Tema 21 del temario de Administradores Generales de la Junta de Andalucía 2026

Artículo 128. Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por este para la defensa de los derechos y libertades del Título I de la Constitución y del Título I del Estatuto; a tal efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. Lo elige el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regularán mediante ley. Él y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 129. Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de sus organismos y entes de derecho público dependientes, y de las universidades públicas andaluzas; también de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. Actúa con autonomía orgánica y funcional.

Artículo 130. Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas es el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía. Depende orgánicamente del Parlamento de Andalucía. Su composición, organización y funciones se regulará mediante ley.

Artículo 131. Consejo Audiovisual de Andalucía

El Consejo Audiovisual es la autoridad audiovisual independiente que vela, en Andalucía, por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales públicos y privados, y por el cumplimiento de la normativa audiovisual y de publicidad. Vela especialmente por la protección de la juventud y la infancia en la programación de los medios de comunicación públicos y privados. Su composición, competencia y funcionamiento los regula una ley del Parlamento.

Artículo 132. Consejo Económico y Social

El Consejo Económico y Social de Andalucía es el órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social. Su finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Su composición, competencia y funcionamiento los regulará una ley del Parlamento.

Artículo 133. Principios de actuación y gestión de competencias

La Administración de la Junta sirve con objetividad al interés general, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y al ordenamiento. Principios: eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos. Gestión ordinaria: servicios centrales y periféricos. Los órganos que prestan sus servicios o gestionan competencias dependen de la Comunidad y se integran en ella.

Artículo 134. Participación ciudadana

La ley regulará: a) la participación de los ciudadanos, directamente o a través de las asociaciones y organizaciones en las que se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración de disposiciones que les puedan afectar; y b) el acceso de los ciudadanos a la Administración de la Junta de Andalucía, que comprenderá en todo caso sus archivos y registros, sin menoscabo de las garantías constitucionales y estatutarias, poniendo a su disposición los medios tecnológicos necesarios para ello.

Artículo 135. Principio de representación equilibrada de hombres y mujeres

Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a sus miembros, en sus respectivos ámbitos. El mismo principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos que corresponda efectuar en el ámbito de la Administración andaluza.

Artículo 136. Función y empleos públicos

La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y el acceso al empleo público, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, y establecerá un órgano administrativo de la función pública que resolverá los recursos que se interpongan sobre esta materia.

Artículo 137. Prestación de servicios y cartas de derechos

La Administración de la Junta de Andalucía hará pública la oferta y características de prestación de los servicios, así como las cartas de derechos de los ciudadanos ante ella. Hay que retener quién publica (la Administración de la Junta de Andalucía) y qué hace pública: la oferta de prestación de los servicios, las características de esa prestación y las cartas de derechos de los ciudadanos ante la propia Administración.

Artículo 138. Evaluación de políticas públicas

Artículo 139. La Comunidad Autónoma como Administración Pública

El artículo tiene dos apartados. 1) La Comunidad Autónoma es Administración Pública a los efectos de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 2) La Comunidad Autónoma está exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos. Retén lo que abarca la exención (cauciones o depósitos) y sus dos supuestos (ejercitar acciones o interponer recursos).

Artículo 140. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía. Es competente, en todo caso, en los órdenes civil, penal, contencioso administrativo, social y los que puedan crearse. Es la última instancia de los procesos iniciados en Andalucía y de los recursos tramitados en su territorio, sin perjuicio de lo reservado al Tribunal Supremo. Resuelve los recursos extraordinarios de revisión y tiene en exclusiva la unificación de la interpretación del derecho de Andalucía.

Artículo 141. Competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía

La competencia de los órganos jurisdiccionales en Andalucía se extiende: en el orden civil, penal y social, a todas las instancias y grados, con arreglo a la legislación estatal; en el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se deduzcan contra los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas, en los términos que establezca la legislación estatal. Los conflictos de competencia entre los órganos judiciales de Andalucía y los del resto de España se resuelven conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 142. Competencias del Tribunal Superior de Justicia

Corresponde en todo caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a las leyes estatales: 1.º conocer de las responsabilidades de los artículos 101.3 y 122; 2.º entender de los recursos sobre los procesos electorales de la Comunidad Autónoma; 3.º resolver, en su caso, los conflictos de jurisdicción entre órganos de la Comunidad Autónoma; 4.º resolver las cuestiones de competencia entre órganos judiciales de Andalucía; 5.º resolver los conflictos de atribuciones entre Corporaciones locales.

Artículo 143. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Fiscal Superior de Andalucía

El Presidente del TSJ de Andalucía representa al Poder Judicial en Andalucía y lo nombra el Rey, a propuesta del CGPJ con participación del Consejo de Justicia de Andalucía; los Presidentes de Sala, a propuesta del CGPJ con esa participación. Presenta la memoria anual del TSJ ante el Parlamento. El Fiscal Superior, Fiscal Jefe del TSJ, representa al Ministerio Fiscal en Andalucía y envía copia de la memoria de la Fiscalía al Gobierno, al Consejo de Justicia y al Parlamento, ante el que la presenta. El Presidente de la Junta ordena publicar ambos nombramientos en el BOJA.

Artículo 144. El Consejo de Justicia de Andalucía

El Consejo de Justicia de Andalucía es el órgano de gobierno de la Administración de Justicia en Andalucía. Lo preside el Presidente o Presidenta del TSJ de Andalucía y lo integran miembros elegidos entre Jueces, Magistrados, Fiscales y juristas de reconocido prestigio; el Parlamento designa los que determine la LOPJ. Entre sus atribuciones está presentar una memoria anual al Parlamento. Sus resoluciones sobre nombramientos, autorizaciones, licencias y permisos se adoptan según los criterios aprobados por el CGPJ, al que comunica, a través de su Presidente, resoluciones e iniciativas.

Artículo 145. Asunción competencial

Artículo 146. Oposiciones y concursos

Apartado 1: la Junta de Andalucía propone la convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir las plazas vacantes de Magistrados, Jueces y Fiscales en Andalucía al Gobierno del Estado, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Justicia de Andalucía, según corresponda. Apartado 2: el Consejo de Justicia de Andalucía convoca los concursos para cubrir plazas vacantes de Jueces y Magistrados, en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 147. Medios personales

Sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, la Junta tiene competencia normativa, dentro del respeto al estatuto fijado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (11 materias: cuerpos y escalas, selección, promoción y formación, destinos, situaciones, retribuciones, jornada, funciones, licencias, registro, disciplina), y competencia ejecutiva y de gestión (11 funciones, incluida la separación del servicio). Por ley del Parlamento pueden crearse cuerpos de funcionarios. Sobre el personal laboral, competencia exclusiva.

Artículo 148. Medios materiales

Corresponden a la Junta de Andalucía los medios materiales de la Administración de Justicia en Andalucía. Incluyen en todo caso: edificios judiciales y de la fiscalía; bienes muebles y materiales; sistemas informáticos y de comunicación, sin perjuicio de la coordinación y homologación del Estado; archivos, piezas de convicción y efectos intervenidos en lo no jurisdiccional; participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales; y tasas judiciales que establezca la Junta.

Artículo 149. Oficina judicial e instituciones y servicios de apoyo

Corresponde a la Junta de Andalucía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, determinar la creación, el diseño, la organización, la dotación y la gestión de las oficinas judiciales y de los órganos y servicios de apoyo a los órganos jurisdiccionales. Esto incluye la regulación de las instituciones, los institutos y los servicios de medicina forense y de toxicología.

Artículo 150. Justicia gratuita. Procedimientos de mediación y conciliación

Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia para ordenar los servicios de justicia gratuita y de orientación jurídica gratuita. Además, la Junta de Andalucía puede establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos en las materias de su competencia.

Artículo 151. Demarcación, planta y capitalidad judiciales

El Gobierno de la Junta de Andalucía, al menos cada cinco años y previo informe del Consejo de Justicia de Andalucía, propondrá al Gobierno del Estado la determinación y revisión de la demarcación y la planta judiciales en Andalucía. La propuesta es preceptiva y deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales. Las modificaciones de planta sin reforma legislativa podrán corresponder a la Junta de Andalucía, que podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado. La capitalidad de las demarcaciones judiciales la fija una ley del Parlamento.

Artículo 152. Justicia de paz y de proximidad

La Junta de Andalucía tiene competencia sobre la justicia de paz en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en esos términos, el nombramiento de los Jueces corresponde al Consejo de Justicia de Andalucía. La Junta se hace cargo de sus indemnizaciones, provee los medios necesarios para sus funciones y le corresponde crear y proveer las secretarías. En las poblaciones que se determine y de acuerdo con esa Ley Orgánica, podrá instar un sistema de justicia de proximidad para resolver conflictos menores con celeridad y eficacia.

Artículo 153. Cláusula subrogatoria

La Junta de Andalucía ejercerá, además, las funciones y facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya al Gobierno del Estado con relación a la Administración de Justicia en Andalucía. Hay que retener el órgano de referencia (el Gobierno del Estado), la ley que reconoce o atribuye esas funciones y facultades (la Ley Orgánica del Poder Judicial) y el ámbito (la Administración de Justicia en Andalucía).

Artículo 154. Participación en la Administración de Justicia

Los andaluces podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que se sustancien ante los órganos jurisdiccionales radicados en territorio andaluz, en los casos y forma legalmente establecidos y de conformidad con lo previsto en la legislación del Estado.

Artículo 155. Relaciones de la Administración de Justicia con la ciudadanía

Artículo 1

El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, que lo designa para defender los derechos y libertades del título primero de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento. Ejerce las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y esta Ley, y las coordina con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales: le presta cooperación cuando se la solicita y la recaba de él a los mismos efectos.

Artículo 2

El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Andaluz para cinco años; este se dirige a la Cámara a través de su Presidente. La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos se relaciona con él, informa al Pleno y le propone el candidato o candidatos; acuerda por mayoría simple, con voto ponderado. Hecha la propuesta, el Pleno se convoca en término no inferior a quince días y queda designado quien obtenga tres quintas partes de los miembros del Parlamento. Si no se alcanza, la Comisión se reúne de nuevo en el plazo máximo de un mes para formular nuevas propuestas.

Artículo 3

Puede ser elegido Defensor del Pueblo cualquier ciudadano que reúna dos condiciones: encontrarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y gozar de la condición política de andaluz, con arreglo al artículo 8.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El artículo no menciona ningún otro requisito.

Artículo 4

El Presidente del Parlamento de Andalucía acredita con su firma el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». El Defensor del Pueblo Andaluz toma posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, prestando juramento o promesa de desempeñar fielmente su función.

Artículo 5

Cesa por: renuncia; expiración del plazo; muerte o incapacidad sobrevenida; notoria negligencia; condena firme a inhabilitación absoluta o especial; y condena firme por delito doloso sin esa inhabilitación. El Presidente del Parlamento declara la vacante salvo en la negligencia y el delito doloso sin inhabilitación, que deciden tres quintos de los diputados con debate y audiencia. El nuevo nombramiento se inicia en no más de un mes. Si expira el plazo, sigue en funciones hasta la posesión del sucesor; en las demás vacantes actúa interinamente el Adjunto que determine la Comisión.

