Real Decreto 713/2024, Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo
Artículo 2. Ámbito de aplicación
En pocas palabras
Solo caben en el arbitraje de consumo las controversias entre consumidores o usuarios y empresarios del artículo 1.2 sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho. Quedan excluidas: a) las que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos; b) las referidas a servicios públicos de interés general, no económicos o prestacionales, facilitados por las administraciones públicas.
Explicación sencilla
Delimita qué litigios entran en el sistema: la regla es la libre disposición de las partes y las exclusiones son dos. Es la base para decidir si una controversia puede someterse a arbitraje de consumo.
Regla mnemotécnica
Fuera del arbitraje, ILMD: Intoxicación, Lesión, Muerte e indicios de Delito; y los servicios públicos no económicos o prestacionales de las administraciones.
Trampa típica de examen
Pensar que se excluyen todos los servicios públicos: solo quedan fuera los de interés general no económicos o prestacionales facilitados por las administraciones públicas.
Texto del artículo 2 del Real Decreto 713/2024 (RSAC)
1. Únicamente podrán ser objeto de arbitraje de consumo las controversias surgidas entre consumidores o usuarios y empresarios a los que se refiere el artículo 1.2 que versen sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho. 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo las controversias: a) Que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquellos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos, conforme a lo previsto en el artículo 57.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. b) Que se refieran a servicios públicos de interés general, no económicos o prestacionales, facilitados por las administraciones públicas.
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