LDPCUA

Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

Cada artículo incluye explicación, mnemotecnia y una trampa típica de examen.

Toca un artículo para leerlo con su explicación, su mnemotecnia y la trampa típica de examen. Con tu cuenta gratis estudias la norma entera en una página, marcas lo que llevas y haces tests.

Crear cuenta gratis

Art. 1ObjetoLa Ley tiene por objeto la defensa y protección de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se dicta en cumplimiento del mandato del artículo 51.1 y 2 de la Constitución Española y en ejercicio de la competencia exclusiva que el artículo 18.1.6.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere a la Comunidad Autónoma.
Art. 2Actuación de las Administraciones PúblicasLas Administraciones Públicas de Andalucía, dentro de su competencia, garantizarán con medidas eficaces la defensa y protección de consumidores y usuarios. Velarán especialmente y colaborarán por esa protección en situaciones catastróficas o de emergencia, o de perturbación grave en el abastecimiento o suministro de bienes de primera necesidad y servicios esenciales. Además, fomentarán el asociacionismo de consumo como instrumento básico de protección.
Art. 3DefinicionesDefine, a efectos de la Ley: consumidores y usuarios (personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad que lo sean según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007); destinatarios finales (personas físicas con uso personal, familiar o doméstico; personas jurídicas con destino desinteresado, gratuito o sin ánimo de lucro; entidades sin personalidad sin ánimo de lucro); bienes o servicios; bienes de primera necesidad y servicios esenciales; órganos de defensa del consumidor y servicios de la sociedad de la información.
Art. 4Derechos de los consumidoresEnumera siete derechos: 1) protección frente a riesgos o daños para la salud, el medio ambiente o la seguridad; 2) protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; 3) indemnización y reparación efectiva de daños; 4) constituir organizaciones y asociaciones, a través de las cuales ejercen participación, audiencia en consulta y representación; 5) información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional; 6) educación y formación; 7) especial protección en situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión.
Art. 5Nulidad de actos y negocios contrarios a la presente LeySon nulos de pleno derecho tres supuestos: la exclusión voluntaria de la presente Ley, la renuncia previa a los derechos e intereses reconocidos en ella y los actos realizados en fraude de la misma. La renuncia que se declara nula es la previa a esos derechos e intereses.
Art. 6Seguridad de bienes y serviciosLos bienes y servicios destinados a los consumidores en Andalucía deben elaborarse, suministrarse o prestarse sin riesgos inaceptables para la salud y la seguridad física; si no, deben ser retirados, suspendidos o inmovilizados por procedimientos eficaces. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que los consumidores conozcan las condiciones y modos de consumo o empleo, de modo que su adecuada observancia evite riesgos o daños previsibles.
Art. 7Vigilancia, control e inspección de las Administraciones PúblicasLas Administraciones Públicas de Andalucía ejercerán la adecuada vigilancia, control e inspección para prevenir y sancionar la elaboración, utilización, circulación y oferta en su territorio de sustancias, bienes y servicios que no cumplan las condiciones reglamentariamente exigidas para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores, de acuerdo con la legislación vigente.
Art. 8Bienes de primera necesidad y servicios esenciales
Art. 9Medidas de vigilancia especialLas Administraciones Públicas de Andalucía ejercerán vigilancia especial y permanente sobre la normativa de: a) calidad higiénico-sanitaria de alimentos, bebidas y establecimientos; b) productos tóxicos y sustancias peligrosas; c) seguridad y habitabilidad de viviendas y servicios comunitarios, y prevención y extinción de incendios; d) transportes públicos, en particular el escolar; e) establecimientos públicos, centros educativos y lugares comunitarios; f) productos textiles y productos para la infancia; g) accesibilidad de las personas con discapacidad.
Art. 10Protección de los derechos e intereses de los consumidoresEn el ámbito de esta Ley, la Administración de la Junta de Andalucía comprometerá su política social y económica a la consecución de la máxima satisfacción y respeto de los derechos e intereses legítimos de los consumidores.
Art. 11Medidas de protecciónLos órganos competentes de la Junta de Andalucía adoptarán medidas para: a) reconocer y apoyar a las organizaciones o asociaciones de consumidores, para su participación, representación y audiencia; b) asistir a los consumidores en el libre acceso a bienes y servicios en equilibrio e igualdad, sobre todo ante posición de dominio o servicios esenciales; c) garantizar el justo equilibrio de prestaciones con la Junta y sus gestoras de servicios públicos; d) pedir a las autoridades de control publicitario que ejerzan sus funciones.
Art. 12Sistemas de control e inspecciónLos órganos de defensa del consumidor vigilarán y desarrollarán sistemas de control e inspección sobre: peso y medida; normas de calidad; legalidad, transparencia y accesibilidad de precios, indicando si incluyen impuestos (repuestos, y costes y comisiones financieras advertidos antes de cada operación, también en cajeros); telecomunicaciones; garantías y devoluciones; servicio técnico y repuestos; presupuestos previos; entrega de factura o justificante y, en ventas masivas, billetes mecanizados; cumplimiento normativo, y libre elección del sistema de pago.
Art. 13Reparación de dañosSin perjuicio de las sanciones, en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor reponer la situación alterada a su estado original, devolver las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, indemnizar los daños y perjuicios probados causados al consumidor, salvo que el daño haya sido causado por su culpa exclusiva o por la de las personas de las que deba responder civilmente. Determinados los daños, se notifican al infractor para que los satisfaga en un mes; si no lo hace, queda expedita la vía judicial.
