Tema 73 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 49. Energía y minas

Compartida: instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuyo transporte transcurra íntegramente por Andalucía sin afectar a otro territorio (con su autorización); renovables y eficiencia energética. Según las bases y la ordenación de la actuación económica general: energía y minas y regulación de producción, depósito y transporte de energías. Informe si las instalaciones superan Andalucía o la energía se aprovecha fuera. Participa en la planificación estatal (art. 221.1). Compartida: minas, actividades extractivas e instalaciones radiactivas de 2.ª y 3.ª categoría.

Artículo 58. Actividad económica

Exclusivas (58.1): comercio, incluidos ferias y mercados interiores; nuevas tecnologías de la sociedad de la información; artesanía; cooperativas y economía social; promoción de la competencia y un órgano independiente que la defienda. Exclusivas según las bases de la actuación económica general (58.2): fomento y planificación económica, sector público económico, industria, consumidores, mercados de valores. Desarrollo y gestión de la planificación general (58.3). Ejecutivas (58.4), entre otras: ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, metrología y defensa de la competencia.

Artículo 1. Objeto

La Ley de Industria tiene un doble objeto: establecer las bases de ordenación del sector industrial y fijar los criterios de coordinación entre las Administraciones Públicas. Lo hace al amparo del artículo 149.1, reglas 1.ª y 13.ª, de la Constitución Española.

Artículo 2. Fines

El objeto de la Ley se concreta en cuatro fines: 1) garantía y protección del ejercicio de la libertad de empresa industrial; 2) modernización, promoción industrial y tecnológica, innovación y mejora de la competitividad; 3) seguridad y calidad industriales; 4) responsabilidad industrial. Además, es finalidad de la Ley contribuir a compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente.

Artículo 3. Ámbito de aplicación y competencias

Son industrias la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales, envasado y embalaje, y aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos. También los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica relacionados. Energía, minas, instalaciones nucleares y radioactivas, armas, industrias alimentarias, transporte, medicamento, cultura y turismo se rigen por la Ley en lo no previsto en su legislación específica. El Ministerio de Industria será consultado preceptivamente en ciertas materias.

Artículo 4. Libertad de establecimiento

Se reconoce la libertad de establecimiento para instalar, ampliar y trasladar actividades industriales. Solo se exige comunicación o declaración responsable cuando lo establezca una ley por las razones tasadas o un reglamento por obligaciones comunitarias o internacionales. Habilita desde el día de su presentación, en toda España y por tiempo indefinido. El incumplimiento verificado conlleva el cese automático, salvo expediente de subsanación; el titular tendrá quince días naturales para alegar. La autorización previa solo cabe por obligaciones comunitarias o internacionales.

Artículo 5. Programas de promoción industrial

La Administración del Estado adoptará programas de promoción industrial, con especial atención a la pequeña y mediana empresa, atendiendo al desarrollo armónico del país y a las regiones de bajo nivel de vida, alto desempleo o declive industrial o demográfico. Los ejecutan el Estado y las Comunidades Autónomas y persiguen, entre otros, competitividad, innovación, cualificación, adaptación estructural, medio ambiente y seguridad, ahorro energético, difusión de información, cooperación interempresarial e industrias de recursos renovables, sobre todo forestales.

Artículo 6. Medidas aplicables y procedimiento

Los programas de promoción se someten a la normativa de competencia y se instrumentan con ayudas e incentivos y medidas laborales y de Seguridad Social. Si no requieren al Consejo de Ministros, pasan por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos cuando son plurianuales, implican a varios órganos del Estado o lo exige la coordinación económica. Pueden prever el reintegro de ayudas por liquidación, traslado, venta o cambio de titularidad, y el compromiso de no trasladar o limitar la actividad en los plazos que fijen, salvo autorización previa.

Artículo 7. Comisión para la Competitividad Industrial

Se crea la Comisión para la Competitividad Industrial, órgano consultivo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para evaluar de forma permanente la competitividad de la industria española y contribuir a diseñar medidas de mejora. La preside el titular del Departamento o persona en quien delegue; sus miembros son de reconocido prestigio del sector industrial, la ciencia y las Administraciones Públicas, y el 25 por 100 se designa entre los propuestos por las Comunidades Autónomas.

Artículo 8. Conceptos

Define los conceptos del título de seguridad y calidad: producto e instalación industrial; norma (especificación no obligatoria aprobada por un organismo reconocido) frente a reglamento técnico (obligatoria, por disposición); normalización; certificación; homologación (certificación por una Administración Pública de que el prototipo cumple los requisitos reglamentarios); ensayo; inspección; organismos de control; acreditación; calidad; sistema de calidad; auditoría de la calidad; y calibración.

Artículo 9. Objeto de la seguridad

La seguridad industrial tiene por objeto prevenir y limitar riesgos y proteger contra accidentes y siniestros que puedan dañar a personas, flora, fauna, bienes o medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de las instalaciones, equipos y productos. Son riesgos de seguridad industrial, en particular, incendios, explosiones, quemaduras, intoxicaciones, asfixia, electrocución, contaminación de instalaciones, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación. La seguridad e higiene en el trabajo se rige por su normativa específica.

Artículo 10. Prevención y limitación de riesgos

Instalaciones, equipos, actividades y productos industriales deben ajustarse a los requisitos de seguridad. Si una inspección aprecia defectos con riesgo grave e inminente, la Administración competente puede paralizar temporalmente la actividad, total o parcialmente, y requerir su corrección, sin perjuicio de sanciones. Las Administraciones pueden ordenar retirar productos que no cumplan y corregirlos en un plazo; si no es posible y según la gravedad, destruirlos sin indemnización.

Artículo 11. Instalaciones y actividades peligrosas y contaminantes

Las instalaciones industriales de alto riesgo potencial, contaminantes o nocivas que se determinen reglamentariamente deben adecuar su actividad y la prevención de riesgos a planes de seguridad, sometidos a aprobación y revisión periódica de la Administración competente. En zonas de elevada densidad industrial, los planes deben considerar el conjunto de las industrias, sus instalaciones y procesos.

Artículo 12. Reglamentos de Seguridad

Los Reglamentos de Seguridad establecen: instalaciones y productos sujetos; condiciones técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad; medidas de prevención y cobertura de riesgos; condiciones de equipamiento y capacidad técnica de quienes intervienen; y, si hay riesgo directo y concreto, seguro de responsabilidad civil profesional proporcionado. Pueden exigir inspecciones periódicas, acreditación del cumplimiento y homologación previa del prototipo. Los estatales los aprueba el Gobierno; las CC. AA. con competencia legislativa pueden añadir requisitos.

Artículo 13. Cumplimiento reglamentario

El cumplimiento de la seguridad industrial se prueba, según el reglamento aplicable, por: declaración del titular o del fabricante, representante, distribuidor o importador; certificación o acta de organismo de control, instalador o conservador habilitado o técnico competente; u otro medio del derecho comunitario. Esa prueba puede servir de base a la Administración. Las comunicaciones o declaraciones responsables en una Comunidad Autónoma valen en toda España sin requisitos adicionales. Las homologaciones de vehículos y sus componentes corresponden a la Administración del Estado.

Artículo 14. Control Administrativo

Las Administraciones competentes pueden comprobar en cualquier momento, por sí mismas o mediante Organismos de Control, el cumplimiento de la seguridad, de oficio o a instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo puede promover con las Comunidades Autónomas planes y campañas nacionales de comprobación por muestreo de la seguridad de productos industriales, cuya ejecución en cada territorio corresponde a la Administración competente en materia de industria.

Artículo 15. Organismos de Control

Los Organismos de Control son personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar, medios e imparcialidad e independencia que verifican el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad. Sus requisitos se fijan por real decreto; su competencia técnica la acredita una entidad nacional de acreditación. Antes de iniciar la actividad deben suscribir seguros, avales u otras garantías. Se habilitan con declaración responsable ante la autoridad competente, válida en toda España por tiempo indefinido. Sus certificados valen en todo el territorio y su inscripción registral es de oficio.

Artículo 16. Funcionamiento de los Organismos de Control

Los Organismos de Control verifican mediante los procedimientos de evaluación de la conformidad reglamentarios. Si su informe o certificación es desfavorable, el interesado puede mostrar disconformidad ante el propio Organismo y, si persiste el desacuerdo, ante la Administración, que resuelve en el plazo que establezca o, en su defecto, en tres meses. Mientras no se revoque la certificación negativa, no puede pedirse el mismo control a otro Organismo. Los titulares deben permitir el acceso a sus expertos y estos informan a la Administración.

Artículo 17. Entidades de Acreditación

Las Entidades de Acreditación en el ámbito de la seguridad son instituciones sin ánimo de lucro que verifican en el ámbito estatal los requisitos técnicos de los Organismos de Control. Deben garantizar imparcialidad y competencia técnica, con representación equilibrada de Administraciones y partes interesadas en sus órganos de gobierno. Solo pueden actuar si las informa positivamente el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial por mayoría de tres quintos, y se inscriben de oficio en el Registro Integrado Industrial.

Artículo 18. Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial

El Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial es órgano consultivo de la Administración General del Estado y de cooperación entre Administraciones en seguridad industrial, sin incremento de gasto de personal. Fines: coordinar y unificar criterios, intercambiar información sobre campañas de control e identificar mejoras reglamentarias. Funciones: informar proyectos de normas si el Ministerio lo considera necesario, impulsar estudios y guías, bases de datos y comités. Lo preside el Secretario General de Industria y de la PYME; la vicepresidencia, el Director General.

