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Ley 2/2021, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía

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Art. 1Finalidad y objetoLa Ley tiene como finalidad la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. Su objeto es triple: a) crear la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción y regular el procedimiento que esta sigue para investigar e inspeccionar (título I); b) establecer un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante la Oficina (título II); y c) regular el régimen sancionador de las acciones u omisiones tipificadas en la Ley (título III).
Art. 2DefinicionesDefine cuatro conceptos. Fraude: actuación intencionada de engaño para obtener ganancias o beneficios ilegítimos mediante el uso o destino ilegal o irregular de fondos o patrimonios públicos. Corrupción: abuso de poder con ese mismo fin y medio; conculcación de los principios de igualdad, mérito, publicidad, capacidad e idoneidad en la provisión de puestos; y otros aprovechamientos irregulares. Conflicto de intereses: el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones puede verse influido por razones familiares, afectivas, políticas, económicas u otras. Y delimita el sector público andaluz.
Art. 3Ámbito objetivo de aplicaciónLa Ley se aplica: a) al sector público andaluz; b) a las instituciones y órganos del título IV del Estatuto de Autonomía y a las entidades con consideración de Administración institucional de la Junta; c) a las entidades de la Administración local andaluza y sus entes vinculados o dependientes; d) a las universidades públicas andaluzas y los suyos; e) a privados y otros entes distintos de los anteriores que sean o hayan sido licitadores, adjudicatarios, beneficiarios de subvenciones o ayudas, o con permisos o licencias u otras relaciones económicas, en lo concerniente a dichas relaciones.
Art. 4Ámbito subjetivo de aplicaciónLa Ley se aplica a quienes presten servicios: a) en el sector público andaluz; b) en las instituciones y órganos del título IV del Estatuto y en la Administración institucional de la Junta; c) en la Administración local andaluza y sus entes dependientes; d) en las universidades públicas andaluzas y los suyos; e) para los privados y entes del artículo 3.e). También, f) a los denunciantes: personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que denuncien ante la Oficina. A las de los párrafos a) a e) se les aplica con independencia de la naturaleza de su relación jurídica.
Art. 5Principios rectoresLas actuaciones previstas en la Ley se rigen por cuatro grupos de principios: a) independencia, integridad, objetividad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y dedicación al servicio público; b) legalidad, reserva de jurisdicción, presunción de inocencia, coordinación, cooperación, eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de los objetivos y finalidades públicos; c) responsabilidad, buena fe del denunciante, transparencia y rendición de cuentas; d) non bis in idem.
Art. 6CreaciónSe crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Se adscribe al Parlamento de Andalucía. Actúa con plena autonomía e independencia funcional en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, respecto de las administraciones públicas, instituciones, órganos y entidades incluidas en el artículo 3.
Art. 7FinalidadLa Oficina se crea para prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros del sector público andaluz y demás entes públicos del artículo 3, párrafos a), b), c) y d); para impulsar la integridad y la ética pública; y para proteger a los denunciantes. Además promoverá una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y en la gestión de los recursos públicos, creando un código ético o de buenas conductas.
Art. 8Régimen jurídicoLa Oficina se rige por esta Ley, por su normativa reglamentaria de desarrollo aprobada por el Consejo de Gobierno y por el reglamento de régimen interior y funcionamiento, sin perjuicio de la normativa de régimen jurídico del sector público y procedimiento administrativo común. La propuesta de este último la elabora la persona titular de la Dirección y se remite al Parlamento de Andalucía para su aprobación. Su vigencia se vincula a la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía; además se publica en el de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento.
Art. 9FuncionesEnumera las funciones de la Oficina: velar por la integridad de los empleados públicos, investigar e inspeccionar, informar preceptivamente al Parlamento sobre proyectos normativos, promover buenas prácticas con un código ético, formular propuestas y recomendaciones al sector público y a los altos cargos (sus destinatarios informan en treinta días desde la recepción de lo hecho o de los motivos para no actuar), tramitar denuncias, tutelar a los denunciantes y sancionar. Respecto de los sujetos de los artículos 3.e) y 4.1.e) solo ejerce las de los párrafos b), k), l) y m).
