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Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía

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Art. 1Objeto y finalidadRegula las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales andaluzas en materia de agua, para su protección y uso sostenible. Abarca ocho materias: Administración del Agua y planificación; participación e información; obras hidráulicas de interés autonómico; ciclo integral de uso urbano y entidades supramunicipales; inundaciones y sequía; ingresos; régimen sancionador; y calidad de las aguas y vertidos. Finalidad: garantizar las necesidades básicas de agua de la población y compatibilizar el desarrollo con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
Art. 2Ámbito de aplicaciónLa Ley se aplica a las aguas superficiales continentales, de transición, costeras y subterráneas que transcurren o se hallan en Andalucía, conforme a los artículos 50 y 51 del Estatuto de Autonomía y a la legislación básica. Incluye también las aguas minerales y termales, que forman parte del dominio público según la legislación básica de aguas y minas. Se aplica sin perjuicio de la normativa sectorial y de las competencias de otras Administraciones por razón de la materia.
Art. 3Demarcaciones y Distritos Hidrográficos de AndalucíaLas aguas de Andalucía se integran en demarcaciones hidrográficas intracomunitarias e intercomunitarias. Son intracomunitarias aquellas cuyas cuencas están situadas íntegramente en Andalucía; su delimitación geográfica la realiza el Consejo de Gobierno mediante decreto. El ámbito de las demarcaciones con cuencas intercomunitarias en que actúe la Junta es el que fije la legislación del Estado. Para gestionar las aguas de competencia autonómica se podrán establecer distritos hidrográficos, delimitados también por decreto del Consejo de Gobierno.
Art. 4DefinicionesDefine, a efectos de la Ley y sin perjuicio de la normativa básica, los conceptos clave: acuífero; clases de aguas (subterráneas, continentales, litorales, costeras y de transición); contaminación hídrica; buen estado de las aguas subterráneas; captación propia; caudal ecológico; ciclo integral del agua de uso urbano (aducción, baja, saneamiento, depuración y regeneración); CUMAS; entidades prestadoras y suministradoras; usos del agua (alto consumo: más de 100.000 m³ anuales); usuarios; zonas inundables (retorno de quinientos años) y Entes Supramunicipales del Agua.
Art. 5PrincipiosLa actuación administrativa en materia de agua se rige por doce principios: prevención y restauración del buen estado de los ecosistemas acuáticos; uso sostenible, con reutilización y ahorro; protección de la salud, priorizando para el consumo el agua de mejor calidad; unidad de gestión; eficacia, desconcentración y participación; colaboración entre Junta y gobiernos locales; compatibilidad con la ordenación del territorio; transparencia y rendición de cuentas; sometimiento a la planificación; viabilidad de las infraestructuras; recuperación de costes (quien contamina paga); y cautela.
Art. 6Objetivos medioambientales en materia de aguaSin perjuicio del Reglamento de la Planificación Hidrológica, son objetivos medioambientales: prevenir el deterioro de las masas de agua y restaurarlas, garantizando caudales ambientales; un uso racional que asegure el suministro a largo plazo, con el principio de prudencia; reducir progresivamente la contaminación; compatibilizar la gestión de recursos con la calidad de las aguas; integrar en las políticas sectoriales y el urbanismo el dominio público hidráulico y las zonas inundables; y los del artículo 80 de la Ley 7/2007. Si recuperar una masa es imposible o desproporcionadamente costoso, pueden fijarse objetivos propios.
Art. 7Derechos y obligaciones de los usuarios del aguaLos usuarios abastecidos por entidad suministradora tienen ocho derechos (medio hídrico de calidad, servicio con garantía, aviso previo de cortes programados, información sobre tarifas, contadores instalados por la suministradora a su costa, información, participación e igualdad de trato) y seis obligaciones (uso racional, evitar el deterioro, reparar averías, pagar cánones y tarifas, facilitar el acceso a inspectores y cumplir las ordenanzas). Los de captación propia tienen esos derechos salvo el 3.º y el 5.º y esas obligaciones salvo la 5.ª y la 6.ª, más otras tres propias.
Art. 8CompetenciasLa Junta, en las aguas de su competencia, asume entre otras: la planificación hidrológica intracomunitaria y la participación en la intercomunitaria; en el Guadalquivir, las competencias sobre los volúmenes asignados a Andalucía; la concesión de usos, el control de calidad y la policía del dominio público hidráulico; la desalación; la sequía; los sistemas supramunicipales; los criterios básicos de tarifación, sin perjuicio de que los entes locales fijen el precio; las autorizaciones de vertido; y la potestad sancionadora. Las ejercen el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de agua.
Art. 9Competencias del Consejo de GobiernoCorresponde al Consejo de Gobierno: delimitar las demarcaciones intracomunitarias; aprobar inicialmente sus planes hidrológicos; aprobar los planes hidrológicos específicos y los programas específicos de medidas del artículo 26; aprobar el régimen del uso del agua en emergencia por sequía; autorizar la constitución de bancos públicos del agua; declarar de interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas; determinar el ámbito de los sistemas de gestión supramunicipales; desarrollar por decreto las normas sobre suministro domiciliario, saneamiento y depuración; e imponer las sanciones que le correspondan.
Art. 10Órganos de la Administración Andaluza del AguaLos órganos de la consejería competente en materia de agua se fijan por decreto del Consejo de Gobierno y deben incluir órganos colegiados de participación decisorios, asesores (con informes preceptivos) y de control; integrar en los de participación social a los agentes económicos y sociales y a organizaciones de usuarios; y contar con un Observatorio del Agua. En los órganos decisorios de participación social, los usuarios no serán menos de un tercio: los agrarios según superficie regable, los urbanos según población abastecida y los industriales según volumen de agua consumida.
Art. 11Funciones de la Administración Andaluza del AguaLa consejería competente en materia de agua ejerce, directamente o mediante entidades instrumentales, las funciones de los organismos de cuenca que correspondan a Andalucía. Destacan: expropiación por agencias públicas por delegación del titular de la consejería; planificación hidrológica intracomunitaria y colaboración en la del Guadalquivir, Guadiana y Segura; concesiones, autorizaciones, registro de aprovechamientos y vertidos y deslindes; infraestructuras; sequía e inundaciones; e informar los instrumentos de ordenación territorial antes de su aprobación y los urbanísticos tras su aprobación inicial.
Art. 12Multas coercitivas a comunidades de usuariosLa consejería competente en materia de agua puede imponer multas coercitivas a las comunidades de usuarios que incumplan las resoluciones definitivas en vía administrativa que ella dicte, previo apercibimiento y plazo para alegaciones. Cada multa va de 300 a 3.000 euros, puede reiterarse en periodos de un mes hasta el cumplimiento íntegro de la resolución y su importe puede exigirse por vía de apremio.
Art. 13Competencias de los municipiosCorresponde a los municipios ordenar y prestar los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano: aducción, abastecimiento en baja, saneamiento, depuración y reutilización; aprobar las tasas o tarifas; controlar los vertidos a la red municipal; autorizar vertidos a fosas sépticas y redes de saneamiento; y la potestad sancionadora, incluida la aprobación de reglamentos que tipifiquen infracciones. Ordenar implica aprobar reglamentos del servicio y planificar, ejecutar y explotar las obras hidráulicas municipales. Pueden prestar los servicios por sí o a través de diputaciones y entes supramunicipales.
Art. 14Los Entes Supramunicipales del AguaLos entes supramunicipales del agua tienen personalidad jurídica propia y adoptan forma de consorcio, mancomunidad u otra asociativa entre entidades locales. Su constitución requiere informe previo de la consejería competente en materia de agua. Gestionan los servicios supramunicipales de aducción y depuración y las competencias que les deleguen entidades locales y Junta. Pueden usar gestión directa o indirecta. Cada ente debe crear un órgano de participación de los intereses socioeconómicos y puede ejecutar obras de interés autonómico mediante los convenios del artículo 31.
