Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001)
Artículo 95. Apeo y deslinde de los cauces de dominio público
En pocas palabras
El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectúa por los Organismos de cuenca. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical del Estado y da lugar al amojonamiento. La resolución que lo aprueba es título suficiente para rectificar inscripciones registrales contradictorias, si intervino el titular registral, y para inmatricular los bienes; los titulares afectados pueden ejercitar acciones, con anotación preventiva de la reclamación judicial.
Explicación sencilla
Fija cómo se delimitan los cauces públicos y qué efectos tiene el deslinde: posesión y titularidad estatales, amojonamiento y acceso al Registro de la Propiedad. Protege a los titulares inscritos exigiendo su intervención en el expediente y dejando abiertas sus acciones.
Regla mnemotécnica
Deslinde aprobado: Posesión + Titularidad para el Estado → Amojonamiento (PTA).
Trampa típica de examen
Atribuir el deslinde a las Comunidades Autónomas: corresponde a la Administración del Estado, que lo efectúa por los Organismos de cuenca.
Texto del artículo 95 del Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) (TRLA)
1. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a la Administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine. 2. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento. 3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial.
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