Art. 14Promoción del derecho a la reparación de dañosLos órganos de defensa del consumidor adoptarán medidas que favorezcan y promuevan la indemnización y reparación de daños a los consumidores. Entre esas medidas se incluyen expresamente los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos.
Art. 15ArbitrajeLas Administraciones Públicas de Andalucía fomentan, gestionan y desarrollan el Sistema Arbitral de Consumo y lo dotan de medios. La Junta establecerá procedimientos para difundir el arbitraje y se propiciará la adhesión de empresas públicas y de privadas gestoras de servicios públicos y de interés general. La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía es el órgano administrativo de la Junta para el arbitraje institucional de consumo. La función arbitral da derecho a indemnización tras la formalización y firma del laudo.
Art. 16Medidas de protección de la informaciónLas Administraciones Públicas de Andalucía adoptarán medidas para: a) informar a los consumidores, en particular sobre construcción de viviendas; b) asistirles frente a la publicidad y prácticas que atenten contra la libre elección; c) vigilar la publicidad dirigida a menores; d) facilitar el acceso de sus asociaciones a los medios de comunicación de la Junta; e) prohibir en los medios de la Junta y de las Administraciones locales la publicidad desleal, engañosa, encubierta, subliminal o contraria a la dignidad; f) identificar productos de empresas andaluzas.
Art. 17Obligación de facilitar informaciónQuienes producen, comercializan, distribuyen y venden bienes o prestan servicios deben dar información veraz, suficiente y comprensible sobre sus características, la contratación y su uso y consumo. Se exige también en el mercado inmobiliario de viviendas de Andalucía (materiales, unidades de obra, instalaciones e instrucciones de uso y conservación). En la sociedad de la información se aplica la Ley 34/2002. Los órganos de defensa del consumidor de la Junta lo garantizan. El secreto de fabricación no excusa informar, salvo casos reglamentados.
Art. 18Obligación de disponer de libro de quejas y reclamaciones, de tramitar y contestar a las mismasTodos los establecimientos o centros que comercialicen bienes o presten servicios en Andalucía deben tener a disposición de los consumidores un libro de quejas y reclamaciones, numerado y sellado por la Administración de la Junta de Andalucía, y carteles que anuncien su existencia. Las quejas y reclamaciones presentadas por escrito deben contestarse, mediante escrito razonado, por las Administraciones competentes y por los sujetos responsables del artículo 17.1.
Art. 19Espacios en medios de comunicaciónLos medios de comunicación social de titularidad de la Junta de Andalucía dedicarán espacios y programas no publicitarios a la información de los consumidores. En ellos tendrán acceso y participación, según su contenido y finalidad, las organizaciones y asociaciones de consumidores y los sectores públicos y privados suministradores de bienes y servicios afectados.
Art. 20Oficinas de información al consumidorSe crean Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública, órganos de información, orientación y asesoramiento. Funciones: informar y orientar; recibir, registrar y remitir denuncias, reclamaciones y solicitudes de arbitraje; mediación voluntaria; consultar a los Consejos de Consumo; suministrar información a las Administraciones; elevar peticiones; facilitar datos de bienes retirados y de sanciones firmes impuestas en el plazo de tres años; campañas; apoyo a asociaciones; documentación. Prohibida en ellas la publicidad no institucional.
Art. 21Oficinas Municipales de Información al ConsumidorLas Oficinas Municipales de Información al Consumidor se crean y ubican con criterios de eficacia y mayor proximidad. La Junta fomentará especialmente su creación en: mancomunidades o agrupaciones de municipios; todas las capitales de provincia; los distritos municipales de ciudades de más de cincuenta mil habitantes; municipios de más de 20.000 habitantes, y municipios con alto grado de población flotante, en la forma que se establezca reglamentariamente.
Art. 22Participación de las Diputaciones ProvincialesLas Diputaciones Provinciales, dentro de su ámbito territorial, podrán asumir la función de información y orientación a los consumidores en los municipios que no dispongan de Oficinas Municipales de Información al Consumidor, y podrán hacerlo en colaboración con las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
Art. 23Coordinación de las Oficinas Municipales de Información al ConsumidorLa Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de protección a los consumidores, coordinará las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública y podrá prestarles apoyo técnico y económico para su implantación y funcionamiento, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Art. 24Programas de educación y formaciónLas Administraciones Públicas de Andalucía organizarán, promoverán e incentivarán programas de educación y formación de los consumidores para: a) elección libre y racional y mejor uso de bienes y servicios; b) divulgar el funcionamiento del mercado y los medios para ejercer sus derechos; c) adecuar las pautas de consumo al uso racional de los recursos naturales; d) prevenir riesgos y daños; e) formación especializada de educadores y enseñantes; f) divulgar la propia Ley.
Art. 25Educación en materia de consumoLa Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia educativa, fomentará que la educación en temas de consumo se incorpore al diseño curricular como materia transversal, en los diferentes niveles educativos y de forma ajustada a la finalidad pedagógica de cada uno.
Art. 26Programas de formaciónLos órganos de defensa del consumidor de la Junta desarrollarán y coordinarán programas de formación para educadores, consumidores y, especialmente, para los cuadros técnicos de las organizaciones y asociaciones de consumidores, además de actividades de especialización para el personal de las Administraciones Públicas de Andalucía del área de consumo. Las asociaciones serán oídas en la elaboración de esos programas.
