Tema 72 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 50. Agua

Aguas que transcurren íntegramente por Andalucía, competencia exclusiva sobre: recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; aguas subterráneas cuando su aprovechamiento no afecte a otro territorio; aguas minerales y termales; participación de usuarios, garantía del suministro, regulación parcelaria y obras de regadíos y de ahorro del agua. Intercomunitarias: participación en planificación y gestión. Ejecutiva: medidas adicionales de protección, obras estatales por convenio y policía del dominio público hidráulico.

Artículo 51. Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir

Artículo 1. Objeto y finalidad

Regula las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua, para su protección y uso sostenible. Abarca ocho materias: Administración del Agua y planificación; participación e información; obras hidráulicas de interés autonómico; ciclo integral de uso urbano y entidades supramunicipales; inundaciones y sequía; ingresos; régimen sancionador; y calidad de las aguas y vertidos. Finalidad: garantizar las necesidades básicas de agua de la población y compatibilizar el desarrollo con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

La Ley se aplica a las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas que transcurren o se hallan en Andalucía, conforme a los artículos 50 y 51 del Estatuto de Autonomía y a la legislación básica. Incluye también las aguas minerales y termales, que forman parte del dominio público según la legislación básica de aguas y minas. Se aplica sin perjuicio de la normativa sectorial y de las competencias de otras Administraciones por razón de la materia.

Artículo 3. Demarcaciones y Distritos Hidrográficos de Andalucía

Las aguas de Andalucía se integran en demarcaciones hidrográficas intracomunitarias e intercomunitarias. Son intracomunitarias aquellas cuyas cuencas están situadas íntegramente en Andalucía; su delimitación geográfica la realiza el Consejo de Gobierno mediante decreto. El ámbito de las demarcaciones con cuencas intercomunitarias en que actúe la Junta es el que fije la legislación del Estado. Para gestionar las aguas de competencia autonómica se podrán establecer distritos hidrográficos, delimitados también por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 4. Definiciones

Define, a efectos de la Ley y sin perjuicio de la normativa básica, los conceptos clave: acuífero; clases de aguas (subterráneas, continentales, litorales, costeras y de transición); contaminación hídrica; buen estado de las aguas subterráneas; captación propia; caudal ecológico; ciclo integral del agua de uso urbano (aducción, baja, saneamiento, depuración y regeneración); CUMAS; entidades prestadoras y suministradoras; usos del agua (alto consumo: más de 100.000 m³ anuales); usuarios; zonas inundables (retorno de quinientos años) y Entes Supramunicipales del Agua.

Artículo 5. Principios

La actuación administrativa en materia de agua se rige por doce principios: prevención y restauración del buen estado de los ecosistemas acuáticos; uso sostenible, con reutilización y ahorro; protección de la salud, priorizando para el consumo el agua de mejor calidad; unidad de gestión; eficacia, desconcentración y participación; colaboración entre Junta y gobiernos locales; compatibilidad con la ordenación del territorio; transparencia y rendición de cuentas; sometimiento a la planificación; viabilidad de las infraestructuras; recuperación de costes (quien contamina paga); y cautela.

Artículo 6. Objetivos medioambientales en materia de agua

Sin perjuicio del Reglamento de la Planificación Hidrológica, son objetivos medioambientales: prevenir el deterioro de las masas de agua y restaurarlas, garantizando caudales ambientales; un uso racional que asegure el suministro a largo plazo, con el principio de prudencia; reducir progresivamente la contaminación; compatibilizar la gestión de recursos con la calidad de las aguas; integrar en las políticas sectoriales y el urbanismo el dominio público hidráulico y las zonas inundables; y los del artículo 80 de la Ley 7/2007. Si recuperar una masa es imposible o desproporcionadamente costoso, pueden fijarse objetivos propios.

Artículo 7. Derechos y obligaciones de los usuarios del agua

Los usuarios abastecidos por entidad suministradora tienen ocho derechos (medio hídrico de calidad, servicio con garantía, aviso previo de cortes programados, información sobre tarifas, contadores instalados por la suministradora a su costa, información, participación e igualdad de trato) y seis obligaciones (uso racional, evitar el deterioro, reparar averías, pagar cánones y tarifas, facilitar el acceso a inspectores y cumplir las ordenanzas). Los de captación propia tienen esos derechos salvo el 3.º y el 5.º y esas obligaciones salvo la 5.ª y la 6.ª, más otras tres propias.

Artículo 8. Competencias

La Junta, en las aguas de su competencia, asume entre otras: la planificación hidrológica intracomunitaria y la participación en la intercomunitaria; en el Guadalquivir, las competencias sobre los volúmenes asignados a Andalucía; la concesión de usos, el control de calidad y la policía del dominio público hidráulico; la desalación; la sequía; los sistemas supramunicipales; los criterios básicos de tarifación, sin perjuicio de que los entes locales fijen el precio; las autorizaciones de vertido; y la potestad sancionadora. Las ejercen el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de agua.

Artículo 9. Competencias del Consejo de Gobierno

Corresponde al Consejo de Gobierno: delimitar las demarcaciones intracomunitarias; aprobar inicialmente sus planes hidrológicos; aprobar los planes hidrológicos específicos y los programas específicos de medidas del artículo 26; aprobar el régimen del uso del agua en emergencia por sequía; autorizar la constitución de bancos públicos del agua; declarar de interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas; determinar el ámbito de los sistemas de gestión supramunicipales; desarrollar por decreto las normas sobre suministro domiciliario, saneamiento y depuración; e imponer las sanciones que le correspondan.

Artículo 10. Órganos de la Administración Andaluza del Agua

Los órganos de la consejería competente en materia de agua se fijan por decreto del Consejo de Gobierno y deben incluir órganos colegiados de participación decisorios, asesores (con informes preceptivos) y de control; integrar en los de participación social a los agentes económicos y sociales y a organizaciones de usuarios; y contar con un Observatorio del Agua. En los órganos decisorios de participación social, los usuarios no serán menos de un tercio: los agrarios según superficie regable, los urbanos según población abastecida y los industriales según volumen de agua consumida.

Artículo 11. Funciones de la Administración Andaluza del Agua

La consejería competente en materia de agua ejerce, directamente o mediante entidades instrumentales, las funciones de los organismos de cuenca que correspondan a Andalucía. Destacan: expropiación por agencias públicas por delegación del titular de la consejería; planificación hidrológica intracomunitaria y colaboración en la del Guadalquivir, Guadiana y Segura; concesiones, autorizaciones, registro de aprovechamientos y vertidos y deslindes; infraestructuras; sequía e inundaciones; e informar los instrumentos de ordenación territorial antes de su aprobación y los urbanísticos tras su aprobación inicial.

Artículo 12. Multas coercitivas a comunidades de usuarios

La consejería competente en materia de agua puede imponer multas coercitivas a las comunidades de usuarios que incumplan las resoluciones definitivas en vía administrativa que ella dicte, previo apercibimiento y plazo para alegaciones. Cada multa va de 300 a 3.000 euros, puede reiterarse en periodos de un mes hasta el cumplimiento íntegro de la resolución y su importe puede exigirse por vía de apremio.

Artículo 13. Competencias de los municipios

Corresponde a los municipios ordenar y prestar los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano: aducción, abastecimiento en baja, saneamiento, depuración y reutilización; aprobar las tasas o tarifas; controlar los vertidos a la red municipal; autorizar vertidos a fosas sépticas y redes de saneamiento; y la potestad sancionadora, incluida la aprobación de reglamentos que tipifiquen infracciones. Ordenar implica aprobar reglamentos del servicio y planificar, ejecutar y explotar las obras hidráulicas municipales. Pueden prestar los servicios por sí o a través de diputaciones y entes supramunicipales.

Artículo 14. Los Entes Supramunicipales del Agua

Los entes supramunicipales del agua tienen personalidad jurídica propia y adoptan forma de consorcio, mancomunidad u otra asociativa entre entidades locales. Su constitución requiere informe previo de la consejería competente en materia de agua. Gestionan los servicios supramunicipales de aducción y depuración y las competencias que les deleguen entidades locales y Junta. Pueden usar gestión directa o indirecta. Cada ente debe crear un órgano de participación de los intereses socioeconómicos y puede ejecutar obras de interés autonómico mediante los convenios del artículo 31.

Artículo 15. Creación, composición y funciones

Conforme al artículo 36 bis.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Consejo de Gobierno crea y regula por decreto la Comisión de Autoridades Competentes, adscrita a la consejería competente en materia de agua, para cooperar en la aplicación de las normas de protección de las aguas en Andalucía. Puede integrar a representantes del Estado, la Junta y las entidades locales, y la preside la persona titular de esa consejería. Funciones: favorecer la cooperación, impulsar medidas de protección y proporcionar información sobre las demarcaciones.

Artículo 16. El Consejo Andaluz del Agua

El Consejo Andaluz del Agua es el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua. La Ley no fija su composición ni sus funciones: se establecerán por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 17. El Observatorio del Agua

El Observatorio del Agua es un órgano colegiado de la Junta, adscrito a la consejería competente en materia de agua, consultivo y de participación social; su objeto, organización, composición y funciones se fijan por decreto del Consejo de Gobierno. Hace estudios, propuestas y análisis, entre otras funciones. Puede pedir información, cuyo suministro es obligatorio. Su director lo nombra el Consejo de Gobierno entre profesionales de reconocido prestigio, a propuesta de la consejería. Los usuarios se representan en secciones según uso urbano y no urbano.

Artículo 18. Participación de las personas interesadas en la gestión del agua

Los órganos colegiados de gestión y coordinación que garantizan la participación de las personas interesadas en la Administración del Agua se establecen mediante decreto del Consejo de Gobierno, conforme a los principios de la Ley y a los artículos 10.2 y 14.5. Si no está constituido el ente supramunicipal del agua, son las corporaciones locales las que garantizan la participación pública en los términos del artículo 10.2.

Artículo 19. Información ambiental y difusión de estadísticas del agua

La información sobre el medio hídrico es información ambiental conforme a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y se integra en la Red de Información Ambiental de Andalucía. La consejería competente en materia de agua facilita el acceso de la ciudadanía a la información sobre uso, gestión, planificación y protección del medio hídrico, con programas de educación y divulgación ambiental. Los medios y procedimientos se diseñan teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y hombres. Los cauces de acceso se fijan reglamentariamente.

Artículo 20. Elaboración de la planificación

La consejería competente en materia de agua elabora la planificación de las demarcaciones intracomunitarias y participa en la estatal, en especial en la parte andaluza del Guadalquivir, Guadiana y Segura. El Consejo de Gobierno aprueba inicialmente esa planificación y el Gobierno de la Nación la aprueba definitivamente mediante Real Decreto. La participación de usuarios y agentes se canaliza por órganos colegiados de la consejería; la pública general, mediante exposición pública para alegaciones, consulta activa y difusión antes de la aprobación inicial.

Artículo 21. Reservas fluviales

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de aguas, podrá reservar cauces fluviales o masas de agua para conservar su estado natural y proteger su biodiversidad, paisaje, patrimonio fluvial y valor como corredor fluvial ecológico. La reserva supone la limitación parcial o completa de autorizaciones o concesiones sobre el dominio reservado. Los planes hidrológicos de demarcación incorporan las reservas, y sus necesidades ambientales de caudales son restricciones previas a los usos del agua.

Artículo 22. Objetivos

La planificación de las aguas de competencia andaluza busca el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y de las masas de agua, compatible con la garantía sostenible de las demandas. Sus objetivos: prevenir el deterioro adicional; atender la demanda con racionalidad, una vez garantizados los caudales ambientales; recuperar sistemas deteriorados; gestión equilibrada e integradora; analizar efectos económicos, sociales, ambientales y territoriales del uso; conservar masas, zonas húmedas y ecosistemas; y fijar el caudal ecológico de cada masa.

Artículo 23. Orden de preferencia de usos

Los planes de demarcación fijan el orden de preferencia de usos. Con carácter supletorio, en las aguas de competencia exclusiva andaluza, la escala es: a) usos domésticos para consumo de boca y salubridad; b) urbanos no domésticos de bajo consumo; c) agrarios, industriales, turísticos y otros no urbanos, y urbanos de alto consumo; d) otros usos. Dentro de c) se prioriza por sostenibilidad, cohesión territorial y empleo y riqueza, con preferencia de los usos en espacio industrial protegido y proyectos tractores. El plan fija los requisitos de la utilidad pública a efectos expropiatorios.

Artículo 24. Planes Hidrológicos de Demarcación

Los planes de demarcación estructuran la información de la planificación para valorar el estado actual y fijar objetivos por horizontes temporales. Tienen el contenido obligatorio del artículo 42 del TRLA, se ajustan al Plan Hidrológico Nacional y recogen los espacios naturales protegidos. Criterios: garantizar consumo doméstico y necesidades medioambientales; prudencia al evaluar disponibilidades; presunción de relación entre aguas superficiales y subterráneas salvo prueba en contrario; dotaciones eficientes; demarcación como único sistema de explotación; costes que incluyan los ambientales.

Artículo 25. Programas de Medidas

Los programas de medidas concretan actuaciones y medios para alcanzar los objetivos de los planes de demarcación. Determinan inversiones y el régimen financiero de la Junta y, si procede, de los beneficiarios. Las inversiones de otras Administraciones forman programa específico. Contemplan, al menos, trece aspectos (de la a a la m), entre ellos contadores volumétricos obligatorios. En sistemas con sobredemanda, los nuevos recursos se destinan a recuperar el buen estado de las masas y a mejorar los usos concedidos, prioritariamente el abastecimiento urbano.

Artículo 26. Planes Hidrológicos Específicos y Programas Específicos de Medidas

La consejería competente en materia de agua puede elaborar, como complemento de los planes de demarcación, planes hidrológicos específicos y programas específicos de medidas, de ámbito regional, comarcal o subregional. Los planes específicos tienen un contenido obligatorio en cinco bloques. Se aprobará un plan específico de restauración de ríos con cuatro prioridades. Los programas específicos priorizan proteger infraestructuras públicas y núcleos de población. La consejería aprueba y ejecuta cada año un programa de limpieza y mantenimiento de cauces.

Artículo 27. Procedimiento y competencias para la aprobación de Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos de Demarcación, Planes Hidrológicos Específicos y Programas Específicos de Medidas

El Consejo de Gobierno aprueba el programa de medidas de los planes de demarcación, los planes hidrológicos específicos y los programas específicos de medidas, salvo el programa de limpieza y mantenimiento de cauces del artículo 26.5. En el procedimiento se atiende a la participación de los interesados mediante los órganos colegiados de participación social y la información pública. El Consejo de Gobierno puede revisarlos a propuesta motivada de la persona titular de la consejería y, por razones extraordinarias, revisar objetivos de calidad o acordar la inejecución de actuaciones u obras.

Artículo 28. Efectos de los instrumentos de planificación previstos en esta Ley

Los planes hidrológicos de demarcación y los específicos son planes con incidencia en la ordenación del territorio, según la Ley 1/1994. La consejería competente en materia de agua puede, por razones de interés público, reasignar volúmenes entre sistemas de explotación. Los usuarios afectados solo tienen derecho a indemnización si sufren un perjuicio real en favor de otros usuarios, que son quienes deben pagarla. Los criterios de cálculo se fijan reglamentariamente y deben estar aprobados al tiempo de la reasignación, junto con la redistribución de cánones y tarifa.

Artículo 29. Obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Son obras de interés de la Comunidad Autónoma, entre otras, las de regulación y conducción (si se declara expresamente), las de control y defensa del dominio público hidráulico, las de corrección hidrológico-forestal, las de abastecimiento, potabilización, desalación y depuración declaradas por el Consejo de Gobierno y las previstas en la planificación. Las supramunicipales no requieren licencia municipal; el informe previo de las entidades locales se entiende favorable si no se emite y notifica en un mes. Aprobar el proyecto implica utilidad pública y urgente ocupación.

Artículo 30. Financiación de infraestructuras hidráulicas

Si las infraestructuras hidráulicas de la consejería competente en materia de agua se ejecutan mediante entidades instrumentales, la encomienda de gestión fija su financiación (aportaciones de la consejería y, en su caso, de otros sujetos públicos o privados por convenio), el límite de endeudamiento de la entidad y las garantías a favor de la entidad financiera. El endeudamiento requiere autorización de la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 31. Convenios de colaboración

Los convenios de colaboración entre la consejería competente en materia de agua y las entidades locales son el instrumento ordinario para planificar y ejecutar las infraestructuras de aducción y depuración. Fijan obras, terrenos, contratación, financiación y obligaciones. Tras la entrega, la titularidad pasa al municipio o ente supramunicipal; la consejería preavisa con al menos quince días. Se publican en el BOJA y pueden superar el plazo de duración de la Ley 40/2015 si se justifica.

Artículo 32. Sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano

Los sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano pueden gestionarlos los entes supramunicipales del agua o las diputaciones provinciales. El Consejo de Gobierno fija su ámbito territorial con criterios técnicos y de viabilidad económica, previa audiencia de las entidades locales. La integración es obligatoria cuando lo establezca resolución motivada de la persona titular de la consejería competente en materia de agua, o si una captación abastece a dos o más municipios. No integrarse impide acceder a ayudas.

Artículo 33. Rendimiento en las redes de abastecimiento

Las entidades y gestores de redes de abastecimiento cuyo rendimiento sea inferior al fijado reglamentariamente no pueden recibir financiación de la Junta para esas instalaciones ni otras medidas de fomento. Las entidades públicas titulares deben aprobar un plan de acción obligatorio, con partidas y plazos de inversión, y remitirlo al órgano competente en aguas. Si no lo aprueban o lo incumplen, pierden incentivos y pueden condicionarse temporalmente los incrementos de suelo urbanizable.

Artículo 34. Garantía para la prestación de los servicios de aducción y depuración

Los municipios garantizan la aducción y depuración por sí mismos o a través de diputaciones o entes supramunicipales. La consejería competente en materia de agua puede asumir el servicio subsidiariamente y a costa del ente local si hay grave riesgo para la salud (a requerimiento de la consejería de salud) o incumplimiento ambiental reiterado, o si no se integran en el sistema supramunicipal obligatorio. Antes requiere a la entidad local con un plazo no inferior a un mes; después puede imponer multas coercitivas o gestionar directamente.

