Tema 74 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 27. Consumidores

El artículo 27 garantiza a los consumidores y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la información, formación y protección, en los términos que establezca la ley. Además, remite a la ley la regulación de dos cuestiones: los mecanismos de participación y el catálogo de derechos del consumidor.

Artículo 58. Actividad económica

Exclusivas (58.1): comercio, incluidos ferias y mercados interiores; nuevas tecnologías de la sociedad de la información; artesanía; cooperativas y economía social; promoción de la competencia y un órgano independiente que la defienda. Exclusivas según las bases de la actuación económica general (58.2): fomento y planificación económica, sector público económico, industria, consumidores, mercados de valores. Desarrollo y gestión de la planificación general (58.3). Ejecutivas (58.4), entre otras: ferias internacionales, propiedad intelectual e industrial, metrología y defensa de la competencia.

Artículo 71. Turismo

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en turismo, que incluye en todo caso: ordenación y planificación del sector; regulación y clasificación de empresas y establecimientos; gestión de la red de establecimientos de titularidad de la Junta; coordinación con los órganos de administración de Paradores de Turismo de España según la legislación estatal; promoción interna y externa, con acuerdos con entes extranjeros y oficinas en el extranjero; derechos y deberes de usuarios y prestadores; formación, y líneas públicas de ayuda y promoción.

Artículo 1. Objeto

La Ley tiene por objeto la defensa y protección de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se dicta en cumplimiento del mandato del artículo 51.1 y 2 de la Constitución Española y en ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo 18.1.6.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a la Comunidad Autónoma.

Artículo 2. Actuación de las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas de Andalucía, dentro de su competencia, garantizarán con medidas eficaces la defensa y protección de consumidores y usuarios. Velarán especialmente y colaborarán por esa protección en situaciones catastróficas o de emergencia, o de perturbación grave en el abastecimiento o suministro de bienes de primera necesidad y servicios esenciales. Además, fomentarán el asociacionismo de consumo como instrumento básico de protección.

Artículo 3. Definiciones

Define, a efectos de la Ley: consumidores y usuarios (personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad que lo sean según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007); destinatarios finales (personas físicas con uso personal, familiar o doméstico; personas jurídicas con destino desinteresado, gratuito o sin ánimo de lucro; entidades sin personalidad sin ánimo de lucro); bienes o servicios; bienes de primera necesidad y servicios esenciales; órganos de defensa del consumidor y servicios de la sociedad de la información.

Artículo 4. Derechos de los consumidores

Enumera siete derechos: 1) protección frente a riesgos o daños para la salud, el medio ambiente o la seguridad; 2) protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; 3) indemnización y reparación efectiva de daños; 4) constituir organizaciones y asociaciones, a través de las cuales ejercen participación, audiencia en consulta y representación; 5) información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional; 6) educación y formación; 7) especial protección en situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.

Artículo 5. Nulidad de actos y negocios contrarios a la presente Ley

Son nulos de pleno derecho tres supuestos: la exclusión voluntaria de la presente Ley, la renuncia previa a los derechos e intereses reconocidos en ella y los actos realizados en fraude de la misma. La renuncia que se declara nula es la previa a esos derechos e intereses.

Artículo 6. Seguridad de bienes y servicios

Los bienes y servicios destinados a los consumidores en Andalucía deben elaborarse, suministrarse o prestarse sin riesgos inaceptables para la salud y la seguridad física; si no, deben ser retirados, suspendidos o inmovilizados por procedimientos eficaces. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que los consumidores conozcan las condiciones y modos de consumo o empleo, de modo que su adecuada observancia evite riesgos o daños previsibles.

Artículo 7. Vigilancia, control e inspección de las Administraciones Públicas

Las Administraciones Públicas de Andalucía ejercerán la adecuada vigilancia, control e inspección para prevenir y sancionar la elaboración, utilización, circulación y oferta en su territorio de sustancias, bienes y servicios que no cumplan las condiciones reglamentariamente exigidas para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores, de acuerdo con la legislación vigente.

Artículo 8. Bienes de primera necesidad y servicios esenciales

Artículo 9. Medidas de vigilancia especial

Las Administraciones Públicas de Andalucía ejercerán vigilancia especial y permanente sobre la normativa de: a) calidad higiénico-sanitaria de alimentos, bebidas y establecimientos; b) productos tóxicos y sustancias peligrosas; c) seguridad y habitabilidad de viviendas y servicios comunitarios, y prevención y extinción de incendios; d) transportes públicos, en particular el escolar; e) establecimientos públicos, centros educativos y lugares comunitarios; f) productos textiles y productos para la infancia; g) accesibilidad de las personas con discapacidad.

Artículo 10. Protección de los derechos e intereses de los consumidores

En el ámbito de esta Ley, la Administración de la Junta de Andalucía comprometerá su política social y económica a la consecución de la máxima satisfacción y respeto de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Artículo 11. Medidas de protección

Los órganos competentes de la Junta de Andalucía adoptarán medidas para: a) reconocer y apoyar a las organizaciones o asociaciones de consumidores, para su participación, representación y audiencia; b) asistir a los consumidores en el libre acceso a bienes y servicios en equilibrio e igualdad, sobre todo ante posición de dominio o servicios esenciales; c) garantizar el justo equilibrio de prestaciones con la Junta y sus gestoras de servicios públicos; d) pedir a las autoridades de control publicitario que ejerzan sus funciones.

Artículo 12. Sistemas de control e inspección

Los órganos de defensa del consumidor vigilarán y desarrollarán sistemas de control e inspección sobre: peso y medida; normas de calidad; legalidad, transparencia y accesibilidad de precios, indicando si incluyen impuestos (repuestos, y costes y comisiones financieras advertidos antes de cada operación, también en cajeros); telecomunicaciones; garantías y devoluciones; servicio técnico y repuestos; presupuestos previos; entrega de factura o justificante y, en ventas masivas, billetes mecanizados; cumplimiento normativo, y libre elección del sistema de pago.

Artículo 13. Reparación de daños

Sin perjuicio de las sanciones, en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor reponer la situación alterada a su estado original, devolver las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, indemnizar los daños y perjuicios probados causados al consumidor, salvo que el daño haya sido causado por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente. Determinados los daños, se notifican al infractor para que los satisfaga en un mes; si no lo hace, queda expedita la vía judicial.

Artículo 14. Promoción del derecho a la reparación de daños

Los órganos de defensa del consumidor adoptarán medidas que favorezcan y promuevan la indemnización y reparación de daños a los consumidores. Entre esas medidas se incluyen expresamente los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos.

Artículo 15. Arbitraje

Las Administraciones Públicas de Andalucía fomentan, gestionan y desarrollan el Sistema Arbitral de Consumo y lo dotan de medios. La Junta establecerá procedimientos para difundir el arbitraje y se propiciará la adhesión de empresas públicas y de privadas gestoras de servicios públicos y de interés general. La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía es el órgano administrativo de la Junta para el arbitraje institucional de consumo. La función arbitral da derecho a indemnización tras la formalización y firma del laudo.

Artículo 16. Medidas de protección de la información

Las Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán medidas para: a) informar a los consumidores, en particular sobre construcción de viviendas; b) asistirles frente a la publicidad y prácticas que atenten contra la libre elección; c) vigilar la publicidad dirigida a menores; d) facilitar el acceso de sus asociaciones a los medios de comunicación de la Junta; e) prohibir en los medios de la Junta y de las Administraciones locales la publicidad desleal, engañosa, encubierta, subliminal o contraria a la dignidad; f) identificar productos de empresas andaluzas.

Artículo 17. Obligación de facilitar información

Quienes producen, comercializan, distribuyen y venden bienes o prestan servicios deben dar información veraz, suficiente y comprensible sobre sus características, la contratación y su uso y consumo. Se exige también en el mercado inmobiliario de viviendas de Andalucía (materiales, unidades de obra, instalaciones e instrucciones de uso y conservación). En la sociedad de la información se aplica la Ley 34/2002. Los órganos de defensa del consumidor de la Junta lo garantizan. El secreto de fabricación no excusa informar, salvo casos reglamentados.

Artículo 18. Obligación de disponer de libro de quejas y reclamaciones, de tramitar y contestar a las mismas

Todos los establecimientos o centros que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía deben tener a disposición de los consumidores un libro de quejas y reclamaciones, numerado y sellado por la Administración de la Junta de Andalucía, y carteles que anuncien su existencia. Las quejas y reclamaciones presentadas por escrito deben contestarse, mediante escrito razonado, por las Administraciones competentes y por los sujetos responsables del artículo 17.1.

Artículo 19. Espacios en medios de comunicación

Los medios de comunicación social de titularidad de la Junta de Andalucía dedicarán espacios y programas no publicitarios a la información de los consumidores. En ellos tendrán acceso y participación, según su contenido y finalidad, las organizaciones y asociaciones de consumidores y los sectores públicos y privados suministradores de bienes y servicios afectados.

Artículo 20. Oficinas de información al consumidor

Se crean Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública, órganos de información, orientación y asesoramiento. Funciones: informar y orientar; recibir, registrar y remitir denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje; mediación voluntaria; consultar a los Consejos de Consumo; suministrar información a las Administraciones; elevar peticiones; facilitar datos de bienes retirados y de sanciones firmes impuestas en el plazo de tres años; campañas; apoyo a asociaciones; documentación. Prohibida en ellas la publicidad no institucional.

Artículo 21. Oficinas Municipales de Información al Consumidor

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor se crean y ubican con criterios de eficacia y mayor proximidad. La Junta fomentará especialmente su creación en: mancomunidades o agrupaciones de municipios; todas las capitales de provincia; los distritos municipales de ciudades de más de cincuenta mil habitantes; municipios de más de 20.000 habitantes, y municipios con alto grado de población flotante, en la forma que se establezca reglamentariamente.

Artículo 22. Participación de las Diputaciones Provinciales

Las Diputaciones Provinciales, dentro de su ámbito territorial, podrán asumir la función de información y orientación a los consumidores en los municipios que no dispongan de Oficinas Municipales de Información al Consumidor, y podrán hacerlo en colaboración con las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

Artículo 23. Coordinación de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de protección a los consumidores, coordinará las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública y podrá prestarles apoyo técnico y económico para su implantación y funcionamiento, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 24. Programas de educación y formación

Las Administraciones Públicas de Andalucía organizarán, promoverán e incentivarán programas de educación y formación de los consumidores para: a) elección libre y racional y mejor uso de bienes y servicios; b) divulgar el funcionamiento del mercado y los medios para ejercer sus derechos; c) adecuar las pautas de consumo al uso racional de los recursos naturales; d) prevenir riesgos y daños; e) formación especializada de educadores y enseñantes; f) divulgar la propia Ley.

Artículo 25. Educación en materia de consumo

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia educativa, fomentará que la educación en temas de consumo se incorpore al diseño curricular como materia transversal, en los diferentes niveles educativos y de forma ajustada a la finalidad pedagógica de cada uno.

Artículo 26. Programas de formación

Los órganos de defensa del consumidor de la Junta desarrollarán y coordinarán programas de formación para educadores, consumidores y, especialmente, para los cuadros técnicos de las organizaciones y asociaciones de consumidores, además de actividades de especialización para el personal de las Administraciones Públicas de Andalucía del área de consumo. Las asociaciones serán oídas en la elaboración de esos programas.

Artículo 27. Formación en medios de comunicación

Los medios de comunicación social de titularidad de la Junta de Andalucía dedicarán en sus programaciones espacios no publicitarios destinados a la educación y formación de los consumidores, en la forma que se determine reglamentariamente, y podrán contar con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

Artículo 28. Organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios

Las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, constituidas conforme a la legislación vigente, son cauces de participación en los asuntos públicos de la Comunidad Autónoma que les afecten, y de representación, consulta y defensa de los derechos e intereses de los consumidores.

Artículo 29. Consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios

Son organizaciones o asociaciones de consumidores las que tengan por objeto social estatutario la defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de sus asociados como consumidores y la defensa de los intereses colectivos. También las cooperativas andaluzas formadas exclusivamente por consumidores que incluyan esos fines en sus Estatutos y formen un fondo social con aportaciones de los socios y al menos el 15% de los excedentes netos de cada ejercicio, destinado exclusivamente a esos fines en materias de consumo.

Artículo 30. Condiciones para el acceso a beneficios

Para gozar de los beneficios de la Ley, las asociaciones de consumidores deben: estar inscritas en el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; aplicar las ayudas a la exclusiva defensa de los consumidores; tener funcionamiento democrático, y cumplir los requisitos reglamentarios. No pueden disfrutarlos si tienen como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, reciben ayudas de empresas suministradoras o hacen publicidad no exclusivamente informativa.

Artículo 31. Derechos de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios

Son derechos de las asociaciones de consumidores: ejercer acciones judiciales y extrajudiciales; solicitar la declaración de utilidad pública y sus exenciones y bonificaciones fiscales; representar a los consumidores en órganos de participación, consulta y concertación; pedir y obtener información de las Administraciones; percibir ayudas públicas; promover el cese de prácticas engañosas o fraudulentas; exigir la rectificación pública de publicidad engañosa o ilícita y ejercer el derecho de réplica, e integrarse en federaciones más amplias.

Artículo 32. Deberes de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios

Las asociaciones actúan con buena fe y lealtad y no pueden divulgar datos sin respaldo de acreditaciones, análisis o controles de calidad contrastados. Divulgar informaciones erróneas, por dolo o negligencia, que dañen a fabricantes, productores o distribuidores causa la supresión del apoyo oficial y la suspensión temporal o definitiva en el Registro, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal. Los suministradores pueden exigir rectificación o cese. Las asociaciones colaboran con las Administraciones y garantizan protección jurídica.

Artículo 33. Representación en órganos públicos de la Junta de Andalucía

Los consumidores deben estar representados, a través de las organizaciones o asociaciones de consumidores legalmente constituidas en Andalucía y en la forma que se determine reglamentariamente, en los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía cuyo objeto les afecte directamente.

Artículo 34. Trámite de audiencia a organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios

Las asociaciones de consumidores radicadas en Andalucía deben ser oídas al elaborar disposiciones generales de la Junta sobre materias que afecten directamente a los consumidores. La audiencia es preceptiva en el desarrollo de esta Ley y en las propuestas de tarifas de servicios públicos sujetas al control de la Junta. Se entiende cumplida si están representadas en los órganos colegiados que informen o participen; en los demás casos, cuando se dirija al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Artículo 35. Fomento de la colaboración

La Administración de la Comunidad Autónoma fomentará la colaboración entre tres agentes: las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales de Andalucía.

Artículo 36. Actuación frente a situaciones de inferioridad

Los órganos de defensa del consumidor promoverán las medidas adecuadas para remediar las situaciones de desventaja de los consumidores en el mercado por razón de edad, discapacidad, deficiencias de formación, desigualdad con las empresas, lugar de residencia o cualquier otra análoga.

Artículo 37. Medidas especiales ante los servicios de la sociedad de la información

Los órganos de defensa del consumidor promoverán las medidas necesarias para evitar desequilibrios y desventajas de los consumidores en el uso de los servicios de la sociedad de la información. El precepto se integra en el capítulo dedicado a las situaciones de inferioridad.

Artículo 38. Consejo Andaluz de Consumo y Consejos Provinciales de Consumo

El Consejo Andaluz de Consumo y los Consejos Provinciales de Consumo son órganos consultivos, de participación, mediación, diálogo y concertación, con apoyo de la Junta. Los integran representantes de asociaciones de consumidores, organizaciones empresariales y Administraciones Públicas de Andalucía. El Consejo Andaluz puede delegar funciones en órganos subordinados sectoriales. Los Provinciales actúan en su territorio y elevan al Andaluz lo que exceda de él o sea relevante. Su régimen se fija reglamentariamente.

Artículo 39. Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía es el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores, sin perjuicio del Consejo Andaluz y los Provinciales de Consumo. Está adscrito a la Dirección General competente en defensa de los consumidores y lo integran representantes de las asociaciones de consumidores que cumplan los requisitos de la Ley. Es consultado preceptivamente en las disposiciones generales que afecten directamente a los consumidores y, además, formula propuestas, asesora y solicita información.

Artículo 40. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los consumidores

Los órganos de defensa del consumidor de Andalucía velan por hacer efectivos los derechos de los consumidores reconocidos en esta Ley y en la legislación sectorial. Si detectan incumplimientos que puedan lesionar o poner en peligro esos derechos, tienen tres salidas: adoptar las medidas previstas en esta Ley y en la legislación general de protección de los consumidores, ejercer las acciones judiciales procedentes o actuar conforme al artículo siguiente.

Artículo 41. Comunicación a otros órganos

Los órganos de defensa del consumidor pueden instar a otros órganos a ejercer las potestades que les dan las leyes sectoriales cuando lo estimen necesario. Si el órgano instado es de la Administración de la Junta, una entidad local andaluza o un ente dependiente de ellas, debe responder en un mes con las decisiones adoptadas o las razones por las que no actúa. Igual pueden dirigirse a colegios profesionales y a autoridades de las que dependan servicios públicos.

Artículo 42. Inspecciones de las Administraciones Públicas con incidencia en Consumo

La Junta y las Administraciones locales, cada una en su ámbito, inspeccionan que productores, distribuidores, comercializadores y sus colaboradores cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones sectoriales. La información útil para los consumidores obtenida en cualquier inspección pública se comunica a los órganos de defensa del consumidor. Se pueden inspeccionar bienes, servicios, materias primas, establecimientos y maquinaria; la perfección y ejecución de los contratos, en cuanto puedan dar lugar a potestades administrativas.

Artículo 43. Inspección de Consumo

La inspección puede hacerla la Inspección de Consumo de la Junta, integrada en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en protección de los consumidores, sin perjuicio de inspecciones de otras Administraciones u órganos. Actúa preferentemente en la fase de comercialización. Los municipios pueden inspeccionar con sus propios Servicios. Si se detectan irregularidades que competen a otros órganos, se les remite el acta o copia diligenciada.

