestructuras viarias autorizadas para un estudio informativo, sin plazo de inicio.

Artículo 87. Comprobación e inicio de la actividad

La comprobación previa del artículo 84 puede hacerla la Consejería competente en materia de medio ambiente o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, sin perjuicio de la Consejería de aguas. Otorgada la autorización, el titular tiene cinco años para iniciar la actividad, salvo otro plazo fijado en ella. En el supuesto del artículo 82.7.b), no puede iniciarse sin declaración responsable con la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones. Iniciada la actividad, la Consejería podrá realizar una visita de inspección.

Artículo 88. Cese de la actividad

Quien tenga autorización ambiental unificada simplificada debe comunicar al órgano ambiental el cese definitivo de su actividad con al menos tres meses de antelación a la fecha prevista. El órgano ambiental dicta y notifica resolución en un máximo de dos meses, con las condiciones ambientales del desmantelamiento de las instalaciones. Si no lo hace en ese plazo, el titular o promotor puede iniciar los trabajos de desmantelamiento.

Artículo 89. Ámbito de aplicación y cuestiones generales

Están sometidas a licencia ambiental las actuaciones, públicas o privadas, señaladas en el anexo I y sus modificaciones sustanciales. Los ayuntamientos, por ordenanza, pueden sujetar a licencia actuaciones del anexo I que estaban en declaración responsable de los efectos ambientales. Si la actuación afecta a varios municipios, hace falta licencia de cada ayuntamiento afectado. Sin licencia ambiental previa no cabe otorgar licencia o autorización sustantiva ni presentar declaración responsable de inicio, y la licencia se resuelve antes de la autorización sectorial o comunicación ambiental.

Artículo 90. Finalidad

La licencia ambiental sirve para dos cosas: evaluar los posibles efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y determinar su viabilidad ambiental, fijando las condiciones, medidas correctoras y requisitos necesarios para que su ejecución se ajuste a la normativa vigente.

Artículo 91. Competencias

Corresponde a los ayuntamientos tanto la tramitación y resolución de los procedimientos de licencia ambiental como la vigilancia, control, inspección y potestad sancionadora sobre las actuaciones sometidas a ella. Esta competencia se ejerce en los términos de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.

Artículo 92. Procedimiento de licencia ambiental

La solicitud va al ayuntamiento con proyecto técnico, documento ambiental y demás documentos. Subsanación: 10 días hábiles. Información pública: 20 días hábiles (BOP y Portal municipal), con notificación a colindantes (prescindible en categorías 3 y 10 del anexo I). Informes: 20 días hábiles; salud: un mes. Audiencia: máximo 10 días hábiles. Resolución en 3 meses desde la entrada en el registro electrónico, ampliables hasta la mitad; silencio desestimatorio. Publicación en BOP y remisión a la delegación territorial en 10 días hábiles.

Artículo 93. Contenido de la licencia ambiental

La licencia ambiental recoge las prescripciones de protección del medio ambiente, las medidas protectoras y correctoras y las condiciones de protección de la salud. Contenido mínimo: identificación del titular y descripción del proyecto; resumen de la información pública y consultas; resumen del análisis técnico del ayuntamiento; medidas ambientales (atmósfera, luz, ruido, suelo, aguas, residuos); evaluación del impacto en la salud si procede; y el plan de vigilancia y control, con obligación de comunicar resultados al órgano ambiental municipal. Puede exigir comprobación previa al inicio.

Artículo 94. Modificación de una actuación sometida a licencia ambiental

La modificación puede ser sustancial o no sustancial. Es sustancial la que supone mayor incidencia en seguridad, salud o medio ambiente con efectos significativos (incrementos significativos de emisiones, vertidos, residuos, recursos o capacidad de producción; afección a Red Natura 2000 o afección significativa al patrimonio cultural). Las ordenanzas pueden fijar umbrales, nunca inferiores a los autonómicos. La no sustancial se comunica al ayuntamiento y puede ejecutarse si no se opone en un mes. La sustancial exige nueva licencia, por el procedimiento del artículo 92.

Artículo 95. Vigencia de la licencia ambiental

Otorgada la licencia, hay cuatro años para iniciar la actividad, salvo plazo distinto fijado en ella; después hay que pedir una nueva. Antes de que venzan puede pedirse prórroga, que suspende el plazo; el ayuntamiento puede ampliar la vigencia un año más si no han cambiado sustancialmente los elementos esenciales. Resuelve en tres meses desde la recepción; los informes de otras Administraciones se emiten en veinte días hábiles, ampliables diez más, con suspensión del plazo. Si no resuelve, la prórroga se entiende estimada.

Artículo 96. Comprobación e inicio de la actividad

La comprobación previa prevista en el artículo 93 la puede hacer el ayuntamiento o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental. En todo caso, para iniciar una actividad con licencia ambiental el titular o promotor debe presentar declaración responsable (artículo 69 de la Ley 39/2015) indicando la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones de la licencia. Iniciada la actividad, el ayuntamiento puede inspeccionar en cualquier momento.

Artículo 97. Cese de la actividad

El titular de una actuación con licencia ambiental debe comunicar al ayuntamiento el cese definitivo con un mes de antelación mínima. El ayuntamiento lo comunica a la delegación territorial de medio ambiente antes de la fecha prevista y debe resolver en dos meses fijando las condiciones ambientales del desmantelamiento. Si no resuelve en ese plazo, el titular puede iniciar los trabajos de desmantelamiento.

Artículo 98. Ámbito de aplicación

Están sometidas a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones públicas y privadas así señaladas en el anexo I, sin perjuicio de que el ayuntamiento las sujete a licencia conforme al artículo 89.2. Si la actuación se desarrolla en más de un municipio, hay que presentar declaración ante cada ayuntamiento afectado. La documentación ambiental la elaboran profesionales con capacidad técnica, identificando autoría, titulación, fecha y firma; la autoría responde de su contenido, salvo datos recibidos fehacientemente de la Administración.

Artículo 99. Finalidad

La declaración responsable de los efectos ambientales tiene tres finalidades: permitir iniciar la actividad sin licencia ambiental, por la menor incidencia ambiental de esas actuaciones; sustituir el control administrativo previo por un control posterior al inicio; y simplificar los trámites ambientales, dando garantías al titular sin que la Administración renuncie a inspeccionar, vigilar, controlar y sancionar.

Artículo 100. Competencias

La declaración responsable de los efectos ambientales se formula ante el ayuntamiento del municipio donde esté ubicada la actuación. Los ayuntamientos tienen la inspección, vigilancia, control y potestad sancionadora sobre las actividades sometidas a este instrumento, y ejercen esa competencia en los términos de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Artículo 101. Obligaciones de las personas titulares o promotoras de actividades sujetas a declaración responsable de los efectos ambientales

Antes de presentar la declaración responsable de los efectos ambientales, el titular debe haber obtenido las autorizaciones sectoriales no ambientales y ambientales exigibles, haber formulado las comunicaciones ambientales exigibles y tener del ayuntamiento el certificado de compatibilidad urbanística y, si hay obras, la licencia urbanística. Debe conservar la documentación acreditativa para el control posterior, en particular el certificado y una memoria descriptiva con efectos ambientales, medidas correctoras y justificación normativa.

Artículo 102. Presentación de la declaración responsable de los efectos ambientales

La declaración responsable de los efectos ambientales se presenta una vez hechas las actuaciones necesarias para iniciar la actividad y antes del inicio. Contenido mínimo: identificación del titular, emplazamiento, fecha prevista de inicio, manifestación de cumplir las obligaciones del artículo anterior y de poseer la documentación, manifestación de ponerla a disposición del ayuntamiento cuando la requiera y compromiso de mantener el cumplimiento durante todo el ejercicio de la actividad.

Artículo 103. Efectos de la declaración responsable de los efectos ambientales

La declaración faculta, solo desde el punto de vista ambiental, para abrir la instalación e iniciar la actividad desde la fecha indicada, sin perjuicio del control posterior. Deficiencias no sustanciales: el ayuntamiento da plazo para subsanar y puede volver a visitar. Incumplimiento constatado o deficiencias sustanciales: previa audiencia, resolución motivada de cese, y en su caso sanción y reparación del daño. No presentar la declaración o la inexactitud, falsedad u omisión esencial impiden continuar la actividad desde que se constatan.

Artículo 104. Modificación de la actividad

El traslado, el cambio del tipo de actividad realizada en la instalación y la modificación de la instalación también quedan sometidos a declaración responsable de los efectos ambientales. Si el cambio implica pasar a otro instrumento de prevención ambiental, el titular debe solicitar el nuevo instrumento ante el órgano ambiental competente para otorgarlo.

Artículo 105. Cese de la actividad

Quienes ejerzan una actuación con declaración responsable de los efectos ambientales deben comunicar al ayuntamiento competente el cese definitivo de su actividad con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha prevista de cese. Es el único deber que el artículo impone en el cese.

Artículo 106. Medidas de mejora de la calidad ambiental

Las Administraciones públicas competentes adoptan y fomentan medidas para mejorar la calidad ambiental atmosférica, la gestión de residuos y el suelo, conforme a la normativa estatal. La calidad ambiental se garantiza con normas de calidad, valores límite de emisión y otras medidas. La Consejería competente en medio ambiente puede elaborar planes de mejora de la calidad ambiental, que aprueba el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo. Se promocionan tecnologías y prácticas que reduzcan la contaminación de forma técnica y económicamente viable.

Artículo 107. Autorizaciones de control de la contaminación ambiental

A efectos de la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, solo hay dos autorizaciones de control de la contaminación ambiental: la autorización de emisiones a la atmósfera y las autorizaciones de control en el ámbito de residuos. Son instrumentos distintos de los de prevención ambiental regulados en el título anterior.

Artículo 108. Conformidad con normativa básica

Artículo 109. Ámbito de aplicación

El capítulo de calidad del medio ambiente atmosférico se aplica al aire ambiente y a la contaminación introducida en él por sustancias, luminosidad artificial, olores, ruidos y vibraciones. Quedan excluidos y se rigen por su normativa específica: la contaminación del aire en los centros de trabajo, la producida por radiaciones no luminosas, los contaminantes biológicos (salvo las fracciones que pueden formar parte de los contaminantes atmosféricos según el anexo I de la Ley 34/2007) y la contaminación en interiores.

Artículo 110. Competencias

La Consejería de medio ambiente hace inventarios de emisiones y mapas de calidad del aire, planifica, elabora los planes de calidad del aire regionales y supramunicipales (y los municipales que se le pidan), propone al Consejo de Gobierno valores límite más exigentes, adopta medidas ante riesgo de superación, vigila y sanciona la calidad del aire y las emisiones de actividades con AAI, AAU, AAU simplificada o autorización de emisión, COV y combustión medianas. Los municipios protegen las zonas urbanas, aprueban planes municipales, ejecutan medidas de tráfico y sancionan las demás emisiones.

