LFERA
Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
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Crear cuenta gratis- Art. 1Objeto, finalidad y ámbito de aplicaciónLa Ley tiene por objeto fomentar el uso de las energías renovables, promover el ahorro y la eficiencia energética (desde la producción hasta el consumo) y ordenar el uso racional de los recursos energéticos en Andalucía, bajo el principio de solidaridad colectiva. La ordenación de las renovables abarca fuentes naturales, áreas de captación, instrumentos técnicos y energías obtenidas. Su finalidad última es un sistema energético sostenible de calidad. La Junta de Andalucía es competente para elaborar y aprobar planes y programas.
- Art. 2DefinicionesDefine los conceptos de la Ley. Clave: energía primaria es la no sometida a conversión; centro de consumo, edificio o instalación que consuma o produzca energía; biocarburantes, biodiesel y bioalcohol; biogás, por digestión anaerobia. Fuentes renovables: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz, olas y térmica del ambiente. Solar térmica: baja hasta unos 90 °C, media entre 90 y 300 °C, alta normalmente por encima de 300 °C. Rendimiento energético: cociente entre demanda y consumo.
- Art. 3Principios generalesCinco principios inspiradores: a) primacía de las renovables sobre el resto de energías primarias en producción y uso; b) impulso de las prácticas más viables de ahorro y eficiencia, incluida la transformación eficiente de energía primaria en final; c) solidaridad colectiva en el uso de la energía; d) articulación territorial con generación distribuida que minimice pérdidas en transporte y distribución; e) cooperación interadministrativa cuando concurran competencias del Estado, para instalaciones en tierra o en el mar.
- Art. 4Primacía de las energías renovablesLa Ley garantiza el acceso a las fuentes de energía renovables, con las salvedades y condiciones de compatibilidad que fije el reglamento. Las renovables tienen primacía sobre las convencionales, lo que se refleja en la planificación energética y en la ordenación del territorio (art. 11). Se declara de utilidad pública o interés social, a efectos de expropiación forzosa y servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y derechos necesarios para su generación, transporte, distribución y aprovechamiento.
- Art. 5Obligaciones para el ahorro y eficiencia energéticaLa ciudadanía, las instituciones y los poderes públicos están obligados a usar la energía de forma racional, con sistemas eficientes y procurando el máximo ahorro. La Junta de Andalucía aprobará la normativa necesaria para orientar las pautas de conducta y establecerá mecanismos, entre ellos de formación e información, para que se cumpla esa obligación.
- Art. 6Solidaridad colectivaSe reconoce el principio de solidaridad colectiva: la responsabilidad compartida de la ciudadanía, las instituciones, los sectores productivos y los poderes públicos sobre el uso de la energía en la forma que mejor garantice el desarrollo sostenible. Los poderes públicos impulsarán el uso solidario de la energía y promoverán que la colaboración social sea real y efectiva.
- Art. 7Efectos de los planes y programasLas normas que aprueben planes y programas en aplicación de la Ley pueden contener, además de prescripciones directas, directrices y recomendaciones. Las directrices son vinculantes en cuanto a los fines a alcanzar, pero la elección de los medios es potestativa. Las recomendaciones son determinaciones de carácter indicativo.
- Art. 8Medidas de incentivaciónLas medidas de incentivación serán económicas, financieras, tributarias y honoríficas. La Consejería competente en materia de energía podrá establecer incentivos económicos para promover las renovables y el ahorro y la eficiencia, y convocará premios en estas materias, que podrán dirigirse, entre otros, a organizaciones o movimientos sociales, industrias, edificaciones, entes locales, campañas de publicidad, programas educativos o trabajos científicos.
- Art. 9Fomento de la investigación, desarrollo e innovación y de la formaciónLa Administración de la Junta de Andalucía fomentará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en renovables, ahorro y eficiencia energética, potenciando el desarrollo industrial y la colaboración entre las empresas del sector y los agentes del sistema andaluz del conocimiento. También impulsará la formación en estas materias en todos los niveles del sistema educativo andaluz y en la formación profesional ocupacional.
- Art. 10Artículo 10
- Art. 11Las fuentes de energía renovables y la planificación territorialLa Consejería competente en materia de energía elaborará un Programa de Fomento de las Energías Renovables, con incidencia en la ordenación del territorio (apartado I del anexo de la Ley 1/1994). Puede concretarse por zonas en programas territoriales, también con esa consideración, que definirán, cuando proceda, zonas compatibles y pasillos de evacuación: las Áreas Preferentes de Energías Renovables (APER). En ellas los planes territoriales y urbanísticos darán preferencia a este uso, salvo ubicaciones alternativas justificadas.