Artículo 44. Organización y funcionamiento de la Inspección de Consumo

La organización de la Inspección de Consumo de la Junta se regula por reglamento y sigue los principios de jerarquía, profesionalización y especialización. Los inspectores son funcionarios y, en sus funciones, agentes de la autoridad. Los entes locales se organizan como estimen, pero comunican a la Dirección General de Consumo su organización, ámbito y medios. Colaboran la Policía Local y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. Las potestades se ejercen con proporcionalidad y siempre con sigilo profesional.

Artículo 45. Coordinación de los Servicios de la Inspección de Consumo

Los Servicios de Inspección de consumo de la Junta y de las Corporaciones locales actúan coordinadamente, colaboran entre sí y prestan asistencia a los órganos de cualquier Administración Pública que se la requieran para ejercer competencias de defensa del consumidor, cuando se trate de diligencias que les correspondan por razón de la materia o del territorio.

Artículo 46. La actividad inspectora de Consumo

La inspección se hace en la forma, momento y por los medios más adecuados para conocer la realidad: observar ofertas y publicidad, demandar bienes o servicios (también a distancia), preguntar a consumidores o empresarios, consultar registros, examinar documentos, visitar establecimientos, tomar muestras, etc. Además de vigilar e investigar, la Inspección informa a los inspeccionados, les advierte de la irregularidad con un plazo prudencial para corregirla, propone medidas (que en urgencia puede adoptar provisionalmente), hace actuaciones previas y colabora en procedimientos y estadísticas.

Artículo 47. Facultades de la inspección y acceso a establecimientos y documentos

El personal de inspección puede acceder sin previo aviso a locales con actividades que afecten a consumidores (con indicios, también a lugares no abiertos al público), exigir documentos obligatorios y, con indicios, examinar toda la documentación de la empresa, requerir documentación y comparecencias, y hacer pruebas y tomar muestras. Debe identificarse antes, salvo que ello frustre la inspección (causas por escrito), y puede seguir sin identificarse hasta detectar las infracciones. Para ejercer potestades, requerir o advertir, siempre identificado.

Artículo 48. Toma de muestras

El procedimiento de toma de muestras se fija por reglamento. La muestra puede ser un único ejemplar si el bien se somete a ensayos de seguridad o aptitud funcional, notificándolo antes a los interesados para que asistan y aleguen. La Administración paga al establecimiento el valor de coste (precio de la factura de adquisición), salvo que el bien presente irregularidades o falte factura. Si no hay irregularidades, puede cederlos a entidades benéficas que lo soliciten.

Artículo 49. Colaboración con los Servicios de Inspección

Los inspectores pueden pedir apoyo a cualquier autoridad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si hay resistencia u obstrucción. Poderes públicos, empresas y asociaciones de consumidores deben dar la información que se les requiera, salvo causa legal, y la negativa se comunica motivadamente a la Inspección. Los inspectores acceden a registros y archivos administrativos según su normativa y, al inspeccionar empresas o servicios públicos, actúan con independencia funcional.

Artículo 50. Deberes de los sujetos inspeccionados

Los inspeccionados y sus empleados deben permitir y facilitar la inspección y suministrar la información que recabe. También deben comparecer, por sí o por la persona que designen, en las oficinas administrativas o en el lugar adecuado para seguir la inspección y completar las diligencias.

Artículo 51. Actas de inspección

Los inspectores levantan acta de sus visitas y actuaciones. El acta identifica al inspector, el lugar y la fecha, los hechos y datos relevantes y, si las hay, las manifestaciones del compareciente. Es documento público y la firma siempre el inspector. Si estuvo presente el titular, un representante o un empleado, recibe copia y firma solo como reconocimiento de su presencia, no de las irregularidades. En el acta puede requerirse subsanar en no más de diez días simples irregularidades sin perjuicio directo.

Artículo 52. Valor probatorio de las actas de inspección

Los hechos constatados personalmente por los inspectores de Consumo y recogidos en las actas tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 137 de la Ley 30/1992. Ese valor se extiende a procedimientos de otras autoridades que apliquen leyes que afecten directamente a los consumidores, y las actas de otros servicios de inspección valen igual en los procedimientos de esta Ley.

Artículo 53. Análisis de muestras

Los análisis, ensayos o pruebas que se incorporen a procedimientos de consumo siguen el procedimiento reglamentario. Los hacen laboratorios públicos con capacidad técnica, laboratorios o entidades privados acreditados o los propios inspectores. Si los promueven los órganos de defensa del consumidor, preferentemente en laboratorios públicos. Los laboratorios cumplen plazos y colaboran. El contradictorio lo paga quien lo promueve; el inicial y el dirimente, la empresa si hay irregularidades y la Administración si no.

Artículo 54. Entidades colaboradoras

Puede haber entidades colaboradoras de los órganos de defensa del consumidor para análisis comparativos, estudios de mercado y otras actuaciones que prevea el reglamento, pero nunca se les puede atribuir la facultad de levantar actas de inspección. El reglamento fija sus requisitos, obligaciones y funciones, y quedan siempre sometidas a supervisión y control permanente de esos órganos.

Artículo 55. Realización de estudios y publicidad de sus resultados

Los órganos de consumo hacen directamente estudios, comparaciones, ensayos, análisis o controles; también pueden hacerlos entidades colaboradoras y asociaciones de consumidores para informar. Cuando los hace la Administración, su personal puede no identificarse, salvo que sea estrictamente necesario. Se usan métodos normalizados o, si faltan, los recomendados nacional o internacionalmente o los más exactos. Los órganos publican los resultados si lo estiman necesario, comunicando las irregularidades a los responsables. Se prohíbe usar esos resultados en publicidad.

Artículo 56. Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios

Se creará por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de la que dependa la defensa de los consumidores, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía, para coordinar y hacer colaborar a los distintos servicios de inspección de la Junta y usar con eficacia y eficiencia los recursos. Su composición, competencias, funcionamiento y forma de adoptar acuerdos se fijan por reglamento.

Artículo 57. Códigos de buenas prácticas

Se fomentan los códigos de buenas prácticas para proteger a los consumidores y mejorar la regulación del mercado. Los elaboran representantes de las asociaciones empresariales más representativas, de las organizaciones y asociaciones de consumidores, de los órganos de defensa del consumidor de la Junta y de otros colectivos afectados. Si se ha manifestado la adhesión al código en la oferta, promoción o publicidad, incumplirlo es infracción administrativa.

Artículo 58. Actuación de la Administración frente al riesgo para la salud y seguridad

Con claros indicios de riesgo, la Administración adopta las medidas preventivas con la máxima celeridad para garantizar la salud o seguridad. Deben ser adecuadas y proporcionadas al riesgo y lo menos restrictivas de la libre circulación de mercancías y de la libertad de empresa. La instrucción de una causa penal no impide adoptarlas, modificarlas, confirmarlas, levantarlas o ejecutarlas. Puede optarse por la colaboración voluntaria si basta. No son sanciones y no excluyen el procedimiento sancionador.

Artículo 59. Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar la salud y seguridad de los consumidores

Ante riesgo inaceptable para la salud por bienes o servicios peligrosos, los órganos de defensa de los consumidores solo pueden adoptar medidas cautelares, que comunican a la autoridad sanitaria para su confirmación. Ante riesgo inaceptable para la seguridad, deben adoptar las medidas necesarias para eliminarlo o reducirlo: condiciones previas a la comercialización, suspensión o prohibición de la oferta o venta, inmovilización o retirada (incluso destrucción), clausura de establecimientos y medidas que garanticen su eficacia.

Artículo 60. Presunción de riesgo para la salud o seguridad

Se presume, salvo prueba en contrario, que hay riesgo inaceptable cuando funcionan establecimientos o se comercializan bienes o servicios sin las autorizaciones o controles preventivos exigidos por razones de salud o seguridad. Además, aunque el bien cumpla los reglamentos o haya superado los controles obligatorios, pueden adoptarse excepcionalmente las medidas del capítulo si aun así puede ser peligroso.

Artículo 61. Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar los intereses económicos y sociales de los consumidores

Si hay lesión real de los intereses económicos y sociales de los consumidores o de su derecho a la información, los órganos de defensa del consumidor pueden imponer condiciones previas, suspender o prohibir actividades, ofertas, promociones, ventas o suministros cuando haya fraudes, falta sustancial de las informaciones obligatorias o incumplimiento de la normativa aplicable.

Artículo 62. Sujetos que pueden verse afectados por las medidas

Las medidas pueden dirigirse a los responsables de producir, distribuir o comercializar bienes o servicios y a cualquier responsable del mantenimiento o existencia del riesgo, aunque ignorasen y no pudieran conocer los defectos. Pueden tener destinatarios concretos, una pluralidad indeterminada o carácter general. También alcanzan a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que originen directamente el riesgo, consciente o inconscientemente, y puede ordenarse al intermediario supervisar los datos.

Artículo 63. Comunicación a otras Administraciones Públicas y acción de cesación

Si las situaciones de riesgo o lesión pueden afectar a competencias de otros órganos o Administraciones, se les comunican de inmediato con los datos relevantes y las medidas ya adoptadas, extremando la coordinación y colaboración. Además, la Junta, a través del órgano de defensa del consumidor habilitado, puede instar ante autoridades judiciales o administrativas las acciones de cesación previstas para proteger los intereses colectivos de los consumidores.

Artículo 64. Procedimiento

Las medidas de los artículos 59 y 61 exigen seguir un procedimiento conforme a la ley de procedimiento administrativo común, la normativa sectorial y el reglamento, salvo que sea imposible localizar o identificar a los responsables. Si el acto afecta a sujetos determinados, se les da audiencia y el procedimiento debe resolverse y notificarse en seis meses como máximo. Excepcionalmente, el órgano que resuelve puede prorrogar el plazo por acuerdo motivado según el número de afectados, la dificultad de identificarlos o las notificaciones en el extranjero.

Artículo 65. Colaboración en la ejecución de las medidas

Para ejecutar las medidas, los órganos de defensa del consumidor pueden pedir la colaboración de otros órganos de la Administración andaluza y, en especial, de los Cuerpos de Seguridad. Quienes elaboran, distribuyen, comercializan o ponen en servicio los bienes y servicios deben colaborar para que las medidas sean eficaces. Los órganos pueden exigir a los responsables de los riesgos el pago de los gastos ocasionados.

Artículo 66. Requerimientos de subsanación

Si hay un incumplimiento que afecta a los consumidores pero sin los riesgos inaceptables de los artículos 59 y 60, la Administración puede advertir al transgresor de la situación ilegal y de su obligación de cesar, y requerirle que subsane. Pueden hacerlo los órganos competentes y los inspectores de Consumo con solo dejar constancia escrita del contenido y de la fecha en que se comunica; basta entregar copia del acta de inspección en que consten.

Artículo 67. Órganos competentes

Adoptar cualquier medida del capítulo corresponde a los órganos de defensa del consumidor de la Administración autonómica. Los órganos municipales pueden adoptarlas cuando la situación sea estrictamente local y pueda afrontarse por completo en el término municipal. Si no, solo pueden adoptar provisionalmente medidas urgentes en su territorio, comunicándolo de inmediato a los órganos autonómicos, y colaboran en las medidas de ámbito superior.

Artículo 68. Medidas provisionales

En el procedimiento para adoptar medidas definitivas pueden tomarse medidas provisionales: cierre temporal, inmovilización, suspensión de actividades, ventas u ofertas y las necesarias para proteger salud, seguridad e intereses de los consumidores. Se toman en el acuerdo de iniciación o durante la instrucción por el órgano competente para resolver. Antes de iniciar, incluso los servicios de inspección pueden adoptarlas y ejecutarlas si hay urgencia y riesgo inminente. Basta con indicios suficientes del riesgo e imprescindibilidad.

Artículo 69. Vigencia de las medidas provisionales

Las medidas finales pueden coincidir o no con las provisionales y ser permanentes, si el peligro lo es y no hay otra forma de evitarlo, o temporales en otro caso. Las provisionales y definitivas temporales duran mientras la Administración no las alce, pero deben alzarse si no se confirman los indicios, se subsanan las deficiencias o desaparece el peligro. Se pueden indicar cambios para levantarlas o destinos alternativos, y completarlas, modificarlas o sustituirlas.

Artículo 70. Comunicación de riesgos

Cuando los órganos competentes lo consideren necesario para evitar lesiones, comunicarán de inmediato a los consumidores potencialmente afectados, por los medios más apropiados, los riesgos o irregularidades y las precauciones a tomar, como medida complementaria o única, para que puedan defenderse y colaborar en eliminar sus causas.

Artículo 71. Tipos de infracciones

Las infracciones son leves, graves y muy graves. El artículo agrupa las conductas infractoras en bloques: requisitos de elaboración y comercialización y condiciones técnicas (14 conductas); alteración, adulteración o fraude (3); documentación, transacciones y precios (14); prácticas comerciales desleales; obligaciones contractuales (4); deberes de los inspeccionados (5), y otras infracciones (12), como no tener hojas de quejas y reclamaciones o negarse al arbitraje de consumo estando adherido.

Artículo 72. Agravación de la calificación

Las infracciones del artículo 71 son leves, salvo un grupo que es grave de inicio (entre otras, defraudar en peso o medida, manipular aparatos de medición, cláusulas abusivas u obstruir la inspección). Una leve pasa a grave si se comete voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia, es continuada o práctica habitual, o tiene alta repercusión. Una grave pasa a muy grave si causa alteración social grave, explota a consumidores vulnerables, aprovecha situaciones de necesidad o bienes de uso ordinario, o hay predominio en el mercado.

Artículo 73. Tipos de sanciones

A los responsables de las infracciones se les imponen multa o amonestación. Además de la multa pueden imponerse, en su caso, las sanciones complementarias de cierre o no utilización del establecimiento, suspensión del servicio o comiso. Las sanciones se aplican según los artículos siguientes y sin perjuicio de las medidas no sancionadoras que procedan.

Artículo 74. Cuantías de las multas

Multas: muy graves, entre 60.001 y 1.000.000 de euros; graves, entre 5.001 y 60.000 euros; leves, entre 200 y 5.000 euros. En las graves y muy graves pueden superarse hasta el décuplo del beneficio ilícito o del perjuicio causado y, en su defecto, del valor de los bienes o servicios, o del coste de la campaña publicitaria si la infracción se comete por ese medio.

Artículo 75. Amonestaciones

Las infracciones leves en las que concurra una atenuante pueden sancionarse con amonestación en lugar de multa. La amonestación consiste en su simple pronunciamiento en la resolución sancionadora.

Artículo 76. Sanciones complementarias para infracciones graves y muy graves

Excepcionalmente, en infracciones muy graves y en graves con agravantes que lo justifiquen, puede imponerse el cierre total o parcial o la no utilización del establecimiento, instalación o local, o la suspensión del servicio o actividad; si se cometió por servicios de la sociedad de la información, implica prohibir seguir ofertando por ese medio. Duración máxima: un año en muy graves y tres meses en graves. Solo el Consejo de Gobierno puede imponerla por más de seis meses. La resolución fija exacta y motivadamente su contenido y duración.

Artículo 77. Comisos

Puede imponerse el comiso total o parcial, según sea proporcionado, de los efectos e instrumentos propiedad del responsable usados en infracciones muy graves o graves con agravantes que lo justifiquen. No se acuerda sobre efectos que sean o deban ser objeto de una medida similar no punitiva. La Administración decide el destino de lo decomisado, en la resolución o después, y los gastos del comiso son del infractor.

Artículo 78. Comiso del beneficio

Junto con las demás sanciones se impone el comiso del beneficio obtenido con la infracción; la resolución puede no imponerlo si no hubo beneficio, es ínfimo o las demás sanciones bastan. Si no puede fijarse con exactitud, se estima e incluye el aumento de ingresos y el ahorro de gastos, sin descontar multas ni gastos o daños de otras sanciones, pero sí lo abonado a los consumidores perjudicados (devoluciones, indemnizaciones u otros conceptos).

Artículo 79. Atenuantes y agravantes

La sanción se gradúa con atenuantes y agravantes. Agravantes: reincidencia, reiteración, grave perjuicio, posición relevante en el mercado, incumplir advertencias o requerimientos previos, importante beneficio económico y afectar a productos para el público infantil u otros destinatarios indefensos. Atenuante: corregir diligentemente, colaborar o reparar los daños, sin intoxicación, lesión, muerte ni indicios de delito, antes de cualquier requerimiento o, en su caso, antes de la propuesta de resolución. No se aprecian si ya integran el tipo o la calificación.

Artículo 80. Tramos de las multas

Para graduar la multa, el tramo se divide en dos mitades iguales. Una atenuante: mitad inferior; varias: mínimo de esa mitad, e incluso el marco de la infracción inmediatamente inferior si son muy cualificadas. Una agravante: mitad superior; varias o una muy cualificada: hasta el máximo de esa mitad. Sin circunstancias: mitad inferior. Con atenuantes y agravantes: valoración conjunta entre el mínimo y el máximo. Puede tenerse en cuenta la situación económica del infractor, sin bajar nunca del mínimo legal.

Artículo 81. Reincidencia y reiteración

Hay reincidencia si, en el término de un año, se comete más de una infracción de la misma naturaleza y así se declara por resolución firme. Hay reiteración si, en los dos años anteriores a la nueva infracción, el infractor fue sancionado firmemente en vía administrativa por otra infracción de esta Ley u otras que protejan a los consumidores, o condenado ejecutoriamente por un delito con perjudicados en su condición de consumidores.

Artículo 82. Autores

Son autores las personas físicas o jurídicas que, con dolo o imprudencia, realizan las conductas tipificadas. Si intervienen varios sujetos sobre los mismos bienes o servicios (productores, importadores, distribuidores, minoristas), cada uno responde como autor de su propia infracción, con sanciones independientes e individualizadas. La responsabilidad de los coautores también es independiente, incluidos anunciantes, agencias y medios de publicidad. No se sanciona a quien ignorase la ilicitud si no pudo conocerla pese a emplear la diligencia exigible.

