Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001)

Artículo 25. Colaboración con las Comunidades Autónomas

En pocas palabras

Organismos de cuenca y Comunidades Autónomas pueden colaborar, sobre todo incorporándose estas a la Junta de Gobierno, y aquellos pueden celebrar convenios con comunidades autónomas, entidades locales y comunidades de usuarios. Los expedientes sobre uso del dominio público hidráulico requieren informe previo autonómico. Las Confederaciones informan antes los actos y planes autonómicos que afecten al régimen de las aguas o a sus zonas de servidumbre y policía, y si hay nuevas demandas se pronuncian sobre la suficiencia de recursos; si no informan en plazo, el informe se entiende desfavorable.

Explicación sencilla

Articula la colaboración entre organismos de cuenca y comunidades autónomas mediante informes cruzados. El dato estrella es el sentido del silencio: el informe de la Confederación Hidrográfica no emitido en plazo se entiende desfavorable.

Regla mnemotécnica

Confederación que calla, dice no: informe no emitido en plazo = desfavorable.

Trampa típica de examen

Creer que todo acto local queda sujeto al informe: se exceptúan los dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que ya hayan sido objeto de informe previo de la Confederación Hidrográfica.

Texto del artículo 25 del Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) (TRLA)

1. Los organismos de cuenca y las Comunidades Autónomas podrán establecer una mutua colaboración en el ejercicio de sus respectivas competencias, especialmente mediante la incorporación de aquéllas a la Junta de Gobierno de dichos organismos, según lo determinado en esta Ley. 2. Los organismos de cuenca podrán celebrar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y las Comunidades de usuarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 3. Los expedientes que tramiten los organismos de cuenca en el ejercicio de sus competencias sustantivas sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público hidráulico se someterán a informe previo de las Comunidades Autónomas para que manifiesten, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, lo que estimen oportuno en materias de su competencia. Las autorizaciones y concesiones sometidas a dicho trámite de informe previo no estarán sujetas a ninguna otra intervención ni autorización administrativa respecto al derecho a usar el recurso, salvo que así lo establezca una Ley estatal, sin perjuicio de las que sean exigibles por otras Administraciones Públicas en relación a la actividad de que se trate o en materia de intervención o uso de suelo. Al mismo trámite de informe se someterán los planes, programas y acciones a que se refiere el artículo 24, párrafo f. 4. Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno. Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas. El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto. Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo de la Confederación Hidrográfica.

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