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Ley 3/2005, de incompatibilidades de altos cargos de la Junta de Andalucía

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Art. 1ObjetoLa Ley regula dos cosas: por un lado, el régimen de incompatibilidades y retribuciones del personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía; por otro, la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones, que alcanza tanto al personal alto cargo como a otros cargos públicos.
Art. 2Ámbito de aplicaciónSon altos cargos el Presidente de la Junta, el Vicepresidente o Vicepresidentes, los Consejeros y los empleos de libre designación por el Consejo de Gobierno que implican especial confianza o responsabilidad, entre ellos Viceconsejeros, Directores Generales y Delegados del Gobierno. Son «otros cargos públicos», a efectos de la declaración, los Consejeros electivos del Consultivo sin exclusividad, el Presidente del CES, los representantes en Cajas de Ahorro con funciones ejecutivas y el Director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
Art. 3Dedicación exclusivaLos altos cargos ejercen con dedicación exclusiva, sin compatibilizarla con otro puesto, cargo o actividad, pública o privada, retribuida o no. Excepciones: ser parlamentario andaluz en los supuestos de la legislación electoral, sin cobrar como diputado; docencia universitaria hasta setenta y cinco horas anuales, con retribución que no supere el 15 % de la del cargo y autorización expresa del titular de la Consejería competente en administración pública; docencia no permanente en centros oficiales de formación; y un segundo cargo público autorizado por el Gobierno, con una sola retribución.
Art. 4Compatibilidad con actividad representativaLos titulares de altos cargos pueden formar parte de órganos colegiados o de otra naturaleza de las Administraciones Públicas cuando les corresponda con carácter institucional o sean designados en función del cargo, y pueden representar a la Administración de la Junta en los órganos de gobierno o consejos de administración de empresas con capital público. Lo que devenguen por cualquier concepto, incluidas las indemnizaciones por asistencia, lo ingresa directamente el organismo o empresa en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
Art. 5Compatibilidad con la administración del patrimonio personal o familiarLa mera administración del patrimonio personal o familiar no está sujeta al artículo 3, salvo participación, directa o por persona interpuesta, superior al diez por ciento en sociedades con conciertos, contratos o concesiones con el sector público o que reciban subvenciones públicas. En sociedades anónimas con capital suscrito superior a 600.000 euros, alcanza a participaciones menores que puedan condicionar de forma relevante su actuación. Tampoco pueden tener cuentas ni activos financieros en paraísos fiscales, directamente o mediante sociedades en que participen en más del cinco por ciento.
Art. 6IncompatibilidadesLos altos cargos son incompatibles entre sí y, en particular, con otros cargos al servicio de las administraciones, con dirigir, representar o asesorar a empresas y sociedades, con el ejercicio de su profesión, con pensiones de derechos pasivos o de Seguridad Social pública y obligatoria y con dirigir cámaras, colegios, sindicatos y organizaciones empresariales. También con estar encausado, condenado (hasta cancelar antecedentes o, en otros delitos con pena privativa de libertad, hasta cumplir condena), inhabilitado, tener cuentas en paraísos fiscales o ser sancionado por fraude y corrupción.
Art. 7Inhibición y abstenciónLos altos cargos deben inhibirse en los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita o familiar dentro del segundo grado civil. En los dos años siguientes al cese no pueden prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes que resolvieron, ni en las de su grupo societario, ni firmar contratos con la Junta, por sí o mediante entidades participadas en más del diez por ciento, si guardan relación directa con sus funciones.
Art. 8Consecuencias de las situaciones de incompatibilidadConsecuencias según la letra del artículo 6: a), pase a la situación administrativa que corresponda; b), suspensión en los cargos y prohibición de obtenerlos, extendida a los dos años posteriores al cese si hay relación directa con las funciones; c), suspensión de la actividad mientras sirvan el cargo, con reintegro al cesar sin restricción de plazo; d), cese en el ejercicio profesional activo mediante sustitución; e), las pensiones se ingresan en la Tesorería de la Comunidad Autónoma; g), prohibición durante el cargo y hasta dos años después del cese; j) a o), cese en el nombramiento.
Art. 8 bisDesarrollo de actividades privadas tras el cese en el desempeño del alto cargoQuien en los dos años posteriores al cese pretenda una actividad privada en el mismo ámbito sectorial en que desarrolló sus funciones debe comunicarlo a la Consejería competente en administración pública y obtener autorización previa. Instruye la Inspección General de Servicios, que recaba informe del órgano en que cesó (cinco días) y, si aprecia posible vulneración, da diez días para alegaciones. Resuelve el titular de la Consejería en un mes desde que recibe la comunicación. Quien reingrese en la función pública con compatibilidad para servicios privados necesita además esta autorización.