Artículo 83. Otros responsables

Además de los autores, se sanciona a quienes participan en infracciones ajenas graves o muy graves: profesionales que cooperan dolosa y necesariamente con su pericia o asesoramiento; gestores, directores o administradores cuya conducta dolosa fue necesaria para la infracción de su entidad; y quienes, con beneficio propio y conociendo la ilicitud, colaboran adquiriendo productos o servicios ilegales. Se les impone multa o amonestación y comiso del beneficio; la multa va en el marco de las leves si la infracción del autor es grave, y de las graves si es muy grave.

Artículo 84. Responsables solidarios

Los importadores y quienes distribuyan por primera vez en España productos del extranjero responden solidariamente de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de esta Ley a sus suministradores o proveedores, con independencia de su responsabilidad por sus propias infracciones.

Artículo 85. Concurso de infracciones

Quien comete varias infracciones recibe todas las sanciones, con excepciones. Si un solo hecho constituye varias infracciones o una es medio para cometer otra, se sanciona en proporción a la gravedad real de la conducta. Si una infracción comporta necesariamente otra, solo se impone la sanción de la más grave. Varias acciones idénticas o similares con un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión son una infracción continuada, salvo que se sigan cometiendo tras advertencia, requerimiento u orden de cese o tras iniciarse un primer procedimiento.

Artículo 86. Prohibición de la doble sanción

No se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si pueden ser delito, la suspensión y reanudación del procedimiento se rige por la legislación estatal. Para evitar la doble sanción administrativa: si ya hubo sanción por otra legislación con triple identidad, los órganos de defensa del consumidor se abstienen; si no la hubo pero se inició otro procedimiento, pueden iniciar el suyo motivadamente y suspenderlo hasta conocer la otra decisión; en los demás casos, adoptan las medidas para que no haya doble sanción.

Artículo 87. Prescripción de las infracciones y caducidad del procedimiento

Las infracciones prescriben a los cuatro años desde su comisión: se entiende cometida el día en que finaliza la actividad o el del último acto que la consuma; la continuada, desde la última acción; la permanente, desde que cesa la situación ilícita; y si los hechos carecían de signo externo, desde que se manifiestan. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de diez meses desde su inicio. La acción caduca si, conocida la infracción y terminadas las diligencias, pasa un año sin incoar el procedimiento.

Artículo 88. Interrupción del plazo de prescripción

La interrupción del plazo de prescripción de las infracciones se rige por la ley de procedimiento administrativo común. Además, la interrumpen las actuaciones judiciales penales y la tramitación de otros procedimientos administrativos sancionadores, en cuanto impidan iniciar o continuar el procedimiento para sancionar las infracciones de esta Ley.

Artículo 89. Prescripción de las sanciones

Las sanciones impuestas en aplicación de esta Ley prescriben en los plazos y según el régimen de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley andaluza no fija plazos propios para la prescripción de las sanciones.

Artículo 90. Responsabilidades en supuestos de extinción de personas jurídicas

Si una persona jurídica que cometió la infracción se extingue antes de ser sancionada, la responsabilidad por multa y comiso se exige a las personas físicas que, desde los órganos de dirección, determinaron con dolo o negligencia la infracción. Si la multa o el comiso ya se habían impuesto y no se pagan en la liquidación, pasan a los socios o partícipes, que responden mancomunadamente y hasta el valor de su cuota de liquidación.

Artículo 91. Ejecución de las sanciones

Las sanciones impuestas se ejecutan conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas aplicables. Todas las Administraciones Públicas deben colaborar para hacer efectiva la exacta ejecución de las sanciones.

Artículo 92. Difusión de las sanciones y otras medidas sobre los infractores

Los órganos de defensa del consumidor, si lo consideran conveniente, difunden las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa impuestas en los últimos tres años; esa difusión nunca tiene carácter sancionador. Las sanciones conllevan limitaciones para contratar con la Administración según la legislación de contratos. En infracciones muy graves, el titular de la Consejería de consumo puede proponer al Consejo de Gobierno suprimir, cancelar o suspender ayudas públicas, y este puede proponerlo al Consejo de Ministros si la ayuda es estatal.

Artículo 93. Multas coercitivas

Los órganos de consumo pueden imponer multas coercitivas, tras requerir la ejecución de actos y resoluciones dirigidos a cumplir la normativa de protección de los consumidores. El requerimiento es escrito y advierte del plazo y de la cuantía de la multa. El plazo atiende a la obligación y debe bastar para cumplirla; la multa no puede superar 3.000 euros o el 10 % del importe de la obligación si es cuantificable. Puede reiterarse sin dar menos plazo que el primero. Son independientes de las sanciones y compatibles con ellas.

Artículo 94. Órganos competentes en la Junta de Andalucía

Los órganos de la Junta competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores se fijan por reglamento: la competencia para resolver se atribuye por decreto del Consejo de Gobierno y la de iniciar e instruir puede atribuirse por orden del titular de la Consejería de consumo. Son competentes para infracciones cometidas, aunque sea en parte, en Andalucía, cualquiera que sea el domicilio del responsable, y no se inhiben a favor de otras administraciones autonómicas.

Artículo 95. Órganos competentes en las Corporaciones locales

Los órganos municipales competentes se determinan por la legislación local y sus normas de organización. Pueden sancionar, sin menoscabo de la Junta, si la infracción la detectaron sus servicios, la Junta no ha iniciado procedimiento y se cometió íntegramente en el término municipal. Si la infracción excede el municipio, se comunica de inmediato a la Junta con lo actuado; y siempre pueden limitarse a poner los hechos en su conocimiento. La Junta no inicia procedimiento si el municipio ya tramita uno por los mismos hechos y fundamento, salvo infracciones conexas en otros municipios.

Artículo 96. Lugar de comisión de la infracción

Las infracciones se entienden cometidas en cualquiera de los lugares donde se localicen las acciones u omisiones y, además, en todos aquellos donde se manifieste la lesión o el riesgo para los derechos de los consumidores, salvo en las infracciones sobre requisitos de establecimientos, instalaciones o personal.

Artículo 97. Competencias municipales

Sin perjuicio de la Junta, los municipios velan por los consumidores en su territorio: información y educación, apoyo a sus asociaciones, fomento y gestión del arbitraje de consumo, acciones civiles en defensa de sus vecinos, estudios de mercado locales, inspección de consumo, medidas no sancionadoras, potestad sancionadora en su territorio, instar la actuación de la Junta y las demás atribuidas o delegadas. La Junta y las Diputaciones cooperan; caben fórmulas asociativas; los municipios apoyan a las asociaciones y comunican por acuerdo plenario la aceptación de competencias.

Artículo 98. Competencias de las Diputaciones

Corresponden a las Diputaciones Provinciales andaluzas: información y educación de los consumidores según las necesidades de la provincia, apoyo a sus asociaciones, fomento y gestión del arbitraje de consumo, acciones civiles en defensa de los vecinos de la provincia, estudios de mercado provinciales, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios (sobre todo a los de menor capacidad) y las demás atribuidas o delegadas. La cooperación puede incluir servicios supramunicipales y laboratorios comunes.

Artículo 99. Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo

Se creará por reglamento la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo, órgano de colaboración, coordinación y cooperación entre la Junta y las Corporaciones locales andaluzas. Entre sus funciones: analizar los problemas de los consumidores, mantener un inventario de recursos municipales, programar campañas informativas, armonizar criterios sobre las oficinas de información al consumidor y las Juntas Arbitrales, proponer actividades inspectoras, coordinar laboratorios locales, armonizar ordenanzas, intercambiar información y planificar la formación del personal local.

Artículo 100. Planes sectoriales

El Consejo de Gobierno puede coordinar la actividad local en protección del consumidor aprobando planes sectoriales que fijan objetivos y prioridades de la acción pública. Estos planes los informa preceptivamente la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo y nunca pueden menoscabar las competencias que las leyes atribuyen a la Administración local.

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley

El objeto de la Ley es la ordenación, la planificación y la promoción del turismo sostenible. Sus finalidades, en el marco del Estatuto, son nueve: impulsar el turismo sostenible como sector estratégico; promocionar Andalucía como destino (desestacionalización y tratamiento unitario de la marca); fijar competencias; proteger los recursos; estimular el asociacionismo y la competitividad; erradicar la clandestinidad y la competencia desleal; defender a las personas usuarias; fomentar el turismo como comunicación entre pueblos; e impulsar la accesibilidad universal.

Artículo 2. Definiciones

Define nueve conceptos: turismo; recurso turístico; servicio turístico (declarado por la Ley o sus reglamentos); actividades con incidencia turística; Administración turística (órganos y entidades públicas con competencias específicas); empresa turística (persona física o jurídica que, en nombre propio, de manera habitual y con ánimo de lucro, presta algún servicio turístico); establecimiento turístico (unidad funcional autónoma); trabajador del sector (por cuenta ajena en una empresa turística); y turista (persona física destinataria final).

Artículo 3. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía

Conforme al artículo 71 del Estatuto, corresponden a la Junta, entre otras: la política turística; la regulación de los servicios turísticos; el Registro de Turismo de Andalucía; la inspección y sanción; la declaración de Municipio Turístico y de interés turístico; la imagen turística; la planificación y coordinación de las entidades locales; las ayudas; las profesiones del sector; la calidad; la innovación; la participación en los órganos de los Paradores; las estadísticas y la cooperación. Pueden transferirse o delegarse en las entidades locales.

Artículo 4. Competencias de los municipios

Las competencias propias de los municipios en turismo son las que fija el artículo 9.16 de la Ley 5/2010, de 11 de junio (de Autonomía Local de Andalucía). Además, la Junta de Andalucía podrá transferir o delegar en los municipios cualesquiera otras competencias turísticas conforme a la sección 4.ª del Capítulo II del Título I de esa misma Ley.

Artículo 5. Las relaciones interadministrativas

Las relaciones entre entes públicos con competencias turísticas se rigen por cuatro principios: coordinación, cooperación, colaboración y descentralización. El Consejo de Gobierno coordina las competencias turísticas locales y puede fijar objetivos de interés autonómico y prioridades mediante instrumentos de planificación, previa audiencia de los entes locales afectados (directamente o por sus entidades representativas). Esa coordinación nunca puede afectar a la autonomía local.

Artículo 6. Órganos

La Junta de Andalucía ejerce sus competencias administrativas en turismo a través de la Consejería que en cada momento las tenga atribuidas. Adscrito a la Consejería competente en materia de turismo existe el Consejo Andaluz del Turismo.

Artículo 7. El Consejo Andaluz del Turismo

El Consejo Andaluz del Turismo es el órgano consultivo y de asesoramiento de la Junta en materia de turismo, sin perjuicio de otros órganos consultivos generales. En él están las entidades locales a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación, y las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios más representativas, además de las que se establezcan reglamentariamente. Su organización y funcionamiento se fijan por reglamento y puede crear comisiones.

Artículo 8

Artículo 9. Objetivos generales

Todas las Administraciones Públicas, dentro de sus respectivas competencias y conforme al principio de sostenibilidad, estimularán la mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística andaluza.

Artículo 10. Acciones de ordenación y fomento

Los objetivos generales se alcanzan apoyando trece acciones: infraestructuras y servicios; diversificación de productos; turismo sostenible rural y litoral; uso eficiente del suelo; preservación de espacios culturales y naturales; calidad de la urbanización; calidad, accesibilidad y modernización; renovación de establecimientos con técnicas menos contaminantes (en especial eficiencia energética y residuos); rehabilitación patrimonial; desarrollo profesional; escalonamiento estacional; promoción y comercialización; y paisaje.

Artículo 11. Plan General del Turismo

El Plan General del Turismo es el instrumento básico de ordenación de los recursos turísticos; los demás instrumentos se ajustan a él. Busca cualificar y diversificar la oferta, reducir la estacionalidad y lograr cohesión territorial. Exige información pública, audiencia, consulta al Consejo Andaluz del Turismo e informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Lo aprueba por acuerdo el Consejo de Gobierno y se remite al Parlamento. Se prorroga por períodos anuales, con un máximo de tres, por orden de la persona titular de la Consejería.

Artículo 12. Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas

En los ámbitos territoriales del Plan General del Turismo pueden aprobarse Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas, con un contenido mínimo (modelo turístico, recursos, incidencia territorial, infraestructuras, directrices para nuevos desarrollos y espacios saturados). Pueden elaborarse antes del Plan si se justifica, adaptándose después. Exigen información pública, audiencia, consulta al Consejo Andaluz del Turismo e informe del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. Los aprueba por acuerdo el Consejo de Gobierno y se publican en el BOJA.

Artículo 13

Artículo 14. Programas de Recualificación de Destinos

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de turismo, puede aprobar Programas de Recualificación de Destinos para espacios turísticamente saturados o en peligro de estarlo (por rápido crecimiento, fragilidad, densidad turística u otros desequilibrios). El procedimiento se inicia de oficio o a solicitud de los municipios interesados, que participan en su elaboración. Contienen, entre otras, diagnóstico, actuaciones priorizadas, marco financiero, fórmulas de coordinación, período de vigencia y propuestas de convenios, y pueden recomendar medidas para el planeamiento urbanístico.

Artículo 15. Planes Turísticos de Grandes Ciudades

A solicitud de los municipios, las ciudades con población de derecho superior a cien mil habitantes pueden tener planes turísticos específicos de promoción y fomento. Sus objetivos: poner en valor los recursos, adecuar el medio urbano con accesibilidad universal, mejorar la calidad de los servicios, mejorar y crear productos, implicar a la población y agentes locales en la calidad, y fortalecer la competitividad local. Se articulan mediante Convenios de Colaboración entre la persona titular de la Consejería de turismo y la del órgano local competente; una Orden fija requisitos y plazos.

Artículo 16. Programas de Turismos Específicos

La Consejería de turismo, previa audiencia de las Administraciones afectadas y oído el Consejo Andaluz del Turismo, puede elaborar y aprobar programas para desarrollar, mantener y aprovechar mejor sectores específicos, como los del Plan General del Turismo: sol y playa, cultural, reuniones, rural y de naturaleza, golf, actividades saludables y belleza, náutico, idiomático, ecuestre y cruceros, u otros. Su ámbito territorial puede ser autonómico o subregional.

Artículo 17. Determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en materia de turismo

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional incorporarán determinaciones que permitan implantar el modelo turístico del Plan General del Turismo o, en su caso, de los Marcos Estratégicos, de acuerdo con su modelo territorial y con las directrices del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía para las áreas turísticas. La Consejería de turismo emite informe sobre ellos en el plazo de un mes, antes de su información pública.

Artículo 18. Mantenimiento del uso turístico

Los establecimientos de alojamiento turístico y sus unidades de alojamiento quedan afectados al servicio inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía, y mientras dure se prohíbe destinarlos a otro uso bajo cualquier título. Los Ayuntamientos vigilan el mantenimiento del uso conforme a la licencia y sancionan la utilización contraria a la ordenación urbanística. El cambio del uso turístico del suelo a residencial u otro exige la previa innovación del planeamiento.

Artículo 19. Definición de Municipio Turístico de Andalucía y finalidad de su declaración

Es Municipio Turístico de Andalucía el que, sin superar los cien mil habitantes de derecho, necesita reforzar sus servicios públicos con incidencia turística en los periodos de mayor afluencia. Los requisitos son reglamentarios e incluyen población turística asistida, oferta turística y un plan municipal de calidad turística. Población turística asistida: no vecinos con estancia temporal por visita o pernoctación. Si el casco histórico o conjunto es Patrimonio de la Humanidad (UNESCO), ese requisito se entiende cumplido automáticamente.

Artículo 20. Declaración

Para declarar un Municipio Turístico se valoran sus servicios públicos básicos y los servicios específicos relevantes para el turismo. Lo declara el Consejo de Gobierno, oídos el Consejo Andaluz del Turismo y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, a solicitud del municipio por acuerdo plenario con mayoría absoluta del número legal de miembros. Puede revocarse por disminución progresiva de la calidad o pérdida de requisitos (que se acreditan cada cinco años). Se pierde sin procedimiento si se superan los cien mil habitantes de derecho. Puede dar lugar a convenios interadministrativos.

Artículo 21. Derechos

Las personas usuarias de servicios turísticos tienen derecho, entre otros, a: información veraz y previa (precio final completo, impuestos incluidos); documentos de la contratación; acceso a los establecimientos; servicios conforme a lo pactado y a la categoría; seguridad e intimidad; auxilio de la Administración; información sobre riesgos; factura o tique; exhibición del distintivo de clasificación y aforo; quejas y reclamaciones; mediación con mecanismos de naturaleza arbitral; información turística y de accesibilidad; y participación.

Artículo 22. Obligaciones

Sin perjuicio de otra legislación, las personas usuarias de servicios turísticos están obligadas a: observar las reglas de convivencia e higiene; respetar las normas de régimen interior que no sean contrarias a la ley; en alojamiento, respetar la fecha pactada de salida dejando libre la unidad; pagar al presentarse la factura o en el plazo pactado (reclamar no exime de pagar); respetar establecimientos, instalaciones y equipamientos; y respetar el entorno, el patrimonio y los recursos turísticos de Andalucía.

Artículo 23. Derechos

Sin perjuicio de otra legislación, las empresas turísticas tienen derecho a: ejercer libremente su actividad con las limitaciones de las leyes; incluir su información en catálogos, directorios, guías y sistemas de la Administración turística; acceder a las acciones de promoción según los criterios de la Administración; solicitar subvenciones, ayudas y programas de fomento; que se les reconozca la clasificación de sus establecimientos en los supuestos de la Ley; participar a través de sus organizaciones más representativas; e impulsar programas de cooperación público-privada.