Art. 27Formación en medios de comunicaciónLos medios de comunicación social de titularidad de la Junta de Andalucía dedicarán en sus programaciones espacios no publicitarios destinados a la educación y formación de los consumidores, en la forma que se determine reglamentariamente, y podrán contar con la colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
Art. 28Organizaciones o asociaciones de consumidores y usuariosLas organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios de Andalucía, constituidas conforme a la legislación vigente, son cauces de participación en los asuntos públicos de la Comunidad Autónoma que les afecten, y de representación, consulta y defensa de los derechos e intereses de los consumidores.
Art. 29Consideración de organización o asociación de consumidores y usuariosSon organizaciones o asociaciones de consumidores las que tengan por objeto social estatutario la defensa, información, educación, formación, asistencia y representación de sus asociados como consumidores y la defensa de los intereses colectivos. También las cooperativas andaluzas formadas exclusivamente por consumidores que incluyan esos fines en sus Estatutos y formen un fondo social con aportaciones de los socios y al menos el 15% de los excedentes netos de cada ejercicio, destinado exclusivamente a esos fines en materias de consumo.
Art. 30Condiciones para el acceso a beneficiosPara gozar de los beneficios de la Ley, las asociaciones de consumidores deben: estar inscritas en el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía; aplicar las ayudas a la exclusiva defensa de los consumidores; tener funcionamiento democrático, y cumplir los requisitos reglamentarios. No pueden disfrutarlos si tienen como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, reciben ayudas de empresas suministradoras o hacen publicidad no exclusivamente informativa.
Art. 31Derechos de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuariosSon derechos de las asociaciones de consumidores: ejercer acciones judiciales y extrajudiciales; solicitar la declaración de utilidad pública y sus exenciones y bonificaciones fiscales; representar a los consumidores en órganos de participación, consulta y concertación; pedir y obtener información de las Administraciones; percibir ayudas públicas; promover el cese de prácticas engañosas o fraudulentas; exigir la rectificación pública de publicidad engañosa o ilícita y ejercer el derecho de réplica, e integrarse en federaciones más amplias.
Art. 32Deberes de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuariosLas asociaciones actúan con buena fe y lealtad y no pueden divulgar datos sin respaldo de acreditaciones, análisis o controles de calidad contrastados. Divulgar informaciones erróneas, por dolo o negligencia, que dañen a fabricantes, productores o distribuidores causa la supresión del apoyo oficial y la suspensión temporal o definitiva en el Registro, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal. Los suministradores pueden exigir rectificación o cese. Las asociaciones colaboran con las Administraciones y garantizan protección jurídica.
Art. 33Representación en órganos públicos de la Junta de AndalucíaLos consumidores deben estar representados, a través de las organizaciones o asociaciones de consumidores legalmente constituidas en Andalucía y en la forma que se determine reglamentariamente, en los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía cuyo objeto les afecte directamente.
Art. 34Trámite de audiencia a organizaciones o asociaciones de consumidores y usuariosLas asociaciones de consumidores radicadas en Andalucía deben ser oídas al elaborar disposiciones generales de la Junta sobre materias que afecten directamente a los consumidores. La audiencia es preceptiva en el desarrollo de esta Ley y en las propuestas de tarifas de servicios públicos sujetas al control de la Junta. Se entiende cumplida si están representadas en los órganos colegiados que informen o participen; en los demás casos, cuando se dirija al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Art. 35Fomento de la colaboraciónLa Administración de la Comunidad Autónoma fomentará la colaboración entre tres agentes: las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales de Andalucía.
Art. 36Actuación frente a situaciones de inferioridadLos órganos de defensa del consumidor promoverán las medidas adecuadas para remediar las situaciones de desventaja de los consumidores en el mercado por razón de edad, discapacidad, deficiencias de formación, desigualdad con las empresas, lugar de residencia o cualquier otra análoga.
Art. 37Medidas especiales ante los servicios de la sociedad de la informaciónLos órganos de defensa del consumidor promoverán las medidas necesarias para evitar desequilibrios y desventajas de los consumidores en el uso de los servicios de la sociedad de la información. El precepto se integra en el capítulo dedicado a las situaciones de inferioridad.
Art. 38Consejo Andaluz de Consumo y Consejos Provinciales de ConsumoEl Consejo Andaluz de Consumo y los Consejos Provinciales de Consumo son órganos consultivos, de participación, mediación, diálogo y concertación, con apoyo de la Junta. Los integran representantes de asociaciones de consumidores, organizaciones empresariales y Administraciones Públicas de Andalucía. El Consejo Andaluz puede delegar funciones en órganos subordinados sectoriales. Los Provinciales actúan en su territorio y elevan al Andaluz lo que exceda de él o sea relevante. Su régimen se fija reglamentariamente.
Art. 39Consejo de los Consumidores y Usuarios de AndalucíaEl Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía es el máximo órgano de consulta y participación de los consumidores, sin perjuicio del Consejo Andaluz y los Provinciales de Consumo. Está adscrito a la Dirección General competente en defensa de los consumidores y lo integran representantes de las asociaciones de consumidores que cumplan los requisitos de la Ley. Es consultado preceptivamente en las disposiciones generales que afecten directamente a los consumidores y, además, formula propuestas, asesora y solicita información.
Art. 40Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los consumidoresLos órganos de defensa del consumidor de Andalucía velan por hacer efectivos los derechos de los consumidores reconocidos en esta Ley y en la legislación sectorial. Si detectan incumplimientos que puedan lesionar o poner en peligro esos derechos, tienen tres salidas: adoptar las medidas previstas en esta Ley y en la legislación general de protección de los consumidores, ejercer las acciones judiciales procedentes o actuar conforme al artículo siguiente.