Art. 9Acreditación de no incompatibilidad en licitaciones públicasLas empresas, entidades o sociedades que tomen parte en licitaciones públicas, contraten o hayan de encargarse de la gestión de un servicio público, prestado directamente por la Administración de la Junta o a través de sus entes instrumentales, deben acreditar que en sus órganos de gobierno o administración no hay ninguna de las personas del artículo 2. Es admisible una declaración responsable firmada por la persona representante que presente la oferta; las proposiciones que no la acompañen se rechazan.
Art. 10Obligación de declarar sobre causas de incompatibilidad y plazo para efectuar la declaraciónLos altos cargos a los que se refiere la Ley están obligados a declarar sobre las causas de posible incompatibilidad. La declaración se hace con arreglo al modelo que aprobará la Consejería competente por razón de la materia y en el plazo que se determine reglamentariamente: el artículo no fija ningún plazo concreto.
Art. 10 bisRetribuciones del personal alto cargo y asimilado de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas y de régimen especialLa retribución de la Presidencia de la Junta, excluidos trienios o complementos de antigüedad, equivale a la fijada por la Mesa del Parlamento para los portavoces de grupos parlamentarios, minorada en un 5 %, sin pagas extraordinarias y en doce mensualidades. El resto, menos que la Presidencia: Vicepresidencia 3 %, Consejería 4,5 %, Viceconsejería 9,5 %, Dirección General 13 % y Delegación 27 %, con pagas extraordinarias en junio y diciembre. Se aplica por resolución de la Consejería de Administración Pública, publicada en BOJA antes del 20 de enero o en el mes siguiente a la actualización.
Art. 10 terRetribuciones del personal alto cargo del Consejo Consultivo de Andalucía, Consejo Audiovisual de Andalucía y Consejo de Transparencia y Protección de Datos de AndalucíaLa Presidencia del Consejo Consultivo cobra lo establecido para la Presidencia de la Junta, sin pagas extraordinarias y en doce mensualidades, con catorce para la antigüedad. Las consejeras y consejeros electivos con dedicación exclusiva del Consultivo y la Presidencia del Consejo Audiovisual, lo establecido para las personas titulares de las consejerías. La Secretaría General del Consultivo, las consejeras, consejeros y Secretaría General del Audiovisual y la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, lo establecido para las titulares de las viceconsejerías.
Art. 10 quaterRetribuciones del personal asimilado a alto cargo en otras entidades del sector público andaluzPor Acuerdo del Consejo de Gobierno se adecuarán, conforme a criterios objetivos, los conceptos retributivos y las percepciones económicas de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales o Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les corresponda ejercer las funciones ejecutivas de máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, consorcios adscritos y demás entidades del artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Art. 10 quinquiesDisposiciones generalesLas retribuciones son públicas. Los cargos del artículo 2.1 no pueden recibir más de una retribución con cargo a presupuestos públicos ni ninguna de actividad privada, salvo las excepciones de la Ley; sí ciertas indemnizaciones, seguros y complementos personales regulados por ley. Las retribuciones íntegras anuales no pueden superar las de la Presidencia de la Junta, excluidos del cómputo, entre otros, trienios y ayudas de acción social. Las Direcciones Generales y Delegaciones no pueden cobrar menos que el personal funcionario de nivel superior adscrito a su centro directivo.
Art. 11Obligación de declaración de actividades, bienes, intereses y retribucionesLos altos cargos y otros cargos públicos están obligados, conforme se establezca reglamentariamente, a formular declaración de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones. La declaración se extiende, también conforme al reglamento, a las relaciones en materia de contratación con todas las Administraciones públicas y entes participados de los miembros de la unidad familiar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Art. 12Plazo para efectuar la declaración, obligación de aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y régimen de publicidad de la mismaLa declaración se efectúa en dos meses desde la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho. Las autoliquidaciones íntegras del IRPF y, en su caso, de Patrimonio se presentan en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones en el momento de la toma de posesión, o en dos meses desde el cese o modificación, y además antes del 1 de agosto de cada año natural; se publican en el Portal de la Junta, previa disociación de los datos protegidos. Las del cónyuge o pareja pueden aportarse, pero solo se publican en el Portal con su consentimiento expreso.
Art. 13Registro de Actividades, Bienes, Intereses y RetribucionesLas declaraciones a las que se refieren este Capítulo y el artículo 10 se inscriben en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones. Ese Registro está constituido en la Consejería competente por razón de la materia.
Art. 14Publicidad del RegistroEl Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones es público. Además, el contenido de las declaraciones inscritas en él se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y está disponible en internet.
Art. 15InfraccionesMuy graves: incumplir las normas de incompatibilidades y de abstención e inhibición con daño manifiesto a la Administración de la Junta; la falsedad de datos y documentos; la omisión de los relevantes por su importancia o trascendencia social; y desarrollar actividades sin la autorización de los artículos 3.3 y 8.bis. Graves: esos incumplimientos y omisiones cuando no son muy graves, no declarar tras el requerimiento y cometer dos leves en un año. Leve: no declarar en plazo cuando se subsana tras el requerimiento.
