Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001)
Artículo 115. Naturaleza económico-administrativa de las liquidaciones
En pocas palabras
Puede establecerse reglamentariamente la autoliquidación de los cánones y exacciones de los artículos anteriores. Sus actos de aprobación y liquidación son económico-administrativos; su impugnación no suspende su eficacia y la deuda puede exigirse por apremio. El impago puede suponer la suspensión o pérdida del derecho a usar el dominio público hidráulico. Si los obligados están agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa, pueden pagar a través de ella, que queda facultada para recaudar.
Explicación sencilla
Fija la naturaleza y la ejecutividad de las liquidaciones de los cánones del agua y prevé una consecuencia propia del impago: la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico.
Regla mnemotécnica
Impugnar no suspende; no pagar sí puede suspender (o hacer perder) el derecho al agua.
Trampa típica de examen
Creer que recurrir la liquidación suspende su cobro: la impugnación de los actos no suspenderá su eficacia.
Texto del artículo 115 del Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) (TRLA)
1. Reglamentariamente podrá establecerse la autoliquidación de los cánones o exacciones mencionados en los artículos anteriores. 2. Los actos de aprobación y liquidación de estos cánones o exacciones tendrán carácter económico-administrativo. Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras de los procedimientos aplicables, la impugnación de los actos no suspenderá su eficacia, siendo exigible el abono del débito por la vía administrativa de apremio. El impago podrá motivar la suspensión o pérdida del derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público hidráulico. 3. El pago de las exacciones previstas en la presente Ley, cuando los obligados a ello estén agrupados en una comunidad de usuarios u organización representativa de los mismos, se podrá realizar a través de tales comunidades o entidades, que quedan facultadas a tal fin para llevar a cabo la recaudación correspondiente, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
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