Tema 22 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley

La Ley 9/2007 regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Administración de la Junta de Andalucía, y las especialidades del procedimiento administrativo común que le son propias. También regula los principios generales de organización, funcionamiento y régimen jurídico de sus entidades instrumentales. Estas entidades quedan sujetas a la Ley en todo caso cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 2. Personalidad jurídica y potestades

La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la dirección del Consejo de Gobierno, desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo. Formada por órganos jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única, sin perjuicio de la que tengan sus entidades instrumentales dependientes. Goza de las potestades y prerrogativas que le atribuya el ordenamiento y las que éste confiere a la Administración del Estado, en cuanto le sean de aplicación. Las agencias de su Administración instrumental las tienen en tanto les sean expresamente reconocidas por las leyes y sus estatutos.

Artículo 3. Principios generales de organización y funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía

Sirve con objetividad al interés general, sujeta a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al ordenamiento. Principios: eficacia; jerarquía; descentralización funcional; desconcentración funcional y territorial; coordinación; lealtad institucional; buena fe; confianza legítima; transparencia; cooperación interadministrativa; eficiencia y control de resultados; programación de objetivos; coordinación y planificación; racionalidad organizativa; procedimientos ágiles; imparcialidad; igualdad de hombres y mujeres; no discriminación; proximidad; responsabilidad; buena administración y calidad.

Artículo 4. Dirección y planificación de la actividad

La Administración de la Junta de Andalucía es un sistema integrado de órganos administrativos y de entidades vinculadas o dependientes, informado por el principio de coordinación, que busca la eficacia y diligencia máximas. La coordinación se logra planificando la actividad dentro de cada Consejería (objetivos comunes para centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales) y planificando la actividad interdepartamental mediante orientaciones o criterios fijados por acuerdos del Consejo de Gobierno.

Artículo 5. Principio de buena administración

La Administración de la Junta actúa con la ciudadanía según el principio de buena administración, que abarca ocho derechos: actos proporcionados a sus fines; trato equitativo, imparcial y objetivo; participar en las decisiones que le afecten; resolución en plazo razonable, con proximidad a la ciudadanía; participar en los asuntos públicos; acceder a documentación e información; información veraz; y acceso a archivos y registros, cualquiera que sea su soporte, con excepciones legales. En los servicios públicos se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

Artículo 6. Calidad de los servicios

Los servicios de la Junta mejoran continuamente la calidad mediante sistemas de gestión y evaluación aprobados por el Consejo de Gobierno, orientados al logro de la excelencia en la gestión. El Consejo de Gobierno promueve la mejora de la calidad y las cartas de servicio y de derechos entre órganos y entidades dependientes o vinculadas. La persona titular de la Consejería competente en materia de Administración Pública promueve la simplificación, la gestión telemática de procedimientos, la mejora de organigramas, los medios y la formación del personal.

Artículo 7. Administración electrónica

La aplicación de las tecnologías de la información se orienta a mejorar la eficacia de la Administración, aproximarla a la ciudadanía y agilizar la gestión. Las relaciones por redes abiertas se rigen por simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal, confidencialidad, y seguridad y autenticidad. El intercambio electrónico exige tres requisitos: disponibilidad y acceso de medios, compatibilidad técnica y medidas de seguridad. La Junta facilitará un dispositivo de firma electrónica a quien lo solicite.

Artículo 8. Relaciones interadministrativas

La Junta actúa con las demás Administraciones según los principios de colaboración y lealtad institucional. Debe: respetar sus competencias; ponderar todos los intereses públicos implicados; facilitarles información; prestar cooperación y asistencia activas, con especial atención a las Administraciones locales andaluzas; y colaborar en la ejecución de sus actos en Andalucía. Puede pedir datos, documentos, medios probatorios y asistencia, también para actos a ejecutar fuera de Andalucía. Solo se niega la asistencia sin facultad, sin medios suficientes o por perjuicio grave, y motivadamente.

Artículo 9. Convenios de colaboración interadministrativa

El deber de colaboración entre la Junta y las demás Administraciones Públicas se desarrolla mediante instrumentos y procedimientos establecidos de forma voluntaria. Si la finalidad es tomar decisiones conjuntas para una actividad más eficaz en asuntos que les afecten, se siguen los instrumentos y procedimientos de cooperación con la Administración del Estado de la normativa estatal básica. Aprobar, modificar o extinguir convenios de colaboración corresponde a la persona titular de cada Consejería en su ámbito, salvo que el Consejo de Gobierno disponga otra cosa.

Artículo 10. Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas

A los convenios de colaboración que la Junta de Andalucía celebre con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación conjunta de servicios propios, y a los acuerdos de cooperación, se les aplica lo establecido en el artículo anterior, con las especialidades previstas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 11. Participación en conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación con la Administración del Estado

La participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las conferencias sectoriales y en la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado corresponde a las personas miembros del Consejo de Gobierno que tengan competencias sobre la materia, o a las que, en cada caso, designe el Consejo de Gobierno.

Artículo 12. Organizaciones personificadas de gestión

La Junta puede constituir con otras Administraciones y entidades públicas o privadas organizaciones personificadas de gestión, con forma de consorcio o de sociedad mercantil. El Consejo de Gobierno autoriza su creación o la integración, previo informe de las Consejerías competentes en Administración Pública y en Hacienda; los estatutos se publican en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El personal de los consorcios, funcionario o laboral, procede exclusivamente de las Administraciones participantes.

Artículo 13. Órganos administrativos

Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, las Consejerías y las agencias administrativas se componen de órganos y de unidades administrativas. Una unidad administrativa solo tiene la consideración de órgano cuando se le atribuyen funciones con efectos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo.

Artículo 14. Unidades administrativas

Las unidades administrativas son estructuras funcionales básicas de preparación y gestión de los procedimientos, dentro del ámbito funcional propio de las Consejerías y de las agencias administrativas. Se crean, modifican y suprimen a través de la relación de puestos de trabajo.

Artículo 15. Servicios administrativos con gestión diferenciada

Por decreto del Consejo de Gobierno pueden crearse servicios administrativos con gestión diferenciada por razones de especialización funcional, para la identificación singular del servicio público ante la ciudadanía u otros motivos justificados. Pueden agrupar órganos o unidades de una misma Consejería. Carecen de personalidad jurídica independiente y están, en todo caso, adscritos a una Consejería. Su denominación, estructura y competencias se fijan en el decreto de creación.

Artículo 16. Clasificación

Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno, los órganos de la estructura básica se clasifican en superiores y directivos. Órgano superior: la Consejería. Directivos centrales: Viceconsejería, Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General. Directivos periféricos: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de la Consejería y, en su caso, Delegación Territorial. Los demás órganos dependen de alguno de los directivos.

Artículo 17. Órganos superiores y directivos

Superiores: planificación y superior coordinación; directivos: ejecución. Sus titulares: altos cargos. Directivos: nombramiento y separación por decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería; salvo otra cosa, el nombramiento surte efecto al día siguiente de aprobarse; el cese, el mismo día. Exigen funcionario de carrera o estatutario fijo con licenciatura, grado o equivalente: Secretarías Generales Técnicas; Secretaría General de Administración Pública; Direcciones Generales con competencias en esa materia; Intervención General; Dirección de la Agencia Tributaria.

Artículo 18. Representación equilibrada

En el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponde al Consejo de Gobierno se garantiza la representación equilibrada de hombres y mujeres. Hay representación equilibrada cuando la situación garantiza la presencia de mujeres y hombres al menos en un cuarenta por ciento.