Artículo 24. Obligaciones generales

Las empresas turísticas deben, entre otras cosas: publicitar precios finales completos; expedir factura desglosada; cuidar el funcionamiento y mantenimiento; velar por la seguridad, intimidad, tranquilidad y comodidad de los usuarios; informar de riesgos; prestar los servicios conforme a la categoría y a lo contratado; exhibir los distintivos de clasificación; tener hojas de quejas y reclamaciones; colaborar con la Unidad para la Asistencia al Turista; facilitar información a la Administración y a la inspección; actuar con sostenibilidad; y obtener las autorizaciones preceptivas.

Artículo 25. Sobrecontratación

Los titulares de alojamientos turísticos no pueden contratar plazas que no puedan atender en las condiciones pactadas; si lo hacen, responden ante la Administración y las personas usuarias mediante procedimiento sancionador. Deben alojar a los afectados en otro establecimiento de la misma zona, de igual o superior categoría y en condiciones similares, pagando el desplazamiento, la diferencia de precio y demás gastos hasta el comienzo del alojamiento, con posible repercusión a la empresa causante. Si el nuevo es más barato, se devuelve la diferencia al usuario.

Artículo 26. Obligaciones de información

Sin perjuicio de la legislación de consumidores, las empresas turísticas deben poner a disposición de las personas usuarias: datos identificativos y NIF; datos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía; condiciones y cláusulas generales; precio o presupuesto detallado; características del servicio; seguro o garantías; y condiciones de accesibilidad. Lo harán de forma clara e inequívoca, antes del contrato o, si no lo hay por escrito, antes de prestar el servicio, en el lugar de contratación o prestación, por vía electrónica o en la documentación informativa.

Artículo 27. Creación, funciones y medios de la Unidad

Se crea la Unidad para la Asistencia al Turista para informar y proteger los derechos de las personas usuarias. Sus funciones, entre otras: informar de sus derechos y de cómo presentar quejas y reclamaciones; intervenir en conflictos entre usuarios y prestadores cuando lo pidan las partes afectadas; informar a los prestadores sobre buenas prácticas; y trasladar a la inspección turística las denuncias o quejas que puedan ser infracción. La Consejería de turismo la dota de medios y suscribe instrumentos de colaboración; su estructura y funcionamiento se regulan por reglamento.

Artículo 28. Servicios turísticos

Son servicios turísticos: a) el alojamiento; b) la intermediación (organización o comercialización de viajes combinados o facilitación de servicios de viaje vinculados); c) la información turística y la de guías; d) la organización de turismo activo y ecoturismo; e) la restauración y catering turísticos; f) la organización de congresos, convenciones y eventos vinculados a la actividad empresarial. Reglamentariamente pueden reconocerse otros, y la Consejería competente en materia de turismo ordena y controla los desarrollados reglamentariamente.

Artículo 29. Actividades con incidencia en el ámbito turístico

Son actividades con incidencia en el ámbito turístico: a) las deportivas (estaciones de esquí, golf, puertos deportivos, polo…); b) ocio y entretenimiento, especialmente parques temáticos, acuáticos, zoológicos o botánicos; c) balnearios, spas y actividades saludables; d) la intermediación de servicios turísticos no incluida en el artículo 28.1.b); e) los servicios de recepción a las personas usuarias turísticas; f) el aprendizaje del castellano por extranjeros y el turismo cultural y el flamenco; g) el transporte turístico.

Artículo 30. Libertad de establecimiento y de prestación de los servicios turísticos

Quien preste servicios turísticos puede establecerse libremente en Andalucía. Con carácter general, basta la declaración responsable (art. 38.2) o la comunicación o habilitación (art. 54). No la necesitan quienes ejerzan legalmente en otra comunidad autónoma ni, para servicios temporales, los establecidos en otro Estado de la UE. La habitualidad se presume si se ofrece el servicio por cualquier medio publicitario o se presta dentro del mismo año por más de un mes en conjunto. Publicitar o prestar sin declaración, comunicación o habilitación es actividad clandestina.

Artículo 31. Signos distintivos y publicidad de los servicios turísticos

En toda publicidad, anuncios, documentación, correspondencia, tarifas de precios y facturas de los servicios turísticos desarrollados reglamentariamente deben constar, de forma legible e inteligible, los elementos de su clasificación administrativa con los símbolos acreditativos que fije el reglamento, respetando una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres y un uso no sexista del lenguaje.

Artículo 32. Precios de los servicios turísticos

Los precios de los servicios turísticos son libres. Las tarifas estarán siempre a disposición de las personas usuarias y expuestas en lugar visible. Tarifas y facturas irán desglosadas por conceptos y redactadas, al menos, en castellano. Los precios ofertados deben ser finales y completos, con impuestos incluidos, desglosando incrementos, descuentos y gastos adicionales que se repercutan.

Artículo 33. Clasificación administrativa de los establecimientos de alojamiento turístico

Los establecimientos turísticos se clasifican por grupos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades, según su ubicación y servicios. Excepcionalmente, por resolución motivada y previo informe técnico, la Consejería competente en materia de turismo puede exonerar de algunos requisitos. La clasificación dura mientras subsistan sus circunstancias; si cambian, la Consejería puede revisarla, con audiencia del titular. Ante cambios normativos hay plazo de adaptación; si no se adapta, la Consejería otorga la procedente. El símbolo se exhibe visible desde el exterior.

Artículo 34. Clasificación sobre la base de una declaración responsable

Para construir, ampliar o reformar un alojamiento sujeto a clasificación se presenta ante el Ayuntamiento, con la solicitud de licencia de obras, la documentación y una declaración responsable sobre la clasificación. El Ayuntamiento la remite en diez días como máximo a la Consejería competente en materia de turismo, que en un mes comprueba su adecuación y puede reformular la clasificación; sin objeciones en ese plazo, se considera conforme. Si no hace falta licencia, la persona interesada la remite directamente a la Consejería. Acabadas las obras se presenta la declaración del artículo 38.2.

Artículo 35. Requisitos de infraestructura, seguridad y medio ambiente de los establecimientos de alojamiento turísticos

Los alojamientos turísticos deben cumplir los requisitos mínimos de infraestructura, seguridad, medio ambiente, seguridad y salud laboral y los de otra normativa aplicable; los municipios exigen acreditarlo al tramitar licencias. En todo caso deben cumplir las normas de accesibilidad para personas con discapacidad. Las instalaciones se conservarán en adecuado estado. Los Ayuntamientos o, en su caso, la Consejería competente en materia de turismo pueden requerir en cualquier momento obras de conservación y mejora.

Artículo 36. Acceso y permanencia en los establecimientos de alojamiento turísticos

Los establecimientos turísticos son públicos: no puede restringirse el acceso por raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia discriminatoria. El acceso y la permanencia pueden condicionarse a normas de régimen interior, que no pueden contravenir la Ley y deben anunciarse de forma visible en los accesos. El titular puede impedir la permanencia de quien incumpla los deberes del artículo 22 y pedir auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para desalojar a quien incumpla las reglas de convivencia o sus normas, o pretenda un uso distinto del normal.

Artículo 37. Objeto, fines y naturaleza del Registro de Turismo de Andalucía

El Registro de Turismo de Andalucía inscribe: alojamientos turísticos, empresas de viajes combinados, guías de turismo, oficinas de turismo, empresas de turismo activo y los servicios que fije el reglamento. Está adscrito a la Consejería competente en materia de turismo y sirve para conocer el sector y facilitar control, programación, planificación e información. Los servicios no desarrollados reglamentariamente y las actividades con incidencia turística pueden anotarse mediante comunicación previa. Es administrativo, público y gratuito.

Artículo 38. Inscripción sobre la base de una declaración responsable

Deben inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía las personas y establecimientos del artículo 37.1, aunque no sean empresarios. No están obligados los prestadores establecidos en otras comunidades autónomas ni los de otros Estados de la UE en libre prestación temporal (salvo guías de turismo). La inscripción se practica de oficio tras una declaración responsable, que basta para iniciar la actividad salvo los guías en ciertos casos. Una inexactitud o falsedad esencial puede impedir continuar y cancelar la inscripción, con audiencia, y vetar un nuevo alta durante un año.

Artículo 39. Seguros de responsabilidad civil y otras garantías

Conforme a la Ley 17/2009, a los prestadores de servicios turísticos de intermediación, de organización de turismo activo y de alojamiento en campamentos de turismo se les exige, como requisito para ejercer y antes de inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía, un seguro de responsabilidad civil profesional adecuado u otra garantía equivalente que cubra los daños del servicio, en los términos que fije el reglamento.

Artículo 40. Tipos de establecimientos de alojamiento turístico

Tipos de alojamiento turístico: hoteleros, apartamentos turísticos, campamentos o campings, casas rurales y los que fije el reglamento. Deben cumplir los requisitos de instalaciones, mobiliario, servicios y, en su caso, parcela que se determinen. El Consejo de Gobierno puede fijar requisitos mínimos adicionales, incluidos, según la ubicación, metros cuadrados de parcela por plaza o unidad y parcela mínima. Comprueban su cumplimiento la Consejería competente en materia de turismo y los Ayuntamientos.

Artículo 41. Principio de unidad de explotación

Los alojamientos turísticos se rigen por la unidad de explotación: una única persona titular los administra y responde administrativamente, y todas las unidades del edificio o parte independiente se afectan al alojamiento turístico. Está prohibido destinarlas a otro uso (residencial u otros) y que haya unidades no explotadas por la empresa titular. La inscripción puede modificarse o revocarse si no se mantiene, salvo cuando, sin culpa de la empresa, lo vulneren propietarios de hasta un 10% de las unidades en propiedad horizontal.

Artículo 42. Establecimientos en régimen de propiedad horizontal o figuras afines

Si el planeamiento lo permite, un alojamiento turístico puede constituirse en propiedad horizontal o figura afín, siempre con unidad de explotación. Debe constar por nota marginal en el Registro de la Propiedad la afección al uso turístico y la cesión permanente del uso a la explotadora, y cada propietario se compromete a una gestión única por contrato de al menos diez años. Se prohíbe el uso residencial, que existe si se reserva a los propietarios el uso, o un uso ventajoso, por más de dos meses al año. El promotor entrega antes de la venta un documento informativo vinculante.

Artículo 43. Clasificación por grupos de los establecimientos hoteleros

Los establecimientos hoteleros se clasifican en cuatro grupos: hoteles (totalidad o parte independiente de edificio, explotación homogénea, entradas propias); hoteles-apartamentos (requisitos de hotel más instalaciones para conservar, elaborar y consumir alimentos en cada unidad); hostales (no alcanzan los niveles de los hoteles) y pensiones (no alcanzan los de los hostales). Solo hostales y pensiones pueden ocupar partes no independientes de un edificio. El reglamento puede crear otros grupos.

Artículo 44. Apartamentos turísticos

Los apartamentos turísticos son establecimientos de alojamiento formados por unidades con mobiliario e instalaciones para conservar, elaborar y consumir alimentos y bebidas. Sus unidades pueden ser apartamentos, villas, chalés, bungalós o análogos. Hay dos grupos: edificios/complejos (tres o más unidades que ocupan la totalidad o parte independiente de uno o varios edificios, con entrada propia) y conjuntos (tres o más unidades en un inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o no, ocupando solo una parte). Se someten siempre a la unidad de explotación.

Artículo 45. Compatibilidad en el mismo inmueble de distintos grupos o tipos de establecimientos

En un mismo inmueble pueden coexistir hoteles y hoteles-apartamentos si son de la misma categoría, y hoteles u hoteles-apartamentos con apartamentos turísticos del grupo edificios/complejos si son de similar categoría. Son de similar categoría los apartamentos de cuatro, tres, dos y una llave y los hoteles de cuatro, tres, dos y una estrella, respectivamente; además, los apartamentos de cuatro llaves se equiparan a los hoteles de cinco estrellas.

Artículo 46. Campamentos de turismo o campings

Los campings son espacios delimitados y equipados para vivir al aire libre un tiempo limitado con elementos transportables o desmontables. Pueden tener elementos fijos de alojamiento tipo bungaló dentro del límite reglamentario de superficie y explotados por el titular del camping, y elementos fijos de planta baja únicamente para servicios colectivos, sin exceder el porcentaje reglamentario. Se prohíbe vender parcelas y ocuparlas de forma continuada más del tiempo reglamentario. Quedan fuera de la Ley los campamentos juveniles, colonias escolares y similares ocasionales y sin ánimo de lucro.

Artículo 47. Casas rurales

Son casas rurales las edificaciones situadas en el medio rural con especiales características de construcción, ubicación y tipicidad, que prestan alojamiento y otros servicios complementarios y figuran inscritas como tales en el Registro de Turismo de Andalucía. El reglamento fija sus requisitos y criterios de clasificación. Si se implantan en suelo no urbanizable, la inscripción no exime de su previa tramitación como actuación de interés público.

Artículo 48. De las viviendas turísticas de alojamiento rural

Son viviendas turísticas de alojamiento rural las situadas en el medio rural en las que se presta el servicio de alojamiento y que se ofertan al público para su uso temporal u ocasional con fines turísticos, una o más veces a lo largo del año. Deben estar amuebladas y con los enseres necesarios para su inmediata utilización; el reglamento fija sus requisitos mínimos de infraestructura y su clasificación.

Artículo 49. Régimen de aprovechamiento por turno

Si las unidades de cualquier alojamiento turístico del artículo 40 se comercializan en régimen de aprovechamiento por turno, el establecimiento sigue sometido a la unidad de explotación, a esta Ley y su desarrollo según su tipo y clasificación, y además a la legislación específica del aprovechamiento por turno. El periodo anual de aprovechamiento no puede superar el fijado en la normativa de desarrollo de cada tipo de alojamiento.

Artículo 50. Empresas de intermediación turística

Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados y las que faciliten servicios de viaje vinculados deben constituir una fianza en los términos reglamentarios. Cualquier otra intermediación turística se considera actividad con incidencia en el ámbito turístico. El reglamento fija los requisitos de esas empresas.

Artículo 51. Información turística

La Consejería competente en materia de turismo usará los medios y sistemas de información oportunos para conocer la oferta y la demanda turística y atender las peticiones de información externas. También fomentará las tecnologías de la información y la comunicación en la difusión de los recursos turísticos de Andalucía y en las relaciones entre la Administración, el empresariado turístico y los turistas.

Artículo 52. Oficinas de turismo

Son oficinas de turismo las dependencias abiertas al público que, con carácter habitual, facilitan a la persona usuaria orientación, asistencia e información turística, y que pueden prestar además otros servicios turísticos complementarios.

Artículo 53. Red de Oficinas de Turismo de Andalucía

Las oficinas de turismo de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía se integran en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía; las demás, públicas o privadas, pueden adherirse voluntariamente. El reglamento fija los servicios comunes, los requisitos de integración y el distintivo o placa oficial. Las oficinas ajenas a la Junta solo pueden recibir subvenciones, ayudas o colaboración técnica y material si están integradas en la Red.

Artículo 54. Guías de turismo

Es actividad propia de los guías de turismo informar, de manera habitual y retribuida, a quienes visiten bienes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; no lo es la divulgación del personal de museos y conjuntos del patrimonio. Para establecerse en Andalucía hace falta habilitación de la Administración turística, que conlleva la inscripción en el Registro. Los habilitados por otras comunidades autónomas actúan libremente; los establecidos en otro Estado de la UE que actúen temporalmente deben comunicarlo antes de la primera actividad transfronteriza.

Artículo 55. Definición

La promoción turística es, a efectos de esta Ley, el conjunto de actuaciones de la Consejería competente en materia de turismo que favorecen el conocimiento del destino Andalucía y la fidelización de los turistas y facilitan la comercialización del producto turístico andaluz en el mercado nacional e internacional, sin perjuicio de las competencias del Estado.

Artículo 56. Principios de actuación

Andalucía es un destino turístico global con tratamiento unitario en su promoción fuera de su territorio. La promoción se ajusta a las demandas del mercado y se orienta a sus segmentos. La Consejería competente en materia de turismo programa y ejecuta campañas de imagen de calidad, con igualdad de sexos y lenguaje no sexista, y puede crear distintivos y conceder medallas, premios y galardones. Las Entidades Locales y las empresas privadas que usen fondos autonómicos específicos para promoción incorporarán el logotipo o eslogan fijado por la Consejería.

Artículo 57. Planificación de la promoción turística

Las actuaciones de promoción turística de la Consejería competente en materia de turismo se articulan en un plan específico de vigencia plurianual, aprobado por Orden de la persona titular de la Consejería y sometido, en todo caso, a las previsiones del Plan General del Turismo.

Artículo 58. Declaraciones de interés turístico de Andalucía

La Consejería competente en materia de turismo puede declarar de interés turístico de Andalucía fiestas, acontecimientos, lugares, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que manifiesten valores propios y de tradición popular y tengan especial importancia como atractivo turístico. En fiestas y acontecimientos se valoran especialmente los aspectos originales y de calidad que aporten singularidad y su repercusión turística en Andalucía.

Artículo 59. Calidad turística

La Administración de la Junta de Andalucía impulsará una estrategia de calidad turística dirigida a la atención óptima y homogénea de las personas usuarias en su itinerario de consumo, a satisfacer sus expectativas y a fidelizarlas, mediante la mejora continuada de los servicios y productos que consuman.

Artículo 60. Objetivos

La estrategia de calidad turística se articula sobre establecimientos, servicios y destinos, entre otros con estos objetivos: a) modelos de gestión integral de calidad; b) sistemas de gestión de calidad normalizados de amplio reconocimiento; c) programas de accesibilidad turística; d) análisis de expectativas, necesidades y satisfacción, y sistemas de autocontrol; e) promoción de quienes obtengan certificaciones o distinciones de calidad, sostenibilidad medioambiental y accesibilidad.

Artículo 61. Planificación de la calidad turística

Las actuaciones de la Consejería competente en materia de turismo en la estrategia de calidad turística pueden articularse en un plan específico plurianual, aprobado por Orden de la persona titular de la Consejería y ajustado, en todo caso, a las previsiones del Plan General del Turismo.