Artículo 19. Infraestructura de la calidad

La calidad industrial se instrumenta mediante seis agentes: organismos de normalización (elaboran normas), entidades de acreditación, entidades de certificación (conformidad con normas), laboratorios de ensayo (comprueban productos), entidades auditoras y de inspección, y laboratorios de calibración (trazabilidad y uniformidad de las medidas). En el ámbito voluntario de la calidad no se someten al régimen de la seguridad, pero deben garantizar imparcialidad y competencia técnica.

Artículo 20. Promoción de la calidad industrial

La Administración del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas y según las orientaciones de la Comisión para la Competitividad Industrial, fomentará en calidad industrial: organismos de normalización nacionales; participación de todos los sectores en normalización y certificación; coordinación con la normalización comunitaria; entidades de acreditación, certificación, inspección y ensayo reconocibles internacionalmente; sistemas de gestión de la calidad en las empresas; y la adquisición pública de productos normalizados.

Artículo 21. Registro Integrado Industrial. Fines

Se crea el Registro Integrado Industrial, informativo y de ámbito estatal, adscrito al ministerio que cita la Ley, con tres fines: integrar la información industrial necesaria para la supervisión y control (en especial de actividades con comunicación o declaración responsable), servir de instrumento de información a Administraciones, ciudadanos y empresas, y suministrar datos para los directorios estadísticos. No afecta a los Registros Industriales autonómicos, y las Administraciones garantizarán la interoperabilidad.

Artículo 22. Ámbito y contenido

El Registro comprende las actividades e instalaciones del artículo 3 (salvo las del apartado 4 i)) y debe recoger como mínimo: de la empresa, número de identificación, razón social o denominación, domicilio y actividad principal; del establecimiento, número de identificación, denominación o rótulo, localización y actividad económica principal. Incluye datos análogos de Entidades de Acreditación, Organismos de Control y laboratorios. Los datos son públicos, salvo los del artículo 3.4 d). Reglamentariamente se fijan los datos complementarios.

Artículo 23. Incorporación y actualización de datos del Registro

El Registro incluye los datos del artículo 22 a partir de las autorizaciones concedidas y de las comunicaciones o declaraciones responsables. La incorporación y actualización se hace de oficio con los datos del órgano competente. Quien realice actividades no sujetas a autorización, declaración o comunicación puede aportar sus datos al órgano autonómico competente, una vez iniciada la actividad, para su inscripción de oficio. No hace falta respuesta, confirmación ni inscripción efectiva para ejercer la actividad.

Artículo 24. Traslado de información de las Comunidades Autónomas al Registro Integrado Industrial

El órgano competente de cada Comunidad Autónoma debe trasladar de forma inmediata al ministerio que cita la Ley los datos de los artículos anteriores para que se incluyan en el Registro Integrado Industrial.

Artículo 25. Coordinación de la información

Se coordina la información sobre empresas y establecimientos industriales que tienen los distintos Departamentos ministeriales para lograr la mayor eficacia administrativa y el menor coste, tanto para la Administración del Estado como para las empresas. Con esos mismos fines se coordina la información de los Registros Industriales estatal y autonómicos.

Artículo 26. Comisión de Registro e Información Industrial

Para la coordinación permanente en materia de Registro e información entre el Estado y las Comunidades Autónomas se crea la Comisión de Registro e Información Industrial, adscrita al ministerio que cita la Ley e integrada por representantes de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 27. Desarrollo reglamentario

Se remite al reglamento, a propuesta del ministerio que cita la Ley: la organización administrativa y los procedimientos del Registro Integrado Industrial, sus datos complementarios públicos, el acceso a la información, la comunicación de datos entre administraciones y las normas de confidencialidad; y la composición y funcionamiento de la Comisión de Registro e Información Industrial.

Artículo 28. Estadística industrial

En el marco de la Ley 12/1989, de la Función Estadística Pública, el ministerio que cita la Ley colabora con el Instituto Nacional de Estadística y otros servicios estadísticos del Estado en la formación de directorios y estadísticas industriales para fines estatales, formula los Planes Estadísticos Sectoriales y propone la inclusión en el Plan Estadístico Nacional de las estadísticas de interés para la gestión pública y empresarial.

Artículo 29. Sistemas de información

Para la cooperación interempresarial del artículo 5.3 h), el ministerio que cita la Ley promoverá sistemas de información de base voluntaria y utilización compartida, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas, y el acceso a bases de datos comunitarias similares.

Artículo 30. Infracciones

Son infracciones las acciones u omisiones tipificadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de otras responsabilidades; si además incumplen la normativa de seguridad, higiene y salud laborales, se sanciona esta infracción conforme a esa normativa. Hace falta expediente previo. Si puede haber delito o falta, se da traslado al Ministerio Fiscal y se suspende el procedimiento hasta que se pronuncie el juez; la sanción penal excluye la administrativa. La causa penal suspende el expediente y la ejecución de sanciones, pero se mantienen las medidas de seguridad.

Artículo 31. Clasificación de las infracciones

Muy graves: incumplimiento doloso con riesgo grave o daño; reincidencia en falta grave sancionada en los dos años anteriores; negativa absoluta a informar o colaborar con la inspección; y las graves con daño o peligro muy grave e inminente. Graves, entre otras: actividad o instalaciones sin autorización o inscripción, certificados o proyectos no ajustados a la realidad o a la norma, resistencia a la inspección, falsedad esencial en la declaración responsable y reincidencia en falta leve. Leves: los incumplimientos menores y lo no esencial.

Artículo 32. Prescripción

Las infracciones prescriben a los cinco años las muy graves, tres las graves y uno las leves, desde su total consumación; el plazo empieza en la fecha de comisión o, si la actividad es continuada, en la de su cese. Las sanciones prescriben en los mismos plazos: cinco, tres y un año según la gravedad de la infracción.

Artículo 33. Responsables

Responden las personas físicas o jurídicas que cometan la infracción; en particular, el propietario, director o gerente de la industria; el proyectista, director de obra y quienes instalen, reparen, mantengan, usen o inspeccionen, si la infracción es consecuencia directa de su intervención; fabricantes, vendedores o importadores de productos no conformes; y los organismos, entidades y laboratorios. Con varios responsables, las sanciones son independientes; si no puede determinarse la participación, la responsabilidad es solidaria.

Artículo 34. Sanciones

Multas: leves hasta 60.000 euros, graves hasta 6.000.000 y muy graves hasta 100.000.000; el Gobierno puede actualizarlas por real decreto. Para graduar se tienen en cuenta el daño, la participación y el beneficio, la capacidad económica, la intencionalidad, la reincidencia, el número de productos puestos en el mercado y el volumen de facturación, incluido el grupo. En graves y muy graves cabe además perder subvenciones y no poder contratar con las Administraciones (hasta dos y cinco años). Las sanciones muy graves firmes se publican.

Artículo 35. Multas coercitivas

Además de las multas por infracción, los órganos sancionadores pueden imponer multas coercitivas, conforme al artículo 103 de la Ley 39/2015, una vez transcurridos los plazos del requerimiento para adecuar productos o instalaciones a las normas u obtener autorización para la actividad. Cada multa coercitiva no puede superar el veinte por ciento de la multa fijada para la infracción cometida.

Artículo 36. Suspensión de la actividad

En las infracciones muy graves puede acordarse también la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un plazo máximo de cinco años. Ese acuerdo produce los efectos del artículo 39 de la Ley 8/1988, sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Artículo 37. Indemnización de daños y perjuicios

Artículo 38. Competencias sancionadoras

En el ámbito de las competencias del Estado, las infracciones muy graves las sanciona el Consejo de Ministros; las graves, el Ministro competente, y las leves, el órgano que se disponga reglamentariamente. Cuando las Comunidades Autónomas ejerzan funciones sancionadoras en uso de sus competencias, facilitarán a la Administración del Estado información sobre esas actuaciones, y esta remitirá a las Comunidades Autónomas la información de sus actuaciones que afecten a su territorio.

Artículo 1

La Ley regula el régimen jurídico de la investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos, cualquiera que sea su origen y estado físico. Quedan fuera los hidrocarburos líquidos y gaseosos, que se rigen por sus propias normas. Los minerales radiactivos se rigen por esta Ley en lo no regulado específicamente por la Ley de Energía Nuclear. El almacenamiento geológico de dióxido de carbono en estructuras subterráneas se rige por su legislación específica.

Artículo 2

Todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, el mar territorial y la plataforma continental son bienes de dominio público. Su investigación y aprovechamiento puede asumirlos el Estado directamente o cederlos en la forma y condiciones de esta Ley y demás disposiciones. El dominio de las aguas se rige por el Código Civil y leyes especiales, sin perjuicio de lo que esta Ley dice sobre su investigación y aprovechamiento.

Artículo 3

Los recursos se clasifican en secciones. A): escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida, o fragmentos para obras con solo arranque, quebrantado y calibrado. B): aguas minerales y termales, estructuras subterráneas y yacimientos formados por operaciones reguladas por la Ley. C): todos los no incluidos en las demás. D): carbones, minerales radiactivos, recursos geotérmicos, rocas bituminosas y otros de interés energético que acuerde el Gobierno. Queda fuera la extracción ocasional y de escasa importancia del propietario para su uso exclusivo sin técnica minera.

Artículo 4

Una vez promulgado el Decreto con los criterios de valoración de la sección A), la clasificación de los yacimientos y recursos la realiza el Ministerio de Industria, con carácter general o para cada solicitud de investigación o aprovechamiento. Si un nuevo criterio de valoración provoca un cambio de sección, siguen vigentes las autorizaciones, permisos y concesiones otorgados según la clasificación anterior, que también se aplica a los expedientes iniciados antes del nuevo criterio.