Artículo 35. Obligación de constituir Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea

Los titulares de derechos sobre una masa de agua subterránea deben constituir una comunidad de usuarios cuando lo requiera la consejería competente en materia de agua, previa audiencia, o voluntariamente. Es obligatoria en todo caso, en el plazo máximo de seis meses, cuando la consejería identifique una masa en riesgo de no alcanzar el buen estado; si no, la consejería la constituye de oficio. Caben comunidades generales y juntas centrales de usuarios, que la consejería puede imponer por interés general.

Artículo 36. Naturaleza y régimen jurídico de Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea

Las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea son corporaciones de derecho público adscritas a la consejería competente en materia de agua, que vela por sus estatutos. Sus estatutos u ordenanzas fijan finalidad, ámbito, participación obligatoria y reparto equitativo de gastos, cánones y tarifas, y prevén infracciones y sanciones que impone el jurado. La consejería no puede denegar su aprobación ni introducir variantes sin previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

Artículo 37. Funciones de las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea en el ámbito de competencias de la Administración Andaluza del Agua

Además de las facultades generales del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea adscritas a la consejería competente en materia de agua tienen, en su ámbito: informe en el otorgamiento, modificación o extinción de derechos de uso de aguas subterráneas; control de extracciones y contadores; denuncia de actividades que deterioren la calidad o de captaciones y modificaciones no autorizadas; defensa de aprovechamientos; fomento del uso racional; participación en órganos de la consejería, y cumplir los programas de recuperación.

Artículo 38. Convenios entre la Consejería competente en materia de agua y las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea

La consejería competente en materia de agua celebrará convenios con las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea para que colaboren en el control del régimen de explotación y el respeto a los derechos sobre las aguas. Pueden incluir asistencia técnica y económica, ayuda en la regularización de aprovechamientos, seguimiento del estado cuantitativo y químico, colaboración en planes de recuperación, participación en la planificación hidrológica y sustitución de captaciones preexistentes por comunitarias. También pueden suscribirlos comunidades generales y juntas centrales.

Artículo 39. Participación y representación de las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea en los órganos de gobierno y participación de la Consejería competente en materia de agua

Las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea participan en los órganos de la consejería competente en materia de agua en proporción a su representación de usuarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 de la propia Ley de Aguas de Andalucía.

Artículo 40. Servidumbre de protección de cauces

En las zonas de servidumbre de protección de cauces se garantiza con carácter general la continuidad ecológica: deben permanecer regularmente libres de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar según la legislación básica. Las condiciones técnicas para actuaciones de las Administraciones con fines de interés general se fijarán reglamentariamente; mientras, rige su normativa técnica específica, y la consejería puede fijar condicionantes específicos. Las actuaciones de protección de cauces en esas zonas se declaran de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa.

Artículo 41. Zona de policía

La zona de policía incluye la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas. Las limitaciones de usos en servidumbre y policía son las del Texto Refundido, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la legislación básica estatal, el plan hidrológico y el plan de gestión del riesgo de inundación. La consejería puede autorizar en esas zonas actividades no vulnerables a avenidas que no reduzcan significativamente la capacidad de las vías de intenso desagüe y actuaciones que reduzcan daños o probabilidad de inundación, si no deterioran las masas de agua.

Artículo 42. Informes de la Administración hidraúlica

La consejería competente en materia de aguas informa los actos y planes autonómicos y locales que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas o a los usos en dominio público hidráulico y sus zonas. En los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se pide tras su aprobación inicial; es vinculante y debe emitirse en tres meses, y si no, se entiende desfavorable. Ante nuevas demandas, se pronuncia sobre si hay recursos suficientes.En zonas inundables el informe es previo a la autorización urbanística. En demarcaciones intercomunitarias se pide a las Confederaciones Hidrográficas.

Artículo 43. Cartografía

El Plan Cartográfico de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno, incluirá la cartografía del dominio público hidráulico, que es pública y debe tenerse en cuenta al elaborar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Delimita: el dominio público hidráulico, la zona inundable de 100 años y la de 500 años de periodo de retorno (régimen real, suelo semisaturado) y las vías de intenso desagüe. Los interesados, a su costa, pueden pedir a la consejería estudios en detalle. La cartografía no altera la posesión ni la titularidad de los terrenos.

Artículo 44. Asignación de recursos

La consejería competente en materia de agua asigna los recursos, fija su procedencia y puede sustituir caudales por otros de distinto origen (incluidas aguas regeneradas y desaladas); los nuevos usuarios beneficiados asumen los perjuicios y costes. Destina el agua de mejor calidad al abastecimiento de la población. Los caudales ecológicos no son un uso y no generan indemnización. Los derechos de uso privativo no aseguran caudales ni se indemnizan las restricciones por sequía. Si un municipio se niega a la conexión ordenada, cabe multa coercitiva o ejecución subsidiaria.

Artículo 45. Concesiones de uso de aguas

Las concesiones siguen la legislación básica con particularidades: la consejería puede modificar usos a instancia del titular; considera las disponibilidades globales de la demarcación; plazo máximo de veinte años, ampliable si las inversiones lo exigen. Se revisan sin indemnización por uso ineficiente o parcial (tres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en diez) y tras modernizaciones. Si no hay ningún uso durante tres años seguidos o cinco con interrupción en diez, el derecho se declara caducado. Los titulares deben instalar medidores de caudal homologados.

Artículo 46. Bancos Públicos del Agua

En cada demarcación o distrito hidrográfico podrá constituirse un Banco Público del Agua, a través del cual la consejería hace ofertas públicas de adquisición de derechos para: buen estado ecológico de las masas, corregir desequilibrios entre sistemas, constituir reservas, atender fines de interés autonómico y ceder derechos por el precio que se acuerde. Sus dotaciones proceden de expropiaciones y de la revisión o extinción de concesiones. Lleva contabilidad separada. Se constituye por decreto del Consejo de Gobierno. Para adquirir derechos no se exige ser usuario previo.

Artículo 47. Contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas

La cesión de derechos al uso privativo de las aguas se rige por el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con estas reglas: es temporal; debe hacerse para usos de igual o mayor rango según el plan hidrológico o, en su defecto, el artículo 23, acreditando criterios de sostenibilidad, cohesión territorial y empleo si son usos de la letra c); excepcionalmente, por interés general, la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente puede autorizar cesiones sin respetar la prelación; y el adquirente debe ser ya concesionario o titular de algún derecho.

Artículo 48. Infraestructuras de conexión intercuencas

Con autorización previa de la persona titular de la consejería competente en materia de agua pueden usarse infraestructuras que conectan territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca para las transacciones del capítulo III, siempre que se cumplan las leyes singulares de cada trasvase y haya informe favorable de la consejería. El régimen económico financiero es el de las normas singulares que regulan la explotación de esas infraestructuras.

Artículo 49. Planes y programas de inspección y control

La consejería competente en materia de agua aprueba y ejecuta cada año, directamente o con sus entidades instrumentales, un programa de inspecciones de vertidos con frecuencia basada en seis criterios (entre ellos, incumplimientos previos y peligrosidad del vertido). Para los titulares de usos privativos hay un plan de control según la importancia del aprovechamiento. También anualmente aprueba un programa de inspecciones de aprovechamientos: denegados, sancionados, sobre masas subterráneas (sobre todo en riesgo) y que afecten al abastecimiento.

Artículo 50. Creación del Registro de derechos de aguas

Se crea el Registro de derechos de aguas, llevado por la consejería competente en materia de agua, para elaborar estadísticas hidrológicas y coadyuvar en la gestión del dominio público hidráulico y la planificación. Es una estructura informática que permite emitir certificaciones. Se inscriben de oficio las concesiones y demás títulos y sus cambios autorizados. Es público, con acceso según la legislación de acceso a la información. Las certificaciones las expide la persona responsable del Registro, que debe ser funcionaria de carrera.

Artículo 50 bis. Organización y funcionamiento del Registro de derechos de aguas

El Registro de derechos de aguas se organiza y funciona según la Sección 12.ª del Capítulo III del Título II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), con dos salvedades: las referencias a los organismos de cuenca se entienden hechas a la Consejería competente en materia de aguas, y la gestión del Registro corresponde al órgano que gestione el dominio público hidráulico en esa Consejería, que puede dictar disposiciones de desarrollo. Los efectos de la inscripción y las certificaciones se rigen por la Subsección 1.ª de esa Sección.

Artículo 51. Aprovechamientos de aguas subterráneas

No se pueden hacer captaciones sin concesión o autorización; las de hasta 7.000 m³ anuales necesitan autorización si la masa está en riesgo o sometida a control preventivo. Abrir pozos o cambiar su diámetro, profundidad o ubicación exige autorización previa. Basta comunicar los almacenamientos en balsas de hasta 50.000 m³ que no superen el 20 % del volumen anual. La mera limpieza de pozos se comunica con quince días de antelación. Ampliar el riego con aguas privadas exige autorización y acreditar que no aumenta el consumo ni daña la masa ni a terceros.

Artículo 52. Deberes de colaboración

Los titulares de usos privativos de aguas subterráneas deben permitir el acceso a terrenos, instalaciones y obras en los términos del artículo 104. Previo requerimiento de la consejería, las compañías energéticas deben facilitar datos de titulares de contratos ligados a captaciones, potencias y consumos, y las de sondeos un inventario de sus operaciones. Antes de prestar el servicio o ejecutar la obra, ambas deben exigir al promotor que acredite la autorización de investigación o la concesión o autorización de extracción, y ceñirse a sus límites.

Artículo 53. Pozos abandonados

El titular de los terrenos con pozos en desuso debe sellarlos, previa comunicación a la consejería; si los terrenos son públicos, el obligado es el titular del derecho al uso privativo. Si no lo hace, además de la posible caducidad y sanciones, la consejería le requiere el sellado mediante órdenes de ejecución dictadas previa audiencia. Pasado el plazo de la orden, la consejería puede ejecutar subsidiariamente el sellado, previo requerimiento y a costa del titular.

Artículo 54. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado

Cuando una masa de agua subterránea ha sido identificada en riesgo de no alcanzar un buen estado, la Consejería competente en materia de agua debe llevar a cabo las medidas previstas en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Además, la Consejería fomentará la aportación de recursos externos o no convencionales que mejoren el estado de la masa y permitan satisfacer las demandas.

Artículo 55. Perímetro de protección de las masas de agua subterránea

La consejería puede fijar un perímetro de protección de una masa de agua subterránea, dentro del cual necesitan su autorización las obras de infraestructura, extracción de áridos y otras actividades que puedan afectarla. Su fin es preservar masas que requieren especial protección por sus usos prioritarios, los hábitats dependientes o su vulnerabilidad. Puede limitar nuevas concesiones y autorizaciones de vertido y condicionar cinco grupos de actividades, de las minas al camping y zonas de baños. El planeamiento debe tener en cuenta esos condicionamientos.

Artículo 56. Recarga artificial en las masas de agua subterránea

La recarga artificial o almacenamiento temporal para aumentar la regulación o recuperar masas en riesgo puede hacerla de oficio la consejería y, con su autorización, la comunidad de usuarios de la masa o un usuario singular. La solicitud se acompaña de cinco documentos: informe hidrogeológico, justificación y destino, volumen y previsión de movimiento, acreditación de disponibilidad y calidad, y programa de recarga y extracción. El titular dispone solo de los volúmenes autorizados y puede pedir un perímetro de protección en la zona de recarga.

Artículo 57. Seguridad de presas y embalses

La Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de agua, es la Administración competente en seguridad de las presas, balsas y embalses situados en el dominio público hidráulico sobre el que ejerza competencias propias o delegadas, y de las balsas situadas fuera del dominio público hidráulico en Andalucía. Se aplica la normativa básica y la que se apruebe reglamentariamente. Por Orden de la persona titular de la consejería se crea un registro de seguridad de presas y embalses gestionado por la consejería.

Artículo 57 bis. Finalidad

La ley fija un marco de protección de la calidad del medio hídrico para: prevenir el deterioro y mejorar los ecosistemas acuáticos y los terrestres y humedales que dependen de ellos; lograr concentraciones cercanas a los niveles de fondo en sustancias naturales y próximas a cero en sintéticas; reducir progresivamente la contaminación de acuíferos y evitar más; cumplir los acuerdos internacionales sobre el medio marino; evitar acumulaciones peligrosas en el subsuelo; y alcanzar los objetivos medioambientales, en particular el buen estado de las aguas.

Artículo 57 ter. Programas de seguimiento del estado de las aguas

Los programas de seguimiento abarcan el estado ecológico y químico de las aguas continentales, de transición y costeras, para tener una visión general, coherente y completa de su estado. Periódicamente se elaboran informes sobre el estado de las aguas, para los que puede recabarse información de otros organismos. Pueden instalarse los dispositivos de vigilancia y control necesarios, que se consideran de interés público, y pueden imponerse las servidumbres que hagan falta.

Artículo 57 quater. Contaminación de origen difuso

Para prevenir y reducir la contaminación de origen difuso podrán establecerse programas de actuación para los contaminantes que se fijen reglamentariamente. En las zonas declaradas vulnerables según la normativa de nitratos de origen agrario, la Consejería competente en materia de agricultura establecerá en todo caso programas de actuación. Una vez aprobados y hechos públicos, los programas son de obligado cumplimiento.

Artículo 57 quinquies. Ámbito de aplicación

Las normas sobre vertidos se aplican a los que se realicen, directa o indirectamente, a las aguas continentales y litorales. Quedan fuera los vertidos desde buques y aeronaves a las aguas litorales, que se rigen por su legislación específica.

Artículo 57 sexies. Autorización de vertido

Se prohíben los vertidos sin autorización, directos o indirectos, al dominio público hidráulico o, desde tierra, al marítimo-terrestre. La autorización atiende a las mejores técnicas disponibles, normas de calidad y límites de emisión, y fija elementos de control, caudal y límites del efluente. Si hay riesgo para acuíferos, solo se autoriza si el estudio hidrogeológico demuestra su inocuidad. Los municipios aportan un plan de saneamiento y control. Plazo para resolver y notificar: seis meses desde la solicitud; sin resolución, silencio desestimatorio.

Artículo 57 septies. Limitaciones a las actuaciones industriales

El Consejo de Gobierno puede prohibir, en zonas concretas, las actividades y procesos industriales cuyos efluentes, aun después de tratados, puedan suponer un riesgo de contaminación grave para las aguas, tanto en su funcionamiento normal como en situaciones excepcionales previsibles.

Artículo 57 octies. Revisión de la autorización

El órgano que concede la autorización de vertido puede revisarla en tres casos: si sobrevienen circunstancias que habrían justificado denegarla u otorgarla en otros términos; si mejoran las características del vertido y lo pide el titular; y para adecuarla a las normas de calidad ambiental y objetivos de calidad vigentes en cada momento. Excepcionalmente, por sequía o situaciones hidrológicas extremas, la Consejería competente en materia de aguas puede modificar con carácter general las condiciones de vertido para garantizar los objetivos de calidad.

Artículo 57 nonies. Obligaciones de los titulares de las autorizaciones de vertido

Los titulares de autorizaciones de vertido deben: mantener equipos de vigilancia; evitar acumulaciones tóxicas en el subsuelo; hacer una declaración anual de vertido; ejecutar a su cargo los programas de seguimiento; prevenir los vertidos accidentales, corregir sus efectos y comunicarlos; constituir fianza, salvo excepciones; informar a la Consejería de sus condiciones de vertido; constituir junta de usuarios o comunidad de vertidos cuando se determine; separar aguas de proceso, sanitarias y pluviales salvo inviabilidad y exención; y cumplir las demás obligaciones reglamentarias.

Artículo 58. Normativa aplicable

La evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación se rigen por la legislación estatal básica. Las limitaciones de usos en zonas inundables son las del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento del dominio público hidráulico, la restante legislación básica estatal y el plan hidrológico y el de gestión del riesgo de inundación de cada Demarcación.

Artículo 59. Zonificación del riesgo de inundación

La Consejería competente en materia de Agua elabora los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación, a la escala más apropiada. Los de peligrosidad incluyen las zonas que podrían inundarse según los escenarios de probabilidad de la legislación básica estatal, coordinándose con las demás Administraciones; para cada escenario se indican los contenidos que esa legislación prevé. La Consejería delimita también las zonas de flujo preferente.

Artículo 60

Artículo 61. Integración en la planificación hidrológica

Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación del capítulo se elaboran en coherencia con la redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones, tanto intercomunitarias como intracomunitarias, y sus determinaciones básicas se incorporan a esos planes hidrológicos.

Artículo 62. Elaboración y aprobación de los Instrumentos de Prevención del Riesgo de Inundación

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones de competencia andaluza se elaboran y aprueban según la legislación básica estatal, pero el Consejo de Gobierno los aprueba con carácter previo. Se establecerán mecanismos de participación de las partes interesadas, en especial de los municipios afectados, coordinados con la participación en la planificación hidrológica. La evaluación preliminar del riesgo, los mapas de peligrosidad y de riesgo y los planes de gestión tienen la consideración de información ambiental.

Artículo 63. Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía

El Consejo de Gobierno aprueba los planes especiales de alerta y eventual sequía de las demarcaciones andaluzas, con fases, medidas y limitaciones de usos para reducir el consumo; aseguran el abastecimiento a la población y a servicios de interés general y modulan dotaciones para garantizar una superficie mínima de riego. Los municipios de más de diez mil habitantes, solos o agrupados, deben aprobar planes de emergencia ante sequía. La entrada y salida de fases se declara por Orden, previo informe de la Comisión para la Gestión de la Sequía, que habrá en cada distrito.

Artículo 63 bis. Gestión de los recursos hídricos en situación de sequía

En sequía, previo informe de la Comisión de Gestión de la Sequía, la Consejería puede requerir por anuncio en el BOJA a los titulares de instalaciones de aguas regeneradas, desaladas u otros recursos no convencionales que informen en quince días; no hacerlo es infracción leve, y grave si hay reincidencia. Puede ofertar esos recursos y asignar obligatoriamente, sin indemnización, aguas de masas en mal estado. El plazo de solicitudes es de al menos 15 días y la tramitación, urgente. Se otorga autorización temporal, que se extingue al acabar la excepcional sequía y no admite cesión.

