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Ley 9/1983, del Defensor del Pueblo Andaluz
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Crear cuenta gratisTítulo INombramiento, cese y condiciones
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Capítulo ICarácter y elección
- Art. 1Artículo 1El Defensor del Pueblo Andaluz es el comisionado del Parlamento, que lo designa para defender los derechos y libertades del título primero de la Constitución. Para ello puede supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dando cuenta al Parlamento. Ejerce las funciones que le encomiendan el Estatuto de Autonomía y esta Ley, y las coordina con las del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales: le presta cooperación cuando se la solicita y la recaba de él a los mismos efectos.
- Art. 2Artículo 2El Parlamento elige al Defensor del Pueblo Andaluz para cinco años; este se dirige a la Cámara a través de su Presidente. La Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos se relaciona con él, informa al Pleno y le propone el candidato o candidatos; acuerda por mayoría simple, con voto ponderado. Hecha la propuesta, el Pleno se convoca en término no inferior a quince días y queda designado quien obtenga tres quintas partes de los miembros del Parlamento. Si no se alcanza, la Comisión se reúne de nuevo en el plazo máximo de un mes para formular nuevas propuestas.
- Art. 3Artículo 3Puede ser elegido Defensor del Pueblo cualquier ciudadano que reúna dos condiciones: encontrarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos y gozar de la condición política de andaluz, con arreglo al artículo 8.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. El artículo no menciona ningún otro requisito.
- Art. 4Artículo 4El Presidente del Parlamento de Andalucía acredita con su firma el nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publica en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». El Defensor del Pueblo Andaluz toma posesión de su cargo ante la Mesa del Parlamento, prestando juramento o promesa de desempeñar fielmente su función.
Capítulo IICese y sustitución
Capítulo IIIPrerrogativas e Incompatibilidades
- Art. 6Artículo 6El Defensor del Pueblo Andaluz no está sujeto a mandato imperativo alguno y no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con autonomía y según su criterio. Son tres frases breves que conviene retener tal cual: sin mandato imperativo, sin instrucciones y con autonomía.
- Art. 7Artículo 7Es incompatible con todo mandato representativo; cargo político o propaganda política; servicio activo en cualquier Administración; afiliación a partido, sindicato, asociación o fundación, o empleo a su servicio; carreras judicial y fiscal; y cualquier otra actividad profesional, liberal, mercantil o laboral. Debe cesar en toda incompatibilidad en los diez días siguientes al nombramiento y siempre antes de tomar posesión; si no, se entiende que no acepta. Si es sobrevenida, se entiende que renuncia en la fecha en que se produjo. Las dudas las dictamina la Comisión, con dictamen al Pleno.
Capítulo IVDe los Adjuntos del Defensor del Pueblo Andaluz
- Art. 8Artículo 8Al Defensor del Pueblo Andaluz le auxilian tres personas adjuntas, en las que puede delegar sus funciones; entre ellas designa a la que le auxilia en sus funciones como Defensor o Defensora de la Infancia y Adolescencia. El Defensor nombra y separa a sus Adjuntos, previa conformidad de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos. Nombramiento y cese se publican en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». A los Adjuntos se les aplican los artículos 3, 6 y 7 de la Ley.
- Art. 9Artículo 9Los Adjuntos y los asesores y colaboradores adscritos a la oficina del Defensor del Pueblo cesan automáticamente en el momento en que toma posesión un nuevo Defensor del Pueblo nombrado por el Parlamento. En el supuesto del artículo 5, apartado 4, el personal asesor de la oficina se mantiene en sus funciones: el Adjunto que cubra la interinidad no puede cesarlo sin la aprobación de la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos de la Cámara.
Título IIDel procedimiento
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Capítulo IIniciación y contenido de la investigación
- Art. 10Artículo 10El Defensor del Pueblo Andaluz puede iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación para esclarecer los actos y resoluciones de la Administración Autonómica y de sus agentes en relación con los ciudadanos, a la luz del artículo 103.1 de la Constitución y del respeto a los derechos y libertades de su título primero. Sus atribuciones se extienden a la actividad administrativa de los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de la Administración Autonómica en Andalucía.
