Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía
Artículo 32. Deberes de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios
En pocas palabras
Las asociaciones actúan con buena fe y lealtad y no pueden divulgar datos sin respaldo de acreditaciones, análisis o controles de calidad contrastados. Divulgar informaciones erróneas, por dolo o negligencia, que dañen a fabricantes, productores o distribuidores causa la supresión del apoyo oficial y la suspensión temporal o definitiva en el Registro, sin perjuicio de responsabilidad civil y penal. Los suministradores pueden exigir rectificación o cese. Las asociaciones colaboran con las Administraciones y garantizan protección jurídica.
Explicación sencilla
Es el contrapeso de los derechos de las asociaciones: les impone buena fe, rigor en lo que divulgan y colaboración, y prevé consecuencias administrativas si difunden información errónea dañosa por dolo o negligencia.
Regla mnemotécnica
Información errónea por dolo o negligencia = sin apoyo oficial y suspensión en el Registro.
Trampa típica de examen
Creer que la suspensión en el Registro solo puede ser definitiva: el artículo prevé suspensión temporal o definitiva.
Texto del artículo 32 de la Ley 13/2003 (LDPCUA)
1. Las organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios ajustarán sus actuaciones a los principios de buena fe y lealtad, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados analíticos o controles de calidad suficientemente contrastados. 2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que pudieran incurrir las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, será causa de supresión del apoyo oficial que reciban y de suspensión temporal o definitiva en el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía la divulgación, por parte de éstas, de informaciones erróneas, producidas por dolo o negligencia, y que ocasionen a los fabricantes, productores o distribuidores daños o perjuicios. 3. De acuerdo con la normativa estatal, los suministradores de bienes o los prestadores de servicios tienen derecho a exigir rectificación pública o cesación de actividades temerarias de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios. 4. Las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios colaborarán con las Administraciones Públicas de Andalucía en la consecución conjunta de los objetivos de la presente Ley. 5. Igualmente garantizarán a los consumidores y usuarios de Andalucía una eficaz protección jurídica, ordenada a la reparación e indemnización por los daños y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su disposición en el mercado, de acuerdo con lo establecido en la legislación general del Estado en materia de garantías y responsabilidades.
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