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A1.1100 · Grupo I · Organización de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Tema 23 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

La Administración Instrumental de la Junta de Andalucía: regulación general y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.

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Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía

En este tema: arts. 12 y 50–78. Ver la norma

  1. Artículo 12. Organizaciones personificadas de gestión

    La Junta puede constituir con otras Administraciones y entidades públicas o privadas organizaciones personificadas de gestión, con forma de consorcio o de sociedad mercantil. El Consejo de Gobierno autoriza su creación o la integración, previo informe de las Consejerías competentes en Administración Pública y en Hacienda; los estatutos se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El personal de los consorcios, funcionario o laboral, procede exclusivamente de las Administraciones participantes.

  2. Artículo 50. Delimitación

    Entidades instrumentales: con personalidad jurídica propia, creadas, participadas mayoritariamente o controladas efectivamente por la Junta o sus entes públicos, cuya actividad, por eficacia, justifica autonomía de gestión y mayor proximidad a la ciudadanía. Si duplican lo existente, se suprimen o reducen las funciones de lo ya existente. Si integran servicios de otra, rigen los artículos 52 bis y, en su caso, 60. La Consejería de Hacienda ejerce el control económico-financiero, informa y, en su caso, autoriza crear, alterar y suprimir entidades, e informa sobre sedes y subsedes.

  3. Artículo 51. Personalidad jurídica y principio de instrumentalidad

    Las entidades instrumentales reguladas en este título tienen cuatro rasgos: personalidad jurídica diferenciada, patrimonio propio, tesorería propia y autonomía de gestión en los términos de la Ley. Además se ajustan al principio de instrumentalidad: los fines y objetivos que se les asignan específicamente son propios de la Administración de la que dependen.

  4. Artículo 52. Clasificación y naturaleza jurídica

    Las entidades instrumentales se clasifican en agencias y en entidades instrumentales privadas (sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz). Las agencias tienen personalidad jurídica pública y son Administración institucional dependiente de la Junta. Sociedades y fundaciones tienen personalidad jurídica privada y en ningún caso pueden ejercer autoridad. Cualquier participación no reglada en entidades, distinta de las previstas en la ley, requiere autorización del Consejo de Gobierno.

  5. Artículo 52 bis. Transformación

    Cualquier agencia, sociedad mercantil o fundación del sector público andaluz puede transformarse en otra entidad instrumental. Conserva su personalidad jurídica: cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo, con sucesión universal. No altera condiciones financieras ni es causa de resolución. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en Administración Pública, Regeneración y Hacienda. El personal se integra, sin adquirir por ello la condición de funcionario y sin incremento de la masa salarial. El proyecto lleva memoria.

  6. Artículo 53. Gestión de calidad

    Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán sistemas de gestión de calidad en el desarrollo de las actividades que tienen atribuidas. Además, implantarán sistemas de gestión de calidad en la producción de bienes y en la prestación de servicios, incluidos los de naturaleza medioambiental.

  7. Artículo 53 bis. Encargos de los poderes adjudicadores y no adjudicadores a medios propios personificados

    Entidades instrumentales y consorcios adscritos pueden ser medios propios si cumplen los artículos 32 y 33 de la Ley 9/2017. Necesitan medios suficientes e idóneos y ser opción más eficiente que la contratación pública o necesaria por seguridad pública o urgencia. Su denominación llevará «Medio Propio» o «M.P.». La propuesta de declaración lleva memoria justificativa e informe previo de la Intervención General. Anticipos: justificarlos antes de tres meses tras el plazo de ejecución. Emergencias: cuenta al Consejo de Gobierno en dos meses y pagos hasta el 100 %.

  8. Artículo 54. Concepto y clasificación

    Las agencias son entidades con personalidad jurídica pública, dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, que realizan actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización funcional. Se clasifican en tres tipos: agencias administrativas, agencias públicas empresariales y agencias de régimen especial.

  9. Artículo 55. Potestades administrativas

    Dentro de la esfera de sus competencias, a las agencias les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en sus estatutos. Se exceptúa la potestad expropiatoria.