Art. 15Creación, composición y funcionesConforme al artículo 36 bis.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Consejo de Gobierno crea y regula por decreto la Comisión de Autoridades Competentes, adscrita a la consejería competente en materia de agua, para cooperar en la aplicación de las normas de protección de las aguas en Andalucía. Puede integrar a representantes del Estado, la Junta y las entidades locales, y la preside la persona titular de esa consejería. Funciones: favorecer la cooperación, impulsar medidas de protección y proporcionar información sobre las demarcaciones.
Art. 16El Consejo Andaluz del AguaEl Consejo Andaluz del Agua es el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua. La Ley no fija su composición ni sus funciones: se establecerán por decreto del Consejo de Gobierno.
Art. 17El Observatorio del AguaEl Observatorio del Agua es un órgano colegiado de la Junta, adscrito a la consejería competente en materia de agua, consultivo y de participación social; su objeto, organización, composición y funciones se fijan por decreto del Consejo de Gobierno. Hace estudios, propuestas y análisis, entre otras funciones. Puede pedir información, cuyo suministro es obligatorio. Su director lo nombra el Consejo de Gobierno entre profesionales de reconocido prestigio, a propuesta de la consejería. Los usuarios se representan en secciones según uso urbano y no urbano.
Art. 18Participación de las personas interesadas en la gestión del aguaLos órganos colegiados de gestión y coordinación que garantizan la participación de las personas interesadas en la Administración del Agua se establecen mediante decreto del Consejo de Gobierno, conforme a los principios de la Ley y a los artículos 10.2 y 14.5. Si no está constituido el ente supramunicipal del agua, son las corporaciones locales las que garantizan la participación pública en los términos del artículo 10.2.
Art. 19Información ambiental y difusión de estadísticas del aguaLa información sobre el medio hídrico es información ambiental conforme a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y se integra en la Red de Información Ambiental de Andalucía. La consejería competente en materia de agua facilita el acceso de la ciudadanía a la información sobre uso, gestión, planificación y protección del medio hídrico, con programas de educación y divulgación ambiental. Los medios y procedimientos se diseñan teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y hombres. Los cauces de acceso se fijan reglamentariamente.
Art. 20Elaboración de la planificaciónLa consejería competente en materia de agua elabora la planificación de las demarcaciones intracomunitarias y participa en la estatal, en especial en la parte andaluza del Guadalquivir, Guadiana y Segura. El Consejo de Gobierno aprueba inicialmente esa planificación y el Gobierno de la Nación la aprueba definitivamente mediante Real Decreto. La participación de usuarios y agentes se canaliza por órganos colegiados de la consejería; la pública general, mediante exposición pública para alegaciones, consulta activa y difusión antes de la aprobación inicial.
Art. 21Reservas fluvialesEl Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de aguas, podrá reservar cauces fluviales o masas de agua para conservar su estado natural y proteger su biodiversidad, paisaje, patrimonio fluvial y valor como corredor fluvial ecológico. La reserva supone la limitación parcial o completa de autorizaciones o concesiones sobre el dominio reservado. Los planes hidrológicos de demarcación incorporan las reservas, y sus necesidades ambientales de caudales son restricciones previas a los usos del agua.
Art. 22ObjetivosLa planificación de las aguas de competencia andaluza busca el buen estado ecológico del dominio público hidráulico y de las masas de agua, compatible con la garantía sostenible de las demandas. Sus objetivos: prevenir el deterioro adicional; atender la demanda con racionalidad, una vez garantizados los caudales ambientales; recuperar sistemas deteriorados; gestión equilibrada e integradora; analizar efectos económicos, sociales, ambientales y territoriales del uso; conservar masas, zonas húmedas y ecosistemas; y fijar el caudal ecológico de cada masa.
Art. 23Orden de preferencia de usosLos planes de demarcación fijan el orden de preferencia de usos. Con carácter supletorio, en las aguas de competencia exclusiva andaluza, la escala es: a) usos domésticos para consumo de boca y salubridad; b) urbanos no domésticos de bajo consumo; c) agrarios, industriales, turísticos y otros no urbanos, y urbanos de alto consumo; d) otros usos. Dentro de c) se prioriza por sostenibilidad, cohesión territorial y empleo y riqueza, con preferencia de los usos en espacio industrial protegido y proyectos tractores. El plan fija los requisitos de la utilidad pública a efectos expropiatorios.
Art. 24Planes Hidrológicos de DemarcaciónLos planes de demarcación estructuran la información de la planificación para valorar el estado actual y fijar objetivos por horizontes temporales. Tienen el contenido obligatorio del artículo 42 del TRLA, se ajustan al Plan Hidrológico Nacional y recogen los espacios naturales protegidos. Criterios: garantizar consumo doméstico y necesidades medioambientales; prudencia al evaluar disponibilidades; presunción de relación entre aguas superficiales y subterráneas salvo prueba en contrario; dotaciones eficientes; demarcación como único sistema de explotación; costes que incluyan los ambientales.
Art. 25Programas de MedidasLos programas de medidas concretan actuaciones y medios para alcanzar los objetivos de los planes de demarcación. Determinan inversiones y el régimen financiero de la Junta y, si procede, de los beneficiarios. Las inversiones de otras Administraciones forman programa específico. Contemplan, al menos, trece aspectos (de la a a la m), entre ellos contadores volumétricos obligatorios. En sistemas con sobredemanda, los nuevos recursos se destinan a recuperar el buen estado de las masas y a mejorar los usos concedidos, prioritariamente el abastecimiento urbano.
Art. 26Planes Hidrológicos Específicos y Programas Específicos de MedidasLa consejería competente en materia de agua puede elaborar, como complemento de los planes de demarcación, planes hidrológicos específicos y programas específicos de medidas, de ámbito regional, comarcal o subregional. Los planes específicos tienen un contenido obligatorio en cinco bloques. Se aprobará un plan específico de restauración de ríos con cuatro prioridades. Los programas específicos priorizan proteger infraestructuras públicas y núcleos de población. La consejería aprueba y ejecuta cada año un programa de limpieza y mantenimiento de cauces.
Art. 27Procedimiento y competencias para la aprobación de Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos de Demarcación, Planes Hidrológicos Específicos y Programas Específicos de MedidasEl Consejo de Gobierno aprueba el programa de medidas de los planes de demarcación, los planes hidrológicos específicos y los programas específicos de medidas, salvo el programa de limpieza y mantenimiento de cauces del artículo 26.5. En el procedimiento se atiende a la participación de los interesados mediante los órganos colegiados de participación social y la información pública. El Consejo de Gobierno puede revisarlos a propuesta motivada de la persona titular de la consejería y, por razones extraordinarias, revisar objetivos de calidad o acordar la inejecución de actuaciones u obras.
Art. 28Efectos de los instrumentos de planificación previstos en esta LeyLos planes hidrológicos de demarcación y los específicos son planes con incidencia en la ordenación del territorio, según la Ley 1/1994. La consejería competente en materia de agua puede, por razones de interés público, reasignar volúmenes entre sistemas de explotación. Los usuarios afectados solo tienen derecho a indemnización si sufren un perjuicio real en favor de otros usuarios, que son quienes deben pagarla. Los criterios de cálculo se fijan reglamentariamente y deben estar aprobados al tiempo de la reasignación, junto con la redistribución de cánones y tarifa.
Art. 29Obras de interés de la Comunidad Autónoma de AndalucíaSon obras de interés de la Comunidad Autónoma, entre otras, las de regulación y conducción (si se declara expresamente), las de control y defensa del dominio público hidráulico, las de corrección hidrológico-forestal, las de abastecimiento, potabilización, desalación y depuración declaradas por el Consejo de Gobierno y las previstas en la planificación. Las supramunicipales no requieren licencia municipal; el informe previo de las entidades locales se entiende favorable si no se emite y notifica en un mes. Aprobar el proyecto implica utilidad pública y urgente ocupación.