Artículo 5

El Ministerio de Industria realiza los estudios para adecuar a la planificación económica el Programa Nacional de Investigación Minera y el de Revalorización de la Minería, a los que se ajusta la acción estatal. Puede ordenar ejecutar trabajos de esos programas previa declaración de zona reservada, y publica los mapas geológicos, geofísicos, geoquímicos, geotécnicos, hidrogeológicos, metalogenéticos y otros útiles a la ordenación del territorio. También estudia las condiciones de protección del ambiente, que son imperativas en el aprovechamiento y se establecen por Decreto.

Artículo 6

Quien realice cualquier trabajo de profundidad superior a veinticinco metros bajo la superficie del suelo emergido, o de cualquier profundidad en suelos sumergidos, debe, además de obtener las autorizaciones pertinentes, informar del inicio de los trabajos, facilitar al Instituto Geológico y Minero de España, si lo pide, los datos geológicos y mineros obtenidos, y permitir el acceso del personal titulado designado para comprobarlos. El Reglamento fija los plazos de secreto de esa información.

Artículo 7

El Estado puede reservarse zonas de cualquier extensión en el territorio nacional, el mar territorial y la plataforma continental cuando el aprovechamiento de uno o varios yacimientos minerales y demás recursos geológicos pueda tener especial interés para el desarrollo económico y social o para la defensa nacional.

Artículo 8

Las zonas de reserva pueden ser especiales (uno o varios recursos en todo el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental), provisionales (exploración e investigación en zonas definidas) o definitivas (explotación de recursos evaluados en zonas de una reserva provisional). Las especiales duran como máximo cinco años, prorrogables únicamente por Ley. Las provisionales y definitivas duran lo que fije el reglamento, sin superar los plazos de los permisos y concesiones equivalentes. Una provisional solo pasa a definitiva si se ha puesto de manifiesto un recurso aprovechable.

Artículo 9

La propuesta de declaración de zona de reserva la puede acordar el Ministerio de Industria, de oficio o a petición de cualquier persona, y se inscribe en un Libro-Registro. Con la inscripción, el Estado adquiere derecho de prioridad sobre los terrenos francos comprendidos, siempre que el expediente acabe en declaración de zona reservada. La inscripción se publica en el Boletín Oficial de la provincia o provincias afectadas. El expediente se resuelve por Decreto y la declaración cancela las solicitudes sobre los recursos reservados presentadas desde la inscripción.

Artículo 10

La reserva de zonas a favor del Estado no limita los derechos adquiridos antes de la inscripción de las propuestas de reserva por los solicitantes o titulares de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas o derivadas de explotación de recursos de la Sección C), ni por los de autorizaciones de aprovechamiento de recursos de las Secciones A) y B). Todo ello sin perjuicio de lo que establecen los artículos 12, 58 y 62.

Artículo 11

En las zonas reservadas pueden hacerse operaciones de exploración, investigación y explotación según lo que se conozca de ellas. La exploración se acuerda por Orden ministerial y la realiza el Estado, sus organismos autónomos o empresas contratadas. Para investigar, el Gobierno decide si lo hace el Estado o sus organismos autónomos, si se adjudica por concurso público entre empresas españolas y extranjeras o si se forma un consorcio entre el Estado y esas entidades. En cualquier modalidad se concede, simultáneamente a la investigación, el derecho de explotación de los recursos reservados.

Artículo 12

El Estado o la entidad encargada de cualquier fase en una zona reservada puede actuar dentro de las áreas de permisos y concesiones preexistentes, siempre que no entorpezca las labores de sus titulares; las colisiones se resuelven según los artículos 58 y 73. Esos titulares deben ampliar sus investigaciones en la medida y plazos que exija el programa general de investigación aprobado por el Gobierno, por sí, mediante acuerdo con la Administración o con el adjudicatario de la zona, o permitiendo que estos lo hagan.

Artículo 13

El Gobierno, además de las minas que ya explota, puede acordar por Decreto la explotación directa de los recursos que descubra al investigar en zonas reservadas. El régimen de esa explotación directa se regula, cuando el Gobierno lo acuerde, por Decreto. Si el Gobierno decide no explotar recursos investigados directamente por el Estado y acuerda por Decreto cederla, la adjudicación se resuelve por concurso público entre empresas españolas y extranjeras.

Artículo 14

La autoridad que estableció la reserva de zonas a favor del Estado puede, en cualquier momento, levantarla total o parcialmente o modificar sus condiciones, previa conformidad de los titulares de la adjudicación, si los hay. La disposición se publica en el «Boletín Oficial del Estado», cuya publicación es el punto de partida para el cómputo de plazos, y en el «Boletín Oficial» de la provincia o provincias afectadas.

Artículo 15

En zonas reservadas pueden solicitarse permisos de exploración e investigación, concesiones directas de explotación y autorizaciones de aprovechamiento de recursos distintos de los que motivaron la reserva, que se otorgan con condiciones especiales para no perturbar la investigación y explotación de los recursos reservados. Al levantarse la reserva, esos títulos quedan libres de dichas condiciones, y los titulares de permisos y concesiones adquieren el derecho a investigar, explotar y aprovechar los recursos que fueron objeto de la reserva.

Artículo 16

Los recursos de la sección A) en terrenos privados los aprovecha su dueño (salvo lo previsto en el artículo 89 si es extranjero) o quien reciba sus derechos, en los términos de este título. En terrenos patrimoniales del Estado, provincia o municipio, sus titulares pueden aprovecharlos directamente o ceder sus derechos. En terrenos de dominio y uso público son de aprovechamiento común.

Artículo 17

Antes de iniciar los trabajos hay que obtener la autorización de explotación de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria (denominación de la ley), cumplidos los requisitos del Reglamento. La Delegación, tras identificar el terreno, comprobar su titularidad y clasificar el recurso, la otorga con las condiciones ambientales que procedan. El Gobierno fija por decreto las condiciones técnicas de las ordenanzas locales; aprobadas estas, las corporaciones locales pueden autorizar, dando cuenta a la Delegación.

Artículo 18

El titular de la autorización de explotación debe comenzar los trabajos, según un programa inicial, en seis meses desde la notificación del otorgamiento, y comunicar las paralizaciones o modificaciones del programa en los casos reglamentarios. Cada año presentará un plan de labores; no hacerlo se sanciona con multa y, si reincide sin causa justificada, puede declararse la caducidad. Forma, fecha y cuantía de la multa se fijan reglamentariamente.

Artículo 19

Todo aprovechamiento de recursos de la sección A) sin la autorización necesaria lleva a que la autoridad competente ordene la inmediata paralización de los trabajos, con independencia de las sanciones que procedan. La paralización se mantiene mientras no se legalice la situación.

Artículo 20

Por superiores necesidades de interés nacional declaradas por el Gobierno, el Estado puede aprovechar por sí recursos de la sección A) o ceder su aprovechamiento. Se exige: que el aprovechamiento no se haya iniciado, esté paralizado sin autorización, sea insuficiente o inadecuado, o haya infracciones reiteradas en seguridad laboral o medio ambiente; y que, elaborado el programa por el Ministerio e invitado el propietario, poseedor o titular a realizarlo, renuncie o no lo ejercite en el plazo señalado.

Artículo 21

Si el Estado explota directamente o cede la explotación, las condiciones serán como mínimo las del programa del artículo 20.b). Propietarios y poseedores tienen derecho a indemnización por la ocupación de la superficie necesaria y por los daños y perjuicios. No se indemniza el valor de los recursos extraídos, salvo yacimientos en aprovechamiento, y aun entonces solo los daños y perjuicios al titular anterior. Ocupación e indemnizaciones se rigen por la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa y el Reglamento de esta Ley.

Artículo 22

Si se pide autorización para recursos de la sección A) dentro del perímetro de un permiso de investigación o concesión de la sección C) o de una autorización de la B), antes hay que declarar la compatibilidad de los trabajos, con audiencia de los interesados. Si son compatibles, puede autorizarse. Si no, prevalecen los de mayor interés o utilidad pública; si prevalece la sección A), se respetan los derechos del otro titular sobre el resto de la superficie y se le indemniza según la expropiación forzosa y el Reglamento.

Artículo 23

Las aguas minerales son minero-medicinales (alumbradas natural o artificialmente y declaradas de utilidad pública por sus características) o minero-industriales (permiten el aprovechamiento racional de sus sustancias). Son termales si su temperatura de surgencia supera en cuatro grados C la media anual del lugar. Estructura subterránea es el depósito geológico que permite retener naturalmente y en profundidad productos o residuos. Son yacimientos de la sección B) las acumulaciones de residuos de actividades reguladas por esta Ley útiles por sus componentes.

Artículo 24

Para autorizar el aprovechamiento de unas aguas como minerales hay que declarar antes su condición mineral, de oficio o a solicitud de quien reúna las condiciones del Título VIII. La ley la atribuye a resolución del Ministerio de Industria, a propuesta de la Dirección General de Minas, con informe del Instituto Geológico y Minero de España y del Consejo Superior. Para las minero-medicinales informa con carácter vinculante la Dirección General de Sanidad. La resolución se notifica y se publica en el BOE y en los boletines provinciales.

Artículo 25

El Estado concede el derecho preferente a aprovechar aguas minerales a quien sea su propietario al declararse su condición mineral, que puede ejercerlo directamente o cederlo a terceros. Si los manantiales o alumbramientos están en terrenos de dominio público, el derecho preferente es de quien instó el expediente de declaración. Este derecho prescribe al año de notificarse la resolución ministerial del artículo 24 sin haberlo ejercitado.

