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Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001)

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Art. 1Objeto de la LeyLa Ley regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y las competencias del Estado sobre ese dominio en el marco del artículo 149 de la Constitución, y fija las normas básicas de protección de las aguas continentales, costeras y de transición. Las aguas continentales superficiales y las subterráneas renovables son un recurso unitario, subordinado al interés general, del dominio público estatal. La planificación hidrológica corresponde al Estado en todo caso. Las aguas minerales y termales se rigen por su legislación específica, sin perjuicio del apartado 2.
Art. 2Definición de dominio público hidráulicoIntegran el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades de la Ley: a) las aguas continentales, superficiales y subterráneas renovables, sea cual sea su tiempo de renovación; b) los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas; c) los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos; d) los acuíferos, a efectos de los actos de disposición o afección de recursos hidráulicos; e) las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
Art. 3Modificación de la fase atmosféricaLa fase atmosférica del ciclo hidrológico solo puede modificarse artificialmente por la Administración del Estado o por quienes esta autorice. Nadie más puede alterar artificialmente esa fase del ciclo del agua sin la autorización estatal.
Art. 4Definición de cauce
Art. 5Cauces de dominio privadoSon de dominio privado los cauces por los que discurran ocasionalmente aguas pluviales mientras atraviesen, desde su origen, solo fincas de dominio particular. Ese dominio privado no autoriza labores ni obras que varíen el curso natural de las aguas o alteren su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, ni obras cuya destrucción por las avenidas pueda causar daños a personas o cosas.
Art. 6Definición de riberasRiberas son las fajas laterales de los cauces públicos por encima del nivel de aguas bajas; márgenes, los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal, a una zona de servidumbre de cinco metros para uso público y a una zona de policía de 100 metros en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades. Junto a la desembocadura, en el entorno de los embalses o por razones topográficas o hidrográficas de seguridad, puede modificarse la anchura de ambas zonas en la forma reglamentaria.
Art. 7Trabajos de protección en las márgenesEn caso de urgente necesidad pueden realizarse trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces. De los eventuales daños que deriven de esas obras responden los propietarios que las hayan construido.
Art. 8Modificaciones de los caucesLas situaciones jurídicas que nacen de las modificaciones naturales de los cauces se rigen por la legislación civil. Si las modificaciones se originan por obras legalmente autorizadas, se aplica lo que establezca la concesión o autorización correspondiente.
Art. 9Lecho o fondo de los lagos, lagunas y embalses superficialesEl lecho o fondo de lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. El lecho o fondo de un embalse superficial es el terreno cubierto por las aguas cuando alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
Art. 10Las charcas situadas en predios de propiedad privadaLas charcas situadas en predios de propiedad privada se consideran parte integrante de esos predios siempre que se destinen al servicio exclusivo de ellos. Ello se entiende sin perjuicio de aplicar la legislación ambiental correspondiente.
Art. 11Las zonas inundablesLos terrenos que puedan inundarse en crecidas no ordinarias conservan su calificación jurídica y titularidad. Los organismos de cuenca trasladan a las Administraciones de ordenación del territorio y urbanismo los datos y estudios sobre avenidas, para que se tengan en cuenta en la planificación del suelo y en las autorizaciones de usos en zonas inundables. El Gobierno, por Real Decreto, puede limitar el uso de esas zonas por seguridad, y los Consejos de Gobierno autonómicos pueden dictar normas complementarias.
Art. 12El dominio público de los acuíferosEl dominio público de los acuíferos no impide que el propietario del fundo realice cualquier obra, siempre que no tenga por finalidad extraer o aprovechar el agua, no perturbe su régimen y no deteriore su calidad, con la salvedad del apartado 2 del artículo 54.
Art. 13De la desalación, concepto y requisitosLa desalación de agua marina o salobre se somete al régimen general del uso privativo del dominio público hidráulico, sin perjuicio de los títulos exigidos por la Ley de Costas. Las desaladoras de interés general del Estado pueden explotarlas el Ministerio, las Confederaciones o sociedades estatales, y los usuarios pueden ser beneficiarios por convenio. Las concesiones de aguas desaladas para demarcaciones intercomunitarias las otorga la Administración General del Estado. Si el uso no es directo y exclusivo del concesionario, se aprueban tarifas máximas y mínimas con cuotas de amortización.
Art. 14Principios rectores de la gestión en materia de aguasLas funciones del Estado en materia de aguas se someten a tres grupos de principios: 1.º unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios; 2.º respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo hidrológico; 3.º compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.
Art. 15Derecho a la informaciónToda persona física o jurídica puede acceder a la información en materia de aguas en los términos de la Ley 38/1995, sobre el derecho a la información en materia de medio ambiente, y en particular a la información sobre vertidos y calidad de las aguas. Los miembros de los órganos de gobierno y administración de los organismos de cuenca pueden obtener toda la información disponible en su organismo sobre las materias de competencia de los órganos de que formen parte.
Art. 16Definición de cuenca hidrográficaA efectos de la Ley, cuenca hidrográfica es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad, a través de corrientes, ríos y eventualmente lagos, hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. Como unidad de gestión del recurso, la cuenca se considera indivisible.
Art. 16 bisDemarcación hidrográficaDemarcación hidrográfica es la zona terrestre y marina con una o varias cuencas vecinas y sus aguas de transición, subterráneas y costeras asociadas. Aguas de transición: superficiales junto a desembocaduras, parcialmente salinas pero con notable influencia de agua dulce. Aguas costeras: las superficiales hacia tierra desde una línea a una milla náutica de la línea de base. Los acuíferos sin demarcación propia van a la más próxima o apropiada. El Gobierno fija el ámbito por real decreto, oídas las comunidades autónomas.
Art. 17Funciones del Estado en relación con el dominio público hidráulicoEn el marco de sus competencias constitucionales, el Estado ejerce especialmente estas funciones sobre el dominio público hidráulico: a) la planificación hidrológica y los planes estatales de infraestructuras hidráulicas; b) las medidas para cumplir los acuerdos y convenios internacionales en materia de aguas; c) el otorgamiento de concesiones y d) el de autorizaciones, con la tutela del dominio, en las cuencas que excedan de una sola Comunidad Autónoma. La tramitación de esas autorizaciones puede encomendarse a las Comunidades Autónomas.
Art. 18Régimen jurídico básico aplicable a las Comunidades AutónomasLa Comunidad Autónoma que, por su Estatuto, sea competente sobre el dominio público hidráulico en cuencas íntegramente dentro de su territorio ajusta su administración hidráulica a dos bases: aplicar los principios del artículo 14 y dar a los usuarios en los órganos colegiados una representación no inferior al tercio de sus miembros. Los actos y acuerdos que infrinjan la legislación hidráulica estatal o no se ajusten a la planificación hidrológica y afecten a su competencia pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Art. 19El Consejo Nacional del AguaEl Consejo Nacional del Agua es el órgano superior de consulta y de participación en la materia. Lo forman la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales a través de la asociación estatal de mayor implantación, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales, económicas, sindicales y empresariales más representativas de ámbito estatal y las entidades ambientales sin fines lucrativos de ámbito estatal. Lo preside el titular del Ministerio de Medio Ambiente; su composición y estructura se fijan por Real Decreto.
Art. 20Materias sometidas a informe preceptivo del Consejo Nacional del AguaEl Consejo Nacional del Agua informa preceptivamente el proyecto de Plan Hidrológico Nacional y los planes de cuenca antes de su aprobación por el Gobierno; los proyectos de disposiciones generales de ámbito nacional sobre protección de las aguas y dominio público hidráulico; los planes y proyectos de interés general que afecten sustancialmente a la planificación o a los usos del agua, y las cuestiones comunes a dos o más organismos de cuenca. También informa lo que le consulten el Gobierno o los órganos ejecutivos superiores autonómicos, y puede proponer líneas de estudio e investigación.