Artículo 63 ter. Contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas en situación de sequía

En excepcional sequía, para celebrar el contrato de cesión del artículo 47, quien no tenga inscrito su aprovechamiento en el Registro de Aguas debe pedir antes su inscripción provisional. Debe acreditar el volumen realmente usado en los tres últimos años y su destino con certificado de la entidad suministradora y, si es regadío, las tierras regadas con certificado de la comunidad de regantes. La falsedad es infracción grave y lleva a denegar o cancelar la inscripción. Se inscribe con carácter provisional en la Sección A, sin permitir transferencias de titularidad.

Artículo 63 quater. Obras de interés de la Comunidad Autónoma en situación de excepcional sequía declarada

En situación de excepcional sequía declarada se consideran obras de interés de la Comunidad Autónoma, además de otras que se declaren con ese fin, todas las obras de mejora de la garantía del abastecimiento de siete grupos: conectividad de redes; calidad del recurso o del tratamiento; nuevo recurso o mejor disponibilidad, incluida la eliminación de nutrientes; eficiencia del regadío en sistemas compartidos con abastecimiento; reutilización estratégica; gestión de sedimentos en embalses; y aprovechamiento de volúmenes bajo las cotas de captación.

Artículo 64. Principios generales

Las Administraciones Públicas competentes aplicarán al régimen económico-financiero del agua los principios de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua). En particular, el principio de recuperación de costes de los servicios del agua, incluidos los costes ambientales y del recurso, conforme al artículo 111 bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y establecerán mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en esa recuperación.

Artículo 65. Conceptos y definiciones

Sin perjuicio de las definiciones propias del título VIII, los conceptos en materia de agua aplicables al régimen económico-financiero son los que establecen la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa básica y la normativa comunitaria aplicable a la materia.

Artículo 66. Normativa aplicable

Los cánones regulados en el título VIII de la Ley de Aguas de Andalucía se rigen por lo que dispone esta Ley, por la normativa autonómica que les sea de aplicación y por la legislación tributaria estatal.

Artículo 67. Reclamaciones contra los actos de aplicación de los cánones y sanciones derivadas de aquellos

Contra los actos de aplicación de los cánones y sus sanciones cabe reclamación económico-administrativa, que se presenta ante el órgano que dictó el acto y este remite al órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma. Antes puede interponerse recurso potestativo de reposición; si se hace, no cabe la reclamación hasta su resolución expresa o desestimación presunta. Contra actuaciones de particulares, la competencia la fija el lugar del hecho imponible. Los actos de entidades locales siguen su normativa específica.

Artículo 68. Lugar y forma de pago

La consejería competente en materia de hacienda aprueba los modelos de declaración y autoliquidación del canon de mejora de infraestructuras de interés autonómico y de los cánones y la tarifa del capítulo III, y fija lugar y forma de pago. Desarrolla los medios para la presentación electrónica y, por orden, establece cuándo es obligatoria la presentación y el pago electrónicos y puede fijar plazos de presentación distintos según la configuración de los cánones y la magnitud de la base imponible.

Artículo 69. Otras obligaciones

Mediante orden de la consejería competente en materia de agua podrá exigirse la instalación de instrumentos que permitan comprobar los elementos de los cánones regulados en el título VIII de la Ley de Aguas de Andalucía (régimen económico-financiero).

Artículo 70. Régimen sancionador

Las infracciones tributarias relativas a los cánones del agua se califican y sancionan según la Ley 58/2003, General Tributaria. Además, es infracción tributaria grave que la entidad suministradora no repercuta el canon de mejora en la factura o lo repercuta en documento separado de la factura o recibo que expida a sus abonados; se sanciona conforme a la normativa general tributaria.

Artículo 71. Compatibilidad con otras figuras tributarias

Los cánones del título VIII son compatibles con los tributos locales que financian los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano y con los cánones y tarifas del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los términos de esta Ley, sin que en ningún caso pueda haber doble imposición para los obligados tributarios.

Artículo 72. Ámbito de aplicación y modalidades

El canon de mejora es un tributo que se aplica en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se exacciona bajo dos modalidades distintas, cada una regulada en una sección del capítulo II del título VIII: la sección 2.ª y la sección 3.ª.

Artículo 73. Objeto y finalidad

El canon de mejora grava la utilización del agua de uso urbano para financiar las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza del ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de las entidades locales de Andalucía.

Artículo 74. Hecho imponible

El hecho imponible del canon de mejora es la disponibilidad y el uso urbano del agua potable de cualquier procedencia suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas. Las pérdidas de agua en las redes se asimilan a uso urbano en los términos de la ley. Si el sujeto pasivo tiene varios contratos de suministro, el hecho imponible se entiende realizado por cada contrato.

Artículo 75. Base imponible

La base imponible del canon de mejora es el volumen de agua consumido o estimado durante el período impositivo, en metros cúbicos. En las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, la base es la diferencia entre el volumen suministrado en alta a la entidad suministradora y el volumen facturado por ella, también en metros cúbicos.

Artículo 76. Estimación directa de la base imponible

Con carácter general, la base imponible del canon de mejora se determina en régimen de estimación directa, en función del volumen de agua facturado por la entidad suministradora. Para las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, se determina en función del volumen suministrado en alta y del volumen facturado.

Artículo 77. Estimación indirecta de la base imponible

En los supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley General Tributaria, la Administración determinará la base imponible del canon de mejora en régimen de estimación indirecta, pudiendo utilizar cualquiera de los medios que ese mismo artículo 53 contempla.

Artículo 78. Repercusión

En el uso urbano del agua suministrada por redes, la entidad suministradora debe repercutir íntegramente el canon sobre el contribuyente, que está obligado a soportarlo. La repercusión figurará de forma diferenciada en la factura o recibo, con al menos la base imponible, los tipos y el porcentaje aplicables y la cuota del canon. Está prohibido facturarlo o cobrarlo por separado.

Artículo 79. Naturaleza

Artículo 80. Afectación

Lo recaudado por el canon de mejora de esta modalidad queda afectado a financiar las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma. La recaudación del canon puede servir de garantía del pago de intereses y de la amortización de los créditos que financien esas infraestructuras.

Artículo 81

Artículo 82. Obligados tributarios

Son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria usuarias del agua de las redes de abastecimiento; en las pérdidas en red se consideran usuarias las entidades suministradoras y los titulares de otras redes. Las entidades suministradoras son sustitutos del contribuyente en el uso urbano. Se consideran entidades suministradoras las que gestionan el suministro a los usuarios finales, incluidas las comunidades de usuarios del artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 83. Reducciones en la base imponible

Artículo 84. Base liquidable

La base liquidable del canon de mejora de infraestructuras de interés de la Comunidad Autónoma es el resultado de aplicar a la base imponible la reducción prevista en el artículo anterior. Si no procede esa reducción, la base liquidable coincide con la base imponible.

Artículo 85. Cuota íntegra

Artículo 86. Cuota fija

La cuota fija del canon de mejora de infraestructuras de interés de la Comunidad Autónoma para usos domésticos es de 1,3 euros al mes por usuario. Si hay contadores o sistemas de aforo colectivos, se cuentan tantos usuarios como viviendas y locales haya.

Artículo 87. Cuota variable

La cuota variable aplica a la base liquidable, tras deducir 2 m³ por vivienda y mes exentos, una tarifa progresiva: doméstico 0,13 €/m³ hasta 10 m³, 0,26 hasta 18 y 0,78 por encima; no doméstico y pérdidas, 0,33. Con más de cuatro personas, cada tramo sube 3 m³ por persona adicional, a solicitud renovable cada dos años. En contadores colectivos se divide el consumo entre viviendas y locales, sin ese incremento. Las fugas fortuitas se gravan sobre el consumo estimado, como máximo dos periodos.

Artículo 88. Período impositivo y devengo

El periodo impositivo coincide con el de facturación de la entidad suministradora y el canon se devenga cuando es exigible la contraprestación, que es la fecha de emisión de la factura. Si un suministro no se factura en el semestre debido, se devenga el último día del semestre siguiente o en la fecha de la factura si es anterior. En consumos propios de la suministradora y suministros gratuitos, el periodo es el semestre natural; en las pérdidas en red, el año natural, con devengo el último día.

Artículo 89. Autoliquidación

Los sustitutos del contribuyente presentan una autoliquidación semestral en los primeros veinte días naturales de abril y octubre siguientes a cada semestre, e ingresan en ese plazo las cuotas facturadas, las no repercutidas y las de consumo propio, deduciendo en su caso las obras de depuración financiadas por entidades locales. Además presentan una declaración anual en los veinte primeros días de junio. En las pérdidas en red, los contribuyentes declaran e ingresan en los veinte primeros días de marzo.

Artículo 89 bis. Rectificación de las cuotas impositivas repercutidas

El sustituto del contribuyente debe rectificar las cuotas repercutidas mal determinadas en cuanto advierta la causa, si no han pasado cuatro años desde el devengo. Si la rectificación las aumenta sin requerimiento previo, presenta autoliquidación complementaria con intereses de demora y recargos, salvo error fundado de derecho o causas de modificación de la base, que permiten incluirla en la autoliquidación del periodo. Si las reduce, puede pedir la rectificación de la autoliquidación o regularizar en el plazo de un año, devolviendo el exceso al contribuyente.

Artículo 90. Obligaciones materiales y formales

Las entidades suministradoras deben presentar una declaración sobre el comienzo, la modificación y el cese de las actividades que determinan la sujeción al canon de mejora, en los términos que establezca una orden de la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 91. Establecimiento del canon

Las entidades locales con competencias en infraestructuras de agua potable, redes de abastecimiento y, en su caso, depuración pueden establecer y exigir con carácter temporal esta modalidad local del canon de mejora. Para ello, previa comunicación a la consejería competente en materia de hacienda, deben acordar su imposición y aprobar ordenanzas fiscales que fijen los elementos de las cuotas, su régimen de aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr su fin.

Artículo 92. Afectación

Los ingresos del canon de mejora de competencia local quedan afectados a financiar las infraestructuras hidráulicas de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso, depuración. Su recaudación puede garantizar el pago de intereses y la amortización de los créditos con que se financien esas infraestructuras.

Artículo 93. Obligados tributarios

En el canon de mejora local son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria usuarias de los servicios de agua potable y saneamiento. Si el servicio lo presta una entidad suministradora, esta es sujeto pasivo como sustituto del contribuyente. Son entidades suministradoras las que gestionan el suministro a los usuarios finales, incluidas las comunidades de usuarios del artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 94. Cuota íntegra

El canon de mejora local puede ser una cantidad fija por usuario, una variable progresiva por tramos según los metros cúbicos facturados en el período de liquidación, o la combinación de ambas. Su cuantía debe bastar para cubrir, durante su vigencia, las inversiones y en su caso sus costes financieros, y su importe total no puede superar el de las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento.

Artículo 95. Período impositivo y devengo

En el canon de mejora de competencia de las entidades locales, el período impositivo coincide con el período de facturación de la entidad suministradora, y el canon se devenga el último día de ese mismo período impositivo, no en otro momento.

Artículo 96. Aplicación del canon

Artículo 97. Naturaleza

El canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, establecidos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tienen la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según declara este artículo de la Ley de Aguas de Andalucía.

Artículo 98. Periodo impositivo, devengo y determinación de la cuantía

El canon de regulación y la tarifa de utilización se devengan el 31 de diciembre y el periodo impositivo es el año natural, salvo el año de otorgamiento, cese o modificación del título, en que se prorratean por días, excepto si se liquidan sobre el volumen realmente consumido. No incluyen gastos de administración y se aprueban antes del 1 de enero. El mínimo por liquidación es de 12 euros, salvo liquidación conjunta con el canon de servicios generales (20 euros). Sin cuantía aprobada, se prorroga la última.

Artículo 99. Ámbito de aplicación

Artículo 100. Creación, naturaleza y regulación

Se crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma el canon de servicios generales, que cubre los gastos de administración de la Administración Andaluza del Agua y saca ese concepto del canon de regulación y la tarifa. Grava las actividades y servicios de administración general que afecten a obras hidráulicas y a usos de aguas. Son contribuyentes los usuarios con título sobre las aguas o que las aprovechen. Están exentos los usos inferiores a siete mil metros cúbicos anuales. Se devenga el 31 de diciembre, con prorrateo en los casos previstos.

Artículo 101. Determinación de la cuantía

El canon de servicios generales se aprueba antes del 1 de enero de cada ejercicio, en función de los gastos de administración del organismo gestor, y se reparte entre los usuarios: exentos los aprovechamientos de hasta 7.000 m³ anuales; producción eléctrica según potencia instalada; resto según volumen concedido, autorizado o captado, con coeficiente reductor 1/100 en refrigeración y piscifactorías. El mínimo es de 20 euros. Si no se aprueba la cuantía, se prorroga la última y las diferencias se ajustan al año siguiente.

Artículo 102. Competencia para la aplicación

La aplicación del canon de regulación, la tarifa de utilización del agua y el canon de servicios generales corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, sin perjuicio de la delegación prevista en la disposición adicional quinta de la Ley 23/2007, conforme a esta Ley y, en lo no previsto, a la normativa estatal aplicable.

Artículo 103. Disposiciones generales

El título IX desarrolla y complementa el régimen sancionador del título VII del Texto Refundido de la Ley de Aguas. La disciplina en materia de aguas comprende la tipificación de infracciones y la vigilancia, inspección, control, medidas cautelares, coercitivas y sancionadoras de los órganos de la Junta o de los entes locales para proteger, conservar y restaurar la calidad del medio hídrico. Caben instrumentos de colaboración entre la consejería y los entes locales, con planes de inspección y control.

Artículo 104. Acceso a terrenos, instalaciones y obras hidráulicas y ejercicio de la función inspectora

La consejería competente en materia de aguas vigila, inspecciona y controla las actividades, instalaciones y vertidos que puedan afectar al dominio público hidráulico o al medio hídrico. Su personal inspector con relación estatutaria es agente de la autoridad, puede requerir información y debe recibir colaboración. Autoridades, agentes y guardería fluvial pueden acceder sin previo aviso, respetando la inviolabilidad del domicilio, practicar diligencias y tomar muestras. Cada visita exige acta, que goza de presunción de veracidad.

Artículo 105. Entidades colaboradoras

Son entidades colaboradoras en el control de la seguridad de presas y embalses las del artículo 365 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las condiciones y el procedimiento para obtener y renovar el título, sus actividades y las facultades de su personal, que siempre podrá acceder a las instalaciones, los fija por orden la persona titular de la consejería, que también crea por orden el registro de estas entidades. También son colaboradoras, en control del dominio público hidráulico y calidad de las aguas, las debidamente autorizadas.

Artículo 106. Infracciones sobre el dominio público hidráulico

Clasifica las infracciones sobre el dominio público hidráulico. Leves: entre otras, navegar donde está prohibido, cruzar cauces en lugar prohibido, no medir directamente los consumos o extraer agua sin concesión. Graves: abrir pozos sin título, no sellar pozos en desuso, no instalar contador homologado o manipularlo, y las leves con reincidencia o, en ciertas letras, con daño grave. Muy graves: esas letras con daño muy grave e incumplir la seguridad de presas con grave riesgo. Daños: muy graves si superan 150.000 euros; graves si superan 15.000.

Artículo 106 bis. Infracciones y régimen sancionador por incumplimiento del plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía de la demarcación hidrográfica correspondiente

El incumplimiento del plan especial de alerta y eventual sequía se sanciona según la legislación básica de aguas, salvo conductas propias: no comunicar lo requerido, no presentar el plan de emergencia o incumplir limitaciones de uso son leves (hasta 6.010,12 euros). Entregar volúmenes por encima del máximo es leve con daños hasta 3.000 euros, grave si superan 3.000 y llegan a 15.000, y muy grave por encima de 15.000. En las entregas excesivas responde el titular del servicio de abastecimiento. La reparación de daños se incrementa un 10, 50 o 100 %.

Artículo 107. Infracciones en materia de inspección e información

Son infracciones leves en materia de inspección e información negar el acceso a terrenos, instalaciones y obras hidráulicas al personal técnico de la consejería competente en materia de agua o sus entes instrumentales, a los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad y a la guardería fluvial en funciones inspectoras, y no suministrar la información obligatoria en materia de agua. Son graves si la conducta es reincidente y, en cualquier caso, si causa un daño al medio ambiente o al dominio público hidráulico.

Artículo 108. Sanciones e indemnizaciones

Multas por las infracciones de los artículos 106 y 107: leves hasta 6.010,12 euros; graves de 6.010,13 a 300.506,61; muy graves de 300.506,62 a 601.012,10. Lo ingresado se destina a mejorar el dominio público hidráulico y, en especial, a educación y divulgación ambiental. Accesorias de las muy graves: clausura temporal de hasta dos años, tres años sin ayudas y sin distintivo de calidad de cinco a diez. De las graves: clausura o suspensión de hasta un año, un año sin ayudas y sin distintivo de dos a cinco.

Artículo 108 bis. Infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Calidad del medio hídrico. Muy graves: vertidos sin autorización o superar los límites de emisión cuando haya daño o deterioro grave para el medio ambiente o peligro grave para las personas, e incumplir órdenes de suspensión o medidas del artículo 112 quinquies. Graves: esos vertidos o superaciones (de los límites de la normativa) sin daño grave, diluir vertidos sin autorización, ocultar o falsear datos, no comunicar emergencias, incumplir plazos de obras. Leves: incumplir límites de la autorización sin superar los de la normativa, el mantenimiento o cualquier otra condición.

Artículo 108 ter. Sanciones e indemnizaciones en materia de calidad del medio hídrico

Las infracciones del artículo 108 bis se multan así: leves hasta 6.010,12 euros; graves de 6.010,13 a 300.506,61; muy graves de 300.506,62 a 601.012,10. Accesorias de las muy graves: clausura definitiva o temporal (de dos a cinco años), inhabilitación (de uno a dos años), revocación o suspensión (de un año y un día a cinco), precintado, tres años sin ayudas, publicación y prohibición de actividades. De las graves: clausura hasta dos años, inhabilitación o revocación o suspensión hasta un año, un año sin ayudas y sin distintivo de dos a cinco años.