Artículo 26

Para ejercer el derecho preferente se pide autorización a la Delegación Provincial (denominación de la ley) con el proyecto general de aprovechamiento, el presupuesto de inversiones, el estudio económico de financiación, el perímetro de protección y el destino de las aguas. La Delegación determina el perímetro y eleva el expediente a la Dirección General de Minas, que autoriza previo informe del Instituto Geológico y Minero de España. En las minero-medicinales informa con carácter vinculante Sanidad; si los departamentos que informan discrepan de Industria, resuelve el Consejo de Ministros.

Artículo 27

Transcurrido el plazo del artículo 25.3 sin ejercer el derecho preferente, o denegada la solicitud, quien incoó la declaración de condición mineral tiene seis meses para pedir la autorización a su favor. Pasado ese plazo sin solicitud, o si se deniega, el Estado puede sacar el aprovechamiento a concurso público en la forma del artículo 53, con las adaptaciones necesarias; igual cuando caduque una autorización de aguas minerales. En el supuesto del artículo 25.2, el aprovechamiento se otorga mediante concesión administrativa.

Artículo 28

La autorización o concesión de aguas minerales da derecho exclusivo a utilizarlas y a impedir en el perímetro de protección trabajos que perjudiquen el aprovechamiento. Los trabajos subterráneos en ese perímetro necesitan autorización previa de la Delegación Provincial (denominación de la ley) y, si afectan al titular, obligan a indemnizarle. Modificar o ampliar el aprovechamiento exige autorización previa; los cambios en las instalaciones aprobadas y las paralizaciones se comunican a la Delegación.

Artículo 29

Si las condiciones de la autorización o concesión de aguas minerales afectan a derechos de terceros no previstos en el artículo 28, el titular está obligado a las indemnizaciones que correspondan. Si no hay avenencia, puede solicitar la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa por causa de utilidad pública.

Artículo 30

Las aguas termales que se destinen a usos terapéuticos o industriales se consideran aguas minerales a todos los efectos de la sección primera del capítulo segundo, dedicada a las aguas minerales y termales. Las que no tengan ese destino no quedan equiparadas por este artículo.

Artículo 31

La prioridad para aprovechar los residuos de operaciones de investigación, explotación o beneficio corresponde al titular de los derechos mineros donde se produjeron. Si los yacimientos están en terrenos ocupados por derechos mineros caducados, la prioridad es del propietario o poseedor legal de los terrenos, que necesita autorización de la Delegación Provincial en la forma de los artículos siguientes.

Artículo 32

Cualquier persona natural o jurídica que reúna las condiciones del Título VIII puede obtener autorización para aprovechar residuos mineros; la solicita a la Delegación Provincial, con los requisitos que señale el Reglamento. Los derechos preferentes del artículo anterior caducan a los seis meses de que la Delegación Provincial comunique a sus titulares que se ha presentado una solicitud de aprovechamiento.

Artículo 33

Con la solicitud se presentan, además de lo que pida el Reglamento, el proyecto de instalación y un estudio económico con el plan de inversiones y las mejoras sociales previstas. La Delegación Provincial comprueba sobre el terreno y, tras la información pública, eleva el expediente con su informe a la Dirección General de Minas, que otorga con condiciones (en especial ambientales) o deniega. Los trabajos empiezan en un año desde la notificación del otorgamiento, no se paralizan sin autorización y la reincidencia en el incumplimiento puede causar la caducidad.

Artículo 34

Quien reúna las condiciones del Título VIII puede pedir autorización para usar una estructura subterránea, con proyecto y perímetro de protección. Si la estructura se conoce mal, puede autorizarse su reconocimiento en un plazo no superior a dos años; luego hay seis meses para presentar el proyecto de utilización. La utilización se autoriza por un plazo inicial prorrogable hasta noventa años, con condiciones y fianza. Se extingue al agotarse la capacidad de almacenamiento o variar sus condiciones. El Gobierno puede declarar no utilizables estructuras.

Artículo 35

La autorización para aprovechar estructuras geológicas da a su titular derecho a impedir, dentro del perímetro de protección fijado, cualquier clase de trabajos o actividades que puedan perjudicar su normal aprovechamiento. Se aplica el artículo veintiocho a los trabajos subterráneos y a la modificación o ampliación del sistema de aprovechamiento de las instalaciones aprobadas, y el artículo veintinueve a las indemnizaciones por lesión a derechos de terceros.

Artículo 36

Si se pide un aprovechamiento de la Sección B) dentro del perímetro de una autorización de la Sección A), de un aprovechamiento de la Sección B) de distinta naturaleza o de un permiso o concesión de la Sección C), antes de autorizarlo debe declararse la compatibilidad o incompatibilidad de los trabajos, oyendo a los interesados. Si son incompatibles, el Gobierno determina cuáles prevalecen por su mayor interés o utilidad pública. Si prevalece la Sección B), se respetan los derechos sobre el resto del perímetro y se indemniza.

Artículo 37

Los permisos de exploración de la Sección C) se otorgan sin excluir los terrenos que no fueran francos y registrables al presentar la solicitud, pero su titular no puede explorar en ellos sin autorización previa de los titulares o adjudicatarios de los permisos, concesiones o reservas a que pertenezcan. En cambio, para otorgar permisos de investigación y concesiones directas de explotación, los terrenos deben ser francos y registrables.

Artículo 38

Un terreno es franco si no está dentro del perímetro de una zona de reserva del Estado, propuesta o declarada para toda clase de recursos de la Sección C), ni de los perímetros solicitados u otorgados de un permiso de exploración, un permiso de investigación o una concesión de explotación. Si la reserva del Estado es solo para uno o varios recursos determinados, el terreno se considera franco para los recursos distintos de los reservados.

Artículo 39

Un terreno es registrable si, además de franco, tiene la extensión mínima exigible. El levantamiento de la reserva o la caducidad del permiso de exploración, del de investigación o de la concesión de explotación no lo hace registrable hasta que se celebre el concurso del artículo cincuenta y tres. El Gobierno puede declarar no registrables zonas determinadas por interés público, a propuesta conjunta de los Departamentos ministeriales interesados y del de Industria, previo informe de la Organización Sindical.

Artículo 40

Pueden otorgarse permisos de exploración, que dan derecho a: a) hacer estudios y reconocimientos en zonas determinadas con técnicas que no alteren sustancialmente la configuración del terreno, con los límites del Reglamento; b) prioridad para pedir permisos de investigación o concesiones directas de explotación sobre el terreno del perímetro que fuera franco y registrable al pedir la exploración. Se conceden por un año, prorrogable como máximo por otro, sin perjuicio de los derechos de solicitantes anteriores.

Artículo 41

Artículo 42

El permiso de exploración se otorga si, por las características de los estudios y reconocimientos proyectados, se considera necesario o conveniente, fijando en su caso las condiciones. Si se deniega, el peticionario conserva durante treinta días, contados desde el siguiente a la notificación, la prioridad sobre los terrenos de su solicitud que eran francos y registrables al presentarla, y en ese plazo puede consolidarla pidiendo permisos de investigación o concesiones directas de explotación.

Artículo 43

Quienes reúnan las condiciones a que se refiere el Título VII pueden realizar trabajos de investigación de recursos de la Sección C). Necesitan que antes se les otorgue el permiso de investigación correspondiente, y ello sin perjuicio de los derechos preferentes establecidos en el capítulo anterior.

Artículo 44

El permiso de investigación da a su titular el derecho a realizar, dentro del perímetro demarcado y durante un plazo determinado, los estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la Sección C), y a que, una vez definidos, se le otorgue la concesión de explotación de esos recursos.

Artículo 45

Los permisos de investigación se conceden por el plazo que se solicite, con un máximo de tres años. Las Delegaciones Provinciales pueden prorrogarlo por tres años y, excepcionalmente, la Dirección General de Minas por sucesivos períodos, valorando la solvencia técnica y económica del titular, la amplitud y características de los trabajos, el contexto geográfico, geológico y metalogenético, y los trabajos desarrollados, las inversiones, los resultados y las garantías.

Artículo 46

La prioridad para solicitar permisos de investigación que da el apartado b) del número uno del artículo cuarenta debe ejercitarse en el plazo que fije el Reglamento. Ese plazo no puede ser inferior a un mes después de la expiración del permiso originario.

Artículo 47

Los permisos de investigación sobre terrenos registrables se solicitan a través de la Delegación Provincial correspondiente. Además de lo que exija el Reglamento, se presenta el proyecto de investigación, que comprende el programa de trabajos, el presupuesto de las inversiones y el estudio económico de su financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad.

Artículo 48

La Delegación Provincial examina la documentación y puede aceptar el proyecto íntegro u ordenar modificarlo total o parcialmente. Si el interesado no acepta las modificaciones, se cancela el expediente; cabe recurso en un mes ante la Dirección General de Minas, que resuelve en dos meses previo informe del Instituto Geológico y Minero de España. Si la financiación no parece viable, se exige fianza del diez por ciento de la inversión del primer año. Sin fianza en forma y plazo, se cancela el expediente.

Artículo 49

Cancelado un expediente porque el peticionario no aceptó las condiciones, no pueden darse permisos de investigación en ese terreno sin imponer a los posteriores, como mínimo, las mismas condiciones, salvo que la nueva petición tenga distinta extensión. Al peticionario cancelado por causas del artículo cuarenta y ocho se le da audiencia de oficio en expedientes posteriores sobre ese terreno; el derecho prescribe al año de notificarse la cancelación, aunque puede pedir vista tras la publicación del artículo cincuenta y uno.

Artículo 50

Si un expediente se cancela por alguna causa del artículo cuarenta y ocho y el terreno solicitado está, en todo o en parte, dentro de una zona de reserva del Estado para todos los recursos de la Sección C) o para los de la petición denegada, la parte común queda integrada en la zona de reserva. Se respetan las peticiones anteriores, que se tramitan de forma preferente.