Art. 30Financiación de infraestructuras hidráulicasSi las infraestructuras hidráulicas de la consejería competente en materia de agua se ejecutan mediante entidades instrumentales, la encomienda de gestión fija su financiación (aportaciones de la consejería y, en su caso, de otros sujetos públicos o privados por convenio), el límite de endeudamiento de la entidad y las garantías a favor de la entidad financiera. El endeudamiento requiere autorización de la consejería competente en materia de hacienda.
Art. 31Convenios de colaboraciónLos convenios de colaboración entre la consejería competente en materia de agua y las entidades locales son el instrumento ordinario para planificar y ejecutar las infraestructuras de aducción y depuración. Fijan obras, terrenos, contratación, financiación y obligaciones. Tras la entrega, la titularidad pasa al municipio o ente supramunicipal; la consejería preavisa con al menos quince días. Se publican en el BOJA y pueden superar el plazo de duración de la Ley 40/2015 si se justifica.
Art. 32Sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbanoLos sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano pueden gestionarlos los entes supramunicipales del agua o las diputaciones provinciales. El Consejo de Gobierno fija su ámbito territorial con criterios técnicos y de viabilidad económica, previa audiencia de las entidades locales. La integración es obligatoria cuando lo establezca resolución motivada de la persona titular de la consejería competente en materia de agua, o si una captación abastece a dos o más municipios. No integrarse impide acceder a ayudas.
Art. 33Rendimiento en las redes de abastecimientoLas entidades y gestores de redes de abastecimiento cuyo rendimiento sea inferior al fijado reglamentariamente no pueden recibir financiación de la Junta para esas instalaciones ni otras medidas de fomento. Las entidades públicas titulares deben aprobar un plan de acción obligatorio, con partidas y plazos de inversión, y remitirlo al órgano competente en aguas. Si no lo aprueban o lo incumplen, pierden incentivos y pueden condicionarse temporalmente los incrementos de suelo urbanizable.
Art. 34Garantía para la prestación de los servicios de aducción y depuraciónLos municipios garantizan la aducción y depuración por sí mismos o a través de diputaciones o entes supramunicipales. La consejería competente en materia de agua puede asumir el servicio subsidiariamente y a costa del ente local si hay grave riesgo para la salud (a requerimiento de la consejería de salud) o incumplimiento ambiental reiterado, o si no se integran en el sistema supramunicipal obligatorio. Antes requiere a la entidad local con un plazo no inferior a un mes; después puede imponer multas coercitivas o gestionar directamente.
Art. 35Obligación de constituir Comunidades de Usuarios de Masas de Agua SubterráneaLos titulares de derechos sobre una masa de agua subterránea deben constituir una comunidad de usuarios cuando lo requiera la consejería competente en materia de agua, previa audiencia, o voluntariamente. Es obligatoria en todo caso, en el plazo máximo de seis meses, cuando la consejería identifique una masa en riesgo de no alcanzar el buen estado; si no, la consejería la constituye de oficio. Caben comunidades generales y juntas centrales de usuarios, que la consejería puede imponer por interés general.
Art. 36Naturaleza y régimen jurídico de Comunidades de Usuarios de Masas de Agua SubterráneaLas comunidades de usuarios de masas de agua subterránea son corporaciones de derecho público adscritas a la consejería competente en materia de agua, que vela por sus estatutos. Sus estatutos u ordenanzas fijan finalidad, ámbito, participación obligatoria y reparto equitativo de gastos, cánones y tarifas, y prevén infracciones y sanciones que impone el jurado. La consejería no puede denegar su aprobación ni introducir variantes sin previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Art. 37Funciones de las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea en el ámbito de competencias de la Administración Andaluza del AguaAdemás de las facultades generales del artículo 83 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea adscritas a la consejería competente en materia de agua tienen, en su ámbito: informe en el otorgamiento, modificación o extinción de derechos de uso de aguas subterráneas; control de extracciones y contadores; denuncia de actividades que deterioren la calidad o de captaciones y modificaciones no autorizadas; defensa de aprovechamientos; fomento del uso racional; participación en órganos de la consejería, y cumplir los programas de recuperación.
Art. 38Convenios entre la Consejería competente en materia de agua y las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua SubterráneaLa consejería competente en materia de agua celebrará convenios con las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea para que colaboren en el control del régimen de explotación y el respeto a los derechos sobre las aguas. Pueden incluir asistencia técnica y económica, ayuda en la regularización de aprovechamientos, seguimiento del estado cuantitativo y químico, colaboración en planes de recuperación, participación en la planificación hidrológica y sustitución de captaciones preexistentes por comunitarias. También pueden suscribirlos comunidades generales y juntas centrales.
Art. 39Participación y representación de las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea en los órganos de gobierno y participación de la Consejería competente en materia de aguaLas comunidades de usuarios de masas de agua subterránea participan en los órganos de la consejería competente en materia de agua en proporción a su representación de usuarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 de la propia Ley de Aguas de Andalucía.
Art. 40Servidumbre de protección de caucesEn las zonas de servidumbre de protección de cauces se garantiza con carácter general la continuidad ecológica: deben permanecer regularmente libres de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar según la legislación básica. Las condiciones técnicas para actuaciones de las Administraciones con fines de interés general se fijarán reglamentariamente; mientras, rige su normativa técnica específica, y la consejería puede fijar condicionantes específicos. Las actuaciones de protección de cauces en esas zonas se declaran de utilidad pública a efectos de expropiación forzosa.
Art. 41Zona de policíaLa zona de policía incluye la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas. Las limitaciones de usos en servidumbre y policía son las del Texto Refundido, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la legislación básica estatal, el plan hidrológico y el plan de gestión del riesgo de inundación. La consejería puede autorizar en esas zonas actividades no vulnerables a avenidas que no reduzcan significativamente la capacidad de las vías de intenso desagüe y actuaciones que reduzcan daños o probabilidad de inundación, si no deterioran las masas de agua.
Art. 42Informes de la Administración hidraúlicaLa consejería competente en materia de aguas informa los actos y planes autonómicos y locales que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas o a los usos en dominio público hidráulico y sus zonas. En los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se pide tras su aprobación inicial; es vinculante y debe emitirse en tres meses, y si no, se entiende desfavorable. Ante nuevas demandas, se pronuncia sobre si hay recursos suficientes.En zonas inundables el informe es previo a la autorización urbanística. En demarcaciones intercomunitarias se pide a las Confederaciones Hidrográficas.
Art. 43CartografíaEl Plan Cartográfico de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno, incluirá la cartografía del dominio público hidráulico, que es pública y debe tenerse en cuenta al elaborar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Delimita: el dominio público hidráulico, la zona inundable de 100 años y la de 500 años de periodo de retorno (régimen real, suelo semisaturado) y las vías de intenso desagüe. Los interesados, a su costa, pueden pedir a la consejería estudios en detalle. La cartografía no altera la posesión ni la titularidad de los terrenos.
Art. 44Asignación de recursosLa consejería competente en materia de agua asigna los recursos, fija su procedencia y puede sustituir caudales por otros de distinto origen (incluidas aguas regeneradas y desaladas); los nuevos usuarios beneficiados asumen los perjuicios y costes. Destina el agua de mejor calidad al abastecimiento de la población. Los caudales ecológicos no son un uso y no generan indemnización. Los derechos de uso privativo no aseguran caudales ni se indemnizan las restricciones por sequía. Si un municipio se niega a la conexión ordenada, cabe multa coercitiva o ejecución subsidiaria.