Art. 21Los organismos de cuencaEn las cuencas hidrográficas que excedan el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma se constituyen organismos de cuenca, con las funciones y cometidos que regula la Ley. Su existencia depende, por tanto, de que la cuenca supere el territorio de una sola Comunidad Autónoma.
Art. 22Naturaleza y régimen jurídico de los organismos de cuencaLos organismos de cuenca se denominan Confederaciones Hidrográficas y son organismos autónomos del artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, adscritos a efectos administrativos al Ministerio de Medio Ambiente. Tienen autonomía para administrar sus intereses, adquirir y enajenar bienes, contratar y ejercer acciones judiciales, sin más límites que los legales, y sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa. Su ámbito, fijado reglamentariamente, abarca una o varias cuencas indivisas, con la sola limitación de las fronteras internacionales.
Art. 23FuncionesSon funciones de los organismos de cuenca: elaborar, seguir y revisar el plan hidrológico de cuenca; administrar y controlar el dominio público hidráulico y los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma; proyectar, construir y explotar obras con fondos propios o encomendadas por el Estado, y las funciones derivadas de convenios. Para obras y convenios pueden operar con títulos de sociedades (previa autorización del Ministerio de Hacienda), suscribir convenios o agrupaciones de empresas y conceder préstamos.
Art. 24Otras atribucionesAdemás de las previstas en otros artículos, los organismos de cuenca tienen estas atribuciones: otorgar autorizaciones y concesiones sobre el dominio público hidráulico (salvo las de obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente); inspeccionar y vigilar sus condiciones; aforos, estudios, información de crecidas y control de calidad; obras de sus planes; objetivos de calidad; gestión de las demandas; y servicios técnicos y asesoramiento. Su estructura separa la administración del dominio público hidráulico de las demás funciones.
Art. 25Colaboración con las Comunidades AutónomasOrganismos de cuenca y Comunidades Autónomas pueden colaborar, sobre todo incorporándose estas a la Junta de Gobierno, y aquellos pueden celebrar convenios con comunidades autónomas, entidades locales y comunidades de usuarios. Los expedientes sobre uso del dominio público hidráulico requieren informe previo autonómico. Las Confederaciones informan antes los actos y planes autonómicos que afecten al régimen de las aguas o a sus zonas de servidumbre y policía, y si hay nuevas demandas se pronuncian sobre la suficiencia de recursos; si no informan en plazo, el informe se entiende desfavorable.
Art. 26Órganos de Gobierno, Administración y CooperaciónSon órganos de gobierno de los organismos de cuenca la Junta de Gobierno y el Presidente. Son órganos de gestión, en régimen de participación, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, las Juntas de Explotación y las Juntas de Obras. El órgano de participación y planificación es el Consejo del Agua de la demarcación, y el de cooperación para la protección de las aguas, el Comité de Autoridades Competentes.
Art. 27Composición de la Junta de GobiernoLa composición de la Junta de Gobierno se fija reglamentariamente con estas reglas: la preside el Presidente del organismo de cuenca; la Administración General del Estado tiene al menos cinco vocales, uno por cada Ministerio citado, y uno de la Administración Tributaria si se le encomienda por convenio la recaudación; los usuarios, al menos un tercio del total de vocales y como mínimo tres; cada comunidad autónoma incorporada, al menos un vocal; y las provincias, según el porcentaje de su territorio afectado por la cuenca.
Art. 28Atribuciones de la Junta de GobiernoCorresponde a la Junta de Gobierno: aprobar planes de actuación y propuesta de presupuesto; acordar operaciones de crédito; actos de disposición del patrimonio; preparar asuntos para el Consejo del Agua; aprobar, previo informe de este, las modificaciones de anchura de las zonas de servidumbre y policía; declarar masas subterráneas en riesgo; decisiones sobre comunidades de usuarios; iniciativas sobre zonas húmedas; informar ciertas propuestas de sanción; criterios de indemnización; proponer la revisión del plan hidrológico; y deliberar lo que se le someta.
Art. 29Nombramiento de los Presidentes de organismos de cuencaLos Presidentes de los organismos de cuenca los nombra y cesa el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Medio Ambiente. Los nombramientos se ajustan a lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Art. 30Funciones del Presidente del OrganismoEl Presidente representa al organismo de cuenca; preside la Junta de Gobierno, la Asamblea de Usuarios, la Comisión de Desembalse, el Consejo del Agua y el Comité de Autoridades Competentes; vela por la legalidad de los acuerdos, dirige el organismo y ejerce toda función no atribuida a otro órgano: contratación, gastos y pagos, personal, concesiones y autorizaciones, policía de aguas y sanciones, recursos, entre otras. Puede impugnar ante lo contencioso los acuerdos colegiados ilegales; ello suspende el acto y el Tribunal ratifica o levanta la suspensión en no más de treinta días.
Art. 31La Asamblea de UsuariosLa Asamblea de Usuarios la integran todos los usuarios que forman parte de las Juntas de Explotación. Su finalidad es coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca, sin menoscabo del régimen concesional ni de los derechos de los usuarios.
Art. 32Las Juntas de ExplotaciónLas Juntas de Explotación coordinan, respetando concesiones y autorizaciones, la explotación de obras y recursos de un conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos aprovechamientos estén especialmente interrelacionados. Sus propuestas se trasladan al Presidente del organismo de cuenca. Su constitución se regula reglamentariamente, con participación mayoritaria de los usuarios. Se promueven Juntas de Explotación conjunta de aguas superficiales y subterráneas cuando estén claramente interrelacionadas.
Art. 33La Comisión de DesembalseLa Comisión de Desembalse delibera y formula propuestas al Presidente del organismo sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca, atendiendo a los derechos concesionales de los usuarios. Su composición y funcionamiento se regulan reglamentariamente con el criterio de representación adecuada de los intereses afectados.
Art. 34Las Juntas de ObrasLa Junta de Gobierno, a petición de los futuros usuarios de una obra ya aprobada, puede constituir la correspondiente Junta de Obras, en la que participan esos usuarios en la forma que se determine reglamentariamente, para que estén directamente informados del desarrollo e incidencias de la obra.
Art. 35Consejo del Agua de la cuencaEn las demarcaciones con cuencas intercomunitarias se crea el Consejo del Agua de la demarcación para fomentar la información, consulta pública y participación activa en la planificación hidrológica. Promueve esa participación y eleva al Gobierno, a través del Ministerio de Medio Ambiente, el plan hidrológico de cuenca y sus revisiones; puede informar cuestiones de interés general para la demarcación. Las comunidades autónomas cuyo territorio forme parte, total o parcialmente, de la demarcación se incorporan a él.
Art. 36ComposiciónLa composición del Consejo del Agua se fija por real decreto: cada ministerio relacionado, no más de tres vocales; servicios técnicos del organismo de cuenca, máximo tres; un vocal por servicio periférico de costas, Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima; comunidades autónomas, al menos un vocal cada una y no menos que los ministerios; entidades locales, máximo tres; usuarios, no menos del tercio del total; asociaciones ambientales, económicas y sociales, máximo seis. En cuencas intracomunitarias, la comunidad autónoma garantiza la participación social.