Artículo 51

Presentada la documentación del artículo cuarenta y siete, la Delegación Provincial declara definitivamente admitida la solicitud y la publica según el Reglamento, para que los interesados se personen en quince días desde la publicación. Pasado ese plazo, confronta sobre el terreno los datos presentados y hace la demarcación. Si los datos no concuerdan, puede imponer las modificaciones previstas en el artículo treinta y cinco.

Artículo 52

Instruido el expediente, e inmediatamente antes de la propuesta de resolución, se da vista a los interesados durante el plazo del artículo noventa y uno de la Ley de Procedimiento Administrativo para alegaciones y documentos. La Delegación Provincial dicta resolución motivada, previa audiencia del Abogado del Estado de la provincia si hubo oposición; si no la hubo o fue desestimada, otorga el permiso. Si el permiso afecta a varias Delegaciones Provinciales, resuelve la Dirección General de Minas.

Artículo 53

Los permisos de investigación sobre los terrenos del párrafo segundo del artículo treinta y nueve se otorgan por concurso público, con condiciones, plazos y requisitos del Reglamento y, como mínimo, la documentación del artículo cuarenta y siete. Se elige la oferta con mejores condiciones científicas y técnicas y mayores ventajas económicas y sociales. Si se presentó alguna oferta conforme a la convocatoria, el concurso no puede declararse desierto.

Artículo 54

Si el concurso queda desierto, la Delegación Provincial declara el terreno franco y registrable, lo hace constar en el acto de celebración del concurso y lo publica en los boletines oficiales correspondientes, indicando que podrá solicitarse una vez transcurridos ocho días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Artículo 55

Las solicitudes de permisos de investigación en terrenos afectados por autorizaciones de explotación de las Secciones A) o B) se tramitan por las normas de los artículos anteriores, pero además hay que determinar si los trabajos son compatibles y, si no lo son, cuáles tienen mayor interés o utilidad pública. Si prevalecen esas explotaciones, no se concede la facultad de ocupar los terrenos de su perímetro para trabajos de investigación.

Artículo 56

El titular del permiso de investigación debe empezar los trabajos en seis meses desde que pueda ocupar los terrenos necesarios y mantenerlos con la intensidad programada. En cuatro meses desde esa fecha presenta en la Delegación Provincial el plan de labores del primer año, y luego uno cada año; no presentarlo se sanciona con multa y la reincidencia sin causa justificada puede llevar a la caducidad. Los planes se entienden aprobados si en dos meses no se imponen modificaciones.

Artículo 57

Si el titular del permiso de investigación no llega a un acuerdo con los propietarios, titulares de otros derechos u ocupantes de los terrenos necesarios para los trabajos o para acceder a ellos, está obligado a iniciar el expediente de ocupación temporal en dos meses desde que se le notificó el otorgamiento del permiso.

Artículo 58

Por razones de interés nacional, el Estado puede invitar al titular de un permiso de investigación a ampliar sus trabajos para localizar recursos distintos, si es presumible su existencia. Si el titular no lo hace, el Estado puede declarar zona de reserva para esos recursos. La ampliación la acuerda en cada caso el Consejo de Ministros y se le aplican los artículos veinte y veintiuno, añadiendo al titular del permiso a la referencia al propietario o poseedor legal.

Artículo 59

El titular de un permiso de investigación puede realizar en su terreno cuantas labores precise para conocer mejor los posibles recursos, pero no puede disponer de ellos para fines distintos de la investigación salvo autorización expresa de la Delegación Provincial correspondiente.

Artículo 60

El derecho al aprovechamiento de recursos de la Sección C) lo otorga el Estado. El título para ello es la concesión de explotación, que se otorga en la forma, con los requisitos y en las condiciones que establece la propia Ley de Minas.

Artículo 61

Para otorgar una concesión de explotación es necesario que se haya puesto de manifiesto al menos un recurso de la Sección C) susceptible de aprovechamiento racional. Puede tratarse de uno o de varios recursos, pero sin ese presupuesto no cabe la concesión.

Artículo 62

La concesión se otorga por treinta años, prorrogable por plazos iguales hasta noventa; cada prórroga exige demostrar la continuidad del recurso o uno nuevo y técnicas acordes al progreso, y caduca por las causas del artículo ochenta y seis. Da derecho a los recursos de la Sección C) del perímetro, salvo los reservados antes por el Estado; se mide en cuadrículas completas, salvo demasías; un terreno solo admite una concesión, y los recursos nuevos se comunican a la Delegación Provincial.

Artículo 63

Puede pedirse directamente la concesión de explotación, sin permiso de investigación previo, en dos casos: a) cuando un recurso de la Sección C) esté de manifiesto, se considere suficientemente conocido y se estime viable su aprovechamiento racional; b) cuando sobre recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros caducados haya datos y pruebas que permitan definir su explotación por mejoras tecnológicas o nuevas perspectivas de mercado.

Artículo 64

Las solicitudes de concesión directa de explotación se tramitan igual que las de permisos de investigación, aplicando el capítulo tercero del título con sus particularidades. Se presenta la documentación del artículo cuarenta y siete, sustituyendo el proyecto de investigación por uno de aprovechamiento del recurso, más un informe técnico que justifique que procede la concesión directa.

Artículo 65

Terminada la tramitación, con información pública, la Delegación Provincial eleva el expediente con su informe a la Dirección General de Minas, que, sin oposición o desestimada esta, otorga o deniega la concesión con informe del Instituto Geológico y Minero de España. Si la deniega por no estar suficientemente demostrado el recurso, el peticionario tiene sesenta días para pedir un permiso de investigación. Puede otorgarse sobre superficie menor, respetando el mínimo exigible, y pedirse investigación para el resto en ese plazo.

Artículo 66

A las concesiones directas de explotación se les aplican las normas de los artículos setenta a setenta y cuatro de la Ley. Pueden imponerse las condiciones que se consideren convenientes, entre ellas las adecuadas a la protección del medio ambiente a que se refiere el párrafo uno del artículo sesenta y nueve.

Artículo 67

En cuanto la investigación demuestre suficientemente la existencia de uno o varios recursos de la Sección C), y siempre dentro del plazo de vigencia del permiso de investigación, su titular puede solicitar la concesión de explotación sobre todo o parte del terreno comprendido en el perímetro de investigación.

Artículo 68

La concesión de explotación se pide a la Dirección General de Minas en la Delegación Provincial, con lo que pida el Reglamento y el proyecto de aprovechamiento: programa de trabajos, presupuesto de inversiones y estudio económico de financiación con garantías de viabilidad. Si la documentación es correcta y el proyecto adecuado, la Delegación comprueba sobre el terreno el recurso y el área pedida, dentro de todo o parte del permiso original, y hace en su caso la demarcación.

Artículo 69

La Delegación Provincial eleva el expediente con su informe a la Dirección General de Minas, que otorga o deniega la concesión y puede imponer condiciones especiales, como las ambientales. Si se deniega porque la investigación no puso de manifiesto recursos, puede seguir investigándose hasta agotar los plazos del permiso. Cabe otorgarla sobre superficie menor, respetando el mínimo. Estas resoluciones ponen fin a la vía gubernativa, se dictan en sesenta días y las notifican las Delegaciones.

Artículo 70

El concesionario debe comenzar los trabajos en un año desde el otorgamiento y presentar en seis meses desde esa fecha, ante la Delegación Provincial, el plan de labores e instalaciones del primer año. Después presenta un plan anual; no hacerlo se sanciona con multa y la reincidencia sin causa justificada puede llevar a la caducidad. Los trabajos deben ser proporcionados a la importancia del recurso. El plan se entiende aprobado si en tres meses no se imponen modificaciones.

Artículo 71

Los trabajos deben ajustarse a los proyectos y planes de labores aprobados y no pueden demorarse ni paralizarse sin autorización previa de la Delegación Provincial o de la Dirección General de Minas, según fije el Reglamento. Si se autoriza la suspensión temporal, con informe preceptivo de la Organización Sindical, deben mantenerse los trabajos de conservación, vigilancia, ventilación y desagüe, si hubiere lugar.

Artículo 72

Quien sea titular de varias concesiones para un mismo recurso, situadas, si son recursos minerales, en una misma zona metalogenética, no está obligado a explotarlas todas a la vez si obtiene autorización para concentrar los trabajos en una o varias. Debe justificar que la importancia de las explotaciones guarda relación con los recursos de sus concesiones y su repercusión social y económica en la vida del país.

Artículo 73

Por causas de interés nacional, el Estado puede obligar a los concesionarios a ampliar investigaciones o a explotar en la forma y medida convenientes, e incluso a que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico se haga en España, según los Planes Nacionales de Investigación Minera y de Revalorización de la Minería. Las medidas se someten al Consejo de Ministros, y no aceptar o incumplir sus acuerdos causa la caducidad de las concesiones y, en su caso, la expropiación de las instalaciones.

Artículo 74

Los concesionarios notifican a la Delegación Provincial las captaciones de aguas y pueden usar con fines mineros las aguas subterráneas que alumbren, salvo si, por ser de la Sección B), la Administración las considera de mejor utilidad para otros fines; las sobrantes pueden usarlas, cederlas al Estado o verterlas, con autorización. Si las labores pueden afectar a manantiales, se imponen prescripciones y fianza. Si cortan aguas legalizadas o perjudican acuíferos, deben reponerlas e indemnizar.

Artículo 75

La cuadrícula minera es el volumen de profundidad indefinida cuya base superficial queda entre dos paralelos y dos meridianos separados veinte segundos sexagesimales, que coinciden con grados y minutos enteros y, en su caso, con veinte o cuarenta segundos. Es indivisible, salvo las demasías de la disposición transitoria séptima y las superficies que, sin completar una cuadrícula, llegan hasta las líneas limítrofes del territorio nacional y de las aguas territoriales.