Artículo 19. Órganos colegiados

Son órganos colegiados los compuestos por tres o más miembros que, reunidos en sesión convocada al efecto, deliberan y acuerdan colegiadamente. En su composición, modificación o renovación debe respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres del artículo 18.2. Del cómputo se excluyen los miembros que lo son por el cargo específico que desempeñan, y cada institución, organización o entidad que designe o proponga representantes debe tener en cuenta la composición de género.

Artículo 20. Órganos colegiados de participación administrativa

Define los órganos colegiados de participación administrativa o social: aquellos en cuya composición, junto a miembros de la Administración de la Junta de Andalucía, se integran representantes de otras Administraciones Públicas, personas u organizaciones en representación de intereses legalmente reconocidos, o personas en calidad de profesionales expertos.

Artículo 21. Creación, modificación y supresión de órganos

Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía se crean, modifican y suprimen por decreto del Consejo de Gobierno. La regla se aplica sin perjuicio del régimen establecido para los órganos colegiados.

Artículo 22. Requisitos para la creación de los órganos

Además de la legislación básica estatal, la norma de creación de un órgano fija su denominación y sus funciones y competencias (las que asume de otros órganos y las de nueva atribución). No se crean órganos ni unidades administrativas sin acreditar en expediente que sus funciones les son propias; si coinciden con otras, se prevé supresión o disminución competencial del afectado. Lo comprueba la Consejería competente en materia de Administración Pública. Antes: valoración económico-financiera e informes. Se exceptúan las Consejerías (creación, denominación, competencias, prelación, supresión).

Artículo 23. Organización

La Administración de la Junta de Andalucía se organiza en Consejerías. A cada Consejería le corresponde la gestión de uno o varios sectores de actividad.

Artículo 24. Estructura interna

Además de su titular, la Consejería tiene como órganos centrales Viceconsejería, Secretaría General Técnica y Direcciones Generales, y pueden crearse Secretarías Generales. Su estructura orgánica se aprueba por decreto acordado en Consejo de Gobierno. Excepcionalmente, ante emergencias y/o especial complejidad, pueden crearse dos Viceconsejerías y Secretarías Generales Técnicas en ámbitos competenciales diferenciados. A esos órganos pueden adscribirse entidades públicas vinculadas o dependientes. Los titulares pueden crear comisiones cuyos actos tienen eficacia en el ámbito interno.

Artículo 25. Ordenación jerárquica

Las personas titulares de las Consejerías desempeñan la jefatura superior de la Consejería y son superiores jerárquicos directos de las personas titulares de las Viceconsejerías. Los demás órganos directivos dependen de alguno de ellos y se ordenan jerárquicamente así: Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General.

Artículo 26. Titulares de las Consejerías

Las personas titulares de las Consejerías las representan y ejercen la superior dirección, iniciativa, coordinación, inspección, evaluación y potestad reglamentaria en su ámbito. Les corresponde, entre otras: nombrar y separar a los cargos de libre designación; aprobar los planes de actuación; dirigir a los órganos directivos; resolver conflictos de atribuciones internos; formular el anteproyecto de presupuesto; autorizar gastos; y, salvo que corresponda al Consejo de Gobierno, suscribir contratos y convenios, resolver recursos y la responsabilidad patrimonial.

Artículo 27. Titulares de las Viceconsejerías

Las personas titulares de las Viceconsejerías, como superiores órganos directivos, tienen: la representación ordinaria de la Consejería tras su titular y su delegación general; su suplencia; formar parte de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras; y dirigir los servicios comunes. En la Consejería: asesorar, supervisar, establecer programas de inspección y evaluación, proponer medidas de organización, de relaciones de puestos de trabajo y planes de empleo, coordinar lo económico-financiero y la jefatura superior de todo el personal.

Artículo 28. Titulares de las Secretarías Generales

Las personas titulares de las Secretarías Generales dirigen, coordinan y controlan un sector homogéneo de actividad de la Consejería. Les corresponde: ejercer las competencias que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue la persona titular de la Consejería; impulsar objetivos y proyectos, supervisando los órganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares; dirigir, supervisar y controlar los órganos adscritos; y cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente.

Artículo 29. Titulares de las Secretarías Generales Técnicas

Las personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas dependen directamente de la titular de la Viceconsejería y tienen las competencias sobre los servicios comunes de la Consejería que les atribuya el decreto de estructura orgánica: producción normativa, asistencia jurídica, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial, y gestión de medios materiales, servicios auxiliares y publicaciones. Tienen rango de Director General y ejercen sobre sus órganos y unidades dependientes las facultades propias de las personas titulares de las Direcciones Generales.

Artículo 30. Titulares de las Direcciones Generales

Las personas titulares de las Direcciones Generales gestionan directamente una o varias áreas funcionales homogéneas, bajo la dirección y control inmediatos de la persona titular de la Consejería, de la Viceconsejería o de una Secretaría General. Les corresponde: elaborar planes, programas, estudios y propuestas de su ámbito, dirigir su ejecución y controlar su cumplimiento; ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las desconcentradas o delegadas; impulsar, coordinar y supervisar sus órganos, unidades y personal; y cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente.

Artículo 31. Comisiones interdepartamentales

Las comisiones interdepartamentales son órganos colegiados donde están representadas dos o más Consejerías. Funciones: estudiar y preparar asuntos que afecten a más de una Consejería; formular informes y propuestas; adoptar acuerdos en materias delegadas por sus Consejerías; y el seguimiento, supervisión y control de objetivos o actuaciones de otros órganos. Pueden crearse, con carácter temporal o permanente, para coordinar asuntos concretos. Las crea el Consejo de Gobierno y la norma de creación fija su régimen interno.

Artículo 32. Órganos de participación ciudadana

Para hacer efectiva la participación social en la mejora de los servicios, pueden crearse órganos de participación con fines de información y asesoramiento en planes, programas o actuaciones con gran incidencia social, y de audiencia a sectores o colectivos que puedan resultar afectados. No tienen competencias decisorias. Su norma de creación fija su régimen interno, su adscripción concreta y, en su caso, su dependencia administrativa (convocatoria y celebración de sesiones, adscripción de medios y tramitación de actuaciones).

Artículo 33. Consejería competente en materia de Administración Pública

A la Consejería competente en materia de Administración Pública le corresponden, además de las que le atribuye esta Ley y sin perjuicio de las de la Consejería de Hacienda, las competencias en: régimen de personal de la Junta; organización administrativa, estructura orgánica y procedimiento; inspección de servicios; modernización e información administrativa, cuando no se atribuyan por ley a otras Consejerías. También las propuestas e informes sobre la creación, alteración y supresión de entidades públicas vinculadas o dependientes.

Artículo 34. Instituto Andaluz de Administración Pública

El IAAP es una agencia administrativa (art. 54.2 a) adscrita a la Consejería competente en Administración Pública, con personalidad y capacidad jurídica pública y patrimonio propio. Le corresponden: investigación, estudio, información y difusión de materias de Administración Pública (en especial andaluzas); formación del personal de la Junta; gestión de las pruebas y cursos de selección que se le encomienden; y las funciones que se fijen reglamentariamente. Sus estatutos los aprueba el Consejo de Gobierno, garantizando la participación sindical en los órganos de formación y perfeccionamiento.

Artículo 35. Órganos territoriales

Son órganos territoriales provinciales las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y, en su caso, las Delegaciones Territoriales. Estas se crean por Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de la Presidencia; su titular se nombra y separa por Decreto del Consejo de Gobierno. Otras estructuras u órganos provinciales o inferiores los crea el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería o Consejerías interesadas.