Art. 41Comunicación a otros órganosLos órganos de defensa del consumidor pueden instar a otros órganos a ejercer las potestades que les dan las leyes sectoriales cuando lo estimen necesario. Si el órgano instado es de la Administración de la Junta, una entidad local andaluza o un ente dependiente de ellas, debe responder en un mes con las decisiones adoptadas o las razones por las que no actúa. Igual pueden dirigirse a colegios profesionales y a autoridades de las que dependan servicios públicos.
Art. 42Inspecciones de las Administraciones Públicas con incidencia en ConsumoLa Junta y las Administraciones locales, cada una en su ámbito, inspeccionan que productores, distribuidores, comercializadores y sus colaboradores cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones sectoriales. La información útil para los consumidores obtenida en cualquier inspección pública se comunica a los órganos de defensa del consumidor. Se pueden inspeccionar bienes, servicios, materias primas, establecimientos y maquinaria; la perfección y ejecución de los contratos, en cuanto puedan dar lugar a potestades administrativas.
Art. 43Inspección de ConsumoLa inspección puede hacerla la Inspección de Consumo de la Junta, integrada en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en protección de los consumidores, sin perjuicio de inspecciones de otras Administraciones u órganos. Actúa preferentemente en la fase de comercialización. Los municipios pueden inspeccionar con sus propios Servicios. Si se detectan irregularidades que competen a otros órganos, se les remite el acta o copia diligenciada.
Art. 44Organización y funcionamiento de la Inspección de ConsumoLa organización de la Inspección de Consumo de la Junta se regula por reglamento y sigue los principios de jerarquía, profesionalización y especialización. Los inspectores son funcionarios y, en sus funciones, agentes de la autoridad. Los entes locales se organizan como estimen, pero comunican a la Dirección General de Consumo su organización, ámbito y medios. Colaboran la Policía Local y la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. Las potestades se ejercen con proporcionalidad y siempre con sigilo profesional.
Art. 45Coordinación de los Servicios de la Inspección de ConsumoLos Servicios de Inspección de consumo de la Junta y de las Corporaciones locales actúan coordinadamente, colaboran entre sí y prestan asistencia a los órganos de cualquier Administración Pública que se la requieran para ejercer competencias de defensa del consumidor, cuando se trate de diligencias que les correspondan por razón de la materia o del territorio.
Art. 46La actividad inspectora de ConsumoLa inspección se hace en la forma, momento y por los medios más adecuados para conocer la realidad: observar ofertas y publicidad, demandar bienes o servicios (también a distancia), preguntar a consumidores o empresarios, consultar registros, examinar documentos, visitar establecimientos, tomar muestras, etc. Además de vigilar e investigar, la Inspección informa a los inspeccionados, les advierte de la irregularidad con un plazo prudencial para corregirla, propone medidas (que en urgencia puede adoptar provisionalmente), hace actuaciones previas y colabora en procedimientos y estadísticas.
Art. 47Facultades de la inspección y acceso a establecimientos y documentosEl personal de inspección puede acceder sin previo aviso a locales con actividades que afecten a consumidores (con indicios, también a lugares no abiertos al público), exigir documentos obligatorios y, con indicios, examinar toda la documentación de la empresa, requerir documentación y comparecencias, y hacer pruebas y tomar muestras. Debe identificarse antes, salvo que ello frustre la inspección (causas por escrito), y puede seguir sin identificarse hasta detectar las infracciones. Para ejercer potestades, requerir o advertir, siempre identificado.
Art. 48Toma de muestrasEl procedimiento de toma de muestras se fija por reglamento. La muestra puede ser un único ejemplar si el bien se somete a ensayos de seguridad o aptitud funcional, notificándolo antes a los interesados para que asistan y aleguen. La Administración paga al establecimiento el valor de coste (precio de la factura de adquisición), salvo que el bien presente irregularidades o falte factura. Si no hay irregularidades, puede cederlos a entidades benéficas que lo soliciten.
Art. 49Colaboración con los Servicios de InspecciónLos inspectores pueden pedir apoyo a cualquier autoridad y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si hay resistencia u obstrucción. Poderes públicos, empresas y asociaciones de consumidores deben dar la información que se les requiera, salvo causa legal, y la negativa se comunica motivadamente a la Inspección. Los inspectores acceden a registros y archivos administrativos según su normativa y, al inspeccionar empresas o servicios públicos, actúan con independencia funcional.
Art. 50Deberes de los sujetos inspeccionadosLos inspeccionados y sus empleados deben permitir y facilitar la inspección y suministrar la información que recabe. También deben comparecer, por sí o por la persona que designen, en las oficinas administrativas o en el lugar adecuado para seguir la inspección y completar las diligencias.
Art. 51Actas de inspecciónLos inspectores levantan acta de sus visitas y actuaciones. El acta identifica al inspector, el lugar y la fecha, los hechos y datos relevantes y, si las hay, las manifestaciones del compareciente. Es documento público y la firma siempre el inspector. Si estuvo presente el titular, un representante o un empleado, recibe copia y firma solo como reconocimiento de su presencia, no de las irregularidades. En el acta puede requerirse subsanar en no más de diez días simples irregularidades sin perjuicio directo.
Art. 52Valor probatorio de las actas de inspecciónLos hechos constatados personalmente por los inspectores de Consumo y recogidos en las actas tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 137 de la Ley 30/1992. Ese valor se extiende a procedimientos de otras autoridades que apliquen leyes que afecten directamente a los consumidores, y las actas de otros servicios de inspección valen igual en los procedimientos de esta Ley.