Art. 45Concesiones de uso de aguasLas concesiones siguen la legislación básica con particularidades: la consejería puede modificar usos a instancia del titular; considera las disponibilidades globales de la demarcación; plazo máximo de veinte años, ampliable si las inversiones lo exigen. Se revisan sin indemnización por uso ineficiente o parcial (tres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en diez) y tras modernizaciones. Si no hay ningún uso durante tres años seguidos o cinco con interrupción en diez, el derecho se declara caducado. Los titulares deben instalar medidores de caudal homologados.
Art. 46Bancos Públicos del AguaEn cada demarcación o distrito hidrográfico podrá constituirse un Banco Público del Agua, a través del cual la consejería hace ofertas públicas de adquisición de derechos para: buen estado ecológico de las masas, corregir desequilibrios entre sistemas, constituir reservas, atender fines de interés autonómico y ceder derechos por el precio que se acuerde. Sus dotaciones proceden de expropiaciones y de la revisión o extinción de concesiones. Lleva contabilidad separada. Se constituye por decreto del Consejo de Gobierno. Para adquirir derechos no se exige ser usuario previo.
Art. 47Contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguasLa cesión de derechos al uso privativo de las aguas se rige por el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con estas reglas: es temporal; debe hacerse para usos de igual o mayor rango según el plan hidrológico o, en su defecto, el artículo 23, acreditando criterios de sostenibilidad, cohesión territorial y empleo si son usos de la letra c); excepcionalmente, por interés general, la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente puede autorizar cesiones sin respetar la prelación; y el adquirente debe ser ya concesionario o titular de algún derecho.
Art. 48Infraestructuras de conexión intercuencasCon autorización previa de la persona titular de la consejería competente en materia de agua pueden usarse infraestructuras que conectan territorios de distintos planes hidrológicos de cuenca para las transacciones del capítulo III, siempre que se cumplan las leyes singulares de cada trasvase y haya informe favorable de la consejería. El régimen económico financiero es el de las normas singulares que regulan la explotación de esas infraestructuras.
Art. 49Planes y programas de inspección y controlLa consejería competente en materia de agua aprueba y ejecuta cada año, directamente o con sus entidades instrumentales, un programa de inspecciones de vertidos con frecuencia basada en seis criterios (entre ellos, incumplimientos previos y peligrosidad del vertido). Para los titulares de usos privativos hay un plan de control según la importancia del aprovechamiento. También anualmente aprueba un programa de inspecciones de aprovechamientos: denegados, sancionados, sobre masas subterráneas (sobre todo en riesgo) y que afecten al abastecimiento.
Art. 50Creación del Registro de derechos de aguasSe crea el Registro de derechos de aguas, llevado por la consejería competente en materia de agua, para elaborar estadísticas hidrológicas y coadyuvar en la gestión del dominio público hidráulico y la planificación. Es una estructura informática que permite emitir certificaciones. Se inscriben de oficio las concesiones y demás títulos y sus cambios autorizados. Es público, con acceso según la legislación de acceso a la información. Las certificaciones las expide la persona responsable del Registro, que debe ser funcionaria de carrera.
Art. 50 bisOrganización y funcionamiento del Registro de derechos de aguasEl Registro de derechos de aguas se organiza y funciona según la Sección 12.ª del Capítulo III del Título II del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), con dos salvedades: las referencias a los organismos de cuenca se entienden hechas a la Consejería competente en materia de aguas, y la gestión del Registro corresponde al órgano que gestione el dominio público hidráulico en esa Consejería, que puede dictar disposiciones de desarrollo. Los efectos de la inscripción y las certificaciones se rigen por la Subsección 1.ª de esa Sección.
Art. 51Aprovechamientos de aguas subterráneasNo se pueden hacer captaciones sin concesión o autorización; las de hasta 7.000 m³ anuales necesitan autorización si la masa está en riesgo o sometida a control preventivo. Abrir pozos o cambiar su diámetro, profundidad o ubicación exige autorización previa. Basta comunicar los almacenamientos en balsas de hasta 50.000 m³ que no superen el 20 % del volumen anual. La mera limpieza de pozos se comunica con quince días de antelación. Ampliar el riego con aguas privadas exige autorización y acreditar que no aumenta el consumo ni daña la masa ni a terceros.
Art. 52Deberes de colaboraciónLos titulares de usos privativos de aguas subterráneas deben permitir el acceso a terrenos, instalaciones y obras en los términos del artículo 104. Previo requerimiento de la consejería, las compañías energéticas deben facilitar datos de titulares de contratos ligados a captaciones, potencias y consumos, y las de sondeos un inventario de sus operaciones. Antes de prestar el servicio o ejecutar la obra, ambas deben exigir al promotor que acredite la autorización de investigación o la concesión o autorización de extracción, y ceñirse a sus límites.
Art. 53Pozos abandonadosEl titular de los terrenos con pozos en desuso debe sellarlos, previa comunicación a la consejería; si los terrenos son públicos, el obligado es el titular del derecho al uso privativo. Si no lo hace, además de la posible caducidad y sanciones, la consejería le requiere el sellado mediante órdenes de ejecución dictadas previa audiencia. Pasado el plazo de la orden, la consejería puede ejecutar subsidiariamente el sellado, previo requerimiento y a costa del titular.
Art. 54Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estadoCuando una masa de agua subterránea ha sido identificada en riesgo de no alcanzar un buen estado, la Consejería competente en materia de agua debe llevar a cabo las medidas previstas en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Además, la Consejería fomentará la aportación de recursos externos o no convencionales que mejoren el estado de la masa y permitan satisfacer las demandas.
Art. 55Perímetro de protección de las masas de agua subterráneaLa consejería puede fijar un perímetro de protección de una masa de agua subterránea, dentro del cual necesitan su autorización las obras de infraestructura, extracción de áridos y otras actividades que puedan afectarla. Su fin es preservar masas que requieren especial protección por sus usos prioritarios, los hábitats dependientes o su vulnerabilidad. Puede limitar nuevas concesiones y autorizaciones de vertido y condicionar cinco grupos de actividades, de las minas al camping y zonas de baños. El planeamiento debe tener en cuenta esos condicionamientos.
Art. 56Recarga artificial en las masas de agua subterráneaLa recarga artificial o almacenamiento temporal para aumentar la regulación o recuperar masas en riesgo puede hacerla de oficio la consejería y, con su autorización, la comunidad de usuarios de la masa o un usuario singular. La solicitud se acompaña de cinco documentos: informe hidrogeológico, justificación y destino, volumen y previsión de movimiento, acreditación de disponibilidad y calidad, y programa de recarga y extracción. El titular dispone solo de los volúmenes autorizados y puede pedir un perímetro de protección en la zona de recarga.
Art. 57Seguridad de presas y embalsesLa Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de agua, es la Administración competente en seguridad de las presas, balsas y embalses situados en el dominio público hidráulico sobre el que ejerza competencias propias o delegadas, y de las balsas situadas fuera del dominio público hidráulico en Andalucía. Se aplica la normativa básica y la que se apruebe reglamentariamente. Por Orden de la persona titular de la consejería se crea un registro de seguridad de presas y embalses gestionado por la consejería.
Art. 57 bisFinalidadLa ley fija un marco de protección de la calidad del medio hídrico para: prevenir el deterioro y mejorar los ecosistemas acuáticos y los terrestres y humedales que dependen de ellos; lograr concentraciones cercanas a los niveles de fondo en sustancias naturales y próximas a cero en sintéticas; reducir progresivamente la contaminación de acuíferos y evitar más; cumplir los acuerdos internacionales sobre el medio marino; evitar acumulaciones peligrosas en el subsuelo; y alcanzar los objetivos medioambientales, en particular el buen estado de las aguas.
Art. 57 terProgramas de seguimiento del estado de las aguasLos programas de seguimiento abarcan el estado ecológico y químico de las aguas continentales, de transición y costeras, para tener una visión general, coherente y completa de su estado. Periódicamente se elaboran informes sobre el estado de las aguas, para los que puede recabarse información de otros organismos. Pueden instalarse los dispositivos de vigilancia y control necesarios, que se consideran de interés público, y pueden imponerse las servidumbres que hagan falta.