Artículo 36. Titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía representan al Gobierno en la provincia y son allí la primera autoridad de la Administración de la Junta. Se nombran y separan por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas. Coordinan y supervisan los servicios y actividades de la Junta en la provincia, bajo la superior dirección y supervisión de esa persona titular de la Consejería, y ejercen además las competencias de los servicios periféricos que se les asignen.

Artículo 37. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Delegación del Gobierno, en su provincia, debe: representar a la Junta y presidir sus actos; dirigir su Delegación; coordinar las Delegaciones Provinciales y Territoriales; comunicar a la Junta con el Estado y las entidades locales; requerir a estas que anulen actos ilegales o promover su impugnación; informar a la Presidencia de los conflictos de atribuciones; instar al Consejo de Gobierno a plantear los de jurisdicción; representarla en los órganos colegiados de seguridad; y velar por sus normas. Tiene la potestad sancionadora atribuida y la residual.

Artículo 38. Titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías representan a su Consejería en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios de la Delegación, bajo la superior dirección y la supervisión de la persona titular de la Consejería. Su nombramiento y separación se hacen por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente.

Artículo 39. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Corresponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías: representar ordinariamente a la Consejería en la provincia y dirigir las unidades de la Delegación; la jefatura de todo el personal de la Delegación y la gestión ordinaria que expresamente se les delegue; ser cauce ordinario de relación con los servicios centrales, los órganos periféricos del Estado y las entidades locales; requerir a las entidades locales de la provincia para que anulen actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento; y las funciones desconcentradas por decreto o delegadas.

Artículo 40. Estructura de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías forman parte de la estructura orgánica de su Consejería, y los decretos de estructura orgánica de cada Consejería pueden determinar las competencias que se les desconcentran. Su organización y funcionamiento responden específicamente a los principios de eficacia, eficiencia y economía del gasto público, evitando duplicar órganos, unidades administrativas y funciones respecto de la organización central, y procurando la mayor proximidad y facilidad en las relaciones con la ciudadanía.

Artículo 41. Naturaleza

El Gabinete Jurídico, con sus Letrados, es el órgano directivo que representa y defiende en juicio a la Administración de la Junta, sus agencias administrativas, el Consejo Consultivo y el Consejo Audiovisual, y a los menores tutelados. Asesora en Derecho al Consejo de Gobierno, a la Administración y a sus agencias administrativas. Agencias públicas empresariales y de régimen especial, sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios del artículo 12.3 pueden encomendárselo por convenio con la Consejería competente en materia de Presidencia. Su régimen, por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 42. Ejercicio de acciones

El ejercicio de acciones en vía jurisdiccional corresponde al Consejo de Gobierno.

Artículo 43. Principios de actuación

Cuando representan y defienden en juicio, los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía actúan conforme a tres principios: legalidad, buena fe y defensa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 44. Defensa de autoridades y personal

Los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía podrán asumir, en los términos establecidos reglamentariamente, la representación y defensa en juicio de las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta, de las agencias administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía. Requisitos: que el procedimiento se siga por actos u omisiones relacionados con el cargo y consentimiento previo de la persona interesada.

Artículo 45. Notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal

Salvo lo que disponga expresamente una ley, a todos los efectos procesales el domicilio de la Administración de la Junta de Andalucía (incluidas las Consejerías, órganos y entidades del apartado 1 del artículo 41) es la sede del Gabinete Jurídico. Lo mismo se aplica a las entidades del apartado 3 del artículo 41 cuando las representen y defiendan Letrados del Gabinete Jurídico. Son nulos los actos de comunicación procesal que no se practiquen conforme a este artículo.

Artículo 46. Exención de depósitos y cauciones

La Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y las entidades públicas con régimen de independencia funcional o de especial autonomía están exentas de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previstos en las leyes.

Artículo 47. Fuero territorial

En los procedimientos civiles en que sean parte la Administración de la Junta de Andalucía, las agencias y las entidades con régimen de independencia funcional o de especial autonomía, serán competentes en todo caso los Juzgados y Tribunales con sede en las capitales de provincia, en Ceuta o en Melilla. Esta regla se aplica con preferencia a cualquier otra de competencia territorial, sin perjuicio del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley 52/1997.

Artículo 48. Suspensión del curso de los autos

En procesos civiles contra la Administración de la Junta o sus agencias administrativas, el Letrado o Letrada del Gabinete Jurídico recaba antecedentes y, en su caso, consulta a la Jefatura del Gabinete. Al recibir el primer traslado, citación o notificación puede pedir la suspensión del curso de los autos y el juez la acordará, salvo que excepcionalmente, por auto motivado, estime que causaría grave daño al interés general. El juez fija el plazo: ni más de un mes ni menos de quince días. Se cuenta desde el día siguiente a la notificación de la providencia, que no admite recurso.

Artículo 49. Naturaleza

En los términos de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta y de la totalidad de sus entidades instrumentales. Además, es el centro directivo del control financiero y de la auditoría pública respecto de la Administración y sus entes instrumentales.

Artículo 1. Objeto

El decreto determina la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en los términos fijados por el Capítulo III del Título II de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Para ello ordena la figura de las personas titulares de los órganos directivos periféricos en que se organice y las unidades administrativas que se les adscriban, así como sus funciones y competencias.

Artículo 2. Organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía

La Administración de la Junta de Andalucía podrá adoptar, mediante decreto del Consejo de Gobierno y sin perjuicio del artículo 35.3 de la Ley 9/2007, una de dos estructuras provinciales: a) Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Provinciales de cada una de las Consejerías; b) Delegaciones del Gobierno y Delegaciones Territoriales. Las Territoriales podrán tener asignados los servicios periféricos de determinadas materias de una Consejería, el conjunto de los de una Consejería o agrupar los de varias.

Artículo 3. De las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son los máximos órganos directivos periféricos representantes de la Junta de Andalucía en la provincia. El artículo lo afirma de conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y con el Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, por el que se crean y regulan las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Nombramiento, separación y rango de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía son nombradas y separadas mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Tienen rango de Dirección General, tal y como establece el artículo 2.2 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre.

Artículo 5. Incompatibilidades de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos.

Artículo 6. Suplencia de la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

En caso de vacante, las competencias de la Delegación del Gobierno las ejerce la persona titular de otra Delegación Provincial o, en su caso, de la Delegación Territorial que designe la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas las Delegaciones del Gobierno. En caso de ausencia o enfermedad, o de abstención o recusación declarada, la persona titular de la Delegación del Gobierno es sustituida por la de la Delegación Provincial o, en su caso, Territorial que ella designe como suplente; si esa designación no es posible, se aplica la regla de la vacante.

Artículo 7. Funciones y competencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía

A las personas titulares de las Delegaciones del Gobierno les corresponden las funciones y competencias de los artículos 36 y 37 de la Ley 9/2007 y 6 y 7 del Decreto 512/1996, la coordinación de las relaciones informativas de la Administración de la Junta en la provincia y las que se les atribuyan o deleguen. Las Delegaciones ejercen además, en su provincia, las competencias de servicios periféricos que fije un decreto del Consejo de Gobierno. Dependen orgánicamente de la Consejería de adscripción y funcionalmente de la competente por la materia, cuya persona titular resuelve la alzada.

Artículo 8. De las Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Secretaría General de la Delegación del Gobierno es nombrada por libre designación por la persona titular de la Consejería de la que dependa la Delegación, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería de que dependa en la provincia y, respecto de los servicios comunes adscritos, las funciones de las letras a) a f).