Art. 10Funciones en el ámbito de la Administración local de la Comunidad Autónoma de AndalucíaEn el ámbito local la Oficina ejerce las funciones del artículo 9.1, párrafos a), d), e), f), l), m) y ñ). Si conoce actos u omisiones que pudieran ser fraude, corrupción o conflicto de intereses en ese ámbito, la Dirección dicta resolución motivada en quince días como máximo desde que lo conoce y traslada las actuaciones al órgano competente local, que investiga e informa a la Oficina en seis meses como máximo desde el traslado, ampliables tres meses más por especial complejidad con resolución motivada (tope: nueve meses). Se respeta la autonomía local. El Director puede establecer convenios.
Art. 11Funciones en el ámbito de las universidades públicas andaluzasRespecto de las universidades públicas andaluzas, la Oficina ejerce las funciones del artículo 9, apartado 1, párrafos a), b), d), e), f), k), l), m) y ñ). Esas funciones se desarrollan respetando el principio de autonomía universitaria previsto en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Director de la Oficina puede establecer convenios, protocolos, planes y programas conjuntos de actuación en materia de prevención y lucha contra la corrupción con las universidades públicas andaluzas.
Art. 12Delimitación de funcionesLas funciones de la Oficina se entienden sin perjuicio de las de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, la Intervención General, el Tribunal de Recursos Contractuales, la Inspección General de Servicios y la Agencia Tributaria. No puede realizar funciones de la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y la policía judicial ni investigar los mismos hechos. Si la autoridad judicial o el Fiscal inician un procedimiento sobre hechos que investiga, suspende, informa y apoya. Si ve indicios penales, lo comunica inmediatamente.
Art. 13Deber de colaboraciónTodos los sujetos del artículo 3 y todas las personas del artículo 4 deben facilitar las actuaciones de investigación e inspección de la Oficina. Hay incumplimiento del deber de colaboración en seis supuestos: negativa injustificada a enviar información o documentación en el plazo fijado por la Oficina; retraso injustificado en ese envío; remisión injustificada incompleta o inexacta; obstrucción del acceso a expedientes o documentación; falta de asistencia injustificada a la comparecencia previamente comunicada para entrevistas personales; e incumplimiento del artículo 14.4.
Art. 14ConfidencialidadLa Oficina actúa asegurando en todo caso el deber de confidencialidad o sigilo sobre las informaciones obtenidas. Su personal está sujeto al deber de sigilo sin límite temporal, también tras cesar en el cargo o puesto; incumplirlo da lugar a información reservada y, si procediera, a expediente disciplinario. Incumplir la confidencialidad sobre la identidad del denunciante se somete al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Quienes colaboran conforme al artículo 13.1 quedan obligados a sigilo y confidencialidad siempre que la Oficina advierta de su modalidad reservada.
Art. 15Protección de datos de carácter personalEl tratamiento y la comunicación de los datos personales obtenidos por la Oficina se someten a la normativa de protección de datos, en concreto al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018. Solo se tratan los datos adecuados, pertinentes y limitados a los fines y funciones de la Oficina. No puede divulgarlos ni informar a quienes no puedan conocerlos por razón de sus funciones, ni usarlos con fines diferentes de los de la ley. Los datos recabados se comunican a los órganos competentes para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.
Art. 16Disposiciones generales aplicables a las potestades de investigación e inspecciónLas potestades de investigación e inspección se rigen por los principios de necesidad y proporcionalidad, con constancia en el expediente. Los funcionarios de carrera de la Oficina con esas funciones tienen la condición de autoridad, y sus documentos hacen prueba de lo comprobado directamente por quien los suscribe, salvo que se acredite lo contrario. Su ejercicio requiere previo acuerdo expreso y motivado de la Dirección. Se informa al titular del órgano afectado, salvo que pudiera perjudicar el resultado: entonces la comunicación se difiere hasta finalizar el procedimiento.