Art. 57 quaterContaminación de origen difusoPara prevenir y reducir la contaminación de origen difuso podrán establecerse programas de actuación para los contaminantes que se fijen reglamentariamente. En las zonas declaradas vulnerables según la normativa de nitratos de origen agrario, la Consejería competente en materia de agricultura establecerá en todo caso programas de actuación. Una vez aprobados y hechos públicos, los programas son de obligado cumplimiento.
Art. 57 quinquiesÁmbito de aplicaciónLas normas sobre vertidos se aplican a los que se realicen, directa o indirectamente, a las aguas continentales y litorales. Quedan fuera los vertidos desde buques y aeronaves a las aguas litorales, que se rigen por su legislación específica.
Art. 57 sexiesAutorización de vertidoSe prohíben los vertidos sin autorización, directos o indirectos, al dominio público hidráulico o, desde tierra, al marítimo-terrestre. La autorización atiende a las mejores técnicas disponibles, normas de calidad y límites de emisión, y fija elementos de control, caudal y límites del efluente. Si hay riesgo para acuíferos, solo se autoriza si el estudio hidrogeológico demuestra su inocuidad. Los municipios aportan un plan de saneamiento y control. Plazo para resolver y notificar: seis meses desde la solicitud; sin resolución, silencio desestimatorio.
Art. 57 septiesLimitaciones a las actuaciones industrialesEl Consejo de Gobierno puede prohibir, en zonas concretas, las actividades y procesos industriales cuyos efluentes, aun después de tratados, puedan suponer un riesgo de contaminación grave para las aguas, tanto en su funcionamiento normal como en situaciones excepcionales previsibles.
Art. 57 octiesRevisión de la autorizaciónEl órgano que concede la autorización de vertido puede revisarla en tres casos: si sobrevienen circunstancias que habrían justificado denegarla u otorgarla en otros términos; si mejoran las características del vertido y lo pide el titular; y para adecuarla a las normas de calidad ambiental y objetivos de calidad vigentes en cada momento. Excepcionalmente, por sequía o situaciones hidrológicas extremas, la Consejería competente en materia de aguas puede modificar con carácter general las condiciones de vertido para garantizar los objetivos de calidad.
Art. 57 noniesObligaciones de los titulares de las autorizaciones de vertidoLos titulares de autorizaciones de vertido deben: mantener equipos de vigilancia; evitar acumulaciones tóxicas en el subsuelo; hacer una declaración anual de vertido; ejecutar a su cargo los programas de seguimiento; prevenir los vertidos accidentales, corregir sus efectos y comunicarlos; constituir fianza, salvo excepciones; informar a la Consejería de sus condiciones de vertido; constituir junta de usuarios o comunidad de vertidos cuando se determine; separar aguas de proceso, sanitarias y pluviales salvo inviabilidad y exención; y cumplir las demás obligaciones reglamentarias.
Art. 58Normativa aplicableLa evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad y riesgo y los planes de gestión de los riesgos de inundación se rigen por la legislación estatal básica. Las limitaciones de usos en zonas inundables son las del Texto Refundido de la Ley de Aguas, el Reglamento del dominio público hidráulico, la restante legislación básica estatal y el plan hidrológico y el de gestión del riesgo de inundación de cada Demarcación.
Art. 59Zonificación del riesgo de inundaciónLa Consejería competente en materia de Agua elabora los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación, a la escala más apropiada. Los de peligrosidad incluyen las zonas que podrían inundarse según los escenarios de probabilidad de la legislación básica estatal, coordinándose con las demás Administraciones; para cada escenario se indican los contenidos que esa legislación prevé. La Consejería delimita también las zonas de flujo preferente.
Art. 60Artículo 60
Art. 61Integración en la planificación hidrológicaLos instrumentos de prevención del riesgo de inundación del capítulo se elaboran en coherencia con la redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones, tanto intercomunitarias como intracomunitarias, y sus determinaciones básicas se incorporan a esos planes hidrológicos.
Art. 62Elaboración y aprobación de los Instrumentos de Prevención del Riesgo de InundaciónLos Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de las demarcaciones de competencia andaluza se elaboran y aprueban según la legislación básica estatal, pero el Consejo de Gobierno los aprueba con carácter previo. Se establecerán mecanismos de participación de las partes interesadas, en especial de los municipios afectados, coordinados con la participación en la planificación hidrológica. La evaluación preliminar del riesgo, los mapas de peligrosidad y de riesgo y los planes de gestión tienen la consideración de información ambiental.
Art. 63Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequíaEl Consejo de Gobierno aprueba los planes especiales de alerta y eventual sequía de las demarcaciones andaluzas, con fases, medidas y limitaciones de usos para reducir el consumo; aseguran el abastecimiento a la población y a servicios de interés general y modulan dotaciones para garantizar una superficie mínima de riego. Los municipios de más de diez mil habitantes, solos o agrupados, deben aprobar planes de emergencia ante sequía. La entrada y salida de fases se declara por Orden, previo informe de la Comisión para la Gestión de la Sequía, que habrá en cada distrito.
Art. 63 bisGestión de los recursos hídricos en situación de sequíaEn sequía, previo informe de la Comisión de Gestión de la Sequía, la Consejería puede requerir por anuncio en el BOJA a los titulares de instalaciones de aguas regeneradas, desaladas u otros recursos no convencionales que informen en quince días; no hacerlo es infracción leve, y grave si hay reincidencia. Puede ofertar esos recursos y asignar obligatoriamente, sin indemnización, aguas de masas en mal estado. El plazo de solicitudes es de al menos 15 días y la tramitación, urgente. Se otorga autorización temporal, que se extingue al acabar la excepcional sequía y no admite cesión.
Art. 63 terContratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas en situación de sequíaEn excepcional sequía, para celebrar el contrato de cesión del artículo 47, quien no tenga inscrito su aprovechamiento en el Registro de Aguas debe pedir antes su inscripción provisional. Debe acreditar el volumen realmente usado en los tres últimos años y su destino con certificado de la entidad suministradora y, si es regadío, las tierras regadas con certificado de la comunidad de regantes. La falsedad es infracción grave y lleva a denegar o cancelar la inscripción. Se inscribe con carácter provisional en la Sección A, sin permitir transferencias de titularidad.
Art. 63 quaterObras de interés de la Comunidad Autónoma en situación de excepcional sequía declaradaEn situación de excepcional sequía declarada se consideran obras de interés de la Comunidad Autónoma, además de otras que se declaren con ese fin, todas las obras de mejora de la garantía del abastecimiento de siete grupos: conectividad de redes; calidad del recurso o del tratamiento; nuevo recurso o mejor disponibilidad, incluida la eliminación de nutrientes; eficiencia del regadío en sistemas compartidos con abastecimiento; reutilización estratégica; gestión de sedimentos en embalses; y aprovechamiento de volúmenes bajo las cotas de captación.
Art. 64Principios generalesLas Administraciones Públicas competentes aplicarán al régimen económico-financiero del agua los principios de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua). En particular, el principio de recuperación de costes de los servicios del agua, incluidos los costes ambientales y del recurso, conforme al artículo 111 bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y establecerán mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en esa recuperación.
Art. 65Conceptos y definicionesSin perjuicio de las definiciones propias del título VIII, los conceptos en materia de agua aplicables al régimen económico-financiero son los que establecen la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la normativa básica y la normativa comunitaria aplicable a la materia.
Art. 66Normativa aplicableLos cánones regulados en el título VIII de la Ley de Aguas de Andalucía se rigen por lo que dispone esta Ley, por la normativa autonómica que les sea de aplicación y por la legislación tributaria estatal.
