LGAA
Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1Objeto y ámbito de aplicaciónLa ley establece el régimen jurídico de la prevención y protección ambiental en el territorio de Andalucía. Busca un elevado nivel de protección, conservación y mejora del medio ambiente y de la salud de las personas mediante los instrumentos ambientales y disposiciones que ella misma regula, sin perjuicio de las competencias de la Administración General del Estado según la legislación básica estatal.
- Art. 2FinalidadesOcho finalidades (a-h): alto nivel de protección de personas y medio ambiente (prevenir, minimizar, controlar y corregir la contaminación y usar eficientemente recursos y materias primas); desarrollo sostenible y circular; criterios de sostenibilidad en las decisiones de implantación; prevenir impactos y corregir y compensar efectos adversos; acceso a la información y participación; eficiencia y transparencia en la instrucción; corresponsabilidad público-privada; colaboración y coordinación administrativa integrando autorización y evaluación de impacto.
- Art. 3PrincipiosEnumera diecinueve principios (de la letra a) a la r), contando la ñ)) que inspiran la ley y guían la política ambiental de la Junta en fomento, evaluación, prevención y control. Entre ellos: acción preventiva (en la fuente de origen y en el diseño), enfoque integrado (actividades industriales de alto potencial contaminante), cautela, restauración, quien contamina paga, autosuficiencia, proximidad y jerarquía en residuos, no regresión, agilidad, coordinación con lealtad institucional y justicia ambiental y territorial.
- Art. 4DefinicionesRecoge 34 definiciones propias, que se suman a las de la normativa básica estatal. Destacan: autorización ambiental integrada, unificada y unificada simplificada (resoluciones de la Consejería), licencia ambiental (del ayuntamiento), inspección ambiental, plan de inspección (marco, plurianual) frente a programa (ejecutivo, anual), personas interesadas (entidades sin ánimo de lucro con al menos dos años constituidas) y unidad técnica fija (más de sesenta días en una misma ubicación en un intervalo de dos años).
- Art. 5Protección de datos, secreto industrial y comercial y confidencialidad de la información aportadaLa ley se aplica respetando el secreto industrial y comercial y la protección de datos. Las Administraciones respetan la confidencialidad de lo aportado por promotor, titular o explotador, atendiendo al interés público. El interesado indica qué información considera confidencial y lo justifica; decide la Administración ambiental ponderando la participación pública. Si deniega la confidencialidad, resolución motivada con recursos. Los datos confidenciales se presentan aparte y no van a información pública ni a consultas.
- Art. 6Coordinación y cooperación interadministrativaLas Administraciones actúan según los principios de lealtad institucional, coordinación, cooperación y colaboración. En el trámite de consultas se ponderan todos los intereses públicos, en especial los de otras Administraciones, y se prestan asistencia. El órgano ambiental autonómico convoca reuniones periódicas con las Administraciones afectadas que deban informar, con metodologías ágiles; la asistencia es obligatoria para los órganos de la Junta que no hayan emitido su informe en consultas.
- Art. 7Administración electrónicaEl uso de servicios electrónicos por las Administraciones públicas andaluzas al aplicar esta ley se somete plenamente a los derechos de las personas en sus relaciones electrónicas con la Administración, conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, a la disposición adicional tercera del Decreto-ley 26/2021 y a la disposición adicional tercera de la Ley 3/2023, de 30 de marzo.
- Art. 8Entidades colaboradorasEntidades colaboradoras: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cooperan en verificación y control sin ejercer potestades públicas. Adquieren la condición al inscribirse en el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental; las registra la Consejería. Actúan a petición de titulares o promotores, por exigencia normativa o a instancia de la Consejería o de los ayuntamientos. Siete ámbitos posibles y sujeción al control, seguimiento e inspección de la Consejería; deben ser imparciales e independientes.
- Art. 9Colegios profesionales de AndalucíaLa Consejería competente en medio ambiente, conforme al artículo 6 de la Ley 10/2003 de Colegios Profesionales de Andalucía, y también los ayuntamientos andaluces, pueden formalizar encomiendas de gestión y convenios con los colegios profesionales para tareas materiales o técnicas de verificación de las actividades de la ley, siempre que no impliquen ejercicio de potestades públicas.
- Art. 10Planificación estratégica en materia de medio ambienteLa Consejería de medio ambiente elabora una estrategia marco de medio ambiente, instrumento de planificación de referencia que integra las principales líneas estratégicas ambientales. Se elabora con coordinación, colaboración y cooperación administrativa y atendiendo al territorio, el cambio climático, el acceso ciudadano y el desarrollo socioeconómico. La aprueba el Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo Asesor de Medio Ambiente e información pública. Fija su vigencia y seguimiento y se desarrolla mediante planes sectoriales.
- Art. 11Consejo Asesor de Medio Ambiente de AndalucíaSe crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, órgano colegiado de consulta y participación adscrito a la Consejería de medio ambiente. Funciones: informar preceptivamente anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos ambientales (salvo los que informe el órgano forestal y de biodiversidad); conocer planes y programas ambientales autonómicos (la estrategia marco requiere su informe favorable); emitir informes y propuestas; recabar información; proponer medidas de empleo y educación ambiental; participar en la planificación.
- Art. 12Composición y régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de Medio Ambiente de AndalucíaPreside el Consejo Asesor la persona titular de la Consejería de medio ambiente; la vicepresidencia, la de la Viceconsejería. Los miembros los nombra la persona titular de la Consejería; participan los agentes económicos y sociales más representativos y las entidades locales. Su regulación será reglamentaria: informes no vinculantes y al menos dos reuniones ordinarias al año. Representación equilibrada de mujeres y hombres. El reglamento se aprueba en un año máximo desde la entrada en vigor de la ley.
- Art. 13Garantías en materia de información ambientalLas Administraciones públicas andaluzas garantizan una información ambiental de calidad mediante seis actuaciones: informar de los derechos de acceso y sus vías; poner a disposición la información solicitada con agilidad y asistencia del personal; estructurar y actualizar la información ambiental; difundirla del modo más amplio y avanzado, con transparencia, accesibilidad y reutilización; campañas específicas ante hechos excepcionales; y promover la Directiva (UE) 2019/1024 y la Ley 37/2007 sobre reutilización.
- Art. 14La Red de Información Ambiental de AndalucíaLa Red de Información Ambiental de Andalucía integra toda la información ambiental generada en la comunidad para la gestión, investigación, difusión, educación ambiental y toma de decisiones. Es un sistema permanente de acceso público sobre el estado y la calidad del medio ambiente. La organiza y gestiona la Consejería de medio ambiente, que aprueba sus normas y criterios y puede suscribir instrumentos de colaboración. Se difunde en el Portal de la Junta y su régimen se desarrolla reglamentariamente.
- Art. 15Informe sobre el estado del medio ambienteLa Consejería de medio ambiente elabora y publica cada año un informe completo sobre el estado del medio ambiente en Andalucía, en lenguaje no técnico y divulgativo, con datos sobre especies y hábitats amenazados, calidad ambiental, suelos y erosión y evolución de usos y ocupación del suelo. Las Administraciones y entes públicos andaluces le facilitan los datos. Se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.
- Art. 16Participación pública en asuntos con incidencia medioambientalLa participación pública en asuntos ambientales se ejerce según el artículo 3 de la Ley 27/2006, más las medidas de esta ley. La Junta garantiza la participación real y efectiva, publicando telemáticamente los expedientes en exposición pública y poniendo a disposición los que se pidan de forma fundada. En planes, programas y disposiciones ambientales, vela por el acceso a la Red de Información Ambiental y la participación en el seguimiento. En audiencia e información pública, la documentación se publica en formato digital y accesible.
- Art. 17Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación ambiental y prevención ambientalEn línea con la disposición adicional decimocuarta de la Ley 21/2013, se creará un Registro de personas interesadas en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental de la Junta, para garantizar la participación de quienes deban ser consultados. La inscripción es voluntaria y a solicitud; no estar inscrito nunca puede excluir a nadie como interesado. Su organización se desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley.
- Art. 18Ecoinnovación, investigación y desarrollo en materia de medio ambienteLa Junta impulsará la ecoinnovación, la investigación y el desarrollo tecnológico sobre el medio ambiente, en el marco de los planes aprobados. En particular, procurará: mejoras tecnológicas que racionalicen el uso de recursos y reduzcan impactos; mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental; fomentar la economía circular; y propiciar nuevos yacimientos de empleo verde de calidad.
- Art. 19Formación, educación y sensibilización ambiental para la sostenibilidadLa Junta promoverá la educación y sensibilización para la sostenibilidad difundiendo conocimientos, información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades, con las medidas del artículo 73 de la Ley 3/2023. Atenderá especialmente a la formación en ámbitos educativos, profesionales, empresariales y población general; a campañas de sensibilización; y a orientar a los consumidores sobre productos más eficientes y menos contaminantes. La Consejería podrá elaborar programas de educación ambiental, en coordinación con otras Administraciones.
- Art. 20Objeto de la evaluación ambientalLos planes, programas y proyectos con posibles efectos significativos sobre el medio ambiente se someten a evaluación ambiental, previa a su aprobación o autorización (o a que la declaración responsable o comunicación surta efectos), considerando el cambio climático. Es instrumental respecto de esos procedimientos y de las autorizaciones ambientales integrada, unificada y unificada simplificada. Sin evaluación, los actos carecen de validez. Los proyectos ya ejecutados sin evaluación pueden evaluarse, pero sin subsanar el defecto procedimental.
- Art. 21FinalidadLa evaluación ambiental persigue cuatro finalidades: integrar los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, aprobación o autorización de planes, programas y proyectos; analizar y seleccionar las alternativas ambientalmente viables; establecer medidas para prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos; y fijar las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para cumplir la ley.
- Art. 22Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégicaEvaluación ambiental estratégica ordinaria: planes y programas (y modificaciones) de la Administración autonómica o local exigidos por norma o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno, cuando enmarquen proyectos sometidos a evaluación de impacto en los sectores listados o afecten a Red Natura 2000; también los del apartado 2 cuando lo decida el órgano ambiental o lo pida el promotor, y los instrumentos urbanísticos del artículo 45.2 y 45.3. Simplificada: modificaciones menores, zonas municipales de reducida extensión, otros planes marco e instrumentos del 45.4.
- Art. 23Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambientalEvaluación de impacto ordinaria: proyectos del anejo 1 del texto refundido de prevención y control integrados de la contaminación y sus modificaciones sustanciales; los del anexo I de la Ley 21/2013 (también si fraccionados alcanzan sus umbrales); los del apartado 2 si lo decide el órgano ambiental o lo pide el promotor; y modificaciones que por sí solas alcancen el anexo I. Simplificada: anexo II, proyectos que afecten a Red Natura 2000, ciertas modificaciones con efectos adversos, fraccionados del anexo II y proyectos de ensayo de hasta dos años.
- Art. 24CompetenciasEl órgano de la Consejería de medio ambiente que se fije reglamentariamente actúa como órgano ambiental (Ley 21/2013 y esta ley) para planes, programas y proyectos en Andalucía que aprueben la Junta, sus organismos o la Administración local, o sometidos a declaración responsable o comunicación ante ellas. Ese órgano ejerce además, en la instrucción de las autorizaciones ambientales integrada, unificada y unificada simplificada, funciones del órgano sustantivo, salvo en los casos de los artículos 67.4 y 79.4.
- Art. 25Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos excluiblesNo van a evaluación estratégica los planes cuyo único objeto sea la defensa nacional o la protección civil en emergencias, ni los financieros o presupuestarios. El órgano sustantivo puede excluir caso por caso de evaluación de impacto proyectos de defensa o emergencia civil. En la Administración autonómica, el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, puede excluir excepcionalmente un proyecto por acuerdo motivado, que se publica en el BOJA y se comunica a la Comisión Europea. La exclusión no exime de Red Natura 2000 ni de otras autorizaciones.
