Artículo 58. Competencia sancionadora
En pocas palabras
Imponen sanciones: la persona titular de la Delegación Territorial, hasta 60.000 euros; la de la Dirección General competente en materia de agua, de 60.001 a 150.250 euros; la de la Consejería, de 150.251 a 300.500 euros; y el Consejo de Gobierno, por encima de 300.500 euros. Quien impone la principal impone las accesorias y gradúa. Inicia e instruye la persona titular de la Delegación Territorial; si los hechos afectan a más de una provincia, la de la Dirección General competente en materia de vertidos, que también resuelve hasta 150.250 euros.
Explicación sencilla
Reparte la potestad sancionadora por tramos de cuantía, de la Delegación Territorial al Consejo de Gobierno, y separa la instrucción, que es de la Delegación salvo infracciones que afecten a más de una provincia. Es el artículo con más cifras del Reglamento.
Regla mnemotécnica
Escalera 60.000 - 150.250 - 300.500: Delegación, Dirección General, Consejería y, por encima, Consejo de Gobierno. Instruye siempre la Delegación, salvo si hay varias provincias.
Trampa típica de examen
Atribuir a la Dirección General la instrucción de todos los procedimientos sancionadores: corresponde a la persona titular de la Delegación Territorial, salvo que los hechos afecten a más de una provincia.
Texto del artículo 58 del Decreto 109/2015 (RVA)
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley 7/2007, de 9 de julio y 109 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, son órganos competentes para la imposición de sanciones: a) La persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería Competente en materia de agua, para las sanciones cuyo importe no supere los 60.000 euros. b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de agua, para las sanciones cuyo importe vaya desde 60.001 hasta 150.250 euros. c) La persona titular de la Consejería competente en materia de agua, para las sanciones cuyo importe vaya desde 150.251 hasta 300.500 euros. d) El Consejo de Gobierno, para las sanciones cuyo importe supere los 300.500 euros. 2. Será competente para la imposición de las sanciones accesorias previstas en los artículos 155 y 156 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, así como para la graduación de la sanción conforme a lo dispuesto en el artículo 157 de dicha Ley, el órgano competente para imponer la sanción principal. 3. El inicio e instrucción de los procedimientos sancionadores será competencia de la persona titular de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de agua. 4. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, en aquellos supuestos en los que los hechos constitutivos de una infracción afecten al territorio de más de una provincia, corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de vertidos, el inicio e instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, así como la resolución cuando la cuantía de la sanción sea hasta 150.250 euros. 5. En el caso de autorizaciones de vertido incluidas en Autorizaciones Ambientales Unificada o Autorizaciones Ambientales Integradas, la competencia sancionadora corresponderá al órgano competente según lo establecido en el artículo 44 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto y el artículo 47 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, respectivamente.
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