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Decreto 109/2015, Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía

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Art. 1ObjetoEl Reglamento tiene cuatro objetos: a) desarrollar el régimen jurídico de las autorizaciones de vertido a dominio público hidráulico y a dominio público marítimo-terrestre; b) desarrollar el régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas; c) regular la inspección y el control de los vertidos; y d) regular el Registro de Vertidos de Andalucía.
Art. 2Ámbito de aplicaciónSe aplica a los vertidos directos o indirectos al dominio público hidráulico o marítimo-terrestre de competencia andaluza, sin perjuicio de la normativa básica de aguas y costas, y a las aguas depuradas susceptibles de reutilización. No son vertidos: la evacuación de aguas sin contaminación (pluviales limpias, acuicultura extensiva o tradicional) ni los vertidos a elementos ajenos a esos dominios que no les afecten. Se excluyen los vertidos desde buques y aeronaves a aguas litorales. Para actividades con AAU o AAI, el Capítulo IV es supletorio.
Art. 3DefinicionesDefine 34 conceptos. Datos clave: aguas costeras, hasta una milla náutica mar adentro desde la línea base; aguas territoriales, hasta doce millas náuticas (22,2 km) desde la línea de bajamar escorada; habitante-equivalente, carga con DBO5 de 60 gramos de oxígeno por día; aguas litorales, las de transición, costeras y territoriales; aguas limitadas, entre ellas el Guadalquivir de Sanlúcar a Presa de Alcalá y la Bahía de Cádiz; los valores límite de emisión nunca pueden alcanzarse por dilución.
Art. 4Secreto industrial y comercialEl Reglamento se aplica respetando la legislación sobre secreto industrial y comercial. Quien sea titular de una actuación sometida a autorización puede pedir, mediante solicitud razonada que concrete los datos y aporte la documentación que acredite su carácter, que se mantengan confidenciales los datos con trascendencia comercial o industrial frente a terceros distintos de la Administración. El órgano competente para tramitar la autorización resuelve de forma motivada en un mes como máximo; si no notifica, puede entenderse estimada la petición.
Art. 5Órganos competentesInstruye la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de agua de la provincia del vertido: autorización de vertido, su revisión, modificación y extinción, autorización de reutilización de aguas depuradas y el informe de admisibilidad para la AAI o AAU. Si el expediente integra puntos de vertido que afectan a más de una provincia, instruye la Dirección General competente en materia de vertidos. La Dirección General resuelve todos esos procedimientos y emite el informe de conformidad al informe de admisibilidad.
Art. 6Tramitación telemáticaLos procedimientos del Reglamento podrán tramitarse por medios telemáticos conforme a la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el Decreto 183/2003 y demás normativa aplicable. Esa tramitación telemática se desarrollará mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de agua.
Art. 7Finalidad de la autorización de vertido y prohibicionesLa autorización de vertido busca alcanzar los objetivos medioambientales de la normativa de aguas y proteger la salud humana. Se prohíben los vertidos susceptibles de contaminar, directos o indirectos, a cualquier bien del dominio público hidráulico o, desde tierra, del marítimo-terrestre, sin autorización. Se prohíben en todo caso los vertidos sin depurar en la zona de servidumbre de protección y en la zona de influencia, y el vertido de fangos de depuradoras a aguas litorales y continentales.
Art. 8Titulares de las autorizacionesPueden ser titulares: municipios, entidades supramunicipales, comunidades de usuarios, titulares de edificaciones aisladas y de actividades económicas, y entidades urbanísticas de conservación inscritas. Si no hay un único titular, el órgano instructor puede requerir a los establecimientos de una misma zona o polígono, o a urbanizaciones, que formen una comunidad de usuarios de vertidos en seis meses; esta será la titular. En los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la actividad es única. Si se cede la gestión, el cesionario es titular mientras dure la cesión.
