Artículo 50. Normas de actuación
En pocas palabras
Comprobado un vertido no autorizado o que incumple la autorización, la Consejería competente en materia de agua puede: incoar procedimiento sancionador, liquidar el canon de control de vertido (aguas continentales), pedir al órgano tributario la liquidación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales y liquidar la fianza. Puede además iniciar la revocación de la autorización, la autorización del vertido si es legalizable, o la caducidad de la concesión de ocupación o aprovechamiento en casos con daños muy graves. Revocaciones y caducidades no dan derecho a indemnización.
Explicación sencilla
Ofrece a la Administración un catálogo de respuestas ante el vertido irregular, desde la sanción y la liquidación económica hasta la legalización o la pérdida de los títulos, y cierra la puerta a indemnizar por revocaciones y caducidades.
Regla mnemotécnica
Vertido irregular: sanción, canon, impuesto y fianza; y además revocar, legalizar o caducar, sin indemnización.
Trampa típica de examen
Pensar que la Consejería liquida directamente el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales: lo que hace es solicitar su liquidación al órgano competente en materia de tributos.
Texto del artículo 50 del Decreto 109/2015 (RVA)
1. Comprobada la existencia de un vertido no autorizado, o que no cumpla las condiciones de la autorización, la Consejería competente en materia de agua realizará las actuaciones que en su caso correspondan, entre ellas: a) Incoar un procedimiento sancionador y proceder a la determinación del daño causado a la calidad de las aguas. b) Liquidar el canon de control de vertido, en el caso de aguas continentales. c) Solicitar al órgano competente en materia de tributos la liquidación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales. d) Liquidar la fianza. 2. Además de las actuaciones contempladas en el apartado 1, la Consejería competente en materia de agua podrá acordar la iniciación de los siguientes procedimientos: a) De revocación de la autorización de vertido, cuando la hubiera, en los casos de incumplimiento de alguna de sus condiciones. b) De autorización de vertido, si no la hubiera, cuando éste sea susceptible de legalización. c) De declaración de caducidad de la concesión de ocupación o aprovechamiento privativo de aguas para aquellos casos especialmente cualificados de incumplimiento de las condiciones o de inexistencia de autorización, de los que resulten daños muy graves para el dominio público hidráulico. 3. Las revocaciones y declaraciones de caducidad acordadas conforme al apartado anterior no darán derecho a indemnización.
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