  10. Artículo 56. Creación

    Las agencias administrativas y públicas empresariales se crean por ley, que fija su tipo, fines y peculiaridades de recursos, personal y régimen fiscal. Sus estatutos y su adscripción se aprueban por decreto del Consejo de Gobierno; los estatutos, a propuesta de la Consejería de la materia, previo informe de Administración Pública y Hacienda. Las de régimen especial requieren autorización previa por ley y nacen con su estatuto, aprobado por decreto a propuesta conjunta de Administración Pública y Hacienda. El anteproyecto se acompaña del proyecto de estatutos y del plan inicial de actuación.

  11. Artículo 57. Contenido de los estatutos

    Los estatutos de toda agencia incluyen en todo caso: a) máximos órganos de dirección, competencias y designación, indicando cuáles agotan la vía administrativa; b) funciones, competencias y potestades, con el rango de los órganos (agencias administrativas) o los órganos asimilados a un rango y los que ejercen potestades (públicas empresariales y de régimen especial); c) patrimonio y recursos; d) régimen de recursos humanos, patrimonio y contratación; e) régimen presupuestario y de control; f) sociedades mercantiles, si es imprescindible. Se publican en el Boletín Oficial antes de funcionar.

  12. Artículo 58. Plan inicial de actuación

    El plan inicial de actuación de las agencias lo aprueba la persona titular de la Consejería de la que dependa la agencia, previo informe favorable de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. Debe incluir en todo caso: a) los objetivos que la entidad deba alcanzar en el área de actividad atribuida; b) los recursos humanos, financieros y materiales precisos para su funcionamiento. Su ámbito temporal es de cuatro años.

  13. Artículo 59. Modificación y refundición

    La modificación o refundición de las agencias exige ley cuando altere sus fines, el tipo de entidad o las peculiaridades sobre recursos económicos o régimen de personal, patrimonial o fiscal, o cualquier otra materia que exija rango de ley. Pero si se hace por razones de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, aunque altere fines o tipo de entidad, basta decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías de Hacienda y de Administración Pública. El resto de modificaciones, también por ese decreto con esos informes.

  14. Artículo 60. Disolución, liquidación y extinción

    Las agencias se disuelven por ley o por decreto del Consejo de Gobierno (propuesta de la Consejería de adscripción, previo informe de Hacienda, Administración Pública y Regeneración) por: fin del plazo de existencia, cumplimiento o incumplimiento de fines, asunción de sus fines por la Junta, desequilibrio financiero estructural o causa estatutaria. Salvo en el desequilibrio, en seis meses se formula el plan de liquidación y en dos meses el Consejo de Gobierno aprueba el decreto. La liquidación se inicia automáticamente al publicarse la norma y la extinción es automática tras formalizarse.

  15. Artículo 61. Patrimonio

    El régimen jurídico del patrimonio de las agencias es el previsto en la legislación patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

  16. Artículo 62. Contratación

    Las agencias contratan con el régimen que la legislación de contratos del sector público fija para las Administraciones Públicas. Excepción: las agencias públicas empresariales previstas en el artículo 68.1.a, que se rigen por lo previsto para las entidades que, sin ser Administraciones Públicas, tienen la consideración de poderes adjudicadores. Los estatutos determinan el órgano de contratación; la persona titular de la Consejería de adscripción puede fijar la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para contratar, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno.

  17. Artículo 63. Régimen presupuestario y control de eficacia

    El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de las agencias es el que establecen la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones aplicables a cada tipo de agencia. Además, las agencias se someten a un control de eficacia, ejercido por la Consejería o, en su caso, por la entidad a la que estén adscritas, para comprobar el cumplimiento de objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados, sin perjuicio de las competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda.

  18. Artículo 64. Régimen de impugnación y reclamaciones

    Los actos de los órganos de las agencias dictados en ejercicio de potestades administrativas admiten los recursos administrativos de la legislación básica estatal; los estatutos fijan qué órganos agotan la vía administrativa. Los actos de gestión, inspección y recaudación de tasas y demás ingresos de Derecho Público pueden recurrirse en vía económico-administrativa. Las reclamaciones previas civiles y laborales las resuelve la agencia, salvo que los estatutos asignen la competencia al órgano superior de la Consejería de adscripción.