Artículo 6

El Defensor del Pueblo Andaluz no está sujeto a mandato imperativo alguno y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Son tres frases breves que conviene retener tal cual: sin mandato imperativo, sin instrucciones y con autonomía.

Artículo 7

Es incompatible con todo mandato representativo; cargo político o propaganda política; servicio activo en cualquier Administración; afiliación a partido, sindicato, asociación o fundación, o empleo a su servicio; carreras judicial y fiscal; y cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en toda incompatibilidad en los diez días siguientes al nombramiento y siempre antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia en la fecha en que se produjo. Las dudas las dictamina la Comisión, con dictamen al Pleno.

Artículo 8

Al Defensor del Pueblo Andaluz le auxilian tres personas adjuntas, en las que puede delegar sus funciones; entre ellas designa a la que le auxilia en sus funciones como Defensor o Defensora de la Infancia y Adolescencia. El Defensor nombra y separa a sus Adjuntos, previa conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos. Nombramiento y cese se publican en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». A los Adjuntos se les aplican los artículos 3, 6 y 7 de la Ley.

Artículo 9

Los Adjuntos y los asesores y colaboradores adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo cesan automáticamente en el momento en que toma posesión un nuevo Defensor del Pueblo nombrado por el Parlamento. En el supuesto del artículo 5, apartado 4, el personal asesor de la oficina se mantiene en sus funciones: el Adjunto que cubra la interinidad no puede cesarlo sin la aprobación de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos de la Cámara.

Artículo 10

El Defensor del Pueblo Andaluz puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y de sus agentes en relación con los ciudadanos, a la luz del artículo 103.1 de la Constitución y del respeto a los derechos y libertades de su título primero. Sus atribuciones se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Autonómica en Andalucía.

Artículo 11

Puede acudir al Defensor toda persona, natural o jurídica, que invoque interés legítimo, sin restricción: no lo impiden la nacionalidad, residencia o vecindad administrativa, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento en centro penitenciario o de reclusión ni cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder Público. Los Diputados individualmente, las Comisiones de Investigación y la comisión del artículo 2.2 pueden pedir su intervención por escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentar queja en asuntos de su competencia.

Artículo 12

La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando el Parlamento de Andalucía no está reunido o ha expirado su mandato: en esos supuestos se dirige a la Diputación Permanente del Parlamento. Tampoco la interrumpe la declaración de los estados de excepción o de sitio, ni interrumpe el derecho de los ciudadanos de acceder a él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.

Artículo 13

El Defensor del Pueblo Andaluz puede supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dentro del ámbito de competencias que define esta Ley. A los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, coordina sus funciones con las del designado por las Cortes Generales y coopera con él en todo cuanto sea necesario.

Artículo 14

El Defensor del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de sus funciones, puede dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado o a los Defensores del Pueblo o Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas. La finalidad que marca el texto es coordinar actuaciones que excedan del ámbito territorial de Andalucía.

Artículo 15

Cuando el Defensor del Pueblo recibe quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, debe dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. Ello se entiende sin perjuicio de hacer referencia expresa en el Informe general que debe elevar al Parlamento de Andalucía.

Artículo 16

Toda queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la queja. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz son gratuitas para el interesado y no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusa recibo.

Artículo 17

El Defensor registra las quejas y las tramita o rechaza; si rechaza, lo hace en escrito motivado y puede informar de las vías más oportunas. No entra en el examen individual de quejas pendientes de resolución judicial y lo suspende si se interpone demanda o recurso, sin que ello impida investigar los problemas generales; vela por que la Administración resuelva expresamente. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no admiten recurso y el nombre de quien se queja es secreto.

Artículo 18

Admitida la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz promueve una investigación sumaria e informal para esclarecer sus supuestos. En todo caso da cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o Dependencia administrativa procedente, para que su Jefe remita informe escrito en el plazo máximo de quince días, ampliable a juicio del Defensor cuando las circunstancias lo aconsejen. La negativa o negligencia en enviar ese informe inicial podrá considerarse hostil y entorpecedora, haciéndola pública de inmediato y destacándola en el Informe anual o especial al Parlamento de Andalucía.

Artículo 19

Todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma deben auxiliar al Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en expediente de oficio, el Defensor, sus Adjuntos o la persona en la que deleguen pueden personarse en cualquier centro de la Administración Autonómica, dependiente de ella o afecto a un servicio público, para comprobar datos, hacer entrevistas personales o estudiar expedientes y documentación. No se le puede negar el acceso a ningún expediente o documentación.

Artículo 20

Si la queja afecta a la conducta de personal de la Administración Autonómica en relación con su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo del que dependa. El afectado responde por escrito en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable, a instancia de parte, por la mitad del concedido. Puede proponérsele una entrevista; quien se niegue puede ser requerido a razonarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la investigación se lleva con la más absoluta reserva.

Artículo 21

El superior jerárquico u Organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo Andaluz o entrevistarse con él debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido tanto al funcionario como al propio Defensor. En adelante, el Defensor dirigirá al referido superior jerárquico cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias.

Artículo 22

Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja se ha originado presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.

Artículo 23

La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz, por parte de cualquier Organismo, funcionarios o personal al servicio de la Administración Autonómica, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarse en la sección correspondiente de su Informe anual.

Artículo 24

Cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o de hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal. El artículo lo formula como deber («lo pondrá») y con un único destinatario.

Artículo 25

El Defensor del Pueblo Andaluz puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y personas al servicio de la Administración Autonómica. En ningún caso es necesaria la previa reclamación por escrito.

Artículo 26

El Defensor del Pueblo Andaluz podrá instar del Defensor del Pueblo del Estado la interposición de recurso de inconstitucionalidad. El recurso cuya interposición puede instar se dirige contra las disposiciones normativas emanadas del Parlamento y del Consejo de Gobierno de Andalucía. Es una facultad («podrá»), y lo que hace el Defensor andaluz es instar.

Artículo 27

Los gastos efectuados o los perjuicios materiales causados a los particulares que, sin haber promovido la queja, sean llamados a informar por el Defensor del Pueblo Andaluz, serán compensados con cargo al presupuesto del Defensor («a su presupuesto»). La compensación procede una vez que hayan sido debidamente justificados.

Artículo 28

El Defensor no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración Autonómica, pero puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para producirlos. Si se convence de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, puede instar de las autoridades competentes sus potestades de inspección y sanción.

Artículo 29

El Defensor puede formular a autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; en todos los casos deben responder por escrito en término no superior a un mes. Si en un plazo razonable no se adopta medida adecuada ni se le informa de las razones, puede acudir al Consejero afectado o a la máxima autoridad de la Administración afectada. Si tampoco obtiene justificación adecuada, incluirá el caso en su Informe anual o especial, con los nombres de las autoridades o funcionarios.

Artículo 30

El Defensor informa al interesado del resultado de sus investigaciones y gestión y de la respuesta de la Administración o funcionarios implicados. Si intervino conforme al apartado 2 del artículo 11, informa al Diputado o Comisión competente que lo solicitó y, al término de sus investigaciones, de los resultados; si decide no intervenir, informa igualmente, razonando su desestimación. Además comunica el resultado, positivo o negativo, a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado.

Artículo 31

El Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta anualmente al Parlamento de la gestión realizada, en un Informe que le presenta en el período ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar un informe extraordinario, que dirige a la Diputación Permanente del Parlamento si este no está reunido. Los Informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía».

Artículo 32

En su Informe anual el Defensor da cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de las rechazadas y sus causas, y de las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por la Administración Autonómica. No constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados, sin perjuicio del artículo 23.1. Contiene un anexo, cuyo destinatario es el Parlamento, con la liquidación del presupuesto de la Institución. Un resumen se expone oralmente ante el Parlamento, y a continuación pueden intervenir los grupos parlamentarios.

Artículo 33

El Defensor del Pueblo Andaluz puede designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones. Esa designación tiene dos condiciones: ha de hacerse de acuerdo con el Reglamento de la Ley y dentro de los límites presupuestarios.

Artículo 34

Las personas al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio del Parlamento de Andalucía. Los funcionarios provenientes de la Administración Autonómica adscritos a la oficina del Defensor tienen derecho a la reserva de la plaza y destino ocupados con anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esa situación.

Artículo 35

El dinero que la institución necesita para funcionar no forma un presupuesto propio ni separado: la dotación económica necesaria para su funcionamiento constituye una partida dentro de los presupuestos del Parlamento de Andalucía. Dos datos que retener: es una «partida» y está «dentro» de los presupuestos del Parlamento de Andalucía.

Artículo 1

La Ley crea la Cámara de Cuentas de Andalucía como órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía. Le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas.

Artículo 2

A efectos de la Ley, componen el sector público de la Comunidad Autónoma: a) la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, sus Instituciones y empresas; b) las Corporaciones Locales del territorio andaluz y los Organismos Autónomos y Empresas Públicas de ellas dependientes; c) las Universidades Públicas de Andalucía; d) cuantos Organismos y Entidades sean incluidos por norma legal. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz y las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas concedidas por sus órganos a cualquier persona física o jurídica.

Artículo 3

Corresponde a la Cámara de Cuentas: a) regular cuanto afecta a su gobierno, organización y personal, con una particularidad: la estructura orgánica del personal y sus retribuciones las determina la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales aplicables; b) elaborar el proyecto de su propio presupuesto, que se integra en el general de la Comunidad Autónoma como Sección independiente para su aprobación por el Parlamento de Andalucía. Su régimen de patrimonio y de contratación, ejercido a través de sus propios órganos, es el de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 4

Funciones propias, con total independencia: fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público andaluz (en todo caso, subvenciones, créditos, avales u otras ayudas), fiscalizar el cumplimiento de objetivos de los programas, asesorar al Parlamento y fiscalizar especialmente los contratos administrativos; además, las que le delegue el Tribunal de Cuentas. La Consejería de Hacienda le traslada, para examen y toma de razón, los contratos de la Junta de importe inicial superior a 25.000.000 de pesetas; la documentación se acompaña en los tres meses siguientes a la adjudicación.

Artículo 5

La Cámara de Cuentas debe realizar sus funciones según un programa previo confeccionado por ella misma, de acuerdo con su presupuesto, y de cuya ejecución pueda formarse juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público andaluz. Esta actividad no puede verse mermada por el derecho de petición que corresponde al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las Entidades Locales.

Artículo 6

La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía. Además, pueden interesar la actuación fiscalizadora de la Cámara o la emisión de informe el Gobierno de la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales, estas previo acuerdo del respectivo Pleno. Esta segunda iniciativa ha de realizarse a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará sobre la propuesta.

Artículo 7

La Cámara de Cuentas debe notificar el inicio de las actuaciones fiscalizadoras a los Consejeros, Directores o responsables de los Servicios, dependencias y establecimientos en general que vayan a ser controlados. La notificación ha de hacerse con una antelación mínima de diez días.