Art. 17Potestad de investigaciónLa potestad de investigación permite al personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de investigación: a) hacer entrevistas personales (quien no sea investigado tiene derecho a asistencia letrada, que puede designar); b) requerir información o documentación, que se atiende en un máximo de quince días desde el día siguiente a la notificación, salvo plazo mayor motivado; c) requerir a entidades bancarias o crediticias, de forma excepcional y tras un requerimiento previo del párrafo b) no atendido; d) hacer copias en cualquier formato.
Art. 18Potestad de inspecciónLa potestad de inspección permite al personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de inspección acceder, acreditando la condición de autoridad, a cualquier dependencia de los sujetos del artículo 3, aunque no sean investigados. El acceso sirve para requerir información, documentación y equipos, que pueden retenerse un máximo de diez días por su volumen o complejidad. Para privados ajenos al sector público andaluz hace falta su consentimiento o autorización judicial. Se levanta acta firmada, con copia para la persona inspeccionada. Es una actuación excepcional.
Art. 19Derechos de las personas investigadasSon personas investigadas los sujetos de los artículos 3 y 4 a los que se atribuyan hechos de fraude, corrupción, conflicto de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros y que por ello sean objeto de un procedimiento de la Oficina. Son interesadas y gozan de los derechos del artículo 53 de la Ley 39/2015. Se garantiza la presunción de inocencia y la asistencia letrada, cuyos gastos no abona la Administración de la Junta de Andalucía. Pueden solicitar la reparación de los perjuicios, como los no investigados que pudieran contribuir al esclarecimiento.
Art. 20Inicio del procedimiento de investigación e inspecciónEl procedimiento se inicia de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección: a iniciativa propia, por petición razonada de los sujetos del artículo 3 o por denuncia. Las denuncias, salvo las anónimas, expresan la identidad de quien las formula y el relato de los hechos. El denunciante puede pedir confidencialidad; si no la pidió y el denunciado solicita su identidad, se le da audiencia por diez días. Debe revelarla ante requerimiento judicial o de otro órgano, o para salvaguardar el derecho de defensa. Con muchas denuncias, podrán seguirse antes las de infracciones muy graves.
Art. 21Periodo de información o actuaciones previasAnte denuncia o petición razonada, la Oficina puede abrir, dentro de los quince días siguientes a su recepción, un periodo de información o actuaciones previas, o inadmitir motivadamente las que carezcan manifiestamente de fundamento. En un máximo de treinta días desde la apertura, la Dirección acuerda iniciar el procedimiento o archiva motivadamente. En el ámbito local, en esos treinta días archiva o traslada las actuaciones al órgano competente de la Administración local, que informa a la Oficina en seis meses, ampliables en tres más, sin exceder de nueve.
Art. 22Acuerdo de inicio e instrucciónEl acuerdo de inicio se notifica a las personas interesadas y a las denunciantes y contiene, al menos: el nombramiento de la persona instructora, de entre el personal funcionario de carrera de la Oficina con funciones de investigación e inspección; los hechos que motiven la incoación; el órgano competente para resolver; y la indicación, en su caso, del derecho a formular alegaciones y a la audiencia, con sus plazos. La instrucción la realiza la Subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador.
Art. 23Suspensión y finalización del procedimiento de investigación e inspecciónInstruido el procedimiento, la Dirección dicta resolución motivada, que se notifica a interesados y denunciantes en un máximo de seis meses desde el acuerdo de inicio, ampliables en tres más, sin exceder de nueve. Con indicios de infracciones administrativas, disciplinarias o contables, o causas de reintegro o revisión de oficio, se da traslado al órgano competente. Si son infracciones del título III, del capítulo IV de la Ley 3/2005 o del artículo 28 de la Ley 19/2013, la Dirección inicia el sancionador. Con indicios de delito, traslado al Ministerio Fiscal u órgano judicial y suspensión.
