Decreto 109/2015, Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

Artículo 46. Condiciones especiales para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos respecto de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas

En pocas palabras

Las entidades locales, o las entidades o sociedades públicas o privadas a las que se haya encomendado o cedido la explotación de la depuradora de aguas residuales urbanas, son responsables del seguimiento y controles periódicos exigidos por el Real Decreto 509/1996. Los realizan entidades colaboradoras de la Consejería o habilitadas por la Administración General del Estado, que comunican los resultados a la Dirección General competente en materia de vertidos. Estas obligaciones se incluyen en las autorizaciones y su incumplimiento puede dar lugar a expediente sancionador.

Explicación sencilla

Organiza el seguimiento de las depuradoras urbanas: quién responde (entidad local o gestora), quién mide (entidades colaboradoras) y a quién se informa (la Dirección General, que cumple a su vez los deberes de información). Lo blinda incluyéndolo en la autorización y haciéndolo sancionable.

Regla mnemotécnica

Depuradora urbana: responde la entidad local o la gestora, mide la entidad colaboradora y recibe los datos la Dirección General.

Trampa típica de examen

Pensar que las entidades colaboradoras comunican los resultados a la Delegación Territorial o directamente a la Administración General del Estado: los comunican a la Dirección General competente en materia de vertidos.

Texto del artículo 46 del Decreto 109/2015 (RVA)

1. A los efectos de lo establecido en el apartado primero del artículo 9 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, las entidades locales, o bien las entidades o sociedades públicas o privadas a las que se encuentre encomendada o cedida la explotación de la instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas, serán responsables del seguimiento correspondiente y los controles periódicos para garantizar el cumplimiento de lo señalado en el citado Real Decreto. Las actuaciones correspondientes a dicho seguimiento y control, que deberán efectuarse con arreglo a los métodos de referencia establecidos en dicho Real Decreto, serán llevadas a cabo por entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de agua, o bien por entidades colaboradoras habilitadas en el ámbito de la Administración General del Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 255 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 2. Las entidades colaboradoras señaladas en el apartado anterior, serán las responsables de comunicar a la Dirección General competente en materia de vertidos los resultados del seguimiento y control, a efectos de que por parte de la misma se proceda al cumplimiento de las obligaciones de elaboración y publicación de informes, así como de notificación a la Administración General del Estado a las que se refieren los apartados tercero y cuarto del artículo 9 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo. 3. Las obligaciones establecidas en este artículo se incluirán en las correspondientes autorizaciones de vertido y su incumplimiento podrá ser objeto de la incoación del correspondiente expediente sancionador, en virtud de lo establecido en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y demás normativa de aplicación. 4. Todo lo anterior, sin perjuicio de cuantas actuaciones tenga que realizar el órgano competente en materia de vertidos, para poder cumplir con sus obligaciones de notificación e información en materia de depuración de aguas residuales urbanas.

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