Artículo 8

La función fiscalizadora se ejerce, con sometimiento al ordenamiento jurídico, por cuatro procedimientos: a) examen y comprobación de la Cuenta General Anual de la Junta de Andalucía; b) examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales; c) examen y comprobación de las cuentas de las Universidades Públicas, Organismos Autónomos, Empresas Públicas y demás Entidades del artículo 2.1; d) examen de las cuentas y documentos de las ayudas concedidas por el Sector Público a personas físicas o jurídicas, con comprobaciones, si fuera necesario, en la contabilidad de los beneficiarios.

Artículo 9

La Cámara de Cuentas puede requerir la colaboración y cooperación de los Entes mencionados en el artículo 2.º, que vienen obligados a prestarla. Además puede: a) exigir de los Organismos y Entidades del sector público andaluz los datos, informes, documentos o antecedentes que considere necesarios; b) inspeccionar y comprobar toda la documentación de las oficinas públicas, libros, metálicos y valores, dependencias, depósitos, almacenes y cuantos documentos, establecimientos y bienes considere necesarios. En los casos a) y b) no se aplica el plazo previsto en el artículo 7.º.

Artículo 10

Si no se atiende la información o documentación solicitada o se incumplen los plazos fijados, la Cámara lo pone en conocimiento del Parlamento de Andalucía y, además, puede: a) requerir conminatoriamente, por escrito, con un nuevo plazo perentorio y comunicación simultánea a los superiores de los obligados, proponiendo, si se considera oportuno, exigir responsabilidades; b) proponer a quien corresponda la exigencia de responsabilidades; c) si no se respeta el plazo perentorio, comunicar el incumplimiento a los órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma o, en su caso, a la Corporación Local.

Artículo 11

Presentación de cuentas a la Cámara: a) la General de la Junta, antes del 31 de octubre inmediato posterior al ejercicio; b) corporaciones locales, dentro del mes siguiente a su aprobación por los plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio; c) universidades públicas, dentro del mes siguiente a su aprobación por los consejos sociales; d) organismos autónomos, empresas públicas y demás entidades del artículo 2.1, en un mes desde su aprobación, si no deben rendirse consolidadas. La Cámara examina la Cuenta General en tres meses desde su presentación.

Artículo 12

El resultado de la fiscalización se expone en informes anuales o especiales: se elevan al Parlamento de Andalucía, se remiten al Tribunal de Cuentas y se publican en el BOJA. Si se refieren a la gestión de las Corporaciones Locales, se da traslado además a las propias Corporaciones, para que sus Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan. Si la Cámara advierte indicios de responsabilidad contable, lo traslada sin dilación al Tribunal de Cuentas; la instrucción de los procedimientos podrá efectuarla la Cámara conforme a la legislación de ese Tribunal.

Artículo 13

Antes de emitir cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunica a los organismos controlados el resultado de su actuación. Esos organismos, en el plazo que se les fije en la comunicación, deben manifestarse sobre los reparos y recomendaciones recogidos en el informe provisional de la Cámara y sobre las medidas que hubieran adoptado o tuvieran previsto adoptar.

Artículo 14

Los informes emitidos por los órganos de la Cámara tras las comunicaciones del artículo anterior ponen fin a cada actuación, una vez aprobados por su Pleno. Hacen constar: a) la observancia de la legalidad de la actividad económico-financiera del sector público y de los principios contables aplicables; b) el grado de cumplimiento de los objetivos y si la gestión se ha ajustado a los principios de economía y eficacia; c) la existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares; d) las medidas propuestas, en su caso, para mejorar la gestión de las Entidades fiscalizadas.

Artículo 15

El informe anual que la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que indica el artículo 11, contiene: el análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía; el análisis de la gestión económico-financiera de cuantas Entidades, Organismos u órganos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el ejercicio a que se refiera; y el de las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes.

Artículo 16

La Cámara de Cuentas está integrada por seis órganos: a) el Pleno; b) la Comisión de Gobierno; c) la persona titular de la Presidencia; d) la persona titular de la Vicepresidencia; e) los Consejeros; f) la Secretaría General. El artículo no nombra ningún otro.

Artículo 17

El Pleno lo componen siete Consejeros, entre los que se eligen Presidencia y Vicepresidencia. No puede constituirse ni actuar sin una de las dos y requiere la presencia de la mayoría de sus miembros. Acuerda por mayoría de los asistentes; los empates los dirime el voto de la Presidencia o de quien la sustituya. Se reúne cuando lo estime la Presidencia o lo propongan tres miembros. La convocatoria, con el orden del día, se notifica con cuarenta y ocho horas de antelación mínima, salvo urgencia. Fuera del orden del día solo se acuerda si están todos los miembros y la mayoría declara la urgencia.

Artículo 18

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas está formada por la persona titular de la Presidencia, por la persona titular de la Vicepresidencia y por otros dos Consejeros. A estos dos Consejeros los designa el Pleno.

Artículo 19

El Pleno aprueba: las disposiciones necesarias para los fines de la Cámara (a); el proyecto de presupuesto de la Cámara (b); los criterios y programas de actuación de Consejeros y personal, para unificar actuaciones (c); los informes sobre cuentas y gestión del sector público andaluz y cualquier informe o memoria para órganos externos (f); y las cuentas de su presupuesto que se rindan ante el Parlamento (g). Además, elige de entre sus miembros a Presidencia y Vicepresidencia (d), nombra el Secretario General (e) y ejerce las demás que le encomienden la Ley y sus normas de desarrollo (h).

Artículo 20

A la Comisión de Gobierno de la Cámara de Cuentas le corresponden dos funciones, ambas sobre el personal: a) ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria; b) aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal.

Artículo 21

A la Presidencia corresponde: a) representar a la Cámara; b) convocar y presidir Pleno y Comisión de Gobierno, con voto de calidad si hay empate; c) asignar tareas a los Consejeros según los programas que apruebe el Pleno; d) firmar los informes o memorias para el Parlamento, los órganos rectores de las entidades del sector público andaluz o el Tribunal de Cuentas; e) informar oralmente al Parlamento; f) nombrar a todo el personal; g) contratación, gobierno y administración, autorizando gastos y contratos; h) lo no atribuido a otros órganos y lo urgente del Pleno, dando cuenta inmediata.

Artículo 21 bis

A la persona titular de la Vicepresidencia le corresponde: a) sustituir a la de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad; b) asistirla en las actuaciones de control de la Cámara; c) colaborar con ella en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo; d) proponer a la Presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servicios comunes; e) las demás funciones que, siendo competencia de la Presidencia, esta le delegue.

Artículo 22

A los Consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde: a) dirigir las actuaciones de control externo que tengan asignadas; b) elevar a la Presidencia los resultados de las fiscalizaciones para que, en su caso, las apruebe el Pleno; c) aprobar las propuestas de las unidades de fiscalización que de ellos dependan; d) proponer los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan; e) las demás funciones que les encomienden el Pleno, la Comisión de Gobierno o la Presidencia y puedan corresponderles con arreglo a la Ley.

Artículo 23

El Secretario general dirige la Secretaría General, a la que corresponden la organización y dirección de los servicios y, específicamente: a) redactar las actas y ejecutar los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno; b) elaborar el anteproyecto de presupuesto; c) redactar el proyecto de Memoria anual; d) asesorar jurídicamente a ambos órganos; e) la jefatura superior del personal, sin perjuicio de las competencias de la Comisión de Gobierno; f) firmar las certificaciones; g) conservar y archivar documentos; h) lo que le asignen el Pleno, la Comisión de Gobierno o la Presidencia.

Artículo 24

Siete Consejeros, designados por tres quintas partes del Parlamento por seis años, renovados cada tres por 3/7 y 4/7. Cada grupo, salvo el Mixto, tiene derecho al menos a uno. No puede serlo quien el año inmediatamente anterior gestionó, inspeccionó o intervino ingresos y gastos del sector público en Andalucía, ni quien recibió subvenciones, avales o exenciones de entes del artículo 2. Nombra a la Presidencia el Presidente de la Junta a propuesta del Pleno; a la Vicepresidencia, el Pleno (tres años, reelegibles). Suplen: Vicepresidencia, Consejero más antiguo o, a igualdad, de más edad.

Artículo 25

Los Consejeros son independientes e inamovibles y se eligen entre personas de reconocida competencia profesional. Deben abstenerse o pueden ser recusados por: a) interés personal en el asunto o la Empresa, cuestión litigiosa pendiente o relación de servicio con algún interesado; b) parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con algún cuentadante; c) haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de lo fiscalizado; d) cualquier otra causa que, a juicio del Consejero afectado, pueda mermar su objetividad o independencia.

Artículo 26

El cargo de Consejero es incompatible con cualquier otra actividad, pública o privada, salvo la administración de su propio patrimonio. También lo es con el desempeño de funciones directivas, ejecutivas o asesoras en Partidos Políticos, Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. Si el nombrado Consejero es funcionario, pasa a la situación administrativa de servicios especiales.

Artículo 27

La persona titular de la Presidencia, la de la Vicepresidencia y los Consejeros solo pueden ser cesados por cinco causas: terminación de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Andalucía, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o responsabilidad disciplinaria. Esta última se produce por incumplimiento grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en sentencia firme, responsables civilmente por dolo o condenados por delito culposo o doloso.

Artículo 28

El artículo no regula por sí mismo el cese: deja dos cuestiones al Reglamento de la Ley. La primera, el procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos de cese. La segunda, el órgano u órganos que deban declararlo.

Artículo 29

El personal al servicio de la Cámara de Cuentas está integrado por funcionarios con titulación adecuada, sujetos al régimen general de la función pública y a sus incompatibilidades, sin perjuicio de las normas especiales que les sean de aplicación. Además, desempeñar la función pública en la Cámara es incompatible con cualquier otra función, destino o cargo y con cualquier actividad privada que no sea la administración del patrimonio propio.

Artículo 30

Los Auditores y el personal auxiliar de auditoría se encuadran bajo la dependencia directa de los Consejeros. El precepto liga ese encuadramiento a una finalidad: que la labor pueda desarrollarse eficazmente. El dato que hay que retener es que la dependencia es directa y lo es de los Consejeros.

Artículo 31

Los Auditores se seleccionan por oposición, concurso o concurso-oposición de entre personas que estén en posesión de un título de grado superior. El personal auxiliar de auditoría se selecciona igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición, sin que el artículo mencione para él requisito de titulación.

Artículo 32

La Cámara de Cuentas de Andalucía dispone, asimismo, del personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno que sea necesario para el desarrollo de sus funciones. Ese personal se selecciona igualmente por oposición, concurso o concurso-oposición.

Artículo 33

La Cámara puede contratar, para actuaciones específicas, con Censores Jurados de Cuentas o con Economistas Auditores. Es una facultad («podrá»), no una obligación, y exige que se encuentren censados en el correspondiente Registro.

Artículo 34

La iniciativa a que se refiere el artículo 6.º, apartado primero, corresponde al Pleno del Parlamento de Andalucía. No obstante, también puede solicitar informes, memorias o dictámenes la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento, siempre que el acuerdo de petición se apruebe por mayoría simple de sus miembros que, a su vez, representen al menos la tercera parte de los miembros de la Comisión.

Artículo 35

La Cámara de Cuentas rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, antes del 1 de marzo de cada año, una Memoria de las actuaciones que ha realizado en el año inmediato anterior. Esa Memoria incluye la liquidación de su presupuesto.