- Art. 26Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambientalLa evaluación estratégica de un plan no excluye la de impacto de los proyectos derivados, que solo analizará lo no considerado antes si la declaración o el informe ambiental estratégico están vigentes. El órgano ambiental puede incorporar motivadamente trámites de la evaluación estratégica a otras evaluaciones si no ha pasado el plazo del plan o, en su defecto, cuatro años desde la publicación de la declaración y no han cambiado las circunstancias. Ambas evaluaciones pueden tramitarse simultáneamente.
- Art. 27Capacidad técnica y responsabilidad de la autoría de los estudios y documentos ambientalesLa persona promotora garantiza que los documentos de evaluación ambiental (documento inicial estratégico, estudio y documento ambiental estratégico; documento inicial, estudio de impacto y documento ambiental) los hacen profesionales con capacidad técnica suficiente, con calidad y exhaustividad. Deben identificar su autoría con titulación y, en su caso, profesión regulada, fecha de conclusión y firma. La autoría responde de su contenido y fiabilidad, salvo los datos recibidos de la Administración de forma fehaciente.
- Art. 28Disposiciones generalesLa evaluación ambiental estratégica ordinaria se tramita según la sección 1.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013 y la simplificada según su sección 2.ª, con las particularidades de las secciones 2.ª y 3.ª, respectivamente, del capítulo II del título II de esta ley. Si el órgano sustantivo es a la vez promotor, hace lo que corresponde al promotor. El órgano sustantivo informa al ambiental de incidencias relevantes, en especial archivo o caducidad del procedimiento sustantivo.
- Art. 29Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinariaLa evaluación estratégica ordinaria tiene seis trámites: solicitud de inicio, consultas previas y alcance, estudio ambiental estratégico, información pública y consultas, análisis técnico y declaración ambiental estratégica. Plazos: tres meses para consultas y documento de alcance desde la solicitud; quince meses para el estudio, la información pública y las consultas desde la notificación del alcance (veinticuatro en instrumentos urbanísticos); cuatro meses para análisis técnico y declaración desde el expediente completo.
- Art. 30Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinariaEn el procedimiento sustantivo, la promotora presenta ante el órgano sustantivo la solicitud de inicio con el borrador del plan y un documento inicial estratégico (objetivos, alcance y alternativas, desarrollo previsible, impactos, cambio climático e incidencia en planes concurrentes). Si falta algo, requerimiento de diez días hábiles. El sustantivo lo remite al ambiental, que en veinte días hábiles admite o inadmite (inviabilidad manifiesta, calidad insuficiente o precedente desfavorable análogo), con audiencia previa de diez días hábiles.
- Art. 31Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégicoAdmitida la solicitud, el órgano ambiental consulta a Administraciones afectadas e interesados, que tienen treinta días hábiles. Sin respuesta, se sigue si hay elementos de juicio suficientes y lo tardío no se considera; si faltan, requiere al superior jerárquico, que en diez días hábiles ordena emitir el informe en otros diez, suspendiéndose el plazo del artículo 29.2. La promotora puede reclamar por la vía del artículo 29.1 de la Ley 29/1998. Luego se elabora el documento de alcance y se publica.
- Art. 32Estudio ambiental estratégicoCon el documento de alcance, la promotora elabora el estudio ambiental estratégico, que identifica, describe y evalúa los efectos significativos del plan y alternativas razonables técnica y ambientalmente viables. Forma parte integrante del plan y contiene como mínimo lo del anexo IV de la Ley 21/2013, un informe de viabilidad económica de alternativas y medidas y lo necesario para su calidad; en urbanismo, lo del anexo II de esta ley. Puede aprovechar información de otros planes de cualquier Administración.
- Art. 33Versión inicial del plan o programa e información públicaLa promotora elabora la versión inicial del plan teniendo en cuenta el estudio ambiental estratégico y presenta ambos ante el órgano sustantivo. Este los somete a información pública, previo anuncio en el BOJA y, en su caso, en el Portal de la Junta o sede de la entidad local, durante al menos cuarenta y cinco días hábiles. Puede hacerla la promotora si le corresponde la tramitación. Se incluye un resumen no técnico y se procura la máxima difusión.
- Art. 34Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadasA la vez que la información pública, el órgano sustantivo somete la versión inicial del plan, con el estudio ambiental estratégico y su resumen no técnico, a consulta de las Administraciones afectadas e interesados ya consultados según el artículo 31. Puede hacerlo la promotora si le corresponde la tramitación. La consulta puede ser electrónica o por otros medios que la acrediten. Disponen de un plazo mínimo de treinta días hábiles para informes y alegaciones.
- Art. 35Propuesta final de plan o programaTras considerar las alegaciones de la información pública y de las consultas, incluidas, en su caso, las transfronterizas del capítulo III del título II de la Ley 21/2013, la persona promotora modifica, si es preciso, el estudio ambiental estratégico y elabora la propuesta final del plan o programa. Los informes o alegaciones recibidos fuera de los plazos de los artículos 33 y 34 no se tienen en cuenta.
- Art. 36Análisis técnico del expedienteEl órgano sustantivo remite al ambiental el expediente completo (propuesta final, estudio, resultado de información pública y consultas, documento resumen y, en urbanismo, acreditación de no caducidad). El ambiental hace el análisis técnico, considerando el cambio climático. Si la información pública o consultas son defectuosas, requiere subsanar en tres meses máximo; si falta información, la pide a la promotora: en ambos casos se suspende el plazo y, pasados tres meses sin respuesta suficiente, termina el procedimiento. Informes ausentes: superior jerárquico, 10 + 10 días hábiles.
- Art. 37Declaración ambiental estratégicaEl órgano ambiental formula la declaración ambiental estratégica en cuatro meses desde la recepción del expediente completo. Es un informe preceptivo y determinante que resume el procedimiento y fija las determinaciones, medidas o condiciones finales que deben incorporarse al plan. Se publica en el BOJA en diez días hábiles desde su formulación, además de en el Portal de la Junta. No cabe recurso contra ella, salvo los que procedan contra la aprobación del plan. Su falta en plazo nunca equivale a evaluación favorable.
- Art. 38Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programaLa promotora incorpora el contenido de la declaración ambiental estratégica al plan y lo somete a adopción o aprobación del órgano sustantivo. En diez días hábiles desde la aprobación, el órgano sustantivo remite al BOJA la resolución con la dirección electrónica del texto íntegro, un extracto (integración de aspectos ambientales, consideración del estudio, consultas y declaración, y razones de la alternativa elegida) y las medidas de seguimiento. En instrumentos de ordenación territorial y urbanística, el plazo es de dos meses.
- Art. 39Vigencia de la declaración ambiental estratégicaLa declaración ambiental estratégica pierde su vigencia si, publicada en el BOJA, el plan no se aprueba en dos años; habría que empezar de nuevo salvo prórroga. La promotora puede pedirla antes de que venza el plazo, lo que lo suspende. Sin cambios sustanciales, el órgano ambiental puede prorrogar dos años más. Resuelve en seis meses, tras informe de las Administraciones afectadas (dos meses, ampliables uno). Si no notifica en seis meses, la prórroga se entiende estimada.
- Art. 40Modificación de la declaración ambiental estratégicaLa declaración ambiental estratégica de un plan aprobado puede modificarse si circunstancias posteriores, o anteriores no valoradas, la hacen incorrecta. Se inicia de oficio (iniciativa propia, petición razonada del órgano sustantivo o denuncia) o a solicitud de la promotora. Ante petición o denuncia, el órgano ambiental se pronuncia sobre el inicio en veinte días hábiles; también puede inadmitir la solicitud en veinte días hábiles. Consultas de treinta días hábiles mínimo y resolución en dos meses, determinante y no recurrible, publicada en el BOJA en diez días hábiles.
- Art. 41Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificadaEn el procedimiento sustantivo, la promotora presenta ante el órgano sustantivo la solicitud de evaluación estratégica simplificada con el borrador del plan y un documento ambiental estratégico de once contenidos mínimos (objetivos, alternativas, situación ambiental previa, efectos y su cuantificación, motivación del procedimiento simplificado, medidas, cambio climático, seguimiento). Falta de documentos: diez días hábiles. El órgano ambiental admite o inadmite en veinte días hábiles (inviabilidad manifiesta o calidad insuficiente), con audiencia previa de diez días hábiles.
- Art. 42Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadasEn la evaluación estratégica simplificada, el órgano ambiental consulta a las Administraciones afectadas e interesados con el documento ambiental estratégico y el borrador del plan. Deben pronunciarse en veinte días hábiles como máximo; sin respuesta, se continúa si hay elementos de juicio suficientes y lo tardío no se tiene en cuenta. Si faltan, requiere al superior jerárquico, que en diez días hábiles ordena emitir el informe en otros diez, con suspensión del plazo. La promotora puede reclamar por el artículo 29.1 de la Ley 29/1998.
- Art. 43Informe ambiental estratégicoEl órgano ambiental formula el informe ambiental estratégico en tres meses desde la solicitud. Con las consultas y el anexo V de la Ley 21/2013, decide si el plan va a evaluación ordinaria (y elabora el documento de alcance sin nuevas consultas) o no tiene efectos significativos. Se publica en el BOJA en diez días hábiles. Si no hay efectos significativos, pierde vigencia si el plan no se aprueba en cuatro años; prórroga de dos años, resuelta en tres meses con silencio estimatorio. No es recurrible y su falta nunca equivale a evaluación favorable.
- Art. 44Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programaAprobado un plan sometido a evaluación estratégica simplificada, el órgano sustantivo remite al BOJA en diez días hábiles la resolución de aprobación con la dirección electrónica donde estará el texto íntegro y una referencia al BOJA en que se publicó el informe ambiental estratégico. En los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, el plazo es de dos meses desde la adopción o aprobación.
- Art. 45Evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación urbanísticaLos instrumentos de ordenación urbanística se evalúan según los artículos 29 a 44. Ordinaria: instrumentos generales, planes de ordenación urbana, planes parciales y ciertos planes especiales, con sus revisiones, y sus modificaciones si enmarcan proyectos sometidos a evaluación de impacto o afectan a Red Natura 2000. Simplificada: modificaciones menores, planes de reforma interior, estudios de ordenación y otros planes especiales. Sin evaluación: estudios de detalle, instrumentos complementarios y otros, con pronunciamiento del órgano ambiental en dos meses cuando proceda.
- Art. 46Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas y de los informes ambientales estratégicosLos órganos sustantivos de los planes del artículo 22 hacen el seguimiento de sus efectos ambientales para detectar a tiempo efectos adversos no previstos. La promotora les remite un informe de seguimiento con un listado de comprobación de las medidas del programa de vigilancia; el órgano sustantivo publica ambos en el Portal de la Junta. El órgano ambiental participa y puede recabar información. La declaración o el informe pueden atribuirle parte del seguimiento a propuesta del sustantivo y con su acuerdo expreso. Se pueden usar mecanismos ya existentes.
- Art. 47Disposiciones generalesLa evaluación de impacto ambiental de proyectos se rige por la normativa básica estatal, con las particularidades de esta ley y de su desarrollo reglamentario. Su procedimiento se integra, en todo caso, en los de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada y autorización ambiental unificada simplificada.
- Art. 48Procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria y de evaluación de impacto ambiental simplificadaLa evaluación de impacto ordinaria y la simplificada se tramitan según las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo II del título II de la Ley 21/2013 y las particularidades de esta ley. La declaración de impacto ambiental concluye sobre los efectos significativos y fija condiciones y medidas, incluyendo la evaluación del impacto en la salud si procede. El informe de impacto ambiental puede concluir que el proyecto va a ordinaria, que no tiene efectos adversos significativos o que no hay elementos para resolver. Ambos se publican en el BOJA en diez días hábiles.