Artículo 62. Innovación turística

La Consejería competente en materia de turismo apoyará la innovación y la modernización tecnológica de empresas, establecimientos y servicios turísticos, así como la generación y transferencia de conocimiento al sistema turístico andaluz, como instrumento estratégico para incrementar su competitividad y sostenibilidad.

Artículo 63. Funciones de la inspección turística

La inspección turística: a) comprueba y controla el cumplimiento de la normativa turística, en especial persigue las actividades clandestinas, y puede requerir la subsanación de deficiencias y proponer el inicio de procedimientos sancionadores; b) emite los informes técnicos que pida la Administración turística (clasificación, funcionamiento de empresas, inversiones subvencionadas); c) informa y asesora a los interesados que lo requieran; d) asume las funciones que le encomiende la persona titular de la Consejería.

Artículo 64. Los servicios de inspección turística

Las funciones inspectoras las ejerce la Consejería competente en materia de turismo, a la que se adscriben los servicios de inspección. Su personal funcionario es agente de la autoridad y debe exhibir su acreditación. El personal inspector está sujeto al deber de secreto, cuyo incumplimiento se sanciona, y goza de independencia en sus apreciaciones, conforme a los planes de inspección y las instrucciones de sus superiores. Debe tratar con respeto a interesados y usuarios e informarles de sus derechos y deberes cuando lo pidan.

Artículo 65. Deberes de colaboración

Los servicios de inspección turística pueden pedir documentación e información relacionada con sus funciones y recabar la cooperación de los servicios de inspección de otras Consejerías y Administraciones Públicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los términos legales. La Consejería competente en materia de turismo debe comunicar a las Consejerías, entidades y Administraciones correspondientes las deficiencias detectadas que, pudiendo ser infracciones, incidan en su ámbito competencial.

Artículo 66. Obligaciones de las personas administradas

Titulares, representantes o personas autorizadas deben facilitar al personal inspector el acceso a dependencias e instalaciones, el examen de documentos, libros y registros de la actividad turística y la obtención de copias. Si no están presentes, el inspector deja a quien esté un requerimiento con el plazo de la inspección, nunca inferior a veinticuatro horas. Si los documentos no pueden aportarse o requieren examen detenido, puede darse plazo o citar a comparecencia. Si se niega la entrada, la documentación o la comparecencia, el inspector advierte en acta de que es obstrucción sancionable.

Artículo 67. Planificación de las actuaciones inspectoras

La inspección se ordena mediante Planes de Inspección Programada aprobados por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo, sin perjuicio de actuaciones específicas según criterios de eficiencia, legalidad y seguridad jurídica. Se actúa principalmente por visita, y también pidiendo datos a los responsables. Cada visita genera un acta cuyo resultado puede ser de conformidad, de obstrucción, de advertencia (requisitos fácilmente subsanables sin daños a usuarios, con norma y plazo) o de infracción.

Artículo 68. Actas de infracción

El acta recoge establecimiento, fecha y hora, hechos constatados y nombres de los inspectores y, si es posible, la infracción presunta y las sanciones. Los interesados pueden hacer alegaciones que constan en el acta. Ante riesgo inminente de perjuicio grave, la inspección propone medidas cautelares. El acta se notifica en el momento o en los diez días hábiles siguientes; si es en el momento, la firma el titular, su representante, el encargado o un dependiente, sin aceptar su contenido. Tiene valor probatorio de los hechos constatados personalmente.

Artículo 69. Infracciones administrativas

Son infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley. Los reglamentos de ordenación del turismo pueden complementar o especificar las conductas, dentro del marco legal. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y su comisión da lugar al correspondiente expediente sancionador.

Artículo 70. Infracciones leves

Son leves, entre otras: no aportar en plazo los documentos exigibles pese a haber presentado la declaración responsable; deficiencias en los servicios contratados, la limpieza o el mantenimiento; el trato descortés; la falta de distintivos o información obligatoria; incumplir obligaciones de información o la publicidad de precios; la sobrecontratación cuando se facilita alojamiento en las condiciones del artículo 25.2; el retraso en las comunicaciones; la inexactitud de los datos de la declaración responsable o la comunicación; y los incumplimientos formales documentales.

Artículo 71. Infracciones graves

Son infracciones graves, entre otras: la actividad clandestina y mediar en ella; la grave desconsideración; no comunicar tras requerimiento; la falsedad de datos de la declaración responsable; incumplir requisitos de clasificación; los ruidos que impiden el descanso; negarse a prestar un servicio contratado (no lo es si el cliente se niega a pagar lo recibido); publicidad engañosa; cobrar más de lo anunciado; negarse a dar factura u hoja de reclamaciones; la sobrecontratación sin realojamiento; no tener las garantías y seguros; dificultar la inspección; y la reincidencia en leves.

Artículo 72. Infracciones muy graves

Son infracciones muy graves: las que causan daño notorio o perjuicio grave a la imagen turística de Andalucía o sus destinos; la restricción de acceso, de servicios o la expulsión injustificada por motivos discriminatorios; impedir la inspección o aportarle documentos falsos; vender parcelas de campings o unidades hoteleras (salvo supuestos legales); incumplir la unidad de explotación y las condiciones de la propiedad horizontal; la explotación de unidades por propietarios al margen de la explotadora; incumplir el promotor la información al comprador; y reincidir en graves.

Artículo 73. Responsables de las infracciones

Responden de las infracciones las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que realicen las conductas tipificadas, aun a título de simple inobservancia; en particular: titulares de empresas, establecimientos o actividades turísticas; quienes suscriban la declaración responsable o la comunicación; quienes presten servicios clandestinos; y propietarios y promotores de alojamientos en propiedad horizontal. El titular responde también de lo que hagan su personal y terceros que presten servicios contratados con él, sin perjuicio de sus acciones contra ellos.

Artículo 74. Infracciones constitutivas de delito o falta

Si el órgano que incoa aprecia que la infracción puede ser delito o falta, da traslado al Ministerio Fiscal y suspende el procedimiento hasta la resolución judicial si hay identidad de sujeto, hecho y fundamento, sin que la suspensión alcance a las medidas cautelares. La causa penal por los mismos hechos también lo suspende. La sanción penal excluye la administrativa con esa triple identidad; la ya impuesta queda sin efecto y se reintegra, salvo que el juez la tuviera en cuenta. Tras archivo o absolución, se respetan los hechos probados salvo que se declaren inexistentes.

Artículo 75. Prescripción de las infracciones

Las infracciones prescriben: leves, a los seis meses; graves, al año; muy graves, a los dos años. El plazo corre desde el día de la comisión; si la conducta implica una obligación permanente, desde el cese de la actividad. Se interrumpe con la incoación del procedimiento con conocimiento del interesado y se reanuda si el procedimiento está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 76. Tipología de las sanciones

Las infracciones en materia de turismo dan lugar a sanciones principales (apercibimiento y multa) y accesorias: la suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y la clausura temporal del establecimiento o de la unidad de alojamiento, y el cese definitivo del ejercicio de servicios turísticos y la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 77. Prescripción de las sanciones

Las sanciones prescriben: las impuestas por infracciones leves, a los seis meses; por graves, al año; por muy graves, a los dos años. El plazo se computa desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución sancionadora. Se interrumpe con la iniciación del procedimiento de ejecución con conocimiento del interesado y se reanuda si este se paraliza más de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo 78. Sanciones

Leves: apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros. Graves: multa de 2.001 a 18.000 euros y, como accesoria, suspensión o clausura temporal inferior a seis meses. Muy graves: multa de 18.001 a 150.000 euros y, como accesoria, suspensión o clausura temporal de seis meses a tres años. Cabe la clausura definitiva y la cancelación de la inscripción si el responsable ha sido sancionado dos o más veces en tres años consecutivos por muy graves, con resolución firme en vía administrativa, y hay perjuicios graves para los intereses turísticos de Andalucía.

Artículo 79. Criterios para la graduación de las sanciones

Las sanciones se gradúan, en especial, por intencionalidad, perjuicios y riesgo, reincidencia no usada para tipificar, beneficio, volumen económico, categoría, trascendencia social, repercusión en el sector y subsanación. Hay reincidencia si se comete una infracción de la misma clase en un año desde la notificación de una sanción firme en vía administrativa. Las multas pueden subir hasta el triple del precio de los servicios afectados. Si los daños son de escasa entidad, puede aplicarse la sanción de la clase inferior, motivándolo.

Artículo 80. Órganos competentes

Imponen las sanciones: las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de turismo, las de infracciones leves y graves (si la infracción excede su ámbito territorial, la Dirección General); la persona titular de la Dirección General competente, las muy graves; y la persona titular de la Consejería, las muy graves de más de cien mil euros, de clausura definitiva o de cancelación de la inscripción. Se sancionan las infracciones cometidas en Andalucía, cualquiera que sea el domicilio social del responsable.

Artículo 81. Normativa de aplicación

La potestad sancionadora en materia de turismo se ejerce conforme a las normas de procedimiento de este capítulo de la Ley (procedimiento sancionador) y a las que se dicten reglamentariamente en su desarrollo.

Artículo 82. Incoación

Los procedimientos sancionadores se inician siempre de oficio, por acuerdo de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de turismo de la provincia donde se cometa la infracción, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia. El acuerdo, que se notifica a los presuntos responsables, identifica a los responsables, los hechos, su posible calificación y sanción, instructor y, en su caso, secretario (y su recusación), el órgano que resuelve y su norma, y el derecho a alegar y a la audiencia con sus plazos.

Artículo 83. Medidas cautelares

Excepcionalmente, para asegurar la eficacia de la resolución o ante circunstancias graves que afecten a la seguridad de personas o bienes o perjudiquen grave y manifiestamente la imagen turística de Andalucía, puede acordarse cautelarmente, en el acuerdo de iniciación o durante la instrucción, la clausura inmediata del establecimiento, el precintado de instalaciones o la suspensión de la actividad, el tiempo necesario para subsanar y como máximo hasta la resolución. La adopta la autoridad competente para incoar, por resolución motivada y previa audiencia.

Artículo 84. Caducidad

Los procedimientos sancionadores caducan, con archivo de las actuaciones, cuando transcurren seis meses desde su incoación, sin contar las paralizaciones imputables al interesado ni las suspensiones del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, y sin perjuicio de la ampliación del plazo en los supuestos legales.

Artículo 85. Anotación, cancelación y publicidad de sanciones

Toda sanción firme en vía administrativa se anota en el Registro de Turismo de Andalucía. La anotación se cancela, de oficio o a instancia del interesado, a los uno, dos o cuatro años (leves, graves o muy graves) desde su firmeza, o cuando la sanción se anule en vía contencioso-administrativa por sentencia firme. Por ejemplaridad, si hay reincidencia en infracciones análogas, intencionalidad acreditada o graves daños a terceros o a la imagen turística de Andalucía, el órgano sancionador puede publicar la sanción firme en el BOJA y en medios de comunicación, con el nombre del responsable.

Artículo 86. Multas coercitivas

Además de las sanciones, vencidos los plazos de un requerimiento de adecuación o de cese, los órganos sancionadores pueden imponer multas coercitivas con un intervalo de entre tres y quince días; cada una no supera el diez por ciento de la multa fijada para la infracción, ni 100 euros si la sanción no es pecuniaria. Si se incumplen requerimientos que no dan lugar a procedimiento sancionador, caben multas coercitivas cada quince días de hasta 300 euros cada una.

Artículo 1. Objeto

El texto refundido tiene por objeto la regulación administrativa del comercio interior en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su finalidad es ordenar y modernizar el sector de la distribución comercial. No regula el comercio exterior ni aspectos privados de la compraventa: su objeto es la regulación administrativa.

Artículo 2. Ámbito

Se aplica a las actividades comerciales realizadas en el territorio de Andalucía. Quedan excluidas las que, por su objeto, tengan legislación especial, en los aspectos previstos por ésta. Actividad comercial es el ejercicio profesional y con ánimo de lucro de ofertar artículos o mercancías para su venta: deben darse a la vez la profesionalidad y el ánimo de lucro.

Artículo 3. Actividad comercial minorista

Actividad comercial minorista es el ejercicio profesional y con ánimo de lucro de ofertar artículos o mercancías para su venta a los destinatarios finales (remite al artículo 1.2 de la Ley 7/1996). No son minoristas: a) la venta por fabricantes, en su propio recinto industrial, de residuos y subproductos de la producción; b) la venta directa por agricultores y ganaderos de productos agropecuarios en estado natural, en su lugar de producción o en centros cooperativos de recogida.

Artículo 4. Actividad comercial mayorista

Actividad comercial mayorista es el ejercicio profesional y con ánimo de lucro de ofertar artículos o mercancías para su venta a otras empresas, sean comerciales o no, siempre que no sean personas consumidoras finales. Lo que la distingue de la minorista es el destinatario: nunca el consumidor final.

Artículo 5. Calificación de la actividad comercial

La calificación de una actividad como minorista o mayorista no cambia porque la mercancía se someta a procesos de transformación, tratamiento o acondicionamiento usuales en el comercio. Ambas actividades no pueden ejercerse a la vez en un mismo establecimiento, salvo que se mantengan debidamente diferenciadas y se respeten las normas específicas de cada modalidad.

Artículo 5 bis. El comercio electrónico

El comercio electrónico es la compra y venta de productos a través de Internet, con o sin establecimiento comercial. Cuando la venta se hace por comercio electrónico, tiene la consideración de venta especial, conforme a la regulación del título V. La regulación del título III no se aplica a la actividad comercial ejercida por comercio electrónico.

Artículo 6. Régimen administrativo de la actividad comercial

El ejercicio de la actividad comercial en Andalucía responde al principio de libertad de empresa y se desarrolla en el marco de la economía de mercado. Esa libertad no es absoluta: queda sujeta a lo que dispongan el texto refundido, sus normas de desarrollo y las demás normas que regulen la actividad comercial.

Artículo 7. Inspección

Inspeccionan el comercio la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos. En la Junta, la Consejería competente en comercio interior, que regula la inspección y elabora planes de inspección coordinados. Por especialidad técnica, acumulación de tareas, urgencia o falta de inspectores, la Dirección General competente puede habilitar a otros funcionarios. Los inspectores son autoridad pública. Las actas, debidamente formalizadas, prueban los hechos constatados personalmente, salvo prueba en contrario; en venta on line se notifica el acta.

Artículo 8. Obligación de facilitar información

Las personas titulares de establecimientos y actividades comerciales, así como su personal empleado y sus representantes, están obligados a cumplir los requerimientos e inspecciones que hagan la Administración competente y sus agentes sobre el cumplimiento de las normas que regulen la actividad comercial de que se trate.

Artículo 9. Prohibición de limitar la adquisición de artículos

Los comerciantes no pueden limitar la cantidad de artículos que puede comprar cada persona, ni encarecer o suprimir rebajas o incentivos en las compras de mayor volumen. Si en un establecimiento abierto al público no hay existencias para toda la demanda, se atiende por orden de solicitud. Solo excepcionalmente la Administración puede autorizar que se limite la cantidad por comprador.

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12. Consejo Andaluz de Comercio

Se crea el Consejo Andaluz de Comercio, órgano colegiado consultivo y de participación social de la Consejería competente en comercio interior. Su finalidad es asesorar a la Junta de Andalucía en materia de comercio y servir de cauce de participación a las organizaciones y entidades del sector. Funciones: informar la legislación y planificación comercial, conocer y valorar la política comercial, impulsar la innovación y la calidad, e identificar las necesidades del sector.

Artículo 13. Atribuciones del Consejo Andaluz de Comercio

El Consejo Andaluz de Comercio será oído preceptivamente: a) al elaborar normas autonómicas específicas de comercio interior; b) al elaborar los planes plurianuales de fomento del comercio interior; c) antes de aprobar y revisar el Plan de Establecimientos Comerciales y de presentar su informe de seguimiento; d) en la concesión del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía; e) en otros supuestos previstos o cuando, por su relevancia, la Consejería le pida su parecer.

Artículo 14. Composición

Preside el Consejo Andaluz de Comercio la persona titular de la Consejería competente en comercio interior; la Vicepresidencia, la de la Viceconsejería. Vocales: dos por cada Consejería afectada, dos de municipios y provincias, seis empresariales, seis sindicales, tres de consumidores, dos de las Cámaras de Comercio y cuatro expertos designados por la Consejería. Secretaría: funcionario de la Consejería, con voz y sin voto. Cada organización designa a los suyos y nombra la persona titular de la Consejería, con equilibrio entre hombres y mujeres.

Artículo 15. Régimen de horarios

El régimen de horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales es el que establecen el texto refundido y sus normas de desarrollo. Todo establecimiento comercial de Andalucía está sujeto a uno de dos regímenes: el régimen general de horarios o el régimen de libertad horaria.

Artículo 16. Horario diario

Cada comerciante acuerda libremente el horario de apertura y cierre de sus locales en días laborables y en domingos y festivos de actividad autorizada, pero respetando en todo caso los límites máximos que fije el texto refundido y que le sean de aplicación.

Artículo 17. Publicidad de horarios

Todos los establecimientos comerciales deben informar a las personas consumidoras de sus horarios de apertura y cierre, exponiéndolos en lugar visible tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, incluso cuando el local esté cerrado. La obligación alcanza a todos los establecimientos, sin excepción por tamaño o régimen.

Artículo 18. Horario semanal

Artículo 19. Régimen de domingos y días festivos

Los comercios pueden abrir dieciséis domingos y festivos al año. El calendario lo fija orden de la Consejería, previa consulta al Consejo Andaluz de Comercio, publicada en BOJA antes del 1 de septiembre del año anterior. Los Ayuntamientos pueden permutar hasta dos días, pidiéndolo a la Dirección General antes del 1 de noviembre, 1 de febrero, 1 de mayo o 1 de agosto según el periodo. Criterios: un festivo si hay dos o más seguidos, rebajas (7 enero-7 marzo; 1 julio-31 agosto), turismo, Navidad y Reyes.