Artículo 9. La Oficina de la Vicepresidencia

Artículo 10. De las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

Las Delegaciones Provinciales de las Consejerías son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta integrados en la estructura orgánica de las Consejerías. Podrá existir una por Consejería en cada provincia cuando lo establezcan los decretos de estructura orgánica. Sus titulares representan a la Consejería en la provincia y ejercen la dirección, coordinación y control inmediatos de los servicios, bajo la superior dirección y supervisión de la persona titular de la Consejería. Principios: eficacia, eficiencia y economía del gasto público, sin duplicidades.

Artículo 11. Nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías

El nombramiento y la separación de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías se hacen por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente. El artículo lo establece de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 12. Incompatibilidades de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería

La persona titular de la Delegación Provincial de una Consejería de la Administración de la Junta de Andalucía está sometida al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 13. Competencias de la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería

A las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía les corresponden las competencias establecidas en el artículo 39 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como cualquier otra que se les atribuya o que les sea delegada.

Artículo 14. De las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales

La persona titular de la Secretaría General de la Delegación Provincial es nombrada por libre designación por la persona titular de la Consejería de la que la Delegación dependa, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación Provincial, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería de que dependa en la provincia y, además, las funciones de las letras a) a f).

Artículo 15. De las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Las Delegaciones Territoriales son órganos territoriales provinciales de la Administración de la Junta de Andalucía. Dependen orgánicamente de la Consejería que se establezca por decreto del Consejo de Gobierno y funcionalmente de la Consejería o Consejerías competentes por razón de la materia. Contra los actos de sus titulares que no agoten la vía administrativa cabe recurso de alzada, que resuelve la persona titular de la Consejería con las competencias funcionales de la materia; si versa sobre materias del servicio de gestión de recursos comunes, la de la Consejería de adscripción orgánica.

Artículo 16. Nombramiento y separación de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

La persona titular de la Delegación Territorial es nombrada y separada por decreto del Consejo de Gobierno. La propuesta corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia si la Delegación asume competencias de varias Consejerías, y a la persona titular de la Consejería correspondiente cuando se trate de una sola de ellas.

Artículo 17. Incompatibilidades de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía están sometidas al mismo régimen de incompatibilidades previsto para las personas que ocupan puestos de alto cargo de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 18. Régimen de suplencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

En caso de vacante, las competencias propias de la Delegación Territorial las ejerce la persona titular de la Delegación del Gobierno o de la Delegación Territorial que designe la Consejería a la que esté adscrita orgánicamente la Delegación Territorial. En caso de ausencia o enfermedad de la persona titular, o cuando se haya declarado su abstención o recusación, la sustituye la persona titular de la Delegación Territorial o de la Delegación del Gobierno que designe como suplente; si esa designación no es posible, se aplica la regla de la vacante.

Artículo 19. Funciones y competencias de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

Funciones de la persona titular de la Delegación Territorial en su provincia: a) representación ordinaria de las Consejerías con servicios periféricos adscritos y, en su caso, de sus agencias; b) dirigir las unidades bajo dependencia funcional de los órganos directivos; c) jefatura de todo el personal; d) cauce ordinario de relación con los servicios centrales, los órganos periféricos del Estado y las entidades locales; e) trasladar órdenes e instrucciones a las Secretarías Generales Provinciales; f) potestades administrativas; g) las demás atribuidas, desconcentradas o delegadas.

Artículo 20. Estructura de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

En las Delegaciones Territoriales se integran los servicios periféricos de las Consejerías que así se establezcan por decreto. En cada Delegación Territorial en la que se integren servicios periféricos de diferentes Consejerías existirá un servicio de gestión de recursos comunes. Si la Delegación asume competencias funcionales de una sola Consejería, o de solo una parte de sus servicios periféricos, se aplica lo establecido en el artículo 40 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, para las Delegaciones Provinciales.

Artículo 21. El servicio de gestión de recursos comunes de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía

El servicio de gestión de recursos comunes existe cuando la Delegación Territorial integra servicios periféricos de diferentes Consejerías. Su titular es nombrado por libre designación por la persona titular de la Consejería de adscripción orgánica de la Delegación, entre personal funcionario de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública. Depende orgánica y funcionalmente de la persona titular de la Delegación. Funciones: coordinación de los servicios comunes, sus asuntos de personal y económicos, archivo y registro, tramitación de recursos y otras de administración general.

Artículo 22. De las Secretarías Generales Provinciales de las Consejerías

Al frente de los servicios periféricos de cada Consejería existe una Secretaría General Provincial, órgano administrativo periférico del que dependen las unidades administrativas. Excepcionalmente caben hasta dos en las Delegaciones Territoriales que asuman competencias funcionales de una sola Consejería, por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de esa Consejería y previo informe favorable de las de Administración Pública y Hacienda. Los servicios periféricos dependen funcionalmente de su Consejería y orgánicamente de la Delegación, del Gobierno o Territorial, en que se integren.

Artículo 23. Personas titulares de las Secretarías Generales Provinciales de la Consejería

A la persona titular de la Secretaría General Provincial la nombra la titular de la Consejería de la que dependa funcionalmente, por libre designación, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública con al menos cinco años de servicios en puestos de ese Subgrupo. Bajo la superior dirección y coordinación de la persona titular de la Delegación, ejerce la jefatura de los servicios de la Consejería en la provincia, la asistencia técnico-jurídica, la gestión económica y la tramitación de recursos. En ausencia, vacante o enfermedad actúa quien designe esa titular.

Artículo 24. Gestión compartida entre las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía

Cuando la reestructuración de las Consejerías afecte a la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, se puede acordar, de forma excepcional y transitoria, la gestión compartida de determinadas funciones de las Delegaciones, tanto Territoriales como del Gobierno, cuando los servicios periféricos de las Consejerías afectadas dejen de estar adscritos a dichas Delegaciones. Las áreas que se relacionan en el artículo 25 podrán prestar las funciones que les sean asignadas, con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y eficiencia.

Artículo 25. Funciones de gestión compartida

Pueden ser objeto de gestión compartida siete funciones: a) la gestión de recursos humanos; b) la gestión económica; c) la gestión de la contratación administrativa; d) la gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones; e) la gestión relativa a la administración general de equipos e instalaciones; f) el asesoramiento técnico-jurídico; g) la gestión del registro y la atención a la ciudadanía.

Artículo 26. Ordenación de la gestión compartida

Las funciones objeto de gestión compartida, las unidades y los puestos afectados funcionalmente por la materia se establecen mediante orden conjunta de las Consejerías afectadas. Asimismo se determinan los oportunos mecanismos de coordinación. En todo caso, las unidades administrativas y puestos que realicen con su estructura la gestión compartida dependen de las respectivas Delegaciones Territoriales o de las Delegaciones del Gobierno, y la coordinación entre las Delegaciones afectadas corresponde a sus respectivas Secretarías Generales.

Artículo 1. Vicepresidencias

Se crean tres Vicepresidencias de la Junta de Andalucía. La Primera corresponde a la persona titular de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias; la Segunda, a la de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; la Tercera, a la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento temporal de la Presidencia de la Junta, su suplencia corresponde a la persona titular de la Vicepresidencia Primera.

Artículo 2. Consejerías

Trece Consejerías: Presidencia, Sanidad y Emergencias; Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; Economía, Hacienda y Fondos Europeos; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Educación; Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Servicios Sociales, Familias e Igualdad; Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; Universidad, Industria, Energía e Innovación; Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Fomento y Movilidad; Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. Es su orden de prelación; en protocolo, la 2.ª pasa a 1.ª.