Artículo 1. Naturaleza

El Consejo Consultivo de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Es además el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de sus organismos y entes dependientes; también de las universidades públicas andaluzas y demás entidades y corporaciones de Derecho público no integradas en la Administración de la Junta, cuando las leyes sectoriales lo prescriban. Ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional.

Artículo 2. Sede

Artículo 3. Funciones

En el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo vela por la observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y el resto del ordenamiento jurídico. No entra a conocer los aspectos de oportunidad y conveniencia, salvo que se le solicite expresamente.

Artículo 4. Consulta y dictámenes

La consulta es preceptiva cuando lo establezca esta ley u otra disposición de igual rango, y facultativa en los demás casos. Los dictámenes no vinculan, salvo que lo establezcan las respectivas leyes. Los asuntos dictaminados no pueden remitirse después para informe a ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma. Las disposiciones y resoluciones dirán «de acuerdo con el Consejo Consultivo» si siguen el dictamen u «oído el Consejo Consultivo» si se apartan; en este caso el órgano consultante comunica al Consejo los motivos.

Artículo 5. Composición

El Consejo Consultivo lo constituyen la Presidencia y las consejeras o consejeros permanentes, electivos y natos. Le asiste una Secretaría General, con voz y sin voto. La composición y renovación de todos sus órganos responden a criterios de participación paritaria: ambos sexos deben estar representados en, al menos, un cuarenta por ciento de los miembros en cada caso designados, regla de la que se excluyen los designados en función del cargo específico que desempeñen o hubieren desempeñado.

Artículo 6. Presidencia

La Presidencia del Consejo Consultivo se nombra por Decreto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, oído el Consejo de Gobierno, entre juristas de reconocido prestigio con experiencia superior a quince años. En caso de vacante, ausencia o enfermedad la sustituye quien determine el Consejo de Gobierno por decreto o, en su defecto, la consejera o consejero electivo de mayor antigüedad y, si concurren varios, el de mayor edad. Le corresponde la representación del Consejo a todos los efectos.

Artículo 7. Consejeras o consejeros permanentes

Son consejeras o consejeros permanentes, hasta que cumplan setenta y cinco años de edad, quienes hayan desempeñado el cargo de Presidenta o Presidente de la Junta de Andalucía. Su nombramiento se efectúa por Decreto del Consejo de Gobierno, a solicitud de la persona interesada, y su dedicación es con carácter exclusivo y a tiempo completo.

Artículo 8. Consejeras o consejeros electivos

Las consejeras o consejeros electivos son seis, nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio con experiencia superior a quince años, con dedicación exclusiva y a tiempo completo. Además, el Consejo de Gobierno puede designar hasta cuatro más, con los mismos requisitos, que desempeñan sus funciones sin exclusividad. En ambos casos el nombramiento es por cinco años, con posible reelección por una sola vez.

Artículo 9. Consejeras o consejeros natos

Son consejeras o consejeros natos: quien presida una de las Reales Academias de Legislación y Jurisprudencia de Andalucía, designado por el Instituto de Academias de Andalucía; el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía; una persona representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, designada de entre los decanos de dichos colegios; la persona titular del órgano directivo competente en materia de Administración local; y la persona titular del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Cese y cobertura de vacantes

Los consejeros permanentes y electivos cesan por: fallecimiento; renuncia; expiración del plazo de nombramiento (solo los electivos); incompatibilidad de sus funciones; incumplimiento grave de sus funciones; incapacidad declarada por sentencia firme; y condena por delito doloso en sentencia firme. El cese lo acuerda el Consejo de Gobierno. En las letras d) y e) se sigue el procedimiento reglamentario, con audiencia de la persona interesada e informe favorable del Pleno del Consejo por mayoría absoluta. Las vacantes se cubren por el órgano y procedimiento que corresponda.

Artículo 11. Duración del cargo de consejera o consejero nato

Los consejeros natos conservan su condición mientras ostenten el cargo que haya determinado su nombramiento, sin perjuicio de que se les apliquen las causas de cese de las letras a), b), e), f) y g) del artículo anterior. En los dos casos de designación que contempla el artículo 9, la designación debe ser ratificada o renovada cada cinco años por aquellos a quienes corresponda llevarla a cabo.

Artículo 12. Suspensión en el ejercicio de funciones

Las consejeras o consejeros pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo Consultivo, durante el tiempo indispensable para resolver acerca de la concurrencia de alguna de las causas de cese.

Artículo 13. Secretaría General

La persona titular de la Secretaría General es nombrada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo, oído el Pleno del mismo, entre jurista funcionaria o funcionario de carrera al servicio de las administraciones públicas. Ejerce las funciones que le atribuya el reglamento orgánico.

Artículo 14. Incompatibilidades

La Presidencia, los consejeros permanentes, los electivos a tiempo completo y la Secretaría General están sometidos al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta. La condición de presidente, consejero permanente y electivo es incompatible con cargos públicos de representación popular. Con la condición de consejero permanente decae el derecho a la asignación económica del artículo 22 de la Ley 3/2005, de 8 de abril. El resto de consejeros tiene el régimen que les corresponda por sus cargos o actividad.

Artículo 15. Deber de abstención

Todos los miembros del Consejo Consultivo deben abstenerse de intervenir en aquellos asuntos en que proceda conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El deber alcanza a todos los miembros del Consejo.

Artículo 16. Retribuciones y compensación de gastos

La Presidencia, los consejeros permanentes y electivos a tiempo completo y la Secretaría General perciben las retribuciones que anualmente fije la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, más asistencias, dietas y gastos de desplazamiento por convocatorias a Pleno y Comisión Permanente, en los importes fijados para el personal de la Junta. Los permanentes cobran lo mismo que los electivos a tiempo completo. Los restantes consejeros solo perciben asistencias, dietas y gastos de desplazamiento, según el reglamento orgánico y demás disposiciones de desarrollo.

Artículo 17. Consultas preceptivas

Enumera las consultas preceptivas: anteproyectos de reforma del Estatuto y de leyes, reglamentos en ejecución de las leyes y recursos ante el Tribunal Constitucional, entre otras. Cifras: transacciones y arbitrajes, más de 300.000 euros; revocación tributaria, deuda de más de 30.000; daños y perjuicios, más de 70.000; modificación de contratos, más del veinte por ciento y precio igual o superior a 600.000; responsabilidad contractual, 30.000 o más; transacciones locales, más del cinco por ciento de los recursos ordinarios; responsabilidad patrimonial de otras administraciones, más de 50.000.

Artículo 18. Consultas facultativas

Puede recabarse el dictamen del Consejo Consultivo en aquellos asuntos no incluidos en el artículo anterior que lo requieran por su especial trascendencia o repercusión. Es una posibilidad («podrá recabarse»), no una obligación.

Artículo 19. Estudios, informes y propuestas

Sin perjuicio de los estudios que el órgano elabore en ponencias especiales para el desarrollo de sus funciones y la mejora de las instituciones jurídicas, excepcionalmente, cuando el Consejo de Gobierno lo solicite en asuntos de especial trascendencia, la función consultiva se extiende a elaborar estudios, informes o propuestas de anteproyectos para la modificación o aprobación de leyes. La solicitud debe especificar los objetivos a cumplir y el sentido y alcance de la regulación detallada.

Artículo 20. Memoria anual

El Consejo Consultivo eleva cada año una memoria al Consejo de Gobierno. En ella expone su actividad en el período anterior y las sugerencias que estime oportunas para la mejora de la actuación administrativa.

Artículo 21. Órganos

El Consejo Consultivo actúa en Pleno, en Comisión Permanente y, en su caso, en secciones, y en Comisión de Estudios y Análisis Normativo. El Pleno dictamina los asuntos de los números 1 y 2 del artículo 17; la Comisión Permanente y, en su caso, las secciones, los restantes. Los dictámenes facultativos son de la Comisión Permanente, pero pasan al Pleno cuando la importancia del asunto lo requiera a solicitud de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía o del Consejo de Gobierno.

Artículo 22. Pleno

El Pleno del Consejo Consultivo lo constituyen la persona que ostente la Presidencia y las consejeras y consejeros permanentes, natos y electivos. Está asistido por la Secretaría General.

Artículo 23. Comisión Permanente

La Comisión Permanente la constituyen la persona que ostente la Presidencia y las seis consejeras o consejeros electivos con dedicación a tiempo completo. Las secciones, en su caso, se forman también con electivos a tiempo completo, en el número que designe la Presidencia. Cuando la índole de los asuntos lo requiera, la Presidencia del Consejo puede designar como ponentes o requerir la asistencia a las reuniones de la Comisión Permanente o de las secciones de otros miembros del Consejo, que actúan con voz pero sin voto.

Artículo 24. Comisión de Estudios y Análisis Normativo

Componen la Comisión de Estudios y Análisis Normativo la Presidencia, las seis consejeras o consejeros electivos a tiempo completo y los permanentes. Funciones: a) estudios e informes que solicite el Consejo de Gobierno en asuntos de especial trascendencia y propuestas normativas (artículo 19); b) recabar de los sectores afectados información sobre los efectos de la normativa vigente, encuestas, estadísticas e informes de seguimiento; c) estudio y difusión de doctrina jurisprudencial y derecho comparado y recomendaciones de buenas prácticas; d) informe anual de sus actuaciones.

Artículo 25. Competencia para recabar el dictamen

El dictamen lo recaban la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno o cualquiera de sus miembros. En las entidades locales de Andalucía lo solicitan quienes ostenten su presidencia o, en su caso, el Pleno, en los asuntos de su competencia y en los supuestos previstos en la legislación vigente. En las universidades, el rector o rectora correspondiente; en otras corporaciones u organismos públicos, quien ostente su representación.

Artículo 26. Deliberaciones y acuerdos

Para la validez de deliberaciones y acuerdos deben estar presentes la persona que ostente la Presidencia o quien legalmente le sustituya, un número de miembros que con el anterior constituyan la mayoría absoluta y la persona que ostente la secretaría general o quien ejerza sus funciones. Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de votos de los asistentes; en caso de empate decide la Presidencia con su voto de calidad. Quien discrepe puede formular voto particular por escrito, dentro del plazo que reglamentariamente se determine, que se incorpora al dictamen.

Artículo 27. Funciones de la Presidencia

La persona que ostente la Presidencia del Consejo Consultivo fija el orden del día, preside las sesiones, designa las Ponencias, interpreta el Reglamento y ordena los debates. Tiene la dirección de todas las dependencias del Consejo y su representación. También le corresponde autorizar los gastos y las demás funciones que se determinen en el reglamento orgánico.

Artículo 28. Plazo

El Consejo Consultivo debe evacuar las consultas en treinta días desde la recepción de la solicitud de dictamen; en los supuestos de los números 3 y 4 del artículo 17, en veinte días. Si en la orden de remisión se hace constar la urgencia, el plazo máximo es de quince días, salvo que la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía o el Consejo de Gobierno fijen uno inferior. Si el dictamen no es vinculante y transcurren los plazos sin evacuarse, se entiende cumplido el trámite.