Art. 53Análisis de muestrasLos análisis, ensayos o pruebas que se incorporen a procedimientos de consumo siguen el procedimiento reglamentario. Los hacen laboratorios públicos con capacidad técnica, laboratorios o entidades privados acreditados o los propios inspectores. Si los promueven los órganos de defensa del consumidor, preferentemente en laboratorios públicos. Los laboratorios cumplen plazos y colaboran. El contradictorio lo paga quien lo promueve; el inicial y el dirimente, la empresa si hay irregularidades y la Administración si no.
Art. 54Entidades colaboradorasPuede haber entidades colaboradoras de los órganos de defensa del consumidor para análisis comparativos, estudios de mercado y otras actuaciones que prevea el reglamento, pero nunca se les puede atribuir la facultad de levantar actas de inspección. El reglamento fija sus requisitos, obligaciones y funciones, y quedan siempre sometidas a supervisión y control permanente de esos órganos.
Art. 55Realización de estudios y publicidad de sus resultadosLos órganos de consumo hacen directamente estudios, comparaciones, ensayos, análisis o controles; también pueden hacerlos entidades colaboradoras y asociaciones de consumidores para informar. Cuando los hace la Administración, su personal puede no identificarse, salvo que sea estrictamente necesario. Se usan métodos normalizados o, si faltan, los recomendados nacional o internacionalmente o los más exactos. Los órganos publican los resultados si lo estiman necesario, comunicando las irregularidades a los responsables. Se prohíbe usar esos resultados en publicidad.
Art. 56Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y ServiciosSe creará por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de la que dependa la defensa de los consumidores, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía, para coordinar y hacer colaborar a los distintos servicios de inspección de la Junta y usar con eficacia y eficiencia los recursos. Su composición, competencias, funcionamiento y forma de adoptar acuerdos se fijan por reglamento.
Art. 57Códigos de buenas prácticasSe fomentan los códigos de buenas prácticas para proteger a los consumidores y mejorar la regulación del mercado. Los elaboran representantes de las asociaciones empresariales más representativas, de las organizaciones y asociaciones de consumidores, de los órganos de defensa del consumidor de la Junta y de otros colectivos afectados. Si se ha manifestado la adhesión al código en la oferta, promoción o publicidad, incumplirlo es infracción administrativa.
Art. 58Actuación de la Administración frente al riesgo para la salud y seguridadCon claros indicios de riesgo, la Administración adopta las medidas preventivas con la máxima celeridad para garantizar la salud o seguridad. Deben ser adecuadas y proporcionadas al riesgo y lo menos restrictivas de la libre circulación de mercancías y de la libertad de empresa. La instrucción de una causa penal no impide adoptarlas, modificarlas, confirmarlas, levantarlas o ejecutarlas. Puede optarse por la colaboración voluntaria si basta. No son sanciones y no excluyen el procedimiento sancionador.
Art. 59Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar la salud y seguridad de los consumidoresAnte riesgo inaceptable para la salud por bienes o servicios peligrosos, los órganos de defensa de los consumidores solo pueden adoptar medidas cautelares, que comunican a la autoridad sanitaria para su confirmación. Ante riesgo inaceptable para la seguridad, deben adoptar las medidas necesarias para eliminarlo o reducirlo: condiciones previas a la comercialización, suspensión o prohibición de la oferta o venta, inmovilización o retirada (incluso destrucción), clausura de establecimientos y medidas que garanticen su eficacia.
Art. 60Presunción de riesgo para la salud o seguridadSe presume, salvo prueba en contrario, que hay riesgo inaceptable cuando funcionan establecimientos o se comercializan bienes o servicios sin las autorizaciones o controles preventivos exigidos por razones de salud o seguridad. Además, aunque el bien cumpla los reglamentos o haya superado los controles obligatorios, pueden adoptarse excepcionalmente las medidas del capítulo si aun así puede ser peligroso.
Art. 61Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar los intereses económicos y sociales de los consumidoresSi hay lesión real de los intereses económicos y sociales de los consumidores o de su derecho a la información, los órganos de defensa del consumidor pueden imponer condiciones previas, suspender o prohibir actividades, ofertas, promociones, ventas o suministros cuando haya fraudes, falta sustancial de las informaciones obligatorias o incumplimiento de la normativa aplicable.
Art. 62Sujetos que pueden verse afectados por las medidasLas medidas pueden dirigirse a los responsables de producir, distribuir o comercializar bienes o servicios y a cualquier responsable del mantenimiento o existencia del riesgo, aunque ignorasen y no pudieran conocer los defectos. Pueden tener destinatarios concretos, una pluralidad indeterminada o carácter general. También alcanzan a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que originen directamente el riesgo, consciente o inconscientemente, y puede ordenarse al intermediario supervisar los datos.
Art. 63Comunicación a otras Administraciones Públicas y acción de cesaciónSi las situaciones de riesgo o lesión pueden afectar a competencias de otros órganos o Administraciones, se les comunican de inmediato con los datos relevantes y las medidas ya adoptadas, extremando la coordinación y colaboración. Además, la Junta, a través del órgano de defensa del consumidor habilitado, puede instar ante autoridades judiciales o administrativas las acciones de cesación previstas para proteger los intereses colectivos de los consumidores.
Art. 64ProcedimientoLas medidas de los artículos 59 y 61 exigen seguir un procedimiento conforme a la ley de procedimiento administrativo común, la normativa sectorial y el reglamento, salvo que sea imposible localizar o identificar a los responsables. Si el acto afecta a sujetos determinados, se les da audiencia y el procedimiento debe resolverse y notificarse en seis meses como máximo. Excepcionalmente, el órgano que resuelve puede prorrogar el plazo por acuerdo motivado según el número de afectados, la dificultad de identificarlos o las notificaciones en el extranjero.
