Texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2012)
Artículo 79. Potestad sancionadora, procedimiento y competencia
En pocas palabras
La Administración de la Junta de Andalucía ejerce la potestad sancionadora sobre las infracciones de este título, previa instrucción del procedimiento sancionador. Corresponde a los órganos que se determinen reglamentariamente. El plazo para resolver y notificar es de diez meses desde el acuerdo de inicio; si transcurre sin resolución notificada, el procedimiento caduca, y si la infracción no ha prescrito debe iniciarse uno nuevo.
Explicación sencilla
Abre el régimen sancionador: atribuye la potestad a la Junta de Andalucía, deja al reglamento la designación de los órganos y fija un plazo propio de diez meses cuya superación provoca la caducidad, sin impedir un nuevo procedimiento si la infracción no ha prescrito.
Regla mnemotécnica
Diez meses desde el acuerdo de inicio o caduca; si la infracción vive (no ha prescrito), se empieza de nuevo.
Trampa típica de examen
Confundir caducidad del procedimiento con prescripción de la infracción: pasado el plazo caduca el procedimiento y, si la infracción no ha prescrito, debe iniciarse otro.
Texto del artículo 79 del Texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2012) (TRLCIA)
1. La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la potestad sancionadora respecto a las infracciones tipificadas en este título, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las demás disposiciones que sean de aplicación. 2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos que se determinen reglamentariamente. 3. El plazo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos sancionadores por las infracciones establecidas en la presente Ley será de diez meses, a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del mismo. En el caso de que la infracción no hubiese prescrito, deberá iniciarse un nuevo procedimiento.
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