Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001)
Artículo 11. Las zonas inundables
En pocas palabras
Los terrenos que puedan inundarse en crecidas no ordinarias conservan su calificación jurídica y titularidad. Los organismos de cuenca trasladan a las Administraciones de ordenación del territorio y urbanismo los datos y estudios sobre avenidas, para que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y en las autorizaciones de usos en zonas inundables. El Gobierno, por Real Decreto, puede limitar el uso de esas zonas por seguridad, y los Consejos de Gobierno autonómicos pueden dictar normas complementarias.
Explicación sencilla
Encadena tres reglas sobre zonas inundables: la inundación no cambia la titularidad, la información sobre avenidas pasa del organismo de cuenca a urbanismo, y las limitaciones de uso las fija el Gobierno por Real Decreto con posible complemento autonómico.
Regla mnemotécnica
Inundable: mismo dueño, datos a urbanismo y límites por Real Decreto (más normas complementarias de los Consejos de Gobierno autonómicos).
Trampa típica de examen
Creer que los terrenos inundados en crecidas no ordinarias pasan al dominio público hidráulico: conservan la calificación jurídica y la titularidad que tuvieren.
Texto del artículo 11 del Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) (TRLA)
1. Los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de los lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica y la titularidad dominical que tuvieren. 2. Los Organismos de cuenca darán traslado a las Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios disponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y, en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables. 3. El Gobierno, por Real Decreto, podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, además, normas complementarias de dicha regulación.
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