Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
Artículo 58. Actuación de la Administración frente al riesgo para la salud y seguridad
En pocas palabras
Con claros indicios de riesgo, la Administración adopta las medidas preventivas con la máxima celeridad para garantizar la salud o seguridad. Deben ser adecuadas y proporcionadas al riesgo y lo menos restrictivas de la libre circulación de mercancías y de la libertad de empresa. La instrucción de una causa penal no impide adoptarlas, modificarlas, confirmarlas, levantarlas o ejecutarlas. Puede optarse por la colaboración voluntaria si basta. No son sanciones y no excluyen el procedimiento sancionador.
Explicación sencilla
Fija los principios de todas las medidas administrativas preventivas: celeridad, proporcionalidad, mínima restricción, compatibilidad con la causa penal y con el procedimiento sancionador, y preferencia posible por la colaboración voluntaria.
Regla mnemotécnica
Medida preventiva: rápida, proporcionada, no sancionadora y compatible con la causa penal.
Trampa típica de examen
Pensar que la causa penal obliga a paralizar las medidas preventivas: no es obstáculo para adoptarlas, modificarlas, confirmarlas, levantarlas o ejecutarlas.
Texto del artículo 58 de la Ley 13/2003 (LDPCUA)
1. La Administración adoptará las medidas previstas en este capítulo con la máxima celeridad para garantizar la salud o la seguridad de los consumidores, cuando existan claros indicios de riesgo. 2. Todas las medidas que se adopten de conformidad con el presente capítulo deberán ser adecuadas y proporcionadas al riesgo que afronten y lo menos restrictivas de la libre circulación de mercancías y de la libertad de empresa. 3. La instrucción de causa penal no será obstáculo para que la Administración adopte, modifique, confirme, levante o ejecute las medidas previstas en este capítulo. 4. Cuando sea posible y suficiente para asegurar con eficacia los intereses generales perseguidos, la Administración podrá optar por la colaboración voluntaria de los particulares y por la concertación con ellos o con los sectores implicados. 5. La adopción de las medidas incluidas en este capítulo, que no tienen carácter sancionador, no excluye la iniciación del procedimiento sancionador cuando proceda.
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