Artículo 3. Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias asume: asistencia a la Presidencia de la Junta y relaciones entre el Consejo de Gobierno y el Parlamento; salud y consumo; acción exterior; interior, emergencias y protección civil; asesoramiento jurídico, Boletín Oficial y transparencia; y relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Audiovisual, el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas. Mantiene adscritos, entre otros, el Servicio Andaluz de Salud y la RTVA; se le adscriben las fundaciones Centro de Estudios Andaluces y Progreso y Salud y las Delegaciones del Gobierno.

Artículo 4. Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local

La Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local asume: turismo; calidad normativa y reducción de cargas y trabas burocráticas; Administración de Justicia (salvo la configuración, implantación y mantenimiento de sistemas informáticos y de comunicación, de los que conserva la dirección funcional), notariado, registros públicos, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones y justicia juvenil; y administración local. Mantiene adscritas la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía y la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre.

Artículo 5. Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos asume, entre otras materias, política económica, estadística y cartografía, política financiera, Hacienda Pública, Presupuestos, Fondos Europeos, tributos, financiación autonómica, juego, Tesorería y Deuda Pública, patrimonio, contratación pública y control interno. Su titular asume las funciones de Portavoz del Gobierno. Mantiene adscritas la Agencia Tributaria de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y EPGASA; se le adscribe la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía.

Artículo 6. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural conserva las competencias que ya tenía en agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y economía azul, agroalimentación, agua, desarrollo rural y animales de compañía. Se mantienen adscritas a ella AGAPA (Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía), IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica) y AMAYA (Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía), esta última adscrita asimismo a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Artículo 7. Consejería de Educación

La Consejería de Educación tiene las competencias en materia de políticas educativas y de formación profesional relativas a las enseñanzas del sistema educativo no universitario en Andalucía. Se mantienen adscritos a ella, en virtud de la normativa vigente, la Agencia Pública Andaluza de Educación y el Consorcio Parque de las Ciencias.

Artículo 8. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo conserva las competencias que ya tenía en políticas activas de empleo (como la formación profesional en el ámbito laboral y la intermediación laboral), trabajo y prevención de riesgos laborales, trabajo autónomo y economía social, y comercio y artesanía. Lleva además las relaciones institucionales con el Consejo Económico y Social de Andalucía. Mantiene adscritos el Servicio Andaluz de Empleo y el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, y se le adscribe el Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Artículo 9. Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad

La Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad tiene las competencias en igualdad, servicios sociales, familia, voluntariado, diversidad, violencia de género, dependencia, discapacidad, mayores, infancia, políticas migratorias y coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo. Mantiene adscritos el Instituto Andaluz de la Mujer, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Se le adscribe la Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba.

Artículo 10. Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio

La Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio asume: vivienda, rehabilitación, suelo, vivienda protegida, calidad de la edificación y asistencia a personas en riesgo de perder su vivienda habitual por desahucio; las políticas de juventud; y la ordenación del territorio, del litoral y urbanismo, con la inspección territorial y urbanística, que incluye restitución de la legalidad y sanciones. Mantiene adscrita AVRA. Se le adscriben el Instituto Andaluz de la Juventud, el Parque del Alamillo, el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida e Inturjoven.

Artículo 11. Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación

La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación asume: la enseñanza universitaria, sin perjuicio de la autonomía universitaria; las actividades industriales (incluidas la aeroespacial y de defensa), energéticas y mineras, la innovación tecnológica y la Compra Pública Innovadora; la investigación y los incentivos de I+D+i; y la cultura emprendedora. Mantiene adscritas ACCUA, Andalucía Emprende, la Agencia Andaluza de la Energía y el Parque Cartuja. Se le adscriben TRADE, IDEA, VEIASA, AERÓPOLIS y la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada.

Artículo 12. Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte

Esta Consejería asume: promoción cultural, industrias culturales, lectura y libro; museos, patrimonio histórico y documental, bibliotecas y archivos; moda; flamenco; deporte; memoria democrática; y el Registro Propiedad Intelectual. Mantiene adscritos el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Se le adscriben las fundaciones Barenboim-Said, El Legado Andalusí, Andalucía Olímpica y Rodríguez Acosta, Cetursa Sierra Nevada y Apartahotel Trevenque.

Artículo 13. Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Esta Consejería conserva las competencias que ya tenía en medio ambiente, cambio climático, ordenación y gestión forestal, prevención de los incendios forestales y restauración de sus efectos, biodiversidad y geodiversidad, caza y pesca continental, vías pecuarias, prevención y calidad ambiental, residuos y economía circular y espacios naturales protegidos, y en cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Mantiene adscrita AMAYA, adscrita asimismo a la de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Se le adscribe la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21.

Artículo 14. Consejería de Fomento y Movilidad

Esta Consejería asume: infraestructuras viarias y de transportes (Red de Carreteras de Andalucía, vías ciclistas, ferrocarriles) con itinerarios íntegramente en Andalucía, excluidas las de titularidad provincial o municipal; transportes, puertos y aeropuertos que no sean de interés general del Estado, y los de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa; y la Red de Áreas Logísticas de Andalucía. Mantiene adscritas AOPJA y APPA. Se le adscriben nueve consorcios: Almería, Bahía de Cádiz, Campo de Gibraltar, Córdoba, Granada, Costa de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Artículo 15. Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública

Esta Consejería tiene dos bloques de competencias: a) la gestión de políticas y estrategias autonómicas de inteligencia artificial, tecnologías de la información, telecomunicaciones, interoperabilidad y ciberseguridad, sin perjuicio de las de otras Consejerías; b) la planificación de la Administración de la Junta: régimen de personal, sector público instrumental, inspección de servicios, evaluación de políticas públicas y reto demográfico (en coordinación con desarrollo rural). Mantiene adscritos la Agencia Digital de Andalucía y el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Artículo 1

A los solos efectos del artículo 37 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, son Servicios, Secciones y Negociados las unidades que, con esa denominación u otra equivalente, aparecen recogidas en las correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo de las Consejerías y de los Organismos Autónomos adscritos a ellas.

Artículo 2

El ámbito competencial de los órganos a que se refiere el artículo anterior lo definen tres fuentes: las correspondientes normas orgánicas, las Relaciones de Puestos de Trabajo y las normas de desarrollo que al objeto dicten los Consejeros correspondientes. Todo ello sin perjuicio de las competencias que les atribuyan otras normas específicas.

Artículo 3

Funciones de los Servicios u órganos asimilados: ordenar el despacho de asuntos; elaborar la propuesta de los actos que sean competencia del inmediato órgano superior; proponer la ampliación de plazos (artículos 42.2 y 49.1 de la Ley 30/1992) y la declaración de urgencia; notificar actos; acordar la mejora de las solicitudes; autorizar el acceso a documentos y registros de los archivos del Servicio; ordenar lo necesario para que su personal cumpla sus obligaciones; y las asignadas por delegación o desconcentración o no atribuidas expresamente a otros órganos superiores o inferiores.

Artículo 4

Funciones propias de las Secciones u órganos asimilados: informar a los interesados del estado de tramitación de los expedientes de su ámbito (aunque puede encomendarse a otro órgano especializado); informar y orientar sobre los requisitos jurídicos o técnicos de los proyectos, actuaciones o solicitudes de los ciudadanos; acordar la acumulación de expedientes; requerir la subsanación de escritos o solicitudes; y, en general, la instrucción de los procedimientos y las atribuidas por delegación, desconcentración o expresamente. La letra b) está derogada.

Artículo 5

A los Negociados u órganos asimilados les corresponde el despacho y la tramitación de los asuntos que consistan en la simple constatación de hechos y en la aplicación automática de normas, siempre que no estén incluidos en ninguno de los artículos anteriores.

Artículo 6

El ámbito funcional de cada órgano se entiende sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que corresponden a los titulares de las Jefaturas de cada órgano, tales como las de dirección, seguimiento, control, vigilancia y análogas.