Artículo 111. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire

La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire integra todas las estaciones de medición, fijas y móviles, públicas y privadas, instaladas en Andalucía que cumplan los criterios reglamentarios. La coordina la Consejería de medio ambiente y es de utilidad pública a efectos de expropiación o servidumbres forzosas. La Consejería informa a la población si se superan umbrales. La Consejería y, en su caso, las entidades locales deben tener estaciones suficientes. El órgano ambiental puede obligar a los titulares de actividades potencialmente contaminadoras a instalar instrumentos de medición.

Artículo 112. Tipos de planes de calidad del aire

Los planes de calidad del aire pueden ser: planes de mejora, con medidas específicas para alcanzar en plazo los valores límite u objetivo en zonas donde se superen (tienen la consideración de planes de mejora de la calidad ambiental del artículo 106.3); planes de acción a corto plazo, con medidas inmediatas donde, a juicio del órgano ambiental, haya riesgo de superar valores límite y umbrales de alerta; y otros que imponga la normativa básica y comunitaria. Su contenido y tramitación se fijan reglamentariamente.

Artículo 113. Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

Son actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las catalogadas así en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Antes de su inicio, la Consejería competente en materia de medio ambiente las inscribe y controla en el registro de instalaciones con actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, conforme al artículo 8 del Real Decreto 100/2011 y al desarrollo reglamentario.

Artículo 114. Obligaciones de las personas titulares de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera

Además de lo que impongan la legislación básica y su autorización o licencia, los titulares de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera deben: declarar sus emisiones con la periodicidad reglamentaria; llevar un registro de emisiones e incidencias y remitir datos, informes e inventarios; evitar emisiones accidentales de riesgo y comunicarlas al órgano competente con la mayor urgencia y por el medio más rápido; cumplir las medidas de los planes del artículo 112; y las demás obligaciones reglamentarias.

Artículo 115. Autorización de emisiones a la atmósfera

Requieren autorización de emisiones a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada, unificada o unificada simplificada en las que se desarrollen actividades del catálogo del anexo IV de la Ley 34/2007 de los grupos A y B. Su procedimiento se fija reglamentariamente, en el marco del capítulo III de esa ley.

Artículo 116. Resolución del procedimiento y contenido de la autorización

La Consejería de medio ambiente resuelve y notifica la autorización de emisión en tres meses desde la recepción de la solicitud; si no, puede entenderse desestimada. Atiende a las mejores técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y los límites reglamentarios, y puede imponer condiciones más rigurosas. El condicionado recoge valores límite, funcionamiento y control de focos, vigilancia, verificación previa, buenas prácticas y técnicas contra olores. Si la instalación tiene AAI, AAU o AAU simplificada, la autorización se integra en ella (salvo gases de efecto invernadero).

Artículo 117. Revisión de la autorización

La autorización de emisiones a la atmósfera puede revisarse, de oficio por la Consejería de medio ambiente o a instancia del titular, por innovaciones del progreso técnico y científico que habrían justificado otra decisión, por mejora del foco solicitada por el titular, o para adecuar el foco a las normas de calidad ambiental y objetivos de calidad del aire vigentes. Si lo pide el titular, el órgano ambiental puede inadmitir motivadamente. La revisión no da derecho a indemnización.

Artículo 118. Modificación de la autorización de emisiones a la atmósfera

La modificación de una autorización de emisiones puede ser sustancial o no sustancial, según los criterios del artículo 14.2 de la Ley 34/2007 y lo que se fije reglamentariamente. La sustancial exige una nueva autorización. La no sustancial se comunica de forma razonada y justificada al órgano competente, y el titular puede ejecutarla si este no manifiesta lo contrario en un mes desde la solicitud. Si el cambio hace entrar en los umbrales de un instrumento de prevención ambiental, se tramita conforme a ese instrumento.

Artículo 119. Renovación de la autorización

La autorización de emisión a la atmósfera se otorga por un periodo determinado, nunca superior al que fija la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y surte efecto desde la fecha de su notificación al titular de la instalación. Antes de que venza su vigencia, el titular debe solicitar la renovación.

Artículo 120. Caducidad de la autorización de emisiones a la atmósfera

La autorización de emisión a la atmósfera caduca si la ejecución de la instalación no ha comenzado en el plazo de cinco años contados desde la notificación al titular de la resolución de autorización. En ese caso, el titular tiene que solicitar una nueva autorización.

Artículo 121. Objeto

La sección de contaminación lumínica regula el régimen de las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior en cuanto a la contaminación lumínica que puedan producir, y promueve su eficiencia y ahorro energético, siempre sin menoscabo de la seguridad ciudadana.

Artículo 122. Ámbito de aplicación

El régimen de contaminación lumínica se aplica a las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior, públicos y privados, en toda Andalucía. Se excluyen los de señalización de costas, seguridad, infraestructuras militares o de fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de transporte y salvamento; y los de instalaciones industriales, carreteras, puertos, aeropuertos, helipuertos e infraestructuras con normas propias de seguridad, en lo relativo al cumplimiento de su normativa de seguridad.

Artículo 123. Finalidad

En contaminación lumínica, la ley persigue: preservar la oscuridad natural para proteger los ecosistemas; luchar contra el cambio climático con eficiencia y ahorro energético y mejores técnicas disponibles; reducir la intrusión lumínica, sobre todo en entornos naturales y en el interior de las viviendas; salvaguardar la calidad del cielo, en especial en el entorno de los observatorios astronómicos; y diseñar las instalaciones para prevenir la contaminación lumínica y ahorrar energía.

Artículo 124. Competencias

La Consejería de medio ambiente regula y desarrolla reglamentariamente la contaminación lumínica, desarrolla el procedimiento de zonificación, declara las zonas de máxima protección, fija requerimientos de las instalaciones y vigila y sanciona la iluminación de actividades con AAI, AAU, AAU simplificada o autorización de emisión. Los ayuntamientos aprueban ordenanzas, establecen las zonas lumínicas del municipio, pueden fijar requerimientos adicionales más protectores (o menos, por seguridad justificada) y vigilan y sancionan el resto.

Artículo 125. Zonificación lumínica

A efectos de la contaminación lumínica, el territorio andaluz se clasifica en las zonas de protección contra la contaminación lumínica que establece la normativa básica estatal. El procedimiento de zonificación lumínica se desarrollará reglamentariamente, de acuerdo con el artículo 124.1.b).

Artículo 126. Restricciones de uso

Con carácter general no se permiten: la iluminación exterior que emita por encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales; la iluminación de playas y costas, salvo las integradas física y funcionalmente en núcleos de población; y la iluminación decorativa de elementos naturales con especies sensibles a la luz. Pueden excepcionarse, en las condiciones que fije reglamentariamente la Administración autonómica, por seguridad ciudadana, eventos temporales de especial interés, monumentos o enclaves histórico-artísticos y otros usos de especial interés.

Artículo 127. Ordenación territorial y urbanística

La ordenación territorial y urbanística, con sus planes, instrumentos y actuaciones, debe tener en cuenta la ley, sus disposiciones de desarrollo y sus actos de ejecución, en especial la delimitación de zonas lumínicas, puntos de referencia y zonas de influencia adyacentes. Punto de referencia es la localización concreta que requiere un elevado grado de protección frente a la contaminación lumínica y que debe estar rodeada de una zona de influencia adyacente que garantice esa protección.

Artículo 128. Memoria técnica de prevención de la contaminación lumínica

La memoria técnica de prevención de la contaminación lumínica es el documento que justifica que una instalación o dispositivo de iluminación exterior cumple las prescripciones sobre contaminación lumínica. Deben elaborarla los titulares de instalaciones y dispositivos de iluminación exterior en actividades o actuaciones, para permitir evaluar su futura incidencia, en los términos que se fijen reglamentariamente.

Artículo 129. Ámbito de aplicación

La ley se aplica a las actividades que puedan producir contaminación acústica, cualquiera que sea su causa. Se excluyen: las actividades militares, regidas por su legislación específica; las actividades domésticas o comportamientos vecinales cuyo ruido se mantenga en límites tolerables según las ordenanzas municipales y los usos locales; y la actividad laboral respecto del ruido en el propio lugar de trabajo, regida por la legislación laboral.

Artículo 130. Competencias

La Consejería de medio ambiente regula el ruido y las vibraciones, planifica, controla y sanciona la contaminación acústica de actuaciones con AAI, AAU, AAU simplificada o autorización de emisiones, informa en dos meses los mapas de ruido y planes de acción (vinculante solo en legalidad), coordina los supramunicipales. Los ayuntamientos aprueban ordenanzas, controlan y sancionan el resto, elaboran mapas y planes y declaran áreas y zonas acústicas. En grandes ejes e infraestructuras, actúa la Administración competente por razón de la actividad.

Artículo 131. Áreas y zonas acústicas

La zonificación del municipio en áreas acústicas se hace según el uso predominante del suelo, con los tipos de áreas de la normativa básica estatal. Afecta al territorio con uso global o pormenorizado asignado por el planeamiento y, como mínimo, al suelo urbano o rústico susceptible de transformación urbanística. En los nuevos instrumentos de ordenación se evitará, con carácter general, la colindancia de áreas cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dBA; si existe, exige zonas de transición, previa evaluación acústica. Lo demás, por la normativa básica.

Artículo 132. Mapas de ruido

Los mapas de ruido son estratégicos o singulares y sirven para evaluar la exposición acústica de una zona, hacer predicciones y adoptar planes de acción. Contienen índices acústicos, valores límite y objetivos, su superación o cumplimiento y el número estimado de personas, viviendas, centros docentes y hospitales expuestos. Se aprueban tras información pública mínima de un mes y se revisan cada cinco años. Hay mapas estratégicos de aglomeraciones y grandes ejes viarios, ferroviarios e infraestructuras aeroportuarias; los singulares, donde se incumplen los objetivos de calidad acústica.

Artículo 133. Planes de acción

Las administraciones que elaboran los mapas estratégicos y singulares de ruido deben elaborar, previa información pública mínima de un mes, planes de acción para esos ámbitos. Sus objetivos: afrontar globalmente la contaminación acústica, fijar acciones prioritarias si se superan valores límite o se incumplen objetivos de calidad, y proteger las zonas tranquilas. Se revisan, con información pública de un mes como mínimo, cuando cambie de forma importante la situación acústica y, en todo caso, cada cinco años desde su aprobación.

Artículo 134. Ordenación territorial y urbanística

La ordenación territorial y urbanística, con sus planes, instrumentos y actuaciones, debe tener en cuenta lo previsto en la ley, en sus normas de desarrollo y en los actos dictados para ejecutarla, y en especial la delimitación de áreas de sensibilidad acústica, los mapas de ruido, los planes de acción y la declaración de servidumbres acústicas.

Artículo 135. Estudios acústicos

El estudio acústico es el conjunto de documentos que justifican la identificación y valoración de los impactos ambientales en materia de ruido y vibraciones. Deben elaborarlo los titulares o promotores de actuaciones que sean fuentes de ruidos y vibraciones, para permitir evaluar su futura incidencia acústica, conforme a lo que se determine reglamentariamente.

