Ley 2/2007, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
Artículo 3. Principios generales
En pocas palabras
Cinco principios inspiradores: a) primacía de las renovables sobre el resto de energías primarias en producción y uso; b) impulso de las prácticas más viables de ahorro y eficiencia, incluida la transformación eficiente de energía primaria en final; c) solidaridad colectiva en el uso de la energía; d) articulación territorial con generación distribuida que minimice pérdidas en transporte y distribución; e) cooperación interadministrativa cuando concurran competencias del Estado, para instalaciones en tierra o en el mar.
Explicación sencilla
Enumera los principios que inspiran toda la Ley. Es una lista cerrada de cinco letras, y en examen se pregunta qué figura en cada una y qué condición lleva: la cooperación interadministrativa solo cuando existan o concurran competencias del Estado.
Regla mnemotécnica
P-I-S-A-C: Primacía de renovables, Impulso del ahorro y eficiencia, Solidaridad colectiva, Articulación territorial (generación distribuida), Cooperación interadministrativa.
Trampa típica de examen
Creer que la cooperación interadministrativa es un principio general sin condición, cuando el texto la liga a que existan o concurran competencias del Estado.
Texto del artículo 3 de la Ley 2/2007 (LFERA)
Son principios inspiradores de la presente Ley: a) La primacía en la producción y en la utilización de las energías renovables sobre el resto de las energías primarias. b) El impulso de las prácticas más viables que hagan posible el ahorro y la eficiencia energética, incluyendo el uso de sistemas que garanticen la transformación eficiente de las energías primarias en energía final. c) La solidaridad colectiva en el uso de la energía. d) La articulación territorial del sistema energético en base a una generación distribuida que suponga una minimización de las pérdidas en el transporte y distribución de la energía. e) La cooperación interadministrativa, cuando existan o concurran competencias del Estado, para la aprobación y gestión de instalaciones en tierra o en el mar comprendidas en el ámbito de aplicación de esta norma.
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