- Art. 49Modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambientalLas condiciones de la declaración de impacto ambiental pueden modificarse por nueva normativa que incida sustancialmente, por mejores técnicas disponibles que hagan imposibles o innecesarias las condiciones, o si el seguimiento revela medidas insuficientes, innecesarias o ineficaces. Se sigue el artículo 44 de la Ley 21/2013 y se hace modificando el instrumento de prevención en que se integra. Consultas de treinta días hábiles máximo; se resuelve todo en un mismo acto en treinta días hábiles desde los informes, con publicación en el BOJA.
- Art. 50Vigencia de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto ambientalLa vigencia de la declaración y del informe de impacto sigue los artículos 43 y 47 de la Ley 21/2013 con particularidades; si caducan, cae el instrumento de prevención. La declaración caduca si la ejecución no comienza en cuatro años desde su publicación en el BOJA (inicio material de obras o montaje; en carreteras, redacción del proyecto de un tramo); se suspende por procedimiento judicial. Prórroga de dos años, resuelta en tres meses tras informe de 30 + 15 días hábiles; el silencio es desestimatorio. El informe de impacto caduca si no se autoriza el proyecto en cuatro años.
- Art. 51ObjetoEl título III de la ley regula los instrumentos de prevención ambiental aplicables en el territorio andaluz. Su finalidad es evitar o corregir los posibles efectos adversos que determinadas actuaciones puedan generar sobre el medio ambiente. Los instrumentos concretos se enumeran en el artículo siguiente.
- Art. 52Instrumentos de prevención ambientalCinco instrumentos de prevención ambiental: autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización ambiental unificada simplificada, licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales. La integrada y la unificada incluyen la declaración de impacto ambiental de la evaluación ordinaria; la unificada simplificada incorpora el informe de impacto ambiental. Si evalúa el Estado, sus condiciones se incorporan a la integrada. La integrada, la unificada y la licencia se someten a evaluación de impacto en la salud si procede según la Ley 16/2011.
- Art. 53Concurrencia de los instrumentos de prevención ambiental con la evaluación de impacto ambiental de competencia autonómica y con otros instrumentos administrativosLas autorizaciones integrada, unificada y unificada simplificada se tramitan coordinadas con la evaluación de impacto; el titular equivale al promotor de la Ley 21/2013. Pedir la unificada en vez de la simplificada implica pedir evaluación ordinaria. Consultas previas y documento de alcance son conjuntos; la solicitud de autorización lleva implícita la de evaluación; consultas e información pública son únicas. La declaración o el informe de impacto se publican antes de la audiencia, y la propuesta de resolución los incluye. Sin resolución previa no hay licencia ni autorización sustantiva.
- Art. 54Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención ambientalEl Registro de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención ambiental está adscrito a la Consejería de medio ambiente, que inscribe las resoluciones de los procedimientos del título. Los ayuntamientos le remiten las resoluciones de los procedimientos de prevención que tramiten y, en su caso, las declaraciones responsables de los efectos ambientales presentadas ante ellos, en el plazo máximo de tres meses desde la publicación de la resolución o desde la presentación de la declaración.
- Art. 55Impulso y tramitación de urgenciaPor interés público, el órgano que instruye las autorizaciones integrada, unificada y unificada simplificada puede acordar motivadamente la tramitación de urgencia (artículo 33 de la Ley 39/2015): los plazos se reducen a la mitad, salvo los de solicitudes y recursos; el acuerdo no es recurrible. Se sigue el orden riguroso de incoación, salvo orden motivada del titular del centro directivo. Urgencia y preferencia pueden acumularse, pero prevalecen los proyectos de la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta.
- Art. 56Verificación documentalPara agilizar, antes de presentar la solicitud de un instrumento de prevención puede obtenerse un informe de verificación documental emitido por colegios profesionales o entidades colaboradoras en calidad ambiental. Revisa y valida proyectos, estudio de impacto y demás documentación. La solicitud que lo acompañe se admite a trámite, sin perjuicio de requerimientos de subsanación posteriores. Es voluntario: su falta no altera el orden de despacho de los expedientes.
- Art. 57Objeto y ámbito de aplicaciónRequiere autorización ambiental integrada la explotación de instalaciones, públicas o privadas, que desarrollen actividades del anejo I del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. A criterio del órgano competente puede incluir otras actividades que se desarrollen en el mismo emplazamiento, guarden relación técnica con la del anejo I y puedan repercutir en las emisiones y la contaminación. Quedan exceptuadas las instalaciones para investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos, sin perjuicio de los artículos 67 y 79.
- Art. 58FinalidadLa autorización ambiental integrada persigue tres fines: evitar o, si no es posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo mediante un sistema de prevención y control integrados, para una elevada protección del medio ambiente; usar de forma eficiente la energía, el agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros recursos, e integrar en una resolución única los pronunciamientos y autorizaciones del artículo 11.1.b) del texto refundido y la declaración de impacto ambiental autonómica o el condicionado de la estatal.
- Art. 59CompetenciasCorresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente: tramitar y resolver la autorización ambiental integrada, sus modificaciones y demás actuaciones; vigilar y controlar el cumplimiento de sus condiciones y de la declaración de impacto ambiental integrada en ella, así como la inspección y la potestad sancionadora en su ámbito, y recopilar los datos de emisiones y residuos que notifican periódicamente los titulares y trasladarlos a la Administración General del Estado para los inventarios.
- Art. 60Consultas previasAntes de iniciar el procedimiento, el titular puede pedir al órgano ambiental un documento de alcance sobre la información que debe acompañar a la solicitud; se elabora en un máximo de dos meses desde la recepción. La petición va a la Consejería de medio ambiente con un documento inicial de proyecto. Las Administraciones e interesados consultados tienen veinte días hábiles; si falta un informe relevante se requiere al superior jerárquico (diez más diez días hábiles). El documento de alcance vale dos años desde su notificación.
- Art. 61ProcedimientoLa autorización ambiental integrada sigue el procedimiento del texto refundido estatal, coordinado con la evaluación de impacto ambiental. La solicitud, con el estudio de impacto ambiental, va a la Consejería de medio ambiente. Hay información pública única de al menos treinta días hábiles, anunciada en el BOJA y en el Portal de la Junta. Los informes se emiten en treinta días hábiles; el del organismo de cuenca sobre vertidos, preceptivo y vinculante, en cuatro meses. Tras audiencia de diez días hábiles se resuelve en seis meses; el silencio es desestimatorio.
- Art. 62Contenido y revisión de la autorizaciónLa autorización ambiental integrada incluye las medidas de protección del medio ambiente con un plan de seguimiento y vigilancia de emisiones y del medio receptor, la declaración de impacto ambiental y las condiciones de las demás autorizaciones integradas. Puede exigir comprobación previa al inicio de la actividad. Cabe además revisión de oficio por circunstancias sobrevenidas, por requerimiento vinculante de la Administración hidráulica autonómica o por inclusión de la zona en un espacio protegido. El titular puede pedirla si reduce emisiones, vertidos o residuos por buenas prácticas.
- Art. 63Modificación de una instalación sometida a autorización ambiental integradaLa modificación de una instalación con autorización ambiental integrada puede ser sustancial o no sustancial. Es sustancial si concurre algún criterio de la normativa estatal o si exige modificar una autorización integrada que requiera información pública. La sustancial lleva procedimiento simplificado y evaluación ordinaria. La no sustancial sin evaluación simplificada se comunica y puede ejecutarse si el órgano no se opone en un mes; si requiere evaluación simplificada (recursos naturales, Red Natura 2000, patrimonio cultural), se resuelve en tres meses y el silencio es desestimatorio.
- Art. 64Vigencia de la autorización ambiental integradaLa autorización ambiental integrada pierde su vigencia si la actividad no se inicia en cinco años desde la notificación de la resolución de otorgamiento, salvo que la autorización fije otro plazo; después hay que pedir una nueva. A solicitud del titular, el órgano ambiental puede prorrogarla si no han cambiado sustancialmente los elementos esenciales y la declaración de impacto ambiental sigue vigente; el nuevo plazo no puede exceder de cinco años. Si en seis meses no se resuelve la prórroga, se entiende desestimada.
- Art. 65Comprobación e inicio de la actividadLa comprobación previa del artículo 62 la puede hacer directamente la Consejería competente en materia de medio ambiente o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, sin perjuicio de las comprobaciones de la Consejería de aguas. Otorgada la autorización, el titular tiene cinco años para iniciar la actividad, salvo otro plazo en la autorización. No puede iniciarla sin presentar a la Consejería de medio ambiente una declaración responsable con la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones. Iniciada la actividad, la Consejería realiza una visita de inspección.
- Art. 66Cese temporal de la actividad y cierre de la instalaciónEl artículo no establece un régimen propio para el cese temporal de la actividad y el cierre de la instalación sometida a autorización ambiental integrada: remite a la normativa básica estatal, en concreto al artículo 23 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a su normativa de desarrollo, que es la que regula ambos supuestos.
- Art. 67Objeto y ámbito de aplicaciónRequieren autorización ambiental unificada: las actuaciones públicas o privadas con proyectos del anexo I de la Ley 21/2013, incluidas las fraccionadas que alcancen sus umbrales por acumulación (salvo las sometidas a autorización ambiental integrada); ciertas actuaciones de la unificada simplificada (si lo decide el órgano, lo pide el titular o su modificación alcanza esos umbrales) y las instalaciones de I+D usadas más de dos años. No la necesitan las excluidas de evaluación ni las de evaluación estatal. Las de la Junta o de utilidad e interés general se resuelven por informe vinculante.
- Art. 68FinalidadLa autorización ambiental unificada busca evitar o, si no es posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y cualquier otro impacto ambiental de determinadas actuaciones. Además integra en una única resolución la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones y pronunciamientos ambientales de la Consejería competente en materia de medio ambiente y de sus entidades de derecho público dependientes que sean necesarios antes de implantar y poner en marcha la actuación.
- Art. 69CompetenciasCorresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente tramitar y resolver la autorización ambiental unificada, sus modificaciones y demás actuaciones relacionadas, así como vigilar y controlar el cumplimiento de sus condiciones y de la declaración de impacto ambiental integrada, la inspección y la potestad sancionadora. Todo ello sin perjuicio de las competencias del órgano sustantivo sobre la autorización o aprobación de la actuación o el control de las sometidas a comunicación o declaración responsable, y de otros órganos en su ámbito.
- Art. 70Consultas previasAntes del procedimiento de autorización ambiental unificada, el titular o promotor puede pedir un documento de alcance, que el órgano ambiental elabora en un máximo de dos meses. La solicitud va a la Consejería de medio ambiente con el documento inicial del proyecto (titular, características, cartografía, alternativas y diagnóstico). Los consultados tienen veinte días hábiles; si falta un informe relevante se requiere al superior jerárquico (diez más diez días hábiles). El documento vale dos años desde su notificación. En los casos del artículo 82.7.a) no se repiten las consultas.
- Art. 71ProcedimientoLa solicitud de autorización ambiental unificada va a la Consejería de medio ambiente con proyecto técnico, informe municipal de compatibilidad urbanística (emitido en un mes) y estudio de impacto ambiental, entre otros documentos. En veinte días hábiles puede inadmitirse por inviabilidad, estudio deficiente o proyecto análogo ya rechazado. Hay información pública de al menos treinta días hábiles; los informes, en treinta días hábiles. Tras audiencia de diez días hábiles, se resuelve en seis meses (ampliables a ocho); el silencio es desestimatorio.