Art. 9Autorización de vertido a fosas sépticas, depósitos estancos y redes de saneamiento municipalesLos municipios autorizan vertidos a fosas sépticas y a redes de saneamiento municipales; la Consejería de agua autoriza el vertido desde las fosas al dominio público. Edificación aislada a más de 100 metros de otra, con menos de 15 habitantes-equivalentes y aguas solo sanitarias: fosa séptica seguida de otro sistema de depuración, sin autorización de vertido. Si hay otras en 100 metros: sistema conjunto autorizado o depósito estanco. En vertidos a redes municipales con especial incidencia, informe vinculante de la Delegación Territorial en 30 días; si falta, requerimiento urgente de 15 días.
Art. 10Autorizaciones de vertido en actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada o unificadaEn actividades con autorización ambiental unificada o integrada, la autorización de vertido se integra en ellas. El órgano territorial de vertidos emite informe de admisibilidad y lo remite con el expediente a la Dirección General competente en materia de vertidos, que emite informe de conformidad y puede añadir condiciones o modificaciones. A su vista, la Delegación Territorial emite el informe de admisibilidad final, vinculante, que se transcribe íntegro en la AAI o AAU. Si hay puntos de vertido en más de una provincia, la Dirección General emite directamente el informe de conformidad.
Art. 11SolicitudLa solicitud se dirige al órgano que resuelve, se presenta ante el que instruye y sigue el modelo del Anexo I, con la documentación del artículo 12 y al menos la información del Anexo II.a), firmada por el solicitante o su representante. Se presenta preferentemente por vía telemática en el Registro Telemático Único de la Junta, con firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido o con el DNI electrónico. Las copias digitalizadas se garantizan con firma electrónica avanzada. Por medios no electrónicos, preferentemente en el registro de la Delegación Territorial.
Art. 12DocumentaciónCon la solicitud se acompaña: la declaración de vertidos según el modelo del Anexo I, con los extremos del Anexo II.b); y la documentación especificada en el Anexo II.c). Los documentos firmados por personal técnico competente solo deben venir visados por el colegio profesional cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, conforme al artículo 13.1 de la Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales.
Art. 13Subsanación y mejora de la solicitudSi la solicitud no reúne los requisitos o la documentación exigidos, el órgano competente para instruir requiere al interesado para que subsane o aporte los documentos en diez días, advirtiéndole de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido, previa resolución del órgano competente para resolver. El órgano instructor puede también recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de la solicitud, levantando acta sucinta que se incorpora al procedimiento.
Art. 14Informe de admisibilidadLos servicios técnicos del órgano instructor comprueban la declaración de vertido y su adecuación a las normas de calidad y objetivos medioambientales. Si se necesitan autorizaciones o concesiones de obras, aprovechamiento de aguas, ocupación del dominio marítimo-terrestre o uso en servidumbre, se pide informe previo de viabilidad; y a Planificación hidrológica en los casos del artículo 24. Los informes se emiten en treinta días; si no, se sigue. Si el vertido es improcedente, se propone motivadamente la denegación, previa audiencia, o se piden correcciones en treinta días como máximo.
Art. 15Información públicaVerificada la compatibilidad ambiental, el expediente se somete a información pública para que cualquier persona física o jurídica pueda examinarlo, alegar y manifestarse. Dura un mínimo de veinte días y se anuncia en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con las características fundamentales de la solicitud. Se excluyen los datos confidenciales. De las alegaciones se da traslado al peticionario para que manifieste lo que convenga en 10 días. En la declaración de utilidad pública para expropiaciones y servidumbres, la información pública es independiente.
Art. 16Consultas e informes y visita de confrontaciónA la vez que la información pública, el órgano instructor pide los informes preceptivos y los que considere necesarios; deben emitirse en un mes como máximo desde la recepción de la petición, y si no, puede seguirse, aunque los tardíos pueden tenerse en cuenta. Son preceptivos el de la Consejería de pesca, acuicultura y marisqueo si el vertido puede afectar a zonas de especial importancia para esas actividades, y el de la Consejería de salud si afecta a zona de baño. Puede hacerse visita de confrontación.