Art. 24Régimen jurídico del procedimiento de investigación e inspecciónEl procedimiento de investigación e inspección se desarrolla por el reglamento de régimen interior y funcionamiento, ajustándose a lo dispuesto en este capítulo. En lo no previsto en la Ley ni en ese reglamento, el procedimiento se ajusta a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Art. 25La DirecciónA la persona titular de la Dirección la elige el Pleno del Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintas partes, entre personas con titulación universitaria idónea y más de diez años de experiencia profesional acreditada. Si no se alcanza, segunda votación en plazo no inferior a quince días, por mayoría absoluta. Las candidaturas las proponen los grupos parlamentarios a la Mesa y comparecen ante la comisión parlamentaria. La nombra la Presidencia del Parlamento y toma posesión en un mes como máximo. El mandato es de cinco años desde la elección y no es renovable.
Art. 26Funciones de la DirecciónLa persona titular de la Dirección: ostenta la representación legal de la Oficina; dirige y coordina las actividades de sus órganos y unidades administrativas; desempeña la jefatura superior de su personal; autoriza los gastos y ordena los pagos; celebra los contratos y convenios; inicia y resuelve el procedimiento de investigación e inspección y el procedimiento sancionador de las infracciones que competen a la Oficina; aprueba la memoria anual y los informes especiales y recomendaciones; y ejerce cualesquiera otras funciones que se deriven de la Ley.
Art. 27Incompatibilidades de la DirecciónLa Dirección es incompatible con: cargos representativos electivos; cargos designados por el Parlamento andaluz, el Congreso o el Senado; cargos políticos o con funciones administrativas en administraciones y entes públicos; cualquier actividad profesional, mercantil o laboral; la carrera judicial y fiscal en activo; cargos directivos o de asesoramiento en entidades sin ánimo de lucro; y la afiliación a partido, sindicato o asociación profesional o empresarial. Debe cesar en lo incompatible en un mes desde el nombramiento y antes de tomar posesión. Dos años de prohibiciones tras el mandato.
Art. 28Cese de la DirecciónLa Dirección cesa por: renuncia; extinción del mandato; incompatibilidad posterior a la toma de posesión; fallecimiento o incapacidad declarada por decisión judicial firme; inhabilitación; ser investigada con medidas cautelares, encausada o condenada por delito; y negligencia notoria y grave. En este caso lo acuerda el Parlamento por dos terceras partes (si no, segunda votación no antes de quince días, por mayoría absoluta). Al expirar el mandato sigue en funciones hasta la toma de posesión de la nueva Dirección, en los tres meses siguientes. El cese lo acuerda la Presidencia del Parlamento.
Art. 29Estructura de la OficinaEl Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento de la Oficina regula su organización y estructura y debe prever, al menos, dos órganos: una subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador, y otra competente en materia de medidas de protección de la persona denunciante, propuestas de prevención y recomendaciones de actuación, y gestión del canal de denuncias.
Art. 30Recursos en vía administrativaLos actos de órganos de la Oficina distintos de la Dirección pueden recurrirse en alzada ante la Dirección. Los actos de la Dirección ponen fin a la vía administrativa y admiten recurso potestativo de reposición. En ningún caso cabe recurso alguno en vía administrativa contra la memoria anual ni contra los informes especiales y recomendaciones. Los actos de los órganos de la Oficina se consideran actuación sujeta al derecho administrativo a los efectos del artículo 1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Art. 31Personas al servicio de la OficinaLos puestos de la Oficina se proveen por personas funcionarias de carrera conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad; su personal se rige por la normativa del personal al servicio del Parlamento de Andalucía. La Dirección elabora la propuesta de relación de puestos de trabajo y la remite a la Mesa del Parlamento para su aprobación. Se pueden suscribir convenios para la formación. Los funcionarios no participarán en sus funciones por vínculo matrimonial o análogo o parentesco hasta el cuarto grado, amistad íntima o enemistad manifiesta, o interés directo o indirecto.
Art. 32Recursos económicos, presupuesto, régimen patrimonial, de contabilidad, intervención y contrataciónLa Dirección elabora y aprueba el proyecto de presupuesto de la Oficina y lo remite a la Mesa del Parlamento, a la que corresponde determinar la relación de puestos, las retribuciones y el incremento del gasto anual. El presupuesto se integra en la sección del Parlamento como programa específico y la memoria anual contiene su liquidación. El régimen patrimonial, contable, de intervención y de contratación es el del Parlamento. Los ingresos de Derecho Público se integran en la Tesorería General de la Junta: en voluntaria recauda la Oficina y en ejecutiva la Agencia Tributaria de Andalucía.