Artículo 136. Zonas acústicamente saturadas

Los ayuntamientos pueden declarar zonas acústicamente saturadas aquellas en las que, por la existencia de numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos y de las personas que las utilizan, se superen los objetivos de calidad acústica del área. La declaración implica, como mínimo, restricciones al otorgamiento, modificación o ampliación de nuevas licencias de apertura y al régimen de horarios, conforme a la normativa andaluza de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Artículo 137. Limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía pública

Los ayuntamientos pueden restringir el uso de las vías y zonas públicas cuando ese uso genere niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía. Al hacerlo, deben tener en cuenta los usos y costumbres locales.

Artículo 138. Competencias en materia de residuos

En residuos y economía circular, la Consejería competente en materia de medio ambiente ejerce las competencias autonómicas del artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y de la Ley 3/2023, de 30 de marzo. Las entidades locales ejercen las que les atribuye el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, las del artículo 9.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y las de la Ley 3/2023.

Artículo 139. Competencias en materia de calidad ambiental del suelo

En materia de suelos contaminados, la Consejería competente en materia de medio ambiente ejerce las competencias autonómicas previstas en el artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, en relación con el título VIII de esa ley. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Artículo 140. Convenios

La Consejería de medio ambiente promoverá convenios (conforme a la Ley 40/2015) bajo el principio de responsabilidad compartida. Pueden ser: a) con agentes económicos y sociales; b) compromisos del sector industrial; c) de protección ambiental con personas físicas o jurídicas. Si el convenio lo firma otro órgano de la Junta, o es un compromiso industrial, hace falta informe previo favorable de la Consejería de medio ambiente. Son vinculantes, fijan objetivos, plazos y seguimiento; las empresas informan antes a la representación legal de los trabajadores y la información es pública.

Artículo 141. Tipología

La mejora ambiental puede hacerse adhiriéndose a cinco instrumentos voluntarios: a) sistemas de gestión EMAS (Reglamento CE 1221/2009); b) sistemas de gestión según normas ISO o UNE voluntarias reconocidas por organismos de normalización acreditados; c) etiqueta ecológica europea Ecolabel (Reglamento CE 66/2010); d) Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE); e) distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía.

Artículo 142. Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

EMAS es un esquema voluntario de la UE para que las organizaciones evalúen, mejoren y den a conocer su comportamiento ambiental. Las Administraciones andaluzas promoverán la adhesión: informando, apoyando a pequeñas y medianas organizaciones e incorporándolo en la contratación pública. El organismo competente del registro EMAS es la Consejería de medio ambiente: tramita inscripciones, suspensiones y cancelaciones, lleva el registro (actualizado cada mes si hay cambios y accesible por internet) y remite mensualmente la información al Ministerio competente en la materia.

Artículo 143. Etiquetado Ecológico Europeo (Ecolabel)

La etiqueta ecológica europea acredita que un producto tiene repercusiones ambientales reducidas en todo su ciclo de vida e informa al consumidor. Las Administraciones andaluzas promoverán su uso (Reglamento CE 66/2010) difundiendo sus beneficios, informando de productos etiquetados e incorporándola en la contratación pública. La Consejería de medio ambiente es el organismo competente: otorga, deniega o suspende su uso, controla el sistema y propone el canon. La concesión está sujeta a un precio público que se paga al solicitarla.

Artículo 144. Inscripción de huella de carbono en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)

Para avanzar hacia una economía baja en carbono, la Consejería de medio ambiente promoverá la inscripción voluntaria de las organizaciones en el Registro de huella de carbono del SACE. Medidas: difundir los beneficios de la huella de carbono, fomentar que el sector privado aumente la absorción de carbono de montes públicos y otros sumideros, impulsarla en la contratación pública y considerar la inscripción en el SACE como posible medida compensatoria en la evaluación ambiental. La Consejería colaborará con agentes económicos y sociales, entidades locales y otros interesados.

Artículo 145. Distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía

La Consejería de medio ambiente otorga el distintivo de calidad ambiental de la Junta a empresas con instalaciones en Andalucía que fabriquen, vendan o presten servicios en ella y acrediten iniciativas importantes de gestión ecológica (reducir impacto, adherirse a los instrumentos de los artículos 142 a 144, innovar en tecnologías menos contaminantes, publicar informes auditados). Busca fomentar productos que minimicen residuos o usen materiales reciclados e informar a consumidores. Categorías, criterios, procedimiento y revocación se fijan reglamentariamente.

Artículo 146. Tipos de incentivos

La Junta promoverá la fiscalidad ecológica y otros instrumentos de política económica para los fines de la ley. Podrá establecer incentivos, incluidas subvenciones, para la inversión y medidas horizontales de apoyo, que mejoren la calidad ambiental y favorezcan innovación, investigación y gestión eficiente de los recursos naturales. Se implantarán paulatinamente, se desarrollarán reglamentariamente cuando proceda y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias que fije cada año la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Artículo 147. Incentivos para la inversión

La Junta podrá conceder, entre otros, incentivos para la inversión: a) para superar de modo significativo los objetivos de la normativa ambiental; b) para alcanzar los objetivos de convenios del capítulo I del título V, solo si son convenios para superar los objetivos de la normativa vigente; c) para usar las mejores técnicas disponibles en la producción industrial y su control. La Consejería de medio ambiente puede además adoptar otras medidas para incentivar, entre otras, la prevención o el uso de productos no contaminantes.

Artículo 148. Incentivos para medidas horizontales de apoyo

La Junta podrá conceder, entre otros, incentivos para medidas horizontales de apoyo: I+D+i ambiental; formación técnica, asesoramiento y prácticas medioambientales; ahorro y eficiencia en agua, energía y otros recursos; equipos de medición en continuo en instalaciones industriales; sistemas de gestión ambiental, preferentemente EMAS, y estudios de riesgos; equipos de seguimiento de condicionantes de autorizaciones, sobre todo la unificada y la unificada simplificada. Además, las Administraciones impulsarán la ecoinnovación empresarial, también la comunidad autónoma y los ayuntamientos.

Artículo 149. Objeto y ámbito de aplicación

La prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales sujetos a la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, se hará según esa ley o según esta si es más exigente. El título se aplica a daños medioambientales y amenazas inminentes de daños causados por actividades económicas y profesionales. No se aplica en los supuestos exceptuados por la legislación básica.

Artículo 150. Competencias

Las Consejerías competentes en medio ambiente y en aguas, según el recurso afectado, ejercen las potestades de prevención, evitación y reparación de daños: pedir información al operador, exigirle medidas, aprobar su proyecto de reparación, ejecutar a su costa, tramitar solicitudes, decidir la normativa aplicable y sancionar, entre otras. A la de medio ambiente le toca controlar garantías financieras y análisis de riesgos. Esta responsabilidad es compatible con la restauración de la legalidad, las sanciones y la responsabilidad penal, aunque los hechos sean los mismos.

Artículo 151. Prevención, evitación y reparación de daños medioambientales

Los operadores de las actividades del artículo 149 deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, sin perjuicio de las condiciones de sus autorizaciones. Ante una amenaza inminente, el operador debe comunicarla a las Consejerías de medio ambiente y de aguas, según el recurso. Deben reparar los daños los operadores de actividades del anexo III de la Ley 26/2007 y los de otras actividades profesionales, estos solo si ha existido dolo, culpa o negligencia.

Artículo 152. Obligaciones y garantías financieras

Los operadores del anexo III de la Ley 26/2007 deben elaborar un análisis de riesgos o tabla de baremos (metodología del Real Decreto 2090/2008) y disponer de garantía financiera; no se aplica a la Junta ni a sus organismos. Lo acreditan con declaración responsable, que en actividades nuevas debe presentarse en la fecha de inicio; si cambia el titular, el nuevo la actualiza. Las deficiencias que persistan determinan la pérdida de eficacia de la declaración. La Junta puede exigir más, y el órgano ambiental puede supeditar motivadamente el inicio de actividades autorizadas a una garantía.

Artículo 153. Objeto y ámbito de aplicación

Quedan sometidas a inspección, vigilancia y control ambiental todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en Andalucía que entren en el ámbito de aplicación de esta ley y de la demás normativa sectorial de medio ambiente que les sea aplicable.

Artículo 154. Competencias

La Consejería de medio ambiente ejerce la inspección, vigilancia y control de las actividades, actuaciones e instalaciones que puedan afectar negativamente al medio ambiente, sin perjuicio de otros órganos de la Junta y de otras administraciones. Puede establecer instrumentos de colaboración con otras administraciones, organismos y entidades. A los ayuntamientos corresponden la inspección, vigilancia, control y potestad sancionadora en el caso de las licencias ambientales y las declaraciones responsables de los efectos ambientales.

Artículo 155. El ejercicio de la actividad inspectora

La inspección ambiental la desempeña personal funcionario, que puede ser asistido por otro personal funcionario y, en actuaciones no reservadas a funcionarios según la Ley 5/2023, por entidades públicas o privadas o por personal laboral. El inspector es agente de la autoridad. La inspección puede hacerse en cualquier momento, al margen de la planificación, ante denuncias graves, accidentes graves, incidentes o indicios de incumplimiento. Puede exigir documentación y entrar y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las instalaciones.

Artículo 156. Deber de sometimiento a la actividad inspectora

Los titulares de actividades, actuaciones o instalaciones sujetas a la ley deben colaborar y prestar toda la asistencia necesaria al personal inspector: permitir la visita al emplazamiento, exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de información. Si el titular incumple, se considera obstrucción a la inspección y negativa al deber de colaboración, y la Administración adoptará las actuaciones necesarias para ejecutar la inspección prevista.

Artículo 157. Colaboración de la Administración en materia de inspección ambiental

Las Administraciones públicas deben prestarse la cooperación y asistencia activa necesarias para ejercer eficazmente la inspección ambiental, y pueden establecer mecanismos de coordinación y cooperación con otras administraciones. El personal funcionario inspector puede requerir, cuando sea necesario para sus tareas, la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía autonómica y de la local.

Artículo 158. Planificación de la inspección ambiental autonómica

La Administración autonómica de medio ambiente elaborará periódicamente planes de inspección ambiental con orientaciones estratégicas, objetivos y actuaciones; su finalidad es garantizar el cumplimiento de las actividades comunicadas, declaraciones responsables y condiciones de las autorizaciones. Los programas de inspección, que desarrollan el plan, se aprueban anualmente con recursos y sistema de priorización. Los periodos entre visitas pueden basarse en una evaluación sistemática de riesgos. Todo ello se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.

Artículo 159. La actuación inspectora autonómica. Visitas y documentación

Toda instalación o actividad sujeta a la ley puede ser visitada cuando sea necesario, de forma programada o no. En la visita se levanta acta de los hechos, especialmente los que puedan ser infracción, y pueden proponerse medidas y adoptarse las provisionales del artículo 191. Las actas son documento público con presunción de veracidad sobre los hechos constatados, salvo prueba de los interesados, y las firma siempre el funcionario responsable. Tras cada inspección se hace un informe que se notifica al interesado para alegaciones y luego un informe definitivo con plazos para adoptar medidas.

Artículo 160. Objeto

El título del régimen sancionador tiene por objeto tipificar infracciones y sanciones, regular las medidas provisionales y otras medidas del procedimiento sancionador y las multas coercitivas. Pueden imponerlas los órganos competentes de la Junta de Andalucía o los ayuntamientos, con la finalidad de proteger, conservar y restaurar el medio ambiente.