Artículo 1. Objeto

La Ley regula dos cosas: por un lado, el régimen de incompatibilidades y retribuciones del personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía; por otro, la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones, que alcanza tanto al personal alto cargo como a otros cargos públicos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Son altos cargos el Presidente de la Junta, el Vicepresidente o Vicepresidentes, los Consejeros y los empleos de libre designación por el Consejo de Gobierno que implican especial confianza o responsabilidad, entre ellos Viceconsejeros, Directores Generales y Delegados del Gobierno. Son «otros cargos públicos», a efectos de la declaración, los Consejeros electivos del Consultivo sin exclusividad, el Presidente del CES, los representantes en Cajas de Ahorro con funciones ejecutivas y el Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Artículo 3. Dedicación exclusiva

Los altos cargos ejercen con dedicación exclusiva, sin compatibilizarla con otro puesto, cargo o actividad, pública o privada, retribuida o no. Excepciones: ser parlamentario andaluz en los supuestos de la legislación electoral, sin cobrar como diputado; docencia universitaria hasta setenta y cinco horas anuales, con retribución que no supere el 15 % de la del cargo y autorización expresa del titular de la Consejería competente en administración pública; docencia no permanente en centros oficiales de formación; y un segundo cargo público autorizado por el Gobierno, con una sola retribución.

Artículo 4. Compatibilidad con actividad representativa

Los titulares de altos cargos pueden formar parte de órganos colegiados o de otra naturaleza de las Administraciones Públicas cuando les corresponda con carácter institucional o sean designados en función del cargo, y pueden representar a la Administración de la Junta en los órganos de gobierno o consejos de administración de empresas con capital público. Lo que devenguen por cualquier concepto, incluidas las indemnizaciones por asistencia, lo ingresa directamente el organismo o empresa en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.

Artículo 5. Compatibilidad con la administración del patrimonio personal o familiar

La mera administración del patrimonio personal o familiar no está sujeta al artículo 3, salvo participación, directa o por persona interpuesta, superior al diez por ciento en sociedades con conciertos, contratos o concesiones con el sector público o que reciban subvenciones públicas. En sociedades anónimas con capital suscrito superior a 600.000 euros, alcanza a participaciones menores que puedan condicionar de forma relevante su actuación. Tampoco pueden tener cuentas ni activos financieros en paraísos fiscales, directamente o mediante sociedades en que participen en más del cinco por ciento.

Artículo 6. Incompatibilidades

Los altos cargos son incompatibles entre sí y, en particular, con otros cargos al servicio de las administraciones, con dirigir, representar o asesorar a empresas y sociedades, con el ejercicio de su profesión, con pensiones de derechos pasivos o de Seguridad Social pública y obligatoria y con dirigir cámaras, colegios, sindicatos y organizaciones empresariales. También con estar encausado, condenado (hasta cancelar antecedentes o, en otros delitos con pena privativa de libertad, hasta cumplir condena), inhabilitado, tener cuentas en paraísos fiscales o ser sancionado por fraude y corrupción.

Artículo 7. Inhibición y abstención

Los altos cargos deben inhibirse en los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita o familiar dentro del segundo grado civil. En los dos años siguientes al cese no pueden prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes que resolvieron, ni en las de su grupo societario, ni firmar contratos con la Junta, por sí o mediante entidades participadas en más del diez por ciento, si guardan relación directa con sus funciones.

Artículo 8. Consecuencias de las situaciones de incompatibilidad

Consecuencias según la letra del artículo 6: a), pase a la situación administrativa que corresponda; b), suspensión en los cargos y prohibición de obtenerlos, extendida a los dos años posteriores al cese si hay relación directa con las funciones; c), suspensión de la actividad mientras sirvan el cargo, con reintegro al cesar sin restricción de plazo; d), cese en el ejercicio profesional activo mediante sustitución; e), las pensiones se ingresan en la Tesorería de la Comunidad Autónoma; g), prohibición durante el cargo y hasta dos años después del cese; j) a o), cese en el nombramiento.

Artículo 8 bis. Desarrollo de actividades privadas tras el cese en el desempeño del alto cargo

Quien en los dos años posteriores al cese pretenda una actividad privada en el mismo ámbito sectorial en que desarrolló sus funciones debe comunicarlo a la Consejería competente en administración pública y obtener autorización previa. Instruye la Inspección General de Servicios, que recaba informe del órgano en que cesó (cinco días) y, si aprecia posible vulneración, da diez días para alegaciones. Resuelve el titular de la Consejería en un mes desde que recibe la comunicación. Quien reingrese en la función pública con compatibilidad para servicios privados necesita además esta autorización.

Artículo 9. Acreditación de no incompatibilidad en licitaciones públicas

Las empresas, entidades o sociedades que tomen parte en licitaciones públicas, contraten o hayan de encargarse de la gestión de un servicio público, prestado directamente por la Administración de la Junta o a través de sus entes instrumentales, deben acreditar que en sus órganos de gobierno o administración no hay ninguna de las personas del artículo 2. Es admisible una declaración responsable firmada por la persona representante que presente la oferta; las proposiciones que no la acompañen se rechazan.

Artículo 10. Obligación de declarar sobre causas de incompatibilidad y plazo para efectuar la declaración

Los altos cargos a los que se refiere la Ley están obligados a declarar sobre las causas de posible incompatibilidad. La declaración se hace con arreglo al modelo que aprobará la Consejería competente por razón de la materia y en el plazo que se determine reglamentariamente: el artículo no fija ningún plazo concreto.

Artículo 10 bis. Retribuciones del personal alto cargo y asimilado de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas y de régimen especial

La retribución de la Presidencia de la Junta, excluidos trienios o complementos de antigüedad, equivale a la fijada por la Mesa del Parlamento para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5 %, sin pagas extraordinarias y en doce mensualidades. El resto, menos que la Presidencia: Vicepresidencia 3 %, Consejería 4,5 %, Viceconsejería 9,5 %, Dirección General 13 % y Delegación 27 %, con pagas extraordinarias en junio y diciembre. Se aplica por resolución de la Consejería de Administración Pública, publicada en BOJA antes del 20 de enero o en el mes siguiente a la actualización.

Artículo 10 ter. Retribuciones del personal alto cargo del Consejo Consultivo de Andalucía, Consejo Audiovisual de Andalucía y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

La Presidencia del Consejo Consultivo cobra lo establecido para la Presidencia de la Junta, sin pagas extraordinarias y en doce mensualidades, con catorce para la antigüedad. Las consejeras y consejeros electivos con dedicación exclusiva del Consultivo y la Presidencia del Consejo Audiovisual, lo establecido para las personas titulares de las consejerías. La Secretaría General del Consultivo, las consejeras, consejeros y Secretaría General del Audiovisual y la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, lo establecido para las titulares de las viceconsejerías.

Artículo 10 quater. Retribuciones del personal asimilado a alto cargo en otras entidades del sector público andaluz

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno se adecuarán, conforme a criterios objetivos, los conceptos retributivos y las percepciones económicas de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales o Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les corresponda ejercer las funciones ejecutivas de máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, consorcios adscritos y demás entidades del artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 10 quinquies. Disposiciones generales

Las retribuciones son públicas. Los cargos del artículo 2.1 no pueden recibir más de una retribución con cargo a presupuestos públicos ni ninguna de actividad privada, salvo las excepciones de la Ley; sí ciertas indemnizaciones, seguros y complementos personales regulados por ley. Las retribuciones íntegras anuales no pueden superar las de la Presidencia de la Junta, excluidos del cómputo, entre otros, trienios y ayudas de acción social. Las Direcciones Generales y Delegaciones no pueden cobrar menos que el personal funcionario de nivel superior adscrito a su centro directivo.

