Ley 2/2026, para la Gestión Ambiental de Andalucía
Artículo 150. Competencias
En pocas palabras
Las Consejerías competentes en medio ambiente y en aguas, según el recurso afectado, ejercen las potestades de prevención, evitación y reparación de daños: pedir información al operador, exigirle medidas, aprobar su proyecto de reparación, ejecutar a su costa, tramitar solicitudes, decidir la normativa aplicable y sancionar, entre otras. A la de medio ambiente le toca controlar garantías financieras y análisis de riesgos. Esta responsabilidad es compatible con la restauración de la legalidad, las sanciones y la responsabilidad penal, aunque los hechos sean los mismos.
Explicación sencilla
Reparte las potestades entre dos Consejerías (medio ambiente y aguas) según el recurso dañado y reserva a la de medio ambiente el control de garantías financieras. Clave: la responsabilidad medioambiental es compatible con sanciones y con la responsabilidad penal por los mismos hechos.
Regla mnemotécnica
Dos Consejerías, medio ambiente y aguas, según el recurso. Garantías financieras: solo medio ambiente. Y se suma a sanción y pena: compatible aunque los hechos sean los mismos.
Trampa típica de examen
Afirmar que la responsabilidad medioambiental excluye la responsabilidad penal por los mismos hechos: el texto declara que es compatible con ella.
Texto del artículo 150 de la Ley 2/2026 (LGAA)
1. Corresponde a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y de aguas, en función del recurso natural o bien ambiental afectado, el ejercicio de las potestades administrativas en materia de prevención, evitación y reparación de daños medioambientales competencia de la Administración de la Junta de Andalucía, incluyendo, entre otras, las siguientes funciones: a) Exigir al operador responsable que facilite información sobre situaciones de amenaza o daño medioambiental y sobre las medidas de respuesta adoptadas. b) Declarar la suficiencia de las medidas de prevención adoptadas por el operador sin haber mediado advertencia, requerimiento o acto administrativo previo. c) Exigir al operador la adopción de las medidas de prevención, evitación y reparación y requerir su cumplimiento. d) Dar al operador instrucciones de obligado cumplimiento sobre las medidas de respuesta ante el daño que deba adoptar o, en su caso, dejar sin efecto. En particular, valorar, aprobar y realizar el seguimiento del proyecto de reparación que deba elaborar el operador. e) Ejecutar a costa del operador responsable las medidas de prevención, evitación o reparación, actuando directamente frente al daño o acordando la ejecución subsidiaria de las medidas incumplidas por el operador. f) Tramitar las solicitudes de iniciación de los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental. g) Decidir, en supuestos de concurrencia de normas aplicables sobre un único recurso natural afectado, si la reparación del daño se realiza conforme a lo dispuesto en la normativa de responsabilidad medioambiental o en otra normativa sectorial mediante la que se alcancen resultados equivalentes. h) Ejercer la potestad sancionadora frente a las infracciones tipificadas por la legislación básica de responsabilidad medioambiental y ante la omisión, resistencia u obstrucción de aquellas actuaciones de obligado cumplimiento de acuerdo con lo previsto en la misma. 2. Corresponde a la Consejería competente en materia de medio ambiente establecer y aplicar los sistemas de control respecto de las obligaciones en materia de garantías financieras de responsabilidad medioambiental y análisis de riesgos medioambientales, así como impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos medioambientales entre los operadores, con la finalidad de lograr una adecuada gestión del riesgo medioambiental de las actividades. 3. La responsabilidad medioambiental que se exija en uso de las potestades señaladas en el apartado 1 de este artículo es compatible con el régimen de restauración de la legalidad ambiental y con el régimen sancionador previstos en esta ley o en otras leyes sectoriales, así como con la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido, aunque los hechos que la originen sean los mismos.
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