Art. 36 bisComité de Autoridades CompetentesEn las demarcaciones con cuencas intercomunitarias se crea el Comité de Autoridades Competentes para la cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas, sin alterar la titularidad de las competencias. Favorece la cooperación, impulsa medidas de protección e informa a la Unión Europea a través del Ministerio. Lo integran órganos de la Administración General del Estado (sin superar el número de comunidades autónomas), un representante por comunidad autónoma y los entes locales según su población, a través de federaciones territoriales de municipios.
Art. 36 terNotificación de autoridades competentesEl Ministerio de Medio Ambiente facilita a la Comisión Europea una lista de las autoridades competentes españolas y debe notificarle también cualquier cambio que se produzca en esas designaciones.
Art. 37Adscripción de bienes a los organismos de cuencaLos bienes del Estado y de las Comunidades Autónomas adscritos, o que puedan adscribirse, a los organismos de cuenca para cumplir sus fines conservan su calificación jurídica originaria. Al organismo solo le corresponde su utilización, administración y explotación, con sujeción a las disposiciones legales vigentes.
Art. 38Patrimonio propioAdemás de los bienes adscritos, los organismos de cuenca pueden tener un patrimonio propio formado por: a) los bienes y derechos del patrimonio de las actuales Confederaciones Hidrográficas; b) los que adquieran en el futuro con fondos de su presupuesto; c) los que reciban por cualquier título del Estado, de las Comunidades Autónomas, de entidades públicas o privadas o de particulares.
Art. 39Ingresos del organismoSon ingresos del organismo de cuenca: a) productos y rentas de su patrimonio y de la explotación de obras encomendadas; b) remuneraciones por proyectos, dirección y ejecución de obras encomendadas y por servicios facultativos y técnicos; c) asignaciones presupuestarias del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; d) tasas, exacciones y precios autorizados; e) reintegros de anticipos del Estado para obras hidráulicas del propio organismo; f) aportaciones acordadas por los usuarios y cualquier otra percepción legalmente autorizada.
Art. 40Objetivos y criterios de la planificación hidrológica:La planificación hidrológica busca el buen estado y la protección del dominio público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas y el equilibrio del desarrollo regional y sectorial. Se realiza mediante los planes de cuenca, de ámbito coincidente con la demarcación, y el Plan Hidrológico Nacional. Los planes son públicos y vinculantes, no crean por sí solos derechos y su modificación no da lugar a indemnización, salvo el artículo 65. El Gobierno aprueba por real decreto los planes de cuenca.
Art. 40 bisDefinicionesDefine a efectos de planificación: aguas continentales; aguas superficiales (continentales salvo subterráneas, de transición, costeras y, en estado químico, territoriales); subterráneas (bajo el suelo en la zona de saturación); acuífero; masa de agua superficial y subterránea; masa artificial (creada por la actividad humana) y muy modificada (cambio sustancial por alteraciones físicas humanas); servicios relacionados con el agua, incluida la protección frente a inundaciones; y usos del agua, que para recuperar costes incluyen al menos abastecimiento, usos industriales y agrarios.
Art. 41Elaboración de los planes hidrológicos de cuencaElaboran y proponen la revisión de los planes de cuenca el organismo de cuenca o, en cuencas íntegramente autonómicas, la Administración hidráulica competente. El procedimiento es reglamentario, con calendarios, programas y borradores para la consulta pública, programas de medidas previos y coordinación de los de aguas costeras y de transición. Se garantiza la participación pública y el Gobierno actúa subsidiariamente si falta propuesta. Antes se prepara un programa de trabajo con calendario y estudio general de la demarcación. El Ministerio remite los planes a la Comisión Europea.
Art. 42Contenido de los planes hidrológicos de cuencaLos planes de cuenca comprenden obligatoriamente: descripción de la demarcación; usos, presiones e incidencias antrópicas, con prioridades, asignación y reservas, caudales ecológicos y reservas naturales fluviales (solo sobre bienes de dominio público hidráulico); zonas protegidas; redes de control; objetivos medioambientales; análisis económico; resumen de programas de medidas; registro de programas detallados; información pública; autoridades competentes; y puntos de contacto. Las actualizaciones añaden cambios, progresos, medidas no aplicadas y medidas transitorias.
Art. 43Previsiones de los planes hidrológicos de cuencaLos planes hidrológicos de cuenca pueden establecer reservas de agua y de terrenos necesarias para las actuaciones y obras previstas. Pueden declararse de protección especial zonas, cuencas o tramos, acuíferos o masas de agua por sus características naturales o interés ecológico, y los planes recogen su clasificación y condiciones de protección. Los instrumentos de ordenación urbanística deben respetar estas previsiones.
Art. 44Declaración de utilidad públicaEl Gobierno puede declarar de utilidad pública los trabajos, estudios e investigaciones para elaborar y revisar los planes hidrológicos que realicen el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Geológico y Minero de España u otro organismo público. La aprobación de los planes de cuenca implica la declaración de utilidad pública de los trabajos de investigación, estudios, proyectos y obras previstos en ellos.
Art. 45Contenido del Plan Hidrológico NacionalEl Plan Hidrológico Nacional se aprueba por Ley y contiene: medidas de coordinación de los planes de cuenca; la solución a sus posibles alternativas; la previsión y condiciones de las transferencias de recursos entre ámbitos de distintos planes de cuenca; y las modificaciones que afecten a aprovechamientos para abastecimiento o regadíos. Lo elabora el Ministerio de Medio Ambiente con los Departamentos relacionados. Su aprobación obliga a adaptar los planes de cuenca.
Art. 46Obras hidráulicas de interés generalSon obras hidráulicas de interés general, competencia de la Administración General del Estado en las cuencas del artículo 21: las de regulación y conducción del recurso para toda la cuenca; las de control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sobre todo frente a inundaciones, sequías y avenidas; y las de corrección hidrológico-forestal y de abastecimiento, potabilización y desalación que afecten a más de una Comunidad Autónoma. Las demás se declaran por Ley o, en ciertos casos, por Real Decreto. Antes se exige un informe de viabilidad.
Art. 47Obligaciones de los predios inferioresLos predios inferiores deben recibir las aguas que desciendan natural y espontáneamente de los superiores, con la tierra o piedra que arrastren; ni el dueño del inferior puede impedirlo con obras ni el del superior agravarlo. Si las aguas proceden de alumbramiento, son sobrantes de otros aprovechamientos o se ha alterado artificialmente su calidad, el dueño del predio inferior puede oponerse a recibirlas y exigir daños y perjuicios, de no existir la servidumbre correspondiente.
Art. 48Régimen jurídico de la servidumbre de acueductoLos organismos de cuenca pueden imponer, conforme al Código Civil y al Reglamento, la servidumbre forzosa de acueducto si el aprovechamiento o la evacuación lo exigen, y las de saca de agua y abrevadero, estribo de presa, parada o partidor, paso para acceder a la zona de dominio público de los cauces, incluso para usos deportivos y recreativos, y las demás del Código Civil. El expediente debe reducir el gravamen; si cambian las circunstancias cabe revisión a instancia de parte; el beneficiario indemniza al predio sirviente.
Art. 49Titularidad de los elementos de la servidumbreEn toda acequia o acueducto, el cauce, los cajeros y las márgenes se consideran parte integrante de la heredad o edificio al que vayan destinadas las aguas o, si se trata de evacuación, de aquellos de los que procedan.
Art. 50Usos comunesTodos pueden, sin autorización administrativa y conforme a leyes y reglamentos, usar las aguas superficiales mientras discurren por sus cauces naturales para beber, bañarse y otros usos domésticos y para abrevar el ganado. Estos usos no pueden alterar la calidad ni el caudal; en cauces artificiales se suman las limitaciones de protección del acueducto, y nunca pueden desviarse las aguas de sus cauces o lechos. La pesca y la repoblación se rigen por la legislación ambiental. La Ley no ampara el abuso del derecho ni el desperdicio o mal uso del agua.