Artículo 76

Permisos y concesiones se otorgan sobre cuadrículas mineras contiguas, unidas al menos por un lado, y sus perímetros se definen por coordenadas geográficas referidas a Greenwich (ETRS89 en Península y Baleares; REGCAN95 en Canarias). El permiso de exploración va de trescientas a tres mil cuadrículas, con tolerancia del diez por ciento. Permiso de investigación y concesión: mínimo una cuadrícula; máximo trescientas el permiso y ciento la concesión. Las señales del terreno se declaran de utilidad pública.

Artículo 77

En cada Delegación Provincial se lleva un libro-registro de las solicitudes de permisos de exploración, de permisos de investigación y de concesiones directas de explotación. Las peticiones se inscriben en él por el riguroso orden en que se presentan.

Artículo 78

Los gastos de tramitación de los permisos de exploración e investigación y de las concesiones directas y derivadas de explotación corren a cargo de los peticionarios, y su cuantía la fija el Reglamento de la Ley. El otorgamiento de esos permisos y concesiones se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia o provincias correspondientes.

Artículo 79

Los peticionarios o titulares de permisos de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación pueden renunciar en cualquier momento a todas o a parte de las cuadrículas solicitadas u otorgadas. Si la renuncia es parcial, deben conservar el mínimo de cuadrículas exigible.

Artículo 80

Los titulares de permisos y concesiones mineras deben facilitar el desagüe y la ventilación de labores colindantes o próximas y permitir el paso de galerías o vías que no afecten esencialmente a sus labores, previo convenio. El acuerdo se somete a la Delegación Provincial y se entiende aprobado si en treinta días no comunica modificaciones. Sin acuerdo, la Delegación eleva lo actuado con su informe a la Dirección General de Minas, que resuelve en dos meses.

Artículo 81

Todo titular o poseedor de derechos mineros responde de los daños y perjuicios que causen sus trabajos y de los producidos a aprovechamientos colindantes por intrusión de labores, acumulación de agua, invasión de gases y causas similares. También responde de las infracciones de las prescripciones medioambientales fijadas en el otorgamiento, que se sancionan según el Reglamento; una infracción grave puede llevar a la caducidad.

Artículo 82

Los expedientes de autorizaciones, permisos o concesiones terminan por las causas que la Ley de Minas señala expresamente y por las de la Ley de Procedimiento Administrativo. Terminado el expediente, se anota en el libro-registro; si no termina con resolución favorable, se cancela la inscripción. Si lo tramitó una Corporación Local, la terminación se comunica a la Delegación de Industria respectiva.

Artículo 83

Las autorizaciones de la Sección A) y de la Sección B) caducan por: renuncia voluntaria aceptada por la Administración; falta de pago de impuestos mineros que lleve aparejada la caducidad; no comenzar los trabajos en seis meses desde el otorgamiento (un año si son residuos mineros) o antes de acabar las prórrogas; paralizar los trabajos más de seis meses sin autorización; agotamiento del recurso; y los demás supuestos legales o incumplimientos sancionados con caducidad.

Artículo 84

Los permisos de exploración caducan: por renuncia aceptada, impago de impuestos mineros o los supuestos legales e incumplimientos sancionados con caducidad (apartados uno, dos y seis del artículo 83); por no iniciar los trabajos o estudios en los plazos, forma e intensidad acordados; y por expirar el plazo o la prórroga, sin perjuicio de tramitar las solicitudes de permisos de investigación o concesiones directas a que dieran lugar.

Artículo 85

Los permisos de investigación caducan por: las causas uno, dos y seis del artículo 83; expirar plazos o prórrogas, salvo que en plazo se haya pedido la concesión derivada (el permiso se prorroga automáticamente hasta resolverla); no aparecer al final un recurso de la Sección C) aprovechable; no iniciar o no realizar los trabajos acordados; y no reanudar en seis meses tras requerimiento trabajos paralizados sin autorización. Si hay reincidencia, no hace falta requerimiento.

Artículo 86

Las concesiones de explotación de la Sección C) caducan: por expirar plazos o prórrogas; por las causas uno, dos, cinco y seis del artículo 83; por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de los artículos 62.5, 70 y 71; y cuando, paralizados los trabajos sin autorización previa, no se reanuden en seis meses desde el requerimiento. En reincidencia, puede decretarse sin requerimiento previo, oída la Organización Sindical.

Artículo 87

Además de las causas de los artículos anteriores, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Industria y oída la Organización Sindical, puede acordar la caducidad por infracción grave o reiterada de las condiciones del título de otorgamiento o de normas de observancia obligatoria, en perjuicio del orden público o del interés nacional. Las caducidades se decretan respetando los derechos de terceros, en especial los laborales.

Artículo 88

La Ley atribuye al Ministro de Industria acordar las caducidades de los artículos 83 a 87, en la forma que fije el reglamento. El titular debe entregar los trabajos en buenas condiciones de seguridad y, cumplido esto, puede disponer libremente de la maquinaria e instalaciones de su propiedad.

Artículo 94

Los derechos de una autorización de la Sección A) o de la Sección B) pueden transmitirse, arrendarse y gravarse, total o parcialmente, a personas que cumplan el Título VIII. Se pide aprobación en la Delegación Provincial, con el proyecto de contrato o título y la acreditación de las condiciones del adquirente. El organismo otorgante autoriza y tiene al cesionario por titular legal al presentarse el documento y acreditarse el pago del impuesto. Si otorgó una Corporación Local, resuelve según su Ordenanza.

Artículo 95

Los permisos de exploración e investigación pueden transmitirse, en todo o en parte, a quien cumpla el Título VIII. Se pide autorización a la autoridad que otorgó el permiso, con instancia en la Delegación Provincial, contrato o título, acreditación del adquirente e informes de los artículos 47 y 48. Se autoriza comprobada la personalidad, la solvencia técnica y económica y la viabilidad financiera; si no basta, puede exigirse fianza. La cesión parcial obliga a demarcar y dividir el permiso.

Artículo 96

Los titulares de permisos pueden contratar con terceros todos o parte de los trabajos de exploración o investigación, dando cuenta antes a la Delegación Provincial y acompañando copia del convenio; la Delegación da su conformidad u opone reparos. En todo caso, los trabajos los dirige un director técnico oficialmente responsable.

Artículo 97

Los derechos de una concesión de explotación de la Sección C) pueden transmitirse, arrendarse y gravarse, total o parcialmente, a quien cumpla el Título VIII, con el procedimiento del artículo 95. Con autorización previa de la Dirección General de Minas pueden transmitirse los presuntos derechos de una solicitud en trámite de concesión derivada. Se aplica también lo del artículo 96 para contratar trabajos de explotación.

Artículo 98

En las transmisiones «mortis causa» de cualquier derecho minero es preceptivo notificarlo a la Delegación Provincial competente en el plazo de un año desde el fallecimiento del causante, para obtener la autorización de los artículos 94, 95 y 97.

Artículo 99

El concesionario no puede arrendar ni ceder, a título oneroso o lucrativo, el aprovechamiento de determinados niveles de explotación o de uno o varios recursos de la Sección C) mientras conserve o se reserve derechos sobre otros niveles o recursos, salvo autorización de la Dirección General de Minas previo informe de la Delegación Provincial.

Artículo 100

Si la transmisión se formalizó antes de pedir la autorización preceptiva, su eficacia administrativa depende de que se otorgue. En los contratos o títulos debe constar que el adquirente o arrendatario se somete a las condiciones del otorgamiento, a la Ley y su Reglamento, y que se compromete a los planes de labores aprobados y a todas las obligaciones del titular.

Artículo 101

Las autorizaciones de transmisión que regula este título tienen efectos únicamente administrativos y dejan a salvo los derechos y obligaciones de carácter civil.

Artículo 114

Los actos dictados en ejecución de la Ley de Minas se rigen por ella y sus reglamentos; supletoriamente, por las demás normas de Derecho administrativo y, en su defecto, por las de Derecho privado. Los expedientes se instruyen ante la Delegación Provincial y la resolución en última instancia corresponde, según la Ley, a la Dirección General de Minas, al Ministro o al Consejo de Ministros. Igual trámite tienen los conflictos entre titulares o con terceros por deslindes, superposiciones o intrusión de labores.

Artículo 115

La intervención de los tribunales ordinarios en cuestiones civiles o penales no interrumpe la tramitación administrativa de los expedientes, la continuidad de los trabajos ni las funciones gestoras o inspectoras de la Administración. Si los tribunales embargan productos de recursos que deban ponerse a disposición del Estado, solo es embargable el importe de su valoración oficial, a medida que se entreguen.

Artículo 116

Solo el Ministro de Industria puede suspender trabajos de aprovechamiento autorizados; los de exploración o investigación pueden suspenderlos el Ministro o las Direcciones Generales del ramo. En urgencias (seguridad de personas, superficie, recurso, instalaciones, ambiente) o intrusión fuera de perímetro, las Delegaciones Provinciales pueden suspender provisionalmente, dando cuenta a la superioridad, que confirma o levanta en quince días como máximo. Si la causa no es imputable al titular, el título se amplía por el plazo de la suspensión.

Artículo 117

Corresponden al Ministerio de Industria la inspección y vigilancia de los trabajos mineros, establecimientos de beneficio y productos, sin perjuicio de otras competencias; en prevención de riesgos y seguridad e higiene se ciñen a explotaciones y trabajos con técnica minera. Exploración e investigación: las proyectan y dirigen Ingenieros de Minas, Licenciados en Geológicas, Ingenieros Técnicos, Peritos o Facultativos de Minas; con técnicas geofísicas o geoquímicas, también Físicas, Químicas y otros especializados. Operaciones de riesgo o con explosivos y explotación: titulados de Minas.

