Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía

Artículo 189. Órganos competentes

En pocas palabras

Imponen las sanciones: titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de medio ambiente, hasta 150.000 €; titular de la Dirección General competente, de 150.001 a 300.000 €; titular de la Consejería, de 300.001 a 600.000 €; Consejo de Gobierno, más de 600.000 €. La iniciación corresponde a las Delegaciones Territoriales, salvo que la acción afecte a más de una, en cuyo caso inicia la Dirección General (y resuelve de 150.001 a 300.000 €). En los ayuntamientos, el órgano que diga la legislación local; en aguas, la Ley 9/2010.

Explicación sencilla

Escalona por cuantía qué órgano impone la multa y quién inicia el procedimiento sancionador. Además remite a la legislación local cuando sancionan los ayuntamientos, al artículo 60 de la Ley 7/1985 si la Consejería aprecia una infracción municipal y a la Ley 9/2010 en materia de aguas.

Regla mnemotécnica

Escalera 150 – 300 – 600 (miles de euros): Delegación, Dirección General, Consejería y, por encima de 600.000, Consejo de Gobierno.

Trampa típica de examen

Atribuir a la persona titular de la Consejería las multas desde 150.001 euros: ese tramo hasta 300.000 euros es de la Dirección General competente por razón de la materia.

Texto del artículo 189 de la Ley 2/2026 (LGAA)

1. La imposición de las sanciones previstas en la presente ley, le corresponde a: a) Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de medio ambiente, hasta 150.000 euros. b) La persona titular de la Dirección General competente por razón de la materia, desde 150.001 hasta 300.000 euros. c) La persona titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, desde 300.001 hasta 600.000 euros. d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 600.000 euros. 2. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Consejería competente en materia de medio ambiente, la iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de dicha Consejería. Cuando la acción susceptible de ser calificada como infracción afecte a más de una Delegación Territorial, la iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de la Dirección General competente por razón de la materia, así como la resolución de los mismos cuando la cuantía de la sanción sea desde 150.001 hasta 300.000 euros. 3. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora sea competencia de los ayuntamientos, la imposición de la sanción corresponderá al órgano competente que determine la legislación local. 4. Cuando la Consejería competente en materia de medio ambiente considere que la persona titular de determinada actividad o instalación regulada por la presente ley ha cometido alguna infracción cuya sanción corresponde a los ayuntamientos, se actuará conforme al artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. 5. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora sea competencia de la Consejería competente en materia de aguas, la distribución competencial en materia sancionadora será conforme a lo establecido en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.

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