Artículo 109. Competencia sancionadora

La potestad sancionadora en materia de agua corresponde a la consejería competente, salvo la que por la cuantía corresponde al Consejo de Gobierno. Imponen las sanciones: las personas titulares de las delegaciones provinciales, hasta 60.000 euros; la secretaría general o dirección general competente, de 60.001 a 150.250; la persona titular de la consejería, de 150.251 a 300.500; y el Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500. La iniciación corresponde a las personas titulares de las delegaciones provinciales.

Artículo 110. Caducidad

El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores en materia de aguas y notificar la resolución es de un año, contado a partir de la iniciación del expediente. Dentro de ese año deben producirse tanto la resolución como su notificación.

Artículo 111. Denuncias

Cualquier persona o entidad puede denunciar voluntariamente. Denuncian obligatoriamente: la guardería fluvial de la consejería competente en materia de agua o de sus entidades instrumentales; los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad; el personal funcionario encargado de la inspección y vigilancia de las aguas u obras públicas; y las comunidades de usuarios u órganos similares respecto de las aguas que administran, así como el personal de guardería, inspección o análogos en canales, embalses o acequias de aguas públicas.

Artículo 112. Potestad sancionadora de los Entes Locales en materia de aguas

Las ordenanzas municipales sobre servicios del agua pueden tipificar infracciones por riesgos para la salud, daños o manipulación de infraestructuras y bienes municipales, usos no autorizados, uso incorrecto o negligente del agua, incumplir medidas provisionales, falta de medidores o datos falsos, negar el acceso a inspectores, incumplir estándares de calidad del suministro y, en general, las obligaciones de los usos urbanos. Se aplica el régimen sancionador de esta ley, salvo los artículos 108 ter.2, 108 ter.3 y 111; las multas no exceden del artículo 108 ter.1 y rige la proporcionalidad.

Artículo 112 bis. Graduación de las sanciones en materia de calidad del medio hídrico

Al sancionar en calidad del medio hídrico debe haber adecuación entre gravedad y sanción, con criterios atenuantes o agravantes como el daño, el ánimo de lucro, la intencionalidad, la afección a espacios naturales protegidos, la capacidad económica o la reparación espontánea. Si la multa es inferior al beneficio obtenido, sube hasta ese importe. La reincidencia en dos años lleva a la cuantía máxima. Si un hecho encaja en varias infracciones, se impone la más grave en su mitad superior. Por escasa trascendencia o desproporción, cabe la sanción de la infracción inmediatamente inferior.

Artículo 112 ter. Sujetos responsables de las infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Responden de las infracciones de calidad del medio hídrico quienes realizan directamente la acción, salvo que estén unidos al propietario o titular de la actividad por relación laboral, de servicio u otra de hecho o de derecho, en cuyo caso responde este, salvo que acredite la diligencia debida; y los propietarios, titulares de terrenos o titulares o promotores de la actividad o proyecto. Si la obligación corresponde a varios conjuntamente o no puede determinarse el grado de participación, responden solidariamente de las infracciones y sanciones.

Artículo 112 quater. Prescripción de infracciones y sanciones en materia de calidad del medio hídrico

Las infracciones de calidad del medio hídrico prescriben a los cinco años (muy graves), tres (graves) y uno (leves); las sanciones, a los tres, dos y un año. El plazo de las infracciones corre desde su comisión, o desde que pudo detectarse el daño si no era manifiestamente perceptible; desde la última infracción si es continuada y desde que se eliminó la situación ilícita si es permanente. El de las sanciones, desde el día siguiente a la firmeza de la resolución que las impone.

Artículo 112 quinquies. Medidas de carácter provisional por infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede acordar medidas provisionales: clausura temporal, suspensión de autorizaciones, parada de instalaciones, precintado, retirada o decomiso, medidas de corrección, seguridad o control y fianza. Caben antes de iniciarlo por urgencia, riesgo grave e inminente o protección de los intereses. Con urgencia inaplazable (posibles daños irreparables al medio hídrico) pueden acordarlas el órgano competente para iniciar o el instructor. La resolución puede incluirlas o confirmarlas, motivadamente, como obligaciones no pecuniarias.

Artículo 112 sexies. Remisión a la jurisdicción penal

Si una infracción de calidad del medio hídrico pudiera ser delito o falta, la Administración da cuenta al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya resolución judicial firme, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si no se aprecia delito o falta, el órgano administrativo continúa el expediente. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vinculan al órgano administrativo.

Artículo 112 septies. Ejecución subsidiaria por infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Si el infractor, requerido por el órgano sancionador, no cumple sus obligaciones de restauración del daño ambiental conforme a los artículos 112 decies y 112 undecies, este ordena la ejecución subsidiaria. No hace falta requerimiento previo si la persistencia de la situación pudiera causar un peligro inminente para la salud humana o el medio hídrico. Los fondos se exigen de forma cautelar antes de la ejecución, que se hace por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones e indemnizaciones.

Artículo 112 octies. Multas coercitivas por infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Si el infractor no cumple la sanción una vez finalizado el procedimiento, o no repara o restituye conforme a los artículos 112 decies y 112 undecies, el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas, previo requerimiento. Cada multa no superará un tercio de la multa fijada para la infracción. El requerimiento fija un plazo para la ejecución voluntaria, que decide el órgano sancionador según las circunstancias y que en todo caso será suficiente.

Artículo 112 nonies. Vía de apremio por infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Por la vía de apremio pueden exigirse tres conceptos: los importes de las sanciones pecuniarias, los gastos de la ejecución subsidiaria y la indemnización por daños y perjuicios. El artículo se aplica a las infracciones en materia de calidad del medio hídrico.

Artículo 112 decies. Reparación e indemnizaciones por infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Además de la sanción, los responsables de infracciones de calidad del medio hídrico deben reparar el daño e indemnizar los daños y perjuicios. Exige la reparación el órgano competente para sancionar, que fija en la resolución el plazo y, en su caso, la forma. Restituir obliga a demoler instalaciones u obras ilegales y hacer los trabajos precisos. Si la reparación recae en inmuebles, cabe nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador, con certificación de la resolución firme y de las audiencias; cumplida, puede pedirse certificación para cancelarla.

Artículo 112 undecies. Daños irreparables por infracciones en materia de calidad del medio hídrico

Si el daño no puede repararse sobre el mismo elemento o en el mismo punto geográfico, el órgano competente puede ordenar una reparación equivalente. Si es imposible repararlo, el responsable lo compensa abonando indemnizaciones, que se destinan a medidas que permitan mejorar y compensar el bien dañado.

Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias del Estado sobre ese dominio en el marco del artículo 149 de la Constitución, y fija las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición. Las aguas continentales superficiales y las subterráneas renovables son un recurso unitario, subordinado al interés general, del dominio público estatal. La planificación hidrológica corresponde al Estado en todo caso. Las aguas minerales y termales se rigen por su legislación específica, sin perjuicio del apartado 2.

Artículo 2. Definición de dominio público hidráulico

Integran el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades de la Ley: a) las aguas continentales, superficiales y subterráneas renovables, sea cual sea su tiempo de renovación; b) los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas; c) los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos; d) los acuíferos, a efectos de los actos de disposición o afección de recursos hidráulicos; e) las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Artículo 3. Modificación de la fase atmosférica

La fase atmosférica del ciclo hidrológico solo puede modificarse artificialmente por la Administración del Estado o por quienes esta autorice. Nadie más puede alterar artificialmente esa fase del ciclo del agua sin la autorización estatal.

Artículo 4. Definición de cauce

Artículo 5. Cauces de dominio privado

Son de dominio privado los cauces por los que discurran ocasionalmente aguas pluviales mientras atraviesen, desde su origen, solo fincas de dominio particular. Ese dominio privado no autoriza labores ni obras que varíen el curso natural de las aguas o alteren su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, ni obras cuya destrucción por las avenidas pueda causar daños a personas o cosas.

Artículo 6. Definición de riberas

Riberas son las fajas laterales de los cauces públicos por encima del nivel de aguas bajas; márgenes, los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una zona de servidumbre de cinco metros para uso público y a una zona de policía de 100 metros en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades. Junto a la desembocadura, en el entorno de los embalses o por razones topográficas o hidrográficas de seguridad, puede modificarse la anchura de ambas zonas en la forma reglamentaria.

Artículo 7. Trabajos de protección en las márgenes

En caso de urgente necesidad pueden realizarse trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces. De los eventuales daños que deriven de esas obras responden los propietarios que las hayan construido.

Artículo 8. Modificaciones de los cauces

Las situaciones jurídicas que nacen de las modificaciones naturales de los cauces se rigen por la legislación civil. Si las modificaciones se originan por obras legalmente autorizadas, se aplica lo que establezca la concesión o autorización correspondiente.

Artículo 9. Lecho o fondo de los lagos, lagunas y embalses superficiales

El lecho o fondo de lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. El lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.

Artículo 10. Las charcas situadas en predios de propiedad privada

Las charcas situadas en predios de propiedad privada se consideran parte integrante de esos predios siempre que se destinen al servicio exclusivo de ellos. Ello se entiende sin perjuicio de aplicar la legislación ambiental correspondiente.

Artículo 11. Las zonas inundables

Los terrenos que puedan inundarse en crecidas no ordinarias conservan su calificación jurídica y titularidad. Los organismos de cuenca trasladan a las Administraciones de ordenación del territorio y urbanismo los datos y estudios sobre avenidas, para que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y en las autorizaciones de usos en zonas inundables. El Gobierno, por Real Decreto, puede limitar el uso de esas zonas por seguridad, y los Consejos de Gobierno autonómicos pueden dictar normas complementarias.

Artículo 12. El dominio público de los acuíferos

El dominio público de los acuíferos no impide que el propietario del fundo realice cualquier obra, siempre que no tenga por finalidad extraer o aprovechar el agua, no perturbe su régimen y no deteriore su calidad, con la salvedad del apartado 2 del artículo 54.

Artículo 13. De la desalación, concepto y requisitos

La desalación de agua marina o salobre se somete al régimen general del uso privativo del dominio público hidráulico, sin perjuicio de los títulos exigidos por la Ley de Costas. Las desaladoras de interés general del Estado pueden explotarlas el Ministerio, las Confederaciones o sociedades estatales, y los usuarios pueden ser beneficiarios por convenio. Las concesiones de aguas desaladas para demarcaciones intercomunitarias las otorga la Administración General del Estado. Si el uso no es directo y exclusivo del concesionario, se aprueban tarifas máximas y mínimas con cuotas de amortización.

Artículo 14. Principios rectores de la gestión en materia de aguas

Las funciones del Estado en materia de aguas se someten a tres grupos de principios: 1.º unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios; 2.º respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico; 3.º compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

Artículo 15. Derecho a la información

Toda persona física o jurídica puede acceder a la información en materia de aguas en los términos de la Ley 38/1995, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente, y en particular a la información sobre vertidos y calidad de las aguas. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca pueden obtener toda la información disponible en su organismo sobre las materias de competencia de los órganos de que formen parte.

Artículo 16. Definición de cuenca hidrográfica

A efectos de la Ley, cuenca hidrográfica es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad, a través de corrientes, ríos y eventualmente lagos, hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. Como unidad de gestión del recurso, la cuenca se considera indivisible.

Artículo 16 bis. Demarcación hidrográfica

Demarcación hidrográfica es la zona terrestre y marina con una o varias cuencas vecinas y sus aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas. Aguas de transición: superficiales junto a desembocaduras, parcialmente salinas pero con notable influencia de agua dulce. Aguas costeras: las superficiales hacia tierra desde una línea a una milla náutica de la línea de base. Los acuíferos sin demarcación propia van a la más próxima o apropiada. El Gobierno fija el ámbito por real decreto, oídas las comunidades autónomas.

Artículo 17. Funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulico

En el marco de sus competencias constitucionales, el Estado ejerce especialmente estas funciones sobre el dominio público hidráulico: a) la planificación hidrológica y los planes estatales de infraestructuras hidráulicas; b) las medidas para cumplir los acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas; c) el otorgamiento de concesiones y d) el de autorizaciones, con la tutela del dominio, en las cuencas que excedan de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de esas autorizaciones puede encomendarse a las Comunidades Autónomas.

Artículo 18. Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades Autónomas

La Comunidad Autónoma que, por su Estatuto, sea competente sobre el dominio público hidráulico en cuencas íntegramente dentro de su territorio ajusta su administración hidráulica a dos bases: aplicar los principios del artículo 14 y dar a los usuarios en los órganos colegiados una representación no inferior al tercio de sus miembros. Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica estatal o no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 19. El Consejo Nacional del Agua

El Consejo Nacional del Agua es el órgano superior de consulta y de participación en la materia. Lo forman la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales a través de la asociación estatal de mayor implantación, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales, económicas, sindicales y empresariales más representativas de ámbito estatal y las entidades ambientales sin fines lucrativos de ámbito estatal. Lo preside el titular del Ministerio de Medio Ambiente; su composición y estructura se fijan por Real Decreto.

Artículo 20. Materias sometidas a informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua

El Consejo Nacional del Agua informa preceptivamente el proyecto de Plan Hidrológico Nacional y los planes de cuenca antes de su aprobación por el Gobierno; los proyectos de disposiciones generales de ámbito nacional sobre protección de las aguas y dominio público hidráulico; los planes y proyectos de interés general que afecten sustancialmente a la planificación o a los usos del agua, y las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca. También informa lo que le consulten el Gobierno o los órganos ejecutivos superiores autonómicos, y puede proponer líneas de estudio e investigación.

Artículo 21. Los organismos de cuenca

En las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen organismos de cuenca, con las funciones y cometidos que regula la Ley. Su existencia depende, por tanto, de que la cuenca supere el territorio de una sola Comunidad Autónoma.

Artículo 22. Naturaleza y régimen jurídico de los organismos de cuenca

Los organismos de cuenca se denominan Confederaciones Hidrográficas y son organismos autónomos del artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, adscritos a efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente. Tienen autonomía para administrar sus intereses, adquirir y enajenar bienes, contratar y ejercer acciones judiciales, sin más límites que los legales, y sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Su ámbito, fijado reglamentariamente, abarca una o varias cuencas indivisas, con la sola limitación de las fronteras internacionales.

Artículo 23. Funciones

Son funciones de los organismos de cuenca: elaborar, seguir y revisar el plan hidrológico de cuenca; administrar y controlar el dominio público hidráulico y los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma; proyectar, construir y explotar obras con fondos propios o encomendadas por el Estado, y las funciones derivadas de convenios. Para obras y convenios pueden operar con títulos de sociedades (previa autorización del Ministerio de Hacienda), suscribir convenios o agrupaciones de empresas y conceder préstamos.

Artículo 24. Otras atribuciones

Además de las previstas en otros artículos, los organismos de cuenca tienen estas atribuciones: otorgar autorizaciones y concesiones sobre el dominio público hidráulico (salvo las de obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente); inspeccionar y vigilar sus condiciones; aforos, estudios, información de crecidas y control de calidad; obras de sus planes; objetivos de calidad; gestión de las demandas; y servicios técnicos y asesoramiento. Su estructura separa la administración del dominio público hidráulico de las demás funciones.

Artículo 25. Colaboración con las Comunidades Autónomas

Organismos de cuenca y Comunidades Autónomas pueden colaborar, sobre todo incorporándose estas a la Junta de Gobierno, y aquellos pueden celebrar convenios con comunidades autónomas, entidades locales y comunidades de usuarios. Los expedientes sobre uso del dominio público hidráulico requieren informe previo autonómico. Las Confederaciones informan antes los actos y planes autonómicos que afecten al régimen de las aguas o a sus zonas de servidumbre y policía, y si hay nuevas demandas se pronuncian sobre la suficiencia de recursos; si no informan en plazo, el informe se entiende desfavorable.

Artículo 26. Órganos de Gobierno, Administración y Cooperación

Son órganos de gobierno de los organismos de cuenca la Junta de Gobierno y el Presidente. Son órganos de gestión, en régimen de participación, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de Obras. El órgano de participación y planificación es el Consejo del Agua de la demarcación, y el de cooperación para la protección de las aguas, el Comité de Autoridades Competentes.

Artículo 27. Composición de la Junta de Gobierno

La composición de la Junta de Gobierno se fija reglamentariamente con estas reglas: la preside el Presidente del organismo de cuenca; la Administración General del Estado tiene al menos cinco vocales, uno por cada Ministerio citado, y uno de la Administración Tributaria si se le encomienda por convenio la recaudación; los usuarios, al menos un tercio del total de vocales y como mínimo tres; cada comunidad autónoma incorporada, al menos un vocal; y las provincias, según el porcentaje de su territorio afectado por la cuenca.

Artículo 28. Atribuciones de la Junta de Gobierno

Corresponde a la Junta de Gobierno: aprobar planes de actuación y propuesta de presupuesto; acordar operaciones de crédito; actos de disposición del patrimonio; preparar asuntos para el Consejo del Agua; aprobar, previo informe de este, las modificaciones de anchura de las zonas de servidumbre y policía; declarar masas subterráneas en riesgo; decisiones sobre comunidades de usuarios; iniciativas sobre zonas húmedas; informar ciertas propuestas de sanción; criterios de indemnización; proponer la revisión del plan hidrológico; y deliberar lo que se le someta.

Artículo 29. Nombramiento de los Presidentes de organismos de cuenca

Los Presidentes de los organismos de cuenca los nombra y cesa el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. Los nombramientos se ajustan a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Artículo 30. Funciones del Presidente del Organismo

El Presidente representa al organismo de cuenca; preside la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, el Consejo del Agua y el Comité de Autoridades Competentes; vela por la legalidad de los acuerdos, dirige el organismo y ejerce toda función no atribuida a otro órgano: contratación, gastos y pagos, personal, concesiones y autorizaciones, policía de aguas y sanciones, recursos, entre otras. Puede impugnar ante lo contencioso los acuerdos colegiados ilegales; ello suspende el acto y el Tribunal ratifica o levanta la suspensión en no más de treinta días.