Artículo 161. Infracciones

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las que establezca la legislación sectorial y de las responsabilidades civiles o penales. Se clasifican en muy graves, graves y leves. En contaminación atmosférica, acústica y en residuos y calidad del suelo se aplican, respectivamente, las infracciones y sanciones de la Ley 34/2007, la Ley 37/2003 y la Ley 7/2022.

Artículo 162. Tipificación y sanción de infracciones muy graves

En autorización ambiental integrada (AAI) y unificada (AAU) son muy graves: iniciar, ejecutar, modificar sustancialmente o trasladar la actividad sin la autorización; incumplir sus condicionantes o las medidas de la declaración de impacto ambiental si hay daño o deterioro grave o peligro grave para la seguridad o salud de las personas; e incumplir las medidas provisionales del artículo 191. La multa va desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.

Artículo 163. Tipificación y sanción de infracciones graves

En autorización ambiental integrada y unificada son graves, entre otras: incumplir condicionantes sin daño ni peligro grave; iniciar sin la declaración responsable con fecha de inicio; falsear o manipular datos; transmitir la titularidad sin comunicarlo; no comunicar modificaciones no sustanciales; no informar inmediatamente de incidentes o accidentes significativos; obstruir la inspección; iniciar sin la comprobación previa; incumplir el requerimiento de suspensión; e incumplir el suministro de información del Real Decreto 508/2007 (E-PRTR). Multa: de 24.001 a 240.400 euros.

Artículo 164. Tipificación y sanción de infracciones leves

En autorización ambiental integrada y unificada son leves: incumplir cualquier obligación o requisito de la ley o de la autorización que no sea muy grave ni grave; demorar sin justificación la aportación de documentos pedidos en inspección y control; y ejercer la actividad sin cumplir la obligación de notificación y registro, si no hay daño o deterioro ni peligro para la seguridad o salud. Multa de hasta 24.000 euros.

Artículo 165. Tipificación y sanción de infracciones graves

En autorización ambiental unificada simplificada son graves: iniciar, ejecutar, modificar sustancialmente o trasladar sin la autorización; incumplir sus condicionantes o las condiciones del informe de impacto ambiental; incumplir medidas provisionales del artículo 191; falsear o manipular datos; no informar inmediatamente de incidentes o accidentes significativos; obstruir la inspección; incumplir el requerimiento de suspensión; e iniciar sin la comprobación previa. Multa de 24.001 a 240.400 euros.

Artículo 166. Tipificación y sanción de infracciones leves

En autorización ambiental unificada simplificada son leves: incumplir obligaciones o requisitos que no sean graves; la demora no justificada en aportar documentos de inspección; iniciar la actividad sin la declaración responsable con fecha de inicio; transmitir la titularidad sin comunicarlo; y no comunicar modificaciones no sustanciales. Multa de hasta 24.000 euros.

Artículo 167. Tipificación y sanción de infracciones muy graves

En licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales son muy graves: iniciar, ejecutar, modificar sustancialmente o trasladar sin licencia o sin declaración; incumplir condiciones o compromisos con daño o deterioro grave o peligro grave; incumplir órdenes de suspensión, clausura o medidas correctoras; falsear datos; obstruir la inspección; e incumplir medidas provisionales del artículo 191. Multa de 6.001 a 24.000 euros.

Artículo 168. Tipificación y sanción de infracciones graves

En licencia ambiental y declaración responsable son graves: iniciar sin la declaración responsable del artículo 96 ante el ayuntamiento; incumplir condiciones o compromisos sin daño ni peligro grave; no comunicar al ayuntamiento modificaciones no sustanciales; transmitir la titularidad sin comunicarlo al ayuntamiento; e iniciar sin la comprobación previa del ayuntamiento o de una entidad colaboradora. Multa de 1.001 a 6.000 euros.

Artículo 169. Tipificación y sanción de infracciones leves

En licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales son leves: la demora no justificada en aportar documentos solicitados por el ayuntamiento en inspección y control, y el incumplimiento de obligaciones o requisitos de la ley, de la licencia o de los compromisos de la declaración que no sea muy grave ni grave. Multa de hasta 1.000 euros.

Artículo 170. Tipificación y sanción de infracciones graves

En contaminación lumínica son graves: incumplir exigencias y condiciones de contaminación lumínica, o las fijadas en la autorización integrada, en la autorización del proyecto evaluado, en la licencia ambiental u otras figuras, cuando haya daño o deterioro grave o peligro grave para la seguridad o salud; ocultar o alterar maliciosamente datos lumínicos en la documentación de legalización; y obstruir la inspección. Multa de 30.001 a 60.000 euros.

Artículo 171. Tipificación y sanción de infracciones leves

En contaminación lumínica son leves: incumplir exigencias y condiciones de contaminación lumínica, o las fijadas en la autorización integrada, en la del proyecto evaluado, en la licencia ambiental u otras figuras, cuando no haya daño o deterioro grave ni peligro grave; y no comunicar a la Administración los datos requeridos en plazo. Multa de hasta 30.000 euros.

Artículo 172. Tipificación y sanción de infracciones muy graves

Son muy graves para las entidades colaboradoras: ocultar maliciosamente o falsear datos en dictámenes, actas, certificaciones, muestras o controles; no hacer las comprobaciones directas en la sede de la empresa cuando sean necesarias; romper la confidencialidad o vulnerar la imparcialidad e independencia; ejercer funciones sin reconocimiento del órgano autonómico competente; y obstruir la inspección o negarse a facilitar datos. Multa de 60.001 a 300.000 euros.

Artículo 173. Tipificación y sanción de infracciones graves

Son graves para las entidades colaboradoras, entre otras: no comunicar cambios en sus requisitos de habilitación; no comunicar el inicio o fin de actuaciones; no actuar en la fecha comunicada; no facilitar datos; no comunicar resultados en un mes desde la actuación, o tres meses si incluye ensayos analíticos; controles incompletos o inexactos; personal no cualificado; falsedad en la declaración responsable; no tener libro registro; no denunciar amenazas, infracciones o delitos ambientales; y datos falsos en informes técnicos. Multa de 30.001 a 60.000 euros.

Artículo 174. Tipificación y sanción de infracciones leves

Son leves para las entidades colaboradoras: no comunicar con la antelación exigida, o con datos deficientes, el inicio y fin previstos de una actuación; omitir o falsear datos en el libro registro; no acreditar su condición para acceder en funciones de control; no tramitar reglamentariamente las reclamaciones; no presentar la memoria de actuaciones; y no conservar expedientes, actas, informes y datos de control durante al menos cuatro años. Multa de hasta 30.000 euros.

Artículo 175. Tipificación y sanción de infracción grave

Es infracción grave el uso fraudulento del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía. Se sanciona con multa desde 6.001 hasta 15.000 euros.

Artículo 176. Tipificación y sanción de infracción leve

Es infracción leve la omisión o falseamiento malicioso de alguno de los datos aportados para obtener el distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía. Se sanciona con multa de hasta 6.000 euros.

Artículo 177. Tipificación y sanción de infracciones muy graves

En responsabilidad medioambiental son muy graves las infracciones tipificadas en el artículo 37.2 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Se sancionan con multa de 50.001 a 2.000.000 de euros y/o extinción de la autorización o suspensión de esta por un periodo superior a un año y hasta un máximo de dos años.

Artículo 178. Tipificación y sanción de infracciones graves

Además de las del artículo 37.3 de la Ley 26/2007, son graves para un operador obligado: no presentar la declaración responsable sobre garantía financiera; no disponer del análisis de riesgos medioambientales; no presentar, tras requerimiento, la documentación que acredite la declaración; y no corregir las deficiencias técnicas detectadas en la documentación de la declaración. Multa de 10.001 a 50.000 euros y/o suspensión de la autorización por un máximo de un año.

Artículo 179. Tipificación y sanción de infracciones leves

En responsabilidad medioambiental son leves: no actualizar la declaración responsable sobre garantía financiera por parte del nuevo titular o cuando cambie la situación de obligación o exención; no actualizar el análisis de riesgos tras modificaciones sustanciales en la actividad, instalación o autorización sustantiva; y no colaborar con la Consejería de medio ambiente en la comprobación de los análisis de riesgos. Multa de hasta 10.000 euros.

Artículo 180. Sujetos responsables

Son responsables: quienes realicen o participen en la infracción, salvo que estén unidos al titular por relación laboral, de servicio u otra, en cuyo caso responde el titular si no acredita haber actuado con la diligencia debida; los propietarios, titulares de terrenos o titulares o promotores de la actividad; y los operadores que no coincidan con el titular. Si la obligación es conjunta o no se puede determinar la participación, responden solidariamente; en otro caso, las multas son independientes. El personal público responde por su régimen disciplinario.

Artículo 181. Procedimiento sancionador

Las sanciones de esta ley solo pueden imponerse previa instrucción del procedimiento sancionador correspondiente, en los términos y con los principios de la potestad sancionadora de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, ambas de 1 de octubre, y de la normativa sectorial vigente aplicable.

Artículo 182. Publicidad

Las resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves, una vez firmes en vía administrativa o judicial, podrán publicarse por el órgano sancionador si estima que hay razones de interés público, en el diario oficial, en el Portal de la Junta de Andalucía o en medios de comunicación. Incluirá responsable, infracción, sanción y resumen de las obligaciones de reposición e indemnización, pero la identificación será anonimizada según la Ley Orgánica 3/2018. Todo sin perjuicio del artículo 38.3 de la Ley 26/2007.

Artículo 183. Infracciones leves

Es infracción leve el incumplimiento de las obligaciones de esta ley o de sus normas de desarrollo que no esté tipificado en las secciones anteriores como grave o muy grave. Se sanciona conforme al régimen previsto en cada sección según la materia de que se trate.

Artículo 184. Sanciones accesorias por infracciones muy graves

Las infracciones muy graves pueden llevar, además de la multa, todas o algunas sanciones accesorias: clausura definitiva; clausura temporal de dos a cinco años; inhabilitación de uno a dos años (de uno a diez en residuos); revocación o suspensión de la autorización de un año y un día a cinco; precintado de equipos; tres años sin préstamos, subvenciones o ayudas ambientales y prohibición de contratar; publicación anonimizada de sanciones firmes; y prohibición temporal o definitiva de actividades.

Artículo 185. Sanciones accesorias por infracciones graves

Las infracciones graves pueden llevar, además de la multa, todas o algunas sanciones accesorias: clausura temporal hasta dos años; inhabilitación hasta un año; revocación o suspensión de la autorización hasta un año; un año sin préstamos, subvenciones o ayudas ambientales; prohibición de usar el distintivo de calidad ambiental de la Junta entre tres y diez años; y publicación anonimizada de sanciones firmes si hay razones de interés público.