Art. 17Informe técnicoTras la información pública y las consultas, el órgano instructor elabora un informe técnico con los condicionantes de la autorización derivados del análisis y de los informes emitidos. Determina el canon de control de vertidos o el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y demás tributos. Incluye la fianza del artículo 88.f) de la Ley 7/2007, por importe equivalente a un semestre del impuesto o canon. La fianza es revisable, irrevocable y de ejecución inmediata, y se devuelve al extinguirse la autorización, salvo renuncia y caducidad, con las deducciones que procedan.
Art. 18Trámite de audienciaAntes de elaborar la propuesta de resolución, el informe técnico se remite al solicitante y, si los hay, a los demás interesados, para que aleguen lo que estimen oportuno en un plazo máximo de diez días. El solicitante debe aportar, en su caso, el resguardo de la constitución de la fianza, que se deposita en metálico, aval bancario u otra forma admitida en derecho ante la Caja de Depósitos de la provincia.
Art. 19Propuesta de resoluciónTerminada la audiencia, el órgano instructor elabora la propuesta de resolución con los extremos del informe técnico y, en su caso, las modificaciones que procedan tras analizar las alegaciones de los solicitantes en el trámite de audiencia. Emitida la propuesta, eleva el expediente completo al órgano competente para resolver.
Art. 20ResoluciónEl órgano competente debe dictar y notificar la resolución de autorización en un plazo máximo de seis meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación. Si transcurre ese plazo sin notificarse la resolución, los interesados pueden entender desestimada su solicitud, conforme al artículo 85.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.
Art. 21Contenido de la autorización y alcanceLa autorización fija las condiciones del vertido para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, aprueba el programa de vigilancia y control e incluye canon, impuesto y fianza. Puede prever medidas para situaciones anormales. Se otorga con las mejores técnicas disponibles y con condiciones más rigurosas si lo exigen los objetivos medioambientales. Lleva implícitas las autorizaciones de obras, pero queda condicionada a las concesiones de ocupación, uso en servidumbre o aprovechamiento. Se publica en la web de la consejería.
Art. 22Programas de reducción de la contaminaciónCuando el vertido requiera ejecutar obras o instalaciones, la autorización puede establecer un programa de reducción de la contaminación, con límites temporales para los parámetros superiores a los definitivos. El programa no puede durar más de dos años, aunque por causas justificadas el órgano otorgante de la autorización puede autorizar prórrogas.
Art. 23Procedimiento simplificadoLos vertidos urbanos o asimilables de núcleos aislados de menos de 250 habitantes-equivalentes, sin posibilidad de formar parte de aglomeraciones urbanas, siguen un procedimiento simplificado: resolución en cuatro meses como máximo, con silencio desestimatorio. Se usa la solicitud y declaración simplificada del Anexo III y la documentación del Anexo II.c), con memoria descriptiva en lugar de proyecto. Es análogo al general pero sin información pública. Una Orden de la Consejería de agua determinará cuándo puede sustituirse por declaración responsable.
Art. 24Límites de emisiónLos límites de emisión se fijan en cada autorización según las normas de calidad y objetivos de la masa de agua, el estado de la técnica y la capacidad de absorción. Por regla general no se autorizan vertidos que superen el Anexo IV o las conclusiones MTD. Excepcionalmente caben límites menos estrictos que las MTD por costes desproporcionados debidos a la ubicación o a las características técnicas. Las normas de calidad deben cumplirse fuera de la zona de mezcla, propuesta por el titular. Los límites son concentraciones máximas y no se alcanzan por dilución.
Art. 25Normas de Calidad Ambiental y objetivos medioambientalesPara fijar en la autorización de vertido las condiciones de inmisión, el órgano competente debe considerar las normas de calidad ambiental, los objetivos medioambientales de los Planes Hidrológicos de cuenca para cada masa de agua y el estado de esta. Esos límites y condiciones se adaptarán a las exigencias del derecho comunitario, estatal y autonómico.
Art. 26Autorización de vertido en acuíferos y aguas subterráneasSi el vertido puede provocar la infiltración o el almacenamiento de sustancias que contaminen acuíferos o aguas subterráneas, solo puede autorizarse cuando un estudio hidrogeológico previo demuestre su inocuidad y sea compatible con la normativa de espacios naturales protegidos u otra aplicable. El procedimiento es el de los artículos 11 y siguientes, con las particularidades de este Capítulo.