- Art. 72Supuesto de finalización del procedimiento junto con la formulación de la declaración de impacto ambientalSi durante la tramitación se ve que la actuación no necesita ninguna de las autorizaciones sectoriales que se integran en la autorización ambiental unificada, esta se resuelve en el mismo acto en que se formula la declaración de impacto ambiental. En ese caso no hay que elaborar dictamen ambiental, ni dar trámite de audiencia, ni emitir propuesta de resolución (apartados 6 y 7 del artículo 71), y esa circunstancia debe constar expresamente en la fundamentación jurídica de la resolución.
- Art. 73Contenido y revisión de la autorizaciónLa autorización ambiental unificada fija las condiciones de la actuación e incluye la declaración de impacto ambiental y las condiciones de las autorizaciones integradas. Puede exigir comprobación previa. Cabe revisión de oficio por causas tasadas (el titular alega en treinta días hábiles) o a instancia del titular. Se resuelve en tres meses: silencio estimatorio si la pide el titular, caducidad si es de oficio. No da derecho a indemnización.
- Art. 74Modificación de una actuación sometida a autorización ambiental unificadaLa modificación de una actuación con autorización ambiental unificada es sustancial si requiere evaluación ordinaria, si exige modificar o incluir una autorización sectorial con información pública, o si supone mayor incidencia con efectos significativos: incremento significativo de emisiones, vertidos, residuos o uso de recursos naturales, afección a la Red Natura 2000 o afección significativa al patrimonio cultural. También lo es la suma de modificaciones sucesivas con esos efectos. La no sustancial se comunica y puede ejecutarse si en un mes el órgano no se opone por resolución motivada.
- Art. 75Procedimiento de modificación sustancial de autorización ambiental unificadaLa modificación sustancial que exige evaluación ordinaria (artículo 74.2) se tramita como una autorización ambiental unificada, solo para lo afectado: proyecto básico, estudio de impacto ambiental e informe urbanístico, entre otros; información pública de treinta días hábiles desde el anuncio en el BOJA y resolución en cuatro meses. Las de los apartados 3, 4 o 5 del artículo 74 siguen el procedimiento simplificado, con documento ambiental, información pública solo en el caso del 74.3 y resolución en cuatro meses desde la solicitud. En ambos el silencio es desestimatorio.
- Art. 76Vigencia de la autorización ambiental unificadaLa autorización ambiental unificada pierde su vigencia si la actividad no se inicia en cinco años desde la notificación de la resolución de otorgamiento, salvo otro plazo en la autorización; después hay que pedir una nueva. A solicitud del titular puede prorrogarse si no hay cambios sustanciales en los elementos esenciales y la declaración de impacto ambiental sigue vigente, por un nuevo plazo de cinco años como máximo. Si en seis meses no se resuelve la prórroga, se entiende desestimada. No rige para infraestructuras viarias autorizadas para un estudio informativo.
- Art. 77Comprobación e inicio de la actividadLa comprobación previa del artículo 73 la puede realizar la Consejería competente en materia de medio ambiente o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, sin perjuicio de las comprobaciones de la Consejería de aguas. Otorgada la autorización, el titular tiene cinco años para iniciar la actividad, salvo otro plazo fijado en ella. En todo caso, no puede iniciarse sin declaración responsable dirigida a la Consejería de medio ambiente con la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones. Iniciada la actividad, la Consejería podrá realizar una visita de inspección.
- Art. 78Cese de la actividadQuien tenga autorización ambiental unificada debe comunicar al órgano ambiental el cese definitivo de su actividad con una antelación mínima de tres meses a la fecha prevista. El órgano ambiental dicta y notifica resolución en un máximo de dos meses, fijando las condiciones ambientales del desmantelamiento de las instalaciones. Si no la dicta y notifica en ese plazo, el titular o promotor puede iniciar los trabajos de desmantelamiento.
- Art. 79Objeto y ámbito de aplicaciónRequieren autorización ambiental unificada simplificada: las actuaciones con proyectos del anexo II de la Ley 21/2013, incluidas las fraccionadas que alcancen sus umbrales; las no incluidas en los anexos I ni II que puedan afectar apreciablemente a la Red Natura 2000; las modificaciones sustanciales de las primeras (salvo las del 67.1.c), y las instalaciones para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos usadas no más de dos años. Quedan fuera las excluidas de evaluación y las de evaluación estatal. Las de la Junta o de utilidad e interés general se resuelven por informe vinculante.
- Art. 80FinalidadLa autorización ambiental unificada simplificada tiene tres fines: evitar o, si no es posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otros impactos ambientales; integrar el informe de impacto ambiental que determina si la actuación podría tener efectos significativos, y, si no los tiene adversos significativos, recoger en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos ambientales previos de la Consejería de medio ambiente y de sus entidades de derecho público dependientes.
- Art. 81CompetenciasCorresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente tramitar y resolver la autorización ambiental unificada simplificada, sus modificaciones y demás actuaciones, y vigilar y controlar el cumplimiento de sus condiciones y del informe de impacto ambiental integrado, con la inspección y la potestad sancionadora. Ello sin perjuicio de las competencias del órgano sustantivo sobre la autorización o aprobación de la actuación o el control de las sometidas a comunicación o declaración responsable, y de otros órganos en su ámbito.
- Art. 82ProcedimientoLa solicitud de autorización ambiental unificada simplificada va a la Consejería de medio ambiente con proyecto técnico, informe urbanístico municipal y documento ambiental, entre otros. En veinte días hábiles puede inadmitirse por inviabilidad manifiesta o documento ambiental deficiente. Se consulta al órgano sustantivo, a las Administraciones afectadas y a los interesados (veinte días hábiles). Tras dictamen y audiencia, el órgano ambiental resuelve: pasar a autorización unificada, otorgar la simplificada o archivar. La Consejería resuelve en cinco meses; el silencio es desestimatorio.
- Art. 83Supuesto de finalización del procedimiento junto con la formulación del informe de impacto ambientalSi durante la tramitación se ve que la actuación no necesita ninguna de las autorizaciones sectoriales que se integran en la autorización ambiental unificada simplificada, esta se resuelve en el mismo acto en que se formula el informe de impacto ambiental. Entonces no hace falta dictamen ambiental, trámite de audiencia ni propuesta de resolución (apartados 5 y 6 del artículo 82), y esa circunstancia debe figurar expresamente en la fundamentación jurídica de la resolución.
- Art. 84Contenido y revisión de la autorizaciónLa autorización ambiental unificada simplificada incluye el informe de impacto ambiental y, en el caso del artículo 82.7.b), las condiciones de la actuación, las de las autorizaciones integradas y puede exigir comprobación previa. Cabe revisión de oficio por causas tasadas, con treinta días hábiles de alegaciones, o a instancia del titular. Se resuelve en tres meses: silencio estimatorio si la pide el titular, caducidad si es de oficio. Sin indemnización.
- Art. 85Modificación de una actuación sometida a autorización ambiental unificada simplificadaLa modificación de una actuación con autorización ambiental unificada simplificada es sustancial si alcanza por sí sola los umbrales del anexo II de la Ley 21/2013 o si supone mayor incidencia con efectos significativos: incremento significativo de emisiones, vertidos, residuos o recursos naturales usados, o afección a la Red Natura 2000 o al patrimonio cultural; también si las modificaciones sucesivas suman esos efectos. La sustancial no puede ejecutarse sin nueva autorización, tramitada por el artículo 82. La no sustancial se comunica y, sin oposición en un mes, puede hacerse.
- Art. 86Vigencia de la autorización ambiental unificada simplificadaEn el supuesto del artículo 82.7.b), la autorización ambiental unificada simplificada pierde su vigencia si la actividad no se inicia en cinco años desde la notificación del otorgamiento, salvo otro plazo fijado en ella. A petición del titular puede prorrogarse si no hay cambios sustanciales en los elementos esenciales y el informe de impacto ambiental sigue vigente, por un máximo de cinco años. Si en seis meses no se resuelve la prórroga, se entiende desestimada. No se aplica a infraestructuras viarias autorizadas para un estudio informativo, sin plazo de inicio.
- Art. 87Comprobación e inicio de la actividadLa comprobación previa del artículo 84 puede hacerla la Consejería competente en materia de medio ambiente o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental, sin perjuicio de la Consejería de aguas. Otorgada la autorización, el titular tiene cinco años para iniciar la actividad, salvo otro plazo fijado en ella. En el supuesto del artículo 82.7.b), no puede iniciarse sin declaración responsable con la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones. Iniciada la actividad, la Consejería podrá realizar una visita de inspección.
- Art. 88Cese de la actividadQuien tenga autorización ambiental unificada simplificada debe comunicar al órgano ambiental el cese definitivo de su actividad con al menos tres meses de antelación a la fecha prevista. El órgano ambiental dicta y notifica resolución en un máximo de dos meses, con las condiciones ambientales del desmantelamiento de las instalaciones. Si no lo hace en ese plazo, el titular o promotor puede iniciar los trabajos de desmantelamiento.
- Art. 89Ámbito de aplicación y cuestiones generalesEstán sometidas a licencia ambiental las actuaciones, públicas o privadas, señaladas en el anexo I y sus modificaciones sustanciales. Los ayuntamientos, por ordenanza, pueden sujetar a licencia actuaciones del anexo I que estaban en declaración responsable de los efectos ambientales. Si la actuación afecta a varios municipios, hace falta licencia de cada ayuntamiento afectado. Sin licencia ambiental previa no cabe otorgar licencia o autorización sustantiva ni presentar declaración responsable de inicio, y la licencia se resuelve antes de la autorización sectorial o comunicación ambiental.
- Art. 90FinalidadLa licencia ambiental sirve para dos cosas: evaluar los posibles efectos de determinadas actuaciones sobre el medio ambiente y determinar su viabilidad ambiental, fijando las condiciones, medidas correctoras y requisitos necesarios para que su ejecución se ajuste a la normativa vigente.
- Art. 91CompetenciasCorresponde a los ayuntamientos tanto la tramitación y resolución de los procedimientos de licencia ambiental como la vigilancia, control, inspección y potestad sancionadora sobre las actuaciones sometidas a ella. Esta competencia se ejerce en los términos de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
- Art. 92Procedimiento de licencia ambientalLa solicitud va al ayuntamiento con proyecto técnico, documento ambiental y demás documentos. Subsanación: 10 días hábiles. Información pública: 20 días hábiles (BOP y Portal municipal), con notificación a colindantes (prescindible en categorías 3 y 10 del anexo I). Informes: 20 días hábiles; salud: un mes. Audiencia: máximo 10 días hábiles. Resolución en 3 meses desde la entrada en el registro electrónico, ampliables hasta la mitad; silencio desestimatorio. Publicación en BOP y remisión a la delegación territorial en 10 días hábiles.
- Art. 93Contenido de la licencia ambientalLa licencia ambiental recoge las prescripciones de protección del medio ambiente, las medidas protectoras y correctoras y las condiciones de protección de la salud. Contenido mínimo: identificación del titular y descripción del proyecto; resumen de la información pública y consultas; resumen del análisis técnico del ayuntamiento; medidas ambientales (atmósfera, luz, ruido, suelo, aguas, residuos); evaluación del impacto en la salud si procede; y el plan de vigilancia y control, con obligación de comunicar resultados al órgano ambiental municipal. Puede exigir comprobación previa al inicio.