Artículo 186. Graduación de las sanciones

La sanción debe adecuarse a la gravedad del hecho, graduándose con 20 criterios atenuantes o agravantes (de la a a la s, con la ñ): daño, lucro, intencionalidad, riesgo, capacidad económica, reparación espontánea, reincidencia (cinco años; si es en dos, multa en cuantía máxima), etc. Si la multa es inferior al beneficio obtenido, se aumenta hasta ese importe. Un solo hecho con varias infracciones: multa de la más grave en su mitad superior (máxima si es reincidente). Por escasa trascendencia o sanción desproporcionada, puede aplicarse la de la infracción inmediatamente inferior.

Artículo 187. Concurrencia de sanciones

No pueden sancionarse hechos ya sancionados penal o administrativamente cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. No hay duplicidad de sanciones cuando una misma actuación infrinja normas de protección ambiental o sectoriales dirigidas a proteger bienes o intereses jurídicos distintos.

Artículo 188. Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora

La Consejería competente en medio ambiente ejerce la potestad sancionadora sobre las infracciones de las secciones 1.ª, 2.ª, 4.ª (si hay AAI, AAU o AAU simplificada), 5.ª, 6.ª y 7.ª (según el art. 150), y sobre las de Costas, Ley 7/2022, Ley 34/2007, Ley 37/2003 y Ley 1/2005 en su ámbito; la de aguas, sobre la sección 7.ª. Todo ello sin perjuicio del Consejo de Gobierno por cuantía. Los ayuntamientos sancionan la sección 3.ª, la 4.ª en los demás supuestos, la 5.ª para entidades colaboradoras referidas a ellos y, en su ámbito, la Ley 34/2007.

Artículo 189. Órganos competentes

Imponen las sanciones: titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de medio ambiente, hasta 150.000 €; titular de la Dirección General competente, de 150.001 a 300.000 €; titular de la Consejería, de 300.001 a 600.000 €; Consejo de Gobierno, más de 600.000 €. La iniciación corresponde a las Delegaciones Territoriales, salvo que la acción afecte a más de una, en cuyo caso inicia la Dirección General (y resuelve de 150.001 a 300.000 €). En los ayuntamientos, el órgano que diga la legislación local; en aguas, la Ley 9/2010.

Artículo 190. Prescripción de infracciones y sanciones

Las infracciones prescriben a los cinco años (muy graves), tres (graves) y un año (leves); las sanciones, a los tres años (muy graves), dos (graves) y uno (leves). El plazo de las infracciones se cuenta desde su comisión, desde que pudo detectarse el daño si no era perceptible, desde la última infracción si es continuada o desde que cesó la situación ilícita si es permanente. El de las sanciones, desde el día siguiente a la firmeza de la resolución. Las pecuniarias siguen el artículo 24 del TR de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 191. Medidas de carácter provisional

Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo puede acordar en cualquier momento medidas provisionales del artículo 56 de la Ley 39/2015. Si la autoridad municipal no ejecuta las medidas cautelares o de sanción que impuso (salvo la multa), el órgano autonómico correspondiente puede adoptar medidas cautelares para salvaguardar el medio ambiente, previo requerimiento y audiencia al ayuntamiento y al interesado.

Artículo 192. Remisión a la jurisdicción penal

Si la infracción puede ser delito, la Administración da cuenta al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya resolución judicial firme, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si no se aprecia delito, el órgano competente continúa el expediente. Los hechos probados en la resolución judicial firme vinculan al órgano administrativo.

Artículo 193. Ejecución subsidiaria

Si la persona infractora, requerida por el órgano sancionador, no cumple sus obligaciones de restaurar el daño ambiental (art. 197), este ordena la ejecución subsidiaria. No hace falta requerimiento previo si la persistencia de la situación puede causar un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente. Los fondos se exigen cautelarmente antes de ejecutar, y la ejecución es por cuenta de los responsables, sin perjuicio de sanciones e indemnizaciones.

Artículo 194. Multas coercitivas

Si el infractor no cumple la sanción o la reparación exigida (art. 197), el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas, previo requerimiento con un plazo de ejecución voluntaria suficiente que fija ese órgano. Cada multa no supera un tercio de la multa fijada o, si la sanción no es pecuniaria o no es exigible, un tercio de la cuantía prevista para el tipo de infracción. Pueden reiterarse y son independientes y compatibles con las sanciones.

Artículo 195. Vía de apremio

Por vía de apremio pueden exigirse las sanciones pecuniarias, los gastos de la ejecución subsidiaria y la indemnización por daños y perjuicios. Los tres conceptos tienen la consideración de ingresos de derecho público a efectos de su recaudación, conforme al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 196. Prestación ambiental sustitutoria

Las multas firmes en vía administrativa pueden sustituirse, a solicitud del sancionado, por una prestación de restauración, conservación o mejora del medio ambiente o de educación ambiental, en los términos que fije el órgano sancionador, con informe previo del órgano ambiental. Debe ser proporcionada y nunca inferior a la multa con sus intereses, y no exime de reparar. Se resuelve en tres meses (silencio desestimatorio), plazo en que se suspende la prescripción. No cabe pedirla si la sanción está en periodo ejecutivo.

Artículo 197. Reparación e indemnizaciones

Además de la sanción, los responsables deben reparar el daño e indemnizar los daños y perjuicios. El órgano competente para sancionar exige la reparación, por el procedimiento de la Ley 26/2007 cuando se aplique o, si no, en el procedimiento sancionador. Restituir obliga a demoler instalaciones u obras ilegales. Si afecta a inmuebles, cabe nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador. Si se inició un proyecto sin evaluación ambiental, la resolución impone además realizarla.

Artículo 1. Objeto de la ley

La ley persigue la lucha frente al cambio climático y un nuevo modelo energético en Andalucía. Su objeto: fijar objetivos y medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar los sumideros de CO2; reducir el riesgo de impactos; integrar el cambio climático en las políticas públicas; una transición energética justa en la que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, con renovables preferentemente de proximidad; reducir la vulnerabilidad; adaptar sectores; I+D+i; participación; y fijar objetivos de reducción de emisiones difusas.

Artículo 2. Definiciones

Artículo 3. Ámbito de aplicación

La ley se aplica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los sectores y actividades de cualquier naturaleza que incidan en la consecución de sus fines. Quedan excluidas las emisiones de los gases incluidos en el ámbito de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Artículo 4. Principios rectores

Las actuaciones de la ley frente al cambio climático se rigen por ocho principios: precaución ante los riesgos potenciales no conocidos; prevención de los riesgos conocidos; mejora continua según el mejor conocimiento científico disponible; desarrollo sostenible (medioambiente, desarrollo social y económico); protección de la competitividad de la economía andaluza; coordinación y cooperación administrativa; responsabilidad compartida de Administraciones, empresas y sociedad; y participación pública e información ciudadana.

Artículo 5. Ejercicio de las competencias de las Administraciones públicas

Las Administraciones públicas con competencias en materia de lucha contra el cambio climático cooperarán y colaborarán entre sí. La finalidad de esa cooperación y colaboración es prestarse mutuamente cuanto apoyo sea necesario para el desempeño eficaz de sus funciones.

Artículo 6. Comisión Interdepartamental de Cambio Climático

El Consejo de Gobierno creará la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, órgano colegiado de la Junta para la coordinación y colaboración en cambio climático. Su composición y funcionamiento se regulan por decreto; las Consejerías estarán representadas por titulares de órganos directivos con rango al menos de viceconsejería o, en su caso, de secretaría general. Respecto del Plan Andaluz de Acción por el Clima impulsa, coordina, supervisa, informa antes de su aprobación, colabora en su redacción y transfiere información. Tendrá representación en el Consejo Andaluz del Clima.

Artículo 7. Oficina Andaluza de Cambio Climático

Se crea, adscrita a la Consejería competente en cambio climático, la Oficina Andaluza de Cambio Climático, con naturaleza de unidad administrativa conforme al artículo 14 de la Ley 9/2007, mediante modificación de la relación de puestos de trabajo. Funciones: informes de seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima con propuesta de corrección; propuesta de Inventario Andaluz de Emisiones; formación y asesoramiento; criterios para proyectos de fijación de carbono en espacios naturales protegidos; y plataforma de transferencia de información.

Artículo 8. Objeto y naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima

El Plan Andaluz de Acción por el Clima es el instrumento general de planificación de Andalucía para la lucha contra el cambio climático. Sus determinaciones obligan a las Administraciones públicas que ejerzan funciones en el territorio andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley. Tiene la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio a efectos de la Ley 1/1994.

Artículo 9. Alcance y contenido del Plan Andaluz de Acción por el Clima

El Plan debe integrar en la planificación autonómica y local las acciones de mitigación, adaptación y comunicación, considerando los objetivos de la Unión Europea y del Gobierno de España. Su contenido mínimo abarca 14 apartados (entre ellos diagnóstico de emisiones, Escenarios Climáticos, impactos, estrategias de mitigación y adaptación, seguimiento, colectivos vulnerables, marco energético y perspectiva de género). Incluye tres programas: Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, Adaptación, y Comunicación y Participación.

Artículo 10. Del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética

El Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética fija estrategias y acciones para cumplir los objetivos de reducción de emisiones. Sus diez áreas estratégicas son: industria; agricultura, ganadería, acuicultura y pesca; edificación y vivienda; energía; residuos; transporte y movilidad; usos de la tierra y silvicultura; turismo; comercio, y Administraciones públicas. Incluye, entre otros, la planificación energética para al menos las próximas dos décadas, presupuestos de carbono plurianuales por áreas, medidas por área, previsión financiera y mecanismos de corrección.

Artículo 11. Del Programa de Adaptación

El Programa de Adaptación busca reducir los riesgos económicos, ambientales y sociales del cambio climático incorporando medidas de adaptación en la planificación autonómica y local. Persigue programar actuaciones según una evaluación de riesgos asumibles, ampliar el conocimiento de impactos e incentivar la participación privada. Sus 13 áreas estratégicas van de recursos hídricos y prevención de inundaciones a salud, litoral y migraciones asociadas al cambio climático. Incluye, entre otros, el programa de trabajo de la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía.

Artículo 12. Del Programa de Comunicación y Participación

El Programa de Comunicación y Participación fomenta la información, formación y corresponsabilización de la sociedad en la lucha contra el cambio climático y la participación ciudadana en sus políticas. Incluye al menos acciones de comunicación, educación ambiental y formación (con atención al sistema educativo andaluz), voluntariado ambiental, acceso público a la información, colaboración de la sociedad civil, previsión financiera y seguimiento con igualdad de género. La comunicación se basará preferentemente en las TIC y con apoyo de la RTVA.

Artículo 13. Tramitación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima

El Consejo de Gobierno formula y aprueba el Plan mediante decreto, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático. La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático emite un informe de valoración preceptivo y previo. La Consejería lo elabora con participación de ciudadanía, agentes económicos y sociales y Administraciones afectadas. El Plan es permanente y se revisa ante alteraciones sustanciales y, en todo caso, cada cuatro años, por el mismo procedimiento.

Artículo 14. Seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima

Cada año, las Consejerías presentan a la Consejería competente en materia de cambio climático un informe sobre sus iniciativas en desarrollo del Plan, que sirve de base para la memoria. La persona titular de esa Consejería presenta anualmente al Consejo de Gobierno y ante el Parlamento de Andalucía una memoria pública sobre el grado de desarrollo y cumplimiento del Plan y sus programas.

