Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía

Artículo 109. Competencia sancionadora

En pocas palabras

La potestad sancionadora en materia de agua corresponde a la consejería competente, salvo la que por la cuantía corresponde al Consejo de Gobierno. Imponen las sanciones: las personas titulares de las delegaciones provinciales, hasta 60.000 euros; la secretaría general o dirección general competente, de 60.001 a 150.250; la persona titular de la consejería, de 150.251 a 300.500; y el Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500. La iniciación corresponde a las personas titulares de las delegaciones provinciales.

Explicación sencilla

Reparte la competencia para sancionar por tramos de cuantía: cuanto mayor es la multa, más alto es el órgano que la impone. La iniciación, en cambio, queda siempre en las delegaciones provinciales.

Regla mnemotécnica

60 - 150 - 300 mil: delegación provincial, secretaría o dirección general, consejería; por encima de 300.500 €, Consejo de Gobierno. Inicia siempre la delegación.

Trampa típica de examen

Atribuir la iniciación al órgano que resuelve según la cuantía: iniciar los procedimientos corresponde siempre a las personas titulares de las delegaciones provinciales.

Texto del artículo 109 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía

1. Corresponde a la consejería competente en materia de agua el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio de la que, por razón de la cuantía de la sanción a imponer, corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. La imposición de las sanciones en materia de agua corresponde a: a) Las personas titulares de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de agua, hasta 60.000 euros. b) La persona titular de la secretaría general o dirección general con competencia por razón de la materia en la consejería competente en materia de agua, desde 60.001 hasta 150.250 euros. c) La persona titular de la consejería competente en materia de agua, desde 150.251 hasta 300.500 euros. d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500 euros. 3. La iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de las delegaciones provinciales de la consejería competente en materia de agua.

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