Art. 65Colaboración en la ejecución de las medidasPara ejecutar las medidas, los órganos de defensa del consumidor pueden pedir la colaboración de otros órganos de la Administración andaluza y, en especial, de los Cuerpos de Seguridad. Quienes elaboran, distribuyen, comercializan o ponen en servicio los bienes y servicios deben colaborar para que las medidas sean eficaces. Los órganos pueden exigir a los responsables de los riesgos el pago de los gastos ocasionados.
Art. 66Requerimientos de subsanaciónSi hay un incumplimiento que afecta a los consumidores pero sin los riesgos inaceptables de los artículos 59 y 60, la Administración puede advertir al transgresor de la situación ilegal y de su obligación de cesar, y requerirle que subsane. Pueden hacerlo los órganos competentes y los inspectores de Consumo con solo dejar constancia escrita del contenido y de la fecha en que se comunica; basta entregar copia del acta de inspección en que consten.
Art. 67Órganos competentesAdoptar cualquier medida del capítulo corresponde a los órganos de defensa del consumidor de la Administración autonómica. Los órganos municipales pueden adoptarlas cuando la situación sea estrictamente local y pueda afrontarse por completo en el término municipal. Si no, solo pueden adoptar provisionalmente medidas urgentes en su territorio, comunicándolo de inmediato a los órganos autonómicos, y colaboran en las medidas de ámbito superior.
Art. 68Medidas provisionalesEn el procedimiento para adoptar medidas definitivas pueden tomarse medidas provisionales: cierre temporal, inmovilización, suspensión de actividades, ventas u ofertas y las necesarias para proteger salud, seguridad e intereses de los consumidores. Se toman en el acuerdo de iniciación o durante la instrucción por el órgano competente para resolver. Antes de iniciar, incluso los servicios de inspección pueden adoptarlas y ejecutarlas si hay urgencia y riesgo inminente. Basta con indicios suficientes del riesgo e imprescindibilidad.
Art. 69Vigencia de las medidas provisionalesLas medidas finales pueden coincidir o no con las provisionales y ser permanentes, si el peligro lo es y no hay otra forma de evitarlo, o temporales en otro caso. Las provisionales y definitivas temporales duran mientras la Administración no las alce, pero deben alzarse si no se confirman los indicios, se subsanan las deficiencias o desaparece el peligro. Se pueden indicar cambios para levantarlas o destinos alternativos, y completarlas, modificarlas o sustituirlas.
Art. 70Comunicación de riesgosCuando los órganos competentes lo consideren necesario para evitar lesiones, comunicarán de inmediato a los consumidores potencialmente afectados, por los medios más apropiados, los riesgos o irregularidades y las precauciones a tomar, como medida complementaria o única, para que puedan defenderse y colaborar en eliminar sus causas.
Art. 71Tipos de infraccionesLas infracciones son leves, graves y muy graves. El artículo agrupa las conductas infractoras en bloques: requisitos de elaboración y comercialización y condiciones técnicas (14 conductas); alteración, adulteración o fraude (3); documentación, transacciones y precios (14); prácticas comerciales desleales; obligaciones contractuales (4); deberes de los inspeccionados (5), y otras infracciones (12), como no tener hojas de quejas y reclamaciones o negarse al arbitraje de consumo estando adherido.
Art. 72Agravación de la calificaciónLas infracciones del artículo 71 son leves, salvo un grupo que es grave de inicio (entre otras, defraudar en peso o medida, manipular aparatos de medición, cláusulas abusivas u obstruir la inspección). Una leve pasa a grave si se comete voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia, es continuada o práctica habitual, o tiene alta repercusión. Una grave pasa a muy grave si causa alteración social grave, explota a consumidores vulnerables, aprovecha situaciones de necesidad o bienes de uso ordinario, o hay predominio en el mercado.
Art. 73Tipos de sancionesA los responsables de las infracciones se les imponen multa o amonestación. Además de la multa pueden imponerse, en su caso, las sanciones complementarias de cierre o no utilización del establecimiento, suspensión del servicio o comiso. Las sanciones se aplican según los artículos siguientes y sin perjuicio de las medidas no sancionadoras que procedan.
Art. 74Cuantías de las multasMultas: muy graves, entre 60.001 y 1.000.000 de euros; graves, entre 5.001 y 60.000 euros; leves, entre 200 y 5.000 euros. En las graves y muy graves pueden superarse hasta el décuplo del beneficio ilícito o del perjuicio causado y, en su defecto, del valor de los bienes o servicios, o del coste de la campaña publicitaria si la infracción se comete por ese medio.
Art. 75AmonestacionesLas infracciones leves en las que concurra una atenuante pueden sancionarse con amonestación en lugar de multa. La amonestación consiste en su simple pronunciamiento en la resolución sancionadora.
Art. 76Sanciones complementarias para infracciones graves y muy gravesExcepcionalmente, en infracciones muy graves y en graves con agravantes que lo justifiquen, puede imponerse el cierre total o parcial o la no utilización del establecimiento, instalación o local, o la suspensión del servicio o actividad; si se cometió por servicios de la sociedad de la información, implica prohibir seguir ofertando por ese medio. Duración máxima: un año en muy graves y tres meses en graves. Solo el Consejo de Gobierno puede imponerla por más de seis meses. La resolución fija exacta y motivadamente su contenido y duración.