- Art. 94Modificación de una actuación sometida a licencia ambientalLa modificación puede ser sustancial o no sustancial. Es sustancial la que supone mayor incidencia en seguridad, salud o medio ambiente con efectos significativos (incrementos significativos de emisiones, vertidos, residuos, recursos o capacidad de producción; afección a Red Natura 2000 o afección significativa al patrimonio cultural). Las ordenanzas pueden fijar umbrales, nunca inferiores a los autonómicos. La no sustancial se comunica al ayuntamiento y puede ejecutarse si no se opone en un mes. La sustancial exige nueva licencia, por el procedimiento del artículo 92.
- Art. 95Vigencia de la licencia ambientalOtorgada la licencia, hay cuatro años para iniciar la actividad, salvo plazo distinto fijado en ella; después hay que pedir una nueva. Antes de que venzan puede pedirse prórroga, que suspende el plazo; el ayuntamiento puede ampliar la vigencia un año más si no han cambiado sustancialmente los elementos esenciales. Resuelve en tres meses desde la recepción; los informes de otras Administraciones se emiten en veinte días hábiles, ampliables diez más, con suspensión del plazo. Si no resuelve, la prórroga se entiende estimada.
- Art. 96Comprobación e inicio de la actividadLa comprobación previa prevista en el artículo 93 la puede hacer el ayuntamiento o entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental. En todo caso, para iniciar una actividad con licencia ambiental el titular o promotor debe presentar declaración responsable (artículo 69 de la Ley 39/2015) indicando la fecha de inicio y el cumplimiento de las condiciones de la licencia. Iniciada la actividad, el ayuntamiento puede inspeccionar en cualquier momento.
- Art. 97Cese de la actividadEl titular de una actuación con licencia ambiental debe comunicar al ayuntamiento el cese definitivo con un mes de antelación mínima. El ayuntamiento lo comunica a la delegación territorial de medio ambiente antes de la fecha prevista y debe resolver en dos meses fijando las condiciones ambientales del desmantelamiento. Si no resuelve en ese plazo, el titular puede iniciar los trabajos de desmantelamiento.
- Art. 98Ámbito de aplicaciónEstán sometidas a declaración responsable de los efectos ambientales las actuaciones públicas y privadas así señaladas en el anexo I, sin perjuicio de que el ayuntamiento las sujete a licencia conforme al artículo 89.2. Si la actuación se desarrolla en más de un municipio, hay que presentar declaración ante cada ayuntamiento afectado. La documentación ambiental la elaboran profesionales con capacidad técnica, identificando autoría, titulación, fecha y firma; la autoría responde de su contenido, salvo datos recibidos fehacientemente de la Administración.
- Art. 99FinalidadLa declaración responsable de los efectos ambientales tiene tres finalidades: permitir iniciar la actividad sin licencia ambiental, por la menor incidencia ambiental de esas actuaciones; sustituir el control administrativo previo por un control posterior al inicio; y simplificar los trámites ambientales, dando garantías al titular sin que la Administración renuncie a inspeccionar, vigilar, controlar y sancionar.
- Art. 100CompetenciasLa declaración responsable de los efectos ambientales se formula ante el ayuntamiento del municipio donde esté ubicada la actuación. Los ayuntamientos tienen la inspección, vigilancia, control y potestad sancionadora sobre las actividades sometidas a este instrumento, y ejercen esa competencia en los términos de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
- Art. 101Obligaciones de las personas titulares o promotoras de actividades sujetas a declaración responsable de los efectos ambientalesAntes de presentar la declaración responsable de los efectos ambientales, el titular debe haber obtenido las autorizaciones sectoriales no ambientales y ambientales exigibles, haber formulado las comunicaciones ambientales exigibles y tener del ayuntamiento el certificado de compatibilidad urbanística y, si hay obras, la licencia urbanística. Debe conservar la documentación acreditativa para el control posterior, en particular el certificado y una memoria descriptiva con efectos ambientales, medidas correctoras y justificación normativa.
- Art. 102Presentación de la declaración responsable de los efectos ambientalesLa declaración responsable de los efectos ambientales se presenta una vez hechas las actuaciones necesarias para iniciar la actividad y antes del inicio. Contenido mínimo: identificación del titular, emplazamiento, fecha prevista de inicio, manifestación de cumplir las obligaciones del artículo anterior y de poseer la documentación, manifestación de ponerla a disposición del ayuntamiento cuando la requiera y compromiso de mantener el cumplimiento durante todo el ejercicio de la actividad.
- Art. 103Efectos de la declaración responsable de los efectos ambientalesLa declaración faculta, solo desde el punto de vista ambiental, para abrir la instalación e iniciar la actividad desde la fecha indicada, sin perjuicio del control posterior. Deficiencias no sustanciales: el ayuntamiento da plazo para subsanar y puede volver a visitar. Incumplimiento constatado o deficiencias sustanciales: previa audiencia, resolución motivada de cese, y en su caso sanción y reparación del daño. No presentar la declaración o la inexactitud, falsedad u omisión esencial impiden continuar la actividad desde que se constatan.
- Art. 104Modificación de la actividadEl traslado, el cambio del tipo de actividad realizada en la instalación y la modificación de la instalación también quedan sometidos a declaración responsable de los efectos ambientales. Si el cambio implica pasar a otro instrumento de prevención ambiental, el titular debe solicitar el nuevo instrumento ante el órgano ambiental competente para otorgarlo.
- Art. 105Cese de la actividadQuienes ejerzan una actuación con declaración responsable de los efectos ambientales deben comunicar al ayuntamiento competente el cese definitivo de su actividad con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha prevista de cese. Es el único deber que el artículo impone en el cese.
- Art. 106Medidas de mejora de la calidad ambientalLas Administraciones públicas competentes adoptan y fomentan medidas para mejorar la calidad ambiental atmosférica, la gestión de residuos y el suelo, conforme a la normativa estatal. La calidad ambiental se garantiza con normas de calidad, valores límite de emisión y otras medidas. La Consejería competente en medio ambiente puede elaborar planes de mejora de la calidad ambiental, que aprueba el Consejo de Gobierno mediante Acuerdo. Se promocionan tecnologías y prácticas que reduzcan la contaminación de forma técnica y económicamente viable.
- Art. 107Autorizaciones de control de la contaminación ambientalA efectos de la Ley de Gestión Ambiental de Andalucía, solo hay dos autorizaciones de control de la contaminación ambiental: la autorización de emisiones a la atmósfera y las autorizaciones de control en el ámbito de residuos. Son instrumentos distintos de los de prevención ambiental regulados en el título anterior.
- Art. 108Conformidad con normativa básica
- Art. 109Ámbito de aplicaciónEl capítulo de calidad del medio ambiente atmosférico se aplica al aire ambiente y a la contaminación introducida en él por sustancias, luminosidad artificial, olores, ruidos y vibraciones. Quedan excluidos y se rigen por su normativa específica: la contaminación del aire en los centros de trabajo, la producida por radiaciones no luminosas, los contaminantes biológicos (salvo las fracciones que pueden formar parte de los contaminantes atmosféricos según el anexo I de la Ley 34/2007) y la contaminación en interiores.
- Art. 110CompetenciasLa Consejería de medio ambiente hace inventarios de emisiones y mapas de calidad del aire, planifica, elabora los planes de calidad del aire regionales y supramunicipales (y los municipales que se le pidan), propone al Consejo de Gobierno valores límite más exigentes, adopta medidas ante riesgo de superación, vigila y sanciona la calidad del aire y las emisiones de actividades con AAI, AAU, AAU simplificada o autorización de emisión, COV y combustión medianas. Los municipios protegen las zonas urbanas, aprueban planes municipales, ejecutan medidas de tráfico y sancionan las demás emisiones.
- Art. 111La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del AireLa Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire integra todas las estaciones de medición, fijas y móviles, públicas y privadas, instaladas en Andalucía que cumplan los criterios reglamentarios. La coordina la Consejería de medio ambiente y es de utilidad pública a efectos de expropiación o servidumbres forzosas. La Consejería informa a la población si se superan umbrales. La Consejería y, en su caso, las entidades locales deben tener estaciones suficientes. El órgano ambiental puede obligar a los titulares de actividades potencialmente contaminadoras a instalar instrumentos de medición.
- Art. 112Tipos de planes de calidad del aireLos planes de calidad del aire pueden ser: planes de mejora, con medidas específicas para alcanzar en plazo los valores límite u objetivo en zonas donde se superen (tienen la consideración de planes de mejora de la calidad ambiental del artículo 106.3); planes de acción a corto plazo, con medidas inmediatas donde, a juicio del órgano ambiental, haya riesgo de superar valores límite y umbrales de alerta; y otros que imponga la normativa básica y comunitaria. Su contenido y tramitación se fijan reglamentariamente.
- Art. 113Actividades potencialmente contaminadoras de la atmósferaSon actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las catalogadas así en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Antes de su inicio, la Consejería competente en materia de medio ambiente las inscribe y controla en el registro de instalaciones con actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, conforme al artículo 8 del Real Decreto 100/2011 y al desarrollo reglamentario.
- Art. 114Obligaciones de las personas titulares de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósferaAdemás de lo que impongan la legislación básica y su autorización o licencia, los titulares de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera deben: declarar sus emisiones con la periodicidad reglamentaria; llevar un registro de emisiones e incidencias y remitir datos, informes e inventarios; evitar emisiones accidentales de riesgo y comunicarlas al órgano competente con la mayor urgencia y por el medio más rápido; cumplir las medidas de los planes del artículo 112; y las demás obligaciones reglamentarias.
- Art. 115Autorización de emisiones a la atmósferaRequieren autorización de emisiones a la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de instalaciones no sometidas a autorización ambiental integrada, unificada o unificada simplificada en las que se desarrollen actividades del catálogo del anexo IV de la Ley 34/2007 de los grupos A y B. Su procedimiento se fija reglamentariamente, en el marco del capítulo III de esa ley.
- Art. 116Resolución del procedimiento y contenido de la autorizaciónLa Consejería de medio ambiente resuelve y notifica la autorización de emisión en tres meses desde la recepción de la solicitud; si no, puede entenderse desestimada. Atiende a las mejores técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y los límites reglamentarios, y puede imponer condiciones más rigurosas. El condicionado recoge valores límite, funcionamiento y control de focos, vigilancia, verificación previa, buenas prácticas y técnicas contra olores. Si la instalación tiene AAI, AAU o AAU simplificada, la autorización se integra en ella (salvo gases de efecto invernadero).
- Art. 117Revisión de la autorizaciónLa autorización de emisiones a la atmósfera puede revisarse, de oficio por la Consejería de medio ambiente o a instancia del titular, por innovaciones del progreso técnico y científico que habrían justificado otra decisión, por mejora del foco solicitada por el titular, o para adecuar el foco a las normas de calidad ambiental y objetivos de calidad del aire vigentes. Si lo pide el titular, el órgano ambiental puede inadmitir motivadamente. La revisión no da derecho a indemnización.
- Art. 118Modificación de la autorización de emisiones a la atmósferaLa modificación de una autorización de emisiones puede ser sustancial o no sustancial, según los criterios del artículo 14.2 de la Ley 34/2007 y lo que se fije reglamentariamente. La sustancial exige una nueva autorización. La no sustancial se comunica de forma razonada y justificada al órgano competente, y el titular puede ejecutarla si este no manifiesta lo contrario en un mes desde la solicitud. Si el cambio hace entrar en los umbrales de un instrumento de prevención ambiental, se tramita conforme a ese instrumento.
- Art. 119Renovación de la autorizaciónLa autorización de emisión a la atmósfera se otorga por un periodo determinado, nunca superior al que fija la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y surte efecto desde la fecha de su notificación al titular de la instalación. Antes de que venza su vigencia, el titular debe solicitar la renovación.