Artículo 118

Para actuar como perito en los expedientes administrativos sobre materias de la Ley de Minas se exigen las titulaciones de los párrafos segundo y tercero del artículo 117, cada una en el campo de sus competencias.

Artículo 119

Las Delegaciones Provinciales, a instancia de parte interesada y tras los trámites que fije el Reglamento, son competentes para declarar si existe o no intrusión de labores y, en su caso, sus medidas.

Artículo 120

Si hay pleito entre el titular de un derecho minero y un tercero que lo reclama, el tercero conserva lo que le corresponda si gana, aunque el titular haya renunciado o provocado la caducidad, siempre que ello ocurra después de la demanda, el acto de conciliación o el requerimiento notarial. Para ello debe comunicarse formalmente la pretensión del demandante a las Delegaciones Provinciales.

Artículo 121

Muy grave: la grave con reincidencia o riesgo muy grave. Graves, entre otras: aprovechar sin autorización o concesión, intrusión de labores, no presentar el Plan de Labores, actuar sin Dirección Facultativa, incumplir el Plan de Restauración o la garantía, y la leve con reincidencia o riesgo grave. Leve: el resto de incumplimientos. Multas: hasta un millón (muy graves), trescientos mil (graves) y treinta mil euros (leves). Prescripción, dos años; el procedimiento caduca al año.

Artículo 122

Toda prohibición que los instrumentos de ordenación impongan sobre actividades incluidas en la Ley de Minas debe estar motivada y no puede tener carácter genérico.

Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

La Ley tiene por objeto fomentar el uso de las energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética (desde la producción hasta el consumo) y ordenar el uso racional de los recursos energéticos en Andalucía, bajo el principio de solidaridad colectiva. La ordenación de las renovables abarca fuentes naturales, áreas de captación, instrumentos técnicos y energías obtenidas. Su finalidad última es un sistema energético sostenible de calidad. La Junta de Andalucía es competente para elaborar y aprobar planes y programas.

Artículo 2. Definiciones

Define los conceptos de la Ley. Clave: energía primaria es la no sometida a conversión; centro de consumo, edificio o instalación que consuma o produzca energía; biocarburantes, biodiesel y bioalcohol; biogás, por digestión anaerobia. Fuentes renovables: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz, olas y térmica del ambiente. Solar térmica: baja hasta unos 90 °C, media entre 90 y 300 °C, alta normalmente por encima de 300 °C. Rendimiento energético: cociente entre demanda y consumo.

Artículo 3. Principios generales

Cinco principios inspiradores: a) primacía de las renovables sobre el resto de energías primarias en producción y uso; b) impulso de las prácticas más viables de ahorro y eficiencia, incluida la transformación eficiente de energía primaria en final; c) solidaridad colectiva en el uso de la energía; d) articulación territorial con generación distribuida que minimice pérdidas en transporte y distribución; e) cooperación interadministrativa cuando concurran competencias del Estado, para instalaciones en tierra o en el mar.

Artículo 4. Primacía de las energías renovables

La Ley garantiza el acceso a las fuentes de energía renovables, con las salvedades y condiciones de compatibilidad que fije el reglamento. Las renovables tienen primacía sobre las convencionales, lo que se refleja en la planificación energética y en la ordenación del territorio (art. 11). Se declara de utilidad pública o interés social, a efectos de expropiación forzosa y servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y derechos necesarios para su generación, transporte, distribución y aprovechamiento.

Artículo 5. Obligaciones para el ahorro y eficiencia energética

La ciudadanía, las instituciones y los poderes públicos están obligados a usar la energía de forma racional, con sistemas eficientes y procurando el máximo ahorro. La Junta de Andalucía aprobará la normativa necesaria para orientar las pautas de conducta y establecerá mecanismos, entre ellos de formación e información, para que se cumpla esa obligación.

Artículo 6. Solidaridad colectiva

Se reconoce el principio de solidaridad colectiva: la responsabilidad compartida de la ciudadanía, las instituciones, los sectores productivos y los poderes públicos sobre el uso de la energía en la forma que mejor garantice el desarrollo sostenible. Los poderes públicos impulsarán el uso solidario de la energía y promoverán que la colaboración social sea real y efectiva.

Artículo 7. Efectos de los planes y programas

Las normas que aprueben planes y programas en aplicación de la Ley pueden contener, además de prescripciones directas, directrices y recomendaciones. Las directrices son vinculantes en cuanto a los fines a alcanzar, pero la elección de los medios es potestativa. Las recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo.

Artículo 8. Medidas de incentivación

Las medidas de incentivación serán económicas, financieras, tributarias y honoríficas. La Consejería competente en materia de energía podrá establecer incentivos económicos para promover las renovables y el ahorro y la eficiencia, y convocará premios en estas materias, que podrán dirigirse, entre otros, a organizaciones o movimientos sociales, industrias, edificaciones, entes locales, campañas de publicidad, programas educativos o trabajos científicos.

Artículo 9. Fomento de la investigación, desarrollo e innovación y de la formación

La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en renovables, ahorro y eficiencia energética, potenciando el desarrollo industrial y la colaboración entre las empresas del sector y los agentes del sistema andaluz del conocimiento. También impulsará la formación en estas materias en todos los niveles del sistema educativo andaluz y en la formación profesional ocupacional.

Artículo 10

Artículo 11. Las fuentes de energía renovables y la planificación territorial

La Consejería competente en materia de energía elaborará un Programa de Fomento de las Energías Renovables, con incidencia en la ordenación del territorio (apartado I del anexo de la Ley 1/1994). Puede concretarse por zonas en programas territoriales, también con esa consideración, que definirán, cuando proceda, zonas compatibles y pasillos de evacuación: las Áreas Preferentes de Energías Renovables (APER). En ellas los planes territoriales y urbanísticos darán preferencia a este uso, salvo ubicaciones alternativas justificadas.

Artículo 12. La implantación de las actuaciones de generación de energía mediante fuentes energéticas renovables y el procedimiento urbanístico

Las actuaciones en suelo rústico para generar energía renovable (incluidas evacuación y recarga de vehículos eléctricos) son actuaciones ordinarias, con duración limitada no inferior a la amortización, obligación de devolver los terrenos con garantía (según el proyecto de desmantelamiento) y una prestación patrimonial del diez por ciento de la inversión, sin maquinaria ni equipos; los Ayuntamientos pueden bajarla y las Administraciones están exentas. Ambas a favor del municipio, se devengan al otorgar la licencia. Autoconsumo hasta 500 kW en suelo urbano: declaración responsable.

Artículo 13. Equipos e instalaciones para la obtención de energía útil a partir de energías renovables

Corresponde a la Consejería competente en materia de energía establecer las especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones necesarios para captar las energías renovables y transformarlas en energía útil. Es una atribución de competencia a un órgano concreto, que no se reparte con el Consejo de Gobierno ni con otras Consejerías.

Artículo 14. Energías renovables en edificios e instalaciones de uso y servicio público

Los edificios e instalaciones de uso y servicio público propiedad de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos deben incorporar instalaciones solares, que pueden complementarse o sustituirse por otras renovables, de cogeneración o de calores residuales. El reglamento fijará requisitos y excepciones atendiendo, en especial, al uso previsto, consumo previsto, barreras al sol, configuración previa o normativa urbanística, protección histórico-artística, integración arquitectónica y paisajística, y relación coste-ahorro.

Artículo 15. Deber de promoción de las energías renovables

En Andalucía, los poderes públicos pondrán en marcha los instrumentos necesarios para impulsar, promover y, en su caso, incentivar las conductas y acciones de fomento de las energías renovables en las que se manifiesten la solidaridad colectiva y la colaboración social. El incentivo no es automático: se da «en su caso».

Artículo 16. Medidas de promoción de la energía solar

Las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán medidas de promoción de las instalaciones solares. Los edificios nuevos y las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren su configuración arquitectónica deben incorporar solar térmica de agua caliente, con gas preferentemente como energía auxiliar, sustituible por otra renovable, cogeneración o calores residuales. La fotovoltaica será obligatoria en los edificios, usos y superficies que fije el reglamento, atendiendo a las circunstancias del artículo 14.

Artículo 17. Medidas de promoción y aprovechamiento de la biomasa

La Junta de Andalucía regulará el aprovechamiento de la biomasa energética y la promoverá. El reglamento fijará la valorización de residuos agrícolas, ganaderos, urbanos, industriales y forestales para su aprovechamiento energético y para reducir emisiones y riesgo de incendio. La Junta elaborará programas de cultivos energéticos, con requisitos de sostenibilidad. Los titulares con potencial de biogás están obligados a aprovecharlo, y se potenciará la digestión anaeróbica que produzca a la vez biogás y compost.

Artículo 18. Medidas de promoción y uso de los biocarburantes

La Junta de Andalucía desarrollará un programa de biocarburantes. Se promocionará en especial su uso en maquinaria agrícola, flotas pesqueras y transporte marítimo habitual en Andalucía. Los autobuses de transporte público de servicio regular de viajeros, de competencia local o autonómica, deberán usar biocarburantes, en las condiciones que fije el reglamento según ámbito territorial, consumo potencial, grandes aglomeraciones, tamaño de flota, protección ambiental, coste-ahorro y reducción de emisiones de CO2.

Artículo 19. Actuaciones en emplazamientos aislados

En los emplazamientos aislados donde se realicen actuaciones que demanden energía eléctrica y se constate la presencia de recursos eólicos o hidráulicos suficientes, el promotor está obligado a incorporar sistemas de aprovechamiento de esas energías, respetando las normas medioambientales y el desarrollo reglamentario. Estas instalaciones pueden combinarse con otras fuentes renovables.