Artículo 15. Planes municipales contra el cambio climático

Los municipios elaboran y aprueban planes municipales contra el cambio climático dentro de sus competencias y del Plan Andaluz de Acción por el Clima, con un contenido mínimo de 12 apartados (emisiones, vulnerabilidad, objetivos, actuaciones de reducción, renovables, edificios, movilidad, alumbrado, programación). Se someten a información pública no inferior a treinta días, se aprueban como las ordenanzas y se revisan cuando se revise el Plan andaluz. Cada dos años, informe de cumplimiento. Caben planes supramunicipales y apoyo de las Diputaciones; la Junta dota recursos.

Artículo 16. De la colaboración con la Administración General del Estado en materia de cambio climático

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, para impulsar las medidas de mitigación, adaptación y comunicación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, mediante instrumentos de cooperación específicos.

Artículo 17. Escenarios Climáticos de Andalucía

La Consejería competente en materia de cambio climático elabora y aprueba los Escenarios Climáticos de Andalucía según determine el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Son la referencia para la planificación de la Comunidad Autónoma y se actualizan según los avances científicos. Se calculan con los horizontes temporales que fije el Plan.

Artículo 18. Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero

La Consejería competente en materia de cambio climático elabora y aprueba el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, con periodicidad anual no prorrogable; su alcance, contenido y criterios de calidad se regulan reglamentariamente. Recoge emisiones naturales y antropogénicas por fuentes, absorción por sumideros y proyecciones conforme a criterios internacionales. Es público y accesible en la web de la Consejería y en el Portal de Transparencia.

Artículo 33. Objetivos de mitigación de emisiones difusas

Los objetivos de mitigación de emisiones difusas se fijan como mínimo según los de la UE y la normativa básica estatal, con reparto proporcional del esfuerzo según el PIB relativo y aplicado a las emisiones per cápita. Objetivo para 2030: reducir como mínimo un 18% las emisiones difusas por habitante respecto a 2005, referencia para los presupuestos de carbono. Valor de 2005: 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO2 (4,21 t per cápita). El Consejo de Gobierno fija los periodos posteriores y puede revisar el de 2030.

Artículo 34. Objetivos para la transición hacia un nuevo modelo energético

Las medidas de esta ley y de la Ley 2/2007 deben dirigirse a un modelo energético renovable, descarbonizado y neutro en emisiones que garantice el acceso a la energía como bien común. En particular: reducir el consumo tendencial de energía primaria en 2030 como mínimo un 30% (excluidos usos no energéticos); aportar con renovables en 2030 como mínimo el 35% del consumo final bruto; favorecer el autoconsumo, y difundir el nuevo modelo. El Consejo de Gobierno fija objetivos posteriores; la Consejería competente en materia energética ejecuta los programas.

Artículo 35. Medidas de mitigación de aplicación transversal

En el Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, son medidas generales aplicables a todas las áreas estratégicas de mitigación: ahorro y eficiencia energética; renovables y eliminación progresiva de combustibles fósiles; descarbonización del consumo eléctrico con electricidad verde (Sistema de Garantía de Origen); uso racional de recursos naturales, sobre todo hídricos; uso inteligente de materias primas; gestión eficiente de residuos; más fijación de carbono y sumideros, y economía baja en carbono.

Artículo 36. Medidas específicas de mitigación por áreas estratégicas

Sobre las medidas generales, el Programa de Mitigación fija medidas específicas por área: industria (emisiones fuera del comercio de derechos, gases fluorados, economía circular…), agricultura (fermentación entérica, estiércoles, regadíos, productos ecológicos…), edificación (rehabilitación, huella de carbono), energía (autoconsumo, redes inteligentes, edificios públicos renovables…), residuos (recogida selectiva, plásticos no biodegradables), transporte (sustitución de vehículos de la Junta, recarga eléctrica, ferrocarril), usos de la tierra (incendios, erosión) y turismo y comercio.

Artículo 37. Proyectos de absorción de emisiones

Los proyectos de absorción aumentan la capacidad de sumidero de carbono en terrenos públicos y privados (forestación, dehesas, humedales…). Los realizan personas físicas o jurídicas autorizadas sobre los terrenos. Ejecutados, generan unidades de absorción certificadas a nombre de sus titulares y transmisibles, que pueden usarse una sola vez para compensar o tener valor informativo. Los de terrenos de la Junta se inscriben en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, y su metodología de certificación la aprueba el órgano directivo central.

Artículo 38. Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción

La Consejería competente en materia de cambio climático aprueba el Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción, con proyectos ejecutables en terrenos de titularidad pública. El Catálogo se publica y difunde electrónicamente y se revisa periódicamente, al menos cada cuatro años.

Artículo 39. Sumideros de carbono en espacios naturales protegidos

La planificación en espacios naturales protegidos incluirá como objetivo prioritario aumentar la fijación de carbono. Los proyectos de fijación en esos espacios son los de las tipologías del artículo 37.2. Si un proyecto supone cambio de uso de suelo o se relaciona con la silvicultura en un espacio protegido y requiere prevención ambiental, debe justificar un balance de carbono neutro durante toda su vida, que puede lograrse entregando unidades de absorción. La metodología del balance la aprueba el órgano directivo central.

Artículo 40. Municipios de Baja Emisión de Carbono

La Consejería competente en materia de cambio climático otorga la calificación de Municipio de Baja Emisión de Carbono según las iniciativas municipales, con requisitos fijados reglamentariamente; también puede darse a entidades de cooperación territorial del artículo 62 de la Ley 5/2010. Es requisito indispensable tener aprobado el Plan Municipal contra el Cambio Climático y haber comunicado a la Junta sus acuerdos y los informes de cumplimiento. Las bases de ayudas a municipios pueden valorar esta calificación.

Artículo 41. Régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

Se crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER) para reducir emisiones en Andalucía. Obliga a los titulares de actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía que cumplan los criterios reglamentarios. Tiene dos modalidades: reducción de emisiones, y seguimiento y notificación. La Consejería lo desarrolla por orden. No se aplica a los establecimientos del Anexo I de la Ley 1/2005, a los de defensa o seguridad nacionales cuando lo justifique la seguridad, ni a los de la Administración General del Estado en sus competencias exclusivas del artículo 149.1 CE.

Artículo 42. Modalidad de reducción de emisiones del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

La modalidad de reducción del SAER se aplica a actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía según su desarrollo reglamentario. Sus titulares deben implantar un sistema de seguimiento de emisiones con metodología de la Consejería y elaborar un informe anual; elaborar un plan de reducción con objetivo cuantificado y horizonte temporal fijado; presentar cada año los informes de emisiones, resultados y medidas correctoras, que pueden ir con informe de verificación, y custodiar los registros cinco años. Pueden compensar voluntariamente sus emisiones.

Artículo 43. Modalidad de seguimiento y notificación del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

La modalidad de seguimiento y notificación del SAER se aplica a las actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía que se determinen reglamentariamente. Sus titulares deben implantar un sistema de seguimiento de emisiones con la metodología de la Consejería competente en materia de cambio climático y elaborar un informe anual, presentar cada año el informe de emisiones a esa Consejería y custodiar los registros cinco años. Pueden compensar voluntariamente sus emisiones.

Artículo 44. Límites y alcance del informe de emisiones

Artículo 45. Valores de referencia

Los valores de referencia se fijan conforme al Plan Andaluz de Acción por el Clima y sirven para definir los objetivos de reducción de emisiones del artículo 42. Deben permitir comparar la eficiencia en condiciones homogéneas. Su determinación corresponde a la Consejería competente en materia de cambio climático y se aprueban mediante resolución del órgano competente.

Artículo 46. Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

Se crea el Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, para inscribir los datos necesarios para comprobar el cumplimiento del capítulo. La inscripción y gestión siguen la Ley 39/2015. El Registro es público, sin perjuicio de la protección de datos personales o de la salvaguarda del secreto industrial.

Artículo 47. Inspección del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

La Consejería competente en materia de cambio climático puede ordenar inspecciones de actividades o establecimientos del SAER para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones; el personal funcionario inspector es agente de la autoridad. Anualmente, la Consejería competente en materia de cambio climático y transición energética elabora un plan sectorial de inspección para verificar la adecuación de los sujetos obligados.

Artículo 48. Organismos de verificación

A efectos del artículo 42.2.e), para actuar como organismo de verificación se requiere acreditación del organismo nacional de acreditación en el campo «verificación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero» u otros asimilables. En actividades de titularidad pública, pueden verificar técnicos competentes de sus propios servicios.

Artículo 49. Certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

Reglamentariamente se establecerá el modelo de certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas para cada modalidad (artículos 42 y 43), que acredita el cumplimiento de las obligaciones de la ley. El certificado debe exhibirse públicamente en todos los establecimientos incluidos en el sistema.

Artículo 50. Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones

Se crea el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, como instrumento voluntario para la reducción de emisiones y para la compensación. Contiene información sobre huellas de carbono, compromisos de reducción, proyectos de absorción y compensación. Se gestiona según la Ley 39/2015 y es público, salvo protección de datos personales y secreto industrial.

Artículo 51. Coordinación con el Registro nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono

El Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones mantendrá la necesaria coordinación con el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.

Artículo 52. Del Registro de la huella de carbono de productos y servicios

Se crea el Registro de la huella de carbono de productos y servicios, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, para la inscripción voluntaria de la huella de carbono, calculada con estándares internacionales. Pueden inscribirse personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que produzcan, distribuyan o comercialicen productos o servicios en Andalucía. La inscripción da derecho a usar el logotipo, los productos deben mostrar su huella en etiquetado y embalaje, y la inscripción vale un mínimo de cuatro años, prorrogable reglamentariamente.

Artículo 53. Huella de carbono en la contratación pública

En las licitaciones de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden exigir en cualquier fase disponer del cálculo de una huella de carbono. Se acredita con certificados de inscripción en un Registro de huella de carbono de la Junta u otros medios equivalentes de gestión medioambiental. Será obligatorio seis meses después de la entrada en vigor del reglamento que organice los Registros del Título VI.

Artículo 54. De las infracciones y de los sujetos responsables

Son infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta ley. Pueden ser responsables personas físicas y jurídicas. No cabe sanción sin instruir previamente el expediente conforme a la legislación básica estatal, sin perjuicio de otras responsabilidades. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves.

Artículo 55. Infracciones leves

Son infracciones leves: no presentar la documentación exigida en los artículos 42.2.d) o 43.2.b); no presentar el informe de verificación del artículo 42.2.e); no custodiar los registros durante el plazo de los artículos 42.2.f) y 43.2.c); no exhibir públicamente el certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (artículo 49); incumplir cualquier obligación de los artículos 42.2 y 43.2 no tipificada como grave, y no inscribirse en el Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.

