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Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
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Crear cuenta gratis- Art. 1Principios generalesLa norma desarrolla el artículo 51.1 y 2 de la Constitución, que según su artículo 53.3 tiene carácter de principio informador del ordenamiento jurídico, y tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. La defensa de los consumidores se hará siempre en el marco del sistema económico de los artículos 38 y 128 de la Constitución y con sujeción a su artículo 139.
- Art. 2Ámbito de aplicación
- Art. 3Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerableSon consumidores o usuarios las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y también las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que actúan sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Son personas consumidoras vulnerables, respecto de relaciones concretas de consumo, las personas físicas que se encuentran en especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide ejercer sus derechos en igualdad.
- Art. 4Concepto de empresarioEs empresario toda persona física o jurídica, privada o pública, que actúe con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, tanto si lo hace directamente como si actúa a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones.
- Art. 5Concepto de productorSin perjuicio del artículo 138, es productor el fabricante del bien, el prestador del servicio o su intermediario, el importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea y cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien (envase, envoltorio u otro elemento de protección o presentación) o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.
- Art. 6Concepto de productoEl artículo define el concepto de producto a efectos de la norma: es producto todo bien mueble, conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil. Esta definición general se aplica sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136.
- Art. 7Concepto de proveedorProveedor es el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, sea cual sea el título o contrato en virtud del cual realice esa distribución. Basta, pues, con suministrar o distribuir productos, con independencia del título jurídico de la relación.
- Art. 8Derechos básicos de los consumidores y usuariosDerechos básicos de consumidores y vulnerables: a) protección frente a riesgos para salud o seguridad; b) protección de intereses económicos y sociales, en particular frente a prácticas desleales y cláusulas abusivas; c) indemnización de daños y reparación de perjuicios; d) información correcta en formatos accesibles, y educación y divulgación; e) audiencia en consulta, participación en disposiciones generales y representación por asociaciones; f) procedimientos eficaces. Los derechos de los vulnerables gozan de especial atención.
- Art. 9Bienes y servicios de uso comúnLos poderes públicos deben proteger de forma prioritaria los derechos de los consumidores y usuarios cuando estos guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
- Art. 10Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuarioLa renuncia previa a los derechos que la norma reconoce a los consumidores y usuarios es nula. También son nulos los actos realizados en fraude de ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil.
- Art. 11Deber general de seguridadLos bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. Son seguros los que, en condiciones de uso normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presentan riesgo alguno para la salud o seguridad de las personas, o solo los riesgos mínimos compatibles con su uso y considerados admisibles dentro de un nivel elevado de protección.
- Art. 12Información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos de los bienes o serviciosLos empresarios deben informar previamente al consumidor, por medios apropiados, de los riesgos que puedan derivar de una utilización previsible de los bienes y servicios, según su naturaleza, características, duración y destinatarios. Los productos químicos y artículos con sustancias clasificadas como peligrosas deben ir envasados con las debidas garantías de seguridad y llevar de forma visible indicaciones que adviertan del riesgo de su manipulación.
- Art. 13Otras obligaciones específicas para la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuariosTodo empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y servicios debe respetar, dentro de los límites de su actividad, reglas como: no tener productos no permitidos en locales de alimentos o bebidas; controlar el origen y destino de bienes potencialmente inseguros; no vender a domicilio bebidas y alimentos, con salvedades; cumplir la normativa local o autonómica sobre venta ambulante; no suministrar bienes sin marcas de seguridad; retirar lo inseguro; no importar productos que incumplan la norma.
- Art. 14Reglamentos de bienes y serviciosLos reglamentos de cada bien o servicio determinarán, en lo preciso para la salud y seguridad: conceptos y clasificaciones; instalaciones y personal; procedimientos de fabricación, distribución y comercialización; etiquetado, presentación y publicidad; requisitos esenciales de seguridad; métodos oficiales de análisis y control; garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones; y régimen de autorización, registro y revisión. Las Administraciones públicas competentes pueden fijar reglamentariamente medidas proporcionadas en cualquier fase de producción y comercialización.