- Art. 11Artículo 11Puede acudir al Defensor toda persona, natural o jurídica, que invoque interés legítimo, sin restricción: no lo impiden la nacionalidad, residencia o vecindad administrativa, sexo, minoría de edad, incapacidad legal, internamiento en centro penitenciario o de reclusión ni cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una Administración o Poder Público. Los Diputados individualmente, las Comisiones de Investigación y la comisión del artículo 2.2 pueden pedir su intervención por escrito motivado. Ninguna autoridad administrativa puede presentar queja en asuntos de su competencia.
- Art. 12Artículo 12La actividad del Defensor del Pueblo no se interrumpe cuando el Parlamento de Andalucía no está reunido o ha expirado su mandato: en esos supuestos se dirige a la Diputación Permanente del Parlamento. Tampoco la interrumpe la declaración de los estados de excepción o de sitio, ni interrumpe el derecho de los ciudadanos de acceder a él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.
Capítulo IIÁmbito de competencias
- Art. 13Artículo 13El Defensor del Pueblo Andaluz puede supervisar la actividad de la Administración Autonómica, dentro del ámbito de competencias que define esta Ley. A los efectos del artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, coordina sus funciones con las del designado por las Cortes Generales y coopera con él en todo cuanto sea necesario.
- Art. 14Artículo 14El Defensor del Pueblo Andaluz, en el ejercicio de sus funciones, puede dirigirse al Defensor del Pueblo del Estado o a los Defensores del Pueblo o Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas. La finalidad que marca el texto es coordinar actuaciones que excedan del ámbito territorial de Andalucía.
- Art. 15Artículo 15Cuando el Defensor del Pueblo recibe quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en Andalucía, debe dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. Ello se entiende sin perjuicio de hacer referencia expresa en el Informe general que debe elevar al Parlamento de Andalucía.
Capítulo IIITramitación de las quejas
- Art. 16Artículo 16Toda queja se presenta firmada por el interesado, con su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año desde que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la queja. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo Andaluz son gratuitas para el interesado y no es preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusa recibo.
- Art. 17Artículo 17El Defensor registra las quejas y las tramita o rechaza; si rechaza, lo hace en escrito motivado y puede informar de las vías más oportunas. No entra en el examen individual de quejas pendientes de resolución judicial y lo suspende si se interpone demanda o recurso, sin que ello impida investigar los problemas generales; vela por que la Administración resuelva expresamente. Rechaza las quejas anónimas y puede rechazar las de mala fe, sin fundamento, sin pretensión o que perjudiquen el legítimo derecho de tercero. Sus decisiones no admiten recurso y el nombre de quien se queja es secreto.
- Art. 18Artículo 18Admitida la queja, el Defensor del Pueblo Andaluz promueve una investigación sumaria e informal para esclarecer sus supuestos. En todo caso da cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o Dependencia administrativa procedente, para que su Jefe remita informe escrito en el plazo máximo de quince días, ampliable a juicio del Defensor cuando las circunstancias lo aconsejen. La negativa o negligencia en enviar ese informe inicial podrá considerarse hostil y entorpecedora, haciéndola pública de inmediato y destacándola en el Informe anual o especial al Parlamento de Andalucía.
Capítulo IVObligación de colaboración de los Organismos requeridos
- Art. 19Artículo 19Todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Autónoma deben auxiliar al Defensor del Pueblo Andaluz, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones. Al comprobar e investigar una queja o en expediente de oficio, el Defensor, sus Adjuntos o la persona en la que deleguen pueden personarse en cualquier centro de la Administración Autonómica, dependiente de ella o afecto a un servicio público, para comprobar datos, hacer entrevistas personales o estudiar expedientes y documentación. No se le puede negar el acceso a ningún expediente o documentación.
- Art. 20Artículo 20Si la queja afecta a la conducta de personal de la Administración Autonómica en relación con su función, el Defensor da cuenta al afectado y a su inmediato superior u Organismo del que dependa. El afectado responde por escrito en el plazo fijado, nunca inferior a diez días y prorrogable, a instancia de parte, por la mitad del concedido. Puede proponérsele una entrevista; quien se niegue puede ser requerido a razonarlo por escrito. El testimonio personal del funcionario es reservado, sin perjuicio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la investigación se lleva con la más absoluta reserva.