Art. 67Reclamaciones contra los actos de aplicación de los cánones y sanciones derivadas de aquellosContra los actos de aplicación de los cánones y sus sanciones cabe reclamación económico-administrativa, que se presenta ante el órgano que dictó el acto y este remite al órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma. Antes puede interponerse recurso potestativo de reposición; si se hace, no cabe la reclamación hasta su resolución expresa o desestimación presunta. Contra actuaciones de particulares, la competencia la fija el lugar del hecho imponible. Los actos de entidades locales siguen su normativa específica.
Art. 68Lugar y forma de pagoLa consejería competente en materia de hacienda aprueba los modelos de declaración y autoliquidación del canon de mejora de infraestructuras de interés autonómico y de los cánones y la tarifa del capítulo III, y fija lugar y forma de pago. Desarrolla los medios para la presentación electrónica y, por orden, establece cuándo es obligatoria la presentación y el pago electrónicos y puede fijar plazos de presentación distintos según la configuración de los cánones y la magnitud de la base imponible.
Art. 69Otras obligacionesMediante orden de la consejería competente en materia de agua podrá exigirse la instalación de instrumentos que permitan comprobar los elementos de los cánones regulados en el título VIII de la Ley de Aguas de Andalucía (régimen económico-financiero).
Art. 70Régimen sancionadorLas infracciones tributarias relativas a los cánones del agua se califican y sancionan según la Ley 58/2003, General Tributaria. Además, es infracción tributaria grave que la entidad suministradora no repercuta el canon de mejora en la factura o lo repercuta en documento separado de la factura o recibo que expida a sus abonados; se sanciona conforme a la normativa general tributaria.
Art. 71Compatibilidad con otras figuras tributariasLos cánones del título VIII son compatibles con los tributos locales que financian los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano y con los cánones y tarifas del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los términos de esta Ley, sin que en ningún caso pueda haber doble imposición para los obligados tributarios.
Art. 72Ámbito de aplicación y modalidadesEl canon de mejora es un tributo que se aplica en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se exacciona bajo dos modalidades distintas, cada una regulada en una sección del capítulo II del título VIII: la sección 2.ª y la sección 3.ª.
Art. 73Objeto y finalidadEl canon de mejora grava la utilización del agua de uso urbano para financiar las infraestructuras hidráulicas de cualquier naturaleza del ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ámbito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de las entidades locales de Andalucía.
Art. 74Hecho imponibleEl hecho imponible del canon de mejora es la disponibilidad y el uso urbano del agua potable de cualquier procedencia suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas. Las pérdidas de agua en las redes se asimilan a uso urbano en los términos de la ley. Si el sujeto pasivo tiene varios contratos de suministro, el hecho imponible se entiende realizado por cada contrato.
Art. 75Base imponibleLa base imponible del canon de mejora es el volumen de agua consumido o estimado durante el período impositivo, en metros cúbicos. En las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, la base es la diferencia entre el volumen suministrado en alta a la entidad suministradora y el volumen facturado por ella, también en metros cúbicos.
Art. 76Estimación directa de la base imponibleCon carácter general, la base imponible del canon de mejora se determina en régimen de estimación directa, en función del volumen de agua facturado por la entidad suministradora. Para las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, se determina en función del volumen suministrado en alta y del volumen facturado.
Art. 77Estimación indirecta de la base imponibleEn los supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley General Tributaria, la Administración determinará la base imponible del canon de mejora en régimen de estimación indirecta, pudiendo utilizar cualquiera de los medios que ese mismo artículo 53 contempla.
Art. 78RepercusiónEn el uso urbano del agua suministrada por redes, la entidad suministradora debe repercutir íntegramente el canon sobre el contribuyente, que está obligado a soportarlo. La repercusión figurará de forma diferenciada en la factura o recibo, con al menos la base imponible, los tipos y el porcentaje aplicables y la cuota del canon. Está prohibido facturarlo o cobrarlo por separado.
Art. 79Naturaleza
Art. 80AfectaciónLo recaudado por el canon de mejora de esta modalidad queda afectado a financiar las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma. La recaudación del canon puede servir de garantía del pago de intereses y de la amortización de los créditos que financien esas infraestructuras.
Art. 81Artículo 81
Art. 82Obligados tributariosSon contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria usuarias del agua de las redes de abastecimiento; en las pérdidas en red se consideran usuarias las entidades suministradoras y los titulares de otras redes. Las entidades suministradoras son sustitutos del contribuyente en el uso urbano. Se consideran entidades suministradoras las que gestionan el suministro a los usuarios finales, incluidas las comunidades de usuarios del artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Art. 83Reducciones en la base imponible
Art. 84Base liquidableLa base liquidable del canon de mejora de infraestructuras de interés de la Comunidad Autónoma es el resultado de aplicar a la base imponible la reducción prevista en el artículo anterior. Si no procede esa reducción, la base liquidable coincide con la base imponible.
Art. 85Cuota íntegra
Art. 86Cuota fijaLa cuota fija del canon de mejora de infraestructuras de interés de la Comunidad Autónoma para usos domésticos es de 1,3 euros al mes por usuario. Si hay contadores o sistemas de aforo colectivos, se cuentan tantos usuarios como viviendas y locales haya.
Art. 87Cuota variableLa cuota variable aplica a la base liquidable, tras deducir 2 m³ por vivienda y mes exentos, una tarifa progresiva: doméstico 0,13 €/m³ hasta 10 m³, 0,26 hasta 18 y 0,78 por encima; no doméstico y pérdidas, 0,33. Con más de cuatro personas, cada tramo sube 3 m³ por persona adicional, a solicitud renovable cada dos años. En contadores colectivos se divide el consumo entre viviendas y locales, sin ese incremento. Las fugas fortuitas se gravan sobre el consumo estimado, como máximo dos periodos.
Art. 88Período impositivo y devengoEl periodo impositivo coincide con el de facturación de la entidad suministradora y el canon se devenga cuando es exigible la contraprestación, que es la fecha de emisión de la factura. Si un suministro no se factura en el semestre debido, se devenga el último día del semestre siguiente o en la fecha de la factura si es anterior. En consumos propios de la suministradora y suministros gratuitos, el periodo es el semestre natural; en las pérdidas en red, el año natural, con devengo el último día.
Art. 89AutoliquidaciónLos sustitutos del contribuyente presentan una autoliquidación semestral en los primeros veinte días naturales de abril y octubre siguientes a cada semestre, e ingresan en ese plazo las cuotas facturadas, las no repercutidas y las de consumo propio, deduciendo en su caso las obras de depuración financiadas por entidades locales. Además presentan una declaración anual en los veinte primeros días de junio. En las pérdidas en red, los contribuyentes declaran e ingresan en los veinte primeros días de marzo.
Art. 89 bisRectificación de las cuotas impositivas repercutidasEl sustituto del contribuyente debe rectificar las cuotas repercutidas mal determinadas en cuanto advierta la causa, si no han pasado cuatro años desde el devengo. Si la rectificación las aumenta sin requerimiento previo, presenta autoliquidación complementaria con intereses de demora y recargos, salvo error fundado de derecho o causas de modificación de la base, que permiten incluirla en la autoliquidación del periodo. Si las reduce, puede pedir la rectificación de la autoliquidación o regularizar en el plazo de un año, devolviendo el exceso al contribuyente.
Art. 90Obligaciones materiales y formalesLas entidades suministradoras deben presentar una declaración sobre el comienzo, la modificación y el cese de las actividades que determinan la sujeción al canon de mejora, en los términos que establezca una orden de la consejería competente en materia de hacienda.