Art. 77ComisosPuede imponerse el comiso total o parcial, según sea proporcionado, de los efectos e instrumentos propiedad del responsable usados en infracciones muy graves o graves con agravantes que lo justifiquen. No se acuerda sobre efectos que sean o deban ser objeto de una medida similar no punitiva. La Administración decide el destino de lo decomisado, en la resolución o después, y los gastos del comiso son del infractor.
Art. 78Comiso del beneficioJunto con las demás sanciones se impone el comiso del beneficio obtenido con la infracción; la resolución puede no imponerlo si no hubo beneficio, es ínfimo o las demás sanciones bastan. Si no puede fijarse con exactitud, se estima e incluye el aumento de ingresos y el ahorro de gastos, sin descontar multas ni gastos o daños de otras sanciones, pero sí lo abonado a los consumidores perjudicados (devoluciones, indemnizaciones u otros conceptos).
Art. 79Atenuantes y agravantesLa sanción se gradúa con atenuantes y agravantes. Agravantes: reincidencia, reiteración, grave perjuicio, posición relevante en el mercado, incumplir advertencias o requerimientos previos, importante beneficio económico y afectar a productos para el público infantil u otros destinatarios indefensos. Atenuante: corregir diligentemente, colaborar o reparar los daños, sin intoxicación, lesión, muerte ni indicios de delito, antes de cualquier requerimiento o, en su caso, antes de la propuesta de resolución. No se aprecian si ya integran el tipo o la calificación.
Art. 80Tramos de las multasPara graduar la multa, el tramo se divide en dos mitades iguales. Una atenuante: mitad inferior; varias: mínimo de esa mitad, e incluso el marco de la infracción inmediatamente inferior si son muy cualificadas. Una agravante: mitad superior; varias o una muy cualificada: hasta el máximo de esa mitad. Sin circunstancias: mitad inferior. Con atenuantes y agravantes: valoración conjunta entre el mínimo y el máximo. Puede tenerse en cuenta la situación económica del infractor, sin bajar nunca del mínimo legal.
Art. 81Reincidencia y reiteraciónHay reincidencia si, en el término de un año, se comete más de una infracción de la misma naturaleza y así se declara por resolución firme. Hay reiteración si, en los dos años anteriores a la nueva infracción, el infractor fue sancionado firmemente en vía administrativa por otra infracción de esta Ley u otras que protejan a los consumidores, o condenado ejecutoriamente por un delito con perjudicados en su condición de consumidores.
Art. 82AutoresSon autores las personas físicas o jurídicas que, con dolo o imprudencia, realizan las conductas tipificadas. Si intervienen varios sujetos sobre los mismos bienes o servicios (productores, importadores, distribuidores, minoristas), cada uno responde como autor de su propia infracción, con sanciones independientes e individualizadas. La responsabilidad de los coautores también es independiente, incluidos anunciantes, agencias y medios de publicidad. No se sanciona a quien ignorase la ilicitud si no pudo conocerla pese a emplear la diligencia exigible.
Art. 83Otros responsablesAdemás de los autores, se sanciona a quienes participan en infracciones ajenas graves o muy graves: profesionales que cooperan dolosa y necesariamente con su pericia o asesoramiento; gestores, directores o administradores cuya conducta dolosa fue necesaria para la infracción de su entidad; y quienes, con beneficio propio y conociendo la ilicitud, colaboran adquiriendo productos o servicios ilegales. Se les impone multa o amonestación y comiso del beneficio; la multa va en el marco de las leves si la infracción del autor es grave, y de las graves si es muy grave.
Art. 84Responsables solidariosLos importadores y quienes distribuyan por primera vez en España productos del extranjero responden solidariamente de las sanciones pecuniarias impuestas en aplicación de esta Ley a sus suministradores o proveedores, con independencia de su responsabilidad por sus propias infracciones.
Art. 85Concurso de infraccionesQuien comete varias infracciones recibe todas las sanciones, con excepciones. Si un solo hecho constituye varias infracciones o una es medio para cometer otra, se sanciona en proporción a la gravedad real de la conducta. Si una infracción comporta necesariamente otra, solo se impone la sanción de la más grave. Varias acciones idénticas o similares con un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión son una infracción continuada, salvo que se sigan cometiendo tras advertencia, requerimiento u orden de cese o tras iniciarse un primer procedimiento.
Art. 86Prohibición de la doble sanciónNo se sancionan hechos ya sancionados penal o administrativamente con identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si pueden ser delito, la suspensión y reanudación del procedimiento se rige por la legislación estatal. Para evitar la doble sanción administrativa: si ya hubo sanción por otra legislación con triple identidad, los órganos de defensa del consumidor se abstienen; si no la hubo pero se inició otro procedimiento, pueden iniciar el suyo motivadamente y suspenderlo hasta conocer la otra decisión; en los demás casos, adoptan las medidas para que no haya doble sanción.
Art. 87Prescripción de las infracciones y caducidad del procedimientoLas infracciones prescriben a los cuatro años desde su comisión: se entiende cometida el día en que finaliza la actividad o el del último acto que la consuma; la continuada, desde la última acción; la permanente, desde que cesa la situación ilícita; y si los hechos carecían de signo externo, desde que se manifiestan. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento sancionador es de diez meses desde su inicio. La acción caduca si, conocida la infracción y terminadas las diligencias, pasa un año sin incoar el procedimiento.