  19. Artículo 65. Concepto y régimen jurídico

    Entidades públicas regidas por el Derecho Administrativo que, en ejecución de programas específicos de una Consejería, realizan actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras administrativas. Mismo régimen de personal, presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que la Administración de la Junta; potestades: las atribuidas expresamente por sus estatutos. Se adscriben a una Consejería (dirección estratégica, evaluación y control de resultados) y, excepcionalmente, a otra agencia administrativa coordinadora de varias.

  20. Artículo 66. Requisitos de creación

    Para crear una agencia administrativa basta con que concurra alguno de estos tres requisitos: a) la necesidad de dotar al servicio o actividad de una especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la Consejería a los que esté adscrito; b) la existencia de un patrimonio que, por su especial volumen o entidad, requiera gestionarse a través de una entidad con personalidad jurídica; c) la existencia de un servicio susceptible de financiarse en más de un cincuenta por ciento con los ingresos que genere su propia actividad.

  21. Artículo 67. Personal de las agencias administrativas

    A los titulares de presidencias, direcciones o asimilados de las agencias administrativas los nombra y separa libremente el Consejo de Gobierno; son altos cargos a efectos de incompatibilidades. El personal es funcionario, laboral o, en su caso, estatutario, como en la Administración de la Junta; la ley de creación puede fijar excepcionalmente peculiaridades en oferta de empleo, acceso, adscripción y provisión de puestos y movilidad. Cabe la subrogación del personal laboral afectado (artículos 52 bis y 60) al crear la agencia o cuando una preexistente asuma actividades de otras entidades.

  22. Artículo 68. Concepto

    Son entidades públicas que realizan actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público, con o sin contraprestación, aplicando técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas de una o varias Consejerías. Hay dos tipos: a) producción en régimen de libre mercado, mediante contraprestación; b) promoción pública, prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes, sin actuar en régimen de libre mercado. Se adscriben a una o varias Consejerías; excepcionalmente, a una agencia que además coordine a varias.

  23. Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas

    Agencias públicas empresariales de la letra a del artículo 68.1: Derecho Privado, salvo formación de la voluntad de sus órganos, potestades administrativas y lo regulado en esta Ley, sus estatutos y la Ley General de la Hacienda Pública. Las de la letra b: Derecho Administrativo en esas cuestiones y, en lo demás, Administrativo o Privado según su gestión empresarial. Solo ejercen las potestades expresamente atribuidas, por los órganos que asignen los estatutos. Las funciones reservadas a funcionarios las realiza personal funcionario de la Consejería o agencia administrativa de adscripción.

  24. Artículo 70. Personal de las agencias públicas empresariales

    El personal de las agencias públicas empresariales se rige en todo caso por el Derecho Laboral y por lo aplicable del Estatuto Básico del Empleado Público; se selecciona por convocatoria pública en medios oficiales, con igualdad, mérito y capacidad. Es directivo quien ocupa puestos así determinados en los estatutos; su régimen es el del artículo 13 del Estatuto Básico y la normativa andaluza de desarrollo. Fijar o modificar retribuciones de todo el personal exige informe previo y favorable de las Consejerías de Administración Pública y de Hacienda, que también controlan los gastos de personal.

  25. Artículo 71. Concepto y régimen jurídico

    Las agencias de régimen especial son entidades públicas que asumen cualquiera de las actividades del artículo 65.1, si tienen asignadas funciones que impliquen ejercicio de autoridad que requieran especialidades en su régimen jurídico. Se rigen por Derecho Administrativo, con Derecho Privado donde su particular gestión lo requiera; en todo caso, Derecho Administrativo en la formación de la voluntad de sus órganos, sus potestades y lo regulado en esta Ley, sus estatutos y la Ley General de la Hacienda Pública andaluza. Se adscriben a la Consejería competente por razón de la materia.