Artículo 31. La Asamblea de Usuarios

La Asamblea de Usuarios la integran todos los usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca, sin menoscabo del régimen concesional ni de los derechos de los usuarios.

Artículo 32. Las Juntas de Explotación

Las Juntas de Explotación coordinan, respetando concesiones y autorizaciones, la explotación de obras y recursos de un conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Sus propuestas se trasladan al Presidente del organismo de cuenca. Su constitución se regula reglamentariamente, con participación mayoritaria de los usuarios. Se promueven Juntas de Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas cuando estén claramente interrelacionadas.

Artículo 33. La Comisión de Desembalse

La Comisión de Desembalse delibera y formula propuestas al Presidente del organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendiendo a los derechos concesionales de los usuarios. Su composición y funcionamiento se regulan reglamentariamente con el criterio de representación adecuada de los intereses afectados.

Artículo 34. Las Juntas de Obras

La Junta de Gobierno, a petición de los futuros usuarios de una obra ya aprobada, puede constituir la correspondiente Junta de Obras, en la que participan esos usuarios en la forma que se determine reglamentariamente, para que estén directamente informados del desarrollo e incidencias de la obra.

Artículo 35. Consejo del Agua de la cuenca

En las demarcaciones con cuencas intercomunitarias se crea el Consejo del Agua de la demarcación para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación hidrológica. Promueve esa participación y eleva al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan hidrológico de cuenca y sus revisiones; puede informar cuestiones de interés general para la demarcación. Las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte, total o parcialmente, de la demarcación se incorporan a él.

Artículo 36. Composición

La composición del Consejo del Agua se fija por real decreto: cada ministerio relacionado, no más de tres vocales; servicios técnicos del organismo de cuenca, máximo tres; un vocal por servicio periférico de costas, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima; comunidades autónomas, al menos un vocal cada una y no menos que los ministerios; entidades locales, máximo tres; usuarios, no menos del tercio del total; asociaciones ambientales, económicas y sociales, máximo seis. En cuencas intracomunitarias, la comunidad autónoma garantiza la participación social.

Artículo 36 bis. Comité de Autoridades Competentes

En las demarcaciones con cuencas intercomunitarias se crea el Comité de Autoridades Competentes para la cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas, sin alterar la titularidad de las competencias. Favorece la cooperación, impulsa medidas de protección e informa a la Unión Europea a través del Ministerio. Lo integran órganos de la Administración General del Estado (sin superar el número de comunidades autónomas), un representante por comunidad autónoma y los entes locales según su población, a través de federaciones territoriales de municipios.

Artículo 36 ter. Notificación de autoridades competentes

El Ministerio de Medio Ambiente facilita a la Comisión Europea una lista de las autoridades competentes españolas y debe notificarle también cualquier cambio que se produzca en esas designaciones.

Artículo 37. Adscripción de bienes a los organismos de cuenca

Los bienes del Estado y de las Comunidades Autónomas adscritos, o que puedan adscribirse, a los organismos de cuenca para cumplir sus fines conservan su calificación jurídica originaria. Al organismo solo le corresponde su utilización, administración y explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 38. Patrimonio propio

Además de los bienes adscritos, los organismos de cuenca pueden tener un patrimonio propio formado por: a) los bienes y derechos del patrimonio de las actuales Confederaciones Hidrográficas; b) los que adquieran en el futuro con fondos de su presupuesto; c) los que reciban por cualquier título del Estado, de las Comunidades Autónomas, de entidades públicas o privadas o de particulares.

Artículo 39. Ingresos del organismo

Son ingresos del organismo de cuenca: a) productos y rentas de su patrimonio y de la explotación de obras encomendadas; b) remuneraciones por proyectos, dirección y ejecución de obras encomendadas y por servicios facultativos y técnicos; c) asignaciones presupuestarias del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; d) tasas, exacciones y precios autorizados; e) reintegros de anticipos del Estado para obras hidráulicas del propio organismo; f) aportaciones acordadas por los usuarios y cualquier otra percepción legalmente autorizada.

Artículo 40. Objetivos y criterios de la planificación hidrológica:

La planificación hidrológica busca el buen estado y la protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas y el equilibrio del desarrollo regional y sectorial. Se realiza mediante los planes de cuenca, de ámbito coincidente con la demarcación, y el Plan Hidrológico Nacional. Los planes son públicos y vinculantes, no crean por sí solos derechos y su modificación no da lugar a indemnización, salvo el artículo 65. El Gobierno aprueba por real decreto los planes de cuenca.

Artículo 40 bis. Definiciones

Define a efectos de planificación: aguas continentales; aguas superficiales (continentales salvo subterráneas, de transición, costeras y, en estado químico, territoriales); subterráneas (bajo el suelo en la zona de saturación); acuífero; masa de agua superficial y subterránea; masa artificial (creada por la actividad humana) y muy modificada (cambio sustancial por alteraciones físicas humanas); servicios relacionados con el agua, incluida la protección frente a inundaciones; y usos del agua, que para recuperar costes incluyen al menos abastecimiento, usos industriales y agrarios.

Artículo 41. Elaboración de los planes hidrológicos de cuenca

Elaboran y proponen la revisión de los planes de cuenca el organismo de cuenca o, en cuencas íntegramente autonómicas, la Administración hidráulica competente. El procedimiento es reglamentario, con calendarios, programas y borradores para la consulta pública, programas de medidas previos y coordinación de los de aguas costeras y de transición. Se garantiza la participación pública y el Gobierno actúa subsidiariamente si falta propuesta. Antes se prepara un programa de trabajo con calendario y estudio general de la demarcación. El Ministerio remite los planes a la Comisión Europea.

Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca

Los planes de cuenca comprenden obligatoriamente: descripción de la demarcación; usos, presiones e incidencias antrópicas, con prioridades, asignación y reservas, caudales ecológicos y reservas naturales fluviales (solo sobre bienes de dominio público hidráulico); zonas protegidas; redes de control; objetivos medioambientales; análisis económico; resumen de programas de medidas; registro de programas detallados; información pública; autoridades competentes; y puntos de contacto. Las actualizaciones añaden cambios, progresos, medidas no aplicadas y medidas transitorias.

Artículo 43. Previsiones de los planes hidrológicos de cuenca

Los planes hidrológicos de cuenca pueden establecer reservas de agua y de terrenos necesarias para las actuaciones y obras previstas. Pueden declararse de protección especial zonas, cuencas o tramos, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, y los planes recogen su clasificación y condiciones de protección. Los instrumentos de ordenación urbanística deben respetar estas previsiones.

Artículo 44. Declaración de utilidad pública

El Gobierno puede declarar de utilidad pública los trabajos, estudios e investigaciones para elaborar y revisar los planes hidrológicos que realicen el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Geológico y Minero de España u otro organismo público. La aprobación de los planes de cuenca implica la declaración de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en ellos.

Artículo 45. Contenido del Plan Hidrológico Nacional

El Plan Hidrológico Nacional se aprueba por Ley y contiene: medidas de coordinación de los planes de cuenca; la solución a sus posibles alternativas; la previsión y condiciones de las transferencias de recursos entre ámbitos de distintos planes de cuenca; y las modificaciones que afecten a aprovechamientos para abastecimiento o regadíos. Lo elabora el Ministerio de Medio Ambiente con los Departamentos relacionados. Su aprobación obliga a adaptar los planes de cuenca.

Artículo 46. Obras hidráulicas de interés general

Son obras hidráulicas de interés general, competencia de la Administración General del Estado en las cuencas del artículo 21: las de regulación y conducción del recurso para toda la cuenca; las de control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sobre todo frente a inundaciones, sequías y avenidas; y las de corrección hidrológico-forestal y de abastecimiento, potabilización y desalación que afecten a más de una Comunidad Autónoma. Las demás se declaran por Ley o, en ciertos casos, por Real Decreto. Antes se exige un informe de viabilidad.

Artículo 47. Obligaciones de los predios inferiores

Los predios inferiores deben recibir las aguas que desciendan natural y espontáneamente de los superiores, con la tierra o piedra que arrastren; ni el dueño del inferior puede impedirlo con obras ni el del superior agravarlo. Si las aguas proceden de alumbramiento, son sobrantes de otros aprovechamientos o se ha alterado artificialmente su calidad, el dueño del predio inferior puede oponerse a recibirlas y exigir daños y perjuicios, de no existir la servidumbre correspondiente.

Artículo 48. Régimen jurídico de la servidumbre de acueducto

Los organismos de cuenca pueden imponer, conforme al Código Civil y al Reglamento, la servidumbre forzosa de acueducto si el aprovechamiento o la evacuación lo exigen, y las de saca de agua y abrevadero, estribo de presa, parada o partidor, paso para acceder a la zona de dominio público de los cauces, incluso para usos deportivos y recreativos, y las demás del Código Civil. El expediente debe reducir el gravamen; si cambian las circunstancias cabe revisión a instancia de parte; el beneficiario indemniza al predio sirviente.

Artículo 49. Titularidad de los elementos de la servidumbre

En toda acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y las márgenes se consideran parte integrante de la heredad o edificio al que vayan destinadas las aguas o, si se trata de evacuación, de aquellos de los que procedan.

Artículo 50. Usos comunes

Todos pueden, sin autorización administrativa y conforme a leyes y reglamentos, usar las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces naturales para beber, bañarse y otros usos domésticos y para abrevar el ganado. Estos usos no pueden alterar la calidad ni el caudal; en cauces artificiales se suman las limitaciones de protección del acueducto, y nunca pueden desviarse las aguas de sus cauces o lechos. La pesca y la repoblación se rigen por la legislación ambiental. La Ley no ampara el abuso del derecho ni el desperdicio o mal uso del agua.

Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a declaración responsable

Requieren declaración responsable previa estos usos comunes especiales: la navegación y flotación; el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos; y cualquier otro uso no incluido en el artículo anterior que no excluya la utilización del recurso por terceros. La declaración responsable debe presentarse con una antelación mínima de quince días, para comprobar la compatibilidad del uso con los fines del dominio público hidráulico.

Artículo 52. Formas de adquirir el derecho al uso privativo

El derecho al uso privativo del dominio público hidráulico, sea o no consuntivo, se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. En cambio, ese derecho al uso privativo no puede adquirirse por prescripción.

Artículo 53. Extinción del derecho al uso privativo

El derecho al uso privativo de las aguas se extingue por término del plazo, caducidad, expropiación forzosa o renuncia expresa, previa audiencia de los titulares. Si el destino era riego o abastecimiento, el titular puede obtener nueva concesión pidiéndola en la audiencia o en los últimos cinco años de vigencia; cabe novación para centrales nucleares. Al extinguirse, las obras en dominio público revierten gratis y libres de cargas. La extinción del derecho del cedente resuelve automáticamente el contrato de cesión.

Artículo 54. Usos privativos por disposición legal

El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, con los límites de la Ley, los derechos de tercero y la prohibición del abuso del derecho. Puede usar en el predio aguas de manantiales situados en su interior y aguas subterráneas si el volumen total anual no supera los 7.000 metros cúbicos. En acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, no caben nuevas obras de este tipo sin autorización.

Artículo 55. Facultades del organismo de cuenca en relación con el aprovechamiento y control de los caudales concedidos

El organismo de cuenca puede fijar el régimen de explotación de embalses y acuíferos y su explotación conjunta, y limitar temporalmente el uso del dominio público hidráulico; si ello perjudica a unos aprovechamientos en favor de otros, indemnizan los beneficiados y, sin acuerdo, el organismo fija la cuantía. En embalses de más de 50 hm3 sin uso principal de abastecimiento o regadío fija cada año caudales y reservas. Caben concesiones a precario sobre caudales reservados. Usuarios y quienes viertan deben instalar sistemas de medición.

Artículo 56. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico

La Junta de Gobierno, sin consultar al Consejo del Agua, puede declarar una masa de agua subterránea en riesgo. Entonces, en seis meses el organismo de cuenca constituye una comunidad de usuarios (o encomienda temporalmente sus funciones) y, en un año como máximo desde la declaración y previa consulta a esa comunidad, la Junta aprueba un programa de actuación; entretanto caben medidas cautelares. El programa ordena las extracciones y puede sustituir captaciones, prever recursos externos y fijar perímetros. Si la masa mejora, pueden reducirse las limitaciones.

Artículo 57. Aprovechamientos mineros

Los titulares de aprovechamientos mineros pueden usar las aguas que capten con motivo de las explotaciones solo para fines exclusivamente mineros, solicitando la concesión conforme a esta Ley. Las aguas sobrantes se ponen a disposición del organismo de cuenca, que decide su destino o las condiciones del desagüe, atendiendo especialmente a su calidad. Si las aguas captadas afectan a otras concesiones, se aplica lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 58. Situaciones excepcionales

En sequías extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o situaciones similares de necesidad, urgencia o anomalía, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros y oído el organismo de cuenca, puede adoptar las medidas precisas sobre el uso del dominio público hidráulico, aunque esté concedido. Su aprobación implica la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios a efectos de ocupación temporal y expropiación forzosa, y la de urgente necesidad de la ocupación.

Artículo 59. Concesión administrativa

Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión, que no garantiza la disponibilidad de los caudales. Se otorga según los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años; es discrecional, pero motivada y en función del interés público, y revisable (artículo 65). Puede prorrogarse una sola vez, hasta diez años, para amortizar obras necesarias. Los caudales ecológicos no son uso, sino restricción general. La concesión no exime de otras autorizaciones o licencias.

Artículo 60. Orden de preferencia de usos

Rige el orden de preferencia del Plan Hidrológico de la demarcación; a falta de él: 1.º abastecimiento de población, 2.º regadíos y usos agrarios, 3.º almacenamiento hidráulico de energía, 4.º usos industriales para energía eléctrica, 5.º otros usos industriales, 6.º acuicultura, 7.º usos recreativos, 8.º navegación y transporte acuático, 9.º otros aprovechamientos. Los Planes deben respetar la supremacía del abastecimiento y la prioridad del almacenamiento frente al resto de usos industriales. Toda concesión puede expropiarse a favor de un uso que le preceda.

Artículo 61. Condiciones generales de las concesiones

Toda concesión se entiende hecha sin perjuicio de tercero. El agua queda adscrita a los usos del título, sin aplicarse a otros ni, en riegos, a terrenos distintos, salvo lo previsto en el artículo 67. La Administración concedente puede imponer la sustitución de caudales por otros de distinto origen y solo responde de los gastos de la obra, repercutibles a los beneficiarios. En riego, el concesionario debe ser titular de las tierras. El organismo de cuenca puede otorgar concesiones colectivas a agrupaciones de regantes.

Artículo 62. Concesiones para riego en régimen de servicio público

Pueden otorgarse concesiones de agua para riego en régimen de servicio público a empresas o particulares aunque no sean titulares de las tierras, si acreditan antes la conformidad de los titulares que reúnan la mitad de su superficie. La Administración concedente aprueba las tarifas máximas y mínimas, que incluyen la amortización de las obras. Su titular no puede beneficiarse del artículo 55.3: instar una nueva concesión corresponde a los titulares de la superficie regada. Las obras no revertidas pasan al nuevo concesionario.

Artículo 63. Transmisión de aprovechamientos

La transmisión total o parcial de aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público, o la constitución de gravámenes sobre ellos, requiere autorización administrativa previa. En los demás casos basta con acreditar de modo fehaciente la transferencia o el gravamen, en el plazo y la forma que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 64. Modificación de las características de la concesión

Artículo 65. Revisión de las concesiones

Las concesiones pueden revisarse si se modifican de forma comprobada los supuestos de su otorgamiento, por fuerza mayor a petición del concesionario o por adecuación a los Planes Hidrológicos. Las de abastecimiento y regadíos, también si su objeto se cumple con menor dotación o mejor técnica; para ello las Confederaciones Hidrográficas hacen auditorías y controles. Solo la revisión por adecuación a los Planes da derecho a indemnización; la del apartado 2 no da compensación, aunque pueden preverse ayudas reglamentarias.

Artículo 66. Caducidad de las concesiones

Las concesiones pueden declararse caducadas por incumplir cualquiera de sus condiciones esenciales o plazos. Además, el derecho al uso privativo de las aguas, sea cual sea su título de adquisición, puede declararse caducado por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que sea imputable al titular.

Artículo 67. Del contrato de cesión de derechos

Concesionarios y titulares de derechos de uso privativo pueden ceder temporalmente, con autorización previa, todo o parte de sus derechos a otro de igual o mayor rango según el orden de preferencia del Plan Hidrológico o, en su defecto, del artículo 60. Los de usos no consuntivos no pueden ceder para usos sin ese carácter. Por interés general, el ministro (el texto cita al de Medio Ambiente) puede autorizar, temporal y excepcionalmente, cesiones que no respeten la prelación. El adquirente se subroga en las obligaciones del cedente.

Artículo 68. Formalización, autorización y registro del contrato de cesión

Los contratos de cesión se formalizan por escrito y se comunican con copia al Organismo de cuenca y a las comunidades de usuarios de cedente y cesionario en quince días desde la firma. Se entienden autorizados si no hay oposición en un mes (cesiones dentro de la misma comunidad) o en dos meses (resto). En regadíos, Comunidad Autónoma y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informan en diez días. El Organismo puede denegar motivadamente o adquirir con preferencia. Se inscriben en el Registro de Aguas.

Artículo 69. Objeto del contrato de cesión

El volumen anual cedible nunca puede superar al realmente utilizado por el cedente; el reglamento fijará su cálculo con el valor medio del caudal utilizado en una serie de años, corregido según la dotación objetivo del Plan Hidrológico y el buen uso del agua, y nunca podrá cederse más caudal del concedido. Lo cedido cuenta como uso efectivo para evitar la caducidad. La cesión puede llevar una compensación económica pactada y explícita en el contrato, con posible importe máximo reglamentario.

