Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001)
Artículo 46. Obras hidráulicas de interés general
En pocas palabras
Son obras hidráulicas de interés general, competencia de la Administración General del Estado en las cuencas del artículo 21: las de regulación y conducción del recurso para toda la cuenca; las de control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sobre todo frente a inundaciones, sequías y avenidas; y las de corrección hidrológico-forestal y de abastecimiento, potabilización y desalación que afecten a más de una Comunidad Autónoma. Las demás se declaran por Ley o, en ciertos casos, por Real Decreto. Antes se exige un informe de viabilidad.
Explicación sencilla
Delimita qué obras hidráulicas son de interés general del Estado y por qué vía se declaran: por la propia Ley, por Ley o por Real Decreto a solicitud autonómica. Añade un control: el informe previo de viabilidad, revisable cada seis años si la obra no se ha ejecutado.
Regla mnemotécnica
Interés general: por Ley o, si lo pide la comunidad autónoma, por Real Decreto; informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, revisado cada 6 años.
Trampa típica de examen
Fijar la revisión de los informes de viabilidad cada cuatro o cada diez años: deben revisarse cada seis años si las obras no se hubieran llevado a cabo.
Texto del artículo 46 del Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) (TRLA)
1. Tendrán la consideración de obras hidráulicas de interés general y serán de competencia de la Administración General del Estado, en el ámbito de las cuencas a que se refiere el artículo 21 de esta Ley: a) Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua en toda la cuenca. b) Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, especialmente las que tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones excepcionales, así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los bienes del dominio público hidráulico. c) Las obras de corrección hidrológico-forestal cuyo ámbito territorial afecte a más de una Comunidad Autónoma. d) Las obras de abastecimiento, potabilización y desalación cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma. 2. El resto de obras hidráulicas serán declaradas de interés general por Ley. 3. No obstante lo señalado en el apartado anterior, podrán ser declaradas obras hidráulicas de interés general mediante Real Decreto: a) Las obras hidráulicas contempladas en el apartado 1 en las que no concurran las circunstancias en él previstas, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubiquen, cuando por sus dimensiones o coste económico tengan una relación estratégica en la gestión integral de la cuenca hidrográfica. b) Las obras necesarias para la ejecución de planes nacionales, distintos de los hidrológicos, pero que guarden relación con ellos, siempre que el mismo plan atribuya la responsabilidad de las obras a la Administración General del Estado, a solicitud de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique. 4. La declaración como obras hidráulicas de interés general de las infraestructuras necesarias para las transferencias de recursos, a que se refiere el párrafo c), apartado 1 del artículo 45 de la presente Ley, sólo podrá realizarse por la norma legal que apruebe o modifique el Plan Hidrológico Nacional. 5. Con carácter previo a la declaración del interés general de una obra hidráulica, deberá elaborarse un informe que justifique su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, incluyendo un estudio específico sobre la recuperación de los costes. Se elaborará el mismo informe con carácter previo a la ejecución de las obras de interés general previstas en los apartados 1, 2 y 3. En ambos supuestos, los informes deberán ser revisados cada seis años en el caso de que las obras no se hubieran llevado a cabo. Los informes y sus revisiones periódicas se harán públicos.
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