- Art. 15Actuaciones administrativasAnte riesgos para la salud y seguridad, las Administraciones competentes pueden adoptar medidas necesarias y proporcionadas, incluida la intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. Los gastos son de quien los originó, con independencia de las sanciones, y pueden exigirse por apremio. Las Administraciones pueden informar a los afectados de riesgos, medidas y precauciones. Los coordinadores de los sistemas estatales de alertas trasladan a las autoridades aduaneras las comunicaciones sobre productos de terceros países.
- Art. 16Medidas extraordinarias ante situaciones de urgencia y necesidadCon carácter excepcional, ante situaciones de extrema gravedad que supongan una agresión indiscriminada a la salud y seguridad de los consumidores en más de una comunidad autónoma, el Gobierno puede constituir, durante el tiempo imprescindible para hacer cesar la situación, un órgano en el que se integren las comunidades autónomas afectadas y que asume las facultades administrativas que se le encomienden.
- Art. 17Información, formación y educación de los consumidores y usuariosLos poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, fomentan la formación y educación de los consumidores, aseguran que dispongan de la información precisa para ejercer sus derechos y velan por que reciban información comprensible sobre el uso y consumo de bienes y servicios. Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedican espacios y programas no publicitarios a su información y educación. Se presta especial atención a los sectores con mayor proporción de personas consumidoras vulnerables.
- Art. 18Etiquetado y presentación de los bienes y serviciosEl etiquetado y la presentación no deben inducir a error, en especial sobre las características del bien, con ambigüedades sobre su contenido (sobre todo alérgenos), atribuyéndole efectos que no posea o sugiriendo particularidades que tienen todos los similares. Todo bien o servicio debe dar información veraz, eficaz, suficiente y accesible sobre productor, composición, calidad, fechas y lote, instrucciones y residuos, y atención al cliente y reclamaciones. Las indicaciones obligatorias figurarán, al menos, en castellano.
- Art. 19Principio general y prácticas comercialesLos intereses económicos y sociales de los consumidores se respetan conforme a esta norma y la demás aplicable. Si el empresario no contribuye a una solución consensuada sobre una cláusula de idéntica significación que otra ya declarada abusiva, el juez que le condene a restituir impone de oficio una indemnización por mora: interés legal incrementado en el 50 por 100, no inferior al 20 por 100 pasados dos años. Las prácticas comerciales se sujetan a esta ley y a las de Competencia Desleal y Comercio Minorista; las relaciones contractuales no lo son.
- Art. 20Información necesaria en la oferta comercial de bienes y serviciosLas prácticas comerciales con información de características y precio deben incluir al menos: identidad y domicilio del empresario; características esenciales; precio final completo con impuestos y gastos; pago y plazos de entrega si se apartan de la diligencia profesional; derecho de desistimiento; y, en mercados en línea, si el tercero es empresario. Las reseñas deben referirse a bienes o servicios adquiridos o utilizados en los treinta días naturales anteriores. La carga de la prueba es del empresario.
- Art. 20 bisMedidas correctoras como consecuencia de las prácticas comerciales desleales a disposición de los consumidores y usuarios perjudicadosPara ejercer las acciones del artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la Ley de Competencia Desleal, se considera acreditado, salvo prueba en contrario, el uso de prácticas desleales contra consumidores constatado en resolución firme de una autoridad competente o de un órgano jurisdiccional. Quienes realizaron conjuntamente la infracción responden solidariamente de los daños y perjuicios. La existencia de una práctica desleal no puede utilizarse en ningún caso contra los intereses de los consumidores.
- Art. 20 terLimitación del incremento del precio final en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de las personas consumidoras
- Art. 21Régimen de comprobación y servicios de atención al clienteEl régimen de comprobación, reclamación, garantía y devolución debe permitir al consumidor conocer el bien, reclamar con eficacia, hacer efectivas las garantías y obtener la devolución equitativa del precio, total si hay falta de conformidad. La atención al cliente da clave identificativa y justificante escrito, atención personal directa y no sirve para comunicación comercial. La línea telefónica no puede costar más que una llamada fija geográfica o móvil estándar. Respuesta a reclamaciones en quince días como máximo.