Artículo 70. Instalaciones e infraestructuras hidráulicas necesarias

Si la cesión requiere instalaciones de terceros, su uso se pacta libremente. Si son del Organismo de cuenca o este las explota, los contratantes piden, al trasladar el contrato, su régimen de utilización y las exacciones. Si hay que construir otras, presentan con la solicitud el documento técnico y, si el agua es para abastecer poblaciones, informe de la autoridad sanitaria. Autorizar la cesión no autoriza por sí las infraestructuras; esa resolución es independiente y no le aplican los plazos del artículo 68.2.

Artículo 71. Centros de intercambio de derechos

En las situaciones de los artículos 55, 56 y 58, y en otras análogas que fije el reglamento, pueden constituirse centros de intercambio de derechos de uso del agua por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro (el texto cita al de Medio Ambiente). Los Organismos de cuenca pueden entonces hacer ofertas públicas de adquisición de derechos para cederlos al precio que oferten, con contabilidad y registro separados. Las Comunidades Autónomas pueden instarles a adquirir para fines de interés autonómico.

Artículo 72. Infraestructuras de conexión intercuencas

La Dirección General del Agua puede autorizar cesiones de derechos que impliquen usar infraestructuras que interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca; esa autorización incluye la de uso de dichas infraestructuras. Si vencen los plazos sin notificar resolución, las solicitudes se entienden desestimadas. El régimen económico-financiero es el de las normas singulares de explotación de esas infraestructuras, sin perjuicio del artículo 69.3, y las cesiones no pueden alterar las reglas de explotación de los trasvases.

Artículo 73. Preferencia para el otorgamiento de autorizaciones de investigación de aguas subterráneas

Los propietarios de los terrenos afectados por las peticiones de investigación de aguas subterráneas gozan de preferencia para que se les otorgue la autorización de investigación, pero dentro del mismo orden de prelación al que se refiere el artículo 60.

Artículo 74. Autorizaciones para investigación de aguas subterráneas

El Organismo de cuenca puede autorizar la investigación de aguas subterráneas para determinar si hay caudales aprovechables, previa competencia entre los proyectos concurrentes. La autorización dura como máximo dos años y lleva implícita la declaración de utilidad pública para ocupar temporalmente los terrenos. Si la investigación es favorable, el interesado debe pedir la concesión en seis meses, y se tramita sin competencia de proyectos.

Artículo 75. Determinación del lugar de emplazamiento de las instalaciones

Si el concesionario no es propietario del terreno donde se realiza la captación y el aprovechamiento ha sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca determina el lugar de emplazamiento de las instalaciones, para que los perjuicios sean mínimos; la indemnización se fija con arreglo a la legislación de expropiación forzosa.

Artículo 76. Afección a captaciones anteriores

A falta de Plan Hidrológico de cuenca o de definición suficiente en él, la Administración concedente tendrá en cuenta, al otorgar concesiones de aguas subterráneas, su posible afección a captaciones anteriores legalizadas. En todo caso, el nuevo concesionario debe indemnizar los perjuicios que cause a los aprovechamientos preexistentes el acondicionamiento de obras necesario para asegurar sus caudales.

Artículo 77. Aprovechamiento de los cauces o bienes situados en ellos

Usar o aprovechar cauces o bienes situados en ellos exige concesión o autorización previa. Para áridos, pastos, vegetación arbórea o arbustiva, puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos se valora la posible incidencia ecológica desfavorable y se exigen garantías de restitución del medio. La incoación de expedientes de áridos se notifica a los órganos del dominio público marítimo-terrestre de la misma cuenca, que pueden optar por usarlos en la regeneración del litoral, uso siempre preferente.

Artículo 77 bis. Instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico

Las plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico requieren concesión, otorgada con objetividad, transparencia, concurrencia y no discriminación, temporal y de plazo máximo no superior a 25 años, incluidas las prórrogas. Se definen la planta flotante y la superficie útil total del embalse (media mensual de los 10 últimos años). En lo eléctrico se rigen por el título IX de la Ley 24/2013; en lo hidráulico, por esta ley; su evaluación de impacto ambiental, por la Ley 21/2013.

Artículo 78. Navegación recreativa en embalses

La navegación recreativa en embalses requiere una declaración responsable previa, conforme al artículo 51. En ella se especifican las condiciones de la navegación para que la Administración verifique su compatibilidad con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe según se especifique reglamentariamente.

Artículo 79. Procedimiento para otorgar concesiones y autorizaciones

El reglamento fija la duración de concesiones y autorizaciones, su declaración de utilidad pública y su procedimiento. El procedimiento ordinario de concesiones se rige por publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose en igualdad de condiciones los proyectos de uso más racional del agua y mejor protección del entorno; la competencia puede eliminarse en abastecimiento a poblaciones. Las concesiones de escasa importancia tendrán procedimientos simplificados. En regadíos y usos agrarios informan preceptivamente la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 80. Características del Registro de Aguas

Los Organismos de cuenca llevan un Registro de Aguas en el que se inscriben de oficio las concesiones y los cambios autorizados en su titularidad o características; su organización se fija por reglamento. Es público y cabe pedir certificaciones. Los titulares inscritos pueden pedir la intervención del Organismo de cuenca en defensa de sus derechos. La inscripción es medio de prueba de la existencia y situación de la concesión.

Artículo 81. Obligación de constituir comunidades de usuarios

Los usuarios de una misma toma o concesión deben constituirse en comunidades de usuarios (de regantes si el destino es principalmente el riego). Ellos redactan y aprueban sus estatutos u ordenanzas, que se someten a aprobación del Organismo de cuenca; este no puede denegarla ni introducir variantes sin previo dictamen del Consejo de Estado. Pueden formarse comunidades generales y, por convenio, juntas centrales. El Organismo puede imponer su constitución por interés general o admitir convenios específicos en lugar del régimen de comunidad.

Artículo 82. Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuarios

Las comunidades de usuarios son corporaciones de derecho público adscritas al Organismo de cuenca, que vela por sus estatutos y el buen orden del aprovechamiento. Sus estatutos fijan finalidad y ámbito territorial, regulan la participación y representación obligatoria y obligan a contribuir en equitativa proporción a gastos, cánones y tarifas; también prevén las infracciones y sanciones que impone el jurado. Si una comunidad no presenta ordenanzas, el Organismo puede establecerlas previo dictamen del Consejo de Estado.

Artículo 83. Facultades de las comunidades de usuarios

Las comunidades pueden ejecutar a costa del usuario los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer, salvo las personalísimas, y cobrar el coste por apremio. Son beneficiarias de expropiación forzosa y servidumbres. Deben hacer las obras que les ordene la Administración, y el Organismo de cuenca puede suspender el uso del agua hasta que se hagan. Las deudas por conservación, limpieza, mejoras o administración del agua gravan la finca o industria aunque cambie de dueño; se cobran por apremio y cabe prohibir el agua hasta su pago.

Artículo 84. Órganos de las comunidades de usuarios

Toda comunidad tiene junta general o asamblea, junta de gobierno y uno o varios jurados. La junta general, de todos los usuarios, es el órgano soberano con las facultades no atribuidas a otro. La junta de gobierno, elegida por ella, ejecuta ordenanzas y acuerdos, vigila los intereses comunes y dicta disposiciones para distribuir el agua. Sus acuerdos son ejecutivos y recurribles en alzada ante el Organismo de cuenca. El jurado resuelve cuestiones de hecho entre usuarios y sanciona; sus fallos son ejecutivos.

Artículo 85. Pervivencia de organizaciones tradicionales

Los aprovechamientos colectivos con un régimen consignado en ordenanzas debidamente aprobadas siguen sujetos a ellas mientras los usuarios no decidan modificarlas de acuerdo con las propias ordenanzas. Y donde existan jurados o tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación peculiar, continúan con su organización tradicional.

Artículo 86. Titularidad de las obras que integran el aprovechamiento

La titularidad de las obras que son parte integrante del aprovechamiento de una comunidad de usuarios queda definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización; para saber a quién pertenecen esas obras hay que acudir a dicho título.

Artículo 87. Comunidades de usuarios de unidades hidrogeológicas y de acuíferos

Los usuarios de una misma unidad hidrogeológica o acuífero deben constituir comunidad de usuarios si lo requiere el Organismo de cuenca, que fija sus límites y el sistema de utilización conjunta. En acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo, la comunidad es obligatoria; si a los seis meses de la declaración no existe, el Organismo la constituye de oficio o encomienda temporalmente sus funciones a un órgano representativo. Además, puede firmar convenios de colaboración en el control de la explotación.

Artículo 88. Comunidades de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas

El Organismo de cuenca puede obligar a constituir comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los recursos de una misma zona.

Artículo 89. Requisitos para el abastecimiento a varias poblaciones

Las concesiones para abastecer a varias poblaciones solo se otorgan si las Corporaciones Locales se han constituido a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, o si todas reciben el agua a través de una misma empresa concesionaria. El consorcio o Comunidad, con independencia de su estatuto jurídico, elaborará las ordenanzas previstas en el artículo 81.

Artículo 90. Comunidades de usuarios de vertidos

Las entidades públicas, corporaciones o particulares que necesiten verter agua o productos residuales pueden constituirse en comunidad para el estudio, construcción, explotación y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes, a fin de verter en el lugar más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, protegiendo el entorno natural. El Organismo de cuenca puede imponer justificadamente su constitución.

Artículo 91. Otras comunidades de usuarios. Normas de aplicación

Las disposiciones sobre comunidades de usuarios de los artículos anteriores podrán aplicarse también a otros tipos de comunidades no mencionadas expresamente; entre ellas, las de avenamiento y las que se constituyan para la construcción, conservación y mejora de obras de defensa contra las aguas.

Artículo 92. Objetivos de la protección

Ocho objetivos de protección de las aguas y del dominio público hidráulico: a) prevenir el deterioro y mejorar los ecosistemas acuáticos y los terrestres y humedales que dependan directamente de ellos; b) uso sostenible del agua; c) reducir progresivamente los vertidos de sustancias prioritarias y eliminar gradualmente los de las peligrosas prioritarias; d) reducir la contaminación de las aguas subterráneas; e) paliar inundaciones y sequías; f) tratados sobre medio marino; g) evitar acumulaciones tóxicas en el subsuelo; h) destinar las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblaciones.

Artículo 92 bis. Objetivos medioambientales

Fija objetivos medioambientales por tipo de agua. Superficiales: prevenir su deterioro, protegerlas y regenerarlas hasta un buen estado y reducir la contaminación por sustancias prioritarias. Subterráneas: evitar o limitar la entrada de contaminantes, equilibrar extracción y recarga e invertir las tendencias al alza de contaminantes. Zonas protegidas: cumplir sus normas y objetivos. Masas artificiales y muy modificadas: buen potencial ecológico y buen estado químico. Los planes hidrológicos pueden fijar objetivos menos rigurosos en masas muy afectadas o de coste desproporcionado.

Artículo 92 ter. Estados de las masas de agua

Para los objetivos de protección se distinguen estados o potenciales de las masas de agua, diferenciando al menos las aguas superficiales, las subterráneas y las masas artificiales y muy modificadas; sus condiciones técnicas y criterios de clasificación se fijan reglamentariamente. En cada demarcación habrá programas de seguimiento del estado de las aguas, que se incorporan a los programas de medidas.

Artículo 92 quáter. Programas de medidas

Cada demarcación hidrográfica tendrá un programa de medidas que tenga en cuenta sus características, las repercusiones de la actividad humana en sus aguas y el estudio económico del uso del agua. Su finalidad es lograr los objetivos medioambientales del artículo 92 bis. Las medidas son básicas (requisitos mínimos de cada demarcación, fijados reglamentariamente) y complementarias (adicionales, para lograr los objetivos o una protección adicional). Lo integran las que aprueben las Administraciones competentes en la protección de las aguas.

Artículo 93. Concepto de contaminación

Contaminación es la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua, que directa o indirectamente alteren perjudicialmente su calidad respecto de los usos posteriores, la salud humana o los ecosistemas acuáticos o terrestres asociados; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y los usos del medio ambiente. La degradación del dominio público hidráulico incluye las alteraciones perjudiciales de su entorno.

Artículo 94. Policía de aguas

La policía de las aguas, zonas de servidumbre y perímetros de protección la ejerce la Administración hidráulica competente. En cuencas que exceden de una Comunidad Autónoma, las comisarías de aguas de los Organismos de cuenca inspeccionan el dominio, concesiones, autorizaciones, obras y explotaciones, hacen aforos, informan de crecidas, controlan la calidad y dirigen la guardería fluvial. Sus Agentes Medioambientales son autoridad pública, entran sin previo aviso y sus actas tienen presunción de certeza. Los Guardas Fluviales les apoyan.

Artículo 95. Apeo y deslinde de los cauces de dominio público

El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectúa por los Organismos de cuenca. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical del Estado y da lugar al amojonamiento. La resolución que lo aprueba es título suficiente para rectificar inscripciones registrales contradictorias, si intervino el titular registral, y para inmatricular los bienes; los titulares afectados pueden ejercitar acciones, con anotación preventiva de la reclamación judicial.

Artículo 96. Zona de servidumbre y policía en embalses superficiales, lagos y lagunas

Alrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio necesarias para su explotación. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedan sujetas a las mismas zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.

Artículo 97. Actuaciones contaminantes prohibidas

Con carácter general, y sin perjuicio del artículo 100, se prohíbe toda actividad susceptible de contaminar o degradar el dominio público hidráulico y, en particular: acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que puedan contaminar las aguas o degradar su entorno, sea cual sea su naturaleza y el lugar de depósito; actuar sobre el medio físico o biológico afecto al agua degradándolo; y realizar en los perímetros de protección de los Planes Hidrológicos actividades que puedan contaminar o degradar.

Artículo 98. Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesiones

Los Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones, adoptarán medidas para compatibilizar el aprovechamiento con el medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos. Si pueden implicar riesgos ambientales, es preceptivo un informe sobre efectos nocivos, que se traslada al órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre medidas correctoras. Si el Organismo de cuenca presume un riesgo grave, someterá al órgano ambiental la conveniencia de iniciar la evaluación de impacto ambiental.

Artículo 99. Protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas

La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se hará, entre otras acciones, limitando la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, redistribuyendo las captaciones existentes. Los criterios básicos los incluyen los Planes Hidrológicos de cuenca y las medidas oportunas corresponden al Organismo de cuenca.

Artículo 99 bis. Registro de Zonas Protegidas

Cada demarcación tendrá al menos un registro de zonas protegidas. Incluye necesariamente: captaciones para consumo humano de al menos 10 m³ diarios de media o que abastezcan a más de cincuenta personas, y las futuras; zonas de especies acuáticas económicamente significativas; masas de uso recreativo y aguas de baño; zonas vulnerables por nitratos agrarios; zonas sensibles por aguas residuales urbanas; hábitats o especies dependientes del agua; y perímetros de aguas minerales y termales. Se revisa con el plan hidrológico, del que forma parte un resumen.

Artículo 100. Concepto

Son vertidos los realizados directa o indirectamente en las aguas continentales y en el resto del dominio público hidráulico, con cualquier técnica. Se prohíbe verter aguas y productos residuales que puedan contaminarlos sin previa autorización administrativa. La autorización persigue los objetivos medioambientales de los planes hidrológicos, con las mejores técnicas disponibles, normas de calidad y límites de emisión; puede fijar plazos y programas de reducción de la contaminación y no exime de otras autorizaciones.

Artículo 101. Autorización de vertido

Las autorizaciones de vertido fijan sus condiciones y, en todo caso, las instalaciones de depuración, los elementos de control, los límites cuantitativos y cualitativos del efluente y el canon de control del vertido. Las otorga la Administración hidráulica competente, salvo los vertidos a redes de alcantarillado o colectores autonómicos o locales, que autoriza el órgano autonómico o local competente. Duran como máximo cinco años, renovables sucesivamente. Las Entidades locales deben aportar un plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales.

Artículo 102. Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneas

Si el vertido puede provocar la infiltración o el almacenamiento de sustancias capaces de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, solo podrá autorizarse cuando un estudio hidrogeológico previo demuestre su inocuidad.

Artículo 103. Limitaciones a las actuaciones industriales contaminantes

Las autorizaciones para establecer, modificar o trasladar instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos se otorgan condicionadas a obtener la autorización de vertido. Además, el Gobierno puede prohibir en zonas concretas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, pese al tratamiento, puedan suponer riesgo de contaminación grave, en funcionamiento normal o en situaciones excepcionales previsibles.

Artículo 104. Revisión de las autorizaciones de vertido

El Organismo de cuenca puede revisar las autorizaciones de vertido: si sobrevienen circunstancias que habrían justificado denegarlas u otorgarlas en otros términos; si mejoran las características del vertido y lo pide el interesado; o para adecuarlas a las normas y objetivos de calidad aplicables, en especial los de los Planes Hidrológicos. En casos excepcionales, por sequía o situaciones hidrológicas extremas, los Organismos de cuenca pueden modificar con carácter general las condiciones de vertido.

Artículo 105. Vertidos no autorizados

Comprobado un vertido no autorizado o que incumple su autorización, el Organismo de cuenca incoa procedimiento sancionador y de determinación del daño y liquida el canon de control de vertido. Además puede iniciar la revocación de la autorización, la autorización del vertido si es legalizable o la caducidad de la concesión de aguas en casos especialmente cualificados con daños muy graves. Las revocaciones y caducidades no dan derecho a indemnización.

Artículo 106. Suspensión de actividades que originan vertidos no autorizados

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, puede ordenar la suspensión de las actividades que originen vertidos no autorizados, salvo que estime más procedente adoptar medidas para corregirlos. Ello no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hayan podido incurrir los causantes.

Artículo 107. Explotación de depuradoras por el Organismo de cuenca

El Organismo de cuenca puede hacerse cargo, directa o indirectamente, por interés general y temporalmente, de la explotación de depuradoras de aguas residuales cuando no proceda paralizar la actividad y el incumplimiento de las condiciones autorizadas cause graves inconvenientes. Reclamará al titular, incluso por apremio, las cantidades para adecuar las instalaciones y los gastos de explotación, mantenimiento y conservación.

Artículo 108. Empresas de vertido

Pueden constituirse empresas de vertido para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Sus autorizaciones de vertido incluyen, además de las condiciones generales, las de admisibilidad de los vertidos que van a tratar, las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización periódica, y la obligación de constituir una fianza que responda de la continuidad y eficacia de los tratamientos. La cuantía de la fianza y los efectos de la revocación se fijan reglamentariamente.