Art. 27Vertidos de sustancias peligrosas a las aguas subterráneasSe prohíbe el vertido directo a aguas subterráneas de las sustancias de la relación I del Anexo III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, salvo que un estudio hidrogeológico previo demuestre que esas aguas son inadecuadas de forma permanente para cualquier uso; aun así, no puede obstaculizarse la explotación del suelo ni llegar a otros sistemas acuáticos. Para las de la relación II se estudian el vertido directo y las acciones de eliminación o depósito que puedan causar vertido indirecto, y se autoriza si el estudio demuestra su inocuidad.
Art. 28Estudio hidrogeológicoEl estudio hidrogeológico previo contemplará como mínimo las características hidrogeológicas de la zona, el eventual poder depurador del suelo y subsuelo y los riesgos de contaminación y alteración de las aguas subterráneas, y determinará si el vertido es inocuo y una solución adecuada. Lo suscribe personal técnico competente; se aporta con la declaración de vertido o lo requiere el órgano instructor si se presume contaminación. Se incorpora al expediente y la Consejería puede pedir sobre él informe del Instituto Geológico y Minero de España.
Art. 29Condicionado de las autorizaciones de vertido a aguas subterráneasLas autorizaciones de vertido a aguas subterráneas incluyen las condiciones del Anexo II.d). Si el vertido se produce en zonas limítrofes con demarcaciones hidrográficas de otra Administración Hidráulica intercomunitaria, el órgano instructor lo notifica a esta para que pueda informar antes de otorgarse la autorización. Si las aguas subterráneas son transfronterizas, lo notifica al Ministerio competente en materia de medio ambiente para que pueda informar a los demás Estados afectados.
Art. 30Vigencia de la autorización de vertidoLas autorizaciones de vertido tienen vigencia indefinida, siempre que el órgano competente no haya notificado a la persona titular el inicio de un procedimiento de revisión de la autorización o, en su caso, que no se haya fijado expresamente un plazo de vigencia en el condicionado de la propia autorización.
Art. 31Revisión y modificación de la autorización de vertidoLa autorización puede revisarse o modificarse por revisión de oficio del órgano que la otorgó, por solicitud de modificación del titular o por cambio de titularidad. Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses, desde el acuerdo de inicio en la revisión de oficio o desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano instructor en los demás casos. Si vence: caducidad en la revisión de oficio, desestimación en la modificación a instancia del titular y estimación en el cambio de titularidad. Conlleva revisar canon, impuesto, fianza y demás tributos.
Art. 32Revisión de la autorización de vertido por el órgano competente para el otorgamiento de la mismaEl órgano que otorgó la autorización puede revisarla de oficio: si sobrevienen circunstancias que habrían justificado denegarla u otorgarla en otros términos (incluidas mejores técnicas disponibles), para adecuarla a las normas de calidad y objetivos del plan hidrológico, o excepcionalmente por sequía o situaciones hidrológicas extremas. El instructor hace un estudio previo y un informe; se acuerda el inicio y se notifica al titular, que tiene un mes para aceptar o poner reparos. Después se eleva la propuesta. La revisión no da derecho a indemnización.
Art. 33Modificación a instancia de la persona titular de la autorización de vertidoEl titular debe pedir la modificación si cambia la calidad o características autorizadas del vertido y, en todo caso: incremento superior al 25% del caudal o de la carga contaminante, o nuevos contaminantes; con sustancias peligrosas, incremento superior al 10% de las emisiones; o modificaciones sucesivas que superen esos límites. El informe técnico se remite al titular, que tiene diez días para aceptar o poner reparos. Si el titular duda, consulta a la Delegación Territorial, que resuelve en un mes; su silencio equivale a modificación no necesaria.
