Decreto 75/2008, por el que el IAPH se adapta a la Ley 9/2007 y se aprueban sus Estatutos

Artículo 2. Régimen jurídico

En pocas palabras

El Instituto actúa como agencia pública empresarial sujeta a la Ley 5/2007, a sus Estatutos, a la Ley 9/2007, a la normativa de Hacienda Pública andaluza en lo económico, presupuestario, contable y de intervención, a la de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y al Derecho Privado, Mercantil, Civil o Laboral en sus relaciones externas, personal y actividades frente a terceros. Su contratación se rige por la normativa de contratos de las Administraciones Públicas. Actúa con criterios de interés público, rentabilidad social, publicidad, concurrencia e igualdad.

Explicación sencilla

Fija el régimen jurídico mixto del Instituto: Derecho público en lo económico, patrimonial y de contratación, y Derecho privado en sus relaciones externas y de personal. Lo más preguntado es que su contratación sigue la normativa de las Administraciones Públicas.

Regla mnemotécnica

Personal y terceros: Derecho privado. Contratos: como una Administración Pública.

Trampa típica de examen

Pensar que, por ser agencia pública empresarial, el Instituto contrata conforme al Derecho privado: su contratación se rige por la normativa aplicable a las Administraciones Públicas en materia de contratos.

Texto del artículo 2 del Decreto 75/2008 (EIAPH)

1. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico actuará en régimen de agencia pública empresarial, con sujeción a la Ley 5/2007, de 26 de junio, a los presentes Estatutos y las normas que se dicten en su desarrollo, a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de aplicación en cuanto a su régimen económico, presupuestario, financiero, contable y de intervención, a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma y su Reglamento en cuanto le sea de aplicación, y a las normas de Derecho Privado, Mercantil, Civil o Laboral que le sean aplicables en lo relativo a sus relaciones jurídicas externas, régimen de personal y, en general, sus actividades frente a terceros. 2. La contratación del Instituto se regirá por la normativa aplicable a las Administraciones Públicas en materia de contratos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas. 3. El Instituto desarrollará las actividades necesarias tendentes a la consecución de los fines generales, mediante los actos, relaciones jurídicas o ejercicio de las acciones que se requieran para el más eficaz cumplimiento de los mismos, con sujeción a estrictos criterios de servicio al interés público, rentabilidad social y calidad del servicio, así como a los principios de publicidad y concurrencia, teniendo siempre presente el respeto del principio de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

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