Artículo 11. Obligación de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones

Los altos cargos y otros cargos públicos están obligados, conforme se establezca reglamentariamente, a formular declaración de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones. La declaración se extiende, también conforme al reglamento, a las relaciones en materia de contratación con todas las Administraciones públicas y entes participados de los miembros de la unidad familiar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Artículo 12. Plazo para efectuar la declaración, obligación de aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y régimen de publicidad de la misma

La declaración se efectúa en dos meses desde la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho. Las autoliquidaciones íntegras del IRPF y, en su caso, de Patrimonio se presentan en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones en el momento de la toma de posesión, o en dos meses desde el cese o modificación, y además antes del 1 de agosto de cada año natural; se publican en el Portal de la Junta, previa disociación de los datos protegidos. Las del cónyuge o pareja pueden aportarse, pero solo se publican en el Portal con su consentimiento expreso.

Artículo 13. Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones

Las declaraciones a las que se refieren este Capítulo y el artículo 10 se inscriben en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones. Ese Registro está constituido en la Consejería competente por razón de la materia.

Artículo 14. Publicidad del Registro

El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones es público. Además, el contenido de las declaraciones inscritas en él se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y está disponible en internet.

Artículo 15. Infracciones

Muy graves: incumplir las normas de incompatibilidades y de abstención e inhibición con daño manifiesto a la Administración de la Junta; la falsedad de datos y documentos; la omisión de los relevantes por su importancia o trascendencia social; y desarrollar actividades sin la autorización de los artículos 3.3 y 8.bis. Graves: esos incumplimientos y omisiones cuando no son muy graves, no declarar tras el requerimiento y cometer dos leves en un año. Leve: no declarar en plazo cuando se subsana tras el requerimiento.

Artículo 16. Sanciones

Las infracciones muy graves y graves se sancionan con la declaración del incumplimiento de la Ley y su publicación en el BOJA; las leves, con amonestación. Con independencia de las sanciones por muy graves y graves, los infractores deben, en su caso, restituir las cantidades percibidas indebidamente, en la forma que se establezca reglamentariamente. Si las infracciones pudieran ser delito, la Administración pasa el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstiene de seguir el procedimiento hasta la resolución judicial que ponga fin al proceso penal.

Artículo 17. Imposibilidad de ocupar altos cargos

Quien haya sido sancionado por infracción muy grave será, en su caso, cesado y no podrá ser nombrado para los cargos del artículo 2 por un período de entre tres y diez años. Si la infracción es grave, el período es de hasta tres años. Para graduar estas medidas se valoran: los perjuicios para el interés público (si no se tuvieron en cuenta para tipificar la infracción), el tiempo transcurrido en situación de incompatibilidad, la repercusión de la conducta en los administrados y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por actividades públicas incompatibles.

Artículo 18. Procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador se rige por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en las peculiaridades específicas del mismo. Es un artículo de remisión: el dato que hay que retener es el número y la fecha del Real Decreto.

Artículo 19. Medidas de carácter provisional

El órgano competente para resolver el procedimiento puede acordar motivadamente, como medida de carácter provisional, la suspensión de empleo y sueldo, con los efectos previstos en la legislación en materia de función pública, y la de cualquier autorización de libramientos, a quienes estén incursos en un procedimiento sancionador por infracción de esta Ley.

Artículo 20. Prescripción de infracciones y sanciones

El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ley es el establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo no fija plazos propios: remite.

Artículo 21. Órgano competente

La persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ordena la incoación de los procedimientos sancionadores e impone las sanciones, cualquiera que sea su gravedad. La instrucción la realiza quien esa persona designe. El procedimiento se ajusta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su normativa de desarrollo en relación con el procedimiento administrativo sancionador, y al título preliminar, capítulo III, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 22. Asignación económica a ex presidentes

Al cesar en el cargo, los ex presidentes de la Junta de Andalucía tienen derecho a una asignación económica. Se determina de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981.

Artículo 23. Asignación económica a ex vicepresidentes y ex consejeros

Al cesar en el cargo, los ex vicepresidentes y ex consejeros de la Junta de Andalucía tienen derecho a una asignación económica. Se determina de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981.

Artículo 24. Asignación económica a ex altos cargos

Los ex altos cargos (salvo los de los artículos 22 y 23) tienen derecho, al cesar, a una asignación temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo por cada año de ejercicio, con mínimo de tres y máximo de doce. Decae si, mientras se percibe, se ocupa otro puesto o actividad retribuida en el sector privado, o al tener efectos económicos el ingreso o reingreso en el sector público. Aquí son altos cargos los titulares de centros directivos de servicios centrales de Consejerías y de Organismos Autónomos y los Delegados del Gobierno, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 25. Incompatibilidades en la percepción de asignación económica

Las asignaciones económicas de los artículos 22, 23 y 24 son incompatibles con las retribuciones que pudieran corresponder a quienes cesan si son designados de nuevo para alguno de los cargos de referencia o como altos cargos de otras Administraciones Públicas. También lo son con cualquier otra percepción o prestación económica a que tuvieran derecho como consecuencia del cese en esos cargos.

Artículo 26. Consolidación de grado a ex parlamentarios

Los funcionarios de carrera al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que hayan sido diputados del Parlamento de Andalucía durante una legislatura completa perciben, desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esa situación, el complemento de su grado personal incrementado hasta igualarlo al complemento de destino que la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma fije anualmente para el cargo de Director General de la Junta de Andalucía.

Artículo 27. Consolidación de complemento de personal laboral

Los trabajadores del Convenio Colectivo del personal de la Junta que, más de dos años continuados o tres con interrupción, hayan desempeñado desde el 28 de abril de 1978 puestos del artículo 2.1 en la Administración de la Junta o sus organismos autónomos (salvo los de Gabinete con categoría inferior a Director General) perciben, desde su reincorporación al servicio activo y mientras sigan en él, el complemento de categoría profesional incrementado, con el tope del de destino de Director General. Igual para los que hayan sido diputados del Parlamento de Andalucía una legislatura completa.

Artículo 28. Permisos no retribuidos a ex diputados y ex altos cargos

Al perder la condición de diputado del Parlamento de Andalucía, o al cesar los altos cargos del apartado 3 del artículo 24, quienes tengan la condición de personal de la Administración de la Junta de Andalucía tienen derecho a un permiso no retribuido de adaptación a la vida laboral o administrativa de un mes por cada año en el ejercicio del cargo, con una duración máxima de doce meses. Se solicita conjuntamente con el reingreso al servicio activo y se empieza a disfrutar desde que se produce ese reingreso.

Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias

La Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento. Principios: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos. Gestión ordinaria: servicios centrales y periféricos. Los órganos que prestan sus servicios o gestionan competencias dependen de la Comunidad y se integran en ella.

Artículo 134. Participación ciudadana

La ley regulará: a) la participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les puedan afectar; y b) el acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía, que comprenderá en todo caso sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a su disposición los medios tecnológicos necesarios para ello.

Artículo 135. Principio de representación equilibrada de hombres y mujeres

Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a sus miembros, en sus respectivos ámbitos. El mismo principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos que corresponda efectuar en el ámbito de la Administración andaluza.

Artículo 136. Función y empleos públicos

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y el acceso al empleo público, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y establecerá un órgano administrativo de la función pública que resolverá los recursos que se interpongan sobre esta materia.