Art. 51Usos comunes especiales sujetos a declaración responsableRequieren declaración responsable previa estos usos comunes especiales: la navegación y flotación; el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos; y cualquier otro uso no incluido en el artículo anterior que no excluya la utilización del recurso por terceros. La declaración responsable debe presentarse con una antelación mínima de quince días, para comprobar la compatibilidad del uso con los fines del dominio público hidráulico.
Art. 52Formas de adquirir el derecho al uso privativoEl derecho al uso privativo del dominio público hidráulico, sea o no consuntivo, se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. En cambio, ese derecho al uso privativo no puede adquirirse por prescripción.
Art. 53Extinción del derecho al uso privativoEl derecho al uso privativo de las aguas se extingue por término del plazo, caducidad, expropiación forzosa o renuncia expresa, previa audiencia de los titulares. Si el destino era riego o abastecimiento, el titular puede obtener nueva concesión pidiéndola en la audiencia o en los últimos cinco años de vigencia; cabe novación para centrales nucleares. Al extinguirse, las obras en dominio público revierten gratis y libres de cargas. La extinción del derecho del cedente resuelve automáticamente el contrato de cesión.
Art. 54Usos privativos por disposición legalEl propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discurran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, con los límites de la Ley, los derechos de tercero y la prohibición del abuso del derecho. Puede usar en el predio aguas de manantiales situados en su interior y aguas subterráneas si el volumen total anual no supera los 7.000 metros cúbicos. En acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, no caben nuevas obras de este tipo sin autorización.
Art. 55Facultades del organismo de cuenca en relación con el aprovechamiento y control de los caudales concedidosEl organismo de cuenca puede fijar el régimen de explotación de embalses y acuíferos y su explotación conjunta, y limitar temporalmente el uso del dominio público hidráulico; si ello perjudica a unos aprovechamientos en favor de otros, indemnizan los beneficiados y, sin acuerdo, el organismo fija la cuantía. En embalses de más de 50 hm3 sin uso principal de abastecimiento o regadío fija cada año caudales y reservas. Caben concesiones a precario sobre caudales reservados. Usuarios y quienes viertan deben instalar sistemas de medición.
Art. 56Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químicoLa Junta de Gobierno, sin consultar al Consejo del Agua, puede declarar una masa de agua subterránea en riesgo. Entonces, en seis meses el organismo de cuenca constituye una comunidad de usuarios (o encomienda temporalmente sus funciones) y, en un año como máximo desde la declaración y previa consulta a esa comunidad, la Junta aprueba un programa de actuación; entretanto caben medidas cautelares. El programa ordena las extracciones y puede sustituir captaciones, prever recursos externos y fijar perímetros. Si la masa mejora, pueden reducirse las limitaciones.
Art. 57Aprovechamientos minerosLos titulares de aprovechamientos mineros pueden usar las aguas que capten con motivo de las explotaciones solo para fines exclusivamente mineros, solicitando la concesión conforme a esta Ley. Las aguas sobrantes se ponen a disposición del organismo de cuenca, que decide su destino o las condiciones del desagüe, atendiendo especialmente a su calidad. Si las aguas captadas afectan a otras concesiones, se aplica lo dispuesto en esta Ley.
Art. 58Situaciones excepcionalesEn sequías extraordinarias, sobreexplotación grave de acuíferos o situaciones similares de necesidad, urgencia o anomalía, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros y oído el organismo de cuenca, puede adoptar las medidas precisas sobre el uso del dominio público hidráulico, aunque esté concedido. Su aprobación implica la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios a efectos de ocupación temporal y expropiación forzosa, y la de urgente necesidad de la ocupación.
Art. 59Concesión administrativaTodo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión, que no garantiza la disponibilidad de los caudales. Se otorga según los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años; es discrecional, pero motivada y en función del interés público, y revisable (artículo 65). Puede prorrogarse una sola vez, hasta diez años, para amortizar obras necesarias. Los caudales ecológicos no son uso, sino restricción general. La concesión no exime de otras autorizaciones o licencias.
Art. 60Orden de preferencia de usosRige el orden de preferencia del Plan Hidrológico de la demarcación; a falta de él: 1.º abastecimiento de población, 2.º regadíos y usos agrarios, 3.º almacenamiento hidráulico de energía, 4.º usos industriales para energía eléctrica, 5.º otros usos industriales, 6.º acuicultura, 7.º usos recreativos, 8.º navegación y transporte acuático, 9.º otros aprovechamientos. Los Planes deben respetar la supremacía del abastecimiento y la prioridad del almacenamiento frente al resto de usos industriales. Toda concesión puede expropiarse a favor de un uso que le preceda.
Art. 61Condiciones generales de las concesionesToda concesión se entiende hecha sin perjuicio de tercero. El agua queda adscrita a los usos del título, sin aplicarse a otros ni, en riegos, a terrenos distintos, salvo lo previsto en el artículo 67. La Administración concedente puede imponer la sustitución de caudales por otros de distinto origen y solo responde de los gastos de la obra, repercutibles a los beneficiarios. En riego, el concesionario debe ser titular de las tierras. El organismo de cuenca puede otorgar concesiones colectivas a agrupaciones de regantes.
Art. 62Concesiones para riego en régimen de servicio públicoPueden otorgarse concesiones de agua para riego en régimen de servicio público a empresas o particulares aunque no sean titulares de las tierras, si acreditan antes la conformidad de los titulares que reúnan la mitad de su superficie. La Administración concedente aprueba las tarifas máximas y mínimas, que incluyen la amortización de las obras. Su titular no puede beneficiarse del artículo 55.3: instar una nueva concesión corresponde a los titulares de la superficie regada. Las obras no revertidas pasan al nuevo concesionario.
Art. 63Transmisión de aprovechamientosLa transmisión total o parcial de aprovechamientos de agua que impliquen un servicio público, o la constitución de gravámenes sobre ellos, requiere autorización administrativa previa. En los demás casos basta con acreditar de modo fehaciente la transferencia o el gravamen, en el plazo y la forma que se establezcan reglamentariamente.
Art. 64Modificación de las características de la concesión
Art. 65Revisión de las concesionesLas concesiones pueden revisarse si se modifican de forma comprobada los supuestos de su otorgamiento, por fuerza mayor a petición del concesionario o por adecuación a los Planes Hidrológicos. Las de abastecimiento y regadíos, también si su objeto se cumple con menor dotación o mejor técnica; para ello las Confederaciones Hidrográficas hacen auditorías y controles. Solo la revisión por adecuación a los Planes da derecho a indemnización; la del apartado 2 no da compensación, aunque pueden preverse ayudas reglamentarias.
Art. 66Caducidad de las concesionesLas concesiones pueden declararse caducadas por incumplir cualquiera de sus condiciones esenciales o plazos. Además, el derecho al uso privativo de las aguas, sea cual sea su título de adquisición, puede declararse caducado por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que sea imputable al titular.
Art. 67Del contrato de cesión de derechosConcesionarios y titulares de derechos de uso privativo pueden ceder temporalmente, con autorización previa, todo o parte de sus derechos a otro de igual o mayor rango según el orden de preferencia del Plan Hidrológico o, en su defecto, del artículo 60. Los de usos no consuntivos no pueden ceder para usos sin ese carácter. Por interés general, el ministro (el texto cita al de Medio Ambiente) puede autorizar, temporal y excepcionalmente, cesiones que no respeten la prelación. El adquirente se subroga en las obligaciones del cedente.