Artículo 20. Establecimientos con libertad horaria

Tienen libertad horaria, entre otros: pastelerías, pan, platos preparados, prensa, floristerías; tiendas de conveniencia (hasta 500 m², abiertas 18 horas, alimentación menor del 40 % del surtido y del 35 % de la superficie); comercios individuales de menos de 300 m² que no sean de grandes grupos; zonas de gran afluencia turística; y municipios turísticos en Semana Santa y del 1 de junio al 30 de septiembre. En municipios de más de 100.000 habitantes con más de 600.000 pernoctaciones o 400.000 cruceristas, la persona titular de la Consejería declarará al menos una zona.

Artículo 21. Establecimientos comerciales

Son establecimientos comerciales los locales y construcciones o instalaciones permanentes, cubiertos o no, con o sin escaparate, dentro o fuera de un edificio, destinados al ejercicio regular del comercio, continuado o en días o temporadas, y los recintos que así califique una norma. Se clasifican en mayoristas y minoristas. Son de carácter colectivo los conjuntos de establecimientos individuales en un edificio o complejo que compartan alguno de estos elementos: acceso exclusivo o preferente, aparcamientos privados, servicios a clientes, imagen comercial o perímetro común.

Artículo 22. Grandes superficies minoristas

Es gran superficie minorista todo establecimiento, individual o colectivo, de comercio minorista con más de 2.500 m² de superficie útil de exposición y venta. No son grandes superficies colectivas los mercados municipales de abastos, las Ferias de Oportunidades ni las agrupaciones de comerciantes en espacios comerciales, pero sí lo es un establecimiento individual de más de 2.500 m² dentro de ellos. Las colectivas son un único establecimiento, y la tienda individual que supere el límite no pierde su condición aunque forme parte de una colectiva.

Artículo 23. Superficie útil para la exposición y venta al público

La superficie útil de exposición y venta es la total, cubierta o no, de los espacios donde se exponen mercancías (de forma habitual o eventual) accesibles al consumidor, más los de tránsito, presentación, dispensación y cobro: escaparates internos, mostradores, cajas y la zona entre estas y la salida. Se computa desde el acceso o desde los lugares exteriores donde se expongan artículos. No cuentan almacenes, aparcamientos, carga y descarga ni zonas de acceso restringido. En las colectivas se excluye el tránsito común, pero la línea de cajas computa.

Artículo 24. Definiciones

Definiciones relativas a las grandes superficies minoristas: implantación es el proceso que engloba su planificación y su instalación; localización, las determinaciones sobre su ubicación territorial; emplazamiento, las determinaciones sobre su ubicación que pueda fijar el planeamiento urbanístico; instalación, su proceso de construcción. Espacio comercial: zona urbana con concentración de comercio minorista, mayoritaria o exclusivamente pequeño, que contribuye a la centralidad de la ciudad.

Artículo 43. Ventas especiales

Este texto refundido considera ventas especiales dos grandes grupos: las ventas celebradas fuera de establecimiento comercial y las ventas promocionales. Solo esas dos categorías integran, a sus efectos, el concepto de ventas especiales.

Artículo 44. Concepto

Son ventas fuera del establecimiento comercial las no celebradas en un establecimiento abierto al público de manera permanente. Se citan especialmente: ventas a distancia, venta ambulante, ventas automáticas, domiciliarias, en pública subasta, venta on line y venta ocasional o efímera. La venta ambulante sigue rigiéndose por la ley que regula el comercio ambulante en Andalucía.

Artículo 45. Concepto

Venta a distancia: quien vende hace su oferta a la persona consumidora a través de algún medio de comunicación y pide que los pedidos se formulen por ese medio o por cualquier otro; en general, toda venta sin reunión de comprador y vendedor. Incluye en particular las ventas por teléfono, por correspondencia (envío postal, catálogo, impresos o anuncios en prensa) y la telecompra.

Artículo 46

Artículo 47. Publicidad

En las ventas a distancia, la publicidad de la oferta debe recoger en todo caso, como primer extremo, la identificación, el domicilio y el número de inscripción en el Registro de la empresa ofertante.

Artículo 48. Garantías

En la venta a distancia se garantizará siempre que el producto remitido tenga características idénticas a las del ofrecido. Solo pueden enviarse productos previamente solicitados por las personas consumidoras, salvo muestras o regalos de promoción, y siempre que conste claramente su carácter totalmente gratuito y la ausencia de toda obligación para la persona consumidora.

Artículo 49. Concepto

Son ventas automáticas aquellas en las que quien compra adquiere el producto a través de una máquina, a cambio de introducir en ella el importe requerido. Una venta no deja de ser automática porque la máquina esté instalada dentro de un establecimiento comercial.

Artículo 50

Artículo 51. Requisitos de las máquinas expendedoras

Las máquinas expendedoras deben reunir los requisitos reglamentarios y, en todo caso, un sistema automático de recuperación de monedas para casos de error, falta de mercancía o mal funcionamiento. Los productos alimenticios solo pueden venderse por máquina si están envasados y etiquetados según su normativa específica vigente.

Artículo 52. Requisitos de las empresas

Las empresas que explotan máquinas automáticas deben: a) enviar semestralmente a la Consejería competente en materia de comercio interior una relación de las máquinas instaladas con su localización; y b) garantizar, mediante la fianza que en su caso se determine, que pueden atender las reclamaciones por errores en la dispensación.

Artículo 53. Información

Las máquinas de venta automática deben exponer, claramente visible: a) el nombre o razón social y el domicilio de la persona empresaria a quien pertenecen, y el lugar y teléfono donde se atenderán las reclamaciones; b) el número de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Artículo 54. Concepto

Venta domiciliaria: la oferta se hace en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares que no sean el establecimiento de quien vende, por el comerciante o sus empleados o representantes, con presencia física de ambas partes, haya o no entrega de la cosa en el momento. No lo son las entregas a domicilio de mercancías compradas por otro tipo de venta ni la representación en el comercio mayorista.

Artículo 55. Requisitos

Para practicar la venta domiciliaria, los comerciantes deben: a) cumplir la normativa específica reguladora del producto que venden; y b) remitir a la Consejería competente en materia de comercio interior la relación de personas vendedoras que emplean en las visitas domiciliarias, con sus datos de identificación personal.

Artículo 56. Publicidad

En la venta domiciliaria, la publicidad de la oferta se entrega a las personas consumidoras e incluye: identificación, domicilio y número de inscripción de la empresa en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía; datos esenciales del producto para identificarlo inequívocamente; y precio, forma y condiciones de pago, gastos y plazo de envío. La persona vendedora debe mostrar documentación con su identidad, la de la empresa, el número de inscripción de esta y el carácter con el que actúa.

Artículo 57. Concepto

Venta en pública subasta: adjudicación del producto a quien compre en una sesión pública convocada al efecto, siendo adjudicatario el oferente que proponga mejor precio. Quedan fuera del texto refundido las subastas judiciales o administrativas y las celebradas en lonjas, puertos y lugares similares.

Artículo 58. Venta en pública subasta realizada de forma ocasional

La venta en pública subasta realizada de forma ocasional debe ponerse en conocimiento de la Consejería competente en materia de comercio interior con una antelación mínima de diez días a la fecha en que vaya a celebrarse.

Artículo 58 bis. Concepto y requisitos

La venta on line es una modalidad de venta a distancia: compra y venta de productos a través de internet, sin presencia física simultánea de comerciante y consumidora. Sus productos deben cumplir la misma normativa que si se compraran en establecimiento, más lo previsto para la venta a distancia y las ventas promocionales. Sus contratos se someten a la normativa estatal de consumidores y usuarios y a la de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, en especial en la información previa y posterior al contrato.

Artículo 58 ter. Concepto y requisitos

Venta ocasional o efímera: la realizada por un período inferior a tres meses, en establecimientos comerciales sin vocación de permanencia o continuidad, y que no constituya venta ambulante. Sus productos deben cumplir la misma normativa que en establecimientos con vocación de permanencia, y lo dispuesto para la venta a distancia y las ventas promocionales.

Artículo 59. Concepto

Son ventas promocionales las que ofrecen a las personas consumidoras productos en condiciones más ventajosas que las habituales, mediante descuentos, regalos, premios u otros incentivos. Especialmente: ventas con prima, en rebaja, de saldos, en liquidación y en Ferias de Oportunidades. Toda venta que, aunque se anuncie con otro nombre, reúna las características de una modalidad se asimila a ella y queda sujeta a su regulación.

Artículo 60. Requisitos generales

La Consejería competente en materia de comercio interior puede pedir en todo momento a quienes practiquen cualquier venta promocional información sobre sus ofertas. Las personas consumidoras pueden pagar con los mismos medios que el comerciante admita habitualmente, exigir la contraprestación promocional de la que razonablemente hayan creído beneficiarse según la oferta y la publicidad, y ejercer el derecho de desistimiento en los términos de la normativa que el artículo cita.

Artículo 60 bis. Constancia de la reducción de precios

Si se ofertan artículos con reducción de precio, en cada uno debe figurar con claridad el precio anterior junto al reducido, salvo que se pongan a la venta por primera vez. Precio anterior es el menor aplicado al mismo producto en los treinta días precedentes. No tienen esta obligación los productos perecederos, como alimentos frescos y bebidas con plazos cortos de caducidad que puedan deteriorarse o caducar con rapidez.

Artículo 61. Publicidad

La publicidad de las ventas promocionales debe acompañarse de información suficiente y clara sobre las condiciones y características de las ofertas, los productos incluidos y el período de vigencia. La publicidad no puede durar más que la disponibilidad de existencias. Se prohíbe usar las denominaciones del texto refundido para ventas promocionales que no se ajusten al tipo legal correspondiente.

Artículo 62. Venta en cadena o pirámide

Se prohíbe la venta en cadena o pirámide: ofrecer productos a precio reducido o incluso gratis condicionando la oferta a que la persona consumidora consiga, directa o indirectamente, para el vendedor o para un tercero, otros clientes o un determinado volumen de venta. También se prohíbe utilizar la mediación de personas consumidoras en estas prácticas.

Artículo 63. Concepto

Son ventas con prima aquellas en las que el comerciante utiliza concursos, sorteos, regalos, vales, premios o similares, vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados productos.

Artículo 64. Condiciones

Durante la oferta con prima no se puede subir el precio ni bajar la calidad del producto. Las bases de concursos o sorteos deben constar en el envase o envoltura o, en su defecto, acreditarse ante notario, y es obligatorio difundir en medios de comunicación a los ganadores. No se puede condicionar la entrega de un premio a nuevas compras. Debe haber existencias suficientes y, si se agotan, sustituir el producto por otro de similares condiciones y características.

Artículo 65

Artículo 66. Concepto

Son ventas en rebajas aquellas en las que se ofrece a las personas consumidoras una reducción de los precios, o condiciones especiales que supongan su minoración, respecto de los precios practicados habitualmente.

Artículo 67. Condiciones

Anunciar una venta a precio rebajado obliga al comerciante a tener existencias suficientes de productos idénticos para ofrecerlos al público en las mismas condiciones prometidas. Esas existencias han de guardar relación con la duración de la oferta y la importancia de la publicidad.

Artículo 68. Información

Las rebajas se consignan exhibiendo con claridad en cada producto el precio rebajado junto al habitual, sin superponerlo. En la publicidad y en la información a las personas consumidoras se indicarán las fechas de comienzo y final de las rebajas.

Artículo 69. Separación de los productos rebajados

No puede anunciarse la venta en rebajas de un establecimiento si afecta a menos de la mitad de sus productos, aunque sí la de cada producto concreto. Si las rebajas no afectan a todos los productos, los rebajados estarán identificados y diferenciados. Si coinciden en el mismo local rebajas con saldos o liquidación, deben estar separadas, con espacios diferenciados para cada una.

Artículo 70. Prohibiciones de utilización de la denominación de venta en rebajas

Se prohíbe usar la denominación de venta en rebajas para: a) artículos deteriorados; b) los adquiridos para esa finalidad; c) los que no estuvieran dispuestos en el establecimiento para la venta a la persona consumidora final con un mes de antelación al inicio de la rebaja.

Artículo 71. Concepto

Son ventas de saldos las que tienen por objeto productos cuyo valor de mercado está manifiestamente disminuido por su deterioro, desperfecto, pérdida de actualidad o cualquier otra circunstancia que afecte a su naturaleza o a su utilidad.

Artículo 72. Información

La publicidad de los saldos debe informar suficientemente de sus causas concretas y de la procedencia y motivos de inclusión de los productos, indicando en su caso taras o deterioros, pérdida de actualidad o limitación de tallas, colores o modelos. Las etiquetas fijarán claramente el precio anterior o de referencia y el actual. Los productos en saldo no pueden comportar riesgos ni entrañar engaños para las personas consumidoras.

Artículo 73. Establecimientos de ventas de saldos

Para vender saldos con carácter habitual y permanente, el establecimiento debe dedicarse exclusivamente a ese tipo de ventas y recogerlo claramente en su rótulo. Si esa venta de saldos exclusiva es venta de restos de fábrica según el artículo siguiente, se aplica también lo dispuesto en este artículo.

Artículo 74. Establecimientos de venta de restos de fábrica

Son establecimientos de venta de restos de fábrica los dedicados exclusivamente a la venta directa y permanente por el fabricante, por sí o mediante comerciante minorista que venda o distribuya su marca, de productos que cumplan los artículos 71 y 72.2, salvo los de alimentación. Deben insertar en todos sus instrumentos promocionales la fórmula «establecimiento de venta de restos de fábrica» y tener a disposición de la Administración los documentos de sus adquisiciones a proveedores.

Artículo 75. Establecimientos que practiquen la venta de saldos con carácter no habitual

Los establecimientos que venden saldos con carácter no habitual deben: fijar claramente en las etiquetas el precio anterior y el actual de saldo; tener los productos en saldo físicamente separados de los demás; e indicar en su publicidad las fechas de iniciación y terminación de la venta de saldos. No pueden saldar productos adquiridos para ese fin ni los que no hubieran estado antes a la venta.

Artículo 76. Concepto

Venta en liquidación: venta excepcional y con finalidad extintiva de determinadas existencias, anunciada con esa denominación u otra equivalente, que solo cabe en tres casos: a) cese total o parcial de la actividad comercial; b) modificación sustancial en la orientación del negocio; c) cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo.

Artículo 77. Requisitos

La liquidación se hace en el mismo establecimiento donde se vendían habitualmente los productos, salvo fuerza mayor, resolución judicial o administrativa que lo impida o cuando lo exijan las causas que la originan. Los productos no pueden estar afectados por causa que reduzca su valor y deben ser existencias del establecimiento. Se comunica a la Consejería competente en materia de comercio interior con diez días de antelación (causa, comienzo, duración y relación de mercancías), y se exhibe una copia sellada de la comunicación.

Artículo 78. Información

Toda publicidad de una venta en liquidación indicará sus causas, la fecha de comienzo y su duración, y el precio anterior y el actual de cada producto. La liquidación se anunciará debidamente en el establecimiento y, si es por cese parcial, se indicarán los productos afectados, que estarán separados de los demás, con espacios diferenciados.

Artículo 78 bis. Concepto de Ferias de Oportunidades

Las Ferias de Oportunidades son las promovidas por comerciantes, sus asociaciones o cualquier entidad pública o privada, celebradas fuera del establecimiento habitual de cada comerciante, para vender productos en condiciones más ventajosas que las habituales. Sus ventas deben respetar lo dispuesto para las ventas promocionales, y los requisitos para organizarlas se regulan en el texto refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

Artículo 78 ter

Artículo 78 quáter. Información

Quienes participen en una Feria de Oportunidades deben informar de: a) su identificación clara y completa y una sede de la empresa para recibir y tramitar reclamaciones, indicándola en la factura de cada artículo; b) que tienen a disposición de las personas consumidoras y usuarias las Hojas de quejas y reclamaciones según el modelo reglamentario; c) el tipo de venta promocional que realizan en su stand.

Artículo 79. Potestad sancionadora, procedimiento y competencia

La Administración de la Junta de Andalucía ejerce la potestad sancionadora sobre las infracciones de este título, previa instrucción del procedimiento sancionador. Corresponde a los órganos que se determinen reglamentariamente. El plazo para resolver y notificar es de diez meses desde el acuerdo de inicio; si transcurre sin resolución notificada, el procedimiento caduca, y si la infracción no ha prescrito debe iniciarse uno nuevo.

Artículo 80. Responsabilidad

La responsabilidad administrativa por las infracciones del texto refundido corresponde a las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas y actividades comerciales, y también a los promotores de establecimientos comerciales sujetos a la previa licencia del título IV.

Artículo 81. Medidas cautelares

Puede acordarse motivadamente el cierre de establecimientos e instalaciones sin las licencias del título IV y la suspensión de la actividad comercial hasta que se cumplan los requisitos para ejercerla. También puede acordarse la paralización de las obras cuando no se haya otorgado la licencia.

Artículo 82. Infracciones

Sin perjuicio de otras responsabilidades, son infracciones administrativas en materia de comercio interior las acciones u omisiones tipificadas en el texto refundido. Se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 83. Infracciones leves

Son leves: a) simultanear venta mayorista y minorista incumpliendo el artículo 5.2; b) no informar, o no de modo visible, de los días y horas de apertura y cierre; c) incumplir requisitos particulares de las ventas especiales, si no es grave o muy grave; d) vender en rebajas fuera del período estacional anunciado o anunciar rebajas del establecimiento con menos de la mitad de los productos; e) incumplir el deber de información sobre la reducción de precio; f) omitir la comunicación al Registro en el caso del artículo 10.3 y 4.

Artículo 84. Infracciones graves

Son graves, entre otras: negarse o resistirse a dar datos a la inspección o darlos inexactos; limitar la adquisición de artículos; abrir en domingo o festivo no autorizado, superar el horario semanal o abrir más de doce horas en festivo autorizado; exigir precios superiores a los fijados; incumplir plazos de pago; diversos incumplimientos en ventas a distancia, automáticas, domiciliarias y promocionales; vender con pérdida; y la reiteración en leves: más de tres en un año, declarada por resolución firme.