- Art. 120Caducidad de la autorización de emisiones a la atmósferaLa autorización de emisión a la atmósfera caduca si la ejecución de la instalación no ha comenzado en el plazo de cinco años contados desde la notificación al titular de la resolución de autorización. En ese caso, el titular tiene que solicitar una nueva autorización.
- Art. 121ObjetoLa sección de contaminación lumínica regula el régimen de las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior en cuanto a la contaminación lumínica que puedan producir, y promueve su eficiencia y ahorro energético, siempre sin menoscabo de la seguridad ciudadana.
- Art. 122Ámbito de aplicaciónEl régimen de contaminación lumínica se aplica a las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior, públicos y privados, en toda Andalucía. Se excluyen los de señalización de costas, seguridad, infraestructuras militares o de fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de transporte y salvamento; y los de instalaciones industriales, carreteras, puertos, aeropuertos, helipuertos e infraestructuras con normas propias de seguridad, en lo relativo al cumplimiento de su normativa de seguridad.
- Art. 123FinalidadEn contaminación lumínica, la ley persigue: preservar la oscuridad natural para proteger los ecosistemas; luchar contra el cambio climático con eficiencia y ahorro energético y mejores técnicas disponibles; reducir la intrusión lumínica, sobre todo en entornos naturales y en el interior de las viviendas; salvaguardar la calidad del cielo, en especial en el entorno de los observatorios astronómicos; y diseñar las instalaciones para prevenir la contaminación lumínica y ahorrar energía.
- Art. 124CompetenciasLa Consejería de medio ambiente regula y desarrolla reglamentariamente la contaminación lumínica, desarrolla el procedimiento de zonificación, declara las zonas de máxima protección, fija requerimientos de las instalaciones y vigila y sanciona la iluminación de actividades con AAI, AAU, AAU simplificada o autorización de emisión. Los ayuntamientos aprueban ordenanzas, establecen las zonas lumínicas del municipio, pueden fijar requerimientos adicionales más protectores (o menos, por seguridad justificada) y vigilan y sancionan el resto.
- Art. 125Zonificación lumínicaA efectos de la contaminación lumínica, el territorio andaluz se clasifica en las zonas de protección contra la contaminación lumínica que establece la normativa básica estatal. El procedimiento de zonificación lumínica se desarrollará reglamentariamente, de acuerdo con el artículo 124.1.b).
- Art. 126Restricciones de usoCon carácter general no se permiten: la iluminación exterior que emita por encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales; la iluminación de playas y costas, salvo las integradas física y funcionalmente en núcleos de población; y la iluminación decorativa de elementos naturales con especies sensibles a la luz. Pueden excepcionarse, en las condiciones que fije reglamentariamente la Administración autonómica, por seguridad ciudadana, eventos temporales de especial interés, monumentos o enclaves histórico-artísticos y otros usos de especial interés.
- Art. 127Ordenación territorial y urbanísticaLa ordenación territorial y urbanística, con sus planes, instrumentos y actuaciones, debe tener en cuenta la ley, sus disposiciones de desarrollo y sus actos de ejecución, en especial la delimitación de zonas lumínicas, puntos de referencia y zonas de influencia adyacentes. Punto de referencia es la localización concreta que requiere un elevado grado de protección frente a la contaminación lumínica y que debe estar rodeada de una zona de influencia adyacente que garantice esa protección.
- Art. 128Memoria técnica de prevención de la contaminación lumínicaLa memoria técnica de prevención de la contaminación lumínica es el documento que justifica que una instalación o dispositivo de iluminación exterior cumple las prescripciones sobre contaminación lumínica. Deben elaborarla los titulares de instalaciones y dispositivos de iluminación exterior en actividades o actuaciones, para permitir evaluar su futura incidencia, en los términos que se fijen reglamentariamente.
- Art. 129Ámbito de aplicaciónLa ley se aplica a las actividades que puedan producir contaminación acústica, cualquiera que sea su causa. Se excluyen: las actividades militares, regidas por su legislación específica; las actividades domésticas o comportamientos vecinales cuyo ruido se mantenga en límites tolerables según las ordenanzas municipales y los usos locales; y la actividad laboral respecto del ruido en el propio lugar de trabajo, regida por la legislación laboral.
- Art. 130CompetenciasLa Consejería de medio ambiente regula el ruido y las vibraciones, planifica, controla y sanciona la contaminación acústica de actuaciones con AAI, AAU, AAU simplificada o autorización de emisiones, informa en dos meses los mapas de ruido y planes de acción (vinculante solo en legalidad), coordina los supramunicipales. Los ayuntamientos aprueban ordenanzas, controlan y sancionan el resto, elaboran mapas y planes y declaran áreas y zonas acústicas. En grandes ejes e infraestructuras, actúa la Administración competente por razón de la actividad.
- Art. 131Áreas y zonas acústicasLa zonificación del municipio en áreas acústicas se hace según el uso predominante del suelo, con los tipos de áreas de la normativa básica estatal. Afecta al territorio con uso global o pormenorizado asignado por el planeamiento y, como mínimo, al suelo urbano o rústico susceptible de transformación urbanística. En los nuevos instrumentos de ordenación se evitará, con carácter general, la colindancia de áreas cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5 dBA; si existe, exige zonas de transición, previa evaluación acústica. Lo demás, por la normativa básica.
- Art. 132Mapas de ruidoLos mapas de ruido son estratégicos o singulares y sirven para evaluar la exposición acústica de una zona, hacer predicciones y adoptar planes de acción. Contienen índices acústicos, valores límite y objetivos, su superación o cumplimiento y el número estimado de personas, viviendas, centros docentes y hospitales expuestos. Se aprueban tras información pública mínima de un mes y se revisan cada cinco años. Hay mapas estratégicos de aglomeraciones y grandes ejes viarios, ferroviarios e infraestructuras aeroportuarias; los singulares, donde se incumplen los objetivos de calidad acústica.
- Art. 133Planes de acciónLas administraciones que elaboran los mapas estratégicos y singulares de ruido deben elaborar, previa información pública mínima de un mes, planes de acción para esos ámbitos. Sus objetivos: afrontar globalmente la contaminación acústica, fijar acciones prioritarias si se superan valores límite o se incumplen objetivos de calidad, y proteger las zonas tranquilas. Se revisan, con información pública de un mes como mínimo, cuando cambie de forma importante la situación acústica y, en todo caso, cada cinco años desde su aprobación.
- Art. 134Ordenación territorial y urbanísticaLa ordenación territorial y urbanística, con sus planes, instrumentos y actuaciones, debe tener en cuenta lo previsto en la ley, en sus normas de desarrollo y en los actos dictados para ejecutarla, y en especial la delimitación de áreas de sensibilidad acústica, los mapas de ruido, los planes de acción y la declaración de servidumbres acústicas.
- Art. 135Estudios acústicosEl estudio acústico es el conjunto de documentos que justifican la identificación y valoración de los impactos ambientales en materia de ruido y vibraciones. Deben elaborarlo los titulares o promotores de actuaciones que sean fuentes de ruidos y vibraciones, para permitir evaluar su futura incidencia acústica, conforme a lo que se determine reglamentariamente.
- Art. 136Zonas acústicamente saturadasLos ayuntamientos pueden declarar zonas acústicamente saturadas aquellas en las que, por la existencia de numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos y de las personas que las utilizan, se superen los objetivos de calidad acústica del área. La declaración implica, como mínimo, restricciones al otorgamiento, modificación o ampliación de nuevas licencias de apertura y al régimen de horarios, conforme a la normativa andaluza de espectáculos públicos y actividades recreativas.
- Art. 137Limitación o restricción a las actividades de ocio en la vía públicaLos ayuntamientos pueden restringir el uso de las vías y zonas públicas cuando ese uso genere niveles de ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía. Al hacerlo, deben tener en cuenta los usos y costumbres locales.
- Art. 138Competencias en materia de residuosEn residuos y economía circular, la Consejería competente en materia de medio ambiente ejerce las competencias autonómicas del artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y de la Ley 3/2023, de 30 de marzo. Las entidades locales ejercen las que les atribuye el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, las del artículo 9.6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, y las de la Ley 3/2023.
- Art. 139Competencias en materia de calidad ambiental del sueloEn materia de suelos contaminados, la Consejería competente en materia de medio ambiente ejerce las competencias autonómicas previstas en el artículo 12.4 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, en relación con el título VIII de esa ley. Todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9.12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.
- Art. 140ConveniosLa Consejería de medio ambiente promoverá convenios (conforme a la Ley 40/2015) bajo el principio de responsabilidad compartida. Pueden ser: a) con agentes económicos y sociales; b) compromisos del sector industrial; c) de protección ambiental con personas físicas o jurídicas. Si el convenio lo firma otro órgano de la Junta, o es un compromiso industrial, hace falta informe previo favorable de la Consejería de medio ambiente. Son vinculantes, fijan objetivos, plazos y seguimiento; las empresas informan antes a la representación legal de los trabajadores y la información es pública.
- Art. 141TipologíaLa mejora ambiental puede hacerse adhiriéndose a cinco instrumentos voluntarios: a) sistemas de gestión EMAS (Reglamento CE 1221/2009); b) sistemas de gestión según normas ISO o UNE voluntarias reconocidas por organismos de normalización acreditados; c) etiqueta ecológica europea Ecolabel (Reglamento CE 66/2010); d) Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE); e) distintivo de calidad ambiental de la Junta de Andalucía.
- Art. 142Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)EMAS es un esquema voluntario de la UE para que las organizaciones evalúen, mejoren y den a conocer su comportamiento ambiental. Las Administraciones andaluzas promoverán la adhesión: informando, apoyando a pequeñas y medianas organizaciones e incorporándolo en la contratación pública. El organismo competente del registro EMAS es la Consejería de medio ambiente: tramita inscripciones, suspensiones y cancelaciones, lleva el registro (actualizado cada mes si hay cambios y accesible por internet) y remite mensualmente la información al Ministerio competente en la materia.
- Art. 143Etiquetado Ecológico Europeo (Ecolabel)La etiqueta ecológica europea acredita que un producto tiene repercusiones ambientales reducidas en todo su ciclo de vida e informa al consumidor. Las Administraciones andaluzas promoverán su uso (Reglamento CE 66/2010) difundiendo sus beneficios, informando de productos etiquetados e incorporándola en la contratación pública. La Consejería de medio ambiente es el organismo competente: otorga, deniega o suspende su uso, controla el sistema y propone el canon. La concesión está sujeta a un precio público que se paga al solicitarla.
- Art. 144Inscripción de huella de carbono en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)Para avanzar hacia una economía baja en carbono, la Consejería de medio ambiente promoverá la inscripción voluntaria de las organizaciones en el Registro de huella de carbono del SACE. Medidas: difundir los beneficios de la huella de carbono, fomentar que el sector privado aumente la absorción de carbono de montes públicos y otros sumideros, impulsarla en la contratación pública y considerar la inscripción en el SACE como posible medida compensatoria en la evaluación ambiental. La Consejería colaborará con agentes económicos y sociales, entidades locales y otros interesados.
- Art. 145Distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de AndalucíaLa Consejería de medio ambiente otorga el distintivo de calidad ambiental de la Junta a empresas con instalaciones en Andalucía que fabriquen, vendan o presten servicios en ella y acrediten iniciativas importantes de gestión ecológica (reducir impacto, adherirse a los instrumentos de los artículos 142 a 144, innovar en tecnologías menos contaminantes, publicar informes auditados). Busca fomentar productos que minimicen residuos o usen materiales reciclados e informar a consumidores. Categorías, criterios, procedimiento y revocación se fijan reglamentariamente.