- Art. 21Artículo 21El superior jerárquico u Organismo que prohíba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor del Pueblo Andaluz o entrevistarse con él debe manifestarlo por escrito, debidamente motivado, dirigido tanto al funcionario como al propio Defensor. En adelante, el Defensor dirigirá al referido superior jerárquico cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias.
Capítulo VResponsabilidad de las autoridades y funcionarios
- Art. 22Artículo 22Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja se ha originado presumiblemente por abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo Andaluz podrá dirigirse al afectado haciéndole constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado de ese escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.
- Art. 23Artículo 23La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor investigadora del Defensor del Pueblo Andaluz, por parte de cualquier Organismo, funcionarios o personal al servicio de la Administración Autonómica, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarse en la sección correspondiente de su Informe anual.
- Art. 24Artículo 24Cuando el Defensor del Pueblo Andaluz, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta o de hechos presumiblemente delictivos, lo pondrá en inmediato conocimiento del Ministerio Fiscal. El artículo lo formula como deber («lo pondrá») y con un único destinatario.
- Art. 25Artículo 25El Defensor del Pueblo Andaluz puede ejercitar de oficio la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y personas al servicio de la Administración Autonómica. En ningún caso es necesaria la previa reclamación por escrito.
- Art. 26Artículo 26El Defensor del Pueblo Andaluz podrá instar del Defensor del Pueblo del Estado la interposición de recurso de inconstitucionalidad. El recurso cuya interposición puede instar se dirige contra las disposiciones normativas emanadas del Parlamento y del Consejo de Gobierno de Andalucía. Es una facultad («podrá»), y lo que hace el Defensor andaluz es instar.
Capítulo VIGastos causados a particulares
Título IIIDe las resoluciones
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Capítulo PrimeroContenido de las resoluciones
- Art. 28Artículo 28El Defensor no es competente para modificar o anular actos y resoluciones de la Administración Autonómica, pero puede sugerir la modificación de los criterios utilizados para producirlos. Si se convence de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede sugerir su modificación al órgano legislativo competente o a la Administración. Si se trata de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, puede instar de las autoridades competentes sus potestades de inspección y sanción.
- Art. 29Artículo 29El Defensor puede formular a autoridades y funcionarios de la Administración Autonómica advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias de nuevas medidas; en todos los casos deben responder por escrito en término no superior a un mes. Si en un plazo razonable no se adopta medida adecuada ni se le informa de las razones, puede acudir al Consejero afectado o a la máxima autoridad de la Administración afectada. Si tampoco obtiene justificación adecuada, incluirá el caso en su Informe anual o especial, con los nombres de las autoridades o funcionarios.
Capítulo IINotificaciones y comunicaciones
Capítulo IIIInforme al Parlamento
- Art. 31Artículo 31El Defensor del Pueblo Andaluz da cuenta anualmente al Parlamento de la gestión realizada, en un Informe que le presenta en el período ordinario de sesiones. Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, puede presentar un informe extraordinario, que dirige a la Diputación Permanente del Parlamento si este no está reunido. Los Informes anuales y, en su caso, los extraordinarios se publican en el «Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía».
- Art. 32Artículo 32En su Informe anual el Defensor da cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de las rechazadas y sus causas, y de las investigadas y su resultado, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas por la Administración Autonómica. No constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados, sin perjuicio del artículo 23.1. Contiene un anexo, cuyo destinatario es el Parlamento, con la liquidación del presupuesto de la Institución. Un resumen se expone oralmente ante el Parlamento, y a continuación pueden intervenir los grupos parlamentarios.
Título IVMedios personales y materiales
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Capítulo PrimeroPersonal
- Art. 33Artículo 33El Defensor del Pueblo Andaluz puede designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones. Esa designación tiene dos condiciones: ha de hacerse de acuerdo con el Reglamento de la Ley y dentro de los límites presupuestarios.
- Art. 34Artículo 34Las personas al servicio del Defensor del Pueblo Andaluz, mientras permanezcan en él, se consideran personal al servicio del Parlamento de Andalucía. Los funcionarios provenientes de la Administración Autonómica adscritos a la oficina del Defensor tienen derecho a la reserva de la plaza y destino ocupados con anterioridad y al cómputo, a todos los efectos, del tiempo transcurrido en esa situación.