Artículo 137. Prestación de servicios y cartas de derechos

La Administración de la Junta de Andalucía hará pública la oferta y características de prestación de los servicios, así como las cartas de derechos de los ciudadanos ante ella. Hay que retener quién publica (la Administración de la Junta de Andalucía) y qué hace pública: la oferta de prestación de los servicios, las características de esa prestación y las cartas de derechos de los ciudadanos ante la propia Administración.

Artículo 138. Evaluación de políticas públicas

Artículo 139. La Comunidad Autónoma como Administración Pública

El artículo tiene dos apartados. 1) La Comunidad Autónoma es Administración Pública a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2) La Comunidad Autónoma está exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos. Retén lo que abarca la exención (cauciones o depósitos) y sus dos supuestos (ejercitar acciones o interponer recursos).

Artículo 25. Ámbito de aplicación

En la Administración General del Estado el título se aplica a los miembros del Gobierno, a los Secretarios de Estado y al resto de altos cargos de esa Administración y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ella; son altos cargos los que lo sean según la normativa de conflictos de intereses. También se aplica a los altos cargos o asimilados según la normativa autonómica o local, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. Su aplicación no afecta, en ningún caso, a la condición de cargo electo.

Artículo 26. Principios de buen gobierno

Las personas del ámbito del título observan la Constitución y el resto del ordenamiento y promueven el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Ajustan su actividad a siete principios generales (transparencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual, diligencia debida, conducta digna y responsabilidad) y a nueve principios de actuación (plena dedicación, debida reserva, comunicar irregularidades, no aceptar regalos que superen los usos habituales…). Estos principios informan la interpretación y aplicación del régimen sancionador del título.

Artículo 27. Infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses

El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas del ámbito del título se sanciona conforme a la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y, para el resto de Administraciones, de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación.

Artículo 28. Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria

Enumera las infracciones muy graves en materia de gestión económico-presupuestaria, que lo son cuando las conductas sean culpables: alcance en la administración de fondos públicos, administrar recursos de la Hacienda Pública sin sujeción a sus normas, comprometer gastos u ordenar pagos sin crédito suficiente, omitir la intervención previa preceptiva, no justificar la inversión de fondos, operaciones de crédito sin la preceptiva autorización, incumplimientos ligados a la Ley Orgánica 2/2012 (planes, acuerdos de no disponibilidad), no publicar o no suministrar información y no rendir cuentas.

Artículo 29. Infracciones disciplinarias

Clasifica las infracciones disciplinarias. Muy graves: incumplir el deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía, discriminación y acoso, acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave, acoso laboral… Graves: abuso de autoridad, intervenir habiendo causa de abstención, no guardar el debido sigilo… Leves: incorrección con superiores, compañeros o subordinados y descuido o negligencia. Haber sido sancionado por dos infracciones del mismo nivel en el año anterior, sin recurso posible en vía administrativa, convierte la nueva en la del nivel superior.

Artículo 30. Sanciones

Leves: amonestación. Graves: algunas de estas sanciones: declaración del incumplimiento y su publicación en el BOE o diario oficial que corresponda, y no percepción de la indemnización por cese. Muy graves: esas sanciones en todo caso, más destitución (salvo que ya hubiesen cesado) y no poder ser nombrado alto cargo o asimilado entre cinco y diez años. Si pudieran ser delito, se comunican al Fiscal General del Estado y se detiene el procedimiento hasta que acabe el proceso penal. Las infracciones del artículo 28 conllevan restituir lo indebido e indemnizar a la Hacienda Pública.

Artículo 31. Órgano competente y procedimiento

El procedimiento sancionador se inicia de oficio, por acuerdo del órgano competente (propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia). Ordena la incoación el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para miembros del Gobierno y Secretarios de Estado, y ese Ministro para las demás personas al servicio de la Administración General del Estado; en ambos casos instruye la Oficina de Conflictos de Intereses. En el ámbito autonómico y local actúan sus propios órganos. Las resoluciones son recurribles en vía contencioso-administrativa.

Artículo 32. Prescripción

Las infracciones previstas en el título prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves. Las sanciones prescriben en los mismos plazos: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las impuestas por graves y un año las que sean consecuencia de infracciones leves. Para el cómputo de los plazos y las causas de su interrupción se está a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992.

Artículo 15. Derechos inherentes al cargo

El art. 15 enumera cinco derechos de quien ejerza la Presidencia de la Junta: a) la precedencia sobre cualquier autoridad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la que le reserve la legislación del Estado; b) los honores atribuidos en razón de su cargo; c) utilizar la bandera y el escudo de Andalucía como distintivo; d) percibir las retribuciones establecidas en su normativa específica; e) ocupar la residencia oficial que se establezca, con el personal, servicios y dotación correspondiente.

Artículo 16. Incompatibilidades

La Presidencia de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier otra función o actividad pública que no derive de ella. La única excepción es la condición de diputado o diputada en el Parlamento de Andalucía. También es incompatible con toda actividad laboral, profesional o empresarial. Además, se le aplica el régimen propio de incompatibilidades de las personas altos cargos de la Junta de Andalucía.

Artículo 17. Del fuero procesal

El artículo 17 regula el fuero procesal del Presidente o de la Presidenta de la Junta de Andalucía. Su responsabilidad civil y penal será exigible ante la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. La Ley no crea esta regla, sino que la toma de lo establecido en el Estatuto de Autonomía. Datos que hay que retener: dos tipos de responsabilidad (civil y penal), un órgano (la Sala correspondiente del Tribunal Supremo) y una fuente de remisión (el Estatuto de Autonomía).

Artículo 22. Nombramiento, cese y toma de posesión

El Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía nombra y cesa a los titulares de las Vicepresidencias y de las Consejerías. El nombramiento se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pero el mandato no empieza con la publicación, sino tras la toma de posesión en el cargo. Los ceses también se publican en el BOJA y surten efectos a partir de la fecha que determine el propio decreto.

Artículo 23. Suplencia

Cuando la persona titular de una Vicepresidencia o de una Consejería esté en situación de vacante, ausencia o enfermedad, el Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía encarga el despacho ordinario de sus asuntos a otra persona miembro del Consejo de Gobierno. Hay tres supuestos (vacante, ausencia, enfermedad), dos tipos de cargo suplidos (Vicepresidencias y Consejerías) y un solo órgano que decide (la Presidencia). El suplente debe ser miembro del Consejo de Gobierno y solo asume el despacho ordinario.

Artículo 24. Causas de cese

El artículo enumera siete causas de cese de las personas titulares de las Vicepresidencias y de las Consejerías: a) el cese de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía; b) dimisión; c) revocación del nombramiento; d) fallecimiento; e) sentencia judicial firme que lleve aparejada la inhabilitación para el cargo; f) sentencia judicial firme de incapacitación; g) incurrir en las incompatibilidades de los párrafos j) a o) del artículo 6 de la Ley 3/2005, de 8 de abril.

Artículo 25. Incompatibilidades

El artículo 25 LGA fija el régimen de incompatibilidades de las personas miembros del Consejo de Gobierno. No crea un régimen propio. Se remite al que se aplica al Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía: los miembros del Consejo de Gobierno están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades que él o ella. El dato que hay que retener es el término de comparación: la Presidencia de la Junta, no los parlamentarios ni los altos cargos.

Artículo 26. Del fuero procesal

La responsabilidad penal de las personas titulares de las Consejerías, conforme al Estatuto de Autonomía, se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Hay una excepción: si los delitos se cometen en el ámbito territorial de su jurisdicción, conoce el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La responsabilidad civil en que incurran en el ejercicio de su cargo se exige ante esos mismos Tribunales, respectivamente: Tribunal Supremo o TSJA según el caso.