Artículo 108 bis. Principios generales

La protección de las aguas marinas busca interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de lograr en el medio marino concentraciones cercanas a los valores básicos para las sustancias de origen natural y próximas a cero para las sintéticas artificiales. Estos principios se recogerán en la legislación sectorial aplicable en cada caso.

Artículo 109. La reutilización de las aguas

Reutilizar es dar un nuevo uso privativo, antes de devolverlas al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, a aguas ya utilizadas por quien las derivó y tratadas para adecuar su calidad: son las aguas regeneradas. Su reutilización efectiva no es vertido, y la recirculación industrial dentro de la propia actividad no es reutilización. Las Administraciones deben impulsarla; las de aglomeraciones de más de 50.000 habitantes elaborarán planes de fomento. Se prohíbe para consumo humano directo, salvo declaración de catástrofe.

Artículo 109 bis. Régimen jurídico del uso de las aguas regeneradas

Usar aguas regeneradas exige concesión administrativa o modificar una existente, según el régimen general del uso privativo. En la competencia de proyectos se notifica al primer usuario y al titular de la autorización de vertido. El organismo de cuenca resuelve motivadamente, con informe preceptivo y vinculante de las autoridades sanitarias. Si el interesado es el primer usuario y el uso está reconocido en su concesión, basta modificarla, sin competencia de proyectos. El concesionario responde del uso del agua regenerada.

Artículo 109 ter. Régimen jurídico de la producción y suministro de aguas regeneradas

Producir y suministrar aguas regeneradas exige autorización del organismo de cuenca, previo informe preceptivo y vinculante de las autoridades sanitarias; su condicionado se basa en el Plan de gestión del riesgo y se revisa periódicamente. No exime de otras licencias. Si el solicitante no es el titular de la autorización de vertido, se notifica a este, que tiene preferencia. Las partes responsables y los usuarios finales elaboran el Plan, que define el sistema, identifica riesgos y responsables y se presenta con la solicitud.

Artículo 109 quater. Control del cumplimiento de la autorización otorgada

Las partes responsables del sistema de reutilización y los usuarios de aguas regeneradas deben cumplir la autorización o concesión y su parte del Plan de gestión del riesgo. La vigilancia corresponde al organismo de cuenca y a las autoridades sanitarias. Las partes responsables acreditan periódicamente el cumplimiento del Plan, lo que puede hacerse con certificado de una entidad colaboradora de la Administración hidráulica, sin perjuicio de las facultades de inspección.

Artículo 109 quinquies. Costes asociados a la reutilización de aguas

Los organismos de cuenca, en la planificación hidrológica, determinan las situaciones en que sustituir total o parcialmente una concesión de captación superficial o subterránea por aguas regeneradas ayuda a los objetivos medioambientales o a optimizar los recursos. En ellas caben las ayudas del artículo 109.2 o la exención del 114.2, y los costes adicionales pueden asumirlos las Administraciones u otras entidades beneficiadas. El volumen reutilizado está exento del canon de control de vertido.

Artículo 110. Ayudas del Estado para actividades que mejoren la calidad de las aguas

Se determinarán reglamentariamente ayudas para quienes desarrollen, implanten o modifiquen tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, o cambien la explotación, si reducen los usos y consumos de agua o la carga contaminante en origen. También podrán darse a plantaciones forestales que protejan los recursos hidráulicos, y se extienden a potabilización, desalinización, depuración, reutilización de aguas residuales e investigación en estas materias.

Artículo 111. Concepto y características

Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las artificiales, son zonas húmedas; su delimitación sigue la legislación específica. Toda actividad que las afecte requiere autorización o concesión. Organismos de cuenca y Administración ambiental coordinan su conservación. Los Organismos de cuenca pueden promover su declaración de especial interés y, con informe favorable de los órganos competentes en Medio Ambiente, su desecación si son insalubres o su saneamiento es de interés público.

Artículo 111 bis. Principios generales

Las Administraciones competentes, por el principio de recuperación de costes y con proyecciones a largo plazo, repercutirán a los usuarios finales los costes de los servicios del agua, incluidos los ambientales y del recurso, incentivando el uso eficiente y con contribución adecuada de los usos (al menos abastecimiento, agricultura e industria) según el principio de que quien contamina paga. Habrá tarifas por tramos de consumo. Caben excepciones motivadas, con informe previo y preceptivo de los organismos de cuenca en tres meses.

Artículo 112. Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico

La ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes de los párrafos b) y c) del artículo 2 que requieran concesión o autorización devengan, a favor del Organismo de cuenca, el canon de utilización, tasa destinada a proteger y mejorar el dominio. Los concesionarios de aguas no lo pagan por los terrenos necesarios para la concesión. Se devenga con el otorgamiento y anualmente. Base: valor del terreno, de la utilización o de los materiales. Tipo: 5 % en ocupación y utilización y 100 % en aprovechamiento.

Artículo 112 bis. Canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica

Grava el uso de las aguas continentales para producir energía eléctrica en barras de central; es una tasa destinada a proteger y mejorar el dominio público hidráulico y solo se aplica en cuencas de competencia estatal. Se devenga con el otorgamiento y anualmente; pagan los titulares del aprovechamiento hidroeléctrico. Base: valor económico de la energía producida. Tipo: 25,5 %. Reducción del 92 % hasta 50 MW. Autoliquidación en marzo. Lo recaudado va un 50 % al Organismo de cuenca y un 50 % a costes del sistema eléctrico.

Artículo 113. Canon de control de vertidos

Los vertidos al dominio público hidráulico pagan el canon de control de vertidos, tasa para el estudio, control, protección y mejora del medio receptor; lo paga quien vierte. Importe: volumen autorizado por precio unitario (precio básico por un coeficiente reglamentario; la mayoración no puede superar 5). Precio básico: 0,01751 €/m³ urbana y 0,04377 €/m³ industrial. Se descuenta el agua reutilizada. Devengo el 31 de diciembre; se liquida en el primer trimestre del año siguiente.

Artículo 114. Canon de regulación y tarifa de utilización del agua

Los beneficiados, directa o indirectamente, por obras de regulación financiadas por el Estado pagan el canon de regulación; los de otras obras hidráulicas específicas (desalación, abastecimiento, saneamiento, depuración, reutilización…) pagan la tarifa de utilización del agua. Ambas compensan la inversión estatal y los gastos de explotación y conservación. La cuantía suma gastos de funcionamiento y conservación, gastos de administración y el 4 % del valor actualizado de las inversiones. Un factor corrector entre 0,5 y 2 ajusta el consumo.

Artículo 115. Naturaleza económico-administrativa de las liquidaciones

Puede establecerse reglamentariamente la autoliquidación de los cánones y exacciones de los artículos anteriores. Sus actos de aprobación y liquidación son económico-administrativos; su impugnación no suspende su eficacia y la deuda puede exigirse por apremio. El impago puede suponer la suspensión o pérdida del derecho a usar el dominio público hidráulico. Si los obligados están agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa, pueden pagar a través de ella, que queda facultada para recaudar.

Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción

El incumplimiento de la ley se sanciona conforme a este título. La responsabilidad es solidaria si hay varios responsables y no se puede determinar la participación de cada uno. Son infracciones: dañar bienes del dominio u obras hidráulicas; derivar agua o alumbrar aguas subterráneas sin título; incumplir condiciones de concesiones y autorizaciones; obras o plantaciones sin autorización en cauces; invadir cauces o extraer áridos; verter sin autorización; abrir pozos sin título; e incumplimientos de la declaración responsable.

Artículo 117. Calificación de las infracciones

Las infracciones se califican reglamentariamente como leves, menos graves, graves o muy graves. Multas: leves, hasta 10.000 €; menos graves, de 10.000,01 a 50.000 €; graves, de 50.000,01 a 500.000 €; muy graves, de 500.000,01 a 1.000.000 €. Sanciona el Organismo de cuenca las leves y menos graves; el ministro competente, las graves; y el Consejo de Ministros, las muy graves. El Gobierno puede actualizar las multas mediante Decreto.

Artículo 118. Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico

Además de la sanción, los infractores pueden ser obligados a reparar los daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico y a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fija ejecutoriamente las indemnizaciones. Tanto las sanciones como esas responsabilidades pueden exigirse por la vía administrativa de apremio.

Artículo 119. Multas coercitivas

Los órganos sancionadores pueden imponer multas coercitivas en los supuestos que contempla la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común a la que remite el artículo; cada multa no puede superar el 10 % de la sanción máxima fijada para la infracción. Para asegurar la eficacia de la resolución pueden adoptarse medidas cautelares provisionales, como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos o el cese de actividades.

Artículo 120. Infracciones constitutivas de delito o falta

Si la infracción puede ser delito o falta, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y no prosigue el procedimiento sancionador mientras no se pronuncie la autoridad judicial. La sanción judicial excluye la multa administrativa. Si no se aprecia delito o falta, la Administración puede continuar el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.

Artículo 121. Jurisdicción competente

Corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de aguas, siempre que esos actos estén sujetos al Derecho Administrativo.

Artículo 121 bis

Artículo 1. Objeto

El Reglamento tiene cuatro objetos: a) desarrollar el régimen jurídico de las autorizaciones de vertido a dominio público hidráulico y a dominio público marítimo-terrestre; b) desarrollar el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas; c) regular la inspección y el control de los vertidos; y d) regular el Registro de Vertidos de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica a los vertidos directos o indirectos al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre de competencia andaluza, sin perjuicio de la normativa básica de aguas y costas, y a las aguas depuradas susceptibles de reutilización. No son vertidos: la evacuación de aguas sin contaminación (pluviales limpias, acuicultura extensiva o tradicional) ni los vertidos a elementos ajenos a esos dominios que no les afecten. Se excluyen los vertidos desde buques y aeronaves a aguas litorales. Para actividades con AAU o AAI, el Capítulo IV es supletorio.

Artículo 3. Definiciones

Define 34 conceptos. Datos clave: aguas costeras, hasta una milla náutica mar adentro desde la línea base; aguas territoriales, hasta doce millas náuticas (22,2 km) desde la línea de bajamar escorada; habitante-equivalente, carga con DBO5 de 60 gramos de oxígeno por día; aguas litorales, las de transición, costeras y territoriales; aguas limitadas, entre ellas el Guadalquivir de Sanlúcar a Presa de Alcalá y la Bahía de Cádiz; los valores límite de emisión nunca pueden alcanzarse por dilución.

Artículo 4. Secreto industrial y comercial

El Reglamento se aplica respetando la legislación sobre secreto industrial y comercial. Quien sea titular de una actuación sometida a autorización puede pedir, mediante solicitud razonada que concrete los datos y aporte la documentación que acredite su carácter, que se mantengan confidenciales los datos con trascendencia comercial o industrial frente a terceros distintos de la Administración. El órgano competente para tramitar la autorización resuelve de forma motivada en un mes como máximo; si no notifica, puede entenderse estimada la petición.

Artículo 5. Órganos competentes

Instruye la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de agua de la provincia del vertido: autorización de vertido, su revisión, modificación y extinción, autorización de reutilización de aguas depuradas y el informe de admisibilidad para la AAI o AAU. Si el expediente integra puntos de vertido que afectan a más de una provincia, instruye la Dirección General competente en materia de vertidos. La Dirección General resuelve todos esos procedimientos y emite el informe de conformidad al informe de admisibilidad.

Artículo 6. Tramitación telemática

Los procedimientos del Reglamento podrán tramitarse por medios telemáticos conforme a la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el Decreto 183/2003 y demás normativa aplicable. Esa tramitación telemática se desarrollará mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de agua.

Artículo 7. Finalidad de la autorización de vertido y prohibiciones

La autorización de vertido busca alcanzar los objetivos medioambientales de la normativa de aguas y proteger la salud humana. Se prohíben los vertidos susceptibles de contaminar, directos o indirectos, a cualquier bien del dominio público hidráulico o, desde tierra, del marítimo-terrestre, sin autorización. Se prohíben en todo caso los vertidos sin depurar en la zona de servidumbre de protección y en la zona de influencia, y el vertido de fangos de depuradoras a aguas litorales y continentales.

Artículo 8. Titulares de las autorizaciones

Pueden ser titulares: municipios, entidades supramunicipales, comunidades de usuarios, titulares de edificaciones aisladas y de actividades económicas, y entidades urbanísticas de conservación inscritas. Si no hay un único titular, el órgano instructor puede requerir a los establecimientos de una misma zona o polígono, o a urbanizaciones, que formen una comunidad de usuarios de vertidos en seis meses; esta será la titular. En los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la actividad es única. Si se cede la gestión, el cesionario es titular mientras dure la cesión.

Artículo 9. Autorización de vertido a fosas sépticas, depósitos estancos y redes de saneamiento municipales

Los municipios autorizan vertidos a fosas sépticas y a redes de saneamiento municipales; la Consejería de agua autoriza el vertido desde las fosas al dominio público. Edificación aislada a más de 100 metros de otra, con menos de 15 habitantes-equivalentes y aguas solo sanitarias: fosa séptica seguida de otro sistema de depuración, sin autorización de vertido. Si hay otras en 100 metros: sistema conjunto autorizado o depósito estanco. En vertidos a redes municipales con especial incidencia, informe vinculante de la Delegación Territorial en 30 días; si falta, requerimiento urgente de 15 días.

Artículo 10. Autorizaciones de vertido en actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada o unificada

En actividades con autorización ambiental unificada o integrada, la autorización de vertido se integra en ellas. El órgano territorial de vertidos emite informe de admisibilidad y lo remite con el expediente a la Dirección General competente en materia de vertidos, que emite informe de conformidad y puede añadir condiciones o modificaciones. A su vista, la Delegación Territorial emite el informe de admisibilidad final, vinculante, que se transcribe íntegro en la AAI o AAU. Si hay puntos de vertido en más de una provincia, la Dirección General emite directamente el informe de conformidad.

Artículo 11. Solicitud

La solicitud se dirige al órgano que resuelve, se presenta ante el que instruye y sigue el modelo del Anexo I, con la documentación del artículo 12 y al menos la información del Anexo II.a), firmada por el solicitante o su representante. Se presenta preferentemente por vía telemática en el Registro Telemático Único de la Junta, con firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido o con el DNI electrónico. Las copias digitalizadas se garantizan con firma electrónica avanzada. Por medios no electrónicos, preferentemente en el registro de la Delegación Territorial.

Artículo 12. Documentación

Con la solicitud se acompaña: la declaración de vertidos según el modelo del Anexo I, con los extremos del Anexo II.b); y la documentación especificada en el Anexo II.c). Los documentos firmados por personal técnico competente solo deben venir visados por el colegio profesional cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, conforme al artículo 13.1 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales.

Artículo 13. Subsanación y mejora de la solicitud

Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación exigidos, el órgano competente para instruir requiere al interesado para que subsane o aporte los documentos en diez días, advirtiéndole de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido, previa resolución del órgano competente para resolver. El órgano instructor puede también recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud, levantando acta sucinta que se incorpora al procedimiento.

Artículo 14. Informe de admisibilidad

Los servicios técnicos del órgano instructor comprueban la declaración de vertido y su adecuación a las normas de calidad y objetivos medioambientales. Si se necesitan autorizaciones o concesiones de obras, aprovechamiento de aguas, ocupación del dominio marítimo-terrestre o uso en servidumbre, se pide informe previo de viabilidad; y a Planificación hidrológica en los casos del artículo 24. Los informes se emiten en treinta días; si no, se sigue. Si el vertido es improcedente, se propone motivadamente la denegación, previa audiencia, o se piden correcciones en treinta días como máximo.

Artículo 15. Información pública

Verificada la compatibilidad ambiental, el expediente se somete a información pública para que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo, alegar y manifestarse. Dura un mínimo de veinte días y se anuncia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con las características fundamentales de la solicitud. Se excluyen los datos confidenciales. De las alegaciones se da traslado al peticionario para que manifieste lo que convenga en 10 días. En la declaración de utilidad pública para expropiaciones y servidumbres, la información pública es independiente.

Artículo 16. Consultas e informes y visita de confrontación

A la vez que la información pública, el órgano instructor pide los informes preceptivos y los que considere necesarios; deben emitirse en un mes como máximo desde la recepción de la petición, y si no, puede seguirse, aunque los tardíos pueden tenerse en cuenta. Son preceptivos el de la Consejería de pesca, acuicultura y marisqueo si el vertido puede afectar a zonas de especial importancia para esas actividades, y el de la Consejería de salud si afecta a zona de baño. Puede hacerse visita de confrontación.

Artículo 17. Informe técnico

Tras la información pública y las consultas, el órgano instructor elabora un informe técnico con los condicionantes de la autorización derivados del análisis y de los informes emitidos. Determina el canon de control de vertidos o el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y demás tributos. Incluye la fianza del artículo 88.f) de la Ley 7/2007, por importe equivalente a un semestre del impuesto o canon. La fianza es revisable, irrevocable y de ejecución inmediata, y se devuelve al extinguirse la autorización, salvo renuncia y caducidad, con las deducciones que procedan.

Artículo 18. Trámite de audiencia

Antes de elaborar la propuesta de resolución, el informe técnico se remite al solicitante y, si los hay, a los demás interesados, para que aleguen lo que estimen oportuno en un plazo máximo de diez días. El solicitante debe aportar, en su caso, el resguardo de la constitución de la fianza, que se deposita en metálico, aval bancario u otra forma admitida en derecho ante la Caja de Depósitos de la provincia.

Artículo 19. Propuesta de resolución

Terminada la audiencia, el órgano instructor elabora la propuesta de resolución con los extremos del informe técnico y, en su caso, las modificaciones que procedan tras analizar las alegaciones de los solicitantes en el trámite de audiencia. Emitida la propuesta, eleva el expediente completo al órgano competente para resolver.