  26. Artículo 72. Contrato de gestión y comisión de control

    Actúan con arreglo al plan de acción anual y al contrato plurianual de gestión, que define objetivos, resultados y gestión, y además: a) recursos personales, materiales y presupuestarios; b) efectos del grado de cumplimiento en la responsabilidad de órganos ejecutivos y personal directivo, y masa salarial del complemento de productividad del personal laboral; c) lo que fije una orden conjunta de las Consejerías de Administración Pública y de Hacienda. Aprueba el contrato el Consejo de Gobierno. Una comisión de control, con composición fijada en los estatutos, informa sobre su ejecución.

  27. Artículo 73. Régimen presupuestario

    El régimen presupuestario de las agencias de régimen especial es el que establecen el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y la demás normativa aplicable.

  28. Artículo 74. Personal

    El personal de las agencias de régimen especial puede ser funcionario (normativa de función pública) o laboral; las que impliquen ejercicio de autoridad, personal funcionario. Su oferta de empleo forma parte de la de la Junta, aunque la agencia puede aprobar aparte la del personal no directivo del apartado 4. Selección por convocatoria pública (igualdad, mérito y capacidad, con reserva para discapacidad): el laboral, por órganos propios de la agencia; el funcionario, lo convoca la Consejería de adscripción y, excepcionalmente, la agencia con autorización de la Consejería de función pública.

  29. Artículo 75. Concepto

    Son sociedades mercantiles del sector público andaluz las previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objeto es realizar actividades comerciales o de gestión de servicios en régimen de mercado, bajo el principio de la libre competencia. En ningún caso pueden disponer de facultades que impliquen ejercicio de autoridad pública, aunque excepcionalmente la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas.

  30. Artículo 76. Competencia y procedimiento de creación

    El Consejo de Gobierno autoriza crear sociedades mercantiles del sector público andaluz, según la legislación patrimonial. Su acuerdo es un acto administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con este contenido mínimo: denominación; forma jurídica; actividades del objeto social; facultad de participar o crear otras sociedades; participación en el capital y mecanismos para mantener la posición de partícipe mayoritario; líneas básicas de organización y funcionamiento; Consejería o agencia de adscripción. Además incorpora y aprueba estatutos y plan inicial de actuación.

  31. Artículo 77. Personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz

    El personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. Para nombrar al personal no directivo hace falta, antes, una convocatoria pública en medios oficiales y los procesos selectivos correspondientes, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

  32. Artículo 78. Concepto y régimen jurídico

    Las fundaciones del sector público andaluz se rigen, en concepto y régimen jurídico, por la Ley 10/2005, sin perjuicio de esta Ley. Su personal se rige por el derecho laboral; el no directivo, previa convocatoria pública y procesos selectivos basados en igualdad, mérito y capacidad. Se liquidan por cesión e integración global, en unidad de acto, de activo y pasivo en la Administración de la Junta o en una entidad instrumental, según el Acuerdo del Consejo de Gobierno que autorizó la extinción. La cesionaria se subroga automáticamente, sin alterar condiciones financieras ni causar resolución.

Ley Orgánica 2/2007, Estatuto de Autonomía para Andalucía

En este tema: art. 47. Ver la norma

  1. Artículo 47. Administraciones Públicas andaluzas

    Exclusivas: procedimiento derivado de las especialidades de la organización propia y estructura de sus órganos y organismos autónomos; bienes de dominio público y patrimoniales de su titularidad; control, inspección y sanción en lo no afectado por el art. 149.1.18.ª CE; organización a efectos contractuales de la Administración propia. Compartidas: régimen jurídico de la Administración y de su personal; procedimiento administrativo común; contratos y concesiones; responsabilidad patrimonial. Expropiación forzosa: ejecutiva. Facultades para incorporar figuras jurídico-privadas necesarias.

Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En este tema: arts. 2, 81–83 y 118–127. Ver la norma

  1. Artículo 2. Ámbito Subjetivo

    La ley se aplica al sector público: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas, Entidades locales y sector público institucional. Este se integra por los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes; las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes, sujetas a lo que específicamente se refiera a ellas —en particular a los principios del artículo 3— y en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas; y las Universidades públicas, regidas por su normativa específica y supletoriamente por esta ley. Son Administraciones Públicas las tres territoriales y los organismos y entidades de derecho público de la letra a).

  2. Artículo 81. Principios generales de actuación

    Las entidades del sector público institucional se someten en su actuación a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como al de transparencia en su gestión; en materia de personal, incluido el laboral, quedan sujetas a las limitaciones de la normativa presupuestaria. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, para comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se rigen por las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación —en particular los Capítulos I y VI y los artículos 129 y 134— y por la normativa propia de la Administración a la que se adscriban.

  3. Artículo 82. El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

    El Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local es un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades del sector público institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Su integración, gestión y publicación dependen de la Intervención General de la Administración del Estado. Contendrá, al menos, información actualizada sobre naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso la condición de medio propio, los regímenes de contabilidad, presupuestario y de control y la clasificación en términos de contabilidad nacional. Se inscribirán, al menos, la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional.

  4. Artículo 83. Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local

    El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva de los actos de creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de treinta días hábiles desde que ocurra el acto inscribible, acompañando la documentación justificativa. Tratándose de la creación, la notificación es electrónica y se acompaña de la copia o enlace a la publicación en el Boletín Oficial, o del acto jurídico de creación, con los Estatutos o el plan de actuación. La inscripción se practicará dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Para que la Administración Tributaria asigne el Número de Identificación Fiscal definitivo y la letra identificativa que corresponda será necesaria la certificación de la inscripción en el Inventario.

  5. Artículo 118. Definición y actividades propias

    Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. Pueden realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras prevean las leyes, y pueden utilizarse para la gestión de servicios públicos en el marco de convenios de cooperación transfronteriza. En su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «consorcio» o su abreviatura «C».

  6. Artículo 119. Régimen jurídico

    Los consorcios se rigen por esta Ley, la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. En lo no previsto en ellos sobre derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se somete al artículo 97 de esta Ley y, en su defecto, a la Ley de Sociedades de Capital. Las normas sobre consorcios locales de la Ley de Bases del Régimen Local y de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local tienen carácter supletorio respecto de esta Ley.

  7. Artículo 120. Régimen de adscripción

    Los estatutos determinarán la Administración a la que el consorcio queda adscrito, conforme a criterios ordenados por prioridad y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario: quien disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos; quien pueda hacerlo con el personal directivo; quien tenga mayor control por normativa especial; quien pueda nombrar o destituir a la mayoría del órgano de gobierno; quien financie más del cincuenta por ciento o, en su defecto, en mayor medida; quien tenga el mayor porcentaje en el fondo patrimonial; y quien tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, según los fines se orienten a personas o a territorio. Si participan entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. Todo cambio de adscripción conlleva la modificación de los estatutos en un plazo no superior a seis meses desde el inicio del ejercicio siguiente.

  8. Artículo 121. Régimen de personal

    El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder de las Administraciones participantes; su régimen jurídico será el de la Administración de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las de puestos equivalentes en aquella. Excepcionalmente —por la singularidad de las funciones, o cuando tras un anuncio público de convocatoria restringida a las Administraciones consorciadas no fuera posible cubrir el puesto—, el Ministerio competente u órgano equivalente de la Administración de adscripción podrá autorizar la contratación de personal por el consorcio.

  9. Artículo 122. Régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial

    Los consorcios están sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración a la que estén adscritos, sin perjuicio de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Para determinar la financiación de cada Administración consorciada se atiende tanto a los compromisos estatutarios o convencionales como a la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos. El órgano de control interno de la Administración de adscripción deberá auditar las cuentas anuales de los consorcios en que concurran al menos dos de estas tres circunstancias: activo superior a 2.400.000 euros; ingresos superiores a 2.400.000 euros; o más de 50 trabajadores de media. La situación debe repetirse dos ejercicios consecutivos para producir efectos. Los consorcios forman parte de los presupuestos y se incluyen en la cuenta general de la Administración de adscripción, y se rigen por sus normas patrimoniales.