Art. 68Formalización, autorización y registro del contrato de cesiónLos contratos de cesión se formalizan por escrito y se comunican con copia al Organismo de cuenca y a las comunidades de usuarios de cedente y cesionario en quince días desde la firma. Se entienden autorizados si no hay oposición en un mes (cesiones dentro de la misma comunidad) o en dos meses (resto). En regadíos, Comunidad Autónoma y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informan en diez días. El Organismo puede denegar motivadamente o adquirir con preferencia. Se inscriben en el Registro de Aguas.
Art. 69Objeto del contrato de cesiónEl volumen anual cedible nunca puede superar al realmente utilizado por el cedente; el reglamento fijará su cálculo con el valor medio del caudal utilizado en una serie de años, corregido según la dotación objetivo del Plan Hidrológico y el buen uso del agua, y nunca podrá cederse más caudal del concedido. Lo cedido cuenta como uso efectivo para evitar la caducidad. La cesión puede llevar una compensación económica pactada y explícita en el contrato, con posible importe máximo reglamentario.
Art. 70Instalaciones e infraestructuras hidráulicas necesariasSi la cesión requiere instalaciones de terceros, su uso se pacta libremente. Si son del Organismo de cuenca o este las explota, los contratantes piden, al trasladar el contrato, su régimen de utilización y las exacciones. Si hay que construir otras, presentan con la solicitud el documento técnico y, si el agua es para abastecer poblaciones, informe de la autoridad sanitaria. Autorizar la cesión no autoriza por sí las infraestructuras; esa resolución es independiente y no le aplican los plazos del artículo 68.2.
Art. 71Centros de intercambio de derechosEn las situaciones de los artículos 55, 56 y 58, y en otras análogas que fije el reglamento, pueden constituirse centros de intercambio de derechos de uso del agua por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del ministro (el texto cita al de Medio Ambiente). Los Organismos de cuenca pueden entonces hacer ofertas públicas de adquisición de derechos para cederlos al precio que oferten, con contabilidad y registro separados. Las Comunidades Autónomas pueden instarles a adquirir para fines de interés autonómico.
Art. 72Infraestructuras de conexión intercuencasLa Dirección General del Agua puede autorizar cesiones de derechos que impliquen usar infraestructuras que interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca; esa autorización incluye la de uso de dichas infraestructuras. Si vencen los plazos sin notificar resolución, las solicitudes se entienden desestimadas. El régimen económico-financiero es el de las normas singulares de explotación de esas infraestructuras, sin perjuicio del artículo 69.3, y las cesiones no pueden alterar las reglas de explotación de los trasvases.
Art. 73Preferencia para el otorgamiento de autorizaciones de investigación de aguas subterráneasLos propietarios de los terrenos afectados por las peticiones de investigación de aguas subterráneas gozan de preferencia para que se les otorgue la autorización de investigación, pero dentro del mismo orden de prelación al que se refiere el artículo 60.
Art. 74Autorizaciones para investigación de aguas subterráneasEl Organismo de cuenca puede autorizar la investigación de aguas subterráneas para determinar si hay caudales aprovechables, previa competencia entre los proyectos concurrentes. La autorización dura como máximo dos años y lleva implícita la declaración de utilidad pública para ocupar temporalmente los terrenos. Si la investigación es favorable, el interesado debe pedir la concesión en seis meses, y se tramita sin competencia de proyectos.
Art. 75Determinación del lugar de emplazamiento de las instalacionesSi el concesionario no es propietario del terreno donde se realiza la captación y el aprovechamiento ha sido declarado de utilidad pública, el Organismo de cuenca determina el lugar de emplazamiento de las instalaciones, para que los perjuicios sean mínimos; la indemnización se fija con arreglo a la legislación de expropiación forzosa.
Art. 76Afección a captaciones anterioresA falta de Plan Hidrológico de cuenca o de definición suficiente en él, la Administración concedente tendrá en cuenta, al otorgar concesiones de aguas subterráneas, su posible afección a captaciones anteriores legalizadas. En todo caso, el nuevo concesionario debe indemnizar los perjuicios que cause a los aprovechamientos preexistentes el acondicionamiento de obras necesario para asegurar sus caudales.
Art. 77Aprovechamiento de los cauces o bienes situados en ellosUsar o aprovechar cauces o bienes situados en ellos exige concesión o autorización previa. Para áridos, pastos, vegetación arbórea o arbustiva, puentes o pasarelas, embarcaderos e instalaciones para baños públicos se valora la posible incidencia ecológica desfavorable y se exigen garantías de restitución del medio. La incoación de expedientes de áridos se notifica a los órganos del dominio público marítimo-terrestre de la misma cuenca, que pueden optar por usarlos en la regeneración del litoral, uso siempre preferente.
Art. 77 bisInstalación de plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulicoLas plantas fotovoltaicas flotantes en el dominio público hidráulico requieren concesión, otorgada con objetividad, transparencia, concurrencia y no discriminación, temporal y de plazo máximo no superior a 25 años, incluidas las prórrogas. Se definen la planta flotante y la superficie útil total del embalse (media mensual de los 10 últimos años). En lo eléctrico se rigen por el título IX de la Ley 24/2013; en lo hidráulico, por esta ley; su evaluación de impacto ambiental, por la Ley 21/2013.
Art. 78Navegación recreativa en embalsesLa navegación recreativa en embalses requiere una declaración responsable previa, conforme al artículo 51. En ella se especifican las condiciones de la navegación para que la Administración verifique su compatibilidad con los usos previstos para las aguas almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de derivación o desagüe según se especifique reglamentariamente.
Art. 79Procedimiento para otorgar concesiones y autorizacionesEl reglamento fija la duración de concesiones y autorizaciones, su declaración de utilidad pública y su procedimiento. El procedimiento ordinario de concesiones se rige por publicidad y tramitación en competencia, prefiriéndose en igualdad de condiciones los proyectos de uso más racional del agua y mejor protección del entorno; la competencia puede eliminarse en abastecimiento a poblaciones. Las concesiones de escasa importancia tendrán procedimientos simplificados. En regadíos y usos agrarios informan preceptivamente la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Art. 80Características del Registro de AguasLos Organismos de cuenca llevan un Registro de Aguas en el que se inscriben de oficio las concesiones y los cambios autorizados en su titularidad o características; su organización se fija por reglamento. Es público y cabe pedir certificaciones. Los titulares inscritos pueden pedir la intervención del Organismo de cuenca en defensa de sus derechos. La inscripción es medio de prueba de la existencia y situación de la concesión.
Art. 81Obligación de constituir comunidades de usuariosLos usuarios de una misma toma o concesión deben constituirse en comunidades de usuarios (de regantes si el destino es principalmente el riego). Ellos redactan y aprueban sus estatutos u ordenanzas, que se someten a aprobación del Organismo de cuenca; este no puede denegarla ni introducir variantes sin previo dictamen del Consejo de Estado. Pueden formarse comunidades generales y, por convenio, juntas centrales. El Organismo puede imponer su constitución por interés general o admitir convenios específicos en lugar del régimen de comunidad.
Art. 82Naturaleza y régimen jurídico de las comunidades de usuariosLas comunidades de usuarios son corporaciones de derecho público adscritas al Organismo de cuenca, que vela por sus estatutos y el buen orden del aprovechamiento. Sus estatutos fijan finalidad y ámbito territorial, regulan la participación y representación obligatoria y obligan a contribuir en equitativa proporción a gastos, cánones y tarifas; también prevén las infracciones y sanciones que impone el jurado. Si una comunidad no presenta ordenanzas, el Organismo puede establecerlas previo dictamen del Consejo de Estado.