Artículo 20. Resolución

El órgano competente debe dictar y notificar la resolución de autorización en un plazo máximo de seis meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Si transcurre ese plazo sin notificarse la resolución, los interesados pueden entender desestimada su solicitud, conforme al artículo 85.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

Artículo 21. Contenido de la autorización y alcance

La autorización fija las condiciones del vertido para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, aprueba el programa de vigilancia y control e incluye canon, impuesto y fianza. Puede prever medidas para situaciones anormales. Se otorga con las mejores técnicas disponibles y con condiciones más rigurosas si lo exigen los objetivos medioambientales. Lleva implícitas las autorizaciones de obras, pero queda condicionada a las concesiones de ocupación, uso en servidumbre o aprovechamiento. Se publica en la web de la consejería.

Artículo 22. Programas de reducción de la contaminación

Cuando el vertido requiera ejecutar obras o instalaciones, la autorización puede establecer un programa de reducción de la contaminación, con límites temporales para los parámetros superiores a los definitivos. El programa no puede durar más de dos años, aunque por causas justificadas el órgano otorgante de la autorización puede autorizar prórrogas.

Artículo 23. Procedimiento simplificado

Los vertidos urbanos o asimilables de núcleos aislados de menos de 250 habitantes-equivalentes, sin posibilidad de formar parte de aglomeraciones urbanas, siguen un procedimiento simplificado: resolución en cuatro meses como máximo, con silencio desestimatorio. Se usa la solicitud y declaración simplificada del Anexo III y la documentación del Anexo II.c), con memoria descriptiva en lugar de proyecto. Es análogo al general pero sin información pública. Una Orden de la Consejería de agua determinará cuándo puede sustituirse por declaración responsable.

Artículo 24. Límites de emisión

Los límites de emisión se fijan en cada autorización según las normas de calidad y objetivos de la masa de agua, el estado de la técnica y la capacidad de absorción. Por regla general no se autorizan vertidos que superen el Anexo IV o las conclusiones MTD. Excepcionalmente caben límites menos estrictos que las MTD por costes desproporcionados debidos a la ubicación o a las características técnicas. Las normas de calidad deben cumplirse fuera de la zona de mezcla, propuesta por el titular. Los límites son concentraciones máximas y no se alcanzan por dilución.

Artículo 25. Normas de Calidad Ambiental y objetivos medioambientales

Para fijar en la autorización de vertido las condiciones de inmisión, el órgano competente debe considerar las normas de calidad ambiental, los objetivos medioambientales de los Planes Hidrológicos de cuenca para cada masa de agua y el estado de esta. Esos límites y condiciones se adaptarán a las exigencias del derecho comunitario, estatal y autonómico.

Artículo 26. Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneas

Si el vertido puede provocar la infiltración o el almacenamiento de sustancias que contaminen acuíferos o aguas subterráneas, solo puede autorizarse cuando un estudio hidrogeológico previo demuestre su inocuidad y sea compatible con la normativa de espacios naturales protegidos u otra aplicable. El procedimiento es el de los artículos 11 y siguientes, con las particularidades de este Capítulo.

Artículo 27. Vertidos de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas

Se prohíbe el vertido directo a aguas subterráneas de las sustancias de la relación I del Anexo III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, salvo que un estudio hidrogeológico previo demuestre que esas aguas son inadecuadas de forma permanente para cualquier uso; aun así, no puede obstaculizarse la explotación del suelo ni llegar a otros sistemas acuáticos. Para las de la relación II se estudian el vertido directo y las acciones de eliminación o depósito que puedan causar vertido indirecto, y se autoriza si el estudio demuestra su inocuidad.

Artículo 28. Estudio hidrogeológico

El estudio hidrogeológico previo contemplará como mínimo las características hidrogeológicas de la zona, el eventual poder depurador del suelo y subsuelo y los riesgos de contaminación y alteración de las aguas subterráneas, y determinará si el vertido es inocuo y una solución adecuada. Lo suscribe personal técnico competente; se aporta con la declaración de vertido o lo requiere el órgano instructor si se presume contaminación. Se incorpora al expediente y la Consejería puede pedir sobre él informe del Instituto Geológico y Minero de España.

Artículo 29. Condicionado de las autorizaciones de vertido a aguas subterráneas

Las autorizaciones de vertido a aguas subterráneas incluyen las condiciones del Anexo II.d). Si el vertido se produce en zonas limítrofes con demarcaciones hidrográficas de otra Administración Hidráulica intercomunitaria, el órgano instructor lo notifica a esta para que pueda informar antes de otorgarse la autorización. Si las aguas subterráneas son transfronterizas, lo notifica al Ministerio competente en materia de medio ambiente para que pueda informar a los demás Estados afectados.

Artículo 30. Vigencia de la autorización de vertido

Las autorizaciones de vertido tienen vigencia indefinida, siempre que el órgano competente no haya notificado a la persona titular el inicio de un procedimiento de revisión de la autorización o, en su caso, que no se haya fijado expresamente un plazo de vigencia en el condicionado de la propia autorización.

Artículo 31. Revisión y modificación de la autorización de vertido

La autorización puede revisarse o modificarse por revisión de oficio del órgano que la otorgó, por solicitud de modificación del titular o por cambio de titularidad. Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses, desde el acuerdo de inicio en la revisión de oficio o desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano instructor en los demás casos. Si vence: caducidad en la revisión de oficio, desestimación en la modificación a instancia del titular y estimación en el cambio de titularidad. Conlleva revisar canon, impuesto, fianza y demás tributos.

Artículo 32. Revisión de la autorización de vertido por el órgano competente para el otorgamiento de la misma

El órgano que otorgó la autorización puede revisarla de oficio: si sobrevienen circunstancias que habrían justificado denegarla u otorgarla en otros términos (incluidas mejores técnicas disponibles), para adecuarla a las normas de calidad y objetivos del plan hidrológico, o excepcionalmente por sequía o situaciones hidrológicas extremas. El instructor hace un estudio previo y un informe; se acuerda el inicio y se notifica al titular, que tiene un mes para aceptar o poner reparos. Después se eleva la propuesta. La revisión no da derecho a indemnización.

Artículo 33. Modificación a instancia de la persona titular de la autorización de vertido

El titular debe pedir la modificación si cambia la calidad o características autorizadas del vertido y, en todo caso: incremento superior al 25% del caudal o de la carga contaminante, o nuevos contaminantes; con sustancias peligrosas, incremento superior al 10% de las emisiones; o modificaciones sucesivas que superen esos límites. El informe técnico se remite al titular, que tiene diez días para aceptar o poner reparos. Si el titular duda, consulta a la Delegación Territorial, que resuelve en un mes; su silencio equivale a modificación no necesaria.

Artículo 34. Cambio de titularidad

La transmisión intervivos la solicita quien pretende adquirir la titularidad, ante el órgano que emitió la autorización, acreditando su capacidad legal, técnica y económica, el consentimiento del titular vigente y la aceptación expresa de todas las obligaciones. La resolución se notifica al solicitante y al transmitente. Si la entidad titular se extingue o la persona física fallece, quien asuma organización, patrimonio y obligaciones pide el cambio en tres meses, sin requerimiento. Si no se comunica la transmisión, responde el nuevo titular de la actividad, que se subroga en fianza y tributos.

Artículo 35. Extinción de la autorización de vertido

La autorización de vertido se extingue por caducidad, cese del vertido, renuncia del titular, revocación o extinción de la concesión de ocupación del dominio público hidráulico o marítimo-terrestre inherente a ella. Su extinción, por cualquier causa, arrastra las autorizaciones implícitas, y se comunica al órgano competente en concesiones o autorizaciones de uso. La Administración hidráulica no asume obligaciones laborales ni económicas del titular. Pagar tributos después no presupone vigencia, sin perjuicio de su devolución cuando proceda.

Artículo 36. Caducidad de la autorización de vertido

El órgano competente para resolver, a propuesta del instructor y previa audiencia del titular, declara la caducidad si las obras de vertido no se han iniciado, se han paralizado o no se han terminado; el interesado deberá pedir nueva autorización. Si no hay cambios sustanciales, puede prorrogarse la vigencia hasta un máximo de cinco años, a solicitud del promotor o titular con memoria justificativa, presentada al menos tres meses antes del plazo de caducidad. Se resuelve en tres meses; el silencio permite entender concedida la prórroga por lo pedido, con el tope de cinco años.

Artículo 37. Cese del vertido

Las personas titulares de una autorización de vertido deben comunicar el cese definitivo de su vertido al órgano competente para la instrucción con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha prevista para el cese.

Artículo 38. Revocación de la autorización de vertido

El órgano competente para otorgar la autorización puede revocarla, mediante resolución motivada, previo requerimiento no atendido y audiencia del titular, y sin perjuicio de las sanciones, por: no realizar las modificaciones exigidas en el plazo señalado; no mantener en buen estado obras, instalaciones y dominio público afectado; ocultar datos o no comunicar cambios sustanciales; no hacer las obras necesarias para el funcionamiento; impago del canon, impuesto o tasa en plazo superior a un año; transmisión sin cumplir los requisitos; o incumplir cualquier otra condición.

Artículo 39. Régimen jurídico de la reutilización

Reutilizar aguas depuradas procedentes de un aprovechamiento exige concesión administrativa. Pero si la pide el titular de la autorización de vertido de aguas residuales, basta una autorización administrativa, complementaria de la de vertido. Su solicitud es preferente frente a las de concesión del primer usuario de las aguas o de terceros. La concesión o autorización se tramita conforme al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre.

Artículo 40. Uso por terceras personas de las aguas destinadas a la reutilización

Conforme al artículo 7 del Real Decreto 1620/2007, las infraestructuras de reutilización ejecutadas por las Administraciones públicas pueden explotarse por la propia Administración, por una entidad o sociedad pública en su nombre, o cederse a los usuarios transfiriéndoles la concesión o autorización. El sistema tarifario aplicable se especificará en los planes y programas de reutilización de las Administraciones estatal, autonómica o local, en sus respectivas competencias.

Artículo 41. Competencias

Las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de agua ejercen la vigilancia, inspección y control ambiental de todo lo sujeto a autorización de vertido, sin perjuicio de las competencias de otros órganos o Administraciones. Los municipios vigilan, inspeccionan y controlan los vertidos a las redes de saneamiento municipal y validan los datos aportados por quienes vierten a ellas. Las entidades colaboradoras habilitadas según el Decreto 334/2012 pueden prestar apoyo en la inspección y el control.

Artículo 42. Inspecciones

Cada año la persona titular de la Dirección General competente en materia de vertidos aprueba por resolución un programa de inspecciones, que ejecutan las Delegaciones Territoriales, con frecuencias según criterios como la adecuación de las instalaciones, incumplimientos previos, población o volumen, peligrosidad o espacios protegidos. El personal funcionario inspector es agente de la autoridad y sus actas tienen presunción de veracidad. Los inspeccionados deben colaborar y permitir la entrada. Tras la visita se levanta acta, con las alegaciones, y se entrega copia al titular.

Artículo 43. Programas de vigilancia y control

El titular ejecuta a su cargo el programa de vigilancia y control de las normas de emisión y, en vertidos al litoral, también del medio receptor y de la conducción. El control lo hace una entidad colaboradora, un laboratorio acreditado UNE-EN ISO/IEC 17025 o el propio titular con medios adecuados. Los análisis se conservan al menos tres años. Se respetan los valores límite si, en un año natural, no los superan el 95% de los valores puntuales, el 95% de los medios diarios y el 90% de los mensuales, sin superaciones de más del 100%.

Artículo 44. Declaración anual

Cada año el titular presenta una declaración de vertidos según el Anexo V, antes del 1 de marzo del año siguiente, dirigida a la Delegación Territorial. Incluye, entre otros datos: expediente, titular, emplazamiento, características, volumen anual, caudal medio mensual, rendimiento de la planta, resultados de vigilancia y control, efectos sobre el medio receptor e incidencias del año anterior. Por motivos justificados puede exigirse además un informe del titular o de una entidad colaboradora. En actividades con AAI, forma parte de la declaración anual del Decreto 5/2012.

Artículo 45. Medidores de caudal y control automático

Si lo establece la autorización, el titular debe instalar en los colectores finales equipos de control automático en continuo del caudal y la calidad del vertido, con registro continuo, y permitir que la Consejería instale un equipo de transmisión de datos a la Delegación Territorial, cuando la importancia o peligrosidad del vertido lo hagan necesario. Los equipos se calibran y mantienen con un plan documentado. Cualquier modificación de los equipos la aprueba el órgano competente para otorgar la autorización.

Artículo 46. Condiciones especiales para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos respecto de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

Las entidades locales, o las entidades o sociedades públicas o privadas a las que se haya encomendado o cedido la explotación de la depuradora de aguas residuales urbanas, son responsables del seguimiento y controles periódicos exigidos por el Real Decreto 509/1996. Los realizan entidades colaboradoras de la Consejería o habilitadas por la Administración General del Estado, que comunican los resultados a la Dirección General competente en materia de vertidos. Estas obligaciones se incluyen en las autorizaciones y su incumplimiento puede dar lugar a expediente sancionador.

Artículo 47. Métodos analíticos de referencia

Los métodos analíticos de referencia para los parámetros del Anexo IV, el cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y cualquier otro exigido por el Reglamento son los del Anexo VI. Para sustancias no recogidas, se usan otros métodos suficientemente contrastados por organismos o entidades de reconocido prestigio, aunque el órgano competente puede fijarlos en la autorización. Las técnicas específicas de mayor representatividad requieren autorización de la Consejería. A falta de método, se aplican las mejores técnicas disponibles sin costes desproporcionados.

Artículo 48. Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia

Para los desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, el Reglamento no fija reglas propias: se tendrán en cuenta los criterios del artículo 259 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y su normativa de desarrollo, así como lo que establezcan los correspondientes Planes Hidrológicos de Cuenca.

Artículo 49. Vertidos accidentales y de contingencia

Si se produce un vertido capaz de originar emergencia y peligro para las personas y el medio receptor, el titular lo comunica inmediatamente a la Delegación Territorial, que da traslado a la Delegación del Gobierno de la Junta para las medidas de protección civil. El titular debe reducir al máximo sus efectos y remitir en 48 horas como máximo un informe detallado. Nada de ello le exime de responsabilidad. El vertido excepcional por fuerza mayor se comunica antes a la Delegación Territorial; si afecta a zona de baño, se programa fuera de temporada y se avisa a Salud.

Artículo 50. Normas de actuación

Comprobado un vertido no autorizado o que incumple la autorización, la Consejería competente en materia de agua puede: incoar procedimiento sancionador, liquidar el canon de control de vertido (aguas continentales), pedir al órgano tributario la liquidación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y liquidar la fianza. Puede además iniciar la revocación de la autorización, la autorización del vertido si es legalizable, o la caducidad de la concesión de ocupación o aprovechamiento en casos con daños muy graves. Revocaciones y caducidades no dan derecho a indemnización.

Artículo 51. Supuestos de suspensión de actividades que originen vertidos no autorizados

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía puede ordenar la suspensión de actividades que originen vertidos no autorizados cuando haya daño o deterioro grave para el medio ambiente o peligro grave para la seguridad o salud de las personas, salvo que considere más procedente adoptar medidas de corrección a cargo del titular. Antes necesita informe de la Consejería competente en materia de agua, emitido en un mes como máximo desde que se conocen los hechos, y audiencia del interesado. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa.

Artículo 52. Supuestos especiales de intervención de la Administración

Si las inspecciones revelan el mal funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales, la Consejería competente en materia de agua puede requerir al titular, sin perjuicio del procedimiento sancionador, que adopte las medidas necesarias para su correcto funcionamiento en el plazo que se fije en cada caso. Si el titular no atiende el requerimiento, la Consejería propondrá al Consejo de Gobierno la suspensión temporal de las actividades que producen el vertido.

Artículo 53. Objeto

El Registro de Vertidos recoge e inscribe la información sobre vertidos al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre y sobre reutilización de aguas que sea necesaria para elaborar censos, inventarios, registros, directrices, planes y estadísticas exigidos por la legislación, o para remitir información a otras autoridades. También facilita el acceso a la información en materia de aguas del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2001 y del artículo 19 de la Ley 9/2010.

Artículo 54. Naturaleza y fines del Registro

El Registro está adscrito a la Dirección General con competencia en materia de vertidos; es administrativo, público y gratuito, y cualquier persona o entidad puede acceder a sus asientos, con los límites de protección de datos y secreto industrial y comercial. Sus fines: recopilar, inscribir y dar publicidad a la información de vertidos y reutilización; servir para censos, planes y estadísticas; y atender demandas de información. Colabora con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Certificaciones, a la Consejería; la reutilización de la información sigue la Ley 37/2007.

Artículo 55. Competencias

La Dirección General con competencia en materia de vertidos efectúa las inscripciones, anotaciones, modificaciones y cancelaciones de las autorizaciones de vertido en el Registro y coordina a las Delegaciones Territoriales. A las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de agua les corresponde expedir certificaciones y facilitar información sobre los datos del Registro, cuando proceda, y cualquier otra función que les encomiende la Dirección General.

Artículo 56. Estructura del Registro

La estructura y el contenido del Registro de Vertidos, así como el acceso y la solicitud y expedición de certificaciones por medios telemáticos, no se fijan en el Reglamento: se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de agua.

Artículo 57. Régimen sancionador

En infracciones y sanciones se aplica el Título IX de la Ley 9/2010, de 30 de julio. Además, en materia de agua, se aplican partes del Título VIII de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: los Capítulos I, II, IV y V y, del Capítulo III, las Secciones 4.ª, 7.ª y 9.ª, esta salvo los artículos 158 y 159. Todo ello sin perjuicio de otras leyes sectoriales y del régimen de responsabilidad ambiental, incluidas la Ley 26/2007, la valoración de daños del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la planificación.

Artículo 58. Competencia sancionadora

Imponen sanciones: la persona titular de la Delegación Territorial, hasta 60.000 euros; la de la Dirección General competente en materia de agua, de 60.001 a 150.250 euros; la de la Consejería, de 150.251 a 300.500 euros; y el Consejo de Gobierno, por encima de 300.500 euros. Quien impone la principal impone las accesorias y gradúa. Inicia e instruye la persona titular de la Delegación Territorial; si los hechos afectan a más de una provincia, la de la Dirección General competente en materia de vertidos, que también resuelve hasta 150.250 euros.