Art. 88Interrupción del plazo de prescripciónLa interrupción del plazo de prescripción de las infracciones se rige por la ley de procedimiento administrativo común. Además, la interrumpen las actuaciones judiciales penales y la tramitación de otros procedimientos administrativos sancionadores, en cuanto impidan iniciar o continuar el procedimiento para sancionar las infracciones de esta Ley.
Art. 89Prescripción de las sancionesLas sanciones impuestas en aplicación de esta Ley prescriben en los plazos y según el régimen de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Ley andaluza no fija plazos propios para la prescripción de las sanciones.
Art. 90Responsabilidades en supuestos de extinción de personas jurídicasSi una persona jurídica que cometió la infracción se extingue antes de ser sancionada, la responsabilidad por multa y comiso se exige a las personas físicas que, desde los órganos de dirección, determinaron con dolo o negligencia la infracción. Si la multa o el comiso ya se habían impuesto y no se pagan en la liquidación, pasan a los socios o partícipes, que responden mancomunadamente y hasta el valor de su cuota de liquidación.
Art. 91Ejecución de las sancionesLas sanciones impuestas se ejecutan conforme a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas aplicables. Todas las Administraciones Públicas deben colaborar para hacer efectiva la exacta ejecución de las sanciones.
Art. 92Difusión de las sanciones y otras medidas sobre los infractoresLos órganos de defensa del consumidor, si lo consideran conveniente, difunden las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa impuestas en los últimos tres años; esa difusión nunca tiene carácter sancionador. Las sanciones conllevan limitaciones para contratar con la Administración según la legislación de contratos. En infracciones muy graves, el titular de la Consejería de consumo puede proponer al Consejo de Gobierno suprimir, cancelar o suspender ayudas públicas, y este puede proponerlo al Consejo de Ministros si la ayuda es estatal.
Art. 93Multas coercitivasLos órganos de consumo pueden imponer multas coercitivas, tras requerir la ejecución de actos y resoluciones dirigidos a cumplir la normativa de protección de los consumidores. El requerimiento es escrito y advierte del plazo y de la cuantía de la multa. El plazo atiende a la obligación y debe bastar para cumplirla; la multa no puede superar 3.000 euros o el 10 % del importe de la obligación si es cuantificable. Puede reiterarse sin dar menos plazo que el primero. Son independientes de las sanciones y compatibles con ellas.
Art. 94Órganos competentes en la Junta de AndalucíaLos órganos de la Junta competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores se fijan por reglamento: la competencia para resolver se atribuye por decreto del Consejo de Gobierno y la de iniciar e instruir puede atribuirse por orden del titular de la Consejería de consumo. Son competentes para infracciones cometidas, aunque sea en parte, en Andalucía, cualquiera que sea el domicilio del responsable, y no se inhiben a favor de otras administraciones autonómicas.
Art. 95Órganos competentes en las Corporaciones localesLos órganos municipales competentes se determinan por la legislación local y sus normas de organización. Pueden sancionar, sin menoscabo de la Junta, si la infracción la detectaron sus servicios, la Junta no ha iniciado procedimiento y se cometió íntegramente en el término municipal. Si la infracción excede el municipio, se comunica de inmediato a la Junta con lo actuado; y siempre pueden limitarse a poner los hechos en su conocimiento. La Junta no inicia procedimiento si el municipio ya tramita uno por los mismos hechos y fundamento, salvo infracciones conexas en otros municipios.
Art. 96Lugar de comisión de la infracciónLas infracciones se entienden cometidas en cualquiera de los lugares donde se localicen las acciones u omisiones y, además, en todos aquellos donde se manifieste la lesión o el riesgo para los derechos de los consumidores, salvo en las infracciones sobre requisitos de establecimientos, instalaciones o personal.
Art. 97Competencias municipalesSin perjuicio de la Junta, los municipios velan por los consumidores en su territorio: información y educación, apoyo a sus asociaciones, fomento y gestión del arbitraje de consumo, acciones civiles en defensa de sus vecinos, estudios de mercado locales, inspección de consumo, medidas no sancionadoras, potestad sancionadora en su territorio, instar la actuación de la Junta y las demás atribuidas o delegadas. La Junta y las Diputaciones cooperan; caben fórmulas asociativas; los municipios apoyan a las asociaciones y comunican por acuerdo plenario la aceptación de competencias.
Art. 98Competencias de las DiputacionesCorresponden a las Diputaciones Provinciales andaluzas: información y educación de los consumidores según las necesidades de la provincia, apoyo a sus asociaciones, fomento y gestión del arbitraje de consumo, acciones civiles en defensa de los vecinos de la provincia, estudios de mercado provinciales, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios (sobre todo a los de menor capacidad) y las demás atribuidas o delegadas. La cooperación puede incluir servicios supramunicipales y laboratorios comunes.
Art. 99Comisión Interadministrativa de Cooperación de ConsumoSe creará por reglamento la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo, órgano de colaboración, coordinación y cooperación entre la Junta y las Corporaciones locales andaluzas. Entre sus funciones: analizar los problemas de los consumidores, mantener un inventario de recursos municipales, programar campañas informativas, armonizar criterios sobre las oficinas de información al consumidor y las Juntas Arbitrales, proponer actividades inspectoras, coordinar laboratorios locales, armonizar ordenanzas, intercambiar información y planificar la formación del personal local.
Art. 100Planes sectorialesEl Consejo de Gobierno puede coordinar la actividad local en protección del consumidor aprobando planes sectoriales que fijan objetivos y prioridades de la acción pública. Estos planes los informa preceptivamente la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo y nunca pueden menoscabar las competencias que las leyes atribuyen a la Administración local.