Artículo 29. Solicitud simultánea

En los recursos de inconstitucionalidad y en los conflictos positivos de competencia, el dictamen debe solicitarse antes de que se adopten los acuerdos de interposición o de requerimiento, respectivamente. Excepcionalmente, en caso de urgencia, puede solicitarse de forma simultánea, sin perjuicio de que dicho dictamen no tendrá carácter vinculante.

Artículo 30. Documentación, asesoramiento externo y audiencia

A la petición de consulta debe acompañarse toda la documentación que requiera el expediente administrativo. Si el Consejo Consultivo estima incompleto el expediente, puede solicitar, en diez días desde la petición de la consulta y por conducto de la Presidencia, que se complete; en tal caso se interrumpe el plazo del artículo 28. Por medio del órgano consultante o directamente, puede recabar el parecer de órganos, entidades o personas con notoria competencia técnica y acordar la audiencia de quienes tengan interés directo y legítimo, si la solicitan.

Artículo 31. Régimen jurídico

En todo lo que esta ley no prevea, el funcionamiento del Consejo Consultivo se rige por las normas que regulan el procedimiento administrativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es una regla de cierre: solo entra en juego a falta de previsión en la propia ley.

Artículo 32. Letradas y letrados

Al Consejo Consultivo se adscriben los puestos de trabajo de letrada o letrado que establezca la relación de puestos. Quienes los ocupen desempeñan las funciones de asistencia técnica y de preparación y redacción de los anteproyectos de dictamen, además de las otras que, siendo adecuadas a su carácter, se determinen reglamentariamente.

Artículo 33. Procedimiento de acceso a los puestos de letrada o letrado

Los puestos de trabajo de letrados se cubren en la forma y por el tiempo que se determinen reglamentariamente. A las convocatorias de los procedimientos de provisión puede concurrir el personal funcionario del cuerpo de letradas o letrados de la Junta de Andalucía y también juristas funcionarias o funcionarios de carrera que ejerzan su actividad sometidos a una relación de derecho público.

Artículo 34. Personal de administración del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo cuenta con el personal que determine la relación de puestos de trabajo, con los medios materiales que se le asignen y con los recursos que figuren en su presupuesto. El Reglamento orgánico del Consejo establece el sistema de provisión de puestos de su personal administrativo, tomando como referencia el marco de la Ley 5/2023, de 7 junio, de la Función Pública de la Junta de Andalucía y sus reglamentos de desarrollo, a fin de garantizar la mayor adecuación y especialización posible de los seleccionados.

Artículo 1

Crea el Consejo Económico y Social de Andalucía como cauce de participación y diálogo de los interlocutores sociales en el debate de asuntos socioeconómicos, con las funciones, composición y organización que prevé la propia Ley. Su sede está en la ciudad de Sevilla.

Artículo 2

El Consejo Económico y Social de Andalucía es un órgano colegiado, de carácter consultivo, del Gobierno de la Comunidad Autónoma en materia económica y social. Está adscrito a la Consejería de Trabajo e Industria.

Artículo 3

El Consejo Económico y Social de Andalucía actúa con total autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Esa actuación se dirige al cumplimiento de los fines y objetivos previstos en la Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 4

Funciones: 1) informar preceptivamente los anteproyectos de Leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales y los proyectos de Decretos que a juicio del Consejo de Gobierno posean especial trascendencia en ellas, salvo los de Ley de Presupuestos, de cuyo contenido se le informa al remitirlos al Parlamento; 2) trabajos facultativos que solicite el Consejo de Gobierno; 3) estudios, dictámenes, informes y resoluciones por propia iniciativa; 4) aprobar la memoria y elevarla al Consejo de Gobierno en los cinco primeros meses de cada año; 5) las que le encomienden las disposiciones legales.

Artículo 5

Artículo 6

Los informes y dictámenes se emiten en veinte días desde la recepción de la documentación, salvo que otra disposición legal fije un plazo distinto. Si el asunto es complejo, el Consejo puede pedir, dentro de los diez primeros días desde que recibe la solicitud de informe, una ampliación de quince días como máximo. El plazo puede reducirse a quince días por razones de urgencia y oportunidad apreciadas por el órgano remitente, salvo que el Consejo de Gobierno fije uno inferior. Pasado el plazo sin pronunciamiento, el trámite se entiende cumplido.

Artículo 7

El Consejo Económico y Social de Andalucía puede recabar de las Administraciones Públicas los informes, la documentación y el asesoramiento necesarios para el desempeño de su labor. Puede hacerlo por dos vías: directamente o a través del Consejo de Gobierno.

Artículo 8

El Consejo lo componen su Presidente y 36 miembros, repartidos en tres grupos de 12: el primero representa a las organizaciones sindicales; el segundo, a las organizaciones empresariales; el tercero reúne a dos representantes de los consumidores y usuarios, dos del sector de la economía social, uno de las Corporaciones Locales, uno de las Universidades y seis expertos en las materias competencia del Consejo.

Artículo 9

Designan: grupo primero, las organizaciones sindicales; segundo, las organizaciones empresariales representativas; tercero: consumidores, los miembros del Consejo Andaluz de Consumo que representen a sus asociaciones; economía social, uno los miembros del Consejo Andaluz de Cooperación que representen al sector y otro, por las sociedades anónimas laborales, las asociaciones o federaciones representativas; Corporaciones Locales, su federación o asociación de mayor implantación; Universidades, el Consejo Andaluz de Universidades; expertos, el Consejo de Gobierno. Tantos suplentes como titulares.

Artículo 10

Los miembros designados son nombrados por el Presidente de la Junta de Andalucía. Salvo los expertos designados por el Consejo de Gobierno, se nombran a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, a quien antes se comunican las designaciones. El Presidente del Consejo se nombra por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria y de Economía y Hacienda, previa consulta a las organizaciones y entidades representadas en el Consejo.

Artículo 11

Los órganos del Consejo Económico y Social de Andalucía son cinco, enumerados en este orden: el Pleno, la Comisión Permanente, el Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario general. El artículo se limita a enumerarlos, sin atribuirles funciones.

Artículo 12

El Pleno lo integran todos los miembros del Consejo, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario general; es el órgano supremo de deliberación y decisión. Le corresponde: elegir a los Vicepresidentes y a los tres miembros que, en representación de los grupos, integran la Comisión Permanente; elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento y la propuesta del anteproyecto de presupuestos; aprobar la memoria anual y los informes y dictámenes; crear, en su caso, Comisiones de Trabajo permanentes o para cuestiones concretas; y lo que determine el Reglamento.

Artículo 13

La Comisión Permanente la componen el Presidente, los Vicepresidentes y un miembro por cada uno de los tres grupos del Consejo, elegidos por el Pleno a propuesta de los grupos; la asiste el Secretario general. Sus funciones: preparar las sesiones del Pleno; estudiar, tramitar y resolver las cuestiones que el Pleno le encomiende, incluida la emisión de dictámenes; y las que se deriven del Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 14

El Presidente: representa al Consejo y dirige su actuación; acuerda la convocatoria de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, las preside y modera los debates; formula el orden del día de esas sesiones en el modo que establezca el Reglamento de Organización y Funcionamiento; vela por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y visa las actas; dirime los empates de las votaciones con voto de calidad; y ejerce las demás funciones que se deriven del Reglamento.

Artículo 15

Hay dos Vicepresidentes. Los elige el Pleno: uno a propuesta de los miembros representantes de las organizaciones sindicales y otro a propuesta de los de las empresariales, y cada uno sale de entre esos mismos miembros. Funciones: sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden que se designe reglamentariamente; las que el Presidente les delegue expresamente; y las demás que fije el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 16

El Secretario general presta la asistencia técnica y administrativa del Consejo. Lo nombra y lo cesa el Consejero de Trabajo e Industria, a propuesta del Presidente y oído el Pleno. Asiste con voz pero sin voto al Pleno y a la Comisión Permanente; convoca las sesiones por orden del Presidente y cita a los miembros; dirige administrativa y técnicamente los órganos; extiende y autoriza las actas y expide certificaciones, con el visto bueno del Presidente; elabora la memoria anual de actividades para presentarla al Pleno; y lo que le encomiende el Reglamento.

Artículo 17

El Pleno se reúne en sesión ordinaria cada dos meses y en extraordinaria a iniciativa del Presidente o de, al menos, un tercio de sus miembros. Quórum: en primera convocatoria, al menos 24 miembros, más el Presidente y el Secretario general o quienes les sustituyan legalmente; en segunda bastan 18, más esos dos. En ambos casos debe haber representación de cada uno de los grupos. Los acuerdos se adoptan por mayoría de los asistentes y los discrepantes pueden formular votos particulares, que se incorporan al texto aprobado.

Artículo 18

La Comisión Permanente se reúne, como mínimo, una vez al mes: el artículo fija una frecuencia mínima, no un tope. En lo demás, su actuación se ajusta a lo que disponga el Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Artículo 19

Las Comisiones de Trabajo solo existen si se constituyen («en su caso»). Se rigen por el Reglamento de Organización y Funcionamiento y por los acuerdos de creación de las propias comisiones. Su composición debe respetar en todo caso el principio de proporcionalidad entre los grupos integrantes del Pleno.

Artículo 20

El mandato de los miembros del Consejo dura cuatro años y es renovable por períodos de igual duración. El plazo empieza a contar desde el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». Los miembros siguen ejerciendo sus funciones hasta que se publique el nombramiento de los nuevos miembros.

Artículo 21

Causas de pérdida: renuncia; expiración del mandato (sin perjuicio del artículo 20.2); fallecimiento; incapacidad o inhabilitación para cargo público por sentencia firme; condena por delito doloso por sentencia firme; revocación por quien lo promovió; y otras legales. La vacante no debida a expiración la cubre quien designó al anterior titular, y ese mandato expira con el de los demás. El Presidente (sin revocación) cesa además por decisión del Consejo de Gobierno, a propuesta de los Consejeros de Trabajo e Industria y de Economía y Hacienda, oído previamente el Pleno.

Artículo 22

Ser miembro del Consejo es incompatible con cualquier cargo o actividad que impida o menoscabe el desempeño de sus funciones. En particular, con ser: alto cargo de la Administración autonómica conforme a la Ley 3/2005, de 8 de abril, salvo la Presidencia del Consejo; miembro del Parlamento de Andalucía; miembro de las Cortes Generales y del Parlamento europeo; y miembro electo de las Corporaciones Locales, salvo lo previsto en el apartado 3.c) del artículo 9.

Artículo 23

El funcionamiento del Consejo se cubre con las partidas consignadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cada año el Consejo formula su propuesta de anteproyecto de presupuestos: la aprueba el Pleno y se remite, a través del Presidente, a la Consejería de Trabajo e Industria, que con base en ella formula el anteproyecto y lo traslada a la Consejería de Economía y Hacienda. La contabilidad y el control se ajustan a lo establecido para los entes de su naturaleza en las disposiciones en vigor.

Artículo 24

El cargo de Presidente es retribuido. Las organizaciones que componen los grupos primero y segundo, y los integrantes del grupo tercero, perciben una asignación destinada a sufragar los gastos de dedicación y asistencia de sus miembros. Esa asignación se determina reglamentariamente con carácter anual.

