Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía

Artículo 185. Sanciones accesorias por infracciones graves

En pocas palabras

Las infracciones graves pueden llevar, además de la multa, todas o algunas sanciones accesorias: clausura temporal hasta dos años; inhabilitación hasta un año; revocación o suspensión de la autorización hasta un año; un año sin préstamos, subvenciones o ayudas ambientales; prohibición de usar el distintivo de calidad ambiental de la Junta entre tres y diez años; y publicación anonimizada de sanciones firmes si hay razones de interés público.

Explicación sencilla

Lista las sanciones accesorias de las infracciones graves, La única con mínimo y máximo es la del distintivo de calidad ambiental (de tres a diez años).

Regla mnemotécnica

Graves: clausura máx. 2, inhabilitación máx. 1, suspensión máx. 1, sin ayudas 1 año, distintivo 3 a 10 años.

Trampa típica de examen

Fijar en tres años la exclusión de préstamos, subvenciones o ayudas por infracción grave: para las graves es de un año.

Texto del artículo 185 de la Ley 2/2026 (LGAA)

Sin perjuicio de las multas previstas en esta ley, la comisión de las infracciones graves tipificadas en la misma podrá llevar aparejada la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones accesorias: a) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo máximo de dos años. b) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo máximo de un año. c) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo máximo de un año. d) Imposibilidad de obtención durante un año de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio ambiente. e) Imposibilidad de hacer uso del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía por un periodo mínimo de tres años y máximo de diez años. f) Publicación, cuando se estime que existen razones de interés público, a través de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que estas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones. No obstante, dicha identificación se realizará de forma anonimizada siguiendo lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

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