Artículo 20. Fomento del ahorro y la eficiencia energética

Los poderes públicos competentes establecerán los instrumentos jurídicos para impulsar el ahorro y la eficiencia energética. La planificación territorial y urbanística contribuirá a reducir las necesidades de movilidad, fomentar el transporte público, atender las infraestructuras de suministro energético y optimizar el aprovechamiento energético de los edificios, y los instrumentos de planeamiento justificarán su cumplimiento. La Junta de Andalucía fijará reglamentariamente requisitos constructivos específicos teniendo en cuenta las condiciones climáticas de cada zona de Andalucía.

Artículo 21. Programas de ahorro y eficiencia energética

Las Administraciones Públicas competentes aprobarán programas de ahorro y eficiencia energética con las medidas necesarias para reducir la demanda energética, aumentar el rendimiento energético o combinar ambas acciones. En la elaboración de estos programas se procurará una amplia participación social e institucional.

Artículo 22. Racionalización del consumo de energía

Los poderes públicos fomentarán e incentivarán cambios de comportamiento para reducir el consumo mediante acciones de investigación, información, formación, sensibilización y divulgación u otras, y podrán pedir para ello la colaboración de Administraciones Públicas, personas físicas o jurídicas o entidades de base social. En el transporte, las Administraciones Públicas fomentarán planes de movilidad sostenible en las aglomeraciones urbanas y en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Artículo 23. Aumento del rendimiento energético

Para aumentar el rendimiento energético se fomentará sustituir equipos e instalaciones obsoletos por otros de mejor rendimiento, modificar procesos, mejorar el mantenimiento preventivo, actuar sobre el control y regulación de equipos, procesos e instalaciones y los sistemas de alta eficiencia mediante cogeneración. Las Administraciones Públicas de Andalucía programarán actuaciones para promover la renovación de equipos, las auditorías energéticas, la I+D+i hacia procesos más eficientes y los planes de mantenimiento preventivo.

Artículo 24. Fomento del ahorro y la eficiencia energética en las Administraciones Públicas de Andalucía

Las Administraciones Públicas de Andalucía tienen el deber de implantar medidas de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones y actividades. No es una mera recomendación: el artículo emplea el verbo «deberán», y el ámbito de aplicación son las instalaciones y actividades de la propia Administración.

Artículo 25. La eficiencia energética en la edificación y en el ámbito empresarial

El artículo no regula por sí mismo la materia, sino que remite: la certificación energética de edificios en Andalucía se rige por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, su normativa de desarrollo o las normas que lo sustituyan; y la mejora de la eficiencia energética en las empresas de la Comunidad Autónoma, por el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo.

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28. Cooperación administrativa y colaboración social

La Consejería competente en materia de energía promoverá la colaboración y cooperación administrativa que necesite la aplicación de la Ley. Las Administraciones cooperarán en la gestión de sus competencias al servicio de los intereses generales. Las actividades materiales, técnicas o de servicios podrán realizarlas órganos o instituciones locales especializados en energía, asociaciones o entidades de base social o cooperativa y personas físicas o jurídicas, según la normativa aplicable.

Artículo 29. Control administrativo y organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética

La Consejería competente en materia de energía puede comprobar en cualquier momento, por sí o mediante organismos colaboradores, el cumplimiento de la normativa. Los organismos colaboradores son personas naturales o jurídicas con capacidad de obrar que verifican el cumplimiento de la Ley y su desarrollo; sus certificaciones o actas tienen valor probatorio. Su régimen se fija reglamentariamente y deben cubrir su responsabilidad civil con póliza u otra garantía, cuya cuantía no limita esa responsabilidad.

Artículo 30. Tramitación administrativa

La iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos derivados de la Ley corresponden a la Consejería competente en materia de energía. Por simplificación y agilización administrativa se incorporarán las tecnologías de la información y la comunicación para la tramitación telemática y electrónica, y se articularán instrumentos de coordinación con otras Administraciones para lograr un servicio unificado de atención al ciudadano.

Artículo 31. Tiempo de duración y resolución de los procedimientos del régimen especial

Los procedimientos de autorización de instalaciones en régimen especial (art. 2 del Real Decreto 436/2004) dentro de los objetivos de la Ley duran como máximo tres meses si aprueban acciones previstas en planes o programas vigentes, y seis meses si no están previstas. En ambos casos, vencido el plazo sin resolución expresa notificada, el interesado puede entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Artículo 32. Infracciones

Son infracciones administrativas en las materias de esta Ley las acciones u omisiones imputables a personas físicas o jurídicas incluidas en su ámbito de aplicación, tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. Comprobar la infracción, imputarla e imponer la sanción exige la previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Artículo 33. Infracciones muy graves

Son muy graves: incumplir planes o programas de desarrollo de la Ley con daños graves a terceros o al interés público; denegar sin justificación el acceso o conexión a redes eléctricas de instalaciones renovables o de alta eficiencia; superar en más de un 100% el índice de eficiencia energética (IEE); funcionar sin el Certificado Energético obligatorio; suministrar energía a centros obligados que no lo presentaron antes del contrato; el fraude de Ley con daños graves; ocultar o alterar datos del Certificado o demorarlos sin justificación; y resistirse al acceso obligatorio.

Artículo 34. Infracciones graves

Son graves: incumplir planes o programas de desarrollo de la Ley sin daños graves; obstaculizar el acceso o conexión a redes eléctricas de instalaciones renovables o de alta eficiencia que cumplan los requisitos; que los organismos colaboradores autorizados realicen actuaciones no autorizadas o incumplan, con daños o perjuicios, las prescripciones de la Ley o de la Administración; superar en más de un 30% el IEE; el fraude de Ley sin daños graves; y los retrasos en cumplir las exigencias de la Ley con daños o perjuicios.

Artículo 35. Infracciones leves

Son leves: los retrasos o demoras en cumplir las exigencias de la Ley si no se derivan daños o perjuicios para terceros o para el interés público; la modificación de las características de los centros de consumo que suponga superar hasta un 30% el índice de eficiencia energética (IEE); y, como cláusula residual, las infracciones de preceptos de obligada observancia de la Ley y sus normas de desarrollo que no sean graves ni muy graves.

Artículo 36. Sanciones

Multas: muy graves, de 60.001 a 300.000 euros; graves, de 6.001 a 60.000 euros; leves, de 300 a 6.000 euros. Para graduarlas se atiende al peligro para la salud, los bienes y el medio ambiente, la importancia de los daños, la intencionalidad, la reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme) y el beneficio obtenido, si no se usaron para calificar la infracción. Con beneficio cuantificable, la multa puede aumentarse hasta el doble de este. Si el responsable es un organismo colaborador autorizado, se impone la cuantía máxima.

Artículo 37. Responsabilidad solidaria

Cuando, al aplicar esta Ley, dos o más personas resulten responsables de una misma infracción y no sea posible determinar su grado de participación, responderán solidariamente de las sanciones que se deriven. La solidaridad depende de esa condición: si el grado de participación puede determinarse, el artículo no la impone.

Artículo 38. Medidas provisionales y disposiciones cautelares

Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver puede adoptar, por acuerdo motivado, medidas provisionales: suspensión inmediata de obras o actividades, de los suministros energéticos, de la autorización como organismo colaborador o del Certificado Energético; medidas correctoras o preventivas; e inmovilización o precintado de equipos. Por urgencia puede adoptarlas antes de iniciarlo, y el acuerdo de iniciación, en los quince días siguientes, las confirmará, modificará o levantará. La resolución puede fijar disposiciones cautelares mientras no sea ejecutiva.

Artículo 39. Consecuencias de la resolución

Además de las sanciones, la comisión de infracciones puede acarrear consecuencias sin carácter sancionador: suspensión inmediata de obras o actividades; medidas correctoras o preventivas; revocación del Certificado Energético; reparación de daños e indemnizaciones; suspensión temporal, de un año como máximo, o revocación de autorizaciones en materia de energía; denegación de ayudas públicas de la Junta de Andalucía hasta un máximo igual al plazo de prescripción de la infracción; y suspensión temporal o revocación de la autorización como organismo colaborador.

Artículo 40. Ejecución forzosa

Si la persona obligada no cumple en forma y plazo la resolución o el requerimiento previo, o la reparación del daño, el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo, cada una de hasta el 10% del presupuesto de la actividad o, en su caso, de un importe que no supere un tercio de la multa prevista para la infracción cometida. También cabe la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.

Artículo 41. Procedimiento sancionador

El procedimiento para imponer las sanciones de esta Ley se ajustará a los principios de los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a la normativa autonómica correspondiente. Además, el artículo admite que por vía reglamentaria se establezcan especialidades de procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la Ley.

Artículo 42. Personal con funciones inspectoras

El personal funcionario de la Junta de Andalucía designado para las inspecciones y comprobaciones de esta Ley y de la normativa de energía es agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y debe prestársele toda la colaboración necesaria. Puede, entre otras facultades: acceder, identificándose y sin notificación previa, a las instalaciones o ámbitos sujetos a inspección; requerir información y hacer exámenes y controles; comprobar la documentación exigible; y requerir el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Artículo 43. Competencia

Corresponde a la Consejería competente en materia de energía la incoación, la instrucción y la resolución de los procedimientos sancionadores de esta Ley, así como la vigilancia del cumplimiento de lo que la Ley establece. Un solo órgano reúne las tres fases del procedimiento y la función de vigilancia.

Artículo 44. Prescripción

Infracciones y sanciones de esta Ley prescriben: las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. La prescripción de las infracciones se cuenta desde el día en que se cometieron; la de las sanciones, desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que las impone.