Art. 33Memoria anualEn los tres primeros meses de cada año natural, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprueba una memoria anual de las actuaciones del año anterior. Se publica en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, queda disponible en su sede electrónica y se publica también en el BOJA. Recoge, en especial, los extremos de las letras a) a m): actuaciones realizadas, denuncias presentadas, traslados, procedimientos sancionadores, cantidades reclamadas e incumplimientos del deber de colaboración. La Dirección la remite al Parlamento para su conocimiento y comparece para presentarla.
Art. 34Informes especiales y recomendacionesCuando la urgencia o gravedad de los hechos lo aconsejen, la persona titular de la Dirección de la Oficina aprueba informes especiales y recomendaciones sobre fraude, corrupción y conflictos de intereses, a iniciativa propia o a petición del Parlamento de Andalucía. Los remite al Parlamento, por mediación de la comisión parlamentaria correspondiente, para su conocimiento, y comparece ante él para presentarlos. Se publican en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el BOJA.
Art. 35Persona denuncianteSon denunciantes las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que formulen denuncia ante la Oficina sobre hechos que pudieran ser fraude, corrupción, conflicto de intereses u otra actividad ilegal en detrimento de intereses públicos o financieros. Las personas del artículo 4.1 a), b), c) y d) deberán denunciar; las del 4.1 e) podrán hacerlo. No infringen restricciones de revelación si tenían motivos razonables para creerla necesaria, ni responden por la adquisición o el acceso a la información, siempre que no constituya en sí mismo un delito.
Art. 36Denuncia con plenas garantíasLas denuncias ante la Oficina se presentan por procedimientos y canales diseñados, establecidos y gestionados de forma segura, que protejan la confidencialidad de la identidad de las personas denunciantes y de terceras personas mencionadas e impidan el acceso de personas no autorizadas. Deben prever un acuse de recibo en un plazo máximo de siete días desde la recepción. Se establecen mediante el reglamento de régimen interior y funcionamiento y han de cumplir la Directiva (UE) 2019/1937. También sirven para solicitar los derechos del artículo 37 y las medidas de protección del artículo 38.
Art. 37Derechos de las personas denunciantesDesde que presentan la denuncia, las personas denunciantes tienen derecho a conocer el estado de la tramitación, a una resolución expresa y motivada, a no sufrir represalias (incluidas amenazas y tentativas) y a solicitar la reparación de los perjuicios injustificados, que se presumen represalia. Los derechos c) y d) alcanzan a terceros, como compañeros de trabajo o familiares. A petición del denunciante, la Oficina insta a reparar y debe ser informada en treinta días. Con información falsa, tergiversada o ilícita solo quedan los derechos a) y b), salvo debida diligencia y motivos razonables.
Art. 38Medidas de protecciónDesde que se acuerde el inicio del procedimiento de investigación e inspección, el denunciante puede pedir a la Oficina un traslado provisional. Funcionarias del artículo 4.1 a) y b): la Oficina insta del órgano competente en materia de Función Pública un puesto del mismo nivel, en la misma localidad o limítrofe, con reserva del de origen. Laborales indefinidos del 4.1 a) y b): insta de ese órgano o de la Viceconsejería. Personal del 4.1 c) y d): recomienda al órgano de personal de la entidad. La medida dura el período que proponga la Oficina y puede prorrogarse.
Art. 39Publicidad de la información relativa a la tramitación de denuncias ante la OficinaEn el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía se publica, en una sección separada, fácilmente identificable y accesible: a) el régimen de protección de las personas denunciantes (condición de denunciante, datos de contacto de la Oficina, procedimientos y canales, incluido el canal específico de denuncia anónima, derechos y medidas de protección); b) el procedimiento de investigación e inspección, con las potestades de la Oficina y los derechos de las personas investigadas; c) el tratamiento de los datos personales. Es información pública objeto de publicidad activa.
