Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

Artículo 87. Prescripción de las infracciones y caducidad del procedimiento

En pocas palabras

Las infracciones prescriben a los cuatro años desde su comisión: se entiende cometida el día en que finaliza la actividad o el del último acto que la consuma; la continuada, desde la última acción; la permanente, desde que cesa la situación ilícita; y si los hechos carecían de signo externo, desde que se manifiestan. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de diez meses desde su inicio. La acción caduca si, conocida la infracción y terminadas las diligencias, pasa un año sin incoar el procedimiento.

Explicación sencilla

Reúne los tres plazos clave del régimen sancionador: prescripción de la infracción, duración máxima del procedimiento y caducidad de la acción, con las reglas para empezar a contar.

Regla mnemotécnica

4 años para prescribir, 10 meses para resolver y 1 año para incoar: 4-10-1.

Trampa típica de examen

Confundir la prescripción de la infracción con la caducidad de la acción: prescribe a los cuatro años, mientras que la acción caduca si pasa un año sin incoar.

Texto del artículo 87 de la Ley 13/2003 (LDPCUA)

1. Las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cuatro años contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido. A estos efectos, se tendrán en cuenta las reglas siguientes: a) Se entenderá cometida la infracción el día de finalización de la actividad o el del último acto con el que la infracción esté plenamente consumada. b) En el caso de infracción continuada, el plazo comenzará a contarse desde el día en que se realizó la última de las acciones típicas incluida en aquella. c) En el caso de la infracción permanente, el plazo empezará a contarse desde que se ponga fin a la situación ilícita creada. Se entenderá que la infracción persiste en tanto los productos y servicios continúen ofreciéndose o prestándose con la misma irregularidad determinante de la infracción. d) Excepcionalmente, en el caso de que los hechos constitutivos de la infracción fueran desconocidos de manera general por carecer de cualquier signo externo, el plazo se computará desde que estos se manifiesten. Salvo en este caso, será irrelevante el momento en que la Administración haya conocido la infracción, a efectos de determinar el plazo de prescripción de la infracción para el ejercicio de la potestad sancionadora. 2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos sancionadores por las infracciones establecidas en la presente ley será de diez meses, a contar desde la fecha de su inicio. 3. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubiera transcurrido un año sin que el órgano competente hubiera incoado el oportuno procedimiento. A estos efectos, cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección se entenderán finalizadas una vez se tenga conocimiento del resultado del análisis inicial. Las solicitudes de análisis contradictorios y dirimentes que fueren necesarios interrumpirán los plazos de caducidad hasta que se practiquen.

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