- Art. 146Tipos de incentivosLa Junta promoverá la fiscalidad ecológica y otros instrumentos de política económica para los fines de la ley. Podrá establecer incentivos, incluidas subvenciones, para la inversión y medidas horizontales de apoyo, que mejoren la calidad ambiental y favorezcan innovación, investigación y gestión eficiente de los recursos naturales. Se implantarán paulatinamente, se desarrollarán reglamentariamente cuando proceda y siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias que fije cada año la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
- Art. 147Incentivos para la inversiónLa Junta podrá conceder, entre otros, incentivos para la inversión: a) para superar de modo significativo los objetivos de la normativa ambiental; b) para alcanzar los objetivos de convenios del capítulo I del título V, solo si son convenios para superar los objetivos de la normativa vigente; c) para usar las mejores técnicas disponibles en la producción industrial y su control. La Consejería de medio ambiente puede además adoptar otras medidas para incentivar, entre otras, la prevención o el uso de productos no contaminantes.
- Art. 148Incentivos para medidas horizontales de apoyoLa Junta podrá conceder, entre otros, incentivos para medidas horizontales de apoyo: I+D+i ambiental; formación técnica, asesoramiento y prácticas medioambientales; ahorro y eficiencia en agua, energía y otros recursos; equipos de medición en continuo en instalaciones industriales; sistemas de gestión ambiental, preferentemente EMAS, y estudios de riesgos; equipos de seguimiento de condicionantes de autorizaciones, sobre todo la unificada y la unificada simplificada. Además, las Administraciones impulsarán la ecoinnovación empresarial, también la comunidad autónoma y los ayuntamientos.
- Art. 149Objeto y ámbito de aplicaciónLa prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales sujetos a la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, se hará según esa ley o según esta si es más exigente. El título se aplica a daños medioambientales y amenazas inminentes de daños causados por actividades económicas y profesionales. No se aplica en los supuestos exceptuados por la legislación básica.
- Art. 150CompetenciasLas Consejerías competentes en medio ambiente y en aguas, según el recurso afectado, ejercen las potestades de prevención, evitación y reparación de daños: pedir información al operador, exigirle medidas, aprobar su proyecto de reparación, ejecutar a su costa, tramitar solicitudes, decidir la normativa aplicable y sancionar, entre otras. A la de medio ambiente le toca controlar garantías financieras y análisis de riesgos. Esta responsabilidad es compatible con la restauración de la legalidad, las sanciones y la responsabilidad penal, aunque los hechos sean los mismos.
- Art. 151Prevención, evitación y reparación de daños medioambientalesLos operadores de las actividades del artículo 149 deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, sin perjuicio de las condiciones de sus autorizaciones. Ante una amenaza inminente, el operador debe comunicarla a las Consejerías de medio ambiente y de aguas, según el recurso. Deben reparar los daños los operadores de actividades del anexo III de la Ley 26/2007 y los de otras actividades profesionales, estos solo si ha existido dolo, culpa o negligencia.
- Art. 152Obligaciones y garantías financierasLos operadores del anexo III de la Ley 26/2007 deben elaborar un análisis de riesgos o tabla de baremos (metodología del Real Decreto 2090/2008) y disponer de garantía financiera; no se aplica a la Junta ni a sus organismos. Lo acreditan con declaración responsable, que en actividades nuevas debe presentarse en la fecha de inicio; si cambia el titular, el nuevo la actualiza. Las deficiencias que persistan determinan la pérdida de eficacia de la declaración. La Junta puede exigir más, y el órgano ambiental puede supeditar motivadamente el inicio de actividades autorizadas a una garantía.
- Art. 153Objeto y ámbito de aplicaciónQuedan sometidas a inspección, vigilancia y control ambiental todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en Andalucía que entren en el ámbito de aplicación de esta ley y de la demás normativa sectorial de medio ambiente que les sea aplicable.
- Art. 154CompetenciasLa Consejería de medio ambiente ejerce la inspección, vigilancia y control de las actividades, actuaciones e instalaciones que puedan afectar negativamente al medio ambiente, sin perjuicio de otros órganos de la Junta y de otras administraciones. Puede establecer instrumentos de colaboración con otras administraciones, organismos y entidades. A los ayuntamientos corresponden la inspección, vigilancia, control y potestad sancionadora en el caso de las licencias ambientales y las declaraciones responsables de los efectos ambientales.
- Art. 155El ejercicio de la actividad inspectoraLa inspección ambiental la desempeña personal funcionario, que puede ser asistido por otro personal funcionario y, en actuaciones no reservadas a funcionarios según la Ley 5/2023, por entidades públicas o privadas o por personal laboral. El inspector es agente de la autoridad. La inspección puede hacerse en cualquier momento, al margen de la planificación, ante denuncias graves, accidentes graves, incidentes o indicios de incumplimiento. Puede exigir documentación y entrar y permanecer, previa identificación y sin previo aviso, en las instalaciones.
- Art. 156Deber de sometimiento a la actividad inspectoraLos titulares de actividades, actuaciones o instalaciones sujetas a la ley deben colaborar y prestar toda la asistencia necesaria al personal inspector: permitir la visita al emplazamiento, exámenes, controles, tomas de muestras y recogida de información. Si el titular incumple, se considera obstrucción a la inspección y negativa al deber de colaboración, y la Administración adoptará las actuaciones necesarias para ejecutar la inspección prevista.
- Art. 157Colaboración de la Administración en materia de inspección ambientalLas Administraciones públicas deben prestarse la cooperación y asistencia activa necesarias para ejercer eficazmente la inspección ambiental, y pueden establecer mecanismos de coordinación y cooperación con otras administraciones. El personal funcionario inspector puede requerir, cuando sea necesario para sus tareas, la asistencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la policía autonómica y de la local.
- Art. 158Planificación de la inspección ambiental autonómicaLa Administración autonómica de medio ambiente elaborará periódicamente planes de inspección ambiental con orientaciones estratégicas, objetivos y actuaciones; su finalidad es garantizar el cumplimiento de las actividades comunicadas, declaraciones responsables y condiciones de las autorizaciones. Los programas de inspección, que desarrollan el plan, se aprueban anualmente con recursos y sistema de priorización. Los periodos entre visitas pueden basarse en una evaluación sistemática de riesgos. Todo ello se publica en el Portal de la Junta de Andalucía.
- Art. 159La actuación inspectora autonómica. Visitas y documentaciónToda instalación o actividad sujeta a la ley puede ser visitada cuando sea necesario, de forma programada o no. En la visita se levanta acta de los hechos, especialmente los que puedan ser infracción, y pueden proponerse medidas y adoptarse las provisionales del artículo 191. Las actas son documento público con presunción de veracidad sobre los hechos constatados, salvo prueba de los interesados, y las firma siempre el funcionario responsable. Tras cada inspección se hace un informe que se notifica al interesado para alegaciones y luego un informe definitivo con plazos para adoptar medidas.
- Art. 160ObjetoEl título del régimen sancionador tiene por objeto tipificar infracciones y sanciones, regular las medidas provisionales y otras medidas del procedimiento sancionador y las multas coercitivas. Pueden imponerlas los órganos competentes de la Junta de Andalucía o los ayuntamientos, con la finalidad de proteger, conservar y restaurar el medio ambiente.
- Art. 161InfraccionesSon infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las que establezca la legislación sectorial y de las responsabilidades civiles o penales. Se clasifican en muy graves, graves y leves. En contaminación atmosférica, acústica y en residuos y calidad del suelo se aplican, respectivamente, las infracciones y sanciones de la Ley 34/2007, la Ley 37/2003 y la Ley 7/2022.
- Art. 162Tipificación y sanción de infracciones muy gravesEn autorización ambiental integrada (AAI) y unificada (AAU) son muy graves: iniciar, ejecutar, modificar sustancialmente o trasladar la actividad sin la autorización; incumplir sus condicionantes o las medidas de la declaración de impacto ambiental si hay daño o deterioro grave o peligro grave para la seguridad o salud de las personas; e incumplir las medidas provisionales del artículo 191. La multa va desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
- Art. 163Tipificación y sanción de infracciones gravesEn autorización ambiental integrada y unificada son graves, entre otras: incumplir condicionantes sin daño ni peligro grave; iniciar sin la declaración responsable con fecha de inicio; falsear o manipular datos; transmitir la titularidad sin comunicarlo; no comunicar modificaciones no sustanciales; no informar inmediatamente de incidentes o accidentes significativos; obstruir la inspección; iniciar sin la comprobación previa; incumplir el requerimiento de suspensión; e incumplir el suministro de información del Real Decreto 508/2007 (E-PRTR). Multa: de 24.001 a 240.400 euros.
- Art. 164Tipificación y sanción de infracciones levesEn autorización ambiental integrada y unificada son leves: incumplir cualquier obligación o requisito de la ley o de la autorización que no sea muy grave ni grave; demorar sin justificación la aportación de documentos pedidos en inspección y control; y ejercer la actividad sin cumplir la obligación de notificación y registro, si no hay daño o deterioro ni peligro para la seguridad o salud. Multa de hasta 24.000 euros.
- Art. 165Tipificación y sanción de infracciones gravesEn autorización ambiental unificada simplificada son graves: iniciar, ejecutar, modificar sustancialmente o trasladar sin la autorización; incumplir sus condicionantes o las condiciones del informe de impacto ambiental; incumplir medidas provisionales del artículo 191; falsear o manipular datos; no informar inmediatamente de incidentes o accidentes significativos; obstruir la inspección; incumplir el requerimiento de suspensión; e iniciar sin la comprobación previa. Multa de 24.001 a 240.400 euros.
- Art. 166Tipificación y sanción de infracciones levesEn autorización ambiental unificada simplificada son leves: incumplir obligaciones o requisitos que no sean graves; la demora no justificada en aportar documentos de inspección; iniciar la actividad sin la declaración responsable con fecha de inicio; transmitir la titularidad sin comunicarlo; y no comunicar modificaciones no sustanciales. Multa de hasta 24.000 euros.
- Art. 167Tipificación y sanción de infracciones muy gravesEn licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales son muy graves: iniciar, ejecutar, modificar sustancialmente o trasladar sin licencia o sin declaración; incumplir condiciones o compromisos con daño o deterioro grave o peligro grave; incumplir órdenes de suspensión, clausura o medidas correctoras; falsear datos; obstruir la inspección; e incumplir medidas provisionales del artículo 191. Multa de 6.001 a 24.000 euros.
- Art. 168Tipificación y sanción de infracciones gravesEn licencia ambiental y declaración responsable son graves: iniciar sin la declaración responsable del artículo 96 ante el ayuntamiento; incumplir condiciones o compromisos sin daño ni peligro grave; no comunicar al ayuntamiento modificaciones no sustanciales; transmitir la titularidad sin comunicarlo al ayuntamiento; e iniciar sin la comprobación previa del ayuntamiento o de una entidad colaboradora. Multa de 1.001 a 6.000 euros.
- Art. 169Tipificación y sanción de infracciones levesEn licencia ambiental y declaración responsable de los efectos ambientales son leves: la demora no justificada en aportar documentos solicitados por el ayuntamiento en inspección y control, y el incumplimiento de obligaciones o requisitos de la ley, de la licencia o de los compromisos de la declaración que no sea muy grave ni grave. Multa de hasta 1.000 euros.
- Art. 170Tipificación y sanción de infracciones gravesEn contaminación lumínica son graves: incumplir exigencias y condiciones de contaminación lumínica, o las fijadas en la autorización integrada, en la autorización del proyecto evaluado, en la licencia ambiental u otras figuras, cuando haya daño o deterioro grave o peligro grave para la seguridad o salud; ocultar o alterar maliciosamente datos lumínicos en la documentación de legalización; y obstruir la inspección. Multa de 30.001 a 60.000 euros.
