Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía

Artículo 122. Ámbito de aplicación

En pocas palabras

El régimen de contaminación lumínica se aplica a las instalaciones y dispositivos de iluminación exterior, públicos y privados, en toda Andalucía. Se excluyen los de señalización de costas, seguridad, infraestructuras militares o de fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de transporte y salvamento; y los de instalaciones industriales, carreteras, puertos, aeropuertos, helipuertos e infraestructuras con normas propias de seguridad, en lo relativo al cumplimiento de su normativa de seguridad.

Explicación sencilla

Delimita a qué iluminación exterior alcanza el régimen de contaminación lumínica y qué usos quedan fuera por razones de seguridad o por tener normas propias.

Regla mnemotécnica

Fuera por seguridad: costas, militares y policía, transporte, salvamento; y, solo en lo que toca a su seguridad, industria, carreteras, puertos y aeropuertos.

Trampa típica de examen

Pensar que la iluminación de carreteras, puertos o aeropuertos queda totalmente excluida: lo está solo en lo relativo al cumplimiento de la normativa de seguridad correspondiente.

Texto del artículo 122 de la Ley 2/2026 (LGAA)

1. El régimen previsto en esta ley para la contaminación lumínica será de aplicación a las instalaciones, dispositivos de iluminación exterior, tanto públicos como privados, en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley en materia de contaminación lumínica: a) Las instalaciones y los dispositivos de iluminación exterior empleados para la señalización de costas, los de seguridad, los de infraestructuras de carácter militar o de fuerzas y cuerpos de seguridad, los de medios de transporte y los utilizados en operaciones de salvamento. b) Las instalaciones y los dispositivos de iluminación exterior de instalaciones industriales, carreteras, puertos, aeropuertos, helipuertos y los de infraestructuras que dispongan de normas propias destinadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía, en lo relativo al cumplimiento de la normativa de seguridad correspondiente.

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