Artículo 85. Infracciones muy graves

Tras suprimirse su letra a), la única infracción muy grave que recoge el artículo es la reiteración en infracciones graves: existe por la comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarada por resolución firme.

Artículo 86. Prescripción de las infracciones

Las infracciones del texto refundido prescriben: las muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, a los seis meses, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 7/1996, de 15 de enero.

Artículo 87. Cuantía de las sanciones y graduación

Multas: leves, apercibimiento o de 150 a 3.000 euros; graves, de 3.001 a 45.000; muy graves, de 45.001 a 150.000. El Consejo de Gobierno puede actualizarlas por decreto según el IPC. Se gradúan con once criterios; no atender el requerimiento de cese suma por día un 10 % de la base en leves y graves y un 20 % en muy graves. Si el beneficio supera la sanción máxima, esta sube hasta él. Topes: 5 % de la facturación del último ejercicio cerrado en leves, 50 % en graves y el total en muy graves, sin bajar del mínimo.

Artículo 88. Sanciones accesorias

En infracciones muy graves que produzcan grave perjuicio económico o generen amplia alarma social, el órgano competente para resolver puede acordar como sanción accesoria el cierre temporal de la empresa o establecimiento por un máximo de cinco años. También puede acordar, como accesoria, publicar las sanciones firmes, con los nombres, apellidos, denominación o razón social de los responsables y la naturaleza de las infracciones, en el BOJA, en los boletines de la provincia y municipio y en los medios de comunicación social.

Artículo 89. Prescripción de las sanciones

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años; las impuestas por graves, a los dos años; y las impuestas por faltas leves, a los seis meses.

Artículo 1. Principios generales

La norma desarrolla el artículo 51.1 y 2 de la Constitución, que según su artículo 53.3 tiene carácter de principio informador del ordenamiento jurídico, y tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. La defensa de los consumidores se hará siempre en el marco del sistema económico de los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a su artículo 139.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Artículo 3. Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable

Son consumidores o usuarios las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y también las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúan sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Son personas consumidoras vulnerables, respecto de relaciones concretas de consumo, las personas físicas que se encuentran en especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide ejercer sus derechos en igualdad.

Artículo 4. Concepto de empresario

Es empresario toda persona física o jurídica, privada o pública, que actúe con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, tanto si lo hace directamente como si actúa a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones.

Artículo 5. Concepto de productor

Sin perjuicio del artículo 138, es productor el fabricante del bien, el prestador del servicio o su intermediario, el importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea y cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien (envase, envoltorio u otro elemento de protección o presentación) o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.

Artículo 6. Concepto de producto

El artículo define el concepto de producto a efectos de la norma: es producto todo bien mueble, conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil. Esta definición general se aplica sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136.

Artículo 7. Concepto de proveedor

Proveedor es el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, sea cual sea el título o contrato en virtud del cual realice esa distribución. Basta, pues, con suministrar o distribuir productos, con independencia del título jurídico de la relación.

Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores y usuarios

Derechos básicos de consumidores y vulnerables: a) protección frente a riesgos para salud o seguridad; b) protección de intereses económicos y sociales, en particular frente a prácticas desleales y cláusulas abusivas; c) indemnización de daños y reparación de perjuicios; d) información correcta en formatos accesibles, y educación y divulgación; e) audiencia en consulta, participación en disposiciones generales y representación por asociaciones; f) procedimientos eficaces. Los derechos de los vulnerables gozan de especial atención.

Artículo 9. Bienes y servicios de uso común

Los poderes públicos deben proteger de forma prioritaria los derechos de los consumidores y usuarios cuando estos guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

Artículo 10. Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuario

La renuncia previa a los derechos que la norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula. También son nulos los actos realizados en fraude de ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.

Artículo 11. Deber general de seguridad

Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. Son seguros los que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presentan riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o solo los riesgos mínimos compatibles con su uso y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protección.

Artículo 12. Información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos de los bienes o servicios

Los empresarios deben informar previamente al consumidor, por medios apropiados, de los riesgos que puedan derivar de una utilización previsible de los bienes y servicios, según su naturaleza, características, duración y destinatarios. Los productos químicos y artículos con sustancias clasificadas como peligrosas deben ir envasados con las debidas garantías de seguridad y llevar de forma visible indicaciones que adviertan del riesgo de su manipulación.

Artículo 13. Otras obligaciones específicas para la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios

Todo empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y servicios debe respetar, dentro de los límites de su actividad, reglas como: no tener productos no permitidos en locales de alimentos o bebidas; controlar el origen y destino de bienes potencialmente inseguros; no vender a domicilio bebidas y alimentos, con salvedades; cumplir la normativa local o autonómica sobre venta ambulante; no suministrar bienes sin marcas de seguridad; retirar lo inseguro; no importar productos que incumplan la norma.

Artículo 14. Reglamentos de bienes y servicios

Los reglamentos de cada bien o servicio determinarán, en lo preciso para la salud y seguridad: conceptos y clasificaciones; instalaciones y personal; procedimientos de fabricación, distribución y comercialización; etiquetado, presentación y publicidad; requisitos esenciales de seguridad; métodos oficiales de análisis y control; garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones; y régimen de autorización, registro y revisión. Las Administraciones públicas competentes pueden fijar reglamentariamente medidas proporcionadas en cualquier fase de producción y comercialización.

Artículo 15. Actuaciones administrativas

Ante riesgos para la salud y seguridad, las Administraciones competentes pueden adoptar medidas necesarias y proporcionadas, incluida la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. Los gastos son de quien los originó, con independencia de las sanciones, y pueden exigirse por apremio. Las Administraciones pueden informar a los afectados de riesgos, medidas y precauciones. Los coordinadores de los sistemas estatales de alertas trasladan a las autoridades aduaneras las comunicaciones sobre productos de terceros países.

Artículo 16. Medidas extraordinarias ante situaciones de urgencia y necesidad

Con carácter excepcional, ante situaciones de extrema gravedad que supongan una agresión indiscriminada a la salud y seguridad de los consumidores en más de una comunidad autónoma, el Gobierno puede constituir, durante el tiempo imprescindible para hacer cesar la situación, un órgano en el que se integren las comunidades autónomas afectadas y que asume las facultades administrativas que se le encomienden.

Artículo 17. Información, formación y educación de los consumidores y usuarios

Los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, fomentan la formación y educación de los consumidores, aseguran que dispongan de la información precisa para ejercer sus derechos y velan por que reciban información comprensible sobre el uso y consumo de bienes y servicios. Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedican espacios y programas no publicitarios a su información y educación. Se presta especial atención a los sectores con mayor proporción de personas consumidoras vulnerables.

Artículo 18. Etiquetado y presentación de los bienes y servicios

El etiquetado y la presentación no deben inducir a error, en especial sobre las características del bien, con ambigüedades sobre su contenido (sobre todo alérgenos), atribuyéndole efectos que no posea o sugiriendo particularidades que tienen todos los similares. Todo bien o servicio debe dar información veraz, eficaz, suficiente y accesible sobre productor, composición, calidad, fechas y lote, instrucciones y residuos, y atención al cliente y reclamaciones. Las indicaciones obligatorias figurarán, al menos, en castellano.

Artículo 19. Principio general y prácticas comerciales

Los intereses económicos y sociales de los consumidores se respetan conforme a esta norma y la demás aplicable. Si el empresario no contribuye a una solución consensuada sobre una cláusula de idéntica significación que otra ya declarada abusiva, el juez que le condene a restituir impone de oficio una indemnización por mora: interés legal incrementado en el 50 por 100, no inferior al 20 por 100 pasados dos años. Las prácticas comerciales se sujetan a esta ley y a las de Competencia Desleal y Comercio Minorista; las relaciones contractuales no lo son.

Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios

Las prácticas comerciales con información de características y precio deben incluir al menos: identidad y domicilio del empresario; características esenciales; precio final completo con impuestos y gastos; pago y plazos de entrega si se apartan de la diligencia profesional; derecho de desistimiento; y, en mercados en línea, si el tercero es empresario. Las reseñas deben referirse a bienes o servicios adquiridos o utilizados en los treinta días naturales anteriores. La carga de la prueba es del empresario.

Artículo 20 bis. Medidas correctoras como consecuencia de las prácticas comerciales desleales a disposición de los consumidores y usuarios perjudicados

Para ejercer las acciones del artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley de Competencia Desleal, se considera acreditado, salvo prueba en contrario, el uso de prácticas desleales contra consumidores constatado en resolución firme de una autoridad competente o de un órgano jurisdiccional. Quienes realizaron conjuntamente la infracción responden solidariamente de los daños y perjuicios. La existencia de una práctica desleal no puede utilizarse en ningún caso contra los intereses de los consumidores.

Artículo 20 ter. Limitación del incremento del precio final en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras

Artículo 21. Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente

El régimen de comprobación, reclamación, garantía y devolución debe permitir al consumidor conocer el bien, reclamar con eficacia, hacer efectivas las garantías y obtener la devolución equitativa del precio, total si hay falta de conformidad. La atención al cliente da clave identificativa y justificante escrito, atención personal directa y no sirve para comunicación comercial. La línea telefónica no puede costar más que una llamada fija geográfica o móvil estándar. Respuesta a reclamaciones en quince días como máximo.

Artículo 1. Objeto

El Reglamento regula la organización y los procedimientos del Sistema Arbitral de Consumo. En el arbitraje de consumo, los órganos arbitrales resuelven de forma extrajudicial, con carácter vinculante y ejecutivo para las partes, litigios nacionales o transfronterizos dirigidos a empresarios y sometidos por consumidores o usuarios residentes en la Unión Europea que consideran vulnerados sus derechos legal o contractualmente reconocidos. La sumisión es voluntaria para las partes.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Solo caben en el arbitraje de consumo las controversias entre consumidores o usuarios y empresarios del artículo 1.2 sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho. Quedan excluidas: a) las que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos; b) las referidas a servicios públicos de interés general, no económicos o prestacionales, facilitados por las administraciones públicas.

Artículo 3. Composición del Sistema Arbitral de Consumo

El Sistema Arbitral de Consumo lo integran cuatro elementos: las Juntas Arbitrales de Consumo, los órganos arbitrales que deciden los litigios, la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo del Sistema Arbitral de Consumo.

Artículo 4. Naturaleza de las Juntas Arbitrales de Consumo

Las Juntas Arbitrales de Consumo son órganos administrativos. Hay dos clases: la Junta Arbitral Nacional, adscrita al Ministerio con competencias en materia de consumo, y las Juntas Arbitrales territoriales, de ámbito autonómico o local, constituidas mediante convenio entre las administraciones públicas territoriales y ese Ministerio.

Artículo 5. Composición de las Juntas Arbitrales de Consumo

Integran las Juntas los titulares y suplentes de presidencia y secretaría y el personal de apoyo. Presidencia y secretaría recaen en personal al servicio de las administraciones públicas, designado por la administración de adscripción, con nombramiento publicado en el diario oficial de su ámbito. Se atiende a la presencia equilibrada de mujeres y hombres. Las resoluciones de la presidencia, salvo las del artículo 18.1.a), ponen fin a la vía administrativa y admiten reposición potestativa.

Artículo 6. Funciones de las Juntas Arbitrales de Consumo

Las Juntas gestionan el arbitraje institucional de consumo en el ámbito de su administración de adscripción. Funciones: fomentar el arbitraje y la adhesión de empresas; conocer de las ofertas públicas de adhesión y conceder y retirar el distintivo; gestionar los datos de empresarios adheridos y comunicarlos al Ministerio; elaborar la lista de árbitros acreditados; facilitar una solución consensuada para evitar el procedimiento; admitir, inadmitir o archivar solicitudes; publicar información anual y los laudos.

Artículo 7. Ámbito competencial de las Juntas Arbitrales de Consumo

Es competente la Junta del domicilio del consumidor que presenta la solicitud, o la del domicilio del empresario si el consumidor reside en otro Estado miembro de la Unión Europea. Si hay varias Juntas territoriales competentes por el ámbito de actividad del empresario, conoce la de inferior ámbito. Puede resolver otra Junta autonómica o local a la que esté adherido el empresario si el consumidor lo manifiesta, pero solo si su sede está en la comunidad autónoma de su domicilio.

Artículo 8. Naturaleza de los órganos arbitrales

Los órganos arbitrales deciden los litigios planteados ante las Juntas. Pueden ser unipersonales o colegiados, de tres árbitros propuestos según el artículo 13. Los asiste, con voz y sin voto, la secretaría de la Junta u otra persona designada por su presidencia, que puede encargar esa función al árbitro único o a quien presida el colegiado. Esa secretaría certifica actuaciones, levanta acta de audiencias, custodia grabaciones, notifica e informa confidencialmente a las partes.

Artículo 9. Propuesta y listado de árbitros acreditados

Deben proponer los árbitros de cada Junta la administración de adscripción, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales que participan en la gestión del Sistema; las propuestas se dirigen a la presidencia de la Junta. Las administraciones solo proponen personal propio, de otra administración o del sector público institucional. Asociaciones y organizaciones empresariales deben estar antes inscritas en los registros correspondientes. La propuesta indica si es general o sectorial.

Artículo 10. Acreditación de los árbitros

Los propuestos piden la acreditación a la presidencia de la Junta, que acredita según honorabilidad y cualificación; pedirla implica aceptar las funciones y entrar en el listado. La presidencia se entiende acreditada si es licenciada o graduada en Derecho. A los propuestos por las administraciones se les exige ese título, salvo equidad sin complejidad: basta conocimiento general del Derecho y formación o experiencia en consumo durante más de dos años. En arbitrajes en derecho, todos necesitan el título.

Artículo 11. Retirada de la acreditación de los árbitros y baja en el listado correspondiente

La presidencia de la Junta que acreditó al árbitro le retira la acreditación y le da de baja: por renuncia expresa; por dejar de reunir requisitos; por incumplimiento, dejación o rechazo reiterado e injustificado a intervenir; a solicitud justificada del proponente; si el proponente desaparece, deja de reunir requisitos o cesa en su colaboración; o por un cargo que comprometa su imparcialidad. El procedimiento no es sancionador ni disciplinario y garantiza audiencia y contradicción.

Artículo 12. Órganos arbitrales unipersonales

Decide un árbitro único, propuesto por la administración: si las partes lo acuerdan; si la pretensión es inferior a 600 euros, salvo que la presidencia designe motivadamente un colegiado por complejidad; si se eleva a laudo conciliatorio el acuerdo de las partes, salvo colegiado ya designado; o si la presidencia aprecia ausencia de complejidad aunque se superen 600 euros, indicándolo. Las partes, de común acuerdo, pueden oponerse motivadamente; resuelve la presidencia sin posible impugnación.

Artículo 13. Órganos arbitrales colegiados

Fuera de los supuestos del artículo 12, conoce un órgano arbitral colegiado de tres árbitros acreditados, propuestos uno por la administración pública, otro por las asociaciones de consumidores y usuarios y otro por las organizaciones empresariales. Preside el órgano colegiado el árbitro propuesto por la administración pública.

Artículo 14. Designación de los órganos arbitrales

La presidencia de la Junta Arbitral designa a los árbitros titulares y suplentes, por turno entre los acreditados ante la Junta; ser suplente no hace correr el turno para futuras designaciones como titular. Si pasan diez días hábiles sin que puedan nombrarse los árbitros llamados por turno, la presidencia puede designarlos directamente. Si el arbitraje se decide en derecho, todos los miembros del colegiado deben tener grado o licenciatura en Derecho.

Artículo 15. Abstención y recusación de los órganos arbitrales

Los árbitros actúan con independencia e imparcialidad, se abstienen ante dudas o conflicto de intereses y guardan confidencialidad; no puede ser árbitro quien intentó antes una solución consensuada en el asunto. Se recusa en cinco días hábiles desde la notificación de la designación o desde que se conoce la causa; el recusado decide en cinco días hábiles (si es la presidencia de la Junta, se tiene por aceptada) y, si la rechaza, resuelve la presidencia en tres. El procedimiento queda en suspenso.

Artículo 16. Naturaleza de la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo

La Comisión de las Juntas Arbitrales es un órgano colegiado de naturaleza administrativa, adscrito funcionalmente al Ministerio con competencias en materia de consumo. Por tanto, es colegiada, tiene naturaleza administrativa y su adscripción al Ministerio es funcional.

Artículo 17. Composición y funcionamiento de la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo

Integran la Comisión la presidencia de la Junta Arbitral Nacional, que la preside, y dos vocales: uno designado por la Comisión Sectorial de Consumo y otro por la asociación de entidades locales de mayor implantación estatal. La secretaría es la de la Junta Arbitral Nacional, con voz y sin voto. Los vocales tienen mandato de cuatro años, reelegibles un máximo de dos mandatos. Acuerda por mayoría; si en la votación concurren solo dos miembros, se exige unanimidad.

Artículo 18. Funciones de la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo

La Comisión resuelve los recursos contra resoluciones de admisión o inadmisión de solicitudes fundados en la vulneración del artículo 2, y emite informes, dictámenes o recomendaciones de apoyo a los órganos arbitrales, en especial ante laudos dispares en casos sustancialmente iguales. Los emite a solicitud de las presidencias de Juntas u órganos arbitrales en un mes como máximo. No son vinculantes: cabe apartarse motivadamente. Se publican en el portal del Ministerio con competencias en consumo.

Artículo 19. Naturaleza del Consejo del Sistema Arbitral de Consumo

El Consejo del Sistema Arbitral de Consumo es el órgano colegiado de representación y participación en materia de arbitraje de consumo. Está adscrito funcionalmente a la Dirección General de Consumo.

Artículo 20. Composición del Consejo del Sistema Arbitral de Consumo

Preside el Consejo la persona titular de la Dirección General de Consumo y la vicepresidencia es la de la Sección de Arbitraje y Reclamaciones de la Comisión Sectorial de Consumo. Consejeros: la presidencia de la Junta Arbitral Nacional; cuatro presidencias de Juntas territoriales; dos representantes de autoridades autonómicas de consumo y de Ceuta y Melilla; y uno por entidades locales, Consejo de Consumidores y Usuarios y organizaciones empresariales. Mandato: cuatro años.

