Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía
Artículo 28. Disposiciones generales
En pocas palabras
La evaluación ambiental estratégica ordinaria se tramita según la sección 1.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013 y la simplificada según su sección 2.ª, con las particularidades de las secciones 2.ª y 3.ª, respectivamente, del capítulo II del título II de esta ley. Si el órgano sustantivo es a la vez promotor, hace lo que corresponde al promotor. El órgano sustantivo informa al ambiental de incidencias relevantes, en especial archivo o caducidad del procedimiento sustantivo.
Explicación sencilla
Encaja la tramitación andaluza en la ley estatal de evaluación ambiental y resuelve dos cuestiones prácticas: qué pasa cuando sustantivo y promotor coinciden y el deber de avisar al órgano ambiental de incidencias del procedimiento sustantivo.
Regla mnemotécnica
Sustantivo que también promueve, hace de promotor; y si el expediente se archiva o caduca, avisa al ambiental.
Trampa típica de examen
Pensar que el deber de informar al órgano ambiental se limita al archivo: abarca cualquier incidencia relevante, singularmente el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.
Texto del artículo 28 de la Ley 2/2026 (LGAA)
1. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria se tramitará de conformidad con lo previsto en la sección 1.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las particularidades establecidas en la sección 2.ª del capítulo II del título II de esta ley. 2. El procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada se tramitará de conformidad con lo previsto en la sección 2.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con las particularidades establecidas en la sección 3.ª del capítulo II del título II de esta ley. 3. Cuando el órgano sustantivo sea simultáneamente el promotor del plan o programa, el mismo realizará las actuaciones atribuidas al promotor en esta ley. 4. El órgano sustantivo informará al órgano ambiental de cualquier incidencia que se produzca durante la tramitación del procedimiento administrativo sustantivo de adopción o aprobación de un plan o programa que tenga relevancia a los efectos de la tramitación de la evaluación ambiental, singularmente aquellas que supongan el archivo o la caducidad del procedimiento sustantivo.
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