Art. 91Establecimiento del canonLas entidades locales con competencias en infraestructuras de agua potable, redes de abastecimiento y, en su caso, depuración pueden establecer y exigir con carácter temporal esta modalidad local del canon de mejora. Para ello, previa comunicación a la consejería competente en materia de hacienda, deben acordar su imposición y aprobar ordenanzas fiscales que fijen los elementos de las cuotas, su régimen de aplicación y su vigencia por el tiempo necesario para lograr su fin.
Art. 92AfectaciónLos ingresos del canon de mejora de competencia local quedan afectados a financiar las infraestructuras hidráulicas de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso, depuración. Su recaudación puede garantizar el pago de intereses y la amortización de los créditos con que se financien esas infraestructuras.
Art. 93Obligados tributariosEn el canon de mejora local son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria usuarias de los servicios de agua potable y saneamiento. Si el servicio lo presta una entidad suministradora, esta es sujeto pasivo como sustituto del contribuyente. Son entidades suministradoras las que gestionan el suministro a los usuarios finales, incluidas las comunidades de usuarios del artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Art. 94Cuota íntegraEl canon de mejora local puede ser una cantidad fija por usuario, una variable progresiva por tramos según los metros cúbicos facturados en el período de liquidación, o la combinación de ambas. Su cuantía debe bastar para cubrir, durante su vigencia, las inversiones y en su caso sus costes financieros, y su importe total no puede superar el de las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento.
Art. 95Período impositivo y devengoEn el canon de mejora de competencia de las entidades locales, el período impositivo coincide con el período de facturación de la entidad suministradora, y el canon se devenga el último día de ese mismo período impositivo, no en otro momento.
Art. 96Aplicación del canon
Art. 97NaturalezaEl canon de regulación y la tarifa de utilización del agua, establecidos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tienen la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según declara este artículo de la Ley de Aguas de Andalucía.
Art. 98Periodo impositivo, devengo y determinación de la cuantíaEl canon de regulación y la tarifa de utilización se devengan el 31 de diciembre y el periodo impositivo es el año natural, salvo el año de otorgamiento, cese o modificación del título, en que se prorratean por días, excepto si se liquidan sobre el volumen realmente consumido. No incluyen gastos de administración y se aprueban antes del 1 de enero. El mínimo por liquidación es de 12 euros, salvo liquidación conjunta con el canon de servicios generales (20 euros). Sin cuantía aprobada, se prorroga la última.
Art. 99Ámbito de aplicación
Art. 100Creación, naturaleza y regulaciónSe crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma el canon de servicios generales, que cubre los gastos de administración de la Administración Andaluza del Agua y saca ese concepto del canon de regulación y la tarifa. Grava las actividades y servicios de administración general que afecten a obras hidráulicas y a usos de aguas. Son contribuyentes los usuarios con título sobre las aguas o que las aprovechen. Están exentos los usos inferiores a siete mil metros cúbicos anuales. Se devenga el 31 de diciembre, con prorrateo en los casos previstos.
Art. 101Determinación de la cuantíaEl canon de servicios generales se aprueba antes del 1 de enero de cada ejercicio, en función de los gastos de administración del organismo gestor, y se reparte entre los usuarios: exentos los aprovechamientos de hasta 7.000 m³ anuales; producción eléctrica según potencia instalada; resto según volumen concedido, autorizado o captado, con coeficiente reductor 1/100 en refrigeración y piscifactorías. El mínimo es de 20 euros. Si no se aprueba la cuantía, se prorroga la última y las diferencias se ajustan al año siguiente.
Art. 102Competencia para la aplicaciónLa aplicación del canon de regulación, la tarifa de utilización del agua y el canon de servicios generales corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, sin perjuicio de la delegación prevista en la disposición adicional quinta de la Ley 23/2007, conforme a esta Ley y, en lo no previsto, a la normativa estatal aplicable.
Art. 103Disposiciones generalesEl título IX desarrolla y complementa el régimen sancionador del título VII del Texto Refundido de la Ley de Aguas. La disciplina en materia de aguas comprende la tipificación de infracciones y la vigilancia, inspección, control, medidas cautelares, coercitivas y sancionadoras de los órganos de la Junta o de los entes locales para proteger, conservar y restaurar la calidad del medio hídrico. Caben instrumentos de colaboración entre la consejería y los entes locales, con planes de inspección y control.
Art. 104Acceso a terrenos, instalaciones y obras hidráulicas y ejercicio de la función inspectoraLa consejería competente en materia de aguas vigila, inspecciona y controla las actividades, instalaciones y vertidos que puedan afectar al dominio público hidráulico o al medio hídrico. Su personal inspector con relación estatutaria es agente de la autoridad, puede requerir información y debe recibir colaboración. Autoridades, agentes y guardería fluvial pueden acceder sin previo aviso, respetando la inviolabilidad del domicilio, practicar diligencias y tomar muestras. Cada visita exige acta, que goza de presunción de veracidad.
Art. 105Entidades colaboradorasSon entidades colaboradoras en el control de la seguridad de presas y embalses las del artículo 365 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Las condiciones y el procedimiento para obtener y renovar el título, sus actividades y las facultades de su personal, que siempre podrá acceder a las instalaciones, los fija por orden la persona titular de la consejería, que también crea por orden el registro de estas entidades. También son colaboradoras, en control del dominio público hidráulico y calidad de las aguas, las debidamente autorizadas.
Art. 106Infracciones sobre el dominio público hidráulicoClasifica las infracciones sobre el dominio público hidráulico. Leves: entre otras, navegar donde está prohibido, cruzar cauces en lugar prohibido, no medir directamente los consumos o extraer agua sin concesión. Graves: abrir pozos sin título, no sellar pozos en desuso, no instalar contador homologado o manipularlo, y las leves con reincidencia o, en ciertas letras, con daño grave. Muy graves: esas letras con daño muy grave e incumplir la seguridad de presas con grave riesgo. Daños: muy graves si superan 150.000 euros; graves si superan 15.000.
Art. 106 bisInfracciones y régimen sancionador por incumplimiento del plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía de la demarcación hidrográfica correspondienteEl incumplimiento del plan especial de alerta y eventual sequía se sanciona según la legislación básica de aguas, salvo conductas propias: no comunicar lo requerido, no presentar el plan de emergencia o incumplir limitaciones de uso son leves (hasta 6.010,12 euros). Entregar volúmenes por encima del máximo es leve con daños hasta 3.000 euros, grave si superan 3.000 y llegan a 15.000, y muy grave por encima de 15.000. En las entregas excesivas responde el titular del servicio de abastecimiento. La reparación de daños se incrementa un 10, 50 o 100 %.
Art. 107Infracciones en materia de inspección e informaciónSon infracciones leves en materia de inspección e información negar el acceso a terrenos, instalaciones y obras hidráulicas al personal técnico de la consejería competente en materia de agua o sus entes instrumentales, a los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad y a la guardería fluvial en funciones inspectoras, y no suministrar la información obligatoria en materia de agua. Son graves si la conducta es reincidente y, en cualquier caso, si causa un daño al medio ambiente o al dominio público hidráulico.
Art. 108Sanciones e indemnizacionesMultas por las infracciones de los artículos 106 y 107: leves hasta 6.010,12 euros; graves de 6.010,13 a 300.506,61; muy graves de 300.506,62 a 601.012,10. Lo ingresado se destina a mejorar el dominio público hidráulico y, en especial, a educación y divulgación ambiental. Accesorias de las muy graves: clausura temporal de hasta dos años, tres años sin ayudas y sin distintivo de calidad de cinco a diez. De las graves: clausura o suspensión de hasta un año, un año sin ayudas y sin distintivo de dos a cinco.
Art. 108 bisInfracciones en materia de calidad del medio hídricoCalidad del medio hídrico. Muy graves: vertidos sin autorización o superar los límites de emisión cuando haya daño o deterioro grave para el medio ambiente o peligro grave para las personas, e incumplir órdenes de suspensión o medidas del artículo 112 quinquies. Graves: esos vertidos o superaciones (de los límites de la normativa) sin daño grave, diluir vertidos sin autorización, ocultar o falsear datos, no comunicar emergencias, incumplir plazos de obras. Leves: incumplir límites de la autorización sin superar los de la normativa, el mantenimiento o cualquier otra condición.