Artículo 56. Infracciones graves

Son infracciones graves: incumplir lo ordenado mediante apercibimiento a causa de una infracción leve; la falsedad o la alteración de los datos de los documentos de los artículos 42.2.d) y 43.2.b); reincidir en una infracción leve habiendo sido sancionado en los dos años anteriores a su comisión, y obstruir o negarse a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 57. Infracciones muy graves

Solo hay dos infracciones muy graves: incumplir el deber de reducción de emisiones que establece el artículo 42.2.c) y reincidir en una infracción grave cuando se haya sido sancionado en los dos años anteriores a la comisión de esta.

Artículo 58. Graduación de sanciones

La sanción debe guardar la debida adecuación con la gravedad del hecho. Como atenuantes o agravantes se consideran: la intencionalidad; el beneficio ilícito; la reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución firme en vía administrativa; la magnitud de la diferencia entre los datos facilitados por los titulares de instalaciones y los reales; las medidas correctoras adoptadas antes de la incoación, y la reparación espontánea del daño.

Artículo 59. Sanciones

Leve: multa de hasta 30.000 euros. Grave: multa de 30.001 hasta 60.000 euros e imposibilidad de obtener durante dos años préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medioambiente. Muy grave: multa de 60.001 hasta 120.000 euros e imposibilidad de obtenerlos durante cuatro años. En las infracciones del artículo 57 a), pagar la sanción no exime de hacer efectiva la reducción de emisiones.

Artículo 60. Procedimiento sancionador

Artículo 61. Prescripción

Las infracciones muy graves y graves prescriben a los cuatro años de su comisión y las leves a los dos años. Las sanciones por infracciones muy graves y graves prescriben a los cuatro años y las impuestas por infracciones leves, a los dos años. El cómputo de ambos plazos se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 62. Concurrencia de sanciones

Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos la persona física o jurídica infractora pudiera ser sancionada con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes aplicables, de las posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.

Artículo 63. Potestad sancionadora

La potestad sancionadora corresponde a la Consejería competente en materia de cambio climático. Inician y resuelven los procedimientos las personas titulares de sus delegaciones territoriales o, si los hechos exceden del ámbito provincial, el órgano directivo central competente en materia de cambio climático. El acuerdo de inicio nombra instructor, que ha de ser personal funcionario adscrito a esas delegaciones territoriales.

Artículo 64. Multas coercitivas

Si se incumplen las obligaciones de los artículos 42.2 y 43.2 y la conducta prosigue o no se atiende el requerimiento de cese, la autoridad competente puede imponer multas coercitivas, además de las sanciones. Importe: entre 600 y 30.000 euros. El requerimiento indica plazo y cuantía; el plazo, suficiente y no inferior a tres meses. Pueden reiterarse hasta el cumplimiento, sin que el nuevo plazo sea inferior al primero. Son independientes y compatibles con las sanciones.

Artículo 1. Objeto

La Ley regula medidas para lograr la transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental basado en una economía circular: uso eficiente de los recursos, alargar la vida útil de los productos y minimizar la generación de residuos. Persigue además el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y la preservación de espacios y recursos naturales, con el tejido empresarial, los agentes del conocimiento y la ciudadanía como elementos clave.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a los sectores y actividades tanto públicos como privados y a todas las fases del ciclo de vida de un producto o servicio, siempre que se produzcan, gestionen o presten en el ámbito territorial de Andalucía. El criterio que delimita su aplicación es, por tanto, territorial.

Artículo 3. Definiciones

Define, a efectos de la Ley, conceptos como análisis de ciclo de vida (ACV), basura marina, bioeconomía circular, contratación pública ecológica (CPE), desperdicio alimentario (excluye las pérdidas de la producción primaria), durabilidad, etiqueta ecológica de la UE (sistema voluntario), economía circular, economía de la funcionalidad (pago por uso y no propiedad), fondos circulares para la conectividad digital, huella ecológica, materias primas fundamentales, productos clave, biomasa y simbiosis industrial.

Artículo 4. Principios rectores

Enumera ocho principios que inspiran la Ley: eficiencia (ecodiseño, mantener el valor de los productos en el mercado y minimizar residuos); enfoque integrado del impacto ambiental de los ciclos de vida; responsabilidad compartida de Administraciones públicas, empresas y sociedad en general; quien contamina paga; fomento del progreso técnico (I+D+i); educación para la sostenibilidad; precaución o cautela, tras una evaluación científica; y coherencia con las políticas frente al cambio climático.

Artículo 5. Objetivos

Fija once objetivos de la Ley, entre ellos: desarrollo económico sostenible con circularidad; tejido empresarial innovador y empleo; preservar el medio ambiente andaluz; situar a personas y empresas en el centro; resiliencia y competitividad; simbiosis industrial y materiales reciclados en lugar de materias primas vírgenes; I+D+i y ACV; concienciación ciudadana; incorporar los objetivos de residuos de la UE y estatales; Agenda 2030; y proximidad en el consumo y la producción.

Artículo 6. Tramitación electrónica

Las personas físicas y las jurídicas están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración autonómica en los procedimientos y obligaciones de información de competencia autonómica previstos en la Ley, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015. Además, es obligatorio, en su caso, usar las aplicaciones que establezca la Dirección General competente en materia de residuos para cada procedimiento o trámite.

Artículo 27. Normas generales, objetivos y medidas de prevención

Las Administraciones autonómica y local, en el ámbito de sus competencias, actúan bajo el principio general de prevención de la generación de residuos, disminución de su poder contaminante y mejora en su gestión, para cumplir la jerarquía de residuos y los objetivos de economía circular y de lucha contra el cambio climático. Además, adoptarán medidas para aumentar la prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado, el consumo responsable y la separación de residuos entre la población.

Artículo 28. Gestión circular de los residuos

Con carácter general los residuos se recogen por separado y no se mezclan antes de su tratamiento; de los peligrosos se retiran, antes o durante la valorización, las sustancias peligrosas. A partir de 2030 no se admiten en vertedero los residuos aptos para reciclado u otra valorización, en particular los municipales, salvo vertido justificado por un enfoque de ciclo de vida. La eliminación sigue la normativa básica estatal y la Consejería competente en materia de residuos regulará un mecanismo identificativo de los gestores.

Artículo 29. Gestión circular de los residuos municipales

Cada entidad local cumple por separado los objetivos de residuos municipales (salvo los de responsabilidad ampliada del productor). Deben recoger por separado papel, metales, plástico y vidrio; biorresiduos domésticos (las de más de 5.000 habitantes y, el resto, antes del 31-12-2023); textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos antes del 31-12-2024. Preparación para la reutilización y reciclado: 55 % en peso en 2025, 60 % en 2030 y 65 % en 2035. Las tasas reflejarán el coste real y avanzarán hacia el pago por generación.

Artículo 30. Sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto

Los productores que asuman por propia decisión responsabilidades financieras u organizativas y financieras para la fase de residuo de su producto pueden constituir sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada, individuales o colectivos. Los colectivos se someten a autorización y los individuales a comunicación previa, con los requisitos mínimos de los sistemas obligatorios. Si después se impone la obligación, pueden adaptar su sistema o integrarse en otro, y se les devuelven las garantías financieras.

Artículo 31. Promoción de los sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor del producto

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Estrategia Andaluza para la Economía Circular u otros planes sectoriales, adoptará medidas para promover que las empresas implanten sistemas voluntarios de responsabilidad ampliada del productor, individuales o colectivos, para las cadenas de valor de los productos clave recogidos en la Ley.

Artículo 32. Medidas de agilización administrativa

La Oficina Andaluza de Economía Circular analizará la situación administrativa y legal de la declaración de subproductos y de fin de la condición de residuo para reducir los trámites previos a esa declaración, garantizando la protección del medio ambiente y la salud y dentro de las competencias autonómicas que establezca la normativa básica estatal en materia de residuos.

Artículo 33. Subproductos

Una sustancia u objeto resultante de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea producirlo puede considerarse subproducto si concurren las exigencias del artículo 4 de la Ley 7/2022. En casos específicos de competencia autonómica, la de un proceso concreto desarrollado en Andalucía puede considerarse subproducto mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente. Se habilita a la Consejería competente en materia de residuos para regular ese procedimiento de evaluación.

Artículo 34. Fin de la condición de residuo

El órgano autonómico competente puede indicar en la autorización que un residuo valorizado en una instalación de su territorio deja de serlo, si no hay orden ministerial. La autorización incluye residuos de entrada, procedimientos y técnicas, criterios de calidad, requisitos de los sistemas de gestión y declaración de conformidad; se traslada al Ministerio competente en materia de residuos y se inscribe en el Registro de producción y gestión de residuos. Quien use o comercialice por primera vez el material garantiza que cumple la normativa de productos.

Artículo 35. Prevención y recogida de basuras marinas

La Junta de Andalucía y sus entes instrumentales competentes en pesca y puertos promoverán la recogida de basuras marinas mediante medidas de promoción y apoyo, facilitando su descarga en puertos, en la medida de lo posible, y su gestión. Las Administraciones autonómica y local fomentarán proyectos y actividades de recogida de basura por parte del sector pesquero.

Artículo 36. Concienciación y formación sobre prevención y recogida de basuras marinas

Las Administraciones autonómica y local, con organismos, autoridades portuarias autonómicas, instituciones y el sector pesquero, harán programas de sensibilización sobre basura marina, promocionarán eventos participativos de limpieza e impulsarán campañas en lugares de acumulación. La Consejería competente en educación incluirá contenidos sobre basuras marinas en la familia profesional marítimo-pesquera y la de pesca formará y concienciará al sector pesquero.

Artículo 37. Incentivos a la prevención y recogida de basuras marinas

Podrán establecerse incentivos fiscales en las tasas reguladas en la Ley 21/2007, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, para los sujetos pasivos que realicen actividades de prevención y recogida de basuras marinas. La Consejería con competencias en pesca promoverá la recogida en el mar de artes de pesca perdidos, plásticos y otros desechos, con medidas financiadas preferentemente por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; la recogida se planificará sin afectar a hábitats ni especies marinas de especial interés.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La Ley regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con el fin de intensificar las reducciones de esas emisiones de forma eficaz en relación con los costes y económicamente eficiente. Se aplica a las emisiones de los gases incluidos en el anexo I generadas por las actividades a que se refiere ese anexo.

Artículo 2. Definiciones

Define los conceptos de la Ley. Destacan: derecho de emisión (derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de CO2 durante un período determinado); expedición (el administrador del Registro de la UE incorpora unidades o derechos a la cuenta); transferencia (movimiento entre cuentas); transmisión (cambio de titularidad por inscripción); entrega; supresión; nuevo entrante; emisiones históricas de la aviación (media de 2004, 2005 y 2006); y Estado miembro responsable de la gestión de los operadores aéreos.

Artículo 2 bis. Relaciones de cooperación y colaboración

La Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán y colaborarán en materia de cambio climático y se suministrarán mutuamente la información que tengan, en particular sobre metodologías sectoriales, mejoras tecnológicas, autorización de emisión, verificación de emisiones, asignación individualizada de derechos y el informe sobre la aplicación de la Directiva 2003/87/CE. También cooperarán en los proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta del Protocolo de Kioto.

