Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático en Andalucía
Artículo 53. Huella de carbono en la contratación pública
En pocas palabras
En las licitaciones de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden exigir en cualquier fase disponer del cálculo de una huella de carbono. Se acredita con certificados de inscripción en un Registro de huella de carbono de la Junta u otros medios equivalentes de gestión medioambiental. Será obligatorio seis meses después de la entrada en vigor del reglamento que organice los Registros del Título VI.
Explicación sencilla
Introduce la huella de carbono en la contratación pública andaluza, primero como posibilidad de los pliegos y después como obligación, una vez transcurridos seis meses desde que entre en vigor el desarrollo reglamentario de los Registros del Título VI.
Regla mnemotécnica
Huella en contratos: «podrán» hoy, obligatoria a los seis meses del reglamento de los Registros.
Trampa típica de examen
Creer que la exigencia de huella de carbono en los pliegos es obligatoria desde la entrada en vigor de la ley: lo será transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario de los Registros.
Texto del artículo 53 de la Ley 8/2018 (LCCA)
1. En las licitaciones que lleven a cabo la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir en cualquier fase del procedimiento la necesidad de disponer del cálculo de una huella de carbono, en el sentido indicado en la normativa de contratación pública. A estos efectos, los licitadores podrán justificar la disposición de la huella de carbono mediante certificados de inscripción en un Registro de huella de carbono de la Administración de la Junta de Andalucía u otros certificados o medios de prueba de medidas equivalentes de gestión medioambiental. 2. Lo establecido en el apartado anterior tendrá carácter obligatorio una vez transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario por el que se apruebe la organización y funcionamiento de los Registros previstos en el Título VI de esta ley.
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