- Art. 12La implantación de las actuaciones de generación de energía mediante fuentes energéticas renovables y el procedimiento urbanísticoLas actuaciones en suelo rústico para generar energía renovable (incluidas evacuación y recarga de vehículos eléctricos) son actuaciones ordinarias, con duración limitada no inferior a la amortización, obligación de devolver los terrenos con garantía (según el proyecto de desmantelamiento) y una prestación patrimonial del diez por ciento de la inversión, sin maquinaria ni equipos; los Ayuntamientos pueden bajarla y las Administraciones están exentas. Ambas a favor del municipio, se devengan al otorgar la licencia. Autoconsumo hasta 500 kW en suelo urbano: declaración responsable.
- Art. 13Equipos e instalaciones para la obtención de energía útil a partir de energías renovablesCorresponde a la Consejería competente en materia de energía establecer las especificaciones técnicas de los equipos e instalaciones necesarios para captar las energías renovables y transformarlas en energía útil. Es una atribución de competencia a un órgano concreto, que no se reparte con el Consejo de Gobierno ni con otras Consejerías.
- Art. 14Energías renovables en edificios e instalaciones de uso y servicio públicoLos edificios e instalaciones de uso y servicio público propiedad de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos deben incorporar instalaciones solares, que pueden complementarse o sustituirse por otras renovables, de cogeneración o de calores residuales. El reglamento fijará requisitos y excepciones atendiendo, en especial, al uso previsto, consumo previsto, barreras al sol, configuración previa o normativa urbanística, protección histórico-artística, integración arquitectónica y paisajística, y relación coste-ahorro.
- Art. 15Deber de promoción de las energías renovablesEn Andalucía, los poderes públicos pondrán en marcha los instrumentos necesarios para impulsar, promover y, en su caso, incentivar las conductas y acciones de fomento de las energías renovables en las que se manifiesten la solidaridad colectiva y la colaboración social. El incentivo no es automático: se da «en su caso».
- Art. 16Medidas de promoción de la energía solarLas Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán medidas de promoción de las instalaciones solares. Los edificios nuevos y las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren su configuración arquitectónica deben incorporar solar térmica de agua caliente, con gas preferentemente como energía auxiliar, sustituible por otra renovable, cogeneración o calores residuales. La fotovoltaica será obligatoria en los edificios, usos y superficies que fije el reglamento, atendiendo a las circunstancias del artículo 14.
- Art. 17Medidas de promoción y aprovechamiento de la biomasaLa Junta de Andalucía regulará el aprovechamiento de la biomasa energética y la promoverá. El reglamento fijará la valorización de residuos agrícolas, ganaderos, urbanos, industriales y forestales para su aprovechamiento energético y para reducir emisiones y riesgo de incendio. La Junta elaborará programas de cultivos energéticos, con requisitos de sostenibilidad. Los titulares con potencial de biogás están obligados a aprovecharlo, y se potenciará la digestión anaeróbica que produzca a la vez biogás y compost.
- Art. 18Medidas de promoción y uso de los biocarburantesLa Junta de Andalucía desarrollará un programa de biocarburantes. Se promocionará en especial su uso en maquinaria agrícola, flotas pesqueras y transporte marítimo habitual en Andalucía. Los autobuses de transporte público de servicio regular de viajeros, de competencia local o autonómica, deberán usar biocarburantes, en las condiciones que fije el reglamento según ámbito territorial, consumo potencial, grandes aglomeraciones, tamaño de flota, protección ambiental, coste-ahorro y reducción de emisiones de CO2.
- Art. 19Actuaciones en emplazamientos aisladosEn los emplazamientos aislados donde se realicen actuaciones que demanden energía eléctrica y se constate la presencia de recursos eólicos o hidráulicos suficientes, el promotor está obligado a incorporar sistemas de aprovechamiento de esas energías, respetando las normas medioambientales y el desarrollo reglamentario. Estas instalaciones pueden combinarse con otras fuentes renovables.
- Art. 20Fomento del ahorro y la eficiencia energéticaLos poderes públicos competentes establecerán los instrumentos jurídicos para impulsar el ahorro y la eficiencia energética. La planificación territorial y urbanística contribuirá a reducir las necesidades de movilidad, fomentar el transporte público, atender las infraestructuras de suministro energético y optimizar el aprovechamiento energético de los edificios, y los instrumentos de planeamiento justificarán su cumplimiento. La Junta de Andalucía fijará reglamentariamente requisitos constructivos específicos teniendo en cuenta las condiciones climáticas de cada zona de Andalucía.