Art. 83Facultades de las comunidades de usuariosLas comunidades pueden ejecutar a costa del usuario los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer, salvo las personalísimas, y cobrar el coste por apremio. Son beneficiarias de expropiación forzosa y servidumbres. Deben hacer las obras que les ordene la Administración, y el Organismo de cuenca puede suspender el uso del agua hasta que se hagan. Las deudas por conservación, limpieza, mejoras o administración del agua gravan la finca o industria aunque cambie de dueño; se cobran por apremio y cabe prohibir el agua hasta su pago.
Art. 84Órganos de las comunidades de usuariosToda comunidad tiene junta general o asamblea, junta de gobierno y uno o varios jurados. La junta general, de todos los usuarios, es el órgano soberano con las facultades no atribuidas a otro. La junta de gobierno, elegida por ella, ejecuta ordenanzas y acuerdos, vigila los intereses comunes y dicta disposiciones para distribuir el agua. Sus acuerdos son ejecutivos y recurribles en alzada ante el Organismo de cuenca. El jurado resuelve cuestiones de hecho entre usuarios y sanciona; sus fallos son ejecutivos.
Art. 85Pervivencia de organizaciones tradicionalesLos aprovechamientos colectivos con un régimen consignado en ordenanzas debidamente aprobadas siguen sujetos a ellas mientras los usuarios no decidan modificarlas de acuerdo con las propias ordenanzas. Y donde existan jurados o tribunales de riego, cualquiera que sea su denominación peculiar, continúan con su organización tradicional.
Art. 86Titularidad de las obras que integran el aprovechamientoLa titularidad de las obras que son parte integrante del aprovechamiento de una comunidad de usuarios queda definida en el propio título que faculte para su construcción y utilización; para saber a quién pertenecen esas obras hay que acudir a dicho título.
Art. 87Comunidades de usuarios de unidades hidrogeológicas y de acuíferosLos usuarios de una misma unidad hidrogeológica o acuífero deben constituir comunidad de usuarios si lo requiere el Organismo de cuenca, que fija sus límites y el sistema de utilización conjunta. En acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo, la comunidad es obligatoria; si a los seis meses de la declaración no existe, el Organismo la constituye de oficio o encomienda temporalmente sus funciones a un órgano representativo. Además, puede firmar convenios de colaboración en el control de la explotación.
Art. 88Comunidades de aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneasEl Organismo de cuenca puede obligar a constituir comunidades que tengan por objeto el aprovechamiento conjunto de aguas superficiales y subterráneas, cuando así lo aconseje la mejor utilización de los recursos de una misma zona.
Art. 89Requisitos para el abastecimiento a varias poblacionesLas concesiones para abastecer a varias poblaciones solo se otorgan si las Corporaciones Locales se han constituido a estos efectos en Mancomunidades, Consorcios u otras entidades semejantes, o si todas reciben el agua a través de una misma empresa concesionaria. El consorcio o Comunidad, con independencia de su estatuto jurídico, elaborará las ordenanzas previstas en el artículo 81.
Art. 90Comunidades de usuarios de vertidosLas entidades públicas, corporaciones o particulares que necesiten verter agua o productos residuales pueden constituirse en comunidad para el estudio, construcción, explotación y mejora de colectores, estaciones depuradoras y elementos comunes, a fin de verter en el lugar más idóneo y en las mejores condiciones técnicas y económicas, protegiendo el entorno natural. El Organismo de cuenca puede imponer justificadamente su constitución.
Art. 91Otras comunidades de usuarios. Normas de aplicaciónLas disposiciones sobre comunidades de usuarios de los artículos anteriores podrán aplicarse también a otros tipos de comunidades no mencionadas expresamente; entre ellas, las de avenamiento y las que se constituyan para la construcción, conservación y mejora de obras de defensa contra las aguas.
Art. 92Objetivos de la protecciónOcho objetivos de protección de las aguas y del dominio público hidráulico: a) prevenir el deterioro y mejorar los ecosistemas acuáticos y los terrestres y humedales que dependan directamente de ellos; b) uso sostenible del agua; c) reducir progresivamente los vertidos de sustancias prioritarias y eliminar gradualmente los de las peligrosas prioritarias; d) reducir la contaminación de las aguas subterráneas; e) paliar inundaciones y sequías; f) tratados sobre medio marino; g) evitar acumulaciones tóxicas en el subsuelo; h) destinar las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblaciones.
Art. 92 bisObjetivos medioambientalesFija objetivos medioambientales por tipo de agua. Superficiales: prevenir su deterioro, protegerlas y regenerarlas hasta un buen estado y reducir la contaminación por sustancias prioritarias. Subterráneas: evitar o limitar la entrada de contaminantes, equilibrar extracción y recarga e invertir las tendencias al alza de contaminantes. Zonas protegidas: cumplir sus normas y objetivos. Masas artificiales y muy modificadas: buen potencial ecológico y buen estado químico. Los planes hidrológicos pueden fijar objetivos menos rigurosos en masas muy afectadas o de coste desproporcionado.
Art. 92 terEstados de las masas de aguaPara los objetivos de protección se distinguen estados o potenciales de las masas de agua, diferenciando al menos las aguas superficiales, las subterráneas y las masas artificiales y muy modificadas; sus condiciones técnicas y criterios de clasificación se fijan reglamentariamente. En cada demarcación habrá programas de seguimiento del estado de las aguas, que se incorporan a los programas de medidas.
Art. 92 quáterProgramas de medidasCada demarcación hidrográfica tendrá un programa de medidas que tenga en cuenta sus características, las repercusiones de la actividad humana en sus aguas y el estudio económico del uso del agua. Su finalidad es lograr los objetivos medioambientales del artículo 92 bis. Las medidas son básicas (requisitos mínimos de cada demarcación, fijados reglamentariamente) y complementarias (adicionales, para lograr los objetivos o una protección adicional). Lo integran las que aprueben las Administraciones competentes en la protección de las aguas.
Art. 93Concepto de contaminaciónContaminación es la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua, que directa o indirectamente alteren perjudicialmente su calidad respecto de los usos posteriores, la salud humana o los ecosistemas acuáticos o terrestres asociados; causen daños a los bienes; y deterioren o dificulten el disfrute y los usos del medio ambiente. La degradación del dominio público hidráulico incluye las alteraciones perjudiciales de su entorno.
Art. 94Policía de aguasLa policía de las aguas, zonas de servidumbre y perímetros de protección la ejerce la Administración hidráulica competente. En cuencas que exceden de una Comunidad Autónoma, las comisarías de aguas de los Organismos de cuenca inspeccionan el dominio, concesiones, autorizaciones, obras y explotaciones, hacen aforos, informan de crecidas, controlan la calidad y dirigen la guardería fluvial. Sus Agentes Medioambientales son autoridad pública, entran sin previo aviso y sus actas tienen presunción de certeza. Los Guardas Fluviales les apoyan.
Art. 95Apeo y deslinde de los cauces de dominio públicoEl apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectúa por los Organismos de cuenca. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical del Estado y da lugar al amojonamiento. La resolución que lo aprueba es título suficiente para rectificar inscripciones registrales contradictorias, si intervino el titular registral, y para inmatricular los bienes; los titulares afectados pueden ejercitar acciones, con anotación preventiva de la reclamación judicial.
Art. 96Zona de servidumbre y policía en embalses superficiales, lagos y lagunasAlrededor de los embalses superficiales, el Organismo de cuenca podrá prever en sus proyectos las zonas de servicio necesarias para su explotación. En todo caso, las márgenes de lagos, lagunas y embalses quedan sujetas a las mismas zonas de servidumbre y policía fijadas para las corrientes de agua.