Artículo 3. Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático

Crea la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, órgano de coordinación y colaboración entre la AGE y las comunidades autónomas para el régimen de derechos de emisión y otros ámbitos (seguimiento y adaptación, reducción de emisiones, absorción de carbono, proyectos de Kioto, directrices técnicas, proyectos domésticos, informe de normas). La preside la Secretaría de Estado de Medio Ambiente; vocales: 19 de ministerios y 1 de Presidencia del Gobierno, 1 por cada comunidad autónoma, 1 por cada una de las ciudades de Ceuta y Melilla y 1 de las entidades locales.

Artículo 3 bis. Consejo Nacional del Clima y Mesas de Diálogo Social

El Consejo Nacional del Clima garantizará la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y ambientales en el seguimiento de la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión en cuanto a sus efectos en la competitividad, la estabilidad del empleo, la cohesión social y la coherencia ambiental. Además, se impulsarán las Mesas de Diálogo Social necesarias para la participación de organizaciones sindicales y asociaciones empresariales en el seguimiento de su impacto en España.

Artículo 4. Instalaciones sometidas a autorización de emisión

Toda instalación con actividades y emisiones del anexo I necesita autorización de emisión a favor de su titular, salvo exclusión. La otorga el órgano autonómico competente y debe incluir, entre otros, el plan de seguimiento y la obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes al final de cada año natural, derechos equivalentes a las emisiones verificadas del año anterior. Puede cubrir varias instalaciones del mismo emplazamiento y titular. Sin resolución en tres meses se entiende desestimada, aunque la instalación puede funcionar provisionalmente.

Artículo 5. Solicitud de autorización de emisión

El titular dirige la solicitud de autorización al órgano competente que designe la comunidad autónoma donde esté la instalación. Debe contener: identificación y acreditación de la titularidad; identificación y domicilio de la instalación; descripción de la instalación, actividades y tecnología; materias primas y auxiliares que puedan producir emisiones del anexo I; fuentes de emisión; y una propuesta de plan de seguimiento. Se acompaña de un resumen explicativo de todo ello.

Artículo 6. Cambios en la instalación

El titular debe informar al órgano competente de cualquier proyecto de cambio en el carácter, funcionamiento o tamaño de la instalación, de los que supongan ampliación o reducción significativa de capacidad y de cualquier cambio en su identidad o domicilio. A la vista de esa información, el órgano autonómico competente modificará de oficio, en su caso, la autorización en el plazo máximo de tres meses.

Artículo 7. Extinción de la autorización

La autorización de emisión se extingue por: a) cierre de la instalación; b) falta de puesta en funcionamiento transcurridos tres meses desde la fecha de inicio prevista, salvo causa justificada declarada por el órgano competente; c) sanción, conforme al artículo 30.1.a).3.º; y d) suspensión de la actividad durante más de un año, aunque excepcionalmente el órgano competente puede demorar la extinción hasta un máximo de dieciocho meses de suspensión.

Artículo 8. Comunicaciones al órgano competente en materia de registro

Las comunidades autónomas comunican a la Oficina Española de Cambio Climático, como órgano competente en materia de registro conforme al artículo 25.3, las resoluciones de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones de emisión, en el plazo de diez días desde la fecha de la resolución.

Artículo 9. Naturaleza jurídica de los derechos de emisión

El derecho de emisión es el derecho subjetivo a liberar a la atmósfera una tonelada equivalente de CO2 desde una aeronave o instalación incluida en la Ley. La titularidad originaria de los derechos asignados gratuitamente a instalaciones en España y a operadores aéreos gestionados por España, y la de los subastados, corresponde a la Administración General del Estado, que los asigna, enajena o suprime. El derecho es transmisible y su expedición, titularidad, transferencia, transmisión, entrega y supresión se inscriben en el área española del Registro de la UE.

Artículo 10. Normativa financiera aplicable a los derechos de emisión

Los derechos de emisión y sus derivados tienen la consideración de instrumentos financieros conforme a la normativa nacional y de la Unión Europea aplicable. Por ello, la normativa nacional y de la Unión Europea sobre mercados de instrumentos financieros y su control se aplica a las personas físicas o jurídicas que operen con derechos de emisión o derivados sobre ellos.

Artículo 11. Transmisión de los derechos de emisión

Los derechos de emisión pueden transmitirse entre personas físicas o jurídicas en la UE y, previo reconocimiento mutuo por instrumento internacional, con personas de terceros Estados o de sus entidades regionales o subfederales. Quien no sea titular de instalación u operador aéreo necesita abrir antes una cuenta en el área española del Registro de la UE. Solo se transmiten una vez expedidos y transferidos a la cuenta, y la transmisión se produce con la inscripción. La titularidad registral se presume legítima y protege al tercero adquirente a título oneroso sin mala fe ni culpa grave.

Artículo 12. Validez de los derechos de emisión

Los derechos de emisión expedidos a partir del 1 de enero de 2013 tienen validez indefinida. Los expedidos a partir del 1 de enero de 2021 indican en qué periodo de comercio se expidieron y son válidos para las emisiones desde el primer año de ese periodo en adelante.

Artículo 13. Periodos de comercio

Los periodos de comercio duran lo que determine la normativa de la Unión Europea y pueden comprender más de un periodo de asignación. El periodo de comercio 2021-2030 se divide, para las instalaciones fijas, en dos periodos de asignación: 2021-2025 y 2026-2030.

Artículo 14. Principios generales

La subasta es el método básico de asignación; el porcentaje subastado lo determina la Comisión Europea. Las subastas se rigen por libertad de concurrencia, publicidad, transparencia, no discriminación y eficiencia, con acceso pleno de las pymes, igual información para todos, eficiencia en costes y acceso de los pequeños emisores. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente vela por su aplicación y su titular es el subastador. Si cesa capacidad de generación eléctrica por medidas nacionales, puede cancelar derechos hasta el promedio de emisiones verificadas de los cinco años anteriores.

Artículo 15. Informes

En el plazo de un mes tras cada subasta, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente publica un informe sobre su desarrollo, detallando en particular la aplicación de las normas de subasta, el acceso justo y libre de todos los operadores, la transparencia en su resolución, el cálculo de los precios y los aspectos técnicos y operativos de su celebración.

Artículo 16. Instalaciones susceptibles de recibir asignación gratuita transitoria

La Comisión Europea determina los sectores expuestos a riesgo significativo de fuga de carbono; sus instalaciones reciben de 2021 a 2030 el cien por cien de la asignación gratuita. Las no expuestas, el treinta por ciento hasta 2026, que después se reduce cada año hasta cero en 2030, salvo la calefacción urbana (treinta por ciento hasta 2030). Desde 2021 no hay asignación gratuita a generadores de electricidad ni a captura, transporte o almacenamiento de CO2, con excepciones. Una instalación que haya cesado no recibe nada salvo que demuestre que reanudará la producción.

Artículo 17. Reglas de asignación

La metodología de la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión se rige por dos fuentes: las normas de la Unión Europea de carácter transitorio para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión y, además, la normativa de desarrollo de esta ley que pudiera establecerse.

Artículo 18. Nuevos entrantes

Para los nuevos entrantes en el periodo 2021-2030 se reserva una cantidad de derechos de emisión como asignación gratuita, conforme a la normativa de la Unión Europea. Esta reserva es común y única para toda la Unión y se rige por su normativa. No se asigna ningún derecho gratuito a ningún tipo de producción de electricidad por los nuevos entrantes.

Artículo 19. Asignación gratuita individualizada de derechos de emisión

Los titulares piden la asignación gratuita a la Oficina Española de Cambio Climático para cada periodo. La solicitud acredita titularidad y autorización de emisión (basta haberla solicitado, pero ha de obtenerse al menos dieciocho meses antes del periodo y presentarse en un mes; si no, se pasa a nuevo entrante), aporta datos de cálculo y una declaración responsable de permisos. Decide el Consejo de Ministros tras información pública; a los veintidós meses sin resolución, silencio desestimatorio; el acuerdo se comunica a las comunidades autónomas en diez días.

Artículo 16. De la planificación de los recursos y espacios naturales a proteger

Los recursos naturales, y en especial los espacios naturales a proteger, deben planificarse para adecuar su gestión a los principios inspiradores del artículo 2 de la Ley. Los instrumentos de esa planificación, se llamen como se llamen, tendrán los objetivos y contenidos que establece esta Ley.

Artículo 17. Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

Los PORN son el instrumento específico para delimitar, tipificar, integrar en red y relacionar con el resto del territorio los sistemas del patrimonio y los recursos naturales de un ámbito; su vigencia y revisión las fijan las comunidades autónomas o, en su ámbito, la Administración General del Estado. El Ministerio de Medio Ambiente, con participación autonómica, elabora directrices de ordenación, aprobadas por Real Decreto en dos años como máximo, previo informe del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Los PORN incluyen memoria económica.

Artículo 18. Objetivos

Los PORN tienen siete objetivos: identificar y georreferenciar espacios y elementos significativos del patrimonio natural; definir su estado de conservación; identificar la capacidad e intensidad de uso y fijar alternativas de gestión y limitaciones; formular criterios para políticas sectoriales y actividades económicas y sociales; señalar regímenes de protección para mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su funcionalidad y conectividad; prever medidas de conservación y restauración; y contribuir a redes ecológicas de espacios de alto valor natural.

Artículo 19. Alcance

Los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y física contradictorios con los PORN deben adaptarse a ellos y, mientras tanto, prevalecen las determinaciones del PORN. Los PORN son determinantes respecto de otras actuaciones, planes o programas sectoriales, que solo pueden contradecirlos por razones imperiosas de interés público de primer orden, con decisión motivada y pública. Los Ayuntamientos pueden proponer excepciones motivadas para garantizar servicios mínimos, que aprueba el órgano autonómico competente.

Artículo 20. Contenido mínimo

Contenido mínimo de los PORN: delimitación del ámbito y descripción de sus características físicas, geológicas y biológicas; inventario y estado de conservación del patrimonio natural, con diagnóstico y previsión de evolución; criterios de conservación, protección, restauración y uso sostenible; limitaciones generales y específicas de usos y actividades; en su caso, aplicación de algún régimen de protección; criterios orientadores para las políticas sectoriales; medidas de conectividad ecológica; y memoria económica sobre costes e instrumentos financieros previstos para su aplicación.

Artículo 21. Corredores ecológicos y Áreas de montaña

Las Administraciones Públicas deben prever, en su planificación ambiental o en los PORN, mecanismos de conectividad ecológica, estableciendo o restableciendo corredores, en especial entre espacios Red Natura 2000 y entre espacios de singular relevancia para la biodiversidad, con papel prioritario de cursos fluviales, vías pecuarias, áreas de montaña y otros elementos lineales y continuos o de enlace, sean o no espacios protegidos. También promoverán directrices de conservación de las áreas de montaña que atiendan, como mínimo, a sus valores paisajísticos, hídricos y ambientales.

Artículo 22. Elaboración y aprobación de los Planes

La elaboración y aprobación de los PORN corresponde a las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos competenciales. Su procedimiento de elaboración debe incluir necesariamente audiencia a los interesados, información pública y consulta de los intereses sociales e institucionales afectados y de las organizaciones sin fines lucrativos que persigan los objetivos de la Ley.