- Art. 21Programas de ahorro y eficiencia energéticaLas Administraciones Públicas competentes aprobarán programas de ahorro y eficiencia energética con las medidas necesarias para reducir la demanda energética, aumentar el rendimiento energético o combinar ambas acciones. En la elaboración de estos programas se procurará una amplia participación social e institucional.
- Art. 22Racionalización del consumo de energíaLos poderes públicos fomentarán e incentivarán cambios de comportamiento para reducir el consumo mediante acciones de investigación, información, formación, sensibilización y divulgación u otras, y podrán pedir para ello la colaboración de Administraciones Públicas, personas físicas o jurídicas o entidades de base social. En el transporte, las Administraciones Públicas fomentarán planes de movilidad sostenible en las aglomeraciones urbanas y en los nuevos desarrollos urbanísticos.
- Art. 23Aumento del rendimiento energéticoPara aumentar el rendimiento energético se fomentará sustituir equipos e instalaciones obsoletos por otros de mejor rendimiento, modificar procesos, mejorar el mantenimiento preventivo, actuar sobre el control y regulación de equipos, procesos e instalaciones y los sistemas de alta eficiencia mediante cogeneración. Las Administraciones Públicas de Andalucía programarán actuaciones para promover la renovación de equipos, las auditorías energéticas, la I+D+i hacia procesos más eficientes y los planes de mantenimiento preventivo.
- Art. 24Fomento del ahorro y la eficiencia energética en las Administraciones Públicas de AndalucíaLas Administraciones Públicas de Andalucía tienen el deber de implantar medidas de ahorro y eficiencia energética en sus propias instalaciones y actividades. No es una mera recomendación: el artículo emplea el verbo «deberán», y el ámbito de aplicación son las instalaciones y actividades de la propia Administración.
- Art. 25La eficiencia energética en la edificación y en el ámbito empresarialEl artículo no regula por sí mismo la materia, sino que remite: la certificación energética de edificios en Andalucía se rige por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, su normativa de desarrollo o las normas que lo sustituyan; y la mejora de la eficiencia energética en las empresas de la Comunidad Autónoma, por el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, y su normativa de desarrollo.
- Art. 26Artículo 26
- Art. 27Artículo 27
- Art. 28Cooperación administrativa y colaboración socialLa Consejería competente en materia de energía promoverá la colaboración y cooperación administrativa que necesite la aplicación de la Ley. Las Administraciones cooperarán en la gestión de sus competencias al servicio de los intereses generales. Las actividades materiales, técnicas o de servicios podrán realizarlas órganos o instituciones locales especializados en energía, asociaciones o entidades de base social o cooperativa y personas físicas o jurídicas, según la normativa aplicable.
- Art. 29Control administrativo y organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energéticaLa Consejería competente en materia de energía puede comprobar en cualquier momento, por sí o mediante organismos colaboradores, el cumplimiento de la normativa. Los organismos colaboradores son personas naturales o jurídicas con capacidad de obrar que verifican el cumplimiento de la Ley y su desarrollo; sus certificaciones o actas tienen valor probatorio. Su régimen se fija reglamentariamente y deben cubrir su responsabilidad civil con póliza u otra garantía, cuya cuantía no limita esa responsabilidad.
- Art. 30Tramitación administrativaLa iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos derivados de la Ley corresponden a la Consejería competente en materia de energía. Por simplificación y agilización administrativa se incorporarán las tecnologías de la información y la comunicación para la tramitación telemática y electrónica, y se articularán instrumentos de coordinación con otras Administraciones para lograr un servicio unificado de atención al ciudadano.
- Art. 31Tiempo de duración y resolución de los procedimientos del régimen especialLos procedimientos de autorización de instalaciones en régimen especial (art. 2 del Real Decreto 436/2004) dentro de los objetivos de la Ley duran como máximo tres meses si aprueban acciones previstas en planes o programas vigentes, y seis meses si no están previstas. En ambos casos, vencido el plazo sin resolución expresa notificada, el interesado puede entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
- Art. 32InfraccionesSon infracciones administrativas en las materias de esta Ley las acciones u omisiones imputables a personas físicas o jurídicas incluidas en su ámbito de aplicación, tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden. Comprobar la infracción, imputarla e imponer la sanción exige la previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- Art. 33Infracciones muy gravesSon muy graves: incumplir planes o programas de desarrollo de la Ley con daños graves a terceros o al interés público; denegar sin justificación el acceso o conexión a redes eléctricas de instalaciones renovables o de alta eficiencia; superar en más de un 100% el índice de eficiencia energética (IEE); funcionar sin el Certificado Energético obligatorio; suministrar energía a centros obligados que no lo presentaron antes del contrato; el fraude de Ley con daños graves; ocultar o alterar datos del Certificado o demorarlos sin justificación; y resistirse al acceso obligatorio.