Artículo 25

El Consejo cuenta con los medios materiales, técnicos y humanos suficientes para ejercer sus funciones y con los recursos económicos que se consignen en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La dotación del personal corresponde a la Consejería de Trabajo e Industria, en cuya estructura orgánica queda integrado, sin perjuicio de su dependencia funcional del propio Consejo.

Artículo 1. Creación y naturaleza

Crea el Consejo Audiovisual de Andalucía como autoridad audiovisual independiente. Vela por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales en Andalucía y por el cumplimiento de la normativa audiovisual y de publicidad. Es una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad y autonomía orgánica y funcional. Se relaciona con la Administración de la Junta a través de la Consejería competente en materia audiovisual.

Artículo 2. Ámbito de actuación

El Consejo actúa sobre los medios de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen, sea cual sea su forma de emisión o tecnología: los gestionados directamente por la Administración de la Junta, los gestionados con título habilitante otorgado por ella y los sometidos a su gestión y tutela por la normativa vigente. También, en los términos de la Ley, sobre otros medios que realicen emisiones específicas para Andalucía, respecto de esas emisiones.

Artículo 3. Principios de actuación

La actuación del Consejo y la de cada uno de sus miembros se inspira en el respeto a los principios de libertad de expresión, derecho al honor e intimidad, información veraz, difusión y comunicación, igualdad y no discriminación, y en su compatibilidad con los de pluralismo, objetividad y libre concurrencia en el sector audiovisual. Impulsará los valores de tolerancia, igualdad, solidaridad y respeto a la dignidad humana, velando por que los operadores contribuyan a reforzar la identidad del pueblo andaluz, su diversidad cultural y su cohesión social, económica y territorial.

Artículo 4. Funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía

Artículo 5. Composición

Nueve miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos y nombrados por el Consejo de Gobierno, entre personas de reconocido prestigio profesional en el ámbito de la comunicación audiovisual, científico, educativo, cultural o social. Al Presidente lo propone el propio Consejo Audiovisual de entre sus miembros y lo nombra el Consejo de Gobierno. El Secretario General asiste con voz y sin voto: lo propone el Presidente y lo nombra el Consejo de Gobierno. La composición respeta la paridad de género, también en los sucesivos nombramientos.

Artículo 6. Duración del mandato de los miembros

Los miembros, incluida la Presidencia, se nombran por un periodo igual al de la legislatura y pueden ser reelegidos. Agotado el mandato, siguen ejerciendo sus funciones hasta la elección del nuevo Consejo, a la que el Parlamento de Andalucía procederá en el plazo máximo de un año desde su constitución. En caso de vacante sobrevenida, el nuevo miembro se nombra conforme al artículo anterior y su mandato concluye en la fecha en que debería haber finalizado el del miembro al que sustituye.

Artículo 7. Causas de cese de los miembros

Siete causas de cese: expiración del plazo del mandato, renuncia, fallecimiento, estar incurso en causa de incompatibilidad (sin perjuicio del artículo 8.3), incapacidad declarada por sentencia firme, incumplimiento grave en el ejercicio de sus funciones y condena por delito doloso declarada por sentencia firme. El cese lo acuerda el Consejo de Gobierno. En el incumplimiento grave se instruye el procedimiento que determine el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, con audiencia del interesado e informe favorable del Pleno, aprobado por mayoría absoluta de sus miembros.

Artículo 8. Estatuto personal de los miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía

Dedicación exclusiva, plena independencia y neutralidad, sin instrucción o indicación alguna. Régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Junta; además, incompatibilidad con cargos de elección o designación política, actividades en las Administraciones Públicas y funciones de dirección o ejecutivas en partidos, sindicatos u organizaciones empresariales. Sin intereses, directos ni indirectos, en empresas audiovisuales, de cine, vídeo, prensa, publicidad, informática, telecomunicaciones o internet. Dos meses desde el nombramiento para adecuar su situación si hay incompatibilidad.

Artículo 9. Régimen de funcionamiento

El órgano de gobierno es el Pleno: Presidente y Consejeros, asistido por el Secretario General. El Presidente tiene la representación legal, convoca y preside el Pleno y dirime los empates con voto de calidad. El Pleno debe convocarse si lo solicitan al menos cinco miembros y se constituye con el Presidente, al menos cinco Consejeros y la asistencia del Secretario General. Decide por mayoría simple, salvo mayoría absoluta de sus miembros para proponer al Presidente, aprobar el proyecto de Reglamento Orgánico y sus propuestas de modificación, el informe anual y el informe del artículo 7.2.

Artículo 10. Colaboración e información

La Administración de la Junta de Andalucía prestará al Consejo la colaboración necesaria para el mejor y más eficaz desarrollo de sus funciones. El Consejo podrá recabar los datos e informes que estime necesarios de las Administraciones Públicas, de los agentes del sector audiovisual y de las asociaciones, instituciones y organismos relacionados con él. El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento preverá los mecanismos que garanticen el acceso de los ciudadanos a la información que genere el Consejo, de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 11. Informe anual

Artículo 12. Régimen sancionador

El Consejo ejerce la potestad sancionadora que las leyes reguladoras de la comunicación audiovisual y de la publicidad otorguen a la Administración de la Junta de Andalucía, en lo referente al ámbito de actuación y a las funciones del Consejo establecidas en esta Ley. Elabora también las correspondientes propuestas de sanción.

Artículo 13. Régimen jurídico

El Consejo se rige por esta Ley, por su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento y por las normas reguladoras del régimen jurídico y de los procedimientos administrativos de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Los actos del Consejo ponen fin a la vía administrativa.

Artículo 14. Reglamento Orgánico y de Funcionamiento

El Reglamento Orgánico y de Funcionamiento desarrolla, dentro del marco de la Ley, las funciones, el régimen interior y de administración y las demás previsiones necesarias para el adecuado funcionamiento del Consejo; puede crear las Comisiones que se consideren convenientes y regula las sustituciones del Presidente y del Secretario General. Al Consejo le corresponde elaborar y aprobar el proyecto de Reglamento y las propuestas de modificación; la aprobación del Reglamento y de sus modificaciones se hace por Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 15. Contratación y patrimonio

La contratación y el patrimonio del Consejo se ajustan, respectivamente, a las previsiones de la legislación de contratos y del patrimonio de las Administraciones Públicas. Su patrimonio lo integran los bienes y derechos que le adscriba o ceda la Comunidad Autónoma de Andalucía o cualquier otra Administración Pública, y cualesquiera otros bienes y derechos que adquiera o reciba por cualquier título.

Artículo 16. Personal

El Consejo cuenta con el personal administrativo que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Ese personal puede ser tanto funcionario como laboral, en los mismos términos y condiciones que los establecidos para el resto del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 17. Recursos económicos

El Consejo se financia con seis clases de recursos: las asignaciones presupuestarias establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; las subvenciones que le sean concedidas; los rendimientos de las publicaciones, estudios y demás actuaciones del Consejo; las contraprestaciones derivadas de los convenios que firme; los rendimientos de los bienes o valores de su patrimonio; y cualesquiera otros que pudiera recibir en base a la normativa que le sea de aplicación.

Artículo 18. Régimen presupuestario y control

El Consejo aprueba el anteproyecto de su presupuesto, que se incorpora como sección al Anteproyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Está sometido al régimen de presupuestos de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio, y al régimen de intervención y contabilidad conforme a los Títulos V y VI de esa Ley 5/1983, a sus demás determinaciones y a las disposiciones que la desarrollan.

Artículo 1. Finalidad y objeto

La Ley tiene como finalidad la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. Su objeto es triple: a) crear la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y regular el procedimiento que esta sigue para investigar e inspeccionar (título I); b) establecer un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la Oficina (título II); y c) regular el régimen sancionador de las acciones u omisiones tipificadas en la Ley (título III).

Artículo 2. Definiciones

Define cuatro conceptos. Fraude: actuación intencionada de engaño para obtener ganancias o beneficios ilegítimos mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos. Corrupción: abuso de poder con ese mismo fin y medio; conculcación de los principios de igualdad, mérito, publicidad, capacidad e idoneidad en la provisión de puestos; y otros aprovechamientos irregulares. Conflicto de intereses: el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones puede verse influido por razones familiares, afectivas, políticas, económicas u otras. Y delimita el sector público andaluz.

Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación

La Ley se aplica: a) al sector público andaluz; b) a las instituciones y órganos del título IV del Estatuto de Autonomía y a las entidades con consideración de Administración institucional de la Junta; c) a las entidades de la Administración local andaluza y sus entes vinculados o dependientes; d) a las universidades públicas andaluzas y los suyos; e) a privados y otros entes distintos de los anteriores que sean o hayan sido licitadores, adjudicatarios, beneficiarios de subvenciones o ayudas, o con permisos o licencias u otras relaciones económicas, en lo concerniente a dichas relaciones.

Artículo 4. Ámbito subjetivo de aplicación

La Ley se aplica a quienes presten servicios: a) en el sector público andaluz; b) en las instituciones y órganos del título IV del Estatuto y en la Administración institucional de la Junta; c) en la Administración local andaluza y sus entes dependientes; d) en las universidades públicas andaluzas y los suyos; e) para los privados y entes del artículo 3.e). También, f) a los denunciantes: personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que denuncien ante la Oficina. A las de los párrafos a) a e) se les aplica con independencia de la naturaleza de su relación jurídica.

Artículo 5. Principios rectores

Las actuaciones previstas en la Ley se rigen por cuatro grupos de principios: a) independencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público; b) legalidad, reserva de jurisdicción, presunción de inocencia, coordinación, cooperación, eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos y finalidades públicos; c) responsabilidad, buena fe del denunciante, transparencia y rendición de cuentas; d) non bis in idem.

Artículo 6. Creación

Se crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se adscribe al Parlamento de Andalucía. Actúa con plena autonomía e independencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, respecto de las administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3.

Artículo 7. Finalidad

La Oficina se crea para prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz y demás entes públicos del artículo 3, párrafos a), b), c) y d); para impulsar la integridad y la ética pública; y para proteger a los denunciantes. Además promoverá una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la gestión de los recursos públicos, creando un código ético o de buenas conductas.

Artículo 8. Régimen jurídico

La Oficina se rige por esta Ley, por su normativa reglamentaria de desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno y por el reglamento de régimen interior y funcionamiento, sin perjuicio de la normativa de régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común. La propuesta de este último la elabora la persona titular de la Dirección y se remite al Parlamento de Andalucía para su aprobación. Su vigencia se vincula a la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía; además se publica en el de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento.

Artículo 9. Funciones

Enumera las funciones de la Oficina: velar por la integridad de los empleados públicos, investigar e inspeccionar, informar preceptivamente al Parlamento sobre proyectos normativos, promover buenas prácticas con un código ético, formular propuestas y recomendaciones al sector público y a los altos cargos (sus destinatarios informan en treinta días desde la recepción de lo hecho o de los motivos para no actuar), tramitar denuncias, tutelar a los denunciantes y sancionar. Respecto de los sujetos de los artículos 3.e) y 4.1.e) solo ejerce las de los párrafos b), k), l) y m).