Art. 34Cambio de titularidadLa transmisión intervivos la solicita quien pretende adquirir la titularidad, ante el órgano que emitió la autorización, acreditando su capacidad legal, técnica y económica, el consentimiento del titular vigente y la aceptación expresa de todas las obligaciones. La resolución se notifica al solicitante y al transmitente. Si la entidad titular se extingue o la persona física fallece, quien asuma organización, patrimonio y obligaciones pide el cambio en tres meses, sin requerimiento. Si no se comunica la transmisión, responde el nuevo titular de la actividad, que se subroga en fianza y tributos.
Art. 35Extinción de la autorización de vertidoLa autorización de vertido se extingue por caducidad, cese del vertido, renuncia del titular, revocación o extinción de la concesión de ocupación del dominio público hidráulico o marítimo-terrestre inherente a ella. Su extinción, por cualquier causa, arrastra las autorizaciones implícitas, y se comunica al órgano competente en concesiones o autorizaciones de uso. La Administración hidráulica no asume obligaciones laborales ni económicas del titular. Pagar tributos después no presupone vigencia, sin perjuicio de su devolución cuando proceda.
Art. 36Caducidad de la autorización de vertidoEl órgano competente para resolver, a propuesta del instructor y previa audiencia del titular, declara la caducidad si las obras de vertido no se han iniciado, se han paralizado o no se han terminado; el interesado deberá pedir nueva autorización. Si no hay cambios sustanciales, puede prorrogarse la vigencia hasta un máximo de cinco años, a solicitud del promotor o titular con memoria justificativa, presentada al menos tres meses antes del plazo de caducidad. Se resuelve en tres meses; el silencio permite entender concedida la prórroga por lo pedido, con el tope de cinco años.
Art. 37Cese del vertidoLas personas titulares de una autorización de vertido deben comunicar el cese definitivo de su vertido al órgano competente para la instrucción con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha prevista para el cese.
Art. 38Revocación de la autorización de vertidoEl órgano competente para otorgar la autorización puede revocarla, mediante resolución motivada, previo requerimiento no atendido y audiencia del titular, y sin perjuicio de las sanciones, por: no realizar las modificaciones exigidas en el plazo señalado; no mantener en buen estado obras, instalaciones y dominio público afectado; ocultar datos o no comunicar cambios sustanciales; no hacer las obras necesarias para el funcionamiento; impago del canon, impuesto o tasa en plazo superior a un año; transmisión sin cumplir los requisitos; o incumplir cualquier otra condición.
Art. 39Régimen jurídico de la reutilizaciónReutilizar aguas depuradas procedentes de un aprovechamiento exige concesión administrativa. Pero si la pide el titular de la autorización de vertido de aguas residuales, basta una autorización administrativa, complementaria de la de vertido. Su solicitud es preferente frente a las de concesión del primer usuario de las aguas o de terceros. La concesión o autorización se tramita conforme al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre.
Art. 40Uso por terceras personas de las aguas destinadas a la reutilizaciónConforme al artículo 7 del Real Decreto 1620/2007, las infraestructuras de reutilización ejecutadas por las Administraciones públicas pueden explotarse por la propia Administración, por una entidad o sociedad pública en su nombre, o cederse a los usuarios transfiriéndoles la concesión o autorización. El sistema tarifario aplicable se especificará en los planes y programas de reutilización de las Administraciones estatal, autonómica o local, en sus respectivas competencias.
Art. 41CompetenciasLas Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de agua ejercen la vigilancia, inspección y control ambiental de todo lo sujeto a autorización de vertido, sin perjuicio de las competencias de otros órganos o Administraciones. Los municipios vigilan, inspeccionan y controlan los vertidos a las redes de saneamiento municipal y validan los datos aportados por quienes vierten a ellas. Las entidades colaboradoras habilitadas según el Decreto 334/2012 pueden prestar apoyo en la inspección y el control.
Art. 42InspeccionesCada año la persona titular de la Dirección General competente en materia de vertidos aprueba por resolución un programa de inspecciones, que ejecutan las Delegaciones Territoriales, con frecuencias según criterios como la adecuación de las instalaciones, incumplimientos previos, población o volumen, peligrosidad o espacios protegidos. El personal funcionario inspector es agente de la autoridad y sus actas tienen presunción de veracidad. Los inspeccionados deben colaborar y permitir la entrada. Tras la visita se levanta acta, con las alegaciones, y se entrega copia al titular.