- Art. 34Infracciones gravesSon graves: incumplir planes o programas de desarrollo de la Ley sin daños graves; obstaculizar el acceso o conexión a redes eléctricas de instalaciones renovables o de alta eficiencia que cumplan los requisitos; que los organismos colaboradores autorizados realicen actuaciones no autorizadas o incumplan, con daños o perjuicios, las prescripciones de la Ley o de la Administración; superar en más de un 30% el IEE; el fraude de Ley sin daños graves; y los retrasos en cumplir las exigencias de la Ley con daños o perjuicios.
- Art. 35Infracciones levesSon leves: los retrasos o demoras en cumplir las exigencias de la Ley si no se derivan daños o perjuicios para terceros o para el interés público; la modificación de las características de los centros de consumo que suponga superar hasta un 30% el índice de eficiencia energética (IEE); y, como cláusula residual, las infracciones de preceptos de obligada observancia de la Ley y sus normas de desarrollo que no sean graves ni muy graves.
- Art. 36SancionesMultas: muy graves, de 60.001 a 300.000 euros; graves, de 6.001 a 60.000 euros; leves, de 300 a 6.000 euros. Para graduarlas se atiende al peligro para la salud, los bienes y el medio ambiente, la importancia de los daños, la intencionalidad, la reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme) y el beneficio obtenido, si no se usaron para calificar la infracción. Con beneficio cuantificable, la multa puede aumentarse hasta el doble de este. Si el responsable es un organismo colaborador autorizado, se impone la cuantía máxima.
- Art. 37Responsabilidad solidariaCuando, al aplicar esta Ley, dos o más personas resulten responsables de una misma infracción y no sea posible determinar su grado de participación, responderán solidariamente de las sanciones que se deriven. La solidaridad depende de esa condición: si el grado de participación puede determinarse, el artículo no la impone.
- Art. 38Medidas provisionales y disposiciones cautelaresIniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver puede adoptar, por acuerdo motivado, medidas provisionales: suspensión inmediata de obras o actividades, de los suministros energéticos, de la autorización como organismo colaborador o del Certificado Energético; medidas correctoras o preventivas; e inmovilización o precintado de equipos. Por urgencia puede adoptarlas antes de iniciarlo, y el acuerdo de iniciación, en los quince días siguientes, las confirmará, modificará o levantará. La resolución puede fijar disposiciones cautelares mientras no sea ejecutiva.
- Art. 39Consecuencias de la resoluciónAdemás de las sanciones, la comisión de infracciones puede acarrear consecuencias sin carácter sancionador: suspensión inmediata de obras o actividades; medidas correctoras o preventivas; revocación del Certificado Energético; reparación de daños e indemnizaciones; suspensión temporal, de un año como máximo, o revocación de autorizaciones en materia de energía; denegación de ayudas públicas de la Junta de Andalucía hasta un máximo igual al plazo de prescripción de la infracción; y suspensión temporal o revocación de la autorización como organismo colaborador.
- Art. 40Ejecución forzosaSi la persona obligada no cumple en forma y plazo la resolución o el requerimiento previo, o la reparación del daño, el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo, cada una de hasta el 10% del presupuesto de la actividad o, en su caso, de un importe que no supere un tercio de la multa prevista para la infracción cometida. También cabe la ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
- Art. 41Procedimiento sancionadorEl procedimiento para imponer las sanciones de esta Ley se ajustará a los principios de los artículos 127 a 138 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a la normativa autonómica correspondiente. Además, el artículo admite que por vía reglamentaria se establezcan especialidades de procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en la Ley.
- Art. 42Personal con funciones inspectorasEl personal funcionario de la Junta de Andalucía designado para las inspecciones y comprobaciones de esta Ley y de la normativa de energía es agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y debe prestársele toda la colaboración necesaria. Puede, entre otras facultades: acceder, identificándose y sin notificación previa, a las instalaciones o ámbitos sujetos a inspección; requerir información y hacer exámenes y controles; comprobar la documentación exigible; y requerir el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
- Art. 43CompetenciaCorresponde a la Consejería competente en materia de energía la incoación, la instrucción y la resolución de los procedimientos sancionadores de esta Ley, así como la vigilancia del cumplimiento de lo que la Ley establece. Un solo órgano reúne las tres fases del procedimiento y la función de vigilancia.
- Art. 44PrescripciónInfracciones y sanciones de esta Ley prescriben: las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. La prescripción de las infracciones se cuenta desde el día en que se cometieron; la de las sanciones, desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución que las impone.