Art. 108 terSanciones e indemnizaciones en materia de calidad del medio hídricoLas infracciones del artículo 108 bis se multan así: leves hasta 6.010,12 euros; graves de 6.010,13 a 300.506,61; muy graves de 300.506,62 a 601.012,10. Accesorias de las muy graves: clausura definitiva o temporal (de dos a cinco años), inhabilitación (de uno a dos años), revocación o suspensión (de un año y un día a cinco), precintado, tres años sin ayudas, publicación y prohibición de actividades. De las graves: clausura hasta dos años, inhabilitación o revocación o suspensión hasta un año, un año sin ayudas y sin distintivo de dos a cinco años.
Art. 109Competencia sancionadoraLa potestad sancionadora en materia de agua corresponde a la consejería competente, salvo la que por la cuantía corresponde al Consejo de Gobierno. Imponen las sanciones: las personas titulares de las delegaciones provinciales, hasta 60.000 euros; la secretaría general o dirección general competente, de 60.001 a 150.250; la persona titular de la consejería, de 150.251 a 300.500; y el Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500. La iniciación corresponde a las personas titulares de las delegaciones provinciales.
Art. 110CaducidadEl plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores en materia de aguas y notificar la resolución es de un año, contado a partir de la iniciación del expediente. Dentro de ese año deben producirse tanto la resolución como su notificación.
Art. 111DenunciasCualquier persona o entidad puede denunciar voluntariamente. Denuncian obligatoriamente: la guardería fluvial de la consejería competente en materia de agua o de sus entidades instrumentales; los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad; el personal funcionario encargado de la inspección y vigilancia de las aguas u obras públicas; y las comunidades de usuarios u órganos similares respecto de las aguas que administran, así como el personal de guardería, inspección o análogos en canales, embalses o acequias de aguas públicas.
Art. 112Potestad sancionadora de los Entes Locales en materia de aguasLas ordenanzas municipales sobre servicios del agua pueden tipificar infracciones por riesgos para la salud, daños o manipulación de infraestructuras y bienes municipales, usos no autorizados, uso incorrecto o negligente del agua, incumplir medidas provisionales, falta de medidores o datos falsos, negar el acceso a inspectores, incumplir estándares de calidad del suministro y, en general, las obligaciones de los usos urbanos. Se aplica el régimen sancionador de esta ley, salvo los artículos 108 ter.2, 108 ter.3 y 111; las multas no exceden del artículo 108 ter.1 y rige la proporcionalidad.
Art. 112 bisGraduación de las sanciones en materia de calidad del medio hídricoAl sancionar en calidad del medio hídrico debe haber adecuación entre gravedad y sanción, con criterios atenuantes o agravantes como el daño, el ánimo de lucro, la intencionalidad, la afección a espacios naturales protegidos, la capacidad económica o la reparación espontánea. Si la multa es inferior al beneficio obtenido, sube hasta ese importe. La reincidencia en dos años lleva a la cuantía máxima. Si un hecho encaja en varias infracciones, se impone la más grave en su mitad superior. Por escasa trascendencia o desproporción, cabe la sanción de la infracción inmediatamente inferior.
Art. 112 terSujetos responsables de las infracciones en materia de calidad del medio hídricoResponden de las infracciones de calidad del medio hídrico quienes realizan directamente la acción, salvo que estén unidos al propietario o titular de la actividad por relación laboral, de servicio u otra de hecho o de derecho, en cuyo caso responde este, salvo que acredite la diligencia debida; y los propietarios, titulares de terrenos o titulares o promotores de la actividad o proyecto. Si la obligación corresponde a varios conjuntamente o no puede determinarse el grado de participación, responden solidariamente de las infracciones y sanciones.
Art. 112 quaterPrescripción de infracciones y sanciones en materia de calidad del medio hídricoLas infracciones de calidad del medio hídrico prescriben a los cinco años (muy graves), tres (graves) y uno (leves); las sanciones, a los tres, dos y un año. El plazo de las infracciones corre desde su comisión, o desde que pudo detectarse el daño si no era manifiestamente perceptible; desde la última infracción si es continuada y desde que se eliminó la situación ilícita si es permanente. El de las sanciones, desde el día siguiente a la firmeza de la resolución que las impone.
Art. 112 quinquiesMedidas de carácter provisional por infracciones en materia de calidad del medio hídricoIniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede acordar medidas provisionales: clausura temporal, suspensión de autorizaciones, parada de instalaciones, precintado, retirada o decomiso, medidas de corrección, seguridad o control y fianza. Caben antes de iniciarlo por urgencia, riesgo grave e inminente o protección de los intereses. Con urgencia inaplazable (posibles daños irreparables al medio hídrico) pueden acordarlas el órgano competente para iniciar o el instructor. La resolución puede incluirlas o confirmarlas, motivadamente, como obligaciones no pecuniarias.
Art. 112 sexiesRemisión a la jurisdicción penalSi una infracción de calidad del medio hídrico pudiera ser delito o falta, la Administración da cuenta al Ministerio Fiscal y se abstiene de seguir el procedimiento sancionador hasta que haya resolución judicial firme, cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si no se aprecia delito o falta, el órgano administrativo continúa el expediente. Los hechos declarados probados en la resolución judicial firme vinculan al órgano administrativo.
Art. 112 septiesEjecución subsidiaria por infracciones en materia de calidad del medio hídricoSi el infractor, requerido por el órgano sancionador, no cumple sus obligaciones de restauración del daño ambiental conforme a los artículos 112 decies y 112 undecies, este ordena la ejecución subsidiaria. No hace falta requerimiento previo si la persistencia de la situación pudiera causar un peligro inminente para la salud humana o el medio hídrico. Los fondos se exigen de forma cautelar antes de la ejecución, que se hace por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones e indemnizaciones.
Art. 112 octiesMultas coercitivas por infracciones en materia de calidad del medio hídricoSi el infractor no cumple la sanción una vez finalizado el procedimiento, o no repara o restituye conforme a los artículos 112 decies y 112 undecies, el órgano competente para sancionar puede imponer multas coercitivas, previo requerimiento. Cada multa no superará un tercio de la multa fijada para la infracción. El requerimiento fija un plazo para la ejecución voluntaria, que decide el órgano sancionador según las circunstancias y que en todo caso será suficiente.
Art. 112 noniesVía de apremio por infracciones en materia de calidad del medio hídricoPor la vía de apremio pueden exigirse tres conceptos: los importes de las sanciones pecuniarias, los gastos de la ejecución subsidiaria y la indemnización por daños y perjuicios. El artículo se aplica a las infracciones en materia de calidad del medio hídrico.
Art. 112 deciesReparación e indemnizaciones por infracciones en materia de calidad del medio hídricoAdemás de la sanción, los responsables de infracciones de calidad del medio hídrico deben reparar el daño e indemnizar los daños y perjuicios. Exige la reparación el órgano competente para sancionar, que fija en la resolución el plazo y, en su caso, la forma. Restituir obliga a demoler instalaciones u obras ilegales y hacer los trabajos precisos. Si la reparación recae en inmuebles, cabe nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador, con certificación de la resolución firme y de las audiencias; cumplida, puede pedirse certificación para cancelarla.
Art. 112 undeciesDaños irreparables por infracciones en materia de calidad del medio hídricoSi el daño no puede repararse sobre el mismo elemento o en el mismo punto geográfico, el órgano competente puede ordenar una reparación equivalente. Si es imposible repararlo, el responsable lo compensa abonando indemnizaciones, que se destinan a medidas que permitan mejorar y compensar el bien dañado.