Art. 16SancionesLas infracciones muy graves y graves se sancionan con la declaración del incumplimiento de la Ley y su publicación en el BOJA; las leves, con amonestación. Con independencia de las sanciones por muy graves y graves, los infractores deben, en su caso, restituir las cantidades percibidas indebidamente, en la forma que se establezca reglamentariamente. Si las infracciones pudieran ser delito, la Administración pasa el tanto de culpa al órgano jurisdiccional competente y se abstiene de seguir el procedimiento hasta la resolución judicial que ponga fin al proceso penal.
Art. 17Imposibilidad de ocupar altos cargosQuien haya sido sancionado por infracción muy grave será, en su caso, cesado y no podrá ser nombrado para los cargos del artículo 2 por un período de entre tres y diez años. Si la infracción es grave, el período es de hasta tres años. Para graduar estas medidas se valoran: los perjuicios para el interés público (si no se tuvieron en cuenta para tipificar la infracción), el tiempo transcurrido en situación de incompatibilidad, la repercusión de la conducta en los administrados y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por actividades públicas incompatibles.
Art. 18Procedimiento sancionadorEl procedimiento sancionador se rige por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en las peculiaridades específicas del mismo. Es un artículo de remisión: el dato que hay que retener es el número y la fecha del Real Decreto.
Art. 19Medidas de carácter provisionalEl órgano competente para resolver el procedimiento puede acordar motivadamente, como medida de carácter provisional, la suspensión de empleo y sueldo, con los efectos previstos en la legislación en materia de función pública, y la de cualquier autorización de libramientos, a quienes estén incursos en un procedimiento sancionador por infracción de esta Ley.
Art. 20Prescripción de infracciones y sancionesEl régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ley es el establecido en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El artículo no fija plazos propios: remite.
Art. 21Órgano competenteLa persona titular de la Dirección de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ordena la incoación de los procedimientos sancionadores e impone las sanciones, cualquiera que sea su gravedad. La instrucción la realiza quien esa persona designe. El procedimiento se ajusta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y su normativa de desarrollo en relación con el procedimiento administrativo sancionador, y al título preliminar, capítulo III, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Art. 22Asignación económica a ex presidentesAl cesar en el cargo, los ex presidentes de la Junta de Andalucía tienen derecho a una asignación económica. Se determina de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981.
Art. 23Asignación económica a ex vicepresidentes y ex consejerosAl cesar en el cargo, los ex vicepresidentes y ex consejeros de la Junta de Andalucía tienen derecho a una asignación económica. Se determina de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981.
Art. 24Asignación económica a ex altos cargosLos ex altos cargos (salvo los de los artículos 22 y 23) tienen derecho, al cesar, a una asignación temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo por cada año de ejercicio, con mínimo de tres y máximo de doce. Decae si, mientras se percibe, se ocupa otro puesto o actividad retribuida en el sector privado, o al tener efectos económicos el ingreso o reingreso en el sector público. Aquí son altos cargos los titulares de centros directivos de servicios centrales de Consejerías y de Organismos Autónomos y los Delegados del Gobierno, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno.
Art. 25Incompatibilidades en la percepción de asignación económicaLas asignaciones económicas de los artículos 22, 23 y 24 son incompatibles con las retribuciones que pudieran corresponder a quienes cesan si son designados de nuevo para alguno de los cargos de referencia o como altos cargos de otras Administraciones Públicas. También lo son con cualquier otra percepción o prestación económica a que tuvieran derecho como consecuencia del cese en esos cargos.
Art. 26Consolidación de grado a ex parlamentariosLos funcionarios de carrera al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que hayan sido diputados del Parlamento de Andalucía durante una legislatura completa perciben, desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esa situación, el complemento de su grado personal incrementado hasta igualarlo al complemento de destino que la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma fije anualmente para el cargo de Director General de la Junta de Andalucía.
Art. 27Consolidación de complemento de personal laboralLos trabajadores del Convenio Colectivo del personal de la Junta que, más de dos años continuados o tres con interrupción, hayan desempeñado desde el 28 de abril de 1978 puestos del artículo 2.1 en la Administración de la Junta o sus organismos autónomos (salvo los de Gabinete con categoría inferior a Director General) perciben, desde su reincorporación al servicio activo y mientras sigan en él, el complemento de categoría profesional incrementado, con el tope del de destino de Director General. Igual para los que hayan sido diputados del Parlamento de Andalucía una legislatura completa.
Art. 28Permisos no retribuidos a ex diputados y ex altos cargosAl perder la condición de diputado del Parlamento de Andalucía, o al cesar los altos cargos del apartado 3 del artículo 24, quienes tengan la condición de personal de la Administración de la Junta de Andalucía tienen derecho a un permiso no retribuido de adaptación a la vida laboral o administrativa de un mes por cada año en el ejercicio del cargo, con una duración máxima de doce meses. Se solicita conjuntamente con el reingreso al servicio activo y se empieza a disfrutar desde que se produce ese reingreso.