  10. Artículo 123. Creación

    Los consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos o entidades participantes. Cuando participe la Administración General del Estado o sus organismos, se requiere además: que su creación se autorice por ley; que el convenio cuente con autorización previa del Consejo de Ministros, siendo la competencia para suscribirlo indelegable y correspondiendo al titular del departamento ministerial —o, en organismos autónomos, al titular de su máximo órgano de dirección, previo informe del Ministerio de dependencia—; y que del convenio formen parte los estatutos, un plan de actuación conforme al artículo 92, una proyección presupuestaria trienal y el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda. El convenio y los estatutos, así como sus modificaciones, se publican en el BOE.

  11. Artículo 124. Contenido de los estatutos

    Los estatutos determinarán la Administración de adscripción y el régimen orgánico, funcional y financiero, y al menos: la sede, objeto, fines y funciones; la identificación de los participantes y sus aportaciones, incluyendo cláusulas que limiten las actividades del consorcio si alguno incumple sus compromisos de financiación y fórmulas de aseguramiento de las cantidades comprometidas antes de realizar las actividades presupuestadas; los órganos de gobierno y administración, su composición y funcionamiento con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos, pudiendo preverse la suspensión temporal del derecho de voto a quien incumpla manifiestamente sus obligaciones; y las causas de disolución.

  12. Artículo 125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio

    Los miembros de un consorcio podrán separarse en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para su duración. Si el consorcio tiene duración determinada, cualquiera podrá separarse antes del plazo si otro miembro hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias, en particular las que impidan cumplir el fin para el que se creó, como la de realizar aportaciones al fondo patrimonial. Cuando un municipio deje de prestar un servicio que sea de los prestados por el consorcio al que pertenece, podrá separarse. El derecho se ejercita mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno, haciendo constar, si el consorcio tuviera duración determinada, el incumplimiento que lo motiva, el requerimiento previo de cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado.

  13. Artículo 126. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio

    El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto acuerde su continuidad y sigan permaneciendo al menos dos Administraciones, o entidades vinculadas a más de una Administración. Si no hay disolución, se calcula la cuota de separación según la participación que le habría correspondido en el patrimonio neto de haberse liquidado, con el criterio de reparto de los estatutos; en su defecto, atendiendo al porcentaje de aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año, y si el saliente no estaba obligado a aportar, a su participación en los ingresos recibidos. La separación efectiva se produce una vez determinada la cuota si es positiva, o una vez pagada la deuda si es negativa. Si el consorcio estaba adscrito a la Administración que se separa, deberá acordarse a cuál de las restantes se adscribe.

  14. Artículo 127. Disolución del consorcio

    La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso es causa de disolución que los fines para los que fue creado hayan sido cumplidos. El máximo órgano de gobierno, al acordar la disolución, nombra un liquidador que será un órgano o entidad de la Administración de adscripción; la responsabilidad del empleado público liquidador la asume la Administración que lo designó, que podrá exigírsela de oficio si concurrió dolo, culpa o negligencia graves. El liquidador calcula la cuota de liquidación de cada miembro conforme a los estatutos y, en su defecto, según su participación en el patrimonio neto, atendiendo a las aportaciones al fondo patrimonial y a la financiación concedida cada año. Las entidades consorciadas podrán acordar —con la mayoría estatutaria o, a falta de previsión, por unanimidad— la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público para mantener la continuidad de la actividad, lo que implica la extinción sin liquidación del consorcio cedente.

Decreto Legislativo 1/2010, Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía

En este tema: arts. 2–5. Ver la norma

  1. Artículo 2. Agencias

    Cuatro clases de agencias se someten a la Ley, en los términos que la propia Ley establezca: las agencias administrativas; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre; las agencias públicas empresariales a que se refiere el artículo 68.1.b) de esa misma Ley; y las agencias de régimen especial.

  2. Artículo 3. Instituciones

    Las instituciones de la Junta de Andalucía se rigen por su legislación específica y por esta Ley en lo que les sea de aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines.