- Art. 171Tipificación y sanción de infracciones levesEn contaminación lumínica son leves: incumplir exigencias y condiciones de contaminación lumínica, o las fijadas en la autorización integrada, en la del proyecto evaluado, en la licencia ambiental u otras figuras, cuando no haya daño o deterioro grave ni peligro grave; y no comunicar a la Administración los datos requeridos en plazo. Multa de hasta 30.000 euros.
- Art. 172Tipificación y sanción de infracciones muy gravesSon muy graves para las entidades colaboradoras: ocultar maliciosamente o falsear datos en dictámenes, actas, certificaciones, muestras o controles; no hacer las comprobaciones directas en la sede de la empresa cuando sean necesarias; romper la confidencialidad o vulnerar la imparcialidad e independencia; ejercer funciones sin reconocimiento del órgano autonómico competente; y obstruir la inspección o negarse a facilitar datos. Multa de 60.001 a 300.000 euros.
- Art. 173Tipificación y sanción de infracciones gravesSon graves para las entidades colaboradoras, entre otras: no comunicar cambios en sus requisitos de habilitación; no comunicar el inicio o fin de actuaciones; no actuar en la fecha comunicada; no facilitar datos; no comunicar resultados en un mes desde la actuación, o tres meses si incluye ensayos analíticos; controles incompletos o inexactos; personal no cualificado; falsedad en la declaración responsable; no tener libro registro; no denunciar amenazas, infracciones o delitos ambientales; y datos falsos en informes técnicos. Multa de 30.001 a 60.000 euros.
- Art. 174Tipificación y sanción de infracciones levesSon leves para las entidades colaboradoras: no comunicar con la antelación exigida, o con datos deficientes, el inicio y fin previstos de una actuación; omitir o falsear datos en el libro registro; no acreditar su condición para acceder en funciones de control; no tramitar reglamentariamente las reclamaciones; no presentar la memoria de actuaciones; y no conservar expedientes, actas, informes y datos de control durante al menos cuatro años. Multa de hasta 30.000 euros.
- Art. 175Tipificación y sanción de infracción graveEs infracción grave el uso fraudulento del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía. Se sanciona con multa desde 6.001 hasta 15.000 euros.
- Art. 176Tipificación y sanción de infracción leveEs infracción leve la omisión o falseamiento malicioso de alguno de los datos aportados para obtener el distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía. Se sanciona con multa de hasta 6.000 euros.
- Art. 177Tipificación y sanción de infracciones muy gravesEn responsabilidad medioambiental son muy graves las infracciones tipificadas en el artículo 37.2 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Se sancionan con multa de 50.001 a 2.000.000 de euros y/o extinción de la autorización o suspensión de esta por un periodo superior a un año y hasta un máximo de dos años.
- Art. 178Tipificación y sanción de infracciones gravesAdemás de las del artículo 37.3 de la Ley 26/2007, son graves para un operador obligado: no presentar la declaración responsable sobre garantía financiera; no disponer del análisis de riesgos medioambientales; no presentar, tras requerimiento, la documentación que acredite la declaración; y no corregir las deficiencias técnicas detectadas en la documentación de la declaración. Multa de 10.001 a 50.000 euros y/o suspensión de la autorización por un máximo de un año.
- Art. 179Tipificación y sanción de infracciones levesEn responsabilidad medioambiental son leves: no actualizar la declaración responsable sobre garantía financiera por parte del nuevo titular o cuando cambie la situación de obligación o exención; no actualizar el análisis de riesgos tras modificaciones sustanciales en la actividad, instalación o autorización sustantiva; y no colaborar con la Consejería de medio ambiente en la comprobación de los análisis de riesgos. Multa de hasta 10.000 euros.
- Art. 180Sujetos responsablesSon responsables: quienes realicen o participen en la infracción, salvo que estén unidos al titular por relación laboral, de servicio u otra, en cuyo caso responde el titular si no acredita haber actuado con la diligencia debida; los propietarios, titulares de terrenos o titulares o promotores de la actividad; y los operadores que no coincidan con el titular. Si la obligación es conjunta o no se puede determinar la participación, responden solidariamente; en otro caso, las multas son independientes. El personal público responde por su régimen disciplinario.
- Art. 181Procedimiento sancionadorLas sanciones de esta ley solo pueden imponerse previa instrucción del procedimiento sancionador correspondiente, en los términos y con los principios de la potestad sancionadora de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, ambas de 1 de octubre, y de la normativa sectorial vigente aplicable.
- Art. 182PublicidadLas resoluciones sancionadoras por infracciones muy graves, una vez firmes en vía administrativa o judicial, podrán publicarse por el órgano sancionador si estima que hay razones de interés público, en el diario oficial, en el Portal de la Junta de Andalucía o en medios de comunicación. Incluirá responsable, infracción, sanción y resumen de las obligaciones de reposición e indemnización, pero la identificación será anonimizada según la Ley Orgánica 3/2018. Todo sin perjuicio del artículo 38.3 de la Ley 26/2007.
- Art. 183Infracciones levesEs infracción leve el incumplimiento de las obligaciones de esta ley o de sus normas de desarrollo que no esté tipificado en las secciones anteriores como grave o muy grave. Se sanciona conforme al régimen previsto en cada sección según la materia de que se trate.
- Art. 184Sanciones accesorias por infracciones muy gravesLas infracciones muy graves pueden llevar, además de la multa, todas o algunas sanciones accesorias: clausura definitiva; clausura temporal de dos a cinco años; inhabilitación de uno a dos años (de uno a diez en residuos); revocación o suspensión de la autorización de un año y un día a cinco; precintado de equipos; tres años sin préstamos, subvenciones o ayudas ambientales y prohibición de contratar; publicación anonimizada de sanciones firmes; y prohibición temporal o definitiva de actividades.
- Art. 185Sanciones accesorias por infracciones gravesLas infracciones graves pueden llevar, además de la multa, todas o algunas sanciones accesorias: clausura temporal hasta dos años; inhabilitación hasta un año; revocación o suspensión de la autorización hasta un año; un año sin préstamos, subvenciones o ayudas ambientales; prohibición de usar el distintivo de calidad ambiental de la Junta entre tres y diez años; y publicación anonimizada de sanciones firmes si hay razones de interés público.
- Art. 186Graduación de las sancionesLa sanción debe adecuarse a la gravedad del hecho, graduándose con 20 criterios atenuantes o agravantes (de la a a la s, con la ñ): daño, lucro, intencionalidad, riesgo, capacidad económica, reparación espontánea, reincidencia (cinco años; si es en dos, multa en cuantía máxima), etc. Si la multa es inferior al beneficio obtenido, se aumenta hasta ese importe. Un solo hecho con varias infracciones: multa de la más grave en su mitad superior (máxima si es reincidente). Por escasa trascendencia o sanción desproporcionada, puede aplicarse la de la infracción inmediatamente inferior.
- Art. 187Concurrencia de sancionesNo pueden sancionarse hechos ya sancionados penal o administrativamente cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. No hay duplicidad de sanciones cuando una misma actuación infrinja normas de protección ambiental o sectoriales dirigidas a proteger bienes o intereses jurídicos distintos.
- Art. 188Competencia para el ejercicio de la potestad sancionadoraLa Consejería competente en medio ambiente ejerce la potestad sancionadora sobre las infracciones de las secciones 1.ª, 2.ª, 4.ª (si hay AAI, AAU o AAU simplificada), 5.ª, 6.ª y 7.ª (según el art. 150), y sobre las de Costas, Ley 7/2022, Ley 34/2007, Ley 37/2003 y Ley 1/2005 en su ámbito; la de aguas, sobre la sección 7.ª. Todo ello sin perjuicio del Consejo de Gobierno por cuantía. Los ayuntamientos sancionan la sección 3.ª, la 4.ª en los demás supuestos, la 5.ª para entidades colaboradoras referidas a ellos y, en su ámbito, la Ley 34/2007.
- Art. 189Órganos competentesImponen las sanciones: titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de medio ambiente, hasta 150.000 €; titular de la Dirección General competente, de 150.001 a 300.000 €; titular de la Consejería, de 300.001 a 600.000 €; Consejo de Gobierno, más de 600.000 €. La iniciación corresponde a las Delegaciones Territoriales, salvo que la acción afecte a más de una, en cuyo caso inicia la Dirección General (y resuelve de 150.001 a 300.000 €). En los ayuntamientos, el órgano que diga la legislación local; en aguas, la Ley 9/2010.
- Art. 190Prescripción de infracciones y sancionesLas infracciones prescriben a los cinco años (muy graves), tres (graves) y un año (leves); las sanciones, a los tres años (muy graves), dos (graves) y uno (leves). El plazo de las infracciones se cuenta desde su comisión, desde que pudo detectarse el daño si no era perceptible, desde la última infracción si es continuada o desde que cesó la situación ilícita si es permanente. El de las sanciones, desde el día siguiente a la firmeza de la resolución. Las pecuniarias siguen el artículo 24 del TR de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Art. 191Medidas de carácter provisionalIniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo puede acordar en cualquier momento medidas provisionales del artículo 56 de la Ley 39/2015. Si la autoridad municipal no ejecuta las medidas cautelares o de sanción que impuso (salvo la multa), el órgano autonómico correspondiente puede adoptar medidas cautelares para salvaguardar el medio ambiente, previo requerimiento y audiencia al ayuntamiento y al interesado.
- Art. 192Remisión a la jurisdicción penalSi la infracción puede ser delito, la Administración da cuenta al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya resolución judicial firme, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si no se aprecia delito, el órgano competente continúa el expediente. Los hechos probados en la resolución judicial firme vinculan al órgano administrativo.
- Art. 193Ejecución subsidiariaSi la persona infractora, requerida por el órgano sancionador, no cumple sus obligaciones de restaurar el daño ambiental (art. 197), este ordena la ejecución subsidiaria. No hace falta requerimiento previo si la persistencia de la situación puede causar un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente. Los fondos se exigen cautelarmente antes de ejecutar, y la ejecución es por cuenta de los responsables, sin perjuicio de sanciones e indemnizaciones.
- Art. 194Multas coercitivasSi el infractor no cumple la sanción o la reparación exigida (art. 197), el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas, previo requerimiento con un plazo de ejecución voluntaria suficiente que fija ese órgano. Cada multa no supera un tercio de la multa fijada o, si la sanción no es pecuniaria o no es exigible, un tercio de la cuantía prevista para el tipo de infracción. Pueden reiterarse y son independientes y compatibles con las sanciones.
- Art. 195Vía de apremioPor vía de apremio pueden exigirse las sanciones pecuniarias, los gastos de la ejecución subsidiaria y la indemnización por daños y perjuicios. Los tres conceptos tienen la consideración de ingresos de derecho público a efectos de su recaudación, conforme al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
- Art. 196Prestación ambiental sustitutoriaLas multas firmes en vía administrativa pueden sustituirse, a solicitud del sancionado, por una prestación de restauración, conservación o mejora del medio ambiente o de educación ambiental, en los términos que fije el órgano sancionador, con informe previo del órgano ambiental. Debe ser proporcionada y nunca inferior a la multa con sus intereses, y no exime de reparar. Se resuelve en tres meses (silencio desestimatorio), plazo en que se suspende la prescripción. No cabe pedirla si la sanción está en periodo ejecutivo.
- Art. 197Reparación e indemnizacionesAdemás de la sanción, los responsables deben reparar el daño e indemnizar los daños y perjuicios. El órgano competente para sancionar exige la reparación, por el procedimiento de la Ley 26/2007 cuando se aplique o, si no, en el procedimiento sancionador. Restituir obliga a demoler instalaciones u obras ilegales. Si afecta a inmuebles, cabe nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador. Si se inició un proyecto sin evaluación ambiental, la resolución impone además realizarla.