Artículo 10. Funciones en el ámbito de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En el ámbito local la Oficina ejerce las funciones del artículo 9.1, párrafos a), d), e), f), l), m) y ñ). Si conoce actos u omisiones que pudieran ser fraude, corrupción o conflicto de intereses en ese ámbito, la Dirección dicta resolución motivada en quince días como máximo desde que lo conoce y traslada las actuaciones al órgano competente local, que investiga e informa a la Oficina en seis meses como máximo desde el traslado, ampliables tres meses más por especial complejidad con resolución motivada (tope: nueve meses). Se respeta la autonomía local. El Director puede establecer convenios.

Artículo 11. Funciones en el ámbito de las universidades públicas andaluzas

Respecto de las universidades públicas andaluzas, la Oficina ejerce las funciones del artículo 9, apartado 1, párrafos a), b), d), e), f), k), l), m) y ñ). Esas funciones se desarrollan respetando el principio de autonomía universitaria previsto en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Director de la Oficina puede establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuación en materia de prevención y lucha contra la corrupción con las universidades públicas andaluzas.

Artículo 12. Delimitación de funciones

Las funciones de la Oficina se entienden sin perjuicio de las de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la Intervención General, el Tribunal de Recursos Contractuales, la Inspección General de Servicios y la Agencia Tributaria. No puede realizar funciones de la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la policía judicial ni investigar los mismos hechos. Si la autoridad judicial o el Fiscal inician un procedimiento sobre hechos que investiga, suspende, informa y apoya. Si ve indicios penales, lo comunica inmediatamente.

Artículo 13. Deber de colaboración

Todos los sujetos del artículo 3 y todas las personas del artículo 4 deben facilitar las actuaciones de investigación e inspección de la Oficina. Hay incumplimiento del deber de colaboración en seis supuestos: negativa injustificada a enviar información o documentación en el plazo fijado por la Oficina; retraso injustificado en ese envío; remisión injustificada incompleta o inexacta; obstrucción del acceso a expedientes o documentación; falta de asistencia injustificada a la comparecencia previamente comunicada para entrevistas personales; e incumplimiento del artículo 14.4.

Artículo 14. Confidencialidad

La Oficina actúa asegurando en todo caso el deber de confidencialidad o sigilo sobre las informaciones obtenidas. Su personal está sujeto al deber de sigilo sin límite temporal, también tras cesar en el cargo o puesto; incumplirlo da lugar a información reservada y, si procediera, a expediente disciplinario. Incumplir la confidencialidad sobre la identidad del denunciante se somete al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Quienes colaboran conforme al artículo 13.1 quedan obligados a sigilo y confidencialidad siempre que la Oficina advierta de su modalidad reservada.

Artículo 15. Protección de datos de carácter personal

El tratamiento y la comunicación de los datos personales obtenidos por la Oficina se someten a la normativa de protección de datos, en concreto al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Solo se tratan los datos adecuados, pertinentes y limitados a los fines y funciones de la Oficina. No puede divulgarlos ni informar a quienes no puedan conocerlos por razón de sus funciones, ni usarlos con fines diferentes de los de la ley. Los datos recabados se comunican a los órganos competentes para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.

Artículo 16. Disposiciones generales aplicables a las potestades de investigación e inspección

Las potestades de investigación e inspección se rigen por los principios de necesidad y proporcionalidad, con constancia en el expediente. Los funcionarios de carrera de la Oficina con esas funciones tienen la condición de autoridad, y sus documentos hacen prueba de lo comprobado directamente por quien los suscribe, salvo que se acredite lo contrario. Su ejercicio requiere previo acuerdo expreso y motivado de la Dirección. Se informa al titular del órgano afectado, salvo que pudiera perjudicar el resultado: entonces la comunicación se difiere hasta finalizar el procedimiento.

Artículo 17. Potestad de investigación

La potestad de investigación permite al personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de investigación: a) hacer entrevistas personales (quien no sea investigado tiene derecho a asistencia letrada, que puede designar); b) requerir información o documentación, que se atiende en un máximo de quince días desde el día siguiente a la notificación, salvo plazo mayor motivado; c) requerir a entidades bancarias o crediticias, de forma excepcional y tras un requerimiento previo del párrafo b) no atendido; d) hacer copias en cualquier formato.

Artículo 18. Potestad de inspección

La potestad de inspección permite al personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de inspección acceder, acreditando la condición de autoridad, a cualquier dependencia de los sujetos del artículo 3, aunque no sean investigados. El acceso sirve para requerir información, documentación y equipos, que pueden retenerse un máximo de diez días por su volumen o complejidad. Para privados ajenos al sector público andaluz hace falta su consentimiento o autorización judicial. Se levanta acta firmada, con copia para la persona inspeccionada. Es una actuación excepcional.

Artículo 19. Derechos de las personas investigadas

Son personas investigadas los sujetos de los artículos 3 y 4 a los que se atribuyan hechos de fraude, corrupción, conflicto de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros y que por ello sean objeto de un procedimiento de la Oficina. Son interesadas y gozan de los derechos del artículo 53 de la Ley 39/2015. Se garantiza la presunción de inocencia y la asistencia letrada, cuyos gastos no abona la Administración de la Junta de Andalucía. Pueden solicitar la reparación de los perjuicios, como los no investigados que pudieran contribuir al esclarecimiento.

Artículo 20. Inicio del procedimiento de investigación e inspección

El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección: a iniciativa propia, por petición razonada de los sujetos del artículo 3 o por denuncia. Las denuncias, salvo las anónimas, expresan la identidad de quien las formula y el relato de los hechos. El denunciante puede pedir confidencialidad; si no la pidió y el denunciado solicita su identidad, se le da audiencia por diez días. Debe revelarla ante requerimiento judicial o de otro órgano, o para salvaguardar el derecho de defensa. Con muchas denuncias, podrán seguirse antes las de infracciones muy graves.

Artículo 21. Periodo de información o actuaciones previas

Ante denuncia o petición razonada, la Oficina puede abrir, dentro de los quince días siguientes a su recepción, un periodo de información o actuaciones previas, o inadmitir motivadamente las que carezcan manifiestamente de fundamento. En un máximo de treinta días desde la apertura, la Dirección acuerda iniciar el procedimiento o archiva motivadamente. En el ámbito local, en esos treinta días archiva o traslada las actuaciones al órgano competente de la Administración local, que informa a la Oficina en seis meses, ampliables en tres más, sin exceder de nueve.

Artículo 22. Acuerdo de inicio e instrucción

El acuerdo de inicio se notifica a las personas interesadas y a las denunciantes y contiene, al menos: el nombramiento de la persona instructora, de entre el personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de investigación e inspección; los hechos que motiven la incoación; el órgano competente para resolver; y la indicación, en su caso, del derecho a formular alegaciones y a la audiencia, con sus plazos. La instrucción la realiza la Subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador.

Artículo 23. Suspensión y finalización del procedimiento de investigación e inspección

Instruido el procedimiento, la Dirección dicta resolución motivada, que se notifica a interesados y denunciantes en un máximo de seis meses desde el acuerdo de inicio, ampliables en tres más, sin exceder de nueve. Con indicios de infracciones administrativas, disciplinarias o contables, o causas de reintegro o revisión de oficio, se da traslado al órgano competente. Si son infracciones del título III, del capítulo IV de la Ley 3/2005 o del artículo 28 de la Ley 19/2013, la Dirección inicia el sancionador. Con indicios de delito, traslado al Ministerio Fiscal u órgano judicial y suspensión.

Artículo 24. Régimen jurídico del procedimiento de investigación e inspección

El procedimiento de investigación e inspección se desarrolla por el reglamento de régimen interior y funcionamiento, ajustándose a lo dispuesto en este capítulo. En lo no previsto en la Ley ni en ese reglamento, el procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 25. La Dirección

A la persona titular de la Dirección la elige el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintas partes, entre personas con titulación universitaria idónea y más de diez años de experiencia profesional acreditada. Si no se alcanza, segunda votación en plazo no inferior a quince días, por mayoría absoluta. Las candidaturas las proponen los grupos parlamentarios a la Mesa y comparecen ante la comisión parlamentaria. La nombra la Presidencia del Parlamento y toma posesión en un mes como máximo. El mandato es de cinco años desde la elección y no es renovable.

Artículo 26. Funciones de la Dirección

La persona titular de la Dirección: ostenta la representación legal de la Oficina; dirige y coordina las actividades de sus órganos y unidades administrativas; desempeña la jefatura superior de su personal; autoriza los gastos y ordena los pagos; celebra los contratos y convenios; inicia y resuelve el procedimiento de investigación e inspección y el procedimiento sancionador de las infracciones que competen a la Oficina; aprueba la memoria anual y los informes especiales y recomendaciones; y ejerce cualesquiera otras funciones que se deriven de la Ley.

Artículo 27. Incompatibilidades de la Dirección

La Dirección es incompatible con: cargos representativos electivos; cargos designados por el Parlamento andaluz, el Congreso o el Senado; cargos políticos o con funciones administrativas en administraciones y entes públicos; cualquier actividad profesional, mercantil o laboral; la carrera judicial y fiscal en activo; cargos directivos o de asesoramiento en entidades sin ánimo de lucro; y la afiliación a partido, sindicato o asociación profesional o empresarial. Debe cesar en lo incompatible en un mes desde el nombramiento y antes de tomar posesión. Dos años de prohibiciones tras el mandato.

Artículo 28. Cese de la Dirección

La Dirección cesa por: renuncia; extinción del mandato; incompatibilidad posterior a la toma de posesión; fallecimiento o incapacidad declarada por decisión judicial firme; inhabilitación; ser investigada con medidas cautelares, encausada o condenada por delito; y negligencia notoria y grave. En este caso lo acuerda el Parlamento por dos terceras partes (si no, segunda votación no antes de quince días, por mayoría absoluta). Al expirar el mandato sigue en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Dirección, en los tres meses siguientes. El cese lo acuerda la Presidencia del Parlamento.

Artículo 29. Estructura de la Oficina

El Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina regula su organización y estructura y debe prever, al menos, dos órganos: una subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador, y otra competente en materia de medidas de protección de la persona denunciante, propuestas de prevención y recomendaciones de actuación, y gestión del canal de denuncias.

Artículo 30. Recursos en vía administrativa

Los actos de órganos de la Oficina distintos de la Dirección pueden recurrirse en alzada ante la Dirección. Los actos de la Dirección ponen fin a la vía administrativa y admiten recurso potestativo de reposición. En ningún caso cabe recurso alguno en vía administrativa contra la memoria anual ni contra los informes especiales y recomendaciones. Los actos de los órganos de la Oficina se consideran actuación sujeta al derecho administrativo a los efectos del artículo 1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 31. Personas al servicio de la Oficina

Los puestos de la Oficina se proveen por personas funcionarias de carrera conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; su personal se rige por la normativa del personal al servicio del Parlamento de Andalucía. La Dirección elabora la propuesta de relación de puestos de trabajo y la remite a la Mesa del Parlamento para su aprobación. Se pueden suscribir convenios para la formación. Los funcionarios no participarán en sus funciones por vínculo matrimonial o análogo o parentesco hasta el cuarto grado, amistad íntima o enemistad manifiesta, o interés directo o indirecto.