Art. 97Actuaciones contaminantes prohibidasCon carácter general, y sin perjuicio del artículo 100, se prohíbe toda actividad susceptible de contaminar o degradar el dominio público hidráulico y, en particular: acumular residuos sólidos, escombros o sustancias que puedan contaminar las aguas o degradar su entorno, sea cual sea su naturaleza y el lugar de depósito; actuar sobre el medio físico o biológico afecto al agua degradándolo; y realizar en los perímetros de protección de los Planes Hidrológicos actividades que puedan contaminar o degradar.
Art. 98Limitaciones medioambientales a las autorizaciones y concesionesLos Organismos de cuenca, en las concesiones y autorizaciones, adoptarán medidas para compatibilizar el aprovechamiento con el medio ambiente y garantizar los caudales ecológicos. Si pueden implicar riesgos ambientales, es preceptivo un informe sobre efectos nocivos, que se traslada al órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre medidas correctoras. Si el Organismo de cuenca presume un riesgo grave, someterá al órgano ambiental la conveniencia de iniciar la evaluación de impacto ambiental.
Art. 99Protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinasLa protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se hará, entre otras acciones, limitando la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, redistribuyendo las captaciones existentes. Los criterios básicos los incluyen los Planes Hidrológicos de cuenca y las medidas oportunas corresponden al Organismo de cuenca.
Art. 99 bisRegistro de Zonas ProtegidasCada demarcación tendrá al menos un registro de zonas protegidas. Incluye necesariamente: captaciones para consumo humano de al menos 10 m³ diarios de media o que abastezcan a más de cincuenta personas, y las futuras; zonas de especies acuáticas económicamente significativas; masas de uso recreativo y aguas de baño; zonas vulnerables por nitratos agrarios; zonas sensibles por aguas residuales urbanas; hábitats o especies dependientes del agua; y perímetros de aguas minerales y termales. Se revisa con el plan hidrológico, del que forma parte un resumen.
Art. 100ConceptoSon vertidos los realizados directa o indirectamente en las aguas continentales y en el resto del dominio público hidráulico, con cualquier técnica. Se prohíbe verter aguas y productos residuales que puedan contaminarlos sin previa autorización administrativa. La autorización persigue los objetivos medioambientales de los planes hidrológicos, con las mejores técnicas disponibles, normas de calidad y límites de emisión; puede fijar plazos y programas de reducción de la contaminación y no exime de otras autorizaciones.
Art. 101Autorización de vertidoLas autorizaciones de vertido fijan sus condiciones y, en todo caso, las instalaciones de depuración, los elementos de control, los límites cuantitativos y cualitativos del efluente y el canon de control del vertido. Las otorga la Administración hidráulica competente, salvo los vertidos a redes de alcantarillado o colectores autonómicos o locales, que autoriza el órgano autonómico o local competente. Duran como máximo cinco años, renovables sucesivamente. Las Entidades locales deben aportar un plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales.
Art. 102Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneasSi el vertido puede provocar la infiltración o el almacenamiento de sustancias capaces de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, solo podrá autorizarse cuando un estudio hidrogeológico previo demuestre su inocuidad.
Art. 103Limitaciones a las actuaciones industriales contaminantesLas autorizaciones para establecer, modificar o trasladar instalaciones o industrias que originen o puedan originar vertidos se otorgan condicionadas a obtener la autorización de vertido. Además, el Gobierno puede prohibir en zonas concretas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, pese al tratamiento, puedan suponer riesgo de contaminación grave, en funcionamiento normal o en situaciones excepcionales previsibles.
Art. 104Revisión de las autorizaciones de vertidoEl Organismo de cuenca puede revisar las autorizaciones de vertido: si sobrevienen circunstancias que habrían justificado denegarlas u otorgarlas en otros términos; si mejoran las características del vertido y lo pide el interesado; o para adecuarlas a las normas y objetivos de calidad aplicables, en especial los de los Planes Hidrológicos. En casos excepcionales, por sequía o situaciones hidrológicas extremas, los Organismos de cuenca pueden modificar con carácter general las condiciones de vertido.
Art. 105Vertidos no autorizadosComprobado un vertido no autorizado o que incumple su autorización, el Organismo de cuenca incoa procedimiento sancionador y de determinación del daño y liquida el canon de control de vertido. Además puede iniciar la revocación de la autorización, la autorización del vertido si es legalizable o la caducidad de la concesión de aguas en casos especialmente cualificados con daños muy graves. Las revocaciones y caducidades no dan derecho a indemnización.
Art. 106Suspensión de actividades que originan vertidos no autorizadosEl Gobierno, en el ámbito de sus competencias, puede ordenar la suspensión de las actividades que originen vertidos no autorizados, salvo que estime más procedente adoptar medidas para corregirlos. Ello no excluye la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hayan podido incurrir los causantes.
Art. 107Explotación de depuradoras por el Organismo de cuencaEl Organismo de cuenca puede hacerse cargo, directa o indirectamente, por interés general y temporalmente, de la explotación de depuradoras de aguas residuales cuando no proceda paralizar la actividad y el incumplimiento de las condiciones autorizadas cause graves inconvenientes. Reclamará al titular, incluso por apremio, las cantidades para adecuar las instalaciones y los gastos de explotación, mantenimiento y conservación.
Art. 108Empresas de vertidoPueden constituirse empresas de vertido para conducir, tratar y verter aguas residuales de terceros. Sus autorizaciones de vertido incluyen, además de las condiciones generales, las de admisibilidad de los vertidos que van a tratar, las tarifas máximas y el procedimiento de su actualización periódica, y la obligación de constituir una fianza que responda de la continuidad y eficacia de los tratamientos. La cuantía de la fianza y los efectos de la revocación se fijan reglamentariamente.
Art. 108 bisPrincipios generalesLa protección de las aguas marinas busca interrumpir o suprimir gradualmente los vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias, con el objetivo último de lograr en el medio marino concentraciones cercanas a los valores básicos para las sustancias de origen natural y próximas a cero para las sintéticas artificiales. Estos principios se recogerán en la legislación sectorial aplicable en cada caso.
Art. 109La reutilización de las aguasReutilizar es dar un nuevo uso privativo, antes de devolverlas al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre, a aguas ya utilizadas por quien las derivó y tratadas para adecuar su calidad: son las aguas regeneradas. Su reutilización efectiva no es vertido, y la recirculación industrial dentro de la propia actividad no es reutilización. Las Administraciones deben impulsarla; las de aglomeraciones de más de 50.000 habitantes elaborarán planes de fomento. Se prohíbe para consumo humano directo, salvo declaración de catástrofe.
Art. 109 bisRégimen jurídico del uso de las aguas regeneradasUsar aguas regeneradas exige concesión administrativa o modificar una existente, según el régimen general del uso privativo. En la competencia de proyectos se notifica al primer usuario y al titular de la autorización de vertido. El organismo de cuenca resuelve motivadamente, con informe preceptivo y vinculante de las autoridades sanitarias. Si el interesado es el primer usuario y el uso está reconocido en su concesión, basta modificarla, sin competencia de proyectos. El concesionario responde del uso del agua regenerada.
Art. 109 terRégimen jurídico de la producción y suministro de aguas regeneradasProducir y suministrar aguas regeneradas exige autorización del organismo de cuenca, previo informe preceptivo y vinculante de las autoridades sanitarias; su condicionado se basa en el Plan de gestión del riesgo y se revisa periódicamente. No exime de otras licencias. Si el solicitante no es el titular de la autorización de vertido, se notifica a este, que tiene preferencia. Las partes responsables y los usuarios finales elaboran el Plan, que define el sistema, identifica riesgos y responsables y se presenta con la solicitud.