Art. 43Programas de vigilancia y controlEl titular ejecuta a su cargo el programa de vigilancia y control de las normas de emisión y, en vertidos al litoral, también del medio receptor y de la conducción. El control lo hace una entidad colaboradora, un laboratorio acreditado UNE-EN ISO/IEC 17025 o el propio titular con medios adecuados. Los análisis se conservan al menos tres años. Se respetan los valores límite si, en un año natural, no los superan el 95% de los valores puntuales, el 95% de los medios diarios y el 90% de los mensuales, sin superaciones de más del 100%.
Art. 44Declaración anualCada año el titular presenta una declaración de vertidos según el Anexo V, antes del 1 de marzo del año siguiente, dirigida a la Delegación Territorial. Incluye, entre otros datos: expediente, titular, emplazamiento, características, volumen anual, caudal medio mensual, rendimiento de la planta, resultados de vigilancia y control, efectos sobre el medio receptor e incidencias del año anterior. Por motivos justificados puede exigirse además un informe del titular o de una entidad colaboradora. En actividades con AAI, forma parte de la declaración anual del Decreto 5/2012.
Art. 45Medidores de caudal y control automáticoSi lo establece la autorización, el titular debe instalar en los colectores finales equipos de control automático en continuo del caudal y la calidad del vertido, con registro continuo, y permitir que la Consejería instale un equipo de transmisión de datos a la Delegación Territorial, cuando la importancia o peligrosidad del vertido lo hagan necesario. Los equipos se calibran y mantienen con un plan documentado. Cualquier modificación de los equipos la aprueba el órgano competente para otorgar la autorización.
Art. 46Condiciones especiales para el seguimiento del cumplimiento de los requisitos respecto de los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanasLas entidades locales, o las entidades o sociedades públicas o privadas a las que se haya encomendado o cedido la explotación de la depuradora de aguas residuales urbanas, son responsables del seguimiento y controles periódicos exigidos por el Real Decreto 509/1996. Los realizan entidades colaboradoras de la Consejería o habilitadas por la Administración General del Estado, que comunican los resultados a la Dirección General competente en materia de vertidos. Estas obligaciones se incluyen en las autorizaciones y su incumplimiento puede dar lugar a expediente sancionador.
Art. 47Métodos analíticos de referenciaLos métodos analíticos de referencia para los parámetros del Anexo IV, el cumplimiento de las Normas de Calidad Ambiental y cualquier otro exigido por el Reglamento son los del Anexo VI. Para sustancias no recogidas, se usan otros métodos suficientemente contrastados por organismos o entidades de reconocido prestigio, aunque el órgano competente puede fijarlos en la autorización. Las técnicas específicas de mayor representatividad requieren autorización de la Consejería. A falta de método, se aplican las mejores técnicas disponibles sin costes desproporcionados.
Art. 48Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluviaPara los desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, el Reglamento no fija reglas propias: se tendrán en cuenta los criterios del artículo 259 ter del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y su normativa de desarrollo, así como lo que establezcan los correspondientes Planes Hidrológicos de Cuenca.
Art. 49Vertidos accidentales y de contingenciaSi se produce un vertido capaz de originar emergencia y peligro para las personas y el medio receptor, el titular lo comunica inmediatamente a la Delegación Territorial, que da traslado a la Delegación del Gobierno de la Junta para las medidas de protección civil. El titular debe reducir al máximo sus efectos y remitir en 48 horas como máximo un informe detallado. Nada de ello le exime de responsabilidad. El vertido excepcional por fuerza mayor se comunica antes a la Delegación Territorial; si afecta a zona de baño, se programa fuera de temporada y se avisa a Salud.