Artículo 32. Recursos económicos, presupuesto, régimen patrimonial, de contabilidad, intervención y contratación

La Dirección elabora y aprueba el proyecto de presupuesto de la Oficina y lo remite a la Mesa del Parlamento, a la que corresponde determinar la relación de puestos, las retribuciones y el incremento del gasto anual. El presupuesto se integra en la sección del Parlamento como programa específico y la memoria anual contiene su liquidación. El régimen patrimonial, contable, de intervención y de contratación es el del Parlamento. Los ingresos de Derecho Público se integran en la Tesorería General de la Junta: en voluntaria recauda la Oficina y en ejecutiva la Agencia Tributaria de Andalucía.

Artículo 33. Memoria anual

En los tres primeros meses de cada año natural, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprueba una memoria anual de las actuaciones del año anterior. Se publica en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, queda disponible en su sede electrónica y se publica también en el BOJA. Recoge, en especial, los extremos de las letras a) a m): actuaciones realizadas, denuncias presentadas, traslados, procedimientos sancionadores, cantidades reclamadas e incumplimientos del deber de colaboración. La Dirección la remite al Parlamento para su conocimiento y comparece para presentarla.

Artículo 34. Informes especiales y recomendaciones

Cuando la urgencia o gravedad de los hechos lo aconsejen, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprueba informes especiales y recomendaciones sobre fraude, corrupción y conflictos de intereses, a iniciativa propia o a petición del Parlamento de Andalucía. Los remite al Parlamento, por mediación de la comisión parlamentaria correspondiente, para su conocimiento, y comparece ante él para presentarlos. Se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el BOJA.

Artículo 35. Persona denunciante

Son denunciantes las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que formulen denuncia ante la Oficina sobre hechos que pudieran ser fraude, corrupción, conflicto de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros. Las personas del artículo 4.1 a), b), c) y d) deberán denunciar; las del 4.1 e) podrán hacerlo. No infringen restricciones de revelación si tenían motivos razonables para creerla necesaria, ni responden por la adquisición o el acceso a la información, siempre que no constituya en sí mismo un delito.

Artículo 36. Denuncia con plenas garantías

Las denuncias ante la Oficina se presentan por procedimientos y canales diseñados, establecidos y gestionados de forma segura, que protejan la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes y de terceras personas mencionadas e impidan el acceso de personas no autorizadas. Deben prever un acuse de recibo en un plazo máximo de siete días desde la recepción. Se establecen mediante el reglamento de régimen interior y funcionamiento y han de cumplir la Directiva (UE) 2019/1937. También sirven para solicitar los derechos del artículo 37 y las medidas de protección del artículo 38.

Artículo 37. Derechos de las personas denunciantes

Desde que presentan la denuncia, las personas denunciantes tienen derecho a conocer el estado de la tramitación, a una resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias (incluidas amenazas y tentativas) y a solicitar la reparación de los perjuicios injustificados, que se presumen represalia. Los derechos c) y d) alcanzan a terceros, como compañeros de trabajo o familiares. A petición del denunciante, la Oficina insta a reparar y debe ser informada en treinta días. Con información falsa, tergiversada o ilícita solo quedan los derechos a) y b), salvo debida diligencia y motivos razonables.

Artículo 38. Medidas de protección

Desde que se acuerde el inicio del procedimiento de investigación e inspección, el denunciante puede pedir a la Oficina un traslado provisional. Funcionarias del artículo 4.1 a) y b): la Oficina insta del órgano competente en materia de Función Pública un puesto del mismo nivel, en la misma localidad o limítrofe, con reserva del de origen. Laborales indefinidos del 4.1 a) y b): insta de ese órgano o de la Viceconsejería. Personal del 4.1 c) y d): recomienda al órgano de personal de la entidad. La medida dura el período que proponga la Oficina y puede prorrogarse.

Artículo 39. Publicidad de la información relativa a la tramitación de denuncias ante la Oficina

En el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía se publica, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible: a) el régimen de protección de las personas denunciantes (condición de denunciante, datos de contacto de la Oficina, procedimientos y canales, incluido el canal específico de denuncia anónima, derechos y medidas de protección); b) el procedimiento de investigación e inspección, con las potestades de la Oficina y los derechos de las personas investigadas; c) el tratamiento de los datos personales. Es información pública objeto de publicidad activa.

Artículo 40. Competencia sancionadora y procedimiento

El procedimiento sancionador se inicia de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección de la Oficina, cuando la resolución que pone fin a la investigación e inspección aprecia la posible comisión de una infracción de este título. Instruye la Subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador, y sanciona la persona titular de la Dirección. Se desarrolla reglamentariamente por decreto del Consejo de Gobierno. La resolución expresa debe notificarse en un máximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio.

Artículo 41. Responsabilidad

Pueden ser sancionadas por las infracciones administrativas de este título las administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas incluidos en el artículo 3, y las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley definido en el artículo 4, que resulten responsables de los hechos a título de dolo o culpa.

Artículo 42. Concepto y clases de infracciones

Son infracciones sancionables las acciones u omisiones que estén tipificadas como tales en esta Ley. Se califican en tres clases: muy graves, graves y leves. Se puede infringir, por tanto, tanto por hacer como por dejar de hacer, siempre que la conducta esté tipificada como infracción en la propia Ley.

Artículo 43. Infracciones muy graves

Son muy graves: a) incumplir el deber de colaboración con dolo o con perjuicio muy grave para la investigación (paralización por más de dos meses); b) cualquier coacción al personal de la Oficina; c) vulnerar el derecho del artículo 37.1.c) con perjuicio muy grave al denunciante; d) denunciar con información falsa, tergiversada o ilícita, con dolo o con perjuicio muy grave al investigado; e) no responder a las comunicaciones del artículo 37.3; f) reiterar infracciones graves (nueva infracción grave en dos años); g) filtrar información con graves perjuicios a la investigación o al denunciante.

Artículo 44. Infracciones graves

Son graves: a) incumplir el deber de colaboración con la Oficina del artículo 13.2 cuando no sea muy grave; b) formular denuncias con información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita cuando no sea muy grave; c) impedir o intentar impedir la formulación de denuncias; d) vulnerar el derecho del artículo 37.1.c) cuando no sea muy grave; e) no responder en plazo a las comunicaciones del artículo 37.3; f) reiterar infracciones leves: nueva infracción leve en el término de un año desde que sea firme en vía administrativa la resolución sancionadora de la infracción leve.

Artículo 45. Infracciones leves

Son infracciones leves: a) la falta de diligencia en la custodia de los documentos objeto de investigación; b) la falta de respuesta y la respuesta fuera de plazo a las propuestas y recomendaciones formuladas por la Oficina, previstas en el artículo 9, apartado 1, párrafos f) y g); c) el incumplimiento del deber de formular denuncia ante la Oficina, en los términos del artículo 35.2.

Artículo 46. Sanciones

Muy graves: multa de 30.001 a 100.000 euros (1.º tramo, de 30.001 a 65.000; 2.º tramo, de 65.001 a 100.000). Graves: multa de 3.001 a 30.000 euros (1.º tramo, de 3.001 a 16.500; 2.º tramo, de 16.501 a 30.000). Leves: apercibimiento o multa de 300 a 3.000 euros (1.º tramo, de 300 a 1.650; 2.º tramo, de 1.651 a 3.000).

Artículo 47. Graduación de las sanciones

Las sanciones se gradúan atendiendo especialmente a seis criterios, siempre que no se hayan tenido en cuenta para tipificar la infracción: reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme en vía administrativa), trascendencia del daño a los intereses públicos, grado de culpabilidad o intencionalidad, reparación a iniciativa del causante, subsanación durante el procedimiento a iniciativa de la persona investigada y continuidad o persistencia. La sanción será proporcionada; con más de dos agravantes se gradúa conforme al segundo tramo.

Artículo 48. Prescripción

Las infracciones prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves. Las sanciones tienen los mismos plazos: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las impuestas por infracciones graves y un año las impuestas por infracciones leves.

Artículo 70

El Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma culmina la organización judicial en el ámbito territorial de esa Comunidad. Ello se entiende sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, que no queda desplazada por el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 71

Artículo 72

El Tribunal Superior de Justicia tiene tres Salas: de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Lo componen un Presidente, que preside también la Sala de lo Civil y Penal y tiene la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo; los Presidentes de Sala, y los Magistrados que la ley determine para cada Sala y, en su caso, para las Secciones que se creen dentro de ellas.

Artículo 73

Como Sala de lo Civil, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ conoce de la casación y la revisión en derecho civil propio (si el Estatuto lo prevé), del arbitraje y del exequátur de laudos extranjeros, de ciertas demandas de responsabilidad civil y de cuestiones de competencia civiles. Como Sala de lo Penal, de causas reservadas por el Estatuto, causas contra jueces, magistrados y fiscales, apelaciones contra las Audiencias Provinciales y cuestiones de competencia penales. Instructor por turno; en apelación, especialistas o, en su defecto, diez años en lo penal dentro de los quince anteriores.

Artículo 74

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo del TSJ conocen en única instancia de recursos contra actos locales y autonómicos no atribuidos a los Tribunales de Instancia, disposiciones generales autonómicas y locales, resoluciones de los TEAR y del TEAC en tributos cedidos, actos electorales, convenios y otros. En segunda instancia, de las apelaciones contra los Tribunales de Instancia; además, de su revisión y de sus cuestiones de competencia, y autorizan requerimientos de información de las autoridades autonómicas de protección de datos.

Artículo 75

La Sala de lo Social del TSJ conoce: 1.º en única instancia, de procesos sobre controversias que afecten a intereses de trabajadores y empresarios en ámbito superior al de una Sección de lo Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad autónoma; 2.º de los recursos contra resoluciones de las Secciones de lo Social, y de la suplicación y demás recursos contra resoluciones de las Secciones de lo Mercantil en materia laboral y en incidentes concursales laborales; 3.º de las cuestiones de competencia entre Secciones de lo Social de la comunidad.

Artículo 76

Cada Sala del Tribunal Superior de Justicia conoce de las recusaciones que se formulen contra sus propios Magistrados. La regla cede cuando la competencia corresponde a la Sala a la que se refiere el artículo siguiente; solo fuera de ese caso decide la propia Sala del recusado.

Artículo 77

Una Sala formada por el Presidente del TSJ, los Presidentes de Sala y el Magistrado más moderno de cada Sala conoce de las recusaciones contra el Presidente, los Presidentes de Sala o de Audiencias Provinciales con sede en la Comunidad Autónoma, o contra dos o más Magistrados de una Sala o Sección o de una Audiencia Provincial. El recusado no puede formar parte de esa Sala y, en su caso, se le sustituye conforme a la ley.

Artículo 78

Con carácter excepcional, cuando el número de asuntos de determinadas provincias u otras circunstancias lo requieran, pueden crearse Salas de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma Comunidad Autónoma, con sede en su capital. Estarán formadas, como mínimo, por su Presidente, y se completarán, en su caso, con Magistrados de la Audiencia Provincial de su sede.

Artículo 79

En los Tribunales Superiores de Justicia en que el número de asuntos lo justifique, la Ley de planta puede reducir el número de Magistrados. En ese caso, las Salas quedan compuestas por su respectivo Presidente y por los Presidentes y Magistrados, en su caso, que la propia Ley de planta determine.