Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

Artículo 48. Toma de muestras

En pocas palabras

El procedimiento de toma de muestras se fija por reglamento. La muestra puede ser un único ejemplar si el bien se somete a ensayos de seguridad o aptitud funcional, notificándolo antes a los interesados para que asistan y aleguen. La Administración paga al establecimiento el valor de coste (precio de la factura de adquisición), salvo que el bien presente irregularidades o falte factura. Si no hay irregularidades, puede cederlos a entidades benéficas que lo soliciten.

Explicación sencilla

Regula aspectos concretos de la toma de muestras: muestra de ejemplar único con notificación previa, quién paga y a qué precio, cuándo no se paga nada y qué hacer con los bienes correctos.

Regla mnemotécnica

Muestra pagada a coste de factura; sin factura o con irregularidad, cero euros.

Trampa típica de examen

Creer que la Administración paga el precio de venta al público: paga el valor de coste según la factura de adquisición.

Texto del artículo 48 de la Ley 13/2003 (LDPCUA)

1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento a seguir en la toma de muestras realizadas por los órganos de defensa del consumidor. 2. Las muestras podrán estar constituidas por un único ejemplar en el caso de bienes que se sometan a ensayos para determinar su seguridad o aptitud funcional. En este caso se notificará previamente a todas las partes interesadas la realización de estos ensayos, al objeto de que puedan presenciarlos y efectuar cuantas alegaciones estimen oportunas. 3. La Administración pagará el valor de coste de los bienes objeto de toma de muestras al establecimiento que lo comercializa, excepto si presenta irregularidades o si se carece de factura acreditativa de la compra, en cuyo caso no habrá de abonarse importe alguno. A tales efectos, el valor de coste de los bienes objeto de toma de muestras vendrá establecido conforme al precio que conste en la factura de adquisición del producto por parte del establecimiento que los suministra. Cuando los bienes no presenten irregularidades, la Administración podrá disponer de los mismos para su cesión a aquellas entidades benéficas que lo soliciten.

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