Art. 109 quaterControl del cumplimiento de la autorización otorgadaLas partes responsables del sistema de reutilización y los usuarios de aguas regeneradas deben cumplir la autorización o concesión y su parte del Plan de gestión del riesgo. La vigilancia corresponde al organismo de cuenca y a las autoridades sanitarias. Las partes responsables acreditan periódicamente el cumplimiento del Plan, lo que puede hacerse con certificado de una entidad colaboradora de la Administración hidráulica, sin perjuicio de las facultades de inspección.
Art. 109 quinquiesCostes asociados a la reutilización de aguasLos organismos de cuenca, en la planificación hidrológica, determinan las situaciones en que sustituir total o parcialmente una concesión de captación superficial o subterránea por aguas regeneradas ayuda a los objetivos medioambientales o a optimizar los recursos. En ellas caben las ayudas del artículo 109.2 o la exención del 114.2, y los costes adicionales pueden asumirlos las Administraciones u otras entidades beneficiadas. El volumen reutilizado está exento del canon de control de vertido.
Art. 110Ayudas del Estado para actividades que mejoren la calidad de las aguasSe determinarán reglamentariamente ayudas para quienes desarrollen, implanten o modifiquen tecnologías, procesos, instalaciones o equipos, o cambien la explotación, si reducen los usos y consumos de agua o la carga contaminante en origen. También podrán darse a plantaciones forestales que protejan los recursos hidráulicos, y se extienden a potabilización, desalinización, depuración, reutilización de aguas residuales e investigación en estas materias.
Art. 111Concepto y característicasLas zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las artificiales, son zonas húmedas; su delimitación sigue la legislación específica. Toda actividad que las afecte requiere autorización o concesión. Organismos de cuenca y Administración ambiental coordinan su conservación. Los Organismos de cuenca pueden promover su declaración de especial interés y, con informe favorable de los órganos competentes en Medio Ambiente, su desecación si son insalubres o su saneamiento es de interés público.
Art. 111 bisPrincipios generalesLas Administraciones competentes, por el principio de recuperación de costes y con proyecciones a largo plazo, repercutirán a los usuarios finales los costes de los servicios del agua, incluidos los ambientales y del recurso, incentivando el uso eficiente y con contribución adecuada de los usos (al menos abastecimiento, agricultura e industria) según el principio de que quien contamina paga. Habrá tarifas por tramos de consumo. Caben excepciones motivadas, con informe previo y preceptivo de los organismos de cuenca en tres meses.
Art. 112Canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulicoLa ocupación, utilización y aprovechamiento de los bienes de los párrafos b) y c) del artículo 2 que requieran concesión o autorización devengan, a favor del Organismo de cuenca, el canon de utilización, tasa destinada a proteger y mejorar el dominio. Los concesionarios de aguas no lo pagan por los terrenos necesarios para la concesión. Se devenga con el otorgamiento y anualmente. Base: valor del terreno, de la utilización o de los materiales. Tipo: 5 % en ocupación y utilización y 100 % en aprovechamiento.
Art. 112 bisCanon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctricaGrava el uso de las aguas continentales para producir energía eléctrica en barras de central; es una tasa destinada a proteger y mejorar el dominio público hidráulico y solo se aplica en cuencas de competencia estatal. Se devenga con el otorgamiento y anualmente; pagan los titulares del aprovechamiento hidroeléctrico. Base: valor económico de la energía producida. Tipo: 25,5 %. Reducción del 92 % hasta 50 MW. Autoliquidación en marzo. Lo recaudado va un 50 % al Organismo de cuenca y un 50 % a costes del sistema eléctrico.
Art. 113Canon de control de vertidosLos vertidos al dominio público hidráulico pagan el canon de control de vertidos, tasa para el estudio, control, protección y mejora del medio receptor; lo paga quien vierte. Importe: volumen autorizado por precio unitario (precio básico por un coeficiente reglamentario; la mayoración no puede superar 5). Precio básico: 0,01751 €/m³ urbana y 0,04377 €/m³ industrial. Se descuenta el agua reutilizada. Devengo el 31 de diciembre; se liquida en el primer trimestre del año siguiente.
Art. 114Canon de regulación y tarifa de utilización del aguaLos beneficiados, directa o indirectamente, por obras de regulación financiadas por el Estado pagan el canon de regulación; los de otras obras hidráulicas específicas (desalación, abastecimiento, saneamiento, depuración, reutilización…) pagan la tarifa de utilización del agua. Ambas compensan la inversión estatal y los gastos de explotación y conservación. La cuantía suma gastos de funcionamiento y conservación, gastos de administración y el 4 % del valor actualizado de las inversiones. Un factor corrector entre 0,5 y 2 ajusta el consumo.
Art. 115Naturaleza económico-administrativa de las liquidacionesPuede establecerse reglamentariamente la autoliquidación de los cánones y exacciones de los artículos anteriores. Sus actos de aprobación y liquidación son económico-administrativos; su impugnación no suspende su eficacia y la deuda puede exigirse por apremio. El impago puede suponer la suspensión o pérdida del derecho a usar el dominio público hidráulico. Si los obligados están agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa, pueden pagar a través de ella, que queda facultada para recaudar.
Art. 116Acciones constitutivas de infracciónEl incumplimiento de la ley se sanciona conforme a este título. La responsabilidad es solidaria si hay varios responsables y no se puede determinar la participación de cada uno. Son infracciones: dañar bienes del dominio u obras hidráulicas; derivar agua o alumbrar aguas subterráneas sin título; incumplir condiciones de concesiones y autorizaciones; obras o plantaciones sin autorización en cauces; invadir cauces o extraer áridos; verter sin autorización; abrir pozos sin título; e incumplimientos de la declaración responsable.
Art. 117Calificación de las infraccionesLas infracciones se califican reglamentariamente como leves, menos graves, graves o muy graves. Multas: leves, hasta 10.000 €; menos graves, de 10.000,01 a 50.000 €; graves, de 50.000,01 a 500.000 €; muy graves, de 500.000,01 a 1.000.000 €. Sanciona el Organismo de cuenca las leves y menos graves; el ministro competente, las graves; y el Consejo de Ministros, las muy graves. El Gobierno puede actualizar las multas mediante Decreto.
Art. 118Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público hidráulicoAdemás de la sanción, los infractores pueden ser obligados a reparar los daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico y a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador fija ejecutoriamente las indemnizaciones. Tanto las sanciones como esas responsabilidades pueden exigirse por la vía administrativa de apremio.
Art. 119Multas coercitivasLos órganos sancionadores pueden imponer multas coercitivas en los supuestos que contempla la legislación de régimen jurídico y procedimiento administrativo común a la que remite el artículo; cada multa no puede superar el 10 % de la sanción máxima fijada para la infracción. Para asegurar la eficacia de la resolución pueden adoptarse medidas cautelares provisionales, como el sellado de instalaciones, aparatos, equipos y pozos o el cese de actividades.
Art. 120Infracciones constitutivas de delito o faltaSi la infracción puede ser delito o falta, la Administración pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente y no prosigue el procedimiento sancionador mientras no se pronuncie la autoridad judicial. La sanción judicial excluye la multa administrativa. Si no se aprecia delito o falta, la Administración puede continuar el expediente en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado probados.
Art. 121Jurisdicción competenteCorresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de aguas, siempre que esos actos estén sujetos al Derecho Administrativo.
Art. 121 bisArtículo 121 bis