Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía

Artículo 42. Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas

En pocas palabras

En la evaluación estratégica simplificada, el órgano ambiental consulta a las Administraciones afectadas e interesados con el documento ambiental estratégico y el borrador del plan. Deben pronunciarse en veinte días hábiles como máximo; sin respuesta, se continúa si hay elementos de juicio suficientes y lo tardío no se tiene en cuenta. Si faltan, requiere al superior jerárquico, que en diez días hábiles ordena emitir el informe en otros diez, con suspensión del plazo. La promotora puede reclamar por el artículo 29.1 de la Ley 29/1998.

Explicación sencilla

Regula las consultas de la vía simplificada, más breves que en la ordinaria, y el mismo mecanismo antibloqueo: seguir si hay elementos suficientes o requerir al superior jerárquico si no los hay.

Regla mnemotécnica

Consultas en la simplificada: 20 días hábiles (en la ordinaria, 30); informe que falta: 10 + 10.

Trampa típica de examen

Aplicar el plazo de treinta días hábiles de la ordinaria: en la simplificada, las consultadas deben pronunciarse en el plazo máximo de veinte días hábiles.

Texto del artículo 42 de la Ley 2/2026 (LGAA)

1. El órgano ambiental consultará a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa. 2. Las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas deberán pronunciarse en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud del informe. Transcurrido este plazo sin que se haya recibido el pronunciamiento, el procedimiento continuará si el órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para formular el informe ambiental estratégico. En este caso, no se tendrán en cuenta los pronunciamientos antes referidos que se reciban posteriormente. Si el órgano ambiental no tuviera los elementos de juicio suficientes, bien porque no se hubiesen recibido los informes de las Administraciones públicas afectadas que resulten relevantes, o bien porque habiéndose recibido estos resultasen insuficientes para decidir, requerirá personalmente al titular del órgano jerárquicamente superior de aquel que tendría que emitir el informe, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, ordene al órgano competente la entrega del correspondiente informe en el plazo de diez días hábiles, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera incurrir el responsable de la demora. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano sustantivo y a la persona promotora y suspenderá el plazo. En todo caso, la persona promotora podrá reclamar a la Administración competente la emisión del informe, a través del procedimiento previsto en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

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