Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía

Artículo 64. Procedimiento

En pocas palabras

Las medidas de los artículos 59 y 61 exigen seguir un procedimiento conforme a la ley de procedimiento administrativo común, la normativa sectorial y el reglamento, salvo que sea imposible localizar o identificar a los responsables. Si el acto afecta a sujetos determinados, se les da audiencia y el procedimiento debe resolverse y notificarse en seis meses como máximo. Excepcionalmente, el órgano que resuelve puede prorrogar el plazo por acuerdo motivado según el número de afectados, la dificultad de identificarlos o las notificaciones en el extranjero.

Explicación sencilla

Fija las garantías procedimentales de las medidas preventivas, la excepción por responsables no localizables, el plazo máximo de resolución y notificación y las causas que permiten prorrogarlo.

Regla mnemotécnica

Medida con destinatarios concretos: audiencia y seis meses para resolver y notificar (prorrogables).

Trampa típica de examen

Confundir el plazo máximo de las medidas preventivas con el de los sancionadores: aquí es de seis meses.

Texto del artículo 64 de la Ley 13/2003 (LDPCUA)

1. Para adoptar las medidas previstas en los artículos 59 y 61, será necesario seguir el correspondiente procedimiento tramitado conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la normativa sectorial correspondiente y a lo que se prevea reglamentariamente, salvo en aquellos casos en que fuera imposible la localización o identificación de los responsables de la producción, distribución o comercialización de bienes y servicios y a cualquier otro responsable del mantenimiento o existencia del riesgo. 2. Si el acto administrativo afecta a sujetos determinados, se les dará audiencia y las demás posibilidades de intervención que corresponden a los interesados según la referida Ley. En tal caso, el procedimiento deberá resolverse y notificarse en el plazo máximo de seis meses. 3. Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 6, de dicha Ley, podrá prorrogarse el plazo por acuerdo motivado del órgano al que corresponda la resolución, atendiendo al número de personas afectadas, a las dificultades para su identificación y localización y, en su caso, a la necesidad de practicar notificaciones en el extranjero.

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