Art. 40Competencia sancionadora y procedimientoEl procedimiento sancionador se inicia de oficio por acuerdo de la persona titular de la Dirección de la Oficina, cuando la resolución que pone fin a la investigación e inspección aprecia la posible comisión de una infracción de este título. Instruye la Subdirección competente en materia de actuaciones de investigación, inspección y régimen sancionador, y sanciona la persona titular de la Dirección. Se desarrolla reglamentariamente por decreto del Consejo de Gobierno. La resolución expresa debe notificarse en un máximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de inicio.
Art. 41ResponsabilidadPueden ser sancionadas por las infracciones administrativas de este título las administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades y personas físicas y jurídicas privadas incluidos en el artículo 3, y las personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley definido en el artículo 4, que resulten responsables de los hechos a título de dolo o culpa.
Art. 42Concepto y clases de infraccionesSon infracciones sancionables las acciones u omisiones que estén tipificadas como tales en esta Ley. Se califican en tres clases: muy graves, graves y leves. Se puede infringir, por tanto, tanto por hacer como por dejar de hacer, siempre que la conducta esté tipificada como infracción en la propia Ley.
Art. 43Infracciones muy gravesSon muy graves: a) incumplir el deber de colaboración con dolo o con perjuicio muy grave para la investigación (paralización por más de dos meses); b) cualquier coacción al personal de la Oficina; c) vulnerar el derecho del artículo 37.1.c) con perjuicio muy grave al denunciante; d) denunciar con información falsa, tergiversada o ilícita, con dolo o con perjuicio muy grave al investigado; e) no responder a las comunicaciones del artículo 37.3; f) reiterar infracciones graves (nueva infracción grave en dos años); g) filtrar información con graves perjuicios a la investigación o al denunciante.
Art. 44Infracciones gravesSon graves: a) incumplir el deber de colaboración con la Oficina del artículo 13.2 cuando no sea muy grave; b) formular denuncias con información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita cuando no sea muy grave; c) impedir o intentar impedir la formulación de denuncias; d) vulnerar el derecho del artículo 37.1.c) cuando no sea muy grave; e) no responder en plazo a las comunicaciones del artículo 37.3; f) reiterar infracciones leves: nueva infracción leve en el término de un año desde que sea firme en vía administrativa la resolución sancionadora de la infracción leve.
Art. 45Infracciones levesSon infracciones leves: a) la falta de diligencia en la custodia de los documentos objeto de investigación; b) la falta de respuesta y la respuesta fuera de plazo a las propuestas y recomendaciones formuladas por la Oficina, previstas en el artículo 9, apartado 1, párrafos f) y g); c) el incumplimiento del deber de formular denuncia ante la Oficina, en los términos del artículo 35.2.
Art. 46SancionesMuy graves: multa de 30.001 a 100.000 euros (1.º tramo, de 30.001 a 65.000; 2.º tramo, de 65.001 a 100.000). Graves: multa de 3.001 a 30.000 euros (1.º tramo, de 3.001 a 16.500; 2.º tramo, de 16.501 a 30.000). Leves: apercibimiento o multa de 300 a 3.000 euros (1.º tramo, de 300 a 1.650; 2.º tramo, de 1.651 a 3.000).
Art. 47Graduación de las sancionesLas sanciones se gradúan atendiendo especialmente a seis criterios, siempre que no se hayan tenido en cuenta para tipificar la infracción: reincidencia (más de una infracción de la misma naturaleza en un año, declarada por resolución firme en vía administrativa), trascendencia del daño a los intereses públicos, grado de culpabilidad o intencionalidad, reparación a iniciativa del causante, subsanación durante el procedimiento a iniciativa de la persona investigada y continuidad o persistencia. La sanción será proporcionada; con más de dos agravantes se gradúa conforme al segundo tramo.
Art. 48PrescripciónLas infracciones prescriben a los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al año las leves. Las sanciones tienen los mismos plazos: cinco años las impuestas por infracciones muy graves, tres años las impuestas por infracciones graves y un año las impuestas por infracciones leves.