Artículo 21. Funcionamiento del Consejo del Sistema Arbitral de Consumo

El Consejo se reúne al menos una vez al año y queda válidamente constituido con el Presidente y el Secretario, o sus suplentes, y al menos la mitad de sus miembros. Acuerda por mayoría de votos emitidos y, en caso de empate, dirime quien presida. Puede convocarse en cualquier momento para tratar un asunto sometido a su decisión si lo solicita un tercio de sus miembros.

Artículo 22. Funciones del Consejo del Sistema Arbitral de Consumo

Son funciones del Consejo del Sistema Arbitral de Consumo: el seguimiento, apoyo y propuestas de mejora del Sistema; elaborar directrices generales sobre asuntos de especial interés que afecten a los agentes del Sistema y requieran respuesta homogénea; establecer criterios homogéneos sobre la formación de los órganos arbitrales; y cualquier función prevista legal o reglamentariamente u otro asunto que le encomiende la Comisión Sectorial de Consumo.

Artículo 23. Formalización del convenio arbitral

El convenio arbitral, como cláusula de un contrato o acuerdo independiente, expresa la voluntad de resolver por arbitraje de consumo los conflictos de una relación de consumo. Consta por escrito, firmado por las partes, y debe ser accesible y reproducible. Basta la solicitud de arbitraje si hay oferta pública de adhesión que cubra la pretensión o si el empresario usa o exhibe el distintivo. Sin convenio, la Junta traslada la solicitud admitida al reclamado para que acepte o rechace.

Artículo 24. Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo

Los empresarios pueden formular por escrito y por medios electrónicos oferta pública y unilateral de adhesión. Debe indicar si el arbitraje será en equidad, en derecho o a elección del consumidor, y su plazo de validez; si falta algo, se entiende en equidad y por tiempo indefinido. Es única, vale para todo el Sistema y abarca todas las actividades con el mismo NIF, nombre comercial o marca. No es limitación adherirse por más de un año o a las Juntas del territorio de actividad principal.

Artículo 44. Terminación de actuaciones y emisión del laudo arbitral

El laudo será siempre motivado y su forma y contenido se rigen por la Ley 60/2003. El órgano arbitral termina sus actuaciones y dicta laudo sin entrar en el fondo, quedando expedita la vía judicial: si le faltan elementos indispensables para resolver; si las partes acuerdan terminar; si seguir resulta imposible o innecesario; o si el reclamante desiste, salvo que el reclamado se oponga y se le reconozca interés legítimo en una solución definitiva.

Artículo 45. Plazo para la emisión y notificación del laudo arbitral

El laudo debe dictarse y notificarse en noventa días naturales desde que se acuerda el inicio del procedimiento. En casos de especial complejidad, el órgano arbitral puede acordar motivadamente una prórroga de hasta noventa días naturales más, comunicándola a las partes. Si hay solución consensuada sobre todo el litigio, el laudo conciliatorio se dicta en un mes desde el día siguiente a la notificación del inicio, si el acuerdo ya era conocido, o desde que el órgano arbitral lo conozca.

Artículo 1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

El Decreto desarrolla el Capítulo III del Título III de la Ley 13/2011, del Turismo de Andalucía, y regula requisitos, elementos de valoración, procedimiento, efectos y revocación de la declaración de Municipio Turístico de Andalucía. Su finalidad esencial es promover la calidad de los servicios municipales a la población turística asistida mediante una acción concertada de fomento. Se aplica a municipios andaluces de no más de cien mil habitantes de derecho, sin Plan Turístico de Grandes Ciudades vigente y que cumplan el artículo 2.

Artículo 2. Requisitos para la declaración de Municipio Turístico de Andalucía

Requisitos: a) población turística asistida, acreditada en uno de los cuatro años naturales anteriores a la solicitud por visitas al principal recurso de al menos cinco veces la población de derecho, repartidas en más de treinta días, o por pernoctaciones diarias superiores al 10 % de la población (8 % en el interior), en media anual o durante tres meses; se cumple automáticamente con casco histórico Patrimonio de la Humanidad; b) oferta turística atractiva e infraestructura mínima; c) plan municipal de calidad turística vigente; d) al menos diez elementos de valoración.

Artículo 3. Elementos de valoración

Para la declaración se valoran, entre otros: servicios públicos básicos que deban reforzarse; servicios específicos de especial relevancia turística y sostenibles; planes de accesibilidad; inversiones presupuestadas en promoción e infraestructuras turísticas; oficinas de turismo accesibles; recursos de interés turístico o cultural; plazas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía; medidas de patrimonio, medio ambiente e igualdad; espacios naturales protegidos; movilidad sostenible; distintivos de calidad; y zona de gran afluencia turística.

Artículo 4. Solicitud

Artículo 5. Documentación

La solicitud se acompaña de: certificado del Padrón; certificado del acuerdo plenario que autoriza la solicitud; acreditación de la población turística asistida (visitas, por certificado del titular o gestor del recurso más visitado; pernoctaciones, por declaración de la Alcaldía u órgano competente, que la Consejería comprueba); copia de la declaración UNESCO, en su caso; memoria de la oferta turística; plan municipal de calidad turística; memoria de servicios con dificultades; y acreditación de los elementos de valoración.

Artículo 6. Subsanación, mejora e inadmisión de solicitudes

Si la solicitud es defectuosa o incompleta, la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería de turismo requiere al Ayuntamiento para subsanar en diez días, advirtiéndole de que, si no lo hace o lo hace fuera de plazo, se le tendrá por desistido previa resolución. Durante la instrucción puede pedirse la mejora voluntaria de la solicitud, con acta sucinta. Las solicitudes manifiestamente infundadas pueden inadmitirse. Las inadmisiones por incumplir requisitos o por desistimiento las adopta la persona titular de la Delegación.

Artículo 7. Remisión del expediente

Tras analizar la solicitud, la Delegación Territorial o Provincial remite a la Secretaría General con competencia en turismo el expediente completo con un informe preceptivo sobre la oferta turística del municipio, en quince días desde la recepción de la solicitud o de la respuesta al requerimiento de subsanación. La Secretaría General realiza después los actos de instrucción necesarios para examinar la idoneidad del municipio.

Artículo 8. Informes de los Órganos Colegiados

Conforme al artículo 20.2 de la Ley 13/2011, la Secretaría General con competencia en materia de turismo remite a la vez el expediente al Consejo Andaluz del Turismo y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, para que sean oídos preceptivamente sobre la procedencia de la declaración. Cada uno elabora su informe según su propia normativa reguladora.

Artículo 9. Propuesta de informe de valoración turística

Emitidos los pronunciamientos del artículo 8 o transcurrido su plazo, la Secretaría General con competencia en turismo emite en veinte días una propuesta de informe que contempla: el cumplimiento de los requisitos del artículo 2; el grado de concurrencia de los elementos del artículo 3; los servicios municipales turísticos con dificultades de implantación o desarrollo; las medidas propuestas para mejorar su calidad y la de la actividad turística; y la adecuación de la figura para la finalidad del artículo 1.

Artículo 10. Audiencia al municipio

Tras el pronunciamiento de la Comisión de Valoración, la Secretaría General con competencia en turismo pone de manifiesto el expediente al municipio solicitante para que, en diez días, presente los documentos o alegaciones que estime pertinentes, que se valorarán para la propuesta de resolución del procedimiento de declaración.

Artículo 11. Resolución

La declaración se hace por Acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de turismo. La desestimación se adopta por Orden de esa Consejería, a propuesta de la Secretaría General, y pone fin a la vía administrativa. Plazo para resolver y notificar: seis meses desde la entrada en el Registro Telemático Único de la Junta; sin notificación, puede entenderse desestimada. El plazo se suspende por requerimientos de subsanación y por informes preceptivos, estos con un máximo de tres meses.

Artículo 12. Acuerdo del Consejo de Gobierno

El Acuerdo de declaración de Municipio Turístico de Andalucía se notifica al municipio solicitante y se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La declaración tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15.3 y en el Capítulo V del Decreto. El apartado 1 figura como derogado.

Artículo 13. Efectos de la declaración

La declaración puede dar lugar a convenios de colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía y a otras formas de colaboración interadministrativa, para compensar el incremento de la demanda en la prestación de los servicios municipales. Las declaraciones se inscriben de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía, conforme a su normativa reguladora.

Artículo 14. Obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía

Para compensar el mayor esfuerzo económico del Municipio Turístico por su carácter turístico, y con independencia del régimen financiero de los municipios turísticos de la normativa estatal de Haciendas Locales, la Junta de Andalucía debe considerarlo de forma prioritaria en la ordenación y fomento de sus planes económicos, si es compatible con sus objetivos y, en su caso, con su financiación finalista. La Consejería de turismo mencionará esa condición en su promoción turística del municipio. El apartado 3 está derogado.

Artículo 15. Obligaciones de los Municipios Turísticos de Andalucía

Los Municipios Turísticos se comprometen a: introducir participación ciudadana y de agentes económicos y sociales en la planificación turística; integrar la conservación del patrimonio cultural y natural; promover la accesibilidad universal; apostar por un turismo respetuoso con la capacidad de carga del destino; y concienciar sobre un turismo responsable. Cada cinco años desde la publicación del Acuerdo en el BOJA acreditan los requisitos y presentan memoria; comunican en un mes a la Delegación cambios que puedan suponer incumplimiento.

Artículo 16. Creación y composición

La Comisión de Valoración es un órgano interdepartamental de asesoramiento y colaboración, adscrito a la Consejería de turismo e integrado por representantes de numerosas Consejerías. La preside la persona titular de la Secretaría General con competencia en turismo; los vocales, con rango mínimo de Dirección General, los nombra la persona titular de la Consejería de turismo. La Secretaría, que no es miembro, recae en personal funcionario A1 con licenciatura o grado en Derecho. Se constituye con la Presidencia y la mitad de las vocalías.

Artículo 17. Funciones de la Comisión de Valoración

La Comisión de Valoración valora la solicitud y la propuesta de informe del artículo 9 mediante un informe preceptivo, favorable o desfavorable a la declaración, en un mes como máximo; valora también los procedimientos de revocación con otro informe preceptivo en un mes como máximo; y emite los informes facultativos que le soliciten las personas titulares de las Consejerías que forman parte de ella.

Artículo 21. Causas de revocación

La declaración de Municipio Turístico de Andalucía puede revocarse por: a) pérdida de algún requisito del artículo 2; b) progresiva disminución de la calidad de los servicios municipales a la población turística asistida (se atiende preferentemente a los elementos del artículo 3); c) incumplimiento de alguna obligación del artículo 15. Si la población de derecho supera los cien mil habitantes, la declaración se pierde sin procedimiento de revocación, y la pérdida se publica en el BOJA por resolución de la Secretaría General competente en turismo.

Artículo 22. Iniciación e instrucción

Inicia la revocación, de oficio, la persona titular de la Consejería competente en turismo (por iniciativa propia, a petición razonada de otras Consejerías o del propio municipio). El acuerdo va con informe de la Secretaría General competente en turismo y se comunica al municipio, que tiene diez días para alegar. Luego se remite a la vez al Consejo Andaluz del Turismo y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, que deben ser oídos. Antes de la propuesta hay audiencia de diez días, y la persona titular de la Consejería la eleva al Consejo de Gobierno.

Artículo 23. Resolución y efectos

La revocación se adopta por Acuerdo del Consejo de Gobierno, que se notifica al municipio y se publica en el BOJA. Plazo máximo para resolver y notificar: seis meses desde el acuerdo de iniciación; si vence sin Acuerdo adoptado y notificado, el procedimiento caduca. La revocación extingue los convenios de colaboración suscritos al amparo de la declaración y cancela la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. Pasados dos años desde la publicación del Acuerdo puede pedirse una nueva declaración.

Artículo 1. Objeto

Artículo 2. Naturaleza y fines del Registro

El Registro de Turismo de Andalucía es administrativo, público y gratuito: cualquier persona o entidad, pública o privada, puede acceder a sus asientos, con los únicos límites de la legislación de protección de datos personales. Salvo que una norma con rango de ley lo diga expresamente, no es habilitante ni autorizatorio: inscribirse no es requisito previo para iniciar o ejercer la actividad turística. Fines: conocimiento y estadística del sector, facilitar el control de quienes prestan servicios turísticos, facilitar la promoción, programación y planificación, e informar a los interesados.

Artículo 3. Materia objeto del Registro

Acceden al Registro quienes presten servicios turísticos sujetos a ordenación y control de la Consejería de turismo, servicios no desarrollados reglamentariamente, actividades con incidencia turística y otros actos cuya normativa lo exija. Se inscriben, si radican o actúan en Andalucía: alojamientos turísticos, guías y oficinas de turismo, empresas de turismo activo, viviendas turísticas de alojamiento rural y otros servicios que se desarrollen reglamentariamente. Se anotan los servicios no desarrollados reglamentariamente y las actividades con incidencia turística.

Artículo 4. Estructura del Registro

El Registro se estructura en cuatro secciones: a) servicios turísticos desarrollados reglamentariamente; b) servicios turísticos sin desarrollo reglamentario; c) actividades con incidencia en el ámbito turístico; d) actos cuya norma de aplicación establezca su inscripción o anotación. Pueden crearse otras secciones por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo.

Artículo 5. Adscripción, organización y competencias sobre el Registro

El Registro está adscrito orgánicamente a la Dirección General competente en su coordinación y lo gestionan las Delegaciones Provinciales o Territoriales. La Dirección General dirige y planifica, coordina las Delegaciones, propone a la persona titular de la Consejería modificar la estructura del Registro, se ocupa de la habilitación de guía de turismo (inscripción, modificación, cancelación y certificaciones) e informa sobre datos de varias provincias. Las Delegaciones elaboran los informes sobre empresas y establecimientos de su ámbito y expiden certificaciones.

Artículo 6. Funciones del Registro y tipos de asientos

Funciones del Registro: inscribir y anotar los datos de los sujetos del artículo 3 y sus modificaciones; informar y certificar; y lo que encomiende la persona titular de la Consejería de turismo. Asientos: inscripciones (inicio de actividad y modificaciones de las bases de la inscripción, incluida la clasificación) y cancelaciones (ceses de actividad). Las certificaciones se expiden a requerimiento de órganos jurisdiccionales o Administraciones Públicas o a solicitud de cualquier interesado, autorizadas por la persona funcionaria encargada de su gestión.

Artículo 7

Artículo 8. Forma y contenido de la inscripción

La inscripción la practica la persona funcionaria encargada del Registro, en su Sección y en asiento único por establecimiento o sujeto. La ficha registral recoge al menos: código alfanumérico (como mínimo, siglas de la provincia y número de cinco dígitos); fechas de la declaración responsable y de la inscripción; tipo, grupo, categoría, modalidad y especialidad; datos y domicilio de la persona titular; NIF; nombre comercial; requisitos de clasificación eximidos y medidas compensatorias; y sanciones firmes en vía administrativa.

Artículo 9. Inscripción en base a una declaración responsable y de oficio

La inscripción se formaliza, por regla general, con una declaración responsable: documento del titular (o su representante) que declara cumplir los requisitos vigentes del servicio y de su clasificación, se compromete a mantenerlos y dispone de la documentación acreditativa. Los alojamientos que pidan exención de requisitos de clasificación deben hacer constar en ella los requisitos y las medidas compensatorias. Sin declaración se inscriben los guías habilitados por la Dirección General, las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía y lo que se establezca legalmente.

Artículo 10. Información a incluir en la declaración responsable

La declaración responsable se dirige al órgano competente y la presenta la persona interesada o su representante. Incluye como mínimo: a) datos identificativos del titular y su representante (con la variable sexo, NIF, escritura de constitución y título de representación); b) datos de fianza y seguro, cuando la normativa exija garantía o seguro; c) datos del título para poner en funcionamiento la actividad o el establecimiento; d) ubicación y datos básicos del establecimiento; e) en su caso, requisitos a eximir y medidas compensatorias.

Artículo 11. Informe técnico

Cuando la declaración responsable recibida contenga requisitos a eximir, la Delegación Provincial o Territorial emitirá un informe técnico sobre si esos requisitos y, en su caso, las medidas compensatorias se ajustan a lo dispuesto en el Decreto 143/2014 y en la norma reguladora del establecimiento. Si la declaración no contiene requisitos a eximir, este informe no se prevé.

Artículo 12. Subsanación de la declaración

Si la declaración responsable tiene alguna inexactitud u omisión de carácter no esencial, o los requisitos o supuestos de exención y las medidas compensatorias no se corresponden con lo establecido en el decreto y en la norma reguladora, se requiere a la persona interesada para que subsane en diez días, advirtiéndole de que, si no lo hace, se tendrá por no presentada su declaración, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992.

Artículo 13. Efectos de la declaración responsable

La declaración responsable basta para cumplir el deber de inscripción y faculta para ejercer la actividad, sin perjuicio de otras autorizaciones. No presentarla, estando obligado, califica el servicio como clandestino y da lugar a procedimiento sancionador. En quince días desde su entrada en el registro electrónico se notifica la resolución de inscripción. La inexactitud o falsedad esencial (clasificación, garantías o seguros, documentación exigida) impide ejercer y, previa audiencia, lleva a cancelar la inscripción, cesar y restituir.

Artículo 14. Modificación y cancelación de la inscripción

Si cambian las condiciones que sirvieron de base para la inscripción, la persona titular de la empresa o establecimiento debe comunicarlo en quince días mediante declaración responsable, para su inscripción en el Registro, y tener siempre a disposición de la Administración turística la documentación que acredite la modificación. La Consejería competente en turismo puede inspeccionar en cada momento para comprobar los datos, y debe remitir copia de la resolución de cancelación de la inscripción a los ayuntamientos afectados.