Art. 50Normas de actuaciónComprobado un vertido no autorizado o que incumple la autorización, la Consejería competente en materia de agua puede: incoar procedimiento sancionador, liquidar el canon de control de vertido (aguas continentales), pedir al órgano tributario la liquidación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y liquidar la fianza. Puede además iniciar la revocación de la autorización, la autorización del vertido si es legalizable, o la caducidad de la concesión de ocupación o aprovechamiento en casos con daños muy graves. Revocaciones y caducidades no dan derecho a indemnización.
Art. 51Supuestos de suspensión de actividades que originen vertidos no autorizadosEl Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía puede ordenar la suspensión de actividades que originen vertidos no autorizados cuando haya daño o deterioro grave para el medio ambiente o peligro grave para la seguridad o salud de las personas, salvo que considere más procedente adoptar medidas de corrección a cargo del titular. Antes necesita informe de la Consejería competente en materia de agua, emitido en un mes como máximo desde que se conocen los hechos, y audiencia del interesado. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa.
Art. 52Supuestos especiales de intervención de la AdministraciónSi las inspecciones revelan el mal funcionamiento de una estación depuradora de aguas residuales, la Consejería competente en materia de agua puede requerir al titular, sin perjuicio del procedimiento sancionador, que adopte las medidas necesarias para su correcto funcionamiento en el plazo que se fije en cada caso. Si el titular no atiende el requerimiento, la Consejería propondrá al Consejo de Gobierno la suspensión temporal de las actividades que producen el vertido.
Art. 53ObjetoEl Registro de Vertidos recoge e inscribe la información sobre vertidos al dominio público hidráulico y marítimo-terrestre y sobre reutilización de aguas que sea necesaria para elaborar censos, inventarios, registros, directrices, planes y estadísticas exigidos por la legislación, o para remitir información a otras autoridades. También facilita el acceso a la información en materia de aguas del artículo 15 del Real Decreto Legislativo 1/2001 y del artículo 19 de la Ley 9/2010.
Art. 54Naturaleza y fines del RegistroEl Registro está adscrito a la Dirección General con competencia en materia de vertidos; es administrativo, público y gratuito, y cualquier persona o entidad puede acceder a sus asientos, con los límites de protección de datos y secreto industrial y comercial. Sus fines: recopilar, inscribir y dar publicidad a la información de vertidos y reutilización; servir para censos, planes y estadísticas; y atender demandas de información. Colabora con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía. Certificaciones, a la Consejería; la reutilización de la información sigue la Ley 37/2007.
Art. 55CompetenciasLa Dirección General con competencia en materia de vertidos efectúa las inscripciones, anotaciones, modificaciones y cancelaciones de las autorizaciones de vertido en el Registro y coordina a las Delegaciones Territoriales. A las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de agua les corresponde expedir certificaciones y facilitar información sobre los datos del Registro, cuando proceda, y cualquier otra función que les encomiende la Dirección General.
Art. 56Estructura del RegistroLa estructura y el contenido del Registro de Vertidos, así como el acceso y la solicitud y expedición de certificaciones por medios telemáticos, no se fijan en el Reglamento: se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de agua.
Art. 57Régimen sancionadorEn infracciones y sanciones se aplica el Título IX de la Ley 9/2010, de 30 de julio. Además, en materia de agua, se aplican partes del Título VIII de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental: los Capítulos I, II, IV y V y, del Capítulo III, las Secciones 4.ª, 7.ª y 9.ª, esta salvo los artículos 158 y 159. Todo ello sin perjuicio de otras leyes sectoriales y del régimen de responsabilidad ambiental, incluidas la Ley 26/2007, la valoración de daños del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la planificación.
Art. 58Competencia sancionadoraImponen sanciones: la persona titular de la Delegación Territorial, hasta 60.000 euros; la de la Dirección General competente en materia de agua, de 60.001 a 150.250 euros; la de la Consejería, de 150.251 a 300.500 euros; y el Consejo de Gobierno, por encima de 300.500 euros. Quien impone la principal impone las accesorias y gradúa. Inicia e instruye la persona titular de la Delegación Territorial; si los hechos afectan a más de una provincia, la de la Dirección General competente en materia de vertidos, que también resuelve hasta 150.250 euros.