  3. Artículo 4. Consorcios

    A los consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007 se les aplica el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad de esta Ley, en lo previsto en ella. Los que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía durante un ejercicio mantienen hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio el régimen de sus Estatutos anteriores, excepto el de elaboración y aprobación de sus presupuestos. Su creación y extinción, y la adquisición y pérdida de la participación mayoritaria, requieren autorización del Consejo de Gobierno.

  4. Artículo 5. Sociedades mercantiles del sector público andaluz, fundaciones y otras entidades

    Son sociedades mercantiles del sector público andaluz aquellas en que la Administración de la Junta, sus agencias y demás entidades de derecho público tienen más del cincuenta por ciento del capital, la mayoría de los votos o la facultad de nombrar al administrador único o a más de la mitad del órgano de administración. A las fundaciones y demás entidades con representación mayoritaria de la Junta se les aplica el régimen de la Ley; crearlas o extinguirlas exige autorización del Consejo de Gobierno, que también puede someter a control financiero a entidades ajenas al sector público andaluz.

Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En este tema: entera. Ver la norma

  1. Artículo 1. Objeto de la Ley y ámbito de aplicación

    La Ley regula las fundaciones de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 13.25 del Estatuto). Fundaciones: organizaciones sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a fines de interés general. Se aplica a las fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en Andalucía, siempre que así lo dispongan sus Estatutos, y a las delegaciones de fundaciones extranjeras que actúen principalmente en Andalucía.

  2. Artículo 55. Concepto

    Son fundaciones del sector público andaluz: 1) las constituidas con aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Junta, sus organismos públicos o demás entidades o empresas; 2) aquellas cuyo patrimonio fundacional, con carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos por esas entidades; 3) aquellas en que la Junta tenga representación mayoritaria: más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia nombrados por la Junta.

  3. Artículo 56. Creación y extinción

    La creación y extinción de fundaciones del sector público andaluz, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria y la modificación de sus fines deben autorizarse por Acuerdo del Consejo de Gobierno, que fija las condiciones generales y designa a quien actúa en la constitución y, en su caso, a sus representantes en el Patronato. Se exige una memoria justificativa, informada por la Consejería competente en materia de organización, y una memoria económica sobre la suficiencia de la dotación inicial, con informe de la Consejería de hacienda.

  4. Artículo 57. Régimen jurídico

    Las fundaciones del sector público andaluz no pueden ejercer potestades públicas ni establecer servicios públicos, y solo realizan actividades del ámbito competencial de sus fundadoras. Su Protectorado lo ejerce la Consejería competente en materia de fundaciones. En presupuestos, contabilidad y auditoría se rigen por la Ley 5/1983; remiten sus cuentas anuales aprobadas a la Intervención General, a la que corresponde la auditoría externa obligatoria. Selección de personal: igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Decreto 75/2008, por el que el IAPH se adapta a la Ley 9/2007 y se aprueban sus Estatutos

En este tema: arts. 1–2. Ver la norma

  1. Artículo 1. Naturaleza jurídica y fines generales

    El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una agencia pública empresarial del artículo 54.2.b) de la Ley 9/2007, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio y administración propios, adscrita a la Consejería competente en cultura. Sus fines son la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, la innovación, la transferencia de conocimiento y fijar pautas de tutela. La Consejería fija sus objetivos y directrices, sigue su actividad y ejerce el control de eficacia y financiero.

  2. Artículo 2. Régimen jurídico

    El Instituto actúa como agencia pública empresarial sujeta a la Ley 5/2007, a sus Estatutos, a la Ley 9/2007, a la normativa de Hacienda Pública andaluza en lo económico, presupuestario, contable y de intervención, a la de Patrimonio de la Comunidad Autónoma y al Derecho Privado, Mercantil, Civil o Laboral en sus relaciones externas, personal y actividades frente a terceros. Su contratación se rige por la normativa de contratos de las Administraciones Públicas. Actúa con criterios